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Este lunes 1 de julio de 2013, es la fecha de inicio del segundo semestre del presente año; fecha a partir de la cual deberá regir el “aumento” salarial por concepto de alza en el costo de la vida, que debe aplicarse a las personas trabajadoras asalariadas del sector Público: Los tres poderes del Estado, así como todo tipo de entes institucionales con diversos grados de autonomía; reajuste que, además, sirve de referencia para el personal de las 81 municipalidades del país. Hablamos de unas 288 mil personas.

La ANEP y la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), insistiremos en nuestra presentación del caso ante la denominada Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, en la imperiosa necesidad de que el Gobierno de la República exprese su voluntad política ante el parlamento para que, finalmente, se apruebe el proyecto de ley que separa, desvincula, independiza, la estructura salarial del personal de ciencias médicas del país, con relación a unos 22 puestos del Gobierno Central (lo que hemos denominado como el “desenganche”).

Sin afectar en un sólo centavo el salario total actual de los médicos del país, el “desenganche” podría permitir que el policía, la secretaria, la señora que trabaja en los CEN-CINAI, el guarda que cuida escuelas y colegios públicos, el técnico, varios tipos de puestos del sector educativo y hasta profesionales, no tengan la presión que significa la ley salarial médica, No. 6836, de diciembre de 1982, en el sentido de que por cada mil colones que se les aumente en el salario base de estos y otros puestos del Gobierno Central, el personal médico nacional recibirá hasta 4 mil colones.

Con base en razones de justicia e independientemente del asunto del “desenganche”, la cifra de reajuste para el sector Público a considerar, debe vincular un porcentaje por inflación vencida y otro por inflación esperada o venidera, más un reconocimiento por crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), en aras de dar señales de una mejor distribución de la riqueza y en función de la reducción del crecimiento de la desigualdad.

En el caso de las organizaciones ANEP y CSJMP, la cifra concreta a plantear en la “negociación” y con base en los indicados parámetros, está en elaboración porque todavía se analizan algunos datos económicos y fiscales.

Este sábado 22 de junio, en el marco de la Asamblea Nacional de Medio Periodo, como uno de los puntos más importantes en agenda, se eligió a la Comisión Electoral de la ANEP, que manejará todo lo relativo a las elecciones de nuestro sindicato para elegir la nueva Junta Directiva Nacional, que nos comandará del año 2013 al 2017.

Comisión Electoral:
Rolando Fonseca Gutiérrez, funcionario del Ministerio de Justicia y Paz.
Celia Solano Zárate, funcionaria del PANI.
Javier González Villalobos, funcionario del Ministerio de Seguridad Pública.
Cristian Arias Santamaría, de la Municipalidad de Santa Bárbara.
Floyd Cerdas Mora, de la Municipalidad de Aserrí.

Históricamente nuestro sindicato ha contado con la figura del Fiscal, persona encargada de velar por el buen desempeño de la ANEP.

Lastimosamente las malas experiencias se vienen repitiendo una y otra vez, con personas que abandonan su responsabilidad, o violentan el debido proceso interno de la organización, ya van dos veces donde el fiscal en lugar de exponer ante la Asamblea General de la ANEP algún problema o sospecha, va directamente al periódico La Nación, para tratar de desestabilizar a nuestro sindicato.

Por esto la Asamblea General de la ANEP, máximo órgano de nuestro Sindicato, en sesión extraordinaria, decidió modificar los estatutos para pasar de la figura del Fiscal a la de Órgano Fiscalizador, donde tres personas se encargarán de cumplir las funciones de “vigilancia” propias de este puesto. Así nos garantizamos continuidad del mismo y sobretodo pluralidad en la misión.

Agradecemos a las personas que, con mucho amor a la ANEP, han aceptado este reto.

Órgano Fiscalizador:
Fiscal General: Alfredo Erak Huertas, Trabajador Jubilado
Fiscal Adjunto Primero: Freddy Ramos Corea, de la Junta de Protección Social-
Fiscal Adjunta Segunda: Carmen González Loría, trabajadora del Hospital Nacional de Niños

Es necesario que la opinión pública nacional tome debida cuenta del importante grupo de organizaciones sindicales que sí están de acuerdo con el proyecto de la Reforma Procesal Laboral (RPL), también conocido como Código Procesal Laboral; mismo que representa la más grande transformación del Código de Trabajo desde que éste fuera promulgado hace 70 años, en 1943.

Como es sabido, pese que la RPL fue aprobada con lujosa mayoría parlamentaria en los dos debates constitucionales que se requieren para la emisión de las leyes, el Poder Ejecutivo vetó la RPL; con base en su concepción radical contra el derecho de huelga en los servicios públicos, y en clara violación en lo que al respecto del mismo establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La moción que al respecto presentó el Poder Ejecutivo con relación a los artículos que vetó de la RPL y que tienen relación con la huelga en los servicios públicos, ¡¡¡no va!!!, pues el mismo Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa ha indicado que tal moción ya no procede, de conformidad con el reglamento parlamentario.

En consecuencia, el importante grupo de sindicatos que le están diciendo ¡¡¡Sí!!! a la Reforma Procesal Laboral (RPL), estima que el único camino viable que queda para que este importante proyecto se convierta ya, definitivamente, en ley de la República, es que se le excluyan los artículos vetados por el Poder Ejecutivo, para proceder a votar el resto del proyecto.

Es importante resaltar que con la RPL los trabajadores y las trabajadoras dispondrán de Defensa Pública para defender sus derechos si no pueden pagar asesoría legal; que habrá una mayor celeridad en los procesos legales de corte laboral eliminándose la gran mora judicial en la materia y reduciéndose los tiempos de espera para la impartición de justicia al introducirse la oralidad en lo laboral; habrá más protección para el ejercicio constitucional del Derecho Humano de organización sindical; así como el restablecimiento pleno de la negociación colectiva. También es importante hacer notar que en la RPL, por ningún lado y en ningún artículo, se tocan los servicios educativos.

Este grupo de importantes organizaciones sindicales que le dicen ¡¡¡SÍ!!! a la RPL está compuesto por:

• Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (FENTRAA)
• Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE)
• Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC)
• Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN)
• Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
• Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (SITRAPEQUIA)
• Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE)
• Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS)
• Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Valga indicar que el próximo fin de semana estará en el país el propio Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el señor Guy Ryder, a quien se le hará llegar una carta que se espera entregarle en sus propias manos; dejando en clara evidencia la perniciosa actitud del Gobierno de la Presidenta Chinchilla contra la huelga en los servicios públicos y en contra de los mismos preceptos que la OIT ha establecido en este ámbito.

Más de un millón de personas, en su mayoría jóvenes, ocuparon las calles del país durante los últimos días con actos de protesta cuyo motivo inicial era la conquista de la reducción de la tarifa del pasaje o transporte público de calidad y gratuito. El movimiento sindical apoyó las manifestaciones, en gran medida espontaneas, que obtuvieron un amplio respaldo y apoyo popular y resultaron en la victoria de la reducción de los precios de las tarifas de ómnibus y metro en varias ciudades del país.

La CTB, en alianza con las demás centrales sindicales, comprende que la movilización popular resulta esencial para que el país pueda avanzar en dirección a las transformaciones sociales más profundas reclamadas por el pueblo, con énfasis en los servicios esenciales como la salud, la educación, la vivienda, el transporte y las reivindicaciones justas de la clase trabajadora.

No obstante, el movimiento ha salido de sus rieles, bajo la influencia de las fuerzas obscuras de la derecha y de los medios de comunicación golpistas, que buscan manipular las manifestaciones espontaneas de las masas imprimiéndoles un sentido político reaccionario con el objetivo de aislar y desmoralizar a los partidos y las organizaciones progresistas además de desestabilizar al gobierno Dilma, abriendo el camino para un retroceso neoliberal.

Es notable la infiltración de provocadores de la derecha en el movimiento, el recurso, la depredación y la violencia gratuita creando un clima de caos e ingobernabilidad; las groseras hostilidades contra banderas partidarias y de centrales sindicales. El jueves 20 de junio, en Brasilia, el Palacio Itamaraty, que practica y defiende una política externa soberana y democrática, fue blanco de vandalismo y de intentos de invasión. ¿Alguien duda de que esto sirva a los intereses anti nacionales?

En función del nuevo y peligroso rumbo que las manifestaciones han venido tomando el propio Movimiento por el Pase Libre (MPL) en São Paulo, el cual había convocado a los actos por la reducción de la tarifa y el transporte gratuito, anunció el cese de las manifestaciones, denunciando la infiltración de la derecha y la presencia de neofascistas agrediendo manifestantes. “Resulta inconcebible esta ola de oportunistas de derecha que toman los actos para sí”, manifestó Rafael Siqueira, activista y miembro del MPL desde 2006.

Ciertamente no resulta por amor a la democracia o al pueblo que, los medios de comunicación golpistas, liderados por la Red Globo, han venido ayudando a convocar las manifestaciones al mismo tiempo en que instiga al odio popular contra los partidos políticos, la política en general, las organizaciones de los movimientos sociales, gobiernos e instituciones. La derecha neoliberal, reiteradamente derrotada en las urnas, quiere pescar en aguas turbias, manipulando al movimiento espontaneo de las masas en un momento en que este se encuentra sin rumbo ni dirección.

Los problemas sociales en Brasil, algunos de ellos seculares, son gigantes y, a pesar de los avances registrados en los últimos 10 años, demandan una solución urgente. Esta es la lectura que debemos hacer del sentimiento de revuelta popular. El movimiento sindical no debe salir de las calles ni tampoco abdicar de la lucha, pues solo a través de la movilización y la lucha conseguiremos avanzar en dirección a un nuevo proyecto nacional de desarrollo con soberanía, democracia y valorización del trabajo. Pero no debemos ser cómplices ni jugar el juego de los medios de comunicación golpistas.

Es nuestra obligación alertar a la clase trabajadora de los riesgos del retroceso y luchar para desenmascarar y derrotar a las fuerzas de derecha que se dedican a manipular y desvirtuar el movimiento espontaneo de nuestro pueblo por un Brasil mejor, con más democracia, igualdad y justicia.

Wagner Gomes, presidente nacional de la CTB