La Junta se convirtió en un jugador más de lotería

Ha llegado a nuestras manos el informe AI-748 del 1 de Octubre de 2012, de la Auditoría Interna de la Junta de Protección Social (JPS), confirmando que la Junta en los diferentes sorteos que realiza está actuando como un jugador más de sus propios sorteos. Quien firma este documento es la M.Sc. Doris María Chen Cheang, Auditora Interna de la JPS.

Esto, sin lugar a dudas, deja en una complicada situación a la JPS, pues se demuestra por parte de su propia auditoría que ha venido incurriendo en incompatibilidad de funciones, y no se estaría brindando al público consumidor una garantía razonable de éxito en los sorteos, al incluir en éstos series completas o semi-completas que fueron destruidas o que no fueron vendidas antes de los mismos.

Viene a fundamentar esta denuncia el hecho de que el gordo navideño de este año 2012 se quedó en la JPS, porque precisamente la Junta no hizo caso a las prevenciones de su propia auditoría; y estaría entonces, posiblemente, violentando con este actuar la Ley de Control Interno y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.

Es necesario señalar que en seis oportunidades distintas, la Auditoría Interna de la JPS ha señalado la irregularidad del procedimiento por medio del cual la JPS se está volviendo un jugador más; siendo la primera ocasión su oficio AI-795, fechado el 30 de noviembre de 2009.

En otra nota de dicho despacho, la AI-770 del 26 de noviembre de 2010, enviada al actual Gerente General de la JPS, señor Francisco Ibarra Arana, se le indicó:

“Por tanto, esta Auditoría cree que no se estaría brindando al público consumidor una Garantía Razonable al incluir la Administración Activa series completas en primera y segunda emisiones destruidas en su totalidad antes del sorteo. De tal manera no comparte la propuesta del señor Milton Vargas Mora, Director de Producción y Ventas, ya que consideramos que la Junta de Protección Social al darle curso a esta práctica pasaría de ser una institución que produce, distribuye, vende y realiza el sorteo de juegos de azar, a participar como un jugador más del sorteo de los juegos de lotería que ella promociona, teniendo en apariencia la Junta funciones incompatibles”.

Ante esta grave situación la ANEP procederá, en forma inmediata, a denunciar ante los órganos de control y fiscalización del Estado, el posible actuar irregular de la máxima jerarquía político-tecnocrática de la JPS; asimismo, estaremos procediendo por la vía judicial a presentar las acciones que consideramos necesarias en el ánimo de salvaguardar los intereses de los y de las costarricenses, tanto como de los inherentes a la institucionalidad de la Junta de Protección Social.

Todo lo anterior nos lleva a preguntarnos: ¿Debe la Junta de Protección Social repetir el sorteo? ¿Hay un “engaño” tácito para con los jugadores de lotería?… Creemos que se le debe dar la palabra a la ciudadanía.

Igualmente, aprovechamos para denunciar, públicamente, el acoso antisindical que ya se está manifestando en la JPS, contra la institucionalidad sindical de la ANEP; acoso que se materializa en la apertura irracional de procesos en contra del Lic. Rolando Rodríguez Aguirre, Vicepresidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-JPS; así como en contra de la ciudadana Cinthya Cortés Marín, integrante de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-JPS-Vendedores de Lotería, causándole a ella un grave perjuicio económico porque le cerraron su puesto de venta de lotería electrónica, siendo la única a la que han impuesto tan arbitraria decisión. En ambos casos, la ANEP está solicitando la intervención urgente de la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Motociclistas y saloneros: Leyes generadas por la “Democracia de la Calle”

En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), celebramos la aprobación parlamentaria, de manera abrumadora, de las leyes para bajar el monto del pago del marchamo en el caso de los y de las motociclistas; y para empezar a hacer verdadera justicia laboral en el caso de los saloneros y de las saloneras.

Nos sentimos profundamente honrados de que representaciones calificadísimas de estos grupos sociales-gremiales hayan confiado en la ANEP, como la organización sindical orientadora y conductora de los procesos de lucha en la calle y en la negociación; que, bajo las respectivas circunstancias y especificidades, han obligado al sistema político (Gobierno y Asamblea Legislativa), a escuchar el correspondiente clamor popular y ciudadano, que en estos dos casos ha culminado en la promulgación de leyes de la República para llevar un poco de justicia y para contribuir al combate de la desigualdad social creciente que asola a nuestro país.

Precisamente, los casos de estos dos grupos sociales son muestras típicas de lo que en ANEP conceptuamos como el problema número uno de la sociedad costarricense de hoy: la concentración de la riqueza y el crecimiento de la desigualdad.

Los y las motociclistas venían siendo objeto de una odiosa discriminación bastante prolongada, año con año, cobrándoseles los más altos costos de una siniestralidad de accidentes en carretera de la cual se les venía señalando como los más responsables de la misma; situación ésta totalmente falsa que jamás el INS pudo demostrar como cierta. Por tanto, de alguna manera, este grupo social venía siendo víctima de desigualdad y de exclusión sociales.

Adicionalmente, este segundo episodio del Movimiento de Motociclistas, liderado por la ANEP, dejó al descubierto la triquiñuela del cobro indebido del aporte del 33% que en el marchamo se presenta como un rubro para el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi); situación ésta que fue la que nos permitió encontrar el camino para lograr una negociación efectiva, misma que, al final, posibilitó el acuerdo político, materializado luego en la ley ya, definitivamente, aprobada por el parlamento.

El caso de los y de las saloneras reviste características más dramáticas, toda vez que producto de un desatinado fallo constitucional y un subsecuente “error” de la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social, este importante grupo laboral sufrió una abrupta flexibilización laboral, al mejor estilo neoliberal, quedando por fuera del Código de Trabajo; generándose despidos que todavía no han sido exactamente cuantificados pero que, sin duda alguna, incrementan los niveles de explotación laboral que ya de por sí se daban en esta actividad.

La ley aprobada en primer debate y próxima a recibir el segundo, permite, estratégicamente hablando dos cosas; por un lado, evita la consumación de nuevos despidos arbitrarios, restaura el concepto de salario mínimo y establece que la propina no es parte del salario. Por otro, le queda prohibido al patrono “jinetear” el dinero de la propina en su propio beneficio, corriendo el riesgo de incurrir en delito penal si lo hiciere; y, adicionalmente, quedan debidamente reguladas las formas de entrega al trabajador de esa propina de forma tal que no queda posibilidad alguna de retenérsela.

Difícilmente en una legislación como la aprobada, se podía resolver el caso de los saloneros injusta e ilegalmente despedidos antes de su emisión, lo que nos lleva a presionar tanto a nivel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), como a nivel judicial mismo, tanto individual como grupalmente. En esto estriba nuestro compromiso como organización sindical en lo inmediato.

Ambos casos, motociclistas y saloneros, muestran a las claras la efectividad del ejercicio de la Democracia de la Calle, como uso legítimo de la presión social para que los gobernantes adopten políticas y leyes en pro del bien común. La ANEP se siente más que complacida de que se ha demostrado, nuevamente, cómo la organización seria con movilización responsable, puede generar importantes transformaciones en pro de la justicia social.

El «alegrón de burro» del aumento salarial para el personal raso de la policía

Aclaración necesaria

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), seria organización sindical rumbo a sus 55 años de existencia, manifiesta con contundencia ante el honorable personal raso de la Fuerza Pública, así como ante la propia opinión pública nacional, que no tiene responsabilidad alguna en el “alegrón de burro” que representó el por tanto tiempo esperado anuncio del nuevo Manual de Puestos para el personal de base, el “de a pie”, del mayor cuerpo policial del país.

Seguirán existiendo “dos” Fuerza Pública: la de “los arriba”, ganando bien pero muy bien; y la “de los abajo”, ganando mal pero muy mal.

En la Fuerza Pública de Costa Rica no existe ni “exclusividad” ni “monopolio” de organización sindical, representando la ANEP para muchos policías de este estratégico cuerpo policial nacional, una alternativa independiente, profesional, seria y que goza de la confianza de varios cientos de estos trabajadores y de estas trabajadoras policiales dentro de nuestra membrecía.

En comunicado de prensa anterior a éste, fechado miércoles 12 de diciembre de 2012, habíamos indicado que existía una gran expectativa por el anuncio presidencial del nuevo Manual de Puestos para el personal raso de la Fuerza Pública y su correspondiente aumento salarial; pero que, deliberamente y producto de una “componenda” a lo interno de la alta cúpula ministerial-policial, la ANEP fue excluida en el proceso de elaboración del mismo, pese a la alta cantidad de miembros de ANEP en la Fuerza Pública.

Por tanto, no fue a la ANEP a la que le “tomaron el pelo”; no fue a la ANEP a la que “engañaron”; y si a alguien le “salió el tiro por culata” producto de su componenda con el Gobierno, tanto como para escenificar un papelón mediático, no fue a ninguna persona dirigente de la ANEP en la Fuerza Pública.

En esto del Manual de Puestos para el personal “de a pie” de la Fuerza Pública, la ANEP queda con la frente muy en alto ante sus propios afiliados y a sus propias afiliadas en este cuerpo policial, como ante todo el personal del mismo.

Fue la ANEP la que inició este proceso de reivindicación de las principales fuerzas policiales del Poder Ejecutivo de Costa Rica, desde la administración gubernativa anterior; y no tuvimos que recurrir al oportunismo ni al entreguismo sindicalista para llevar esta lucha que ya va por cinco años.

La “jarana sala a la cara” y alguien está pagando ahora un precio muy alto por un ofrecimiento demagógico que no pudo sostener; pues entre otros errores, se violentó la necesaria línea de independencia que debe haber entre el Gobierno y el sindicato, pretendiendo tener prebendas organizacionales que, a final de cuentas, hacen que sean los y las policías rasos de la Fuerza Pública los realmente perjudicados.

Puede tener la certeza este digno personal de servicio público que ante el “alegrón de burro” por un Manual de Puestos que resulto un fiasco, de que la ANEP levantará esta lucha, de ahora en adelante, con más fuerza, con más autoridad y con más ética.

El sindicalismo oportunista-gobiernista solamente contribuye al desprestigio de la noble causa que representa la lucha por la dignificación plena de toda la clase trabajadora asalariada, incluida la policial.

Alza en buses golpeará a los sectores trabajadores más vulnerables

La venidera alza en las tarifas de autobús, sin duda alguna, representará un duro golpe económico a los bolsillos de las personas trabajadoras asalariadas de menores ingresos, de salarios más bajos; con lo cual se da un impulso más al grave problema nacional de la concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad.

Particularmente el golpe económico a los bolsillos hogareños donde el ingreso está circunscrito al salario mínimo de ley, es mayor; considerando que hay una gran deuda salarial acumulada a lo largo de los últimos años que ha propiciado mayores niveles de empobrecimiento familiar.

Ni hablar de lo que ha de suceder en los hogares cuyos proveedores son personas trabajadoras del mercado informal, del cuentapropismo, con ingresos irregulares.

Este caso de esta alza tarifaria, considerada abusiva por la propia Defensoría de los Habitantes de la República, contribuye a nulificar, en gran parte, la más reciente fijación de reajuste a los salarios mínimos, pues junto a otras alzas por venir en varios servicios y artículos básicos, deteriorarán todavía más el poder adquisitivo de las familias de ingresos bajos y medios.

Por otra parte, esta alza tarifaria que se hace en medio de serios cuestionamientos sobre su transparencia, confirma la nada despreciable percepción ciudadana acerca del sesgo pro-empresarial de la actual orientación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), con la cual se incrementa la sensación de indefensión que tienen las personas usuarias, particularmente en el caso de los autobuses, a la hora en que estas alzas se definen.

El “premio de consolación” que ofrece la Aresep en cuanto a “mejor” atención de quejas, es, en realidad, más que burlesco para la gente usuaria de los servicios de autobús; toda vez que bien es conocida la incapacidad reiterada de esta entidad para controlar los diversos aspectos inherentes a la elevación cualitativa del servicio, reforzándose la situación de indefensión de las personas usuarias del mismo.

Por otra parte, cientos y cientos de choferes de autobús siguen siendo víctimas de los rebajos salariales abusivos e ilegales producto de las barras electrónicas cuyo funcionamiento está completamente manejado de manera unilateral; sin que el chofer pueda defenderse de los cargos que, al día, se le hacen por supuestas apropiaciones personales de los dineros recaudados con el cobro de pasajes.

Además, muchos son hostigados, perseguidos y hasta despedidos por intentar defender sus derechos organizadamente en sindicatos, tal y como se los permite la Constitución y la Ley.

No descansaremos en nuestro empeño estratégico de la lucha por una modificación estructural de los salarios mínimos que se hace hoy en día más que necesaria; y que, establezca la diferenciación fundamental entre reajuste y aumento; pues lo que viene ocurriendo es que solamente se otorgan, semestralmente, reajustes por inflación que rápidamente son devorados por las alzas subsiguientes y que no incrementan el poder adquisitivo, el poder de compra del salario, como sí lo haría un verdadero aumento.

Segunda reunión en Guararí

Hoy 17 diciembre se conformará la seccional de la ANEP en Guararí, la reunión será en el salón comunal Carlos Calix de la cuenca norte en Guararí de Heredia, a partir de las 7pm.

Esta reunión quedó pactada en el encuentro con líderes de las 10 Juntas Directivas pro vivienda de Guararí que se realizó el pasado 24 de noviembre en el mismo salón de la reunión de este lunes 17. Dicho encuentro se dio gracias al apoyo de Froylán Salzar, líder de Villa Paola, que realizó el acercamiento a las otras 9 organizaciones.

En esa pasada reunión con 30 líderes comunales, Albino Vargas, Secretario General de ANEP, escuchó la problemática de caracter social, comunal y de salud que vive Guararí. La problemática no solamente es vivida por el nicaragüense, sino también por el tico, y se demostró que vale la pena organizarse sin distingo de nacionalidad alguna, sino como miembros de una misma comunidad.

Guararí es una comunidad de carácter propositivo, dispuesta no sólo a recibir ayuda o colaboración sino también ha integrarse de manera directa en el proceso que el convenio ANEP-FNT le oriente.

ANEP se compromete en dar seguimiento en orientación para gestionar vivienda, mejor servicio de salud, transporte y políticas de orden social, así como todo el apoyo para poder tocar las puertas indicadas en instituciones y gobierno para ayudar a la mejora social.

Este acercamiento a Guararí se da como segunda etapa del trabajo de este año con la FNT, ya que su primer objetivo era organizar sindicalmente a pobladores de La Carpio, como sucedió el 20 noviembre pasado, con una reunión de líderes comunales del sector de Las Brisas en La Carpio, organización sector sindical la importancia de estar sindicalizado para poder luchar juntos contra la problemática social de la comunidad.

En La Carpio la ANEP ya tiene conformada su primera seccional de tipo comunitario, integrada por Carlos Guzmán, Marlene Flores, Juan José Corea, Kattia Cruz, Carlos Barquero, Ronaldo Rugama, Johara Rosales, Julio César Morales, Ana María Valdivia, Marbely Canda y Santa Suárez.

Latifundios mediáticos contra gobiernos progresistas

POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ

¿Cómo se explica la actitud de manipulación y mentira de los monopolios mediáticos en América Latina?, se pregunta el especialista español en ciencias de la comunicación Ignacio Ramonet, al referirse sobre el fenómeno de lo que muchos analistas han calificado como “la canalla mediática”.

Su respuesta es contundente: los que él denomina “latifundios mediáticos” privados en Latinoamérica porque concentran canales de televisión, estaciones de radio, periódicos y revistas, han declarado una guerra a muerte a los gobiernos progresistas de la región debido a que en su lucha por pagar la deuda social mediante un Estado redistributivo, pretenden desconcentrar el poder de la palabra impulsando una información pluralista que afecta sus intereses corporativos.

Lo paradójico, explica, es que por buscar ampliar la oferta informativa a través de fortalecimiento de canales públicos, los grandes dueños de los monopolios mediáticos que quieren seguir conservando su privilegio, no solo distorsionan la realidad sino que aducen que dichos gobiernos están atentando contra la libertad de prensa. Por el contrario, recalca Ramonet, de lo que se trata es que haya más libertad de expresión mediante la pluralidad y diversidad de expresión.

Este destacado científico social, doctor en Semiología e Historia de la Cultura, con una amplia experiencia tanto periodística como docente, y uno de los analistas más agudos internacionalmente sobre el fenómeno de las comunicaciones, director actualmente de la edición en español de Le Monde Diplomatique, estuvo en Bogotá y Medellín entre el 13 y el 16 de noviembre cumpliendo una serie de compromisos académicos.

En la Universidad Piloto de Bogotá presidió un dinámico conversatorio, especie de rueda de prensa, en el que participó el Observatorio Sociopolítico Latinoamericano www.cronicon.net.

COMPORTAMIENTO DESCARADO Y CARICATURAL

Al estar empeñados los gobiernos de países como Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay y Venezuela en democratizar el acceso a los medios de comunicación a través de una legislación que permita diversificar la oferta informativa, impulsando y fortaleciendo los canales de radio y televisión públicos y comunitarios, están tocando en forma directa los intereses de los dueños de los grandes medios de comunicación que por años han tenido posición dominante.

Ello explica en buena medida, señala Ramonet, la guerra mediática descarada que han desatado los empresarios de los medios privados contra mandatarios progresistas como Cristina Fernández de Kirchner, Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales, para traer a colación los casos más recurrentes.

En la actualidad, explica, “los medios de comunicación se utilizan como arma de combate y su propósito es el de defender sus intereses de casta. Ya no actúan como medios sino como auténticos partidos políticos. Si antaño se exigía la reforma agraria porque la tierra era un elemento de poder, ahora se hace necesario una reforma a la concentración de los medios, los denominados latifundios mediáticos”, por cuanto que de “la calidad de la información depende la calidad de la democracia. No puede haber opinión pública si no hay medios de masas”, afirmó el científico social.

Calificó de “descarado y caricatural” el comportamiento de los “latifundios mediáticos” en la región que, por defender sus oligopólicos intereses corporativos, vienen desplegando una intensa campaña para desestabilizar los gobiernos que no les son afines a sus conveniencias lucrativas.

Señaló al Grupo Clarín de Argentina que concentra innumerables canales de televisión abierta y por cable, estaciones radiales y posee el diario del mismo nombre que se edita en Buenos Aires, de estar detrás de la organización e impulso de la manifestación del pasado 8 de noviembre que se publicitó bajo la denominación del 8N contra el gobierno de la presidenta Cristina Fernández.

La impudicia llegó a tanto, agregó Ramonet, que la CNN en español, “en un caso de intromisión de una cadena internacional pocas veces visto en un debate nacional como el argentino, hacía llamados a la insurrección publicitando el 8N”. Y todo lo presentan como si fuera información, en una actitud caricatural de periodismo, recalcó.

Lo mismo ha ocurrido, dijo, con el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, país en que los grandes medios han estado tradicionalmente en manos de banqueros corruptos que estafaron a millones de ciudadanos o de grupos económicos reducidos, los cuales han pretendido seguir ostentando la propiedad de los mismos. Como se resisten a perder el control de la información, han montado toda una matriz mediática para hacer aparecer al mandatario ecuatoriano como autócrata, contrario a la libertad de prensa y reacio a la crítica.

Afortunadamente, agregó, “poco a poco los ciudadanos van tomando conciencia y empiezan a mostrar gran desconfianza de la manipulación mediática. Temen encontrarse en un estado de inseguridad informativa”.

SE CREYERON DUEÑOS DEL ESPACIO RADIOELÉCTRICO

Tras visitar durante los últimos seis meses países como Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, Venezuela y ahora Colombia para informarse en detalle sobre la legislación y funcionamientos de los medios de comunicación en estas naciones latinoamericanas, Ramonet explica que en todas ellas se adoptó la pauta norteamericana en el sentido de que los medios fueran manejados por el sector privado a través de concesión de espacios del espectro radioeléctrico que, como se sabe, es de propiedad de los Estados.

Por lo general, recuerda, las licencias para operar canales de televisión y las emisoras de radio fueron entregadas a familias prominentes del establecimiento o a determinados grupos empresariales por favoritismo político o por conveniencias económicas. Dichas licencias se otorgaban para que esos medios fueran explotados durante 15 o 20 años. Lo que ocurre, dice Ramonet, es que los favorecidos se consideraron “dueños de los espacios por siempre jamás”.

DE MEDIOS DE INFORMACIÓN A PARTIDOS POLÍTICOS

Al tiempo que la canalla mediática en América Latina defiende a rabiar sus intereses corporativos mediante estrategias de desprestigio contra los gobiernos progresistas, hasta tal punto que logró dar un golpe de Estado como el de Venezuela en abril de 2002 cuando fue derrocado por 48 horas el presidente Hugo Chávez, simultáneamente se ha convertido en partido político, explica Ramonet.

En efecto, afirma, “ante el derrumbe de los partidos corruptos de derecha que ya no tienen apoyo popular, en varios países latinoamericanos los grandes medios que están en manos del establecimiento, han asumido el rol de oposición y desestabilización política”, lo cual se observa no solo en Venezuela sino en Honduras y Paraguay en donde contribuyeron a tumbar a los presidentes José Manuel Zelaya en junio de 2009 y Fernando Lugo en 2012, respectivamente, así como en Ecuador cuando trataron de derribar del poder a Rafael Correa en septiembre de 2010; y actualmente en Argentina, en que el Grupo Clarín y el ultraconservador diario La Nación buscan torpedear por todos los flancos a la mandataria Fernández de Kirchner.

DEMOCRATIZACIÓN DE LOS MEDIOS ESTÁ EN LA DIVERSIDAD

No obstante la guerra mediática contra los líderes de izquierda y progresistas de la región, Ramonet resalta que paulatinamente varios países latinoamericanos están implementando legislaciones que permitan la pluralidad de la información, lo que como es obvio, va a posibilitar diversidad de miradas y voces sobre la realidad.

En ese sentido, hace un comparativo con lo que ocurre en Europa, en donde los Estados desarrollan canales de comunicación pública, cuyo trabajo responsable y profesional han posicionado a emisoras como la BBC de Londres, RTVE de España, Deutsche Welle de Alemania, la RAI de Italia, Radio Francia, entre otras, al tiempo que el sector privado explota como negocio sus propios medios.

No sería justo, afirma Ramonet, que el Estado solo manejara la totalidad de los medios de comunicación, por el contrario, lo es necesario y lo importante es la diversidad. “Hay que defender la pluralidad informativa pero infortunadamente en América Latina se oponen los privados porque tiene concentrado todo el pastel comunicacional y publicitario”. De allí, colige, es imperativo desarrollar los canales públicos y el sector comunitario, dándoles espacios radioléctricos y brindándoles financiación.

Sin embargo, reitera que es precisamente la búsqueda de pluralidad informativa por parte de varios mandatarios latinoamericanos lo que ha creado irritación en los monopolios mediáticos que están viendo perder su exclusividad, y por esta razón la han emprendido contra los gobiernos que están tocando directamente sus plutocráticos intereses.

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL IMPULSO DE MEDIOS ALTERNATIVOS

Como bien lo señala en su último libro “La explosión del periodismo”, Ramonet recalca que Internet ha puesto en jaque a los medios tradicionales, pero al mismo tiempo, está impulsando la generación de medios alternativos y comunitarios.

“Las nuevas tecnologías han transformado la comunicación y han permitido el apoderamiento de la sociedad frente a los monopolios mediáticos”, hasta tal punto, agrega, que “nunca había sido tan fácil ser periodista como hoy”.

Destaca experiencias comunicacionales como la radio La Colifata de Argentina que emite desde un sanatorio psiquiátrico y sobre la cual Ramonet tuvo conocimiento gracias a la información que le suministró el cantautor francés de origen español Manu Chau.

Como lo señala en la presentación de su web (www.lacolifata.org/) esta estación radial “es una ONG que brinda servicios en salud mental utilizando los medios de comunicación para la creación de ‘espacios en salud’, además, desarrolla actividades en el área de investigación. Es comúnmente conocida como LT 22 Radio ‘La Colifata’, la radio de los internos y ex internos del Hospital Borda de Buenos Aires. Es la primera radio en el mundo en transmitir desde un neuropsiquiátrico”.

MODELO TRADICIONAL DE MEDIOS ESTÁ EN CRISIS

Las posibilidades que ofrecen no solo el Internet sino la computadora, el celular, el iPad, las cámaras digitales, etc., para procesar información han producido la crisis de los medios tradicionales, sostiene el director de la versión española de Le Monde Diplomatique.

Por ello no duda en aseverar que “la democratización de la información es relativamente posible” gracias a estas tecnologías que han permitido la irrupción de medios alternativos, pero así mismo es evidente que “el modelo tradicional de los medios está en crisis, y eso que la revolución en Internet apenas está empezando”.

Ramonet explica que esta crisis se refleja en tres aspectos: la mayor parte de los medios de prensa escrita están perdiendo dinero; o están ganando menos; o están en quiebra. Puso como ejemplo el hecho de que en Estados Unidos más de 120 periódicos en los últimos años han cerrado y 35 mil periodistas han perdido su trabajo. O el caso de El País de España adquirido recientemente por el fondo financiero Liberty que acaba de despedir a 129 trabajadores. Es más, se atrevió a afirmar que “nadie puede asegurar que la CNN pueda llegar al final del próximo año”.

Frente a este panorama desolador dijo que la alternativa son los medios independientes que por sus innovadores esquemas funcionales están posibilitando hacer buen periodismo. Trajo a colación el caso de la web norteamericana de noticias on line Politico.com, especializada en noticias sobre la Casa Blanca y el Congreso de los Estados Unidos.

“Su modelo económico se basa en la gratuidad, pero este diario on line a lanzado a principios de 2011 una web de pago: Político Pro con una suscripción anual que cuesta 1.495 dólares”.

EUROPA O LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO DE BIENESTAR

Finalmente se refirió a la realidad sociopolítica de Europa y dijo que lo que se está presenciando en la actualidad es la destrucción del estado de bienestar, en buena medida responsabilidad de la socialdemocracia que perdió su esencia ideológica y se convirtió en social-liberalismo. Los casos paradigmáticos dijo Ramonet, son los de José Luis Rodríguez Zapatero en España; George Papandreou en Grecia; y José Sócrates en Portugal que siendo líderes de partidos que se decían socialistas terminaron defraudando a sus electores porque impulsaron paquetazos neoliberales en contra de las condiciones de vida de los habitantes de estos países.

En buena hora, comenta, han aparecido sectores de izquierda como Syriza en Grecia, el Partido de Izquierda que lidera Jean-Luc Mélenchon en Francia, o unos frentes amplios de agrupaciones progresistas que se inspiran en los procesos políticos que se vienen dando en América Latina, en el sentido de revertir el modelo neoliberal para que el Estado recobre su papel de proteger a los más débiles.

Bogotá, noviembre 12 de 2012.

Presidente Correa recibe premio a la comunicación popular en Argentina

CRONICÓN.NET

“Los medios mercantilistas no son libres ni independientes, sino sometidos al capital”, afirmó el presidente ecuatoriano Rafael Correa durante su intervención en el acto en que la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata le hizo entrega del emblemático Premio Rodolfo Walsh.

Durante su discurso criticó a los medios de comunicación privados de su país que prácticamente están prostituidos, aliados a los corruptos y decadentes partidos políticos de la derecha e ironizó: “Si me muerde un perro, al día siguiente entrevistan al perro. Y si lo pateo me denuncian”.

“No somos intolerantes con la prensa, somos intolerantes como debemos serlo con la mentira, la corrupción, mediocridad, mala fe. Y en América Latina la prensa miente, amparándose en la libertad de expresión, confunde información con opinión y cree que cuestionar es engañar”, apuntó Correa al añadir que el involucramiento de los medios “en política es descarado”.


Correa recordó que en Ecuador, los medios de comunicación escritos a nivel nacional son propiedad de media docena de familias.

“La práctica generalizada era ser un emporio económico y luego invertir en medios de comunicación, no para informar, sino para defender los intereses del emporio”. Mencionó el caso de la familia Isaías, “que poseía un grupo de más de 200 empresas, entre ellas el banco más grande del país, dos canales de televisión en señal abierta y uno por cable, el propio servicio de televisión por cable, tres radios regionales y varias revistas”.

“En mi país había grupos económicos que invertían en comunicación no para informar sino para defender únicamente sus intereses”, recalcó.

También dijo que estos negocios pretenden que hay que “tolerar las mentiras en nombre de la libertad de expresión”.

La libertad de expresión, agregó, se reduce a la libertad de empresa de la canalla mediática que defiende los privilegios del gran capital. “La información acotó no se puede proveer con lógica de mercado”.

Señaló además que los latifundios mediáticos en América Latina están muy lejos de ser profesionales, imparciales e independientes. Lo que hay, dijo, es “una información mercantil”.

El mandatario ecuatoriano recibió de manos Florencia Saintut, decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, el premio Rodolfo Walsh a la comunicación popular en la categoría de “Presidente latinoamericano”.

La decana relievó una frase del inmolado periodista argentino “que durante mucho tiempo leímos en silencio de manera desarticulada” para recordar la lucha de Walsh: “Aun así habría que advertirles que tal vez todo lo que están haciendo va a ser vano porque por cada uno que maten, la lucha resurgirá bajo nuevas formas”.

Saintout sostuvo que el reconocimiento a Correa tiene que ver con que “es uno de los referentes que con mayor solvencia ha puesto el dilema y la dicotomía en la función que tienen los medios de comunicación, que se creen dueños de la verdad, y que tienen finalmente un fin de lucro, en oposición a la comunicación de los pueblos”.

Correa al recibir el galardón sostuvo que es reconfortante obtener este premio porque constituye una valiosa demostración de que “hay eco en esa lucha contra esos negocios dedicados a la comunicación que nos quieren privatizar hasta ese derecho”.

El acto académico se desarrolló en la sede universitaria, localizada a 40 kilómetros al sur de Buenos Aires.

La resolución del Consejo de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP destaca que “Rafael Correa es uno de los referentes actuales en la batalla contra la voluntad hegemónica que pretende encorsetar la palabra y, a través de ella, a los sujetos individuales y sociales”.

En su discurso, el jefe de Estado ecuatoriano recalcó la importancia de la lucha contra la privatización de la comunicación, “que es un derecho”.

“Gran parte de las decisiones que tomamos para nuestras familias, para nuestros negocios, lo que opinamos de supuestos hechos de la vida nacional e internacional, dependen de lo que nos digan o callen un puñado de medios de comunicación”, sostuvo Correa.

“Aunque este es un problema planetario, en Latinoamérica dado los monopolios de medios, su propiedad familiar, sus serias deficiencias éticas y profesionales y su descarado involucramiento en política, el problema es mucho más serio”, añadió.

DEMOCRATIZAR LA PALABRA

Dijo que “es necesario democratizar la propiedad de los medios e independizarlos de la lógica de mercado”. Criticó a los medios privados porque “si calumnian a un gobierno es libertad de expresión, y si un presidente osa contestarles es un atentado a la libertad”.

“Esos medios en mi país no entienden que las verdades a medias son doble mentira y dicen que debemos tolerar la mentira en nombre de la libertad de expresión”, remarcó, y agregó que “muchas veces los negocios de la comunicación se encuentran vinculados íntimamente con otros intereses empresariales, distintos a los de la comunicación”.

“Cualquier regulación es satanizada como un atentado a la libertad de expresión, cuando lo que proveen es un bien indispensable y un derecho que nadie te puede quitar y que no puede estar sujeto a la lógica de mercado”, dijo el presidente del Ecuador, al tiempo que planteó la necesidad de abrir el debate sobre la conveniencia de que la comunicación sea una función del Estado, con visión de bien común y con control democrático.

El juez falló a favor de la constitucionalidad de la ley de medios en Argentina

El juez en lo Civil y Comercial Federal N° 1, Horacio Alfonso, confirmó que la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es constitucional, rechazó la demanda iniciada por el Grupo Clarín y levantó la medida cautelar que impedía aplicarle la norma. En su fallo en el que resuelve la cuestión de fondo, el juez afirmó que el estado nacional tiene derecho a reorganizar el servicio y que la regulación de la multiplicidad de licencias “no afecta la libertad de expresión” sino que la promueve. Además señaló que si el grupo debe desprenderse de licencias y otros bienes, a lo sumo podrá reclamar oportunamente una indemnización. El juez deja en claro en su fallo que la intención de la ley es “diversificar la oferta informativa y ampliar la posibilidad de ejercer la libertad de expresión a la mayor cantidad de medios posibles”.

El juez Alfonso marcó en su fallo de este viernes 14 de diciembre que es indispensable la pluralidad de voces, “la prohibición de todo monopolio” y garantizar la independencia de los periodistas. También aclaró que declarar la inconstitucionalidad de una ley es la última instancia a la que arribar y sólo es viable si su irrazonabilidad o arbitrariedad es evidente. Por eso remarcó que el poder judicial no puede arrogarse la facultad de decidir sobre si una ley es conveniente o no.

Alfonso destacó que la ley declara a la radiodifusión como actividad de interés público y al espectro radioeléctrico como bien público y argumentó que la radiodifusión tiene que tener mayor regulación que la prensa escrita ya que el espectro es reducido. Además afirmó que es necesaria la intervención del estado en la asignación de frecuencias porque debe prevalecer “el interés de los televidentes y oyentes” antes que “el de los emisores”.

Con respecto al reclamo de violación de derechos adquiridos por la explotación de licencias que alegó el grupo Clarín, el juez advirtió que no puede haber “derechos preexistentes” de los prestadores ya que necesitan de una licencia para funcionar y el derecho nace cuando le otorgan la licencia. Según explicó Alfonso, la autoridad tiene la facultad de reglamentar el servicio y cambiar las condiciones de su prestación.

En su demanda el grupo Clarín afirmaba que, en cuanto a los límites a la multiplicidad de licencias, la ley prohíbe la conformación de multimedios y esto lo obligaría a desprenderse de activos, lo que sería catastrófico para su negocio. El juez responde que la autoridad tiene la facultad de establecer límites y además señala que la ley tiene que valorarse por lo que contiene y no por sus posibles resultados.

Además remarca que la garantía constitucional de libertad de expresión no significa que haya “inmunidad absoluta para la excesiva concentración”. En ese sentido, señala que la regulación no limita la libertad de expresión sino que la promueve. También afirma que la regulación de la multiplicidad de licencias no afecta la libertad de expresión y no carece de razonabilidad.

Sobre los derechos patrimoniales que Clarín dice que se le afectan, el juez marca que las concesiones de las licencias las otorga la Nación, ella decide sobre su extinción, revocación o modificación por razones de oportunidad y en ese caso el interés privado no puede estar por encima de la voluntad del concedente. Para el magistrado, si el estado otorga una licencia para satisfacer objetivos de utilidad pública, por los mismos objetivos puede revocarla y se extinguen los derechos involucrados.

El juez Alfonso aclara que el estado puede reorganizar el servicio por razones de “oportunidad, mérito o conveniencia” distintos a los que había cuando se entregó la licencia. Y puntualiza que en este caso es legítimo porque el nuevo sistema se puso en vigencia por una ley del Congreso Nacional. Por eso, expresa, no es razonable pedir su inconstitucionalidad porque para eso la ley debe estar claramente enfrentada con la Constitución. La inconstitucionalidad debe ser manifiesta y si hubiera duda correspondería igualmente darle el aval a la ley.

También el juez destaca que la intención de la ley es “diversificar la oferta informativa y ampliar la posibilidad de ejercer la libertad de expresión a la mayor cantidad de medios posibles”. No busca afectar la libertad de prensa y de expresión sino generar una multiplicidad de canales de comunicación audiovisual.

Alfonso argumenta que no se puede prohibir un nuevo régimen de licencias aún cuando implique la imposibilidad de algunos prestadores de seguir con licencias otorgadas con el régimen anterior. Como se busca promover la pluralidad y el acceso a la información, esas licencias deben considerarse revocadas y reasignarse.

Para el juez, el derecho a usar el espectro debe ser ejercido de acuerdo a las leyes, los derechos de terceros y el interés general. Le concede al grupo Clarín que si debe desprenderse de licencias y de los bienes afectados, debería tener una indemnización. Pero también dice que “los perjuicios de quien es titular de un derecho adquirido al goce de una licencia por el lapso para el que le fuera concedida” son de índole “patrimonial” y merecen resarcimiento integral. Sin embargo, aclara que deberá reclamarlo una vez que se adecue y ese daño patrimonial sea efectivo. En resumen, dice que en este momento al grupo no le está pasando nada, si tuviera que desprenderse de licencias lo va a tener que hacer porque la ley que lo obliga es constitucional y, en todo caso, tendrá que reclamar indemnización por la vía que corresponda en su oportunidad.

Con respecto al artículo 161 objetado por Clarín porque le daba sólo un año para adecuarse a la ley, el juez le dice que el reclamo queda sin fundamento ya que con las cautelares que logró pasaron 3 años y en ese lapso podría haber elaborado un programa de adecuación.

En el final, el juez responde a la ampliación de la demanda de Clarín donde enumera daños económicos que vendría sufriendo por la vigencia de la ley. Dice que no es una demanda formal de daños y perjuicios y reitera que deberá reclamar indemnización cuando se concrete la adecuación.

Por todo rechaza la inconstitucionalidad planteada por Clarín y levanta toda medida cautelar que esté vigente.

– Foro Argentino de Radios Comunitarias – FARCO

Exitoso Paro en San José

La Junta Directiva de la Seccional ANEP – Municipalidad de San José expresa por este medio un profundo agradecimiento a todos los compañeros y a todas las compañeras, tanto del sector operativo como del administrativo, que se sumaron al Paro Laboral efectuado este viernes 14 de diciembre de 2012; a fin de obtener verdaderamente un reajuste salarial digno, en contraposición a la ofensiva propuesta de la Alcaldía Municipal.

Logramos un 4.19% en total, desglosado así: 2.5% a la base de todos los salarios, vigente desde el 1 de enero de 2013. Además, logramos el tracto que faltaba para completar el Salario Escolar: el 1.69%, de una vez por todas. El Salario Escolar se recibirá totalmente completo en enero 2014 y quedará así para siempre. Ya no habrá nunca más retenciones. Además, solamente se negoció para el primer semestre.

Vamos con todo para un reajuste todavía mejor, a partir del 1 de julio de 2013 y desde ya debemos prepararnos para lucharlo con gran fuerza y unidad. Gracias por su confianza. Gracias por confiar en la ANEP.

Atentamente, Antonio Ortiz Fiorabanti, Presidente, Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de San José.
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PARO EN “MUNI” JOSEFINA PUSO EN PELIGRO FESTIVAL

Ana V. Amenábar C.
aamenabar@diarioextra.com

Los gastos tan altos de la Municipalidad de San José, producto del Festival de la Luz, fueron parte de los temas que se pusieron sobre la mesa durante las negociaciones entre el sindicato de trabajadores del municipio y los jerarcas de la institución.

Tras varias horas de negociación, las partes acordaron que se aumentará un 2,5% a la base para el primer semestre de 2013, así como también se aplicará un 1,69% anual por concepto de salario escolar, el cual no se pagará mensualmente sino que será retenido y entregado el año siguiente.

Mientras tanto, la negociación del segundo semestre queda pendiente y se hará de acuerdo a las proyecciones económicas del municipio y la inflación, entre otros aspectos por tomar en cuenta, indicó a DIARIO EXTRA Levy Chaves, director de Recursos Humanos de la Municipalidad.

INDIGNACIÓN

Cincuenta empleados de la Municipalidad se unieron afuera del plantel para reclamar que a los empleados operativos apenas se les iba a aumentar un 4,19% y a los administrativos un 5,19%.

Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), dijo: “Los trabajadores de la Municipalidad decidieron levantarse en paro, rechazan la propuesta del alza salarial que les planteó Johnny Araya.

Ellos comentan que es indigno y que no es posible que paguen los platos rotos de las inversiones que se han hecho en el Barrio Chino y en el Festival de la Luz”.
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Paro sorpresa mantuvo basura acumulada en calles josefinas

Daniela Cerdas E. daniela.cerdas@nacion.com 12:00 a.m. 15/12/2012

Avanzada la mañana de ayer, las calles del centro de San José permanecieron inundadas de basura, pues cientos de recolectores se fueron a paro por desacuerdos sobre el ajuste salarial para el 2013.

El cese de labores, lo mismo que la manifestación en las afueras de la Municipalidad, tomó por sorpresa al alcalde, Johnny Araya, pues las conversaciones sobre el incremento de salario apenas tenían un día de iniciadas.

“Había una propuesta por parte de los sindicatos que se iba a concretar hoy (ayer), pero no sabemos qué fue lo que pasó”, explicó Carmen Azofeifa, vocera del Ayuntamiento.

La situación obligó al alcalde a reunirse de emergencia con representantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Tras dos horas de negociación y con las aceras josefinas aún repletas de bolsas de basura, las partes llegaron a un acuerdo y, por fin, trascendió el motivo de la huelga.

Según Araya, los agremiados estaban en desacuerdo con la propuesta inicial de realizar un mayor ajuste a los trabajadores con los salarios más bajos. Ellos pedían que el aumento fuera igual para todos.

El jerarca y los dirigentes de la ANEP acordaron un incremento para los recolectores del 2,5% más un 1, 69% para completar el salario escolar de enero del 2014.

El alza representa cerca de ¢700 millones más en relación con el presupuesto salarial de julio del 2012.

“Es de las últimas entidades del sector público que va a tener el sistema de salario escolar como fue originalmente conceptualizado.

“Apenas acordamos la fijación de salario para enero del 2013; la negociación para el segundo semestre se hará con otras condiciones”, afirmó Albino Vargas, secretario general de la ANEP.

Para el alcalde, el cese de labores fue “injustificado”.

“Se aprovecharon del hecho de que mañana (hoy) tenemos el Festival de la Luz. Era una negociación que apenas estaba iniciándose”, declaró.

Albino Vargas, sin embargo, sostuvo que la intención de la protesta nunca fue la de entorpecer dicha actividad.

Luego de la negociación, ya más tranquilos, los recolectores retomaron sus labores con el compromiso de completar el trabajo y dejar todo listo para hoy.

Justicia salarial para la Fuerza Pública “de a pie”

Enorme expectativa está generándose en estos momentos entre el personal raso de la Fuerza Pública, ante un eventual anuncio presidencial de que, ¡por fin!, se hará realidad su nuevo Manual de Puestos, largamente esperado y elaborado con gran secretismo.

Como se recordará, a finales de la anterior administración gubernamental, el Gobierno del entonces Presidente Oscar Arias Sánchez, firmó un acuerdo con la ANEP para la implementación de un proceso integral de reivindicación salarial en varios de los más importantes cuerpos policiales del país: Fuerza Pública, Policía Penitenciaria, Policía de Tránsito y Policía de Migración y Extranjería.

Este proceso, un verdadero vía crucis, ha continuado en la presente administración Chinchilla Miranda, con resultados sumamente decepcionantes.

En el caso de la Fuerza Pública, la justicia salarial solamente ha llegado a los mandos medios y altos de este cuerpo policial, llegándose al punto de que hay “dos” Fuerza Pública: la que ya gana bien y muy bien; y la que sigue ganando mal, pero muy mal. Esta es la abrumadora mayoría de un universo de unos 15 mil servidores públicos en este cuerpo de seguridad ciudadana.

La ANEP fue deliberadamente excluida de participar en la elaboración del nuevo Manual de Puestos para el personal de base de la Fuerza Pública; pese a que consta ampliamente nuestra cruzada laboral en este aspecto desde, como ya indicamos, la administración gubernativa anterior.

Pese a tal circunstancia, es nuestro sincero deseo de que lo más pronto posible llegue al bolsillo del policía o de la policía “de a pie”, una justa remuneración salarial acorde con el sostenido proceso de profesionalización que ya vive la Fuerza Pública; así como a la alta peligrosidad que hoy en día significa ser policía.

Esperamos que los nuevos salarios base del personal raso de la Fuerza Pública no resulten un “alegrón de burro” y que el anuncio presidencial por venir al respecto, deje plenamente satisfechas las expectativas de que la justicia salarial, ¡por fin!, ha llegado para la totalidad de su personal; y no como hasta ahora ha sucedido que solamente “los de arriba” tienen ya retribuciones salariales justas, a lo cual la ANEP nunca se opuso; sino que, la esencia de nuestra lucha ha sido para liquidar esa discriminación odiosa de carácter salarial que ha determinado la existencia, por tal razón, de “dos” Fuerza Pública.

San José, miércoles 12 de diciembre de 2012.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Alfaro, Secretario General A