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Documento completo con la nueva Normativa Laboral de la CCSS en ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha.

Pronto mayor información y entrevistas sobre este importante tema.

Recientes análisis demuestran persistencia de contaminación de agua para consumo humano en el acueducto de Milano, realizados por el Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica y por el Instituto Regional de Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional.

Desde hace aproximadamente ocho años se han venido realizando pruebas fisico-químicas en el agua de los acueductos de las comunidades del caribe de Costa Rica, entre ellas la comunidad de Milano, por medio de las cuales se ha podido comprobar que las aguas están contaminadas con agroquímicos como el Diuron, Bromacil y Triadimefón.

Estos agroquímicos son los mismos que utilizan las plantaciones de piña y que fueron encontrados en un allanamiento que se realizó en la finca Babilonia de la Corporación del Desarrollo Agrícola del Monte por parte del Tribunal Ambiental Administrativo el día 01 de abril del 2009, en seguimiento a una denuncia interpuesta por la comunidad.

Sin embargo, es tan sólo desde hace tres hace años que el AyA empieza a suministrarle a las y los vecinos de las comunidades de Milano, Luisiana, La Francia y El Cairo, de Siquirres agua transportada por camiones cisterna costeados con recursos públicos. Según datos oficiales del propio AyA, la provisión de este líquido por medio de cisternas ha implicado un costo de más de 316 millones de colones en estos tres años, hasta enero del presente año.

Respecto a tal situación, la misma Sala Constitucional ordenó al MINSALUD y al AyA, tomar las medidas necesarias para sanear el acueducto de la comunidad de Milano, sin que a la fecha se hayan tomado medidas al respecto. Más bien se les había indicado a los vecinos y vecinas de esta comunidad que ya podían consumir el agua del acueducto porque ya había desaparecido la contaminación.

Ante esto, la Junta Directiva del Acueducto Rural de la comunidad de Milano, ubicada en el cantón de Siquirres, con el apoyo y respaldo del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP), interpuso el pasado 5 de julio del 2010 una demanda penal contra la transnacional Del Monte por el delito de contaminación de aguas ocasionado por una piñera de su propiedad ubicada en dicha comunidad. Sin embargo la situación persiste.

Los estudios recientes realizados por laboratorios acreditados serán anexados como pruebas a la denuncia, ya que demuestran lo que las instituciones estatales han querido ocultar: PERSISTE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO.

De acuerdo con Xinia Briceño, presidenta del acueducto rural de Milano “para la Asada es una gran responsabilidad estar suministrando agua contaminada con agroquímicos, nos preocupa profundamente los problemas en la salud que pueda sufrir la gente, ya tenemos siete niños y niñas de la comunidad que presentan problemas gástricos. Yo estoy acá manifestando mi preocupación por la gente de la comunidad, estoy acá para seguir luchando por la salud de todos y todas. Ojala que esta vez los medios de comunicación y las entidades del gobierno tomen cartas en el asunto, ya ha pasado demasiado tiempo y la situación sigue lastimosamente igual”.

Cabe señalar que esto no es un problema aislado. Muchas comunidades de la zona sur, la zona atlántica y la zona norte del país se han visto seriamente afectadas por diversos tipos de daños ambientales y sociales, todos asociados a la dinámica de producción a gran escala de piña. La actividad piñera ha tenido un incremento exponencial en el país en los últimos 10 años, contando en el 2000 con 12 mil hectáreas y en el 2010 aumentando a 60 mil hectáreas.

Este incremento se ha dado a costa de un severo impacto en los ambientes naturales, tanto en las áreas utilizadas directamente para la siembra como en zonas y comunidades aledañas. Los problemas no solo subsisten, sino que se incrementan, y, mientras que empresarios e instituciones del Estado, particularmente el Ministerio de Salud, se hacen literalmente de la vista gorda, las comunidades siguen padeciendo de manera sistemática este y otros males.

Exigimos al Ministerio de Salud cumplir con su deber de velar por la salud de las y los habitantes y obedecer el mandato de la Sala Constitucional, máxima instancia judicial de nuestro país. Las instituciones pertinentes deben no sólo solucionar la problemática, si no también ejercer el debido control y regulación de la actividad piñera para evitar que sigan presentándose estos daños, muchas veces irreversibles.

Firman:

Asociación Acueducto Rural de Milano de Siquirres.

Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA)

Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP)

La Junta Directiva de la Junta de Protección Social (JPS), aprobó una “Propuesta de Reorganización Administrativa en la Administración de Cementerios”, que significa entregar a una empresa privada la gestión administrativa del histórico Cementerio General y del Cementerio Metropolitano. Tal acuerdo fue adoptado en la sesión No. 36-2010, celebrada el pasado 26 de octubre de 2010.

Se pretende la promoción de una licitación para que, por ejemplo, el mantenimiento, la exhumación y la inhumación se gestionen desde una concepción privada lo cual, supone, que se espera la retribución de una ganancia, lucro, para la empresa que gane el correspondiente concurso. El acuerdo en mención indica que el concepto de gestión de los indicados cementerios será el de “outsuorcing”.

La ANEP estima totalmente inconveniente y manifiesta su rotunda oposición a que esta medida privatizadora se convierta en realidad, toda vez que tenemos, aparte de otras razones, dudas serias sobre su transparencia.

Es más, el sistema “outsourcing” suena sumamente tentador para la privatización de otros servicios sociales de gran impacto en la beneficencia pública a cargo de la Junta de Protección Social (JPS).

Para nadie es un secreto que esta entidad maneja astronómicas cantidades de millones de colones, suculenta provocación para sectores del negocio privado que, desgraciadamente, estarían contando con enlaces internos para impulsar la extensión del “outsourcing”, el que se quiera ahora ensayar con esta nueva intentona privatizadora de esos dignos campos santos.

Además, resulta inadmisible que el histórico Cementerio General, donde yacen los restos del Héroe Nacional y Libertador de la Patria, el ilustre Expresidente de la República, don Juan Rafael Mora Porras, don Juanito Mora, se administre como negocio privado. Esto representa una ofensa y una descalificación al no menos histórico acuerdo que adoptó en fecha reciente la actual Asamblea Legislativa que hizo justicia con este insigne patricio forjador de nuestra nacionalidad.

Otros ilustres expresidentes de la República están sepultados en el Cementerio General: José María Castro Madriz, León Cortés Castro, Rafael Ángel Calderón Guardia, Julio Acosta García, Bernardo Soto Alfaro, Ricardo Jiménez Oreamuno, Francisco José Orlich Bolmarcich, Próspero Fernández Oreamuno, Daniel Oduber Quirós y Cleto González Víquez, por ejemplo.

Insignes costarricenses tienen sus restos mortales en ese campo santo: El hermano de don Juanito Mora, el General José Joaquín Mora Porras; el Dr. Ricardo Moreno Cañas; el otro gran héroe de la campaña libertadora patria de 1956, el General José María Cañas Escamilla; y así, grandes figuras de nuestra institucionalidad republicana se encuentran enterradas en el Cementerio General. También, Rodrigo Facio Brenes, Joaquín García Monge, Carlos Durán Cartín, Mauro Fernández Acuña, Miguel Obregón Lizano, Omar Dengo Guerrero, Solón Núñez Frutos, Alejandro Aguilar Machado, Carlos Sáenz Herrera, José Marín Zeledón Brenes, entre otros.

Una gran mujer, emblema de nuestra nacionalidad, destacadísima figura de la política y de las letras nacionales está, también, sepultada en el Cementerio General: la legendaria Carmen Lyra.

En total, en el Cementerio General yacen los restos de 37 personas honradas con el Benemeritazgo de la Patria.

Hacemos un vehemente llamado a las personas arrendatarias de nichos en ambos cementerios para que hagan valer sus derechos, para que exijan que se les hable con la verdad y para que se les diga cuánto dinero más, en cuánto subirá, la cantidad que habrá que seguir pagando por la compra y por la administración de nichos en esos camposantos, dado que, como es lógico suponer, la empresa privada concesionaria no hará gestión administrativo de los mismos sin espíritu de lucro.

Igualmente, hacemos un llamado a las personas ciudadanas de gran sensibilidad cívica, a las personas sucesoras de esos grandes hombres y de esas grandes mujeres, patricios y patricias de nuestra querida Costa Rica, cuyos restos yacen el Cementerio General, para que eviten que éste salga de la esfera de la gestión de servicio público como ha sido toda la vida. Estamos hablando de una especie de patrimonio nacional que merece el más grande respeto y que no debería considerarse como fuente de lucro privado.

También alertamos a todo el personal de la JPS para que se sume a las gestiones que serán necesarias para evitar la materialización de esta nueva intentona privatizadora de esos emblemáticos campos santos que deben seguir siendo gestionados desde la indicada institución, bajo una concepción política de preservación de patrimonio público.

Finalmente, recordemos que está pendiente una rendición de cuentas de parte de las autoridades de la Junta de Protección Social (JPS), sobre el manejo de una elevada cantidad de millones de colones con el cobro de cuotas de mantenimiento de estos cementerios, lo que generó un cuestionamientos de los grupos de arrendatarios, sin que hasta el momento se conozca de una explicación satisfactoria.

Solicitamos al honorable Gobierno de la República y, particularmente a la no menos honorable señora Presidenta de la República, Licda. Laura Chinchilla Miranda, para que intervenga, políticamente hablando, en este asunto y detenga el proceso privatizador cuestionado para auscultar, profundamente, sus reales intenciones.

San José, miércoles 8 de diciembre de 2010.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Ronald Barrantes Moya
Directivo Nacional
Presidente Junta Directiva Seccional ANEP-JPS

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP
Central Social Juanito Mora Porras
CSJMP

La Sala Constitucional recibirá mañana, jueves 9 de diciembre, en audiencia pública, a representantes de la comunidad de San Rafael de Alajuela, centro urbano con alrededor de 35 mil habitantes, quienes presentaron dos recursos de amparo contra la construcción de una fábrica de cemento sin contar con un estudio de impacto ambiental.

En la vista estará presente el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, quien a su vez denunció la persecución legal que dicha empresa ha desatado contra la representación comunal.

Los recursos de amparo, que solicitan se detenga la construcción la cementera, serán analizados por la Sala Constitucional a las 2 pm, cuando escuchará los argumentos de las partes.

Los recursos fueron presentados por Sergio Ávila Zumbado, presidente de la Asociación Comunal y Gerardo Morera Rojas, presidente de la Asociación Administradora de Agua, de San Rafael de Alajuela, contra la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), la Municipalidad de Alajuela y la empresa.

En los recursos se arguye que la SETENA no realizó un Estudio de Impacto Ambiental en el proceso de otorgación de permisos a la empresa Comercializadora de Concreto y Asfalto (COMCOAS S.A.), subsidiaria de la Constructora MECO S.A, la cual construye, desde hace varios meses, una cementera en esa localidad.

SETENA se limitó a solicitar a COMCOAS un Plan de Gestión Ambiental (PGA), cuando, según el Código de Minería, este tipo de instalaciones requieren de un Estudio de Impacto Ambiental.

También se agrega que la Municipalidad “no ha conferido audiencia a las comunidades que están siendo directamente afectadas por el proyecto, ni la empresa ha informado sobre los riesgos que esta conlleva”.

Por otro lado, con el evidente propósito de amedrentar a los dirigentes comunales, COMCOAS S.A interpuso acusaciones penales contra varios de ellos por el delito de difamación de persona jurídica. Es el caso de Jorge Villalobos, quien asistió al programa radiofónico “El club del taxista costarricense”, para manifestar su incomodidad con la instalación de la cementera.

Otra de las demandas fue interpuesta contra Sergio Ávila Zumbado, presidente de la asociación comunal de esa localidad, quien asistió al programa radiofónico “Costa Rica hoy”, de la periodista Nora Ruiz, y denunció que la cementera atenta contra la salud de los pobladores.
El dirigente asistió al programa junto con el ex diputado José Merino, quien, curiosamente, no fue denunciado.

Incluso el conocido comentarista de fútbol, Everardo Herrera fue acusado por la empresa.

El diputado del Frente Amplio, José María Villata, denunció estos hechos como “parte de una campaña de amedrentamiento a la comunidad de San Rafael de Alajuela, que debemos rechazar”.

El parlamentario agregó que acompañará a la representación comunal a la vista de la Sala IV “porque no es posible que mediante el poder económico se pretenda impedir que una comunidad defienda su derecho constitucional a un ambiente sano.”

Las organizaciones comunitarias y sociales que integran el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción de Piña (FRENASAPP) le invitan a la conferencia de prensa organizada para dar a conocer nuevos análisis que demuestran la persistencia de la contaminación del agua del acueducto de la comunidad de Milano en Siquirres. Los análisis de plaguicidas se anexarán como prueba en la denuncia penal que se interpuso contra la empresa Del Monte, por contaminar las aguas para consumo humano por medio de sus plantaciones de piña.

Día: mañana martes 7 de diciembre del 2010.
Hora: 3:30 de la tarde
Lugar: Salón de Beneméritos, en la Asamblea Legislativa.

La información estará siendo facilitada por personas representantes de las diferentes organizaciones que conforman el FRENASAPP y un especialista en sustancias tóxicas.

Contexto:

Muchas comunidades de la Zona Sur, la Zona Atlántica y la Zona Norte del país se han visto seriamente afectadas por diversos tipos de daños ambientales y sociales, todos asociados a la dinámica de producción a gran escala de piña. La actividad piñera ha tenido un incremento casi exponencial en el país en los últimos 10 años, y este incremento se ha dado a costa de un severo impacto en los ambientes naturales, tanto en las áreas utilizadas directamente para la siembra como en zonas y comunidades aledañas. Los problemas no solo subsisten, sino que se incrementan, y, mientras que empresarios e instituciones del Estado, particularmente el Ministerio de Salud, se hacen literalmente de la vista gorda, las comunidades siguen padeciendo de manera sistemática este y otros males.

El caso más dramático es el de las comunidades de El Cairo y Luisana, cuyos acueductos fueron contaminados durante 10 años por agroquímicos utilizados en la piñera Ojo de Agua S.A, propiedad de la empresa Del Monte. Como medida paliativa, el AyA se vio obligando a repartir agua potable en camiones cisterna desde hace tres años, sin que se hayan tomado medidas contra los responsables.

Más información:

Para consultas o para más información, pueden comunicarse con Soledad Castro o Xinia Briceño, a los siguientes números de teléfono:

Xinia Briceño: 8330-2453, Presidenta ASADA de Milano
Soledad Castro: 8835-1662 / 2283-7080 FRENASAPP

Le obligaron a retirar la demanda que tan solo hacía pocos días antes, él había planteado en defensa del ICE, ante el Tribunal Contencioso Administrativo; demanda con la cual pretendía dejar sin efecto las tarifas fijadas por la Sutel que deberían pagar las empresas transnacionales por colgarse (interconexión) de los postes y de las redes del ICE, para dar sus propios servicios de telefonía y de internet.

La Sutel, ahora con el beneplácito de la Presidenta doña Laura Chinchilla Miranda, pretende entregar el ICE a precio de ganga, casi gratis, para ser engullido por las voraces trasnacionales de las telecomunicaciones.

La ganga ofrecida consiste en una tentadora “oferta” de interconexión que le generará al ICE pérdidas, al año, de unos ¡30 mil millones de colones! Autorizadas voces expertas así lo han informado.

Veamos. “Colgarse” de los postes del ICE para brindar servicio celular, según orden de la Sutel, solamente le costará a las transnacionales del exterior, 17.95 colones por minuto. La Sutel hizo un rebajo del precio de la tarifa que originalmente se había establecido, de 26.56 colones por minuto, que ya de por sí era una ganga, “baratísimo”, pues el promedio latinoamericano es de unos 60 colones por minuto.

En el caso de la tarifa por tráfico fijo, la ganga ofrecida es de 3.63 colones por minuto, cuando la pretensión original era de 22.48 colones. Aquí, el promedio latinoamericano es de 8 colones. En esto de las telecomunicaciones, el verdadero negocio son los servicios celulares y de internet.

Lo que en un principio se valoró como valiente acción emprendida por la máxima jerarquía política del ICE, recibió amplias simpatías en los diversos sectores ciudadanos que durante muchos años hemos salido en defensa del ICE.

Si hay que admitir que representó tamaña sorpresa que fuera el propio Presidente Ejecutivo de ICE quien decidiera ir a la vía judicial para evitar el colapso financiero de la institución; lo cual fue señal inequívoca de que la voracidad transnacional (junto a sus lacayos nacionales), por dejarse el suculento negocios de las telecomunicaciones, llevará a esta empresa insigne de la nacionalidad costarricense casi que a la quiebra.

Esperamos que el histórico FIT-ICE (Frente Interno de los trabajadores y de las trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad), que hizo manifestación explícita contundente aplaudiendo la hoy fallida acción de don Eduardo Doryan, asuma su reconocido y legendario papel en defensa del ICE y plantee la demanda que corresponde en el Tribunal Contencioso Administrativo, la misma que retiró el indicado jerarca cuando la Casa Presidencial le torció el brazo.

San José, domingo 5 de diciembre de 2010.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP
CENTRAL SOCIAL JUANITO MORA PORRAS
CSJMP