¿Ya firmó?: Vea por TV las consecuencias que tendríamos

Con la eventual aprobación de las leyes precitadas, el país estaría reconociendo una especie de patentamiento de las semillas (por un mínimo de 20 años para las semillas anuales y un mínimo de 25 años para las especies perennes, como los frutales). Si esto llegara a suceder, los agricultores tendrían que pagar más por el uso de estas semillas, aún incluso si son de su misma cosecha tendrían que pagar un “derecho” por volver a sembrarlas.

Lo anterior significa que los costos adicionales por el uso de estas semillas se trasladarían a todos nosotros como consumidores de los alimentos producidos por los agricultores. ¿Le parece a usted justo que debamos pagar estos “derechos” abusivos a las grandes compañías transnacionales como lo proponen estas leyes? ¿Está usted de acuerdo con un alza adicional en el costo de los alimentos que consumimos?.

De su firma depende que vayamos o no a decidir en las urnas sobre este tema por medio de un referendo.

Si desea conocer lo que está sucediendo en otros lugares del mundo con este tipo de leyes, vea ESTEBADO 16 DE FEBRERO, el documental “LA NOBLEZA DEL EMPEÑO: LA GUERRA DE LAS SEMILLAS”, en Canal 15 (UCR), a las 9:30 PM.

COMITÉS PATRIÓTICOS

“Los pueblos que no defienden lo suyo terminan siendo inquilinos en propio país”. Juanito Mora (1856)

¡Ley General de Telecomunicaciones no alcanza los 38 votos!

Compañeros (as) iceistas
A eso de las 10:15 de la mañana de hoy miércoles 13 de febrero se votó
en primer debate, el proyecto Ley General de Telecomunicaciones, con
36 votos.

Hubo 19 votos en contra y dos legisladores, Bienvenido Venegas y Evita
Arguedas se salieron del plenario.

Esa cantidad de votos a favor nos da un argumento más y muy sólido,
ante la Sala Constitucional para traernos abajo este nefasto proyecto
puesto que para romper un monopolio estatal se requiere de 38 votos
como mínimo.

Para justificar este nuevo atropello al ordenamiento legislativo y
ante la incapacidad para alcanzar los votos requeridos, la coalición
de los 38 diputados (as) fieles al gobierno de Arias Sánchez se
inventaron el argumento de que el ICE es un ?monopolio de hecho?, y no
de derecho.

Con esa argucia pretenden dar la puntillada final para imponer la
apertura total del mercado de las telecomunicaciones que acabaría con
una de las instituciones más emblemáticas del estado social de derecho.

Es un día oscuro para la democracia, pero también es un día para
sentirnos orgullosos, porque a pesar de todo lo que hicieron para
impedir el debate y quebrar la voluntad de los valerosos diputados y
diputadas patriotas, no pudieron alcanzar la mayoría necesaria para
aprobarlo en primer debate y por eso deben recurrir a esta artimaña.

La lucha sigue, el frente parlamentario cumplió su deber con dignidad,
inteligencia y gran sentido de la decencia.

Ahora el proyecto tendrá que ir a la Sala Constitucional ante la
consulta de constitucionalidad hecha por los diputados del Frente
Patriótico Parlamentario, sobre la cual la Sala deberá pronunciarse en
un tiempo máximo de un mes y en la que se pone en conocimiento de ese
órgano del poder judicial todas las violaciones y atropellos cometidos
por la coalición pro gobierno y que afectaron los derechos de legislar
de las diputadas y diputados, así como las interpretaciones aberrantes
del reglamento y del fondo como el consabido ?monopolio de hecho?.

Adelante compañeros, como dijo el poeta ?de verdad hermano que nunca
se pone más oscuro que como cuando va a amanecer?

Convocamos de nuevo a todos y todas las iceistas para hoy a las 4 de
la tarde a la Asamblea Legislativa para manifestar nuestro repudio a
este nuevo acto de ignominia contra el pueblo.

Convocamos igualmente a los iceistas de corazón, es decir a aquellos
que abrazan con cariño la defensa del ICE, sean o no trabajadores de
la institución, porque en estos día hemos sentido de cerca la
solidaridad y el calor humano de miembros de comités patrióticos,
grupos ambientalistas, feministas y sindicales que con su presencia
alimentan nuestro ánimo combativo.

Jorge Arguedas Mora
Coordinador del FIT

NO A LA ENTREGA DE LAS TELECOMUNICACIONES
Intervención del Diputado José Merino del Río, en la sesión plenaria
de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el día martes 12 de febrero
de 2008, exponiendo las razones del Frente Amplio para votar
negativamente el proyecto de “Ley General de las Telecomunicaciones”,
que abre los mercados a poderosos empresarios extranjeros y sus socios
locales, conspirando contra una institución solidaria como el ICE.

___________________________________________________________
DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO:
Gracias, señor Presidente.

Creo que al pueblo de Costa Rica, a pesar de que hoy no pude defender
más de cien mociones referentes a cuarenta artículos de este proyecto
de ley, debe tener claro, a estas alturas, cuál es la posición de este
Diputado sobre este proyecto.

Hace ocho años, yo también estaba en este Parlamento; se discutía, en
primer debate, las llamadas leyes del “combo del ICE”, se dijo que
eran leyes para modernizar al país, y el presidente Miguel Ángel
Rodríguez le decía, entonces, a este Diputado que no entendía cuál era
el proceso, la innovación de las tecnologías de la comunicación, que
todo iba demasiado rápido y que nosotros queríamos detener el país.

Incluso, en algún momento el señor Presidente amenazó que me iba a
llevar a los tribunales de justicia, porque según él en aquel entonces
lo estaba difamando, ocho años después quien está en los tribunales de
justicia es el ex presidente Miguel Ángel Rodríguez acusado de haber
cometido graves actos en contra de la ética y del interés públicos,
entre ellos el haber estado recibiendo ya en los días del “combo”, por
lo visto, y según denuncias de la prensa, cheques de Alcatel.

Y ocho años después estoy aquí dándole la cara con dignidad a mí país
y a mí pueblo, probablemente habiendo cometido errores en mi vida
política, pero con toda seguridad sin nada de lo que avergonzarme,
porque siempre he tratado de hablar de acuerdo a lo que me dicta mi
conciencia, mis convicciones, y de acuerdo a los compromisos
adquiridos con los sectores populares que defienden al Instituto
Costarricense de Electricidad y también el Estado Social de Derecho en
Costa Rica.

Sostengo que este proyecto ni es de modernización ni de
fortalecimiento del ICE, que es un proyecto orientado,
fundamentalmente, a promover que el patrimonio público, el ahorro
nacional que hemos depositado en el ICE a lo largo de varias
generaciones sea puesto a precios de subasta, de ganga al servicio de
grandes operadores privados.

Sostengo que este proyecto está diseñado no para favorecer el mayor
acceso a las telecomunicaciones del pueblo de Costa Rica, sino,
fundamentalmente, para favorecer negocios privados, los mismos
negocios privados que se han hecho cargo, prácticamente, de todo el
mercado de las telecomunicaciones en América Latina.

Este proyecto de ley está orientado en sus principios rectores, más
del setenta por ciento de sus principios rectores están orientados a
tratar de facilitar a terceros el ingreso al mercado costarricense en
detrimento de la empresa pública y en detrimento de los derechos de
los costarricenses.

Un proyecto que rompe la solidaridad, que obliga a que las empresas
extranjeras ya no vayan a destinar el nueve por ciento de sus rentas
como hoy lo hace el ICE a financiar la solidaridad, para los segmentos
sociales o para los sectores geográficos más vulnerables del país.

Un proyecto de ley que significará, inevitablemente, un aumento
vertiginoso de las tarifas de todos los servicios de telecomunicaciones.

Un proyecto que significará, como han denunciado nuestras
universidades públicas, las organizaciones de ingenieros, de técnicos,
de trabajadores del ICE, como han denunciado sectores patrióticos,
prácticamente de todo el espectro social de Costa Rica, un proyecto
orientado en contra del interés público, que huele, que huele como
hemos demostrado a negocio y no a bien común.

Un proyecto que debilitará las posibilidades de nuestra patria de
tener una política soberana en dos áreas estratégicas para el
desarrollo del país, como son la seguridad energética y la seguridad
de las comunicaciones, que junto a la educación, a la salud, al
derecho de la gente al trabajo y a la vivienda, al derecho a la
seguridad alimentaria, son pilares del Estado Social de Derecho de
Costa Rica.

Hemos oído hasta el descaro, decir, que en los países como Guatemala,
como Nicaragua, como El Salvador, Honduras, que han privatizado sus
empresas públicas el pueblo hoy recibe mejores servicios de
electricidad y de telecomunicaciones.

Una vergüenza para tratar de destruir la confianza de nuestro pueblo
en lo que con esfuerzos patrióticos de diversas generaciones y con la
visión que tuvieron los fundadores del ICE nos ha permitido tener no,
obviamente, todo lo que desearíamos, pero sí alcanzar niveles de
desarrollo humano, niveles de acceso de la gente a la electricidad y a
las telecomunicaciones muy por encima de la mayor parte de los países
de América Latina.

Un proyecto detrás del cual, obviamente, ha estado la mano manual,
pero también, intelectual, no de las fuerzas sociales de Costa Rica,
sino de la empresa del señor Carlos Slim, de Telefónica de España, de
los bufetes que representan aquí toda la telaraña de intereses, que se
ha tejido alrededor de hacer privado negocios públicos, como son el de
las telecomunicaciones y el de la energía eléctrica.

Este no es un proyecto que le sirva al país, yo le digo al pueblo de
Costa Rica, lo vamos a enviar a la Sala Constitucional y todavía
ustedes en sus hogares, en sus comunidades, en sus pueblos, en sus
centros de estudio y de trabajo tienen todavía un mes para que puedan
entender cuál es la esencia de este proyecto, que para mí es
claramente antinacional, antipopular y que todavía ustedes tienen la
posibilidad de movilizar pacíficamente sus energías patrióticas, para
que esta ley no se haga finalmente una realidad porque le hará,
repito, un daño irreversible a nuestra patria y a los derechos de las
mayorías.

Por eso, el Frente Amplio le ha dicho no, y yo como diputado del
Frente Amplio le diré no a este proyecto.

Gracias.

Posición de ANEP sobre el «garrotazo» con el pan

San José, 13 febrero de 2008.
S.G. 07-09-0320-08

Señor
Marcelino Rivera Salazar
Diario Extra
Presente

Estimado señor:

En primer término, reciba usted el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Hemos leído con mucho cuidado y con gran indignación, la nota periodística de esta fecha en la cual se indica que el precio del pan subirá 70 colones en dos semanas; lo cual nos genera muchísima preocupación por el impacto que tendrá tal alza en los bolsillos de la clase trabajadora, especialmente en aquellos sectores de la misma con salarios más bajos.

Le rogamos considerar una reacción de parte de la ANEP al respecto, por cuanto es preciso que el enorme público lector de Diario Extra que, precisamente, es abrumador dentro de la clase trabajadora, tenga un criterio más amplio sobre tal delicado asunto.

Primero: Es importante que la ciudadanía tenga conciencia de que Molinos de Costa Rica es, en su campo, un verdadero monopolio privado, sin ningún tipo de control. Ahora que el actual gobierno la emprendido contra los monopolios de seguros comerciales y de telecomunicaciones (ICE, INS), debería asumir una actitud de gran beligerancia en casos como éste, en los cuales se juega la alimentación estrictamente básica de gran parte de la población del país.

Segundo: Es absolutamente falso que la tonelada métrica de harina para pan cueste alrededor de 700 dólares. Los datos en poder de la ANEP, consultados en las aduanas, revelan que el precio en realidad es entre 450 y 510 dólares, dependiendo de la calidad del trigo. Por tanto, si no se rinden cuentas fehacientes y comprobables, se estarían inflando los datos suministrados sobre el precio actual de la tonelada métrica de harina.

Segundo: El costo de la descarga por tonelada en Puerto Caldera, Puntarenas (que es el único puerto de desembarque para este tipo de mercancía), es de 3 dólares, más 0.39 centavos de dólares por el TRB (el peso del buque). Esto es particularmente destacable por cuanto, aparte de ser un precio de descarga muy barato, es exactamente el que estaba en vigencia cuando el Puerto de Caldera no había sido concesionado.

Cuarto: Aquí se ha venido engañando, vilmente, a la ciudadanía; porque se le dijo que esa concesión era necesaria para abaratar los costos de desembarque de productos y mercancías y, como vemos, en el caso de la harina y del trigo, esos costos nunca bajaron, pese a que el INCOP hizo la concesión; y, adicionalmente, como si esto negociazo no fuera suficiente, el concesionario subcontrata la descarga a precios sumamente inferiores al indicado.

Quinto: Extraoficialmente información en poder de la ANEP, indica que esas subcontrataciones de descarga de graneles (trigo, soya, sorgo, maíz), se paga a 0.55 centavos de dólar la tonelada; por lo cual, la ganancia para el concesionario es de 2.45 centavos; sin que, como notemos, la gente pague menos por el pan, por los macarrones, por las galletas y similares.

En consecuencia:

1- Rechazamos tajantemente el anuncio de la empresa Molinos de Costa Rica de que se vaya a aumentar el precio del pan en 70 colones. Nos parece un aumento abusivo, completamente insensible y altamente agresor del bolsillo de las familias trabajadores costarricenses, especialmente las de salarios más bajos.

2- Retamos a dicha empresa a que nos demuestre, con toda transparencia, los fundamentos que tiene para tan abusivo aumento en el pan y que tal demostración se realice en las oficinas de Diario Extra. ANEP está preparada para demostrar que ese aumento es completamente desproporcionado y, como dijimos, abusivo.

Don Marcelino: De manera anticipada, le agradecemos la especial consideración que tenga para publicar nuestra reacción sobre este sensible asunto, sobre todo, para tanta gente pobre y de sectores medios de nuestro querido país.

Le reitero el mayor respeto y consideración de mi parte,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Archivo.

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Nota periodística de Diario Extra

• Subiría ¢70 en dos semanas:
VIENE “GARROTAZO” CON EL PAN

El pan será más caro por la subida en el precio mundial del trigo.

MARCELINO RIVERA SALAZAR
mrivera@ diarioextra.com

El desayuno le saldrá más caro dentro de dos semanas. El pan, alimento que no falta en la mesa de los ticos cada mañana, aumentaría un 20% (aproximadamente ¢70 en el precio de la bolla) por la escalada en el valor de la harina.

El costo de la bolla pasaría entonces de ¢340 a ¢410 por unidad. De esa forma las empresas panificadoras trasladarían el aumento de la harina a los consumidores finales.

La empresa Molinos de Costa Rica, que suple a las panificadoras, anunció el incremento del 20% en el costo del quintal.

El saco de 50 kilogramos pasaría de ¢19.900 a ¢23 mil. Actualmente la importación de cada tonelada de harina para pan cuesta alrededor de $700 (¢350 mil).

Otros alimentos como las pastas y las galletas, que también utilizan la harina como materia prima, también incrementarían su costo.
La razón del alza en la harina es la tendencia de incremento en el costo mundial del trigo. Esta es la primera escalada en el precio del pan en lo que va del año, pero no sería de extrañar otra en el primer trimestre si se mantienen las variaciones en el mercado internacional por la escasez del grano.

¡No! No existió tráfico de influencias

Sin darme ninguna oportunidad previa de decir algo en mi favor, se reproduce en este medio el artículo titulado _“Estaríamos Frente a un caso de tráfico de influencias entre la Ministra Laura Chinchilla Miranda y el Magistrado Luis Paulino Mora Mora, en el cual más que inquietudes y dudas, se me acusa y sentencia por hechos de los que me interesa defenderme comenzando por responder a la pregunta planteada en el título con un rotundo no.No ha existido en este expediente que se menciona ningún tráfico de influencias entre la señora Ministra y mi persona, por la sencilla razón de que yo no participé en ninguna fase de dicho asunto.

Tal y como lo he explicado en mis informes de labores y rendiciones de cuentas que están accesibles a quien quiera verlas en la página web del Poder Judicial, desde que asumí la Presidencia de la Corte hace casi diez años, me acogí a la potestad establecida en la ley de nombrar un Magistrado suplente para repartirme con él la carga de trabajo correspondiente a mi posición de Magistrado de la Sala Constitucional. Desde esa fecha, es público y evidente que yo me encargo del estudio y decisión de las acciones de inconstitucionalidad y algunos hábeas corpus, mientras que el Magistrado Suplente de mi oficina se encarga de los recursos de amparo y la mayoría de los habeas corpus.

Pues bien, este caso no ha sido la excepción ya que como consta en la certificación que adjunto, no tuve en absoluto ninguna participación en su tramitación y menos aún en su resolución. Salvo la referencia casual leída en los periódicos, no he tenido contacto alguno con el tema específico y por ello mismo no tengo ningún criterio jurídico formado sobre la cuestión. En ese sentido, me cabe el orgullo de que nunca me he inmiscuido en la forma en que los colegas Magistrados ejecutan su trabajo, precisamente porque soy muy celoso de mi independencia como juez y no tolero intromisiones ni presiones. Yo no le cambio a nadie favores por sentencias.

Como no tuve participación alguna en el expediente, no puedo dar razón de porqué el caso se decidió de una forma y no de otra; y por supuesto, dado que no he visto el expediente tampoco puedo explicar lo que significa el supuesto “papelito” encontrado en el expediente, pero sí puedo dejar claro varias cosas sobre él: primero, que no es mío ni es mi letra; segundo, que el Magistrado Suplente en la actualidad es el Licenciado Jorge Araya García y además que –como se aprecia en la constancia que adjunto- en mi oficina labora una abogada asistente 3 cuyo es nombre Laura Arroyo Castro, quien se encarga junto con otras personas desde hace ya varios años, de preparar proyectos de resolución de recursos de amparo y a quien correspondió la preparación del proyecto en este caso.

Por mis convicciones, a mí no me estorba que me pidan cuentas de mis actuaciones, ya que en cuanto funcionario público estoy obligado a darlas. Pero lo que no me parece correcto es que se me atribuyan actos cuya inexistencia es y era fácilmente verificable con solo acceder a la secretaría de la Sala o incluso al sitio web en donde se maneja toda la información relacionada con los expedientes de la Sala. Creo que cualquier lector objetivo coincidirá conmigo en que es difícil de creer que haya sido tan difícil para el articulista y la ANEP corroborar si de verdad yo fui el instructor y participé en el expediente, en vez de dejarse llevar por el enojo de perder un caso ante la Sala.

Aún más, se me hace realmente injusto que se diga que yo redacté la sentencia en atención a un tráfico de influencias, si era tan fácil comprobar lo contrario con solo ver en sitio de la Sala en Internet, el acta de votación correspondiente a ese día y que es pública, para comprobar que yo no había estado en esa sesión de votación y por ende no había votado el expediente ni menos aún redactado la sentencia y que quien había participado en el caso por mi oficina era el Magistrado Suplente Jorge Araya García.

Espero que con esta explicación quede claro mi no actuación en el caso que preocupa a la ANEP, pero si así no lo fuera, les insto a realizar la denuncia del caso ante la Corte Suprema de Justicia, que es la encargada del régimen disciplinario de nosotros los Magistrados, para que dándome oportunidad de defensa pueda responder a la falsa imputación que se me hace, no se con que intensión, pero si produciendo en quien ha leído el tendencioso artículo una fundada duda sobre mi actuación como Magistrado.

* Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

¿Qué estará pensando?: Oscar Arias

El Nafta no fue la panacea que los presidentes mexicanos prometieron. La frase dista de ser llamativa; sin embargo, esta vez no salió de la voz de un líder de izquierda o de un campesino. Ayer el ministro de Agricultura y Ganadería del gobierno de Felipe Calderón, Alberto Cárdenas, reconoció que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, dos países desarrollados, no dejó los resultados esperados. “Reconocemos que en el campo prevalecen migración y pobreza. Los salarios no crecieron como hubiéramos querido, pues lo que aquí se percibe en un día, en los campos de Canadá y Estados Unidos se obtiene en una hora”, dijo el funcionario. Sus declaraciones, por moderadas que parezcan, son las primeras que provienen de un ministro. La autocrítica de Cárdenas llega en un momento crucial para el Nafta, ya que este año los tres países deben liberalizar todo el sector agrícola. El mexicano, por supuesto, va a salir perdiendo.

Fuente: (c) 2000-2008 www.pagina12.com.ar | República Argentina

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Frente Amplio y PAC reclaman trámite inconstitucional de Ley de Marcas y la Ley de Patentes

Este proyecto, aprobado en primer debate la semana pasada en una comisión plena de la Asamblea Legislativa (integrada por solo 19 diputados) otorga a las trasnacionales farmacéuticas y de agroquímicos una serie de privilegios que exceden por mucho los contenidos del TLC y afectan de forma directa el derecho de la población al acceso a las medicinas y a la biodiversidad.

En la consulta presentada se denuncia que el trámite seguido para su aprobación estuvo plagado de irregularidades. En su carrera desenfrenada por aprobarlo “a golpe de tambor”, los diputados del G-38 cometieron una serie de errores de suma gravedad. Errores que vician de inconstitucionalidad todo el procedimiento.

Entre los principales destaca que el expediente fue enviado a una comisión plena, a pesar de que crea y modifica tributos, una de las materias que según artículo 124 de la Constitución no se puede delegar a este tipo de comisiones. Este error fue advertido por la Procuraduría General de la República y el Departamento de Servicios Técnicos, pero tales advertencias fueron ignoradas por la mayoría mecánica pro TLC.

Y eso no es todo. La misma Sala Constitucional ya se ha pronunciado sobre el tema. En 1995, la Sala declaró con lugar una acción de la trasnacional estadounidense Monsanto contra los artículos de la Ley de Patentes relacionados con las tasas que cobra el Registro por inscribir patentes. En su voto, la Sala consideró que estas tasas eran un tipo de tributo y eliminó las normas impugnadas.

Pues esas mismas tasas son las que se introdujeron en el proyecto aprobado en una comisión plena, a pesar de que, como dijo la Sala, son materia tributaria. Por esa razón el proyecto no se podía delegar. Debió tramitarse en el Plenario, donde todos los diputados y diputadas pueden participar. De manera que todo el trámite seguido por la comisión es inconstitucional.

Vemos entonces que la decisión de hace unos años que benefició a Monsanto, hoy se vuelve contra sus intereses, pues no existe motivo alguno para que la Sala Constitucional cambie su criterio…

¡¡PAZ en las calles…de verdad!!

Contra la brutalidad policial

Lunes 11 de febrero de 2008, 4:00 p.m.
Frente a la Asamblea Legislativa

Vestidos de blanco.
Por la PAZ contra la violencia.
Llevar signos de PAZ.
Contra la militarización de las fuerzas policiales.

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Bájate el afiche, imprímelo y pégalo en lugar visible.
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Video de la agresión policial el martes 5 de febrero en la Asamblea Legislativa. En el se puede apreciar como el policía se le acerca y empuja al joven para luego agredirlo con su bastón policial. El entrenamiento militar puesto en práctica y, por si acaso, chaleco antibalas para protegerse de las palabras.
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Lea además:
El Pueblo se da cuenta
Mariano Figueres Olsen

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Mensaje de Eugenio Trejos Benavides
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Debemos mantenernos unidos, debemos protestar contra la violencia

Del Ciudadano Eugenio Trejos Benavides, a los Comités Patrióticos, al pueblo costarricense

Compatriotas:

1. El día de ayer, cinco de febrero del 2008, un grupo de ciudadanas y ciudadanos costarricenses, en ejercicio legítimo de sus derechos civiles y políticos caminaba hacia la Corte Suprema de Justicia, a entregar una acusación por Prevaricato contra los miembros del Tribunal Supremo de Elecciones.

2. Cerca del mediodía, cuando iban pasando por el bulevar de la Asamblea Legislativa se encontraron con un nutrido grupo de policías…

3. En ese momento, varios de los y las participantes en la marcha hacia la Corte Suprema fueron vapuleados, arrestados y heridos por la Fuerza Pública,

4. De los anteriores hechos hay una cantidad significativa de personas, algunas participantes de la manifestación, otras funcionarias legislativas- que están brindado su generoso testimonio.

Ante la gravedad de lo ocurrido:

A. Manifiesto mi repudio ante esta represión policial, desproporcionada e injustificada, contra un grupo de personas cuyo único delito es amar a Costa Rica y defender los verdaderos y profundos valores de nuestra Democracia.

B. Pido con respeto pero con firmeza que el Gobierno de la República y el Ministerio de Seguridad Pública, vuelvan a las vías del diálogo, del respeto a la persona, aún a quienes disienten de las posiciones oficiales, de la búsqueda de soluciones civilistas y pacíficas para resolver los conflictos con la ciudadanía.

C. Expreso mi honda preocupación de que lo ocurrido sea un síntoma más de la intolerancia, prepotencia, sordera ante el clamor ciudadano e irrespeto la legalidad que han caracterizado a este Gobierno.

D. Me uno al llamado que diversas organizaciones sociales están haciendo a los sectores productivos, culturales, religiosos, políticos, académicos, sindicales; a las mujeres y hombres que aman este país, a que nos mantengamos unidos, en alerta y movilizados frente a la violencia ideológica y física con la que quienes ejercen el poder pretenden acallarnos.

E. Frente a la violencia institucional y mediática, fortalezcamos nuestras organizaciones con acciones de resistencia no- violenta, de desobediencia civil, de denuncia permanente de los abusos, de defensa y protección de los derechos humanos, culturales, económicos y políticos conquistados por el pueblo costarricense y hoy amenazados y restringidos por quienes defienden su “libre comercio” y su “agenda de implementación“, a costa de la entrega del país y de sus instituciones.

Apoyemos, especialmente, las iniciativas a las que en los próximos días nos van a convocar las organizaciones patrióticas, orientadas a que manifestemos nuestra oposición y resistencia a la privatizante apertura de las telecomunicaciones.

Fraternalmente,

Eugenio Trejos Benavides
Miembro del Comité Patriótico de Barrio Fátima de Heredia.

Fuente de la nota: Comités Patrióticos

Diputado Merino protesta por agresión policial

San José, 5 de febrero de 2008
JMR-JFFA-022-2008

Sr. Fernando Berrocal
MINISTRO DE SEGURIDADBLICA
S.O.

Señor Ministro:

Por este medio le manifiesto la más enérgica protesta por los brutales actos de represión contra ciudadanas y ciudadanos costarricenses que efectivos de la fuerza pública protagonizaron en la mañana del día de hoy en las afueras de la Asamblea Legislativa.

Un grupo de personas que se manifestaban pacíficamente y sin armas en contra de proyectos de ley que se discuten en el Parlamento fueron golpeados de forma injustificada, desproporcionada y salvaje por policías uniformados.

El joven Evans Marín Mora, cédula de identidad 1-890-090, sufrió la agresión de uno de estos funcionarios públicos, quién lo golpeó con una macana en la boca y lo tumbó al suelo. El golpe propinado por el policía agresor fue de tal magnitud que le rompió la boca y una parte de un diente a esta persona. Al punto de que requirió de atención médica y la aplicación de una sutura de once puntos.

Más de diez personas plenamente identificadas con nombre, apellidos y número de cédula, incluyendo funcionarios de la Asamblea Legislativa, figuran como testigos presenciales de este hecho. Ellas pueden dar fe de que el ciudadano atacado se encontraba grabando la manifestación con una cámara de video y no incurrió en ninguna conducta que justificara la violenta reacción policial.

Aunque el agresor se negó a identificarse, fue fotografiado por varias de las personas presentes. Se adjunta copia de esas fotografías.

Un segundo ciudadano, Luis Fernando Traña Castillo, cédula de identidad 1-472-456, fue agredido con macanas por otros dos policías cuando intentó proteger al joven agredido. El señor Traña recibió un golpe en el lado izquierdo de la cabeza que le produjo un abundante sangrado. A pesar de esta situación y de que la persona agredida se encontraba imposibilitada para defenderse, los policías continuaron golpeándolo en el suelo hasta que un taxista intervino en su defensa. Don Luis Fernando tuvo que ser trasladado al hospital donde se le aplicó una sutura de cuatro puntos en la cabeza.

Otra persona que había participado en la manifestación pacífica, José Luis Bertone Castelli, cédula de identidad 8-054-884, fue agredida por efectivos de la fuerza pública cuando se disponía a comprar una botella de agua en una soda cercana a la Asamblea Legislativa. En este caso los agresores lo atacaron por la espalda, lo tiraron al suelo, lo esposaron y lo subieron en un vehículo policial. En ningún momento le informaron cual era el motivo de la detención.

Como agravante de esta situación, el señor Bertone no fue trasladado a dependencia policial alguna como corresponde. Por el contrario, en un ejercicio totalmente abusivo de sus potestades, los efectivos policiales se lo llevaron en el vehículo policial y lo abandonaron en las inmediaciones de Sagrada Familia.

Si la fuerza pública estimaba que el ciudadano detenido había cometido algún tipo de “falta”, debía llevársele al centro de detención policial más cercano para aplicar los procedimientos de ley y permitirle el ejercicio de sus derechos constitucionales. No dejarlo perdido en un lugar desconocido para esa persona, donde incluso podrían correr peligro su vida o su integridad física. ¿Qué clase de práctica es esta señor Ministro? ¿Estamos acaso frente a una nueva forma de privación ilegal de libertad ideada para intimidar a la población que protesta contra las políticas gubernamentales?

También sufrió las consecuencias de la desmedida violencia policial la ciudadana no vidente Kattia Castro, a quién maltrataron físicamente y le rompieron el bastón que utilizaba para movilizarse.

Los hechos descritos son sumamente graves. No son las actuaciones de la policía civilista propia de un Estado democrático. Se trata más bien del modus operandi de gobiernos totalitarios al mejor estilo de las peores dictaduras militares.

El matonismo y la violencia policial que presenciamos el día de hoy en la Asamblea Legislativa no tiene nada que ver con mantener el orden o aplicar la ley. Nada de premio de Nobel de la Paz. Se trata de represión brutal contra el pueblo.

Señor Ministro, como jerarca de los funcionarios públicos involucrados, usted es responsable de sus actuaciones y debe responder por ellas.

En este sentido, le insto a iniciar de forma inmediata una investigación exhaustiva sobre los hechos denunciados, a fin de sentar las responsabilidades administrativas y penales del caso.

Asimismo y de conformidad con los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 111 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, le solicito me informe sobre el estado y los resultados de dicha investigación y se sirva dar respuesta a las siguientes consultas sobre asuntos de interés público:

1. ¿Estos actos cometidos por funcionarios bajo su cargo forman parte de la “política de seguridad” de la Administración Arias Sánchez? ¿Es esa lo forma en que el Gobierno tratará a las personas que se oponen a sus políticas?

2. ¿Quiénes eran los funcionarios al mando de los efectivos policiales que participaron en los hechos denunciados? Favor indicar nombre completo, número de cédula y cargo que ocupan.

3. Además, sírvase indicar el nombre completo, el número de cédula y el cargo que ocupa el funcionario que aparece en la fotografía adjunta.

Atentamente,

JOSÉ MERINO DEL RÍO
DIPUTADO
-Dentro de pocas horas se presentará la denuncia ante la fiscalía.

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ANEP condena agresión policial a ciudadanos patriotas

Con toda vehemencia y con profunda indignación, expresamos nuestra más enérgica condena a la agresión policial de que fueron víctimas los y las costarricenses patriotas que ayer, martes 5 de febrero, pacíficamente se manifestaban en las afueras de la Asamblea Legislativa, contra la agenda de implementación del TLC.

Francisco Antonio Pacheco, Presidente del parlamento, es el responsable directo y autor intelectual de esta agresión; sin dejar de señalar nuestro dedo acusador, por supuesto, a las autoridades políticas superiores a la de él: los hermanos Arias Sánchez.

Expresamos nuestro sentimiento de solidaridad con los patriotas Fernando Traña, Evans Marín y José Luis Bertone; igualmente, para con una de las mujeres costarricenses más digna de hoy en día, Kattia Castro.

Exigimos, vehementemente, al señor Ministro de Gobernación y Policía y de Seguridad Pública, Lic. Fernando Berrocal Soto, que ordene una investigación profunda y rápida para señalar a los actores materiales directos de esta salvaje agresión. En ANEP conocemos de las grandes preocupaciones de este jerarca por desterrar de su ministerio los matonismos policiales, por tanto, no puede permitir que su gestión quede manchada de sangre y que esta agresión quede impune.

Hemos sido informados de la promoción de una iniciativa cívica para un gran acto de protesta y de solidaridad con las personas agredidas; que se estará realizando este lunes 11 de febrero, a partir de las 4 de la tarde, en las afueras del parlamento. Desde ya nos adherimos a él y llamamos a todas nuestras bases y a toda nuestra membresía a sumarse a este gran acto cívico de desagravio a los patriotas mencionados; y, a la vez, de repudio a las figuras más execrables de este régimen.

San José, 6 de febrero de 2008.

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Magistrados del TSE acusados por burlar la Ley


Video tomado por las cámaras de seguridad de la Asamblea Legislativa
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José Miguel Corrales explica por qué se coloca la denuncia
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Agradecemos a Ivannia Villalobos el aporte de este video.


ANEP condena agresión policial a ciudadanos patriotas

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Baja de ARCHIVOS ADJUNTOS el documento completo de la demanda
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Diputado Merino protesta por agresión policial
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Debemos mantenernos unidos, debemos protestar contra la violencia
Eugenio Trejos Benavides
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Imágenes de agresión policial en ARCHIVOS ADJUNTOS
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La mañana de este martes 5 de febrero una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas se presentaron frente al Tribunal Supremo de Elecciones para hacer del conocimiento público la denuncia penal puesta minutos antes en la Corte Plena.

La denuncia se basa en la actitud de los Magistrados del TSE con respecto a la convocatoria de referéndum sobre las leyes de UPOV que se discuten en este momento en la Asamblea Legislativa y que son parte de la Agenda de Implementación del TLC con Estados Unidos.

Oscar Campos, Célimo Guido y José Miguel Corrales, son algunos de los ciudadanos que redactaron la denuncia, que es parte de las acciones que los movimientos anti-TLC siguen haciendo para defender la institucionalidad y el estado de derecho en Costa Rica.

Veamos las declaraciones del señor Corrales del por qué se presentó esta denuncia contra los tres magistrados.

Además de las actuaciones de los jefes del TSE en relación con el posible referéndum de UPOV, sientan como precedente en la denuncia, las acciones parcializadas de estos magistrados durante todo el proceso de voto popular del TLC, el compadrazgo con el Gobierno de los Arias y las resoluciones ad portas contra las denuncias presentadas por la ciudadanía entera.

En la actividad frente al Tribunal se recogieron firmas para acompañar la denuncia, además de firmas para la convocatoria a referéndum para las leyes UPOV. Además se planean diversas convocatorias para seguir ejerciendo presión a los poderes “secuestrados” por Oscar Arias y los suyos.

Agresión militar
Luego de realizado el acto frente al Tribunal Supremo de Elecciones, los manifestantes se dirigieron hacia el bulevar de la Asamblea Legislativa para protestar contra los diputados y diputadas que tramitan la Agenda de Implementación.

Muchos se sentaron en el suelo mientras cantaban consignas y entoban el himno a Juanito Mora Porras, cuando ingresó el cuerpo militar de antimotines y empezaron a empujar con sus bastones y escudos a quienes se sentaron en el suelo.

Esta acción militar provocó la protesta de todos quienes se encontraban en el bulevar, a lo que fue respondido con golpes. Heridos y sangre fue el resultado de la acción militar.

Tal parece que el “régimen de los Arias” entra en desesperación y empiezan a utilizar la fuerza militar para dispersar las protestas pacíficas de la ciudadanía.

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Comunicado sobre la denuncia Prevaricato

¡OTRA VEZ EL TRIBUNAL!

El TSE, con una resolución aberrante, vuelve a sacar la bola del estadio.

El Tribunal nuevamente se burla de los electores mediante una resolución que cambió el artículo 11 de la Ley Reguladora del Referéndum.

Durante el proceso del referéndum del TLC, la ciudadanía pudo comprobar el desamparo por la falta de arbitrio que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones:

1- Primero autorizó la recolección de firmas para el referéndum ciudadano y luego, producto de las maniobras del Poder Ejecutivo, se desdijo.

2- Desaplicó el Código Electoral para permitirle al Gobierno la participación, la propaganda y violación de la tregua con la complacencia del TSE.

3- Violentó el art. 95 inc.3 de la Constitución Política donde se garantiza la imparcialidad por parte de las autoridades gubernativas.

4- Autorizó al Poder Ejecutivo a violentar el voto de la Sala IV # 8867-02 “…Ante un referéndum, las autoridades constituidas deben ceder el paso, hacerse a un lado, dejar que el pueblo decida y aceptar su decisión. La garantía de imparcialidad por parte de las autoridades gubernativas es fundamental…”

5- Autorizó la violación de la tregua y cuando se demandó rechazó ad -Portas los reclamos ciudadanos.

Con árbitro así no se puede ir a ningún otro proceso eleccionario.

Los electores costarricenses merecemos volver a tener garantías electorales.

Hoy el tribunal con sus resoluciones para el referéndum de la Ley y el Convenio UPOV vuelve a pisotear sus propias leyes electorales, vean y juzguen ustedes costarricenses.

Artículo 11 de la ley de referéndum

“ (…) Cuando se haya reunido satisfactoriamente un número de firmas equivalente al menos a un cinco por ciento (5%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, se tendrá por convocado el referéndum. El TSE hará la convocatoria oficial del referéndum comunicándolo así en la Gaceta, dentro de los siete días hábiles siguientes, y procederá a la organización y demás actos administrativos necesarios para organizar la consulta, la cual deberá efectuarse dentro de los tres meses siguientes la publicación del aviso (…)”

Sin embargo, los magistrados en la resolución # 3521 -E2007 de lecha 21 de diciembre 2007, haciendo una vez más el juego contra los electores y a favor del poder transnacional, autorizan la convocatoria hasta el 7 de julio 2008 y el referéndum hasta el 7 de octubre del mismo año, cuando todo esté consumado.

Esta interpretación contraria a la ley y una vez más complaciente con el Poder Ejecutivo, las transnacionales y los bufetes relacionados, burlan la ley y los derechos electorales de los costarricenses, en nuestro criterio en un presunto delito de prevaricato de la Magistrada y Magistrados de este Tribunal.

En defensa de nuestros derechos electorales, del respeto a la ley y al Estado de Derecho, los costarricenses presentes hoy, hemos acudido ante la Corte Plena a denunciar el presunto delito de prevaricato y a solicitar justicia electoral.

El camino de reparo a este profundo daño a la democracia y a nuestro querido Tribunal Supremo de Elecciones es la RENUNCIA de los Magistrados y la Magistrada.

San José, 5 de febrero de 2008

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“En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a la dignidad de ser humano, ninguna tiranía puede dominarle”

Mahatma Gandhi