La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) hacemos un llamado vehemente a todos nuestros afiliados, a la ciudadanía patriota de nuestro querido país, a las organizaciones sociales de toda naturaleza y especialmente a los y las valientes costarricenses que integran los Comités Patrióticos; para que a través de la implementación de las más creativas y novedosas formas de participación civil, nos sumemos a la movilización convocada por las organizaciones laborales del ICE prevista, inicialmente, para el día lunes 26 de noviembre.
Los esfuerzos serán concentrados en la población del al Gran Área Metropolitana y zonas aledañas, por supuesto extendiendo la invitación al resto de pobladores del país, para que a partir del medio día, participemos cívicamente en los alrededores de la Asamblea Legislativa, con la finalidad de desplegar la más enérgica protesta ciudadana, ante los antidemocráticos, autoritarios y dictatoriales procesos de tramitación de la nefasta “Agenda de Implementación” del TLC. “Tanto para UNDECA como para ANEP, la “Agenda de Implementación” del TLC encierra intenciones perversas inimaginables en contra del bien común; además de las poderosas fuerzas económicas aliadas al antidemocrático poder político costarricense, las cuales conspiran desde el Parlamento para facilitar negocios privados con históricos emblemas de la nacionalidad costarricense como el ICE, el INS, la medicina pública y la agricultura nacional”, comentó el secretario general de ANEP, Albino Vargas. “Hacemos una fuerte denuncia ante la opinión pública, ya que, contrariamente a toda norma civilizada de convivencia democrática, como lo es el diálogo nacional; es el mismo Gobierno de la República, por medio de su peonada política parlamentaria, quien atiza la hoguera de la confrontación social, provocando todas las condiciones para una confrontación social abierta de consecuencias insospechadas”, aseguró Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.
Las eventuales alteraciones de la paz social que se ven venir y toda la intensidad que las mismas pueden presentar, serán de responsabilidad exclusiva del propio Gobierno Arias Sánchez y de la fracción parlamentaria oficialista del denominado G-38.
UNDECA y ANEP asumen, públicamente, el compromiso de profundizar su inserción en las jornadas cívicas de lucha contra la Agenda de Implementación del TLC, en la medida en que se vayan articulando, extendiendo y profundizando las acciones de lucha del potente y multidiverso Movimiento Patriótico del cual hemos formado parte.
¿Por qué debemos rechazar los proyectos del ICE en la Agenda de Implementación del TLC?
Escuche primer comunicado
• Por muchas razones, entre ellas porque la Ley General de Telecomunicaciones (expediente Nº 16398) crea una tasa de reserva de las ondas electromagnéticas que ronda los $700 millones que la institución deberá cancelar anualmente. Los expertos aseguran que con esa carga simplemente el Instituto no podrá funcionar. (Ver artículo 70 del proyecto).
• Porque en el Artículo 6 del proyecto Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones (Expediente 16397) le son arrebatadas al ICE las funciones de planificación, orientación y desarrollo, reduciendo al Instituto a un simple “operador del servicio”.
• Porque el Artículo 15 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización obliga al ICE a pagar impuesto sobre la renta lo cual repercutiría en tarifas más caras a la población, eliminando además una ventaja comparativa para competir en una eventual apertura.
• Porque el ICE tendría que competir con las transnacionales con las nuevas trabas que en materia de contratación administrativa le impone el artículo 19 del Capítulo IV del mismo proyecto de ley.
• Porque la Ley General de Telecomunicaciones prohíbe los subsidios cruzados que, como se sabe, permiten que los teléfonos residenciales tengan una tarifa básica de ¢ 3500, y obliga a aumentarlas a más de ¢10 mil.
• Porque la Ley General de Telecomunicaciones deja al descubierto a la población al cercenar los principios de universalidad y solidaridad. En el Artículo 2 del expediente Nº 16398, se agrega a la universalidad y la solidaridad, la coletilla: “garantizando el acceso a los habitantes que lo requieran”. En cambio hoy el ICE no hace distinciones, aplica el criterio de universalidad por parejo, bajo el entendido de que todos requerimos de esos servicios básicos; por eso la penetración alcanza el 95 % del territorio nacional tanto en telecomunicaciones como en energía.
• Porque el Artículo 3 de ese proyecto, dice además que universalidad es la prestación de un mínimo de servicios de telecomunicaciones a los habitantes. ¿Qué es un mínimo? ¿Quién lo define? Esa definición es un retroceso en materia de cobertura y dotación de estos servicios.
• Porque además reduce el principio de solidaridad al mínimo al señalar que es el establecimiento de mecanismos que permitan el acceso real de las personas de “menores ingresos” y a grupos “con necesidades sociales especiales”. Este criterio reduce lo que hoy se entiende como tal, pues en el ICE la solidaridad abarca también a la clase media.
• Por estas y otras razones, el derecho de la población a las telecomunicaciones y a la energía en condiciones de solidaridad y el acceso universal están en riesgo.
•Por eso también está amenazada la estabilidad laboral de cada uno y cada una. ¡El 26 de noviembre vamos a paro!
Por la defensa de l ICE, por la defensa de nuestros puestos de trabajo, todos a la calle el 26 de noviembre. Paremos el intento del bloque de los 38 de acelerar la aprobación de las dos leyes del ICE que son parte de la agenda de implementación del TLC. Nuestra institución y nuestro empleo están en juego.
La pretensión de aplicar el artículo 208 bis del reglamento legislativo al debate sobre las leyes del ICE, en particular al “Proyecto de Ley general de telecomunicaciones“ (expediente no. 16.398 ) confirma el poco interés que tiene el gobierno de los hermanos Arias Sanchez de que se realice un debate amplio, democrático y profundo sobre el futuro del ICE.
Aún más, confirma la prisa que tienen de aprobar ambos proyectos (como es conocido el otro es el “Proyecto de Ley de fortalecimiento y modernización de las entidades públicas del sector telecomunicaciones, expediente n.º 16.397), cuyo objetivo es la destrucción del ICE o en el mejor de los casos reducir sensiblemente su capacidad para dotar a la población los servicios de telecomunicaciones y energía en condiciones de solidaridad y universalidad.
Recordamos a la opinión pública que el mencionado artículo 208 bis no se puede aplicar a proyectos relacionados con ventas de activos del Estado ni apertura de monopolios. Aún así los propulsores de la reforma al mecanismo del debate nos referimos a la mayoría mecánica de los 38, pretenden variar las reglas legislativas con base al 208 que es un procedimiento que faculta a los y las legisladoras a un trámite super abreviado, aún más que el 41 bis.
Entre otras barbaridades la citada reforma al reglamento pretende imponerle una “guillotina general a todas las mociones que presenten los diputados de oposición. No solo les recortan el derecho a hablar, además se establece que las propuestas que presenten se votarán sin discusión alguna.
No les importa que se trate de un proyecto complejo, de muchos artículos que requiere de mucha discusión.
La pregunta es ¿Por qué esa renuencia al debate?
Nuestra respuesta a este interrogante es clara: el ICE es el plato fuerte del TLC, porque hay grandes intereses económicos detrás del negocio de las telecomunicaciones. Recuerden los costarricenses que las telecomunicaciones fueron ofrecidas por los negociadores disque costarricenses, según lo reconoció el propio Óscar Arias Sánchez.
Por otro lado, la lucha por defender al ICE como institución que forma parte del Estado Social y que realiza su labor bajo los principios de la universalidad y la solidaridad social data desde 1987, demostrando que el pueblo rechaza su privatización.
Hablando de grandes intereses recordamos también a la opinión pública que los diputados Gilberto Jerez y Evita Arguedas no pueden participar en el debate y votación de ambos proyectos de ley del ICE, por cuanto ambos tienen intereses económicos en el negocio de las telecomunicaciones.
¿Cuánto costarían los servicios en las condiciones de apertura del mercado? En la Ley de fortalecimiento el ICE se obliga al Instituto a pagar el espectro radioeléctrico, lo que tendrá un costo de $ 700 millones anuales, así como impuesto de la renta y otros tributos como el aporte al 911.
¿Cómo se financiará el sector eléctrico, si los subsidios cruzados son eliminados en estas leyes?
Según el Diputado José Merino del Río de esa manera el Gobierno encubre “partidas cuyo destino específico se desconoce”, violentando las normas constitucionales que establecen que los gastos y sus destinos deben quedar expresamente autorizados por la Asamblea Legislativa.
El legislador del Frente Amplio recordó que existen sentencias de la Sala Constitucional donde se estable que “no es posible considerar legítima la inclusión, dentro de la Ley del Presupuesto, de partidas en las que no se especifiquen claramente todos sus elementos esenciales: valor, destinatario, fuente de ingreso y destino a ser dado a los recursos” (Votos 5339-95 y 6859-96).
El diputado Merino advirtió que estas partidas, consideradas inconstitucionales, pueden corregirse, sin embargo no se ha permitido convertir al Plenario en comisión general para lograrlo. En estas condiciones estas partidas constituyen una “piñata”, al quedar ocultas las asociaciones que recibirán los fondos y para qué los van a utilizar, agregó el parlamentario.
Las partidas cuestionadas incluyen 2.000 millones de colones para_ “el desarrollo de planes, proyectos y programas de beneficio comunal”_ y 1.726 millones de colones para_ “ejecutar proyectos comunales”_, asignadas al Ministerio de Gobernación y Policía; así como las asignadas al Ministerio de Trabajo por 255 millones de colones para “Asociaciones con fines médicos, científicos, artísticos, culturales, religiosos, deportivos, benéficos, de recreo, bienestar social y otros”.
El Diputado José Merino del Río, del Partido Frente Amplio, solicitó que el plenario legislativo se convirtiera en comisión general, con el fin de poder incluir estos recursos para la UCR en el presupuesto de la República para el año 2008.
En agosto de este año, la Ley citada fue reformada a fin de que los recursos destinados a la Simplificación y Eficiencia Tributarias, para garantizar la máxima eficiencia de la inversión pública de reconstrucción y conservación óptima de la red vial costarricense, correspondientes al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la UCR, fueran girados directamente a la Universidad y no ya a través del CONAVI.
El destino de los recursos provenientes del impuesto único a los combustibles, de conformidad con el artículo 5 de la Ley Nº 8114 y sus reformas, tiene carácter específico y es obligatorio para el Ministerio de Hacienda, por lo que la suma correspondiente al 1% debe ser girada directamente por la Tesorería Nacional a la Universidad de Costa Rica y, por ende, debió ser incluida en el Presupuesto para el 2008.
Al incumplir el Ministerio de Hacienda con su obligación, la Contraloría General de la República, denegó la aprobación de la suma de 1.100 millones de colones a la UCR debido a que_ “en el Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2008, no se localizó la partida correspondiente”._
En virtud del destino específico que obligatoriamente se establece en esta Ley para los recursos destinados al Lanamme, se indica en la ley que tales fondos no afectarán, de ninguna manera, a la Universidad de Costa Rica, en lo que concierne a la distribución de las rentas que integran el Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior, según las normas consagradas en el artículo 85 de la Constitución Política.
La Asamblea Extraordinaria, realizada en tercera convocatoria, fue efectuada el día de hoy sábado 10 en el Auditorio de la Conferencia Episcopal en San José, desde la 1:00 de la tarde.
Dos postulantes se propusieron para ocupar este importante puesto que será provisional mientras se realiza la investigación que se le sigue a la anterior fiscal.
Los candidatos fueron María de los Ángeles Calderón Morales, trabajadora e integrante de la Sectorial de ANEP en Adaptación Social y Filadelfo Silva Silva, miembro de la Seccional de Profesionales de la Caja Costarricense de Seguro Social.
La votación, mediante voto secreto, dio como resultado la elección de Filadelfo Silva Silva con el 76,9% contra el 23,1% que obtuvo María de Los Ángeles Calderón Morales. Con esto Filadelfo se convierte en Fiscal General de ANEP mientras la Comisión Especial, designada por la Asamblea General, emite su criterio sobre lo actuado por la Fiscal anterior.
Por su parte Filadelfo Silva Silva aseguró que su actuación “será transparente y decidida para lograr darles a los y las asociadas la confianza sobre lo actuado por el Sindicato”. Además aceptó tomar en cuenta a la compañera María de los Ángeles Calderón Morales para integrar la Comisión que lo ayudará en la gestión.
San José, 7 de noviembre de 2007. S.G. 07-09-0169-07
Licenciada Elizabeth Fonseca Corrales Jefe de Fracción Parlamentaria Partido Acción Ciudadana (PAC) Asamblea Legislativa Su Despacho
Respetada y estimada diputada doña Elizabeth:
Inicialmente, reciba usted el mayor respeto de parte de esta organización.
Como es lógico suponer, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), no puede hablar por la totalidad del conjunto de las organizaciones sociales integrantes del amplio espectro opositor al proyecto neoliberal para nuestra querida Costa Rica, materializado en el TLC y su ilegítimo referéndum; pero sí podemos afirmar que todos tenemos perfecta claridad de que el día 7 de octubre solamente se votó sobre el tratado en cuanto tal y nunca, jamás, sobre la denominada “agenda de implementación”.
Quizás este haya sido el único acierto de la controvertida (para decirlo benévolamente) actuación del magistrado Sobrado en todo el proceso que culminó en ese triste día de la vida democrática costarricense. Tan contundente fue el indicado funcionario en su juicio categórico de que la “agenda de implementación” no se votaba ese 7 de octubre, que lo dijo en el periódico oficial del Sí, para que no quedara la menor duda.
Por eso es que estimamos que lleva usted toda la razón, en la carta que le ha dirigido al señor Rafael Carrillo Lara, Presidente de la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), al indicarle a éste que “no se debe dejar de lado que el Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, aclara que en el referéndum no se decidía sobre los proyectos de la agenda de implementación”.
Está más que claro, en consecuencia, que cada proyecto de esa “agenda de implementación” (algunos verdaderamente pérfidos contra la institucionalidad del Estado Social de Derecho y contra la concepción de vida misma que se defiende desde la perspectiva del humanismo cristiano), merece un tratamiento individualizado, profundamente auscultativo y generador de las más diversas formas de resistencia, intra y extraparlamentariamente.
Como creyentes en la democracia y en la convicción más que demostrada de que nuestra querida Costa Rica ocupa de un nuevo Pacto Social y de lo cual hemos dado muestras claras (procesos “Tercera República” y propuesta “CRISOL”); ANEP ve como de gran acierto la línea parlamentaria del Partido Acción Ciudadana (PAC), de diferenciar la perversa “agenda de implementación”, de lo que se votó el ya tristemente célebre 7 de octubre de 2007.
La UCCAEP, dirigida por hombres de negocios en muchas de cuyas empresas se impuso el más antidemocrático clima de terror para quitarle el carácter de libertad al voto del 7 de octubre, no tiene la menor autoridad moral para venir a exigir la aprobación de la “agenda de implementación” ni a paso de tambor ni a paso de tortuga, en medio de ese creciente ambiente de autoritarismo parlamentario que se nota ya en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Debemos tener presente que la salvaguarda de la democracia y de la institucionalidad ha estado y está a cargo del ya histórico Movimiento Patriótico del No; por cuanto en los sectores pro-TLC, la estrategia del memorandum Casas-Sánchez se aplicó a mansalva y continúa ejecutándose, dinamitando puentes de diálogo y deteriorando la confianza en la institucionalidad republicana, como lo atestiguan los polarizados vidrios parlamentarios.
Es la penumbra y la conspiración anticívica lo que motiva a los impulsores de la “agenda de implementación”. Por el contrario, la transparencia, la cristalinidad y el patriotismo puro de la idosincracia costarricense, se agigantan al resistirse a la dominación totalitaria de la tal agenda.
La fracción parlamentaria del PAC, sin duda alguna, está jugando un rol histórico que muchos de nosotros, sin militancia partidaria alguna, valoramos en su real dimensión. Resistir es hacer democracia. Ceder a presiones como las de UCCAEP, cuando tanto deben en materia de convicción y conducta democrática, es caer en el extremismo ideológico que reniega del humanismo cristiano; principio filosófico rector de la todavía vigente Constitución Política de nuestro amado país, el cual se estaría derogando con la aprobación de la “agenda de implementación”.
Respetuosamente,
Albino Vargas Barrantes Secretario General
Edgar Morales Quesada Secretario General Adjunto
cc.: Sr. Rafael Carrillo Lara, Presidente de UCAAEP. Fax 290 55 96. cc.: Dip. José Merino del Río, Asamblea Legislativa. cc.: Dip. Oscar López Arias, Asamblea Legislativa. cc.: Diputados y diputadas, Asamblea Legislativa. cc.: Movimiento Patriótico del NO. cc.: Medios de Comunicación Colectiva cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP. cc.: Archivo.
Con la decisión de la Sala queda sin efecto la separación de los proyectos de la Directora del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, por lo que podrá seguir emitiendo sus criterios y firmando los informes en las consultas que los diputados hagan sobre el proceder de la funcionaria.
El directorio estimó en su momento que la ex diputada había perdido credibilidad ante los ojos de los legisladores, dada su activa participación en concentraciones y movimientos en contra del acuerdo comercial con Estados Unidos.
Por esta razón la semana anterior el Directorio había decidido en acuerdo firme separarla del conocimiento oficial de los proyectos, así como el que emitiera criterios técnicos sobre el procedimiento legislativo que se les diera.
Valerín reclamó que esta disposición se debía a un acto de persecución política.
Ahora los magistrados la restituyen en su cargo, en una acción que es vista por parte del presidente del Directorio Legislativo, Francisco Antonio Pacheco, como una “debilidad del sistema”.
Valerín está restituida en su cargo mientras la Sala estudia el caso, lo que a criterio de Pacheco consumirá todo el tiempo de la discusión de la agenda del TLC.
Mondragón Alarcón reviró acusando a ésa y otras empresas de querer beneficiarse de la red pública de telecomunicaciones sin invertir y de forma ilegal. Según Telmex, GTM esta fuera de la ley por tener más capital extranjero del permitido, por lo que “debería revocársele la concesión, negársele cualquier otra por los próximos años y perder a favor de la nación todos sus activos”.
El 48 % del país, ya sabíamos eso. Pero es el colmo que hasta Carlos Slim sepa y defienda eso, mientras los “filibusteros ticos: insisten en negar peligro alguno para el ICE.
Por otra parte está claro que en el caso de que entre Slim a Costa Rica no va a aplicar la misma tesis con respecto al ICE.
Aquí la lucha es contra la Agenda de Implementación YA! ___________________________________________________________
Diario La Jornada
Teléfonos de México no quiere conectar su red con Movistar por considerar que es “ilegal”.
México, DF. En la mesa de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) prevalece una pregunta que puede ser fundamental para el desarrollo de la telefonía en México: si Teléfonos de México está obligado a dar la interconexión al Grupo de Telecomunicaciones Mexicanas (GTM), que opera con la marca Telefónica Movistar.
Aunque desde principios de septiembre Telmex solicitó a Cofetel que determinara si debe dar ese servicio “a una empresa que viola la ley”, según dijo el apoderado legal de Teléfonos de México, Javier Mondragón Alarcón, la polémica llegó a su pico la semana pasada.
El lunes, el ex secretario de Hacienda y Crédito Püblico, Francisco Gil Díaz, y ahora presidente de Telefónica en México, denunció que Telmex bloquea las operaciones de su empresa al negarle la interconexión.
El martes, Mondragón Alarcón reviró acusando a ésa y otras empresas de querer beneficiarse de la red pública de telecomunicaciones sin invertir y de forma ilegal. Según Telmex, GTM esta fuera de la ley por tener más capital extranjero del permitido, por lo que “debería revocársele la concesión, negársele cualquier otra por los próximos años y perder a favor de la nación todos sus activos”.
Ahora, Cofetel deberá determinar quién tiene la razón. Si la Comisión establece que las argumentaciones de Telmex son correctas, los proyectos de Movistar para entrar al segmento de telefonía fija se quedarán en el papel. La única posibilidad de hacerlo sería la que han elegido hasta ahora: arrendar números a compañías que ya tienen la interconexión (como Alestra). Sin embargo, según dijo Gil Díaz, “eso es carísimo”, por lo que la situación no se puede sostener a largo plazo.
De acuerdo al título de concesión de Telmex, la empresa sólo puede negar la interconexión a otro operador cuando_ “en su opinión”_ pudieran ponerse en riesgo “la vida o seguridad de los seres humanos” o la propiedad de Teléfonos de México. Otra situación que le permitiría no brindar ese servicio a un tercero es “cuando en opinión de Telmex no fuera fundado en la práctica pedirle la conexión”, por incumplimiento de los plazos establecidos o ante_ “cualquier otro aspecto que parezca relevante y la Secretaría (de Comunicaciones y Transportes) no hubiese expresado opinión en contrario”_.
Este último es, según la empresa de Carlos Slim, el caso actual. Al tener GTM más capital extranjero del permitido, Telmex afirma que brindarle la interconexión la convertiría en “cómplice de un fraude legal”.
La Secretaría de Economía, sin embargo, advirtió que las cosas no son como las pinta Telmex. En declaraciones a un diario financiero, el director de Inversión Extranjera de la dependencia, Gregorio Canales, advirtió que “Movistar no está violando la ley” y que el argumento de Telmex es una falacia.
Según explicó Canales, la única forma en la que puede haber una participación extranjera mayor al 49 por ciento en telecomunicaciones es “a través del mecanismo de inversión neutra, que está permitida en Mëxico”, y ése es el caso de Movistar y GTM.
A continuación la carta que se presentó al Grupo Nación S.A.
San José, 2 de noviembre de 2007. S.G. 07-09-0157-07
Señores Grupo Nación GN S. A. Presente
Señores:
Nos hacemos presente frente a sus oficinas principales, en este día viernes 2 de noviembre de 2007, un importante grupo de ciudadanos y de ciudadanas costarricenses que tenemos responsabilidades de representación laboral en el seno de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), para entregar la presente comunicación.
Nosotros y nosotras somos trabajadores y trabajadoras costarricenses que, bajo el alero de la Constitución Política de nuestro país, con la protección que otorga el Código de Trabajo, amparados en diversas sentencias constitucionales sobre Libertad Sindical y con la tutela que da la adhesión del país a los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la cual Costa Rica es Estado miembro; nos agrupamos sindicalmente hablando bajo la sigla ANEP en función de la protección de los derechos laborales, económicos y sociales estatuidos en el ordenamiento jurídico vigente y que nos conciernen directamente en cuanto personas integrantes de la clase trabajadora asalariada.
Hoy venimos aquí a indicarles que nuestra agrupación laboral ha decidido dejar de recibir los periódicos que edita el Grupo Nación GN S. A., particularmente su medio emblema, La Nación, al considerar que su enfoque noticioso y/o “informativo” con respecto a un asunto de tanto calibre para el futuro del país, como el tema del TLC y del referéndum sobre ese “tratado”; careció del necesario equilibrio y equidad informativa que presupone una transparente participación democrática para un sistema republicano de convivencia institucional, en el cual la ciudadanía puede ejercer, sin presiones y sin coacciones, el sagrado derecho del voto. La Junta Directiva Nacional de la ANEP, en su sesión ordinaria, No. 1804, del pasado viernes 26 de octubre, adoptó un acuerdo unánime en tal sentido; además de honrar así uno de los principales acuerdos adoptados en el seno del Movimiento Patriótico del NO.
Adicionalmente, no podemos contribuir a las ganancias del negocio de La Nación S. A., cuando nuestra organización es vilipendiada, atacada, descalificada y satanizada desde sus infames páginas, llegándose al extremo de inventar la presencia de nuestra máxima dirigencia en eventos en los que no ha estado y, peor aún, inventando declaraciones periodísticas que jamás se dieron. No es ese el tipo de periodismo que necesita la democracia. Y si hablamos de negocios, pues la ANEP no puede pagar por consumir un producto que le hace tanto daño.
Reconocemos que como actor político de la agenda nacional, el Grupo Nación GN S. A., tiene todo el derecho de que la línea editorial de su prensa exprese la posición ideológica que le da sustento a su agenda de negocios; pero lo que no se puede cohonestar es que un proceso sostenido y vil de “editorialización” del que se supone es un proceso objetivo de información, inherente a la esencia de un medio de comunicación colectiva en el amplio sentido del término, trastoque los más elementales valores de una sociedad democrática que presupone una prensa libre y justa.
Es por razón por la cual creemos que nuestra organización sindical no debe utilizar sus sagrados recursos financieros de clase trabajadora, financiando una prensa de tal carácter; y, por tanto, venimos a retirar la suscripción de La Nación, de Al Día y de El Financiero (afortunadamente, La Teja nunca entró al local de ANEP); pues tales periódicos, aparte del enfoque de oficialismo gubernamental que exudan todos los días, no reflejan con justicia, ni con equidad, ni con objetividad, los procesos de cambio democrático y de demanda de mayor participación ciudadana que se vienen dando en el seno de nuestra sociedad.
_ “Los pueblos del mundo han recibido con indignación el discurso de Bush amenazando a la República de Cuba, diciendo que va a continuar un bloqueo criminal que atenta contra la salud de 11 millones de personas”_, expresó en el plenario de la Asamblea Legislativa de Costa Rica el diputado José Merino del Río.
El legislador del Frente Amplio dijo que esta agrupación rechaza el bloqueo comercial, económico y financiero contra Cuba, y las intenciones de esas pocas voces que quedan en el mundo que quieren mandar los marines y probablemente, detrás de ellos, a los pelotones de fusilamiento de la mafia de Miami.
“Que sepan que hay mucha gente en el mundo que, independientemente de la opinión que tengan sobre Cuba, no van a permitir la intervención militar de Bush en Cuba, ni en ningún país de la América Latina”, agregó Merino del Río.
El Frente Amplio espera que el próximo martes se evidencie el aislamiento de la política criminal de Bush, cuando se vote en las Naciones Unidas, por una mayoría abrumadora, contra el bloqueo criminal y el embargo que padece Cuba.
Resaltó el parlamentario que Cuba es: “Un pequeño país de América Latina agredido sistemáticamente por la mayor potencia militar, agredido sin que se le permita decidir con autonomía y libertad el futuro, lo que constituye el mayor atentando a la democracia, cuando se le quiere negar su derecho a la soberanía y someterlo a las condiciones neocoloniales”.
“Alzo la voz en este parlamento contra esta política del embargo, del crimen que en muchos lugares de este planeta la Administración Bush sigue practicando”, terminó diciendo el diputado Merino.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
