Categoría: Noticias

Marzo 30, 2007

Costa Rica, es un país que, con gran esfuerzo y sacrificio, ha logrado desarrollar un régimen político democrático durante los últimos cien años de historia patria.

En los últimos cincuenta años, estadistas costarricenses, sin ejército, lograron instaurar y fortalecer un Estado Social de Derecho para regular las relaciones en nuestra sociedad.

Estos logros de nuestros antepasados ilustres, han formado un pueblo costarricense con una idiosincrasia “sui generis”, que le permitió, en el período señalado, generar condiciones de desarrollo político, económico y social, con una dirección diferente a la impuesta en los países vecinos.

Durante todo este tiempo, el pueblo y gobierno de Costa Rica, ha construido, junto al pueblo y gobierno de los Estados Unidos, relaciones diplomáticas y comerciales respetuosas y mutuamente beneficiosas, siempre buscando puntos de encuentro y cooperación, relaciones que nos permiten hoy considerar a nuestros pueblos y gobiernos amigos con un destino democrático común.

Consideramos que en este momento el pueblo de Costa Rica pasa por una coyuntura política sensible, ya que la discusión de los alcances de la aprobación legislativa del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, ha polarizado la sociedad y generado una contradicción importante que tendrá que resolver.

Consideramos como necesaria la observancia del derecho de autodeterminación de los pueblos y la independencia de estos pueblos, a resolver su futuro con base en los intereses propios y de las futuras generaciones, en nuestro caso, por medio de los mecanismos que establece nuestra centenaria democracia.

En el marco político mencionado, la visita hecha por usted a Casa Presidencial para reunirse con el presidente de la República, Dr. Óscar Arias Sánchez, y cuyo motivo y resultados fueron publicados por la prensa, consideramos que agrega elementos que distorsionan y que en nada ayudan al presidente Arias a resolver, como estadista democrático, la contradicción política y social, que existe en el seno de nuestra sociedad.

Nosotros, en nuestro carácter de liberacionistas y quienes no estamos de acuerdo con la aprobación legislativa del actual texto del TLC, permítanos solicitarle, respetuosamente, observar mayor prudencia en futuras intervenciones sobre este tema, en aras de fortalecer las relaciones de buena vecindad entre nuestros pueblos.

Asimismo, con base en algunas dudas que nos han generado sus declaraciones, con todo respeto le solicitamos explicar al pueblo costarricense los alcances de su afirmación de que sin Tratado no es posible tener relaciones comerciales con su país. ¿Acaso esto significa que Estados Unidos aplicará represalias si Costa Rica no aprueba este Tratado? ¿Ejercerá su Gobierno desviación de comercio y de inversiones? ¿Cuáles son los intereses que señala usted en que este Tratado debe ser aprobado en “este momento”? ¿Su Gobierno eliminaría a Costa Rica los beneficios de la ICC si no aprueba este TLC?

Esperamos, señor Embajador, su comprensión a este señalamiento y solicitud, quedando a la espera de sus noticias.

Luego de gestiones del diputado Merino del Frente Amplio, y del diputado Jorge Méndez (PLN), ante los ministros de la Producción y Seguridad Pública el desalojo fue suspendido. Se trata de 102 familias que se refugiaron en la Escuela con el fin de evitar la confrontación con gran número de autoridades policiales.

El diputado Merino denunció que el desalojo es improcedente ya que está en curso un proceso para la compra de las parcelas, con el apoyo de un fideicomiso del Banco Nacional, y que incluso ya se formalizó la compra de 27 de las 102 parcelas.

Por otra parte informó que se trata de familias agricultoras, que todas cultivan productos para el mercado nacional e incluso algunas, desde hace varios años, producen la llamada “piña flor”, que se exporta al mercado europeo.

Resaltó el legislador del Frente Amplio que se pretende desalojar a una comunidad entera, que ha luchado por sobrevivir durante muchos años alcanzando poco a poco el apoyo estatal para tener los servicios básicos, un EBAIS de la Caja y una Escuela del Ministerio de Educación.

Cocotales es una finca de aproximadamente 550 hectáreas, que fue segregada en fincas hace más de quince años y registradas a nombre de personas extranjeras, supuestamente interesadas en un proyecto de planta procesadora de coco, que por razones desconocidas nunca llegó a funcionar. Estando en estado de abandono total fueron tomadas hace más de 10 años y puestas en condiciones de producción.

Informó el diputado Merino que después de Semana Santa se iniciarán conversaciones con el Ministerio de la Producción para resolver esta angustiante situación para las familias productoras agrícolas de Cocotales.

El trabajo de Birle, auspiciado por la Fundación Konrad Adenauer, parte de una revisión crítica de las teorías pluralistas y neocorporativistas. También examina la cultura política, las estrategias gubernamentales y el comportamiento de los empresarios actuando como grupo de poder. El estudio empírico ausculta las relaciones entre el Estado y las organizaciones empresariales en la Argentina de los años mil novecientos ochenta y noventa.

Los empresarios, definidos por el autor como el conjunto de personas que asumen funciones de conducción y decisión dentro de un sistema económico de mercado (sobre la base de la propiedad de los factores de producción) comparten intereses comunes: vocación de lucro, preservación y expansión del mercado, respeto a la propiedad privada y libertad económica.

Las asociaciones empresariales buscan ejercer influencia sobre los tomadores de decisiones gubernamentales a fin de satisfacer sus intereses.

En el análisis de las actuaciones empresariales, Birle distingue tres dimensiones: (a) los destinatarios de los intentos de influencia (presidente y ministros, parlamento, partidos políticos, opinión pública, etc.), (b) los canales por medio de los cuales los intereses empresariales son transmitidos al proceso de decisión (formales, institucionalizados o informales; directos o indirectos), y (c) los métodos empleados por los empresarios .

Desde luego, el grado de influencia que pueden llegar a tener los empresarios está determinado por factores tales como el ordenamiento jurídico, que puede ser muy estricto u otorgar derechos especiales; las estructuras del sistema de gobierno, relacionadas con las instancias que tienen poder de decisión respecto a sus demandas; la cultura política, es decir, la distribución de las actitudes políticas individuales entre los miembros de una sociedad; el estatus que el gobierno les otorga a los empresarios y a sus grupos de interés; y el sistema de partidos políticos y la forma en que los empresarios se relacionan con estos.

Una de las hipótesis sustantivas que plantea Peter Birle en cuanto a los empresarios y el régimen democrático es que “estos aceptarán las reglas democráticas cuando estas les ofrezcan posibilidades de imponer sus intereses en el marco del proceso de decisión que ellos consideren suficiente, y cuando la democracia no sea percibida como una amenaza”.

Aunque es difícil enumerar en abstracto todos los factores que pueden provocar que los empresarios se consideren amenazados, existen al menos dos que tienen un peso importante: el predominio de un estilo de desarrollo que contradiga fundamentalmente los intereses empresariales, y la existencia de un contrapoder social_ (sindicato o partido político)_ que constituya un desafío a sus intereses.

Si bien el libro que comentamos tiene como telón de fondo la realidad argentina de las dos últimas décadas del siglo XX, con golpes militares, dictadura y terrorismo de Estado, el análisis conceptual que se hace sobre el comportamiento del sector empresarial trasciende las fronteras. Al menos así me parece.

3/30/2007

La Camara de Empresarios pro Costa Rica, alerta a sus afiliados y público en general sobre la gravedad de la Cláusula 10 del TLC y cómo lesiona a las empresas nacionales, según advertencia hecha por el Lic. Juan José Sobrado en su documento “No ha pasado por la Sala”, punto Quinto*.

Rogamos a quienes reciban el presente mensaje, dar la mayor difusión posible a su alcance, ya que este punto medular del TLC lesionaría severamente los derechos de las empresas nacionales, incluyendo las empresas grandes que no podrían recurrir a las mismas instancias judiciales, ni tendrían los mismos derechos en caso de controversias, que las empresas extranjeras, lo que es una grave discriminación contra el empresariado costarricense.

_* “ la falsa pretensión de que la cláusula 10 del TLC es constitucional, agrega la discriminación, porque esa vía –en cualquier caso ilícita– se abre discriminatoriamente sólo para inversionistas o empresarios extranjeros, pero no para el nacional, con lo cual se condena a éste a la extinción, porque nunca podría competir contra la poderosa herramienta ilícita que se le otorga a los extranjeros, según es evidente y lo puede entender cualquiera. De manera que a los empresarios nacionales –que no se han dado cuenta de la gravedad de esta cláusula en su contra– que ya de por sí tienen que competir con empresas más poderosas en lo económico y en destrezas, se los termina de amarrar para asegurar así que se extingan. Sobre esto los empresarios y sus cámaras deben prestar particular atención, ya que es evidente que no lo han advertido. _

**No ha pasado Nada*

Cámara de Empresarios pro Costa Rica
Fax 221-3128
Apartado Postal 2606 (1000)

EL Foro se realizará el jueves 29 de Marzo de 1:30pm a las 6pm en el Hotel Aurola Holiday-inn, situado en un costado del Parque Morazán San José.

Mucho agradeceré confirmar su asistencia con antelación, a efectos de considerarla en la logística, a los teléfonos 296-07-36; fax: 296-07-35 o correo electrónico l.mata@fesamericacentral.org; con Lina Mata de la Fundación Friedrich Ebert o con la representante de la Mesa Sindical de Mujeres de su organización.

Cordialmente

Fundación Friedrich Ebert

Nota: La Mesa Sindical de Mujeres está integrada por organizaciones sindicales afiliadas a la Coordinadora Sindical de Centro América y El Caribe y a la Plataforma Sindical Común Centroamericana. Para ser consecuentes con su amplitud y pluralismo, la estamos abriendo a la participación de otras sectores del sindicalismo independiente.

Acerca de DEBATE SOBRE AGUA Y TLC

_ (Coalición de Organizaciones Sociales contra el TLC informa)_

Con motivo de celebrarse el pasado 22 de marzo el Día Mundial del Agua, se realizó un debate acerca de los impactos del Tratado de Libre Comercio sobre los recursos hídricos de Costa Rica.

Este fue organizado por la Universidad de Costa Rica (UCR), el Centro de Derecho Ambiental y los Recursos Naturales (CEDARENA) y la Fundación para el Desarrollo Urbano (FUDEU), estas últimas integrantes de la Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA).

Contó con la participación de la señora Amparo Pacheco, Viceministra de Comercio Exterior; y de los señores José Miguel Zeledón, Director del Departamento de Aguas de MINAE; Henri Mora, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional; Jorge Mora-Portuguez, coordinador regional de FANCA y José Flores dirigente de COPREARENAS.

Luego de las presentaciones y comentarios de los distintos panelistas; en nuestro criterio, no quedó duda alguna de que el TLC sí conlleva graves impactos para los recursos hídricos. Pese a los intentos de los personeros de Gobierno y de los defensores del TLC, por ocultarlo; ha quedado muy claro que:

1. El TLC perpetúa la consideración del agua como una “mercancía” que estableció la Organización Mundial de Comercio (OMC). Noción que es inconstitucional; ya que se opone al carácter del agua como “bien de dominio público”; cuya principal característica es estar “fuera del comercio de las personas”; al contrario de las “mercancías“ que son bienes que sí están dentro del “mercado”.

Esto no quiere decir que el agua carezca de “valor económico”; tal como lo establece la de Conferencia de Dublín; valor que sin embargo, en nuestro país debe determinarse por instrumentos distintos a los del mercado, tal como se hace con todos los demás bienes de dominio público (zona marítima, biodiversidad, comunicaciones, energía, etc.).

2. Las normas y leyes que regulan la explotación comercial del agua no son consideradas para efectos del TLC, como normas ambientales, sino comerciales.

El capítulo 17 del TLC excluye de la definición de “legislación ambiental” a todas aquellas normas cuyo propósito principal sea la “explotación comercial de recursos naturales” (pág.17-9 TLC).

Por lo tanto, al contrario de lo que los promotores del TLC predican; en materia de explotación comercial de los recursos hídricos, son aplicables todas las disposiciones comunes a cualquier otra actividad comercial contenidas en el TLC; liberalizando y desregulando la protección, acceso y aprovechamiento del agua en nuestro país.

3. El TLC sí permitirá la incursión de actores privados en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento. Costa Rica no podrá adoptar o mantener ninguna medida contraria al TLC en materia de prestación de servicios de agua potable y saneamiento. Por el contrario, deberá permitir (bajo amenaza de demandas ante tribunales arbitrales internacionales) la entrada de empresas privadas y multinacionales, desnaturalizando el carácter no lucrativo de estos servicios, y permitiendo que actores privados lucren con necesidades humanas fundamentales.

La reserva contenida en el Anexo II del TLC sobre “medidas disconformes” establece que Costa Rica se reserva el derecho de “adoptar o mantener cualquier medida” para regular los servicios de agua potable y saneamiento; siempre que se trate de “servicios sociales que se establezcan o mantengan por un interés público.”

De conformidad con la “Clasificación Central Provisional de la ONU” y la “Lista de Clasificación Sectorial de los Servicios de la OMC”; ambos documentos referidos por COMEX para determinar, en el marco del TLC, cuándo se está en presencia de un “servicio social” (oficio No. DM-0097-6 del 14-02-06), ni la provisión de agua potable; ni el saneamiento son considerados como tales.

Tampoco en nuestra legislación existe una clasificación jurídica que defina estas actividades como “servicios sociales de interés público”. Por lo que la reserva que hizo Costa Rica es una mera ficción, que no permite al país prevenir la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento.

5. En vista de que en Costa Rica existen varios proveedores de agua potable (AyA, Municipalidades, empresas públicas; e incluso algunos de ellos privados, como las ASADAS y las Sociedades de Usuarios) tampoco se puede aplicar la reserva contenida en el capítulo 11; que establece que dicho capítulo no aplica a los servicios suministrados en ejercicio de “facultades gubernamentales”; siendo aplicables en su defecto, todas las disposiciones sobre competencia y comercio contenidas en este capítulo.

En palabras de la propia Viceministra, el TLC implica una “pérdida necesaria de soberanía”, una “pérdida de libertad” para el país (palabras textuales pronunciadas durante el debate). Sin embargo, en nuestro criterio ha quedado clarísimo que el costo de oportunidad de dicha pérdida de soberanía no se compensa con las eventuales ganancias que obtendrían unos pocos exportadores. Por el contrario, serán las grandes mayorías de nuestro país, los recursos naturales, el agua y el ambiente; quienes sufrirán las externalidades e impactos negativos que conllevará este nefasto acuerdo comercial; siendo necesario retirarlo de inmediato de la corriente legislativa para su renegociación.

“Este proyecto ha sido dos veces archivado y pretende patentar las semillas y plantas, para entregárselas a las transnacionales de los Estados Unidos y robárselas al patrimonio del pueblo de Costa Rica”, explicó el representante del Frente Amplio.

El proyecto, conocido como UPOV, es fuertemente rechazado por las universidades públicas del país, las organizaciones campesinas, los grupos ambientalistas y una amplia mayoría de la sociedad costarricense, por entregar al lucro privado la biodiversidad, poner en peligro la agricultura y amenazar la soberanía alimentaria, agregó el legislador.

Este proyecto de ley pretende que una semilla o planta no se pueda guardar, intercambiar o resembrar a no ser que se pague a la transnacional dueña. Tampoco se puede reproducir, vender, importar o exportar o simplemente tener la semilla o la planta. Aunque el agricultor o agricultora compren las semillas la primera vez, si quieren volver a sembrarlas tienen que volver a pagar. Quien incumpla puede incluso ir a la cárcel.

El diputado Merino además condenó “este nuevo asalto a la democracia parlamentaria y el bien común, del bloque aglutinado por el embajador de Estados Unidos y el gobierno de Arias Sánchez” y concluyó diciendo que “Es necesario que la población se movilice para derrotar está agresión contra los recursos fitogenéticos del país”.

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ARTICULO PUBLICADO EL 21 DE JUNIO DE 2005

Costa Rica: Se archiva UPOV y con esto el peligro para los agricultores y las semillas

A menos que se apruebe el TLC y el peligro será realidad

La Asamblea Legislativa acordó sacar de la corriente legislativa el proyecto de ley marco para desarrollar en el país las regulaciones del Convenio para la Protección de Obtenciones Vegetales conocido también como UPOV-91
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Desde la Red de Coordinación en Biodiversidad (instancia que agrupa a FECON, Mesa Nacional Indígena, Mesa Nacional Campesina, la red Coproalde, COECOCeiba-Amigos de la Tierra, AESO y académicos-as) dicha decisión causa una gran satisfacción porque se termina momentáneamente con el peligro que pesa sobre las semillas y los agricultores y agricultoras de haberse aprobado ese acuerdo internacional. Es también una señal clara de rechazo expresado por tercera vez desde la Asamblea Legislativa a UPOV y su eventual ley nacional. Lo malo es que si se aprueba el TLC entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, esta reiterada voluntad legislativa y popular de rechazo a esta legislación, quedaría de lado porque si el TLC eventualmente es aprobado deberá aprobarse UPOV y su ley nacional ya que el equipo negociador no quiso tomar en cuenta esta realidad nacional pese a que la conocían muy bien.

UPOV como ha sido demostrado claramente, conlleva impactos nocivos para la agricultura nacional ya que no solo promueve el monopolio de empresas privadas generalmente extranjeras sobre las semillas y algunas variedades de plantas sino también conlleva los siguientes impactos negativos:

1) UPOV niega los derechos de los agricultores a guardar semilla para la siembra e intercambiarla con otros agricultores. No reconoce los derechos inherentes a las comunidades locales por su relación con la biodiversidad como sí lo hace la Ley de Biodiversidad.

2) las grandes compañías se adueñan de los sistemas nacionales de mejoramiento vegetal en nuestros países: UPOV no habla nada de transferencia de tecnología. Estudios realizados diversos países latinoamericanos muestran como el gran porcentaje de solicitudes para protección de acuerdo a UPOV provienen de extranjeros en nuestros países (Ecuador el 97%, Colombia el 84%, Chile el 79%, México el 67% y Argentina el 57%);

3) Los criterios de protección de variedades de plantas en UPOV exacerban la erosión de la biodiversidad al favorecer la uniformidad de las especies lo que conduce a pérdidas de cosecha, inseguridad alimentaria y erosión genética;

4) la privatización de los recursos genéticos afecta negativamente la investigación: diversos estudios realizados en Estados Unidos demuestran que cuando existe protección a través de mecanismos como UPOV, se desincentiva la investigación y disminuye el flujo de conocimiento.

5) Los avances conseguidos para amparar la biodiversidad en sistemas de acceso negociado como en la Convención en Diversidad Biológica y la FAO son socavados por la UPOV, al garantizar la propiedad privada sobre recursos regidos por la soberanía nacional;

6) La adhesión a UPOV supone incorporarse, como parte, a un sistema que apoya cada vez más los derechos de los obtentores industriales en detrimento de los agricultores no industriales y de las comunidades.

7) el grueso de los beneficios irá a parar a países desarrollados: UPOV ha sido diseñado para facilitar el monopolio a las grandes compañías dedicadas al mejoramiento vegetal y casi todo este “mejoramiento” está destinado a los mercados internacionales. Luego de 35 años de existencia de UPOV, la inseguridad alimentaria no se ha eliminado en nuestros países.

La Red de Coordinación en Biodiversidad habiendo analizado este Convenio, conociendo la nefasta experiencia de los países que han adoptado UPOV y con el afán de construir una propuesta nacional, presentó el 15 de noviembre de 2003, el proyecto de Ley de Protección de los Derechos de los Fitomejoradores (Expediente No. 15.487) que sí guarda un equilibrio entre el reconocimiento al trabajo intelectual de estas personas y los derechos de los agricultores y de la naturaleza. Con este proyecto de ley el país al adoptarlo cumpliría con sus obligaciones a nivel internacional en la Organización Mundial del Comercio.

Para mayor información contactar a:

Silvia Rodríguez: 838-5964
Eva Carazo: 831-0282
Isaac Rojas: 399-7203

Fuente: Bilaterals

Según los promotores del TLC, una consecuencia directa e inmediata de su aplicación sería el aumento de las exportaciones a Estados Unidos.

Esta visión la hemos cuestionado conceptualmente por su falta de realismo: si el acceso al mercado usamericano no se modifica con el TLC y básicamente se mantienen las condiciones preferenciales actuales, entonces no hay razón para suponer que se producirá un incremento en la tasa de exportaciones a ese mercado. Ver JM Villasuso, “Implicaciones macroeconómicas del Cafta”, Revista Centroamérica en la Economía Mundial del Siglo XXI. Revista virtual Virtual/07 Villasuso.pdfl

También hemos señalado que las importaciones (dimensión relegada por los defensores del TLC) tendrían un aumento significativo a causa de la eliminación de la protección arancelaria, compromiso asumido en el Tratado por los países centroamericanos.

El efecto de esta evolución del intercambio comercial sería el de un desequilibrio de la balanza comercial a favor de Estados Unidos, desequilibrio que el Representante Comercial norteamericano (USTR) estimó de manera preliminar en aproximadamente US$756 millones anuales.

Estas valoraciones y apreciaciones teóricas pueden ahora corroborarse con las cifras reales de lo acontecido en los países centroamericanos al entrar en vigencia el TLC.

De acuerdo con la Comisión de Comercio Internacional estadounidense (USITC) las exportaciones de los países centroamericanos hacia Estados Unidos, excluyendo a Costa Rica, crecieron entre 2001 y 2005 a una tasa anual promedio del 5,7%. El crecimiento durante 2006, ya vigente el TLC, fue de solo un 1,8%. En todos los países, excepto Nicaragua, las exportaciones disminuyeron en términos absolutos.

Costa Rica, por su parte, y a pesar de no haber aprobado el TLC, tuvo un importante crecimiento de las ventas al mercado usamericano durante 2006 (13,9%), significativamente mayor que el experimentado durante el quinquenio 2001-2005 (3,5%).

En lo que concierne a las importaciones de los países centroamericanos desde Estados Unidos, excluyendo a Costa Rica, estas aumentaron a una tasa anual promedio del 7,6% entre 2001 y 2005. En 2006 el ritmo de crecimiento se aceleró y más que duplicó la media quinquenal (18,7%).

En cuanto al balance comercial con Estados Unidos, en 2005 se observó un saldo de US$2.009 millones favorable para las naciones centroamericanas (exceptuando a Costa Rica). Para 2006, ya vigente el TLC, ese superávit se redujo a US$602 millones, es decir, una disminución de US$1.407 millones en solo un año, monto muy superior a lo estimado por el USTR.

Como conclusión, podemos señalar que la evidencia empírica del primer año de vigencia del TLC en cuatro países centroamericanos confirma nuestras reflexiones conceptuales sobre el impacto de este acuerdo comercial en el sector externo.

No obstante, hay una dimensión en la cual la realidad resultó más negativa que lo previsto: la tasa de crecimiento de las exportaciones no se mantuvo y más bien se contrajo. Ese es un mal inicio para quienes ya abordaron el tren del TLC y un mentís para los que siguen impulsándolo por su supuesto vigor exportador.

3/23/2007

Asimismo, a instituciones estatales, de servicio público, docente, investigativo y judicial se les da la información en forma gratuita. Sin embargo, bajo el marco del TLC, se les tendría que dar a todas las empresas o personas en igualdad de condiciones sin ningún ingreso para el IMN.

La Base de Datos Meteorológicos en un gran activo estatal más que institucional, se ha creado con el esfuerzo y costo del IMN y del estado, por lo que no puede quedar a la libre para ser usada de manera indiscriminada. Hay legislación sobre este tema y de quien es la facultad.

Hay un nuevo “bum” nacional e internacional, “ El Cambio Climático”, y detrás de este hay algunos científicos , investigadores, y hasta oportunistas, que van detrás del “negocio ” que muchos proyectos de estos genera. Específicamente en este caso, los países que no han firmado el Protocolo de Kyoto les es más barato y estratégico aportar grandes cantidades de dinero ha este tipo de programas, donde los gobiernos, instituciones y personas se nutrirían más personal que institucionalmente, desviando el fondo del problema y quitándose presión política de los gobiernos beneficiados.

Yo quisiera saber, cuántas estaciones meteorológicas se instalaran en este país, cuántos dineros se adjudicarán para tener un radar y una red de monitoreo de alerta temprana ante eventos de tipo hidrometeorológico; cuánto dinero se le adjudicará al IMN, para que –mediante una gestión más ágil y moderna- ponga al servicio de país esos millones de datos que, por falta de recursos, requieren de un control de calidad. Cuántas plazas se contratarán de carácter técnico y administrativo para no ser tan dependientes. Si podríamos tener un edificio con las condiciones de salud ocupacional adecuadas, no con el hacinamiento actual.

Si por casualidad entrara dinero para estos fines ya sea por este programa o por otros, quien lo administraría? ¿El MINAE que ha dado muestras fehacientes y reiterativas de su incapacidad administrativa para hacerlo? ¿Tendrá el IMN que seguir usando fundaciones para que le administre los dineros como lo hace hoy, al filo de la ley?

El próximo mes de abril cumple esta institución 119 años de creación, y en junio se cumplen 31 años de la ley 5522 la que nos convirtió en instituto y sin embargo, no han sido capaces los distintos directores, de que tengamos nuestra propia personería jurídica, nuestra propia administración de recursos y adquisición de bienes y equipo. Sobre todo conducirnos como tal.

Nuestra principal fuente de financiamiento es proveniente de la Dirección de Aviación Civil por el 25 % de uso de los Aeropuertos de Empresas Aeronáuticas. Dependiendo totalmente de la eficacia y de la voluntad, de este organismo como recaudador, dependen nuestras entradas. Con la privatización de la administración de los Aeropuertos tenemos seria dificultades actuales y futuras.

No es una mini reingienería, más anímica y coyuntural que técnica lo que requiere el IMN, sino una reforma integral y profunda enrumbada a un institución, independiente moderna, y científicamente clara., con planes y objetivos a corto, mediano y largo plazo, con rendición de cuentas, con estabilidad y credibilidad. Nosotros la seccional de IMN/ANEP tenemos nuestros aportes y se que muchos funcionarios tendrán también los suyos.

Actualmente somos una institución abandonada política y administrativamente; mal gerenciada sobre todo en los últimos 10 años que ha estado en varias ocasiones a punto de un cierre técnico, siendo la calidad y la voluntad del personal lo que la ha mantenido a flote.

Hoy, más que nunca, las autoridades políticas, administrativas, medios de comunicación, organizaciones sociales, empresariales y académicas, deben brindar sus aportes para enrumbar satisfactoriamente, esta institución centenaria y de vital importancia desde el punto de vista económico y social para el país.

El IMN por su función estratégica es una responsabilidad de todos.

* Directivo de Seccional IMN y Junta Directiva Nacional ANEP