Conforme estipula nuestra Constitución Política, Título V, Derechos y Garantías Sociales “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza” (artículo 50). En el artículo 51, establece el deber de la protección de la familia y en el articulo 74 se indica que los derechos y beneficios “… serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional”.
En respuesta a este mandato de suministrar el mayor bienestar a la población nacional, el Estado, en la segunda década del siglo XX, establece una estructura institucional para que asuma la responsabilidad del desarrollo social y económico de los y las ciudadanas. En este marco institucional, se insertó a partir de 1961 el Instituto de Tierras y Colonización; transformado a partir de 1982 en el Instituto de Desarrollo Agrario. En el marco de la gestión institucional, al Instituto, le correspondieron como actividades ordinarias la definición y ejecución de la política nacional agraria, la administración de las tierras estatales, la adquisición de activos naturales y prestación de servicios orientados al desarrollo integral de los asentamientos campesinos. Estas funciones están legitimadas en su legislación constitutiva (Instituto de Tierras y Colonización, Ley Nº 2825 del 14 de octubre de 1961 e Instituto de Desarrollo Agrario, Ley Nº 6735 del 29 de marzo de 1982). Con estas atribuciones, el Instituto, según reza el Artículo 1 de la Ley N° 2825, velará porque “… la propiedad de la tierra se debe promover para el aumento gradual de su productividad y justa distribución de su producto, elevando la condición social del campesino y haciéndolo partícipe consciente del desarrollo económico-social de la Nación”.
El marco jurídico para el desarrollo agrario no está limitado a la distribución, titulación y control de la tenencia de la tierra. La legislación antes citada y sus reformas posibilitan la actividad del Instituto en:
a) Conservación y uso adecuado de los recursos naturales (Artículo 1, inciso 4)
b) Promoción social de organizaciones (Artículo 1, inciso 6)
c) Fomento al desarrollo de la pequeña y mediana propiedad rural (Artículo 4)
d) Vivienda (Artículo 57 y 156)
e) Coordinación para la construcción y/o mejoramiento de obras de vialidad, riego, saneamiento, asistencia médica, centros hospitalarios, educación y otros servicios comunales (Artículo 70).
El Instituto integra el Sector Agropecuario (Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria – Ley FODEA, de 29 de abril de 1987) y a partir del año 2002, el Sector Social (Decreto 30493-MP-PLAN-MCAS y más recientemente, el Decreto 33151-MP, de 8 de mayo de 2006). Desde esta plataforma de acción, el Instituto organiza su gestión para coadyuvar al desarrollo de las comunidades rurales, actuando en coordinación con otros entes especializados, públicos y privados, para la ejecución de acciones relacionadas con los servicios de apoyo a la población y producción, necesarios para incrementar la posibilidad de éxito en el desarrollo de las comunidades asentadas en las tierras afectadas por las políticas institucionales.
La práctica del Estado ha satisfecho parcialmente estos principios fundamentales, ya que, el desarrollo de las tierras producto de la transformación agraria que ha impulsado el Instituto, en ningún momento se ha abordado como un proyecto sistemático de Estado, sujeto a rigurosos sistemas de planificación, presupuestación, articulación de servicios, control, seguimiento y evaluación de impacto. Es en este sentido que el Informe de la Contraloría General de la República, Nº INFORME Nº DFOE-ED-7-2007, de 15 de marzo, 2007 “Informe sobre el cumplimiento y vigencia de las funciones asignadas al Instituto de Desarrollo Agrario”, constituye un dictamen lesivo para el Instituto, por las siguientes razones:
- Se fundamenta en el estudio realizado por el Dr. Jorge Mora A., Consultor, “El Instituto de Desarrollo Agrario, el desarrollo productivo y el bienestar social en el medio rural de Costa Rica” (Informe Fase II), que se realizó en una muestra de 27 asentamientos, que se seleccionó “sobre una muestra intencional que establecerá el Área de Servicios Agropecuarios y de Medio Ambiente”, de la Contraloría General de la República, para realizar la “inspección de las fincas adquiridas por el IDA en el periodo 1991-2006, a efecto de recabar información que permita establecer el nivel de aprovechamiento de la tierra y su correspondencia con los objetivos institucionales”. No es ético que el ente contralor fundamente sus apreciaciones en una muestra dirigida y que, comparada con el universo de 900 asentamientos, se revela como estadísticamente no significativa. Son temerarias, entonces, las recomendaciones que externa la Señora Contralora, Licenciada Rocío Aguilar M., a partir de un estudio de casos. En un comunicado, posterior al informe de la Contraloría, el consultor Mora, salva sus responsabilidades, señalando que “el cierre del IDA sería la salida más fácil y con mayor costo social…. Las decisiones orientadas a reformar el Estado y a fortalecer el sistema institucional público, de manera que se modernice y cumpla con sus objetivos y funciones, es un proceso más complejo. Pero es éste el requerido, sobre todo en áreas de la acción estatal de tanta relevancia para el desarrollo del país, como lo es el medio rural, tanto desde el punto de vista del desarrollo económico como desde la perspectiva del desarrollo social…. No consideramos que sea el cierre de instituciones con objetivos y funciones de mucha relevancia para el desarrollo del país, una decisión que responda a esa necesaria estrategia de reforma y modernización”. (Elementos sustanciales del estudio evaluativo sobre los objetivos y funciones del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), efectuado en el Programa regional de Maestría de Desarrollo Rural).
- El Informe de la Contraloría en el fondo maneja una serie de aseveraciones en el plano de los denominados “juicios de valor”, tales como que el Instituto ha incumplido, por las fallas que señala el estudio, su propia legislación y ha perdido su rumbo, ejecutando funciones que competen a otros entes. Si esta aseveración se deriva del análisis del periodo que abarcó el estudio (1991-2006), cómo es que el propio ente contralor aprobó las programaciones y presupuestos al Instituto, año tras año a sabiendas que el ente estaba incurriendo en faltas tan graves, como las que hoy señalan? Es cierto que en informes precedentes hubo señalamientos relacionados con esta problemática, pero, no correspondía a la Contraloría utilizar sus procedimientos para hacer vinculantes sus dictámenes? Específicamente, en el caso del Sector Agropecuario, instituido por la Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria – Ley FODEA, de 29 de abril de 1987; en qué documentos generados por la Contraloría constan los señalamientos para que las otras instituciones (MAG, CNP, SENARA, etc.) vincularan en sus programaciones y sus presupuestos, las acciones especializadas que deberían de desarrollar para promover el desarrollo agropecuario en los asentamientos. Asimismo, en el caso de las instituciones del Sector Social y otros sectores (transportes, ambiente, vivienda, etc.), no se conocen informes donde el ente contralor debió de ejercer esa fiscalización preventiva.
- A la luz de la legislación que rige el accionar institucional (Ley Nº 2825 de Tierras y Colonización y Nº 6735 del Instituto de Desarrollo Agrario) se establece la necesaria vinculación con los entes especializados del Estado para cumplir con el objetivo institucional de que “… la propiedad de la tierra se debe promover para el aumento gradual de su productividad y justa distribución de su producto, elevando la condición social del campesino y haciéndolo partícipe consciente del desarrollo económico-social de la Nación”. En esta lógica y dinámica de necesaria articulación de servicios, en qué dictámenes de la Contraloría, en su calidad de ente contralor, promovía y auspiciaba esa necesaria coordinación, para que fuera efectivamente reflejada en las programaciones y presupuestos, con los respectivos indicadores de medición, para no dejar al Instituto a que se la “jugara” solo en la aventura del desarrollo de las tierras adjudicadas. La Contraloría no ha ejercido su rol no solamente con el Instituto, sino con las instituciones del Sector Agropecuario y su rol inoportuno se manifiesta en casos de tanto impacto como el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social, Aviación Civil y otros casos, por mencionar solo dos.
- El informe de la Contraloría revela una posición sesgada, en la coyuntura de la creación de un ministerio de la producción, liderada por el Ing. Alfredo Volio P. El alcance de los términos del informe satisface la retórica que ha tomado como caballo de batalla la creación de dicho ministerio, en donde el IDA convertido en un instituto de desarrollo rural venido a menos, sería reducido en su personal y su presupuesto, puesto que la creación de un verdadero instituto de esta índole reñiría con las características de un “superministro” rector. No es que la creación de un ministerio de la producción sea malo. Es que la estrategia alienante que ha utilizado el “ministro rector” ha marginado a los profesionales que tenemos experiencia en estas áreas, y no hemos sido retroalimentados debidamente en circunstancias coyunturales de gran importancia, como cuando las direcciones de planificación de las instituciones del Sector Agropecuario, tuvimos que definir las acciones estratégicas del Sector Productivo (creado por Decreto Nº 33151).
El proyecto de ley que da origen al denominado MIPRO y que sería vinculante para la transformación del IDA, en el mejor de los casos, o para que las funciones del IDA fueran atendidas por otros entes, en el peor de los casos, se ha manejado de forma no participativa, marginando el valioso aporte de los técnicos de carrera del Sector y de la clientela institucional, que es la que debería opinar con mayor propiedad, especialmente en el contexto de la globalización y la apertura comercial.
Esta coyuntura actual impone la necesidad de que los y las productoras rurales se integren a los mercados nacionales e internacionales, lo cual demanda al sector productivo y al sector público institucional la construcción de una estrategia efectiva para la reconversión de las estructuras productivas y el fomento de eficiencia y la competitividad en la producción. Se hace necesaria la renovación del rol y las estrategias de las instituciones que encarnan los principios constitucionales, haciendo un ajuste a la práctica tutelar del Estado. Se requiere ajustar el ejercicio “normal” de las instituciones del Sector, en términos de su comportamiento, eficacia, alcance y cobertura del servicio en el medio rural, para abrir espacios de cooperación entre instituciones y comunidades, facultando a los gobiernos locales para convertirse en elementos claves del desarrollo humano local. Esto requiere participación, que en lo que va de la presente gestión de gobierno, ha estado vedada.
Finalmente, retomo parte del comunicado del Comité Cívico Griego “Ágora”:
*1-*El Instituto de Desarrollo Agrario es una institución clave en desarrollo de nuestro país, que forma parte del Estado Social de Derecho que a la fecha disfrutamos los costarricenses.
*2-*Lamentablemente, el citado instituto ha sido administrado durante las últimas décadas por una nefasta partidocracia que ha llegado a convertirlo en una de sus parcelas personales, siendo ésta la culpable de haber prostituido esta institución, de la misma manera a como se ha hecho con otras instituciones nacionales.
*3-*Desde hace años la Unión de Empleados del IDA UNEIDA denunció valientemente la corrupción institucionalizada que la carcomía, sin que tuviera eco tanto en esa Contraloría General de la República como en ninguna otra dependencia del Estado, por el contrario, al mejor estilo de las dictaduras, la partidocracia reprimió a los dirigentes sindicales que destapaban la inmundicia con despidos violatorios de los derechos humanos fundamentales.
*4-*Esta Contraloría General de la República aprobó los presupuestos, planes de trabajo y otros, sin que esta sociedad conozca las razones por las cuales este desorden bien organizado en detrimento de todos sus habitantes y del campesinado nacional, no se fue detenido a tiempo, cuando los que pagamos honestamente los impuestos en este país financiamos la carísima planilla del órgano contralor.
*5-*Consideramos que su cierre no le traerá ningún beneficio a nuestro país, pues consolida la privatización de nuestros recursos agrarios, ocasionando un grave perjuicio al honesto campesinado nacional.
*6-*Consideramos que lo más saludable es sanear desde la raíz la institución, meter a la cárcel a los corruptos responsables de su debacle, confiscar de inmediato todas las parcelas adquiridas irregularmente-miles de hectáreas pagadas con los impuestos de nosotros los ciudadanos honestos.
*7-*Consideramos que el cierre del Instituto de Desarrollo Agrario sin sentar las responsabilidades políticas que desnude la corrupción galopante que destruye y prostituye nuestras instituciones fundamentales, sería un claro encubrimiento que nos llevaría al caso del cierre del Banco Anglo Costarricense, por eso nos preguntamos:
¿Cuál de las instituciones que ha envilecido esta partidocracia al estar gobernando a su antojo nuestra Patria durante los últimos cincuenta años, será la próxima condenada a cerrar sin que los ciudadanos honestos, conozcamos a los culpables de su debacle?.
Por lo tanto: considerando que lo acontecido hoy con el Instituto de Desarrollo Agrario obedece a la perversa lógica de prostituir instituciones para inducir al ciudadano en apoyo al paulatino desmantelamiento del Estado Social de Derecho, siendo que desde hace años la Unión de Empleados del IDA UNEIDA denunció valientemente la corrupción institucionalizada que la carcomía, sin que tuviera eco tanto en esa Contraloría General de la República como en ninguna otra dependencia del Estado, por el contrario, los dirigentes sindicales terminaron sancionados con despidos violatorios de los derechos humanos fundamentales; siendo que en la actualidad lo que se ha destapado ante la opinión pública por medio de los valientes reportajes del periodista Greivin Moya, es una cloaca nauseabunda que puede salpicar a esta partidocracia por el manejo irresponsable de la citada institución, es que objetamos rotundamente su cierre y por el contrario, proponemos: *1-*sanear desde la raíz la misma y llegar hasta las últimas consecuencias en donde cada funcionario y representante del poder político en sus Juntas Directivas y Gerencias, rienda cuentas claras a esta sociedad; *2-*meter a la cárcel a los corruptos que resulten responsables de su debacle, *3-*confiscar de inmediato todas las parcelas que resulten adquiridas irregularmente-miles de hectáreas pagadas con los impuestos de nosotros los habitantes honestos; *4-*se erradique la politización que tanto daño ha hecho a estas y otras instituciones en perjuicio de toda la ciudadanía, eliminando la subasta que cada cuatro años hace la partidocracia como pago de favores políticos por medio de esos puestos que en los últimos años ha provocado cierre de instituciones ante el pésimo manejo institucional, *5-*se replantee su papel en la sociedad costarricense; y 6-se conforme una Comisión Legislativa multipartidaria que investigue lo acontecido en el Instituto de Desarrollo Agrario y si la participación de la Contraloría General de la República durante estas décadas fue oportuna, así como las respuestas a las denuncias de la dirigencia sindical de UNEIDA, para que la brevedad del caso, rinda su informe a toda la ciudadanía, ya que como ciudadanos honestos en un país en donde la corrupción ha hecho sus estragos, y ante el desorden organizado con la utilización de los impuestos que cristianamente pagamos, nos corresponde el derecho de saber que ha pasó con nuestros dineros.
Respetuosamente,
Por el Comité Cívico Griego “Ágora”
Ing. Carlos Vega B, Colegiado 1538, Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica
Prof. Luis Angel Salazar Oses, Universidad de Costa Rica, Centro Regional Occidente
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*Colegiado Nº 737
