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1° de marzo de 2007

Señoras y señores Diputados

Comisión Especial que conoce y dictaminará el Expediente n.° 16.398, Ley General de Telecomunicaciones

Asamblea Legislativa

San José

Estimadas y estimados Representantes de la Nación:

El Observatorio de la Libertad de Expresión –establecido por el Colegio de Abogados, el Colegio de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, el Colegio de Periodistas y la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica– les saluda y solicita dar lectura e incorporar el texto de esta nota al acta correspondiente de su Comisión Especial.

Consideramos necesario y oportuno expresar opinión sobre el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, expediente n.° 16.398, ya que este Observatorio fue instituido en respuesta a: a] la necesidad de robustecer el ejercicio ciudadano de las libertades constitucionales de pensamiento, expresión, circulación de las ideas y el derecho a la información; b] la creciente importancia de las tecnologías de información y comunicación en los procesos democráticos; y c] la conveniencia de promover el pluralismo. Entre los objetivos del Observatorio están: i] recoger, sistematizar y divulgar los reclamos e iniciativas de personas físicas y jurídicas, atinentes al ejercicio de estas libertades fundamentales;* ii]* proponer soluciones institucionales a las insuficiencias detectadas; iii] preparar e impulsar legislación positiva que desarrolle los preceptos constitucionales pertinentes; iv] e iniciar acciones que completen, promuevan y fortalezcan la ciudadanía democrática, especialmente la ciudadanía comunicativa y la ciudadanía digital.

El proyecto de Ley General de Telecomunicaciones es más que un marco normativo del sector telecomunicaciones en sus aspectos institucionales, jurídicos, técnicos, financieros y empresariales. Este proyecto afecta de manera directa los derechos fundamentales de la persona humana de pensamiento, expresión, circulación de las ideas y el derecho a la información. Además, afecta el Derecho a la Comunicación que, como consecuencia de la revolución de las tecnologías de información y comunicación (TIC), está en consonancia con el cambio de paradigma de la información unidireccional a la comunicación bidireccional, participativa, interactiva y horizontal. [Véase la nota adjunta, que es parte integral de esta carta, sobre el Derecho a la Comunicación].

Como primer punto, el Observatorio de la Libertad de Expresión señala en este proyecto de ley la ausencia casi total de la persona humana como sujeto de cualquier proceso de telecomunicación y el vacío de la dimensión vital de la Libertad de Expresión y el Derecho a la Comunicación. Estas carencias en torno a la persona y la comunidad humanas como meta y medida de toda política pública de desarrollo de las telecomunicaciones, obliga inexorablemente a replantear el proyecto a partir de su concepción lógica.

Como segundo punto, el Observatorio de la Libertad de Expresión considera que este proyecto tiene como premisa sine qua non la competencia entre actores particulares e instituciones estatales para la prestación de servicios de telecomunicaciones e infocomunicación. Las telecomunicaciones, de acuerdo con el proyecto, pasarían de ser un servicio público a ser un objeto de comercio. Este Observatorio llama la atención al hecho de que el espíritu y la letra del proyecto de ley son contrarios a la Constitución Política y al Derecho de la Constitución que fincan los servicios inalámbricos entre los derechos sociales de los habitantes –en un pie de igualdad con los derechos a la salud, la educación y la paz, por ejemplo–, según el principio cristiano de justicia social aplicable por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción y en procura de una política permanente de solidaridad nacional (artículo 74 constitucional).

Como tercer punto, el Observatorio de la Libertad de Expresión cree oportuno recordar que las telecomunicaciones fueron concesionadas por el Estado a empresas particulares nacionales o extranjeras, de 1893 a 1963. Es a partir de 1963 que el Estado interviene como operador de telecomunicaciones. Consideramos que cualquier legislación sobre telecomunicaciones debe tener como base el análisis comparativo de los resultados logrados con el régimen de competencia mercantil durante 70 años y los obtenidos con el régimen de servicio público durante los 44 años más recientes. Volver al régimen antiguo sin comparar la experiencia de Costa Rica sería, al menos, temerario. Recuérdese que a 1963 San José era una de las dos capitales latinoamericanas con el peor servicio telefónico, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). De acuerdo con documentos recientes de la UIT, la CEPAL, el PNUD, la OIT y otras instituciones intergubernamentales, Costa Rica goza hoy de la mayor densidad telefónica fija de Latinoamérica. Desde antes que existieran en el país los modernos servicios como la Internet o las llamadas comunicaciones globales, el campeón liberal de Costa Rica y Benemérito de la Patria, don Ricardo Jiménez Oreamuno, decía en su mensaje presidencial al Congreso en 1935: “Los gobiernos de Costa Rica, desde hace muchos años, vienen aplicando soluciones sociales. […] El servicio de correos y telégrafos, que podía estar en manos de particulares, lo está en las del Estado. […] Las fuerzas hidráulicas que pueden obtenerse de las aguas del dominio público y los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo y cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas, son inalienables y del dominio del Estado. […] No es posible acusar a los gobiernos de Costa Rica de que con glacial indiferencia hayan puesto por obra una política que conduce a que los ricos se hagan cada vez más ricos y los pobres, cada vez más pobres”. El Observatorio solicita sustentar el proyecto de ley en un análisis comparativo de ambos regímenes de telecomunicaciones como objeto de comercio y como servicio público, cuyos resultados puedan ser transparentados a todos los ciudadanos.

Como cuarto punto, el Observatorio de la Libertad de Expresión llama la atención sobre la inexplicable omisión de los servicios de radiodifusión sonora y televisual en el proyecto de ley. La radio y la televisión son tan servicios de telecomunicación como la telefonía o la transmisión de datos. La convergencia tecnológica augura cambios radicales en la radiodifusión que pasará de analógica a digital y multiplicará por cuatro el número de frecuencias disponibles. Los principios técnicos son aplicables por igual a la administración de todo el espectro de radiofrecuencias, de la radiocomunicación celular a la radiodifusión. Si bien por su incidencia en la Libertad de Expresión y el Derecho a la Comunicación la radio y la televisión requieren de una legislación complementaria que actualice la obsoleta Ley n.° 1758 del 19 de junio de 1954 –aquí no existían entonces la FM ni la TV–, resulta imposible excluirlas en sus aspectos técnicos de una Ley General de Telecomunicaciones. De mantenerse la exclusión de la radio y la televisión en el proyecto, este resultará inválido por parcial.

En quinto lugar, el Observatorio de la Libertad de Expresión formula estos señalamientos puntuales. 1] La Constitución Política contempla los servicios inalámbricos, no las redes de telecomunicaciones. De mantenerse como están los artículos 12, 19, 24, 27, 49, 53 y 63, harían inconstitucional el proyecto de ley. 2] El proyecto estipula en el artículo 2 que las telecomunicaciones son servicios disponibles al público, lo cual contradice el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública que define los servicios públicos. 3] El artículo 23 del proyecto consiente el traspaso de concesiones otorgadas a las personas, práctica violatoria de la Ley de Administración Pública y el Código Civil. 5] El artículo 51 dice que los precios de los servicios serán determinados por los proveedores, sin prever la posibilidad real de colusión como recientemente ha sucedido en Francia. 6] El artículo 57 impide los subsidios cruzados, elemento de política pública contingente, lo cual amarra a la Administración Pública para cumplir con los deberes del Estado Social de Derecho. [Véase el anexo de esta carta, con varias observaciones puntuales].

En sexto lugar, la Universidad de Costa Rica elaboró un proyecto de Ley Marco de Telecomunicaciones que está en la corriente legislativa. El Observatorio de la Libertad de Expresión solicita que, por sentido común, los dos proyectos de ley sean refundidos en un texto nuevo. Desaprovechar la experiencia de esa Benemérita Institución Educativa es imperdonable para todo costarricense de bien.

En conclusión, el Observatorio de la Libertad de Expresión solicita rechazar el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, expediente n.° 16.398, tal y como está, porque es contrario a la Constitución Política pues mercantiliza un servicio público; es omiso en cuanto a derechos humanos fundamentales de los costarricenses; es ajeno por ser producto de la ideología neoliberal y no basarse en un análisis de la realidad y la experiencia nacionales en telecomunicaciones; es parcial por excluir la radiodifusión sonora y televisual; es violatorio de la Ley General de la Administración Pública; y es contrario al interés general de Costa Rica. Como alternativa, respetuosamente solicitamos reformular el proyecto de ley desde el inicio y refundirlo en un texto nuevo con el proyecto de la Universidad de Costa Rica.

Reciban, señoras y señores diputados, el testimonio de nuestra más alta estima y distinguida consideración.

Los Observadores Ciudadanos: Pablo Barahona Krüger, Giselle Boza Solano, María Eugenia Bozzoli, Alberto Cañas Escalante, Hilda Chen Apuy, Gerardo Fumero Paniagua, Glenm Gómez Álvarez, Juan Rafael Quesada Camacho, Luis Sáenz Zumbado, Iván Salas Leitón, Luis Guillermo Solís Rivera, Gerardo Trejos Salas, Enrique Villalobos Quirós, Armando Vargas Araya, Juan Manuel Villasuso Estomba.

Firmas responsables, por delegación del Observatorio de la Libertad de Expresión:

Hilda Chen Apuy

Alberto Cañas Escalante

Maria Eugenia Bozzoli

Juan Manuel Villasuso

Armando Vargas Araya

Enrique Villalobos Quirós

Gerardo Fumero Paniagua

Copia a: Colegio de Abogados de Costa Rica, Colegio de Periodistas, Colegio de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Consejo Nacional de Rectores, Señores Magistrados de la Sala Constitucional, Medios de Prensa.

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El Derecho a la Comunicación

El Derecho a la Comunicación incluye: a) derecho a elegir, b) derecho a accesar, c) derecho a participar, y d) derecho a la privacidad.

La persona tiene derecho a elegir cuándo comunicarse, con quién y cómo hacerlo, a través de qué tecnologías y de cuáles redes, por medio de cuáles proveedores, a qué precios. Es la protección de los intereses económicos del usuario, incluidos recibir información adecuada y veraz sobre redes, servicios y aplicaciones (artículo 46 constitucional). Desde la perspectiva democrática, es el derecho al pluralismo, a la fecunda diversidad.

El ciudadano tiene derecho a accesar redes y servicios en condiciones ventajosas de oportunidad, disponibilidad, seguridad, calidad y precio. Comprende el derecho a una distribución equitativa de los recursos (espectro de radiofrecuencias, por ejemplo) y la infraestructura (verbigracia, la red dorsal del Sistema Nacional de Telecomunicaciones), que permita a todos comunicarse, dondequiera se encuentren en el territorio nacional —sin discriminación geográfica o brecha digital—. Para el costarricense debe ser el derecho a accesar en banda ancha.

El ser humano tiene derecho a participar como receptor y como emisor. Es el derecho al diálogo, esencial para la salud psíquica y moral — ¿puede imaginarse una persona normal limitada a escuchar, sin poder expresarse?— Derecho a la comunicación de doble vía, no solo a la información unidireccional sino a la comunicación interactiva, imprescindible para el ejercicio pleno de la ciudadanía en el mundo contemporáneo.

El individuo tiene derecho a la privacidad, a decidir cuando no comunicarse o con quién no comunicarse o por medio de cuál proveedor de servicios no hacerlo. Es el derecho a la libertad y al secreto de la comunicación (artículo 24 constitucional). También es el derecho a protegerse de las demasías comunicacionales, a la defensa de sus propias intimidad, integridad y dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en sus comunicaciones, ni de ataques ilegales a su honra o reputación _(artículo 11, Convención Americana sobre Derechos Humanos). _

El derecho a comunicar viene a coronar otros derechos esenciales ya reconocidos, como la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o por cualquier otro procedimiento de su elección. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de frecuencias radioeléctricas, o de redes y servicios usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones .

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Anexo: Comentarios adicionales al Expediente Legislativo n.° 16.398

“LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES”

Además de los argumentos expuestos en nuestra Nota, hay otros que se recogen aquí, con el propósito de mantener el documento principal lo más conciso posible.

Estos otros aspectos, son los siguientes:

1.- Regula principalmente la competencia, lo cual es mucho más complejo y oneroso, principalmente por ser el nuestro, un mercado muy pequeño y por tener el servicio características de monopolio natural. Según declaraciones del Sr. Regulador, Lic. Fernando Herrero, (La Prensa Libre del 22/12/2006), solo la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARESEP, requeriría de 3.6 mil millones de colones, únicamente para prepararla para la apertura. Nos preguntamos, ¿se necesitará una cifra parecida, para preparar la función contralora que debería ejercer la Contraloría General de la República?

2.- Expertos estiman que las pérdidas económicas para un país, como consecuencia de la desintegración y desagregación de la red, ascienden al 21%, encareciendo las inversiones y por tanto los servicios al usuario final.

3.- Se define Acceso Universal, inciso a) del Artículo 2, (Servicio en un radio de varios kilómetros a la redonda de los hogares), a diferencia del Servicio Universal, (Servicio en los hogares), inciso p), lo cual es retroceder, en un país en donde el 65% de los hogares ya tienen servicio.

4.- Manifiesta el inciso d) del Artículo No. 2, como uno de los objetivos del proyecto: “Promover la competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones como mecanismo para aumentar la disponibilidad de servicios, mejorar la calidad, y asegurar precios asequibles” . Sin embargo, Costa Rica tiene la más alta densidad telefónica fija, 31.6%, uno de los mejores indicadores de completación de llamadas internacionales, 71.47%, y las más bajas tarifas básicas de Latinoamérica, mientras que aquellos países que abrieron su mercado, terminaron convirtiendo el monopolio público en uno privado, con el único resultado de que las tarifas básicas aumentaron desproporcionadamente.

5.- Se define competencia efectiva, Artículo No. 6, de la siguiente forma: “Se presenta cuando ningún proveedor de servicios de telecomunicaciones puede fijar los precios o condiciones de mercado unilateralmente“ . De modo que si los precios fueran fijados por dos o más proveedores, en evidente colusión, tal circunstancia cumpliría perfectamente con la definición de competencia efectiva, por lo que no podrían ser sancionados. Este caso recién sucedió en Francia, con varios operadores que entraron en colusión.

6.- El Artículo No. 27 garantiza: “La concesión y la autorización para la operación y explotación de una red pública, habilitará al operador a prestar los servicios de telecomunicaciones que resulten tecnológicamente posibles”, en una clara concesión de redes y no de servicios, contrario a nuestro ordenamiento constitucional y propiciando de nuevo, la concentración de los medios, dañando una vez más, los derechos a la comunicación e información de los ciudadanos.

7.- Al abrirse el mercado y dejar por la libre los precios, se crearía en compensación un Fondo Nacional de Telecomunicaciones, (Fonatel), Artículo No. 31, con el 3 por ciento de los ingresos brutos de los operadores, (aunque se deja abierta la posibilidad de subirlo al 6 por ciento), lo cual sería insuficientes para mantener el actual nivel de servicio universal, pues el país destina hoy el 9% de los ingresos brutos del ICE, a subsidiar la operación y el mantenimiento del servicio básico fijo. En los Estados Unidos, la Federal Communicatios Commission (FCC), exige a los operadores aportar un 10.9%, solo para construir obras en lugares no rentables. (Resolución No. FCC 06-94, del 21/06/2006, La Nación, 22/06/2006).

8.- Según el Artículo No. 45, “son derechos de los usuarios: inciso p) Mantener los números de teléfono sin menoscabo de la calidad, confiabilidad o conveniencia cuando cambie entre proveedores similares de servicio”. Ese artículo garantiza la portabilidad numérica, detalle que podría, al igual que otros, parecer insignificante. Sin embargo, conllevaría una inversión de varios millones de dólares, lo cual encarecería los costos del servicio, limitando una vez más, los medios que este Observatorio aspira a democratizar.

Desde hace más de diez años la familia Arias Elizondo sufre problemas de irritación en la piel, sarpullido, picazón a tal grado que han tenido que recurrir varias veces a la clínica en procura de atención médica. Por otra parte, varias vacas han muerte inexplicablemente y muchas otras han abortado lo que ha impedido el desarrollo normal de esta actividad económica.

A petición de don Alfredo y sospechando que la quebrada Descubrimiento, ubicada a solo 50 metros de su propiedad, era la causante del problema, UNOVIDA procedió a solicitar al laboratorio de la Universidad de Costa Rica, realizar el muestreo y analizar el agua de la mencionada quebrada para determinar la sustancia química causante de estos problemas.

Fueron tomadas seis muestras en diferentes partes del curso del río y en diferentes ríos. El resultado del análisis emitido por el Laboratorio de la Unidad de Servicio a la Industria de la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica determinó que existen altísimos niveles de arsénico, desde menos de 2.3 milígramos de arsénico por litro (As mg/L), 4,18 (mg/l) 2,64 (mg/l) hasta 10.93

Los parámetros permitidos de miligramos por litro (mg/l) del Banco Mundial para minería a cielo abierto son de 0,1. La Organización mundial de la salud indica que para agua potable lo permitido es 0,01; en Canadá para agua potable el valor es 0,005. En Estados Unidos la agencia para la protección ambiental indica 0,15 para ríos. En el Valle del Siria Honduras se asustaron cuando encontraron 0,51 y 0,76 en dos quebradas que salen de la mina San Martin de la empresa minera Entre Mares, subsidiaria de la canadiense Glamis Gold y en la quebrada Descubrimiento en Crucitas se detectaron niveles de hasta 10,93 es decir setenta veces lo permitido.

A corto plazo, el arsénico produce irritación de los ojos, piel y aparato respiratorio, también gastroenteritis, desórdenes cardíacos, convulsiones y disfunción renal. A largo plazo, la exposición provoca dermatitis, cáncer, problemas en la reproducción y el desarrollo humano entre otras.

Aguas arriba de la quebrada El Descubrimiento no hay casas ni fincas solo bosque; en esa quebrada desaguan, entre otras, aguas provenientes de los terrenos que posee la empresa minera. El arsénico es utilizado en la industria minera y es un subproducto del cianuro. Dada que la contaminación es constante pero con mayor impacto los fines de semana, se sospecha que puede ser producto de perforaciones, experimentos y análisis de muestras realizadas a propósito en días no laborables, para no ser detectados por las autoridades.

El presidente de la organización ambientalista Unión Norte por la Vida (UNOVIDA), Licenciado Edgardo Araya Sibaja, está solicitando que se inicie una investigación de inmediato para determinar el impacto de la contaminación (que podría estar afectando otras partes de la cuenca del río San Juan) y los culpables de esta contaminación con el fin de que se sienten las responsabilidades pertinentes.

Más información: Edgardo Araya Sibaja 461 0096 – 858 9525 Marco Tulio Araya Barboza 461 9090 – 389 4322

Fuente: FECON

Jueves 15 de Marzo del 2007

Respetado señor Presidente:

Mis diferencias con usted y su gobierno, han sido siempre en el campo de la ética pública y en el terreno de la política y la ideología. No irrespetaré jamás su fuero personal ni recurriré a argumentos que rebasen los juicios que cualquier ciudadano pueda tener sobre la acción de los gobernantes y los hombres de estado. Y no digo más sobre esto, porque en Costa Rica muy frecuentemente, las diferencias políticas se convierten en inquinas y hasta en odios personales.

Pienso que los seres humanos nos hacemos más fuertes cuando asumimos los combates cívicos en el plano de las ideas, aunque convengo en que resulta extremadamente difícil que las cosas se mantengan allí.

No puedo olvidar ahora, que en 1990, pocas semanas antes de dejar su primer mandato, lo visité en la Casa Presidencial para pedirle que apoyara la noble decisión de Nelson Brenes, entonces director del SINART, de concederme un espacio semanal para “Diagnóstico”.

Le dije personalmente que no asumía con usted ningún compromiso en el campo de la economía o la política, salvo el de defender, por razones de principios, sus iniciativas de Paz en Centroamérica. He cumplido con creces ese compromiso.

Entonces me advirtió usted que Calderón Fournier me quitaría el espacio. Le respondí que ese sería, llegado el momento, un asunto entre el Lic. Calderón y yo. Y así se inició_ “Diagnóstico”_.

No sé cuántos programas he dedicado a las ciencias, las artes, la cultura, la historia y decenas de actividades humanas. He considerado necesario defender desde allí el derecho de los pueblos a la justicia y la libertad que los imperios y las camarillas locales les niegan empecinadamente. He realizado un esfuerzo sostenido para que la abundante desinformación y muchas veces la mentira sistemática, no trastornen fácilmente el juicio político y la conciencia social de las multitudes distraídas. Esa labor a muchos les resulta incómoda y hasta irritante. Pero también hemos ganado el respeto de mucha gente.

“Diagnóstico” es una gota en el desierto. Pero es una gota incómoda, porque ayuda a descubrir la verdad.

Aun así, no he presumido nunca de ser poseedor de la verdad, pero creo rondarla más de cerca que los orientados únicamente por la codicia y los intereses mezquinos.

Puedo parecerle presuntuoso, pero nos aproximamos más los hombres a la verdad, si levantamos las viejas pero límpidas banderas de la Revolución Francesa y de otros procesos revolucionarios de la historia. Si desde las aulas, los púlpitos o las calles, proclamamos que hay infinitamente más verdad en la lucha y el reclamo airado de los pueblos y en los gritos de la humanidad postergada, que en la sórdida y en apariencia invencible globalización de los banqueros y las transnacionales. Son esas verdades las que se levantan hoy contra el capitalismo salvaje y esa globalización que, arropada en el TLC, usted pretende imponernos a rajatabla.

Los pueblos, presidente Arias, tienen más razones que los ensillados en los caballos de un nuevo Apocalipsis.

“Diagnóstico” no me pertenece a mí. Es propiedad inalienable de los centenares de hombres y mujeres que han encontrado allí un lugar para escuchar o expresar opiniones y pensamientos enaltecidos. Los misérrimos argumentos enunciados para justificar su cierre, se vuelven contra sus autores y no voy perder m tiempo o el suyo, contra argumentando.

Pongamos las cosas en su lugar. Cerrar “Diagnóstico”, es una decisión política.

Es su decisión y está violentamente enfrentada a esos principios de libertad de expresión, de paz y tolerancia con que usted se lena la boca todos los días desde cualquier tribuna.

Yo le exijo que me devuelva “Diagnóstico”, que se lo devuelva a quienes lo han hecho suyo a lo largo y ancho de Costa Rica. De lo contrario sumará un hecho más a otros que pueden llevarlo a usted, señor Presidente y Premio Nobel de la Paz, a perder inexorablemente la autoridad moral para hablar de democracia, de paz y de respeto entre los seres humanos.

Con invariable respeto lo saluda

*caminopropio@racsa.co.cr

Las agrupaciones gremiales representativas de los trabajadores y de las trabajadoras de Correos de Costa Rica S. A., dejan patente ante la opinión pública nacional, las razones por las cuales se oponen al proyecto de ley para vender el edificio central de la institución, a la Municipalidad de San José; iniciativa de ley que tutela el diputado José Manuel Echandi Meza, a quien se critica su decisión inconsulta al respecto. Entre otras, destacan las siguientes razones:

1- Quitarle a Correos de Costa Rica su emblemático edificio histórico, es
darle un mortal golpe a la institución, ya de por sí amenazada por una
fuerte competencia de trasnacionales privadas en el servicio postal.

2- Se critica fuertemente al Ing. Johnny Araya Monge, Alcalde Municipal de San José, por sus “delirios de grandeza”, al pretender que el municipio capitalino se apropie de un inmueble asociado a una tradición civilista de servicio público social como lo es postal.

3- La Municipalidad de San José tiene suficiente capital para construirse su propio edificio y no venir a usurpar la institucionalidad de otra entidad. Además, el Sr. alcalde capitalino le gusta presumir de sus conexiones internacionales con varias alcadías del mundo, mismas que perfectamente le ayudarían a construirse su propio_ “palacio”_.

4- Se ha consultado a muchos usuarios acerca de que a Correos de Costa Rica le quiten su símbolo de identidad, aprovechando su solicitud de servicios cuando visitan el edificio central, notándose una gran oposición a semejante idea.

5- Próximamente, el personal de Correos de manifestará públicamente en repudio a la iniciativa que pretende despojarlos de su edificio que ven como símbolo de identidad y de pertenencia a una tradición postal muy costarricense, arriagada en la conciencia ciudadana.

6- Finalmente, repudiamos profundamente la iniciativa del Diputado Echandi, quien ni siquiera se tomó la gentileza de consultar a los trabajadores y a las trabajadoras de Correos de Costa Rica. A muchos de
ellos, él les pido el voto para ser diputado y hoy se sienten traicionados. El diputado Echandi está dejando muy mal parada su imagen ante la opinión pública, pues ya se le tiene como furgón de cola de la línea gobiernista.

Muchas gracias, don Gerardo, por atender esta solicitud.

Servidor atento,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

Se trata de un evidente nombramiento político, ya que entre los miles de notarios inscritos en el país se escogió al señor Pal, cónyuge de la jefa de fracción del PLN diputada Mayi Antillón, quien además es apoderado en materia de propiedad intelectual, específicamente de inscripción y defensa de patentes de invención de medicamentos, de varias compañías transnacionales de Estados Unidos, entre ellas la Pfizer Inc., que es una de las empresas que más tramitaciones de este tipo hace en el país.

Entre las atribuciones de la Junta Administrativa del Registro Nacional, donde participa el señor Pal Hegedus, está la de seleccionar y proponer a tres de los cinco miembros que integran el Tribunal Registral Administrativo, creado en la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

Dentro de las competencias de este Tribunal Registral Administrativo según la ley mencionada, se encuentra la de resolver los recursos de apelación interpuestos contra los actos y las resoluciones definitivas dictadas por todos los registros que conforman el Registro Nacional, lo cual incluye al Registro de Propiedad Industrial, lugar donde se inscriben las patentes de invención de medicamentos.

De manera que el cónyuge de la Diputada Antillón no sólo representa los intereses de empresas farmacéuticas que se beneficiarían con la eventual aprobación del TLC, sino que además forma parte de la Junta Administrativa del Registro, que para efectos de decisiones que les afecten, tiene injerencia directa en la integración del órgano que debe resolver las apelaciones que se formulen en materia de patentes. Asimismo, una vez que el Poder Ejecutivo nombre a los tres miembros del Tribunal Registral Adminitrativo, que le compete sugerir a la Junta Administrativa del Registro, será la Asamblea Legislativa la que los ratificará, donde es parte la diputada Antillón Guerrero.

Además, desde el punto de vista de la injerencia en aspectos administrativos, se informó recientemente de una serie de medidas que según la Ministra de Justicia, tienen el propósito de poner el Registro Nacional “a tono con los tratados internacionales”; incluyendo la inversión de $3 millones para la renovación del equipo tecnológico, la creación de nuevas plazas y la capacitación del personal vinculado a la inscripción de archivos.

En la información se consigna que se trata de superar el rezago en la realización de estudios de fondo, por lo que según la Ministra se han acumulado entre 1996 y 2006 un total de 329, de los cuales 138 análisis (41%) corresponden al área farmacéutica. Parece evidente el interés del señor Pal, meramente administrativo, de que se avance en este proceso de adecuación a las normativas de propiedad intelectual.

A lo anterior se suma lo que podríamos llamar la influencia en la orientación de las reformas, ya que por ejemplo en la presente semana se efectúa en el Hotel Radisson Europa el Seminario sobre Derechos de Propiedad Intelectual, convocado por el Registro Nacional y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, donde comparten tribuna el señor Wayne Roberts, por Pfizer Nueva York y don Luis Pal, en su condición de abogado. El primero de ellos diserta sobre “Falsificación de marcas en productos farmacéuticos”, mientras el segundo sobre “Régimen de acciones administrativas y judiciales en materia de patentes en Costa Rica”.

No hay duda de que en este caso el señor Pal actúa como juez y parte, que beneficia a las transnacionales farmacéuticas que representa, mientras se hace más evidente el conflicto de intereses de la diputada jefa de fracción del PLN, con el TLC.

San José, 14 de marzo del 2007.

S.G. 05-07-1215-07

MSc.
Juan Diego Víquez Lizano
Presidente Ejecutivo
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Su Despacho

Estimado señor:

De la manera más respetuosa, le expresamos el atento saludo de la ANEP.

De acuerdo a la información que ha difundido el Comité Defensa IMAS y una vez verificados los hechos, nos permitimos comunicar lo siguiente, invocando para ello el interés público que nos asiste de conocer de las actuaciones de los jerarcas de la Administración Pública, para lo cual tenemos la suficiente base jurídica que nos habilita para tal propósito. Así las cosas tenemos:

Que efectivamente el señor Asdrúbal Mora Segura, es su cuñado y fungió como su chofer en la Presidencia Ejecutiva de la institución,

Que de acuerdo al Reglamento Autónomo de Servicios, en su Capítulo III, Artículo 12, indica que “Los superiores jerárquicos de las unidades administrativas a que pertenece el puesto, previo cumplimiento de procedimiento correspondiente, serán los responsables de la selección final de los candidatos sometidos a su conocimiento por parte de Recursos Humanos….”, acto que usted realizó, según consta en el expediente.

Que en el Reglamento de Reclutamiento y selección en su Capítulo III, Articulo 18, punto C- se indica que para “ingresar al IMAS, la persona no debe estar ligado por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive con los funcionarios o directores del IMAS, según lo que dispone el Reglamento de la Ley de Creación del IMAS”, normativa que usted debe conocer como Presidente Ejecutivo, pero aún así recomendó dicho nombramiento.

Que de acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 33146-MP, emitido por la Presidencia de la República, el 24 de mayo del año 2006, se indica claramente en su artículo 2 punto B y para jerarcas de su alto nivel político, “Abstenerse de promulgar, autorizar, suscribir o participar con su voto favorable, en decretos, acuerdos, actos y contratos administrativos que otorguen, en forma directa, beneficios para sí mismo, para su cónyuge, compañero, compañera o conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad o para las empresas en las que el funcionario público, su cónyuge, compañero, compañera o conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad posean participación accionaria, ya sea directamente o por intermedio de otras personas jurídicas en cuyo capital social participen o sean apoderados o miembros de algún órgano social”. De acuerdo al artículo citado, al recomendar usted el nombramiento del señor Mora, con conocimiento pleno de que era su cuñado, incumplió con lo estipulado en dicho decreto.

Si bien es cierto en ser Mora ya renunció de la institución, de acuerdo a la revisión de expediente, queda demostrado que él no anotó el grado de relación que tenía con su persona, lo que permite presumir que hubo inducción a error hacia la administración.

Por otro lado, es importante señalar que al ser su persona líder en los temas de ética y valores del Sector Público, y que los hechos divulgados por el Comité de Defensa del IMAS son ciertos; por tanto, es opinión de ANEP que usted está obligado a renunciar de su puesto por incumplimiento a dichos principios.

Sin otro particular, expresándole nuestro respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

C.c. Dr. Oscar Arias Sánchez, Presidente de la República.
C.c. Lic. Rodrigo Arias Sánchez, Ministro de la Presidencia.
C.c. Junta Directiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS.
C.c. Junta Directiva Nacional de ANEP.
C.c. Licda. Yamileth Céspedes Garro, Directiva Nacional, ANEP.
C.c. Medios de Comunicación Colectiva.
C.c. Archivo.

Imponen trámite raudo y veloz a Ley General de Telecomunicaciones

1.- Comisión Especial encargada de dictaminar el Proyecto de Ley Nº 16.398 “Ley General de Telecomunicaciones”, sesionará extraordinariamente los días viernes y sábados a partir de las 9:00am, iniciando este fin de semana.

2.- Diputada Leda María Zamora Chaves hace un llamado a la ciudadanía y organizaciones sociales en general a hacerse presente en las barras del público durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de esta Comisión Especial.

3.- La mayoría mecánica que integra la Comisión Especial sobre Telecomunicaciones pretende dictaminar el proyecto a finales del presente mes.

En vista de que de las tres Comisiones Especiales instauradas por la fracción legislativa de 38 para la implementación del TLC con Estados Unidos, la encargada de dictaminar sobre el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones es la que menos avance presenta, la mayoría mecánica en el seno de la Comisión decidió esta mañana (Miércoles 14 de Marzo de 2007), acelerar el tramite requerido para dictaminar el proyecto, convocando a sesionar extraordinariamente los días viernes y sábados de 9:00am en adelante, a partir del próximo fin de semana (es decir, este Viernes 16 de Marzo).

Molestos porque las/os diputadas/os del PAC integrantes de esta Comisión Especial decidieron NO continuar “sosteniéndole el quórum” a la fracción de gobierno y a sus aliados, cuando siendo ellos los que están a favor de la apertura del monopolio de telecomunicaciones insisten en ausentarse durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de esta Comisión Especial, la mayoría mecánica apuesta a sesionar los fines de semana de manera que al 30 de Marzo del presente año, plazo que tiene la comisión para dictaminar, el asunto se tenga por discutido y se proceda a votar el proyecto en la Comisión, que al contar con el respaldo del PLN, el ML y el PUSC, no sólo tiene sobrados los votos para establecer el quórum requerido para sesionar, sino también para pasar el proyecto a Plenario con un dictamen afirmativo de mayoría.

Así las cosas, la diputada Leda María Zamora Chaves, junto a toda la Fracción Legislativa del Partido Acción Ciudadana, hace un llamado de alerta a la ciudadanía y sociedad civil organizada, instándoles respetuosamente a hacerse presente en las barras del público durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de esta Comisión, que tras la disposición impuesta, estará sesionando de Lunes a Sábado a partir de las 9:00am, en la sala de sesiones de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, con el único propósito de terminar con el modelo solidario del ICE en un tema tan sensible y estratégico para el desarrollo nacional, como lo son las telecomunicaciones.

Se agradece a todas y todos los interesados, distribuir esta información entre todos sus contactos. Para más información o algún comentario, llamar al 243-2782 ó 243-2784.

Saludos cordiales,

Jennifer Francis Barrera
Asistente

Dip. Leda María Zamora Chaves