Categoría: Noticias

El pasado miércoles 4 de enero, ANEP presentó denuncia en el despacho del Lic. Francisco Dall’Anesse Ruiz, Fiscal General de la República, para que se realice una exhaustiva investigación y se determine la eventual comisión de un determinado delito; a raíz de la carta que 40 diputados y diputadas dirigieron a la Licda. Martha Acosta Zúñiga, Subcontralora General de la República, en diciembre anterior, urgiendo dictar el acto de concesión de los contratos de privatización del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP).

Tal circunstancia se hizo pública, luego que la oficina del diputado Carlos Ricardo Benavides, del Partido Liberación Nacional (PLN), emitiera un comunicado de prensa titulado “Diputados urgen a la Contraloría aprobar contratos de concesión”.

ANEP opina que con tal acto de presión a la entidad contralora, los legisladores y las legisladoras firmantes, podrían haber violado el Artículo 52, de la recientemente emitida “Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública”, No. 8422, del 6 de octubre de 2004; ley que, paradójicamente, fue aprobada por la actual Asamblea Legislativa con los votos de los diputados y de las diputadas que firmaron la carta presionando a la entidad contralora, por el negocio privatizador del INCOP. Ese artículo plantea lo siguiente:

Artículo 52.- Tráfico de influencias. “Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años, quién directamente o por interpósita persona, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde o omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propio de sus funciones de modo que genere directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos para sí o para otro. Con igual pena se sancionará a quién utilice u ofrezca la influencia descrita en el párrafo anterior.”

Por otra parte, nuevamente y con toda vehemencia, la ANEP llama la atención de la opinión pública nacional que el costo para el país de privatizar el INCOP, a través de los contratos de concesión por el cual abogaron esos 40 legisladores; creció, del 2004 al 2005, en mil ciento sesenta y cuatro millones, trescientos veintiocho mil trescientos colones (1.164.328.300.oo), por la devaluación del colón ocurrida en el último año.

Lo anterior quiere decir que, si ya en el 2004, el costo por indemnización por desarraigo y prestaciones para los trabajadores del INCOP, a fin de que aceptaron la privatización del mismo, ascendía a catorce mil setecientos ochenta y dos millones, cuarenta y dos mil novecientos dos colones, con veinte céntimos (14.782.042.902.20); a esta cifra habrá que agregarle la anterior; con lo cual, los y las costarricenses tendremos que pagar, prácticamente, ¡16 mil millones de colones!, en este momento, si tal concesión privatizadora fuera otorgada por la Contraloría.

Por tanto, nuevamente, la ANEP expresa su más rotunda oposición al vergonzoso y leonino negocio de privatización del Muelle de Caldera, por cuanto se nos obligará a pagar una suma astronómica, irracional que habría que darle a unos 1.200 trabajadores portuarios de la planilla del INCOP.

Alternativamente, ANEP propone modernización total de dicho muelle, sin gastar del erario público esa gigantesca cantidad, empleando una cifra superior a los 5 mil millones de colones que INCOP tiene en reservas, pero que no puede usar por directrices fiscales de irracional lógica.

Llamamos, respetuosamente, a las máximas autoridades de la Contraloría General de la República y su excelente y honesto personal técnico-profesional, para que rechacen, tajantemente, las presiones legislativas de la carta en mención; para que procedan al análisis cuidadoso de esta situación delicada, dado que siguen prevaleciendo la serie de anomalías en los contratos de concesión que generaron ya, en dos ocasiones, sendos rechazos de los intentos por obtener el ansiado por quienes anhelan enriquecerse más, dejándose para sí el negocio portuario hasta ahora en manos nacionales.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Douglas Carrillo Azofeifa
Directivo Nacional ANEP-INCOP

San José, 6 de enero de 2006.
S.G. 05-07-0324-06

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se dirige con el mayor respeto a la honorable ciudadanía nicoyana, para denunciar con toda vehemencia, lo que consideramos un uso arbitrario de la autoridad concedida al actual Alcalde de la Municipalidad de Nicoya, Bernardo Vargas Quirós; quien, contra toda norma legal, ha dispuesto el despido de dos dirigentes sindicales de la ANEP en esta institución, los cuales han venido denunciando, sistemáticamente, la cadena de presuntas irregularidades, anomalías y situaciones nefastas que el citado jerarca habría estado cometiendo en el ejercicio de ese importante cargo.

Nuestros representantes laborales, los señores CARLOS JIMENEZ JIMENEZ y JOSÉ AIDER ARIAS ZÚÑIGA, fueron despedidos a partir del 1 de enero, por el Alcalde Vargas Quirós, por denunciar ante la ANEP, entre otras, situaciones como:

-El paulatino desmantelamiento del plantel municipal, dejando deliberadamente deteriorarse la maquinaria institucional, para facilitar la contratación de equipo privado, teniendo la institución dinero suficiente como para encargarse ella misma de tal labor.

-Disposición para asfaltar calles en las cuales el citado alcalde, presuntamente, es vecino y calles en las cuales vivirían varios de sus allegados políticos y/o familiares, lo cual ha generado que la propia Contraloría General de la República pida cuentas por ello.

-Presunto uso sin autorización del Concejo Municipal de un monto de 125 millones de colones para contrataciones privadas.

-Presencia de los dos compañeros despedidos en la sede de Canal 7, en San José, medio de comunicación al cual se le entregó toda la documentación del caso para efectos de elaboración de un reportaje investigativo en fecha próxima.

-Cuestionamiento a que ciudadanos del Cantón de San Ramón, ejerzan puestos claves en la Municipalidad de Nicoya; como por ejemplo, el caso del Lic. Rafael Guillén Elizondo, su hermano Miguel, su hijo y su nuera.

Apelamos a la solidaridad, al decoro cívico, a la decencia y a la ética políticas del pueblo nicoyano, para que respalde a los trabajadores despedidos, don Carlos Jiménez Jiménez y don José Aider Arias Zúñiga, Dirigentes de ANEP en la Municipalidad de Nicoya, reprimidos con el despido por enfrentarse a las arbitrariedades presuntas que en el ejercicio del cargo habría venido desplegando el Alcalde Bernardo Vargas Quirós.

Exijámosle a esta autoridad, la restitución de ambos en sus puestos, respetándose así al sistema democrático costarricense y el sagrado derecho de la ciudadanía de vigilar las actuaciones públicas y privadas, de quienes ocupan puestos de elección popular, como el citado alcalde.

Pueblo nicoyano: Recuérdele al citado alcalde que es el dinero de los contribuyentes el que paga su salario y que, por tanto, no puede pretender manejar la alcaldía cual si fuese una hacienda o un feudo particular.

Recordemos que este alcalde tiene ya dos suspensiones en el cargo por disposiciones de la Contraloría General de la República, lo cual es indicativo del carácter de su estilo de toma decisiones en ese importante puesto.

El despido de los dos dirigentes de ANEP mencionados, es una acción de represión porque se han atrevido a criticar y a denunciar las actuaciones del actual jerarca municipal; actitud valiente de denuncia que también ha venido ejerciendo el Sr. Regidor Municipal, don Ovidio Jiménez, a quien le consta todas estas situaciones anómalas; al igual que al Sr. Secretario del Concejo, don Marcos Jiménez, otro honorable ciudadano que ha venido enfrentando los desmanes del Alcalde Vargas Quirós.

MÁNTENGASE ALERTA, CIUDADANÍA NICOYANA
Y EXPRESE SU SOLIDARIDAD Y REPUDIO
CONTRA LA ARBITRARIEDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD MUNICIPAL

San José, 5 de enero de 2006.

De manera enérgica protestamos por la absoluta inoperancia, el más grande irrespeto y la enorme agresión económica en que incurren las máximas autoridades políticas del país, ante lo que significa el incesante vaivén nacional en el precio de los combustibles, mayoritariamente inclinado a la alza, ya que las bajas son situaciones totalmente excepcionales.

Tanto el actual Poder Ejecutivo como la propia Asamblea Legislativa son los absolutos y únicos responsables de que una mala política fiscal, escudada en el sistema de precios vigente de los combustibles en el país, repercuta en los bolsillos de la golpeada clase media y baja del país, usuaria obligada de la energía para la movilización directa o indirecta, en los diferentes tipos de vehículos automotores.

La abusiva situación en el manejo interno de los precios de los combustibles, se conjuga, perversamente, con el deplorable estado de las carreteras nacionales pese a contarse con los recursos necesarios para que así no fuese; aumentando así el drama económico y social que a diario sufren los miles y miles de conductores y propietarios de vehículos; un aspecto grave en el actual Gobierno pero que continúa la tendencia de los anteriores al respecto.

Las oscilaciones internacionales del precio del petróleo, son excusa manipuladora para resolver al interior del país un problema fiscal pendiente y, en tal sentido, una decisión política de enorme impacto positivo en la población, como sería la disminución del impuesto único de los combustibles, no tiene aval político de los dos poderes de la República mencionados.

En esta ocasión, ante el anuncio de nuevas alzas en el precio de los combustibles, especialmente en los tipos de gasolina super y regular, conviene resaltar la existencia de un proyecto de ley en tal sentido, que tiene el número de expediente legislativo 15.857; proyecto que de aprobarse vendría a representar un serio alivio en el gasto diario de combustible.

La aprobación de dicha iniciativa representaría, sin duda alguna, una sensible disminución en el costo de la vida que tanto agobia a las grandes mayorías de la población del país.

Valga la ocasión para exigir dos puntos:

a) Al Poder Ejecutivo: el envío inmediato de tal proyecto con ocasión del reinicio de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, el próximo 6 de febrero; y,

b) a los diputados y a las diputadas disponer lo pertinente para su inmediata aprobación. Tan sólo con esta oportuna acción, podrían reivindicar su más que deteriorada imagen ante un pueblo hastiado de tanto engaño y de tanta alza.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

San José, 3 de enero de 2006.
S.G. 05-07-0315-06

Los trabajadores y las trabajadoras de la Imprenta Nacional podrían declararse en huelga indefinida en horas de la tarde del próximo miércoles 4 de enero, si ese día no reciben la aprobación definitiva del incentivo del 15 %, comprometido por el actual Gobierno de la República, luego de un movimiento de presión realizado en noviembre anterior, el cual terminó con la firma de un acuerdo el pasado día 21 de tal mes.

Dicho reconocimiento económico está comprendido dentro del proceso de suscripción de una Convención Colectiva de Trabajo; lo cual debe ser aprobado en el seno de la Comisión Negociadora de Convenciones Colectivas para el Sector Público, adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); comisión que debió tomar un acuerdo en tal sentido, desde el miércoles 14 de diciembre recién concluido.

Una huelga en la Imprenta Nacional en estos momentos, cortaría el eficiente proceso de impresión de las papeletas electorales, por cuanto su acabado final no se podría realizar, resultando imposible trasladar a otro ente (público ó privado), tal labor, por evidentes razones de seguridad del proceso total de elaboración del material electoral que solamente la Imprenta Nacional puede garantizar, desde una perspectiva estratégica, para la transparencia y confiabilidad absoluta de las elecciones costarricenses. La mencionada comisión se debe reunir ese mismo miércoles 4, a las 2 de la tarde y toda la población laboral de la Imprenta Nacional se trasladará hasta la sede del MTSS, en Barrio Tournón, para esperar la decisión final que habrá de determinar si habrá huelga o no, a partir de esa misma tarde de miércoles.

La ANEP reconoce que tanto el jerarca ministerial de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía, Lic. Rogelio Ramos Martínez; como su homólogo de Trabajo y Seguridad Social, Lic. Fernando Trejos Ballestero, han mostrado un genuino interés de que tal situación se resuelva conforme lo espera el conglomerado laboral de la Imprenta Nacional, pues así lo han comprometido a nombre del actual Gobierno de la República.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Guillermo Murillo Castillo
Directivo Nacional
ANEP-Imprenta Nacional

Rudy Villalobos Campos
Presidente de la Junta Directiva
Seccional ANEP-Imprenta Nacional

San José, 2 de enero de 2006.
S.G. 05-07-0313-066

El MOVIMIENTO CÍVICO NACIONAL llamará al pueblo costarricense a una gran acción de calle, en el mes de enero próximo, básicamente con dos motivaciones centrales:

El deplorable estado de las principales carreteras nacionales y la negativa del Gobierno a girar los millonarios fondos que se pagan, por concepto de impuestos, con tal fin. La actitud irresponsable, casi de favorecimiento directo, de las máximas autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del Consejo de Transporte Público (CPT), para con el ilegal y abusivo monopolio de la revisión técnica vehicular.

Las indicadas autoridades no han realizado ninguna acción decidida, para controlar las graves irregularidades de gestación y operación del monopolio de la revisión técnica vehicular, luego del amplio y documentado estudio realizado por la Defensoría de los Habitantes de la República.

Entre tales irregularidades está la situación de que la entidad defensora de los derechos de la ciudadanía, determinó que RITEVE está cobrando una tarifa hasta tres veces superior de lo que originalmente estableció el contrato respectivo; sin hablar del cobro por reinspección. Ante esto, ni el máximo jerarca político del MOPT, el Lic. Randall Quirós Bustamante, ni los directivos del CPT, han intervenido en lo más mínimo.

Esta situación, que para muchos podría ser catalogada de actitud complaciente y favorecedora de la firma RITEVE, dando mucho en qué pensar, obligará a plantear una acusación penal contra el mencionado jerarca ministerial por la presunta comisión del delito de prevaricato, entre otras infracciones a la ley potencialmente demandables.

Por todo ello, gran indignación y rechazo se ha generado en las diferentes organizaciones integrantes del MOVIMIENTO CÍVICO NACIONAL; especialmente cuando el mencionado funcionario no aceptó, siquiera, decretar un período de gracia por lo que resta del presente mes de diciembre y todo enero del 2006, en cuanto a permitir el pago del marchamo sin la presentación del certificado de revisión técnica vehicular. El año pasado sí lo hizo, estimándose que se podría repetir en el presente ese período de gracia, puesto que la firma RITEVE continúa en la picota, máxime con los contenidos del informe de la Defensoría de los Habitantes de la República.

Por el contrario, los conductores y propietarios de vehículos automotores de todo tipo siguen en la absoluta indefensión: No solamente se les obliga a pagar una tarifa abusiva por la revisión técnica vehicular, sino que el mal estado de las carreteras agrava el deterioro de sus vehículos, incrementando la inversión en repuestos y reparaciones, cuando se debería transitar por vías en buen estado, dado que el pago de impuestos en tal sentido es riguroso.

Vistas así las cosas, el MOVIMIENTO CÍVICO NACIONAL realizará una reunión de urgencia, el martes 3 de enero, a las 12 mediodía, en la sede de la ANEP, para plantearle a la ciudadanía una fecha, en ese mismo mes de enero, para la realización de una protesta generalizada, una gran acción de calle, a lo largo y ancho del país, a fin de exigir la atención política más calificada y las soluciones definitivas a los problemas apuntados.

Agradecemos enormemente a la prensa nacional la difusión de este comunicación y la colaboración para hacer extensiva la invitación a la comunidad nacional, a la reunión del martes 3 de enero.

P/ MOVIMIENTO CÍVICO NACIONAL

Marjorie Lizano Páez
Presidenta Cámara Costarricense
de Transportistas Unitarios (CCTU)

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de
Empleados Públicos y Privados (ANEP)

San José, 21 de diciembre de 2005.

Parece que esa ha sido la tónica en esta administración: las instituciones no cumplen el objetivo que la ley les ha encomendado. ¡Empezando por el INAMU!, mecanismo nacional para la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, convertido en fuente de abusos a esos mismos derechos.

Compañeras y compañeros: al igual que ha ocurrido en procedimientos disciplinarios realizados durante este año en el INAMU, en este caso, también el órgano decisor, encargado de dictar el acto final del procedimiento, se apartó sin justificación de la recomendación del órgano director que evacuó y tuvo contacto directo con la prueba.

El Oficio SJ-PS-2414-05/INF-JEF, suscrito por las dos personas designadas por el Ministerio del Trabajo para investigar las acusaciones contra la Ministra de la Condición de la Mujer por persecución sindical, concluyó que “… de las actuaciones de la Señora Georgina Vargas Pagán, en su condición de Presidenta Ejecutiva del INAMU, en lo referente a:

1) La reunión con la señora Ibelís Velasco Fuentes, quien funge como Presidenta de la Seccional ANEP-INAMU, a fin de solicitarle se retractara de lo dicho ante los medios de comunicación en torno al despido de la señora Ana Hidalgo de lo contrario elevaría el asunto a conocimiento del Ministerio Público;

2) Reunión en la que se convoca a la señora Victoria Montero Zeledón al despacho de la señora Vargas Pagán, (un día después de celebrarse el desfile en conmemoración del Día Internacional del Trabajador) y en la que se cuestiona el uso de un lazo morado y su participación en manifestaciones “en contra” de la Presidencia Ejecutiva de esa Institución; se desprende una clara transgresión a lo preceptuado por los artículos 70 inciso i) y 363 del Código de Trabajo; 60 de la Constitución Política; artículos 1 y 2 del Convenio N° 98 de la O.I.T., “Sobre la aplicación de los Principios del Derecho de Sindicalización y de Negociación Colectiva”, ratificado por Ley N° 2561 del 11 de mayo de 1960, publicado en La Gaceta N° 115 del 26 de mayo de 1960; artículo 3 del Convenio 87 “Sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948”, al instituirse en actuaciones improcedentes y que ponen en riesgo evidente la autonomía y el libre ejercicio de las funciones que le son atribuidas constitucionalmente y que deben prevalecer en las actuaciones de aquella agrupación sindical. Por lo que recomendamos que este asunto sea elevado a la instancia jurisdiccional pertinente”.

Pero no solo se apartó el órgano decisor, sin justificación, de la recomendación del órgano director, sino que nos dejó en absoluto estado de indefensión, puesto que la prueba que ofrecimos en la comparecencia oral y privada y que fue admitida por los inspectores que se constituyeron como órgano director, no fue valorada. La Inspección de Trabajo incumplió con su deber de escuchar y valorar dos grabaciones ofrecidas y admitidas como prueba pertinente en la comparecencia. En oficio SJ-PS-2414-05 del 7 de octubre pasado, los inspectores indicaron que “…Con respecto al punto primero, tanto el cassette como el disco compacto, incorporados oportunamente al expediente, no fueron valorados ante la imposibilidad material para examinarlos…” .

Así, cualquiera declara sin lugar una denuncia. Así, cualquiera afirma que respeta los derechos y principios de justicia y legalidad! Así, cualquiera puede presumir de la forma como resplandece su verdad.

Para su información, ya hemos ejercido las acciones legales correspondientes, a fin de que las violaciones de doña Georgina contra la libertad sindical no queden impunes. Les mantendremos informadas e informados de todo lo que acontezca.

Somos muchas las personas que en este país trabajamos con decencia, como lo prueba la recomendación emitida por el órgano director. Por esto conseguiremos demostrar la verdad de los hechos y que, finalmente, LA VERDAD Y LA JUSTICIA RESPLANDEZCAN.

ANEP

14 de diciembre de 2005

Un vehemente llamado público está formulando la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), para que los distintos sectores laborales y sociales que la componen, se unan, de manera activa, a la jornada nacional de lucha contra el TLC, prevista para este jueves 17 de noviembre.

En el área metropolitana de San José, la ANEP convoca a paralizar labores durante el tiempo necesario que se ocupe para desplazarse hasta el Parque Central y para participar del acto de protesta previsto en tal lugar. En las zonas regionales, la ANEP exhorta a fortalecer las distintas manifestaciones locales promovidas por los diversos sectores unidos en esta circunstancia patriótica.

La ANEP respalda así, de manera contundente, los llamados que de manera coordinada y unitaria, están haciendo las diferentes redes sociales como el Movimiento Cívico Nacional, la Comisión Nacional de Enlace, el Magisterio en Acción y la Coordinadora de Unidad Sindical y Magisterial (CUSIMA).

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

San José, 14 de noviembre de 2005.

El 9.81 % se aplicará, retroactivo al 1 de noviembre, a todas las clases de puestos del manual del Servicio Civil, tanto para las instituciones que están dentro del mismo como para aquellas homologadas a él. El 9.81 % va desde el Trabajador Misceláneo 1, hasta el Técnico y Profesional 3. ¿Y los profesionales qué…? Pues también salen beneficiados con la noble lucha laboral de A y A. Veamos.

El salario base actual del Técnico y Profesional 3, es de 184.050. Al aplicarle el 9.81 % (en este caso, un aumento de 18.015 colones), esa base pasará a ser de 202.065, sobrepasando la del Profesional 1, que está en 195.850.oo. Así las cosas, no le quedará más remedio al Servicio Civil que emitir una resolución de ajuste para el sector profesional. Es decir, la Huelga General de A y A, todavía en desarrollo, también benefició a este importante sector laboral de la Administración Pública.

La gente de A y A sigue en huelga

Necesitan de nuestra solidaridad. No podemos dejarlos solos.

Vehemente y respetuosamente, invitamos a todas las representaciones gremiales y sindicales de las instituciones beneficiadas con la lucha de A y A, a reunión urgente de solidaridad:

HOY LUNES 7 DE NOVIEMBRE, A LAS 4 DE LA TARDE, EN LA SEDE DE LA ANEP, EN CALLE 20 (FRENTE A COOPESERVIDORES)

San José, 7 de noviembre de 2005.