Estos trabajadores, muchos de ellos con más de treinta años de trabajo en las comunidades de Tibás, se dedican a la limpieza y aseo de calles, reparación de parques y otros oficios fundamentales para la salud y el bienestar de los habitantes de este popular cantón josefino.
Los trabajadores intentaron por muchos meses negociar con el Concejo Municipal y el Alcalde la solución a su problemática, sin embargo el Alcalde Percy Rodríguez siempre se retiró de las sesiones del Concejo.
En el mes de julio y por tres semanas, los 67 trabajadores de campo decidieron entrar en huelga, como protesta contra al no pago del aumento de salarios y del salario escolar, situación que vino a colmar la paciencia de estos humildes trabajadores y trabajadoras costarricenses. Esta huelga, fue levantada en medio de irregularidades judiciales, de la incapacidad de negociar por parte del alcalde municipal, pero con la promesa del Consejo Municipal de pagar los salarios caídos, y especialmente por el apoyo incondicional y expreso de los vecinos de Tibás.
Después varias semanas de haber vuelto al trabajo, los 67 trabajadores fueron despedidos ayer sin responsabilidad patronal por una medida del alcalde Rodríguez. Estos trabajadores, los más humildes entre aquellos que trabajan el sector municipal, han sido llevados a tomar una decisión extrema: 12 compañeros han iniciado una huelga de hambre, como protesta ante la represión edil y como forma de reafirmar su dignidad y fortaleza como seres humanos, en medio del dolor y la incertidumbre.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha acompañados a estos compañeros y compañera en este proceso de lucha. Hoy denunciamos ante la comunidad nacional e internacional estos hechos, que en contexto, tienen gran significado para el Estado de Derecho en Costa Rica.
Al inicio de la huelga de hambre un trabajador se encadenó a la verja del edificio municipal.
Las ilegalidades y arbitrariedades en que ha caído el alcalde Percy Rodríguez, en su gestión municipal, unido a las decisiones judiciales que se dieron por parte del Tribunal de Trabajo, para declarar ilegal la huelga de julio, son una muestra de la fragilidad institucional costarricense. En ese sentido, esta huelga de hambre, que tiene como telón de fondo la dignidad de ciudadanos costarricenses, es el resultado de irregularidades de parte de las autoridades municipales, de los entres contralores nacionales y de los tribunales judiciales, que en conjunto nos ponen ante un retroceso de las garantías individuales y colectivas reconocidas en nuestra Constitución Política y en la normativa internacional que sobre derechos humanos, civiles, políticos y sociales, ha ratificado nuestro país.
JUSTICIA CUESTIONADA
Las irregularidades del trámite que declaró la ilegalidad de la huelga ,
denunciadas por ANEP, no fueron atendidas debidamente por la autoridades del Tribunal de Trabajo.
Además los trabajadores fueron despedidos cuando ya hacía dos semanas regresaron a sus funciones y se había logrado un acuerdo con el Concejo Municipal que el Alcalde irrespetó.
Irregularidades del procedimiento
– La inspección al centro de trabajo hecha por la jueza, para determinar las condiciones del movimiento, no fue notificada oportunamente a los trabajadores, lo que hizo imposible su presencia, de forma tal que la jueza se hizo acompañar únicamente por el Alcalde y los asesores de este.
– A pesar de que la huelga era un movimiento exclusivo de los trabajadores del Platel Municipal, la jueza tomo en cuenta a los trabajadores administrativos que se encontraban laborando para determinar el número de trabajadores holgados, determinando luego en sentencia que la huelga no cumplía con 60 por ciento de trabajadores que exige la ley.
– La jueza declara en sentencia de primera instancia la ilegalidad de la huelga, basándose únicamente en los alegatos de la patronal, y esto porque no conoció los argumentos de defensa presentados por los trabajadores. La razón: ¡ El escrito de descargo y defensa de los trabajadores fue extraviado en las oficinas del Juzgado, de manera tal que la jueza no tuvo noticia del escrito de defensa!
– Los jueces del Tribunal de Trabajo, rechazaron del recurso de apelación interpuesto por los trabajadores contra la sentencia de la jueza de primera instancia. Resolvieron que no existía nulidad alguna en la sentencia impugnada, que a los trabajadores no se les puso en estado de indefensión esto por cuanto ¡la jueza era garante del proceso!…., y lo más grave: El fundamento jurídico dado por los jueces, no guarda relación alguna con los alegatos expuestos en el recurso. Así por ejemplo, en la sentencia los señores jueces señalan que no llevan razón los trabajadores cuando alegan la inconstitucionalidad del l artículo 373 inciso c) y que por esta razón la huelga era ilegal. Lo sorprendente es que esa supuesta inconstitucionalidad nunca fue alegada en el recurso, esa norma ni siquiera se menciona. Por otro lado en relación a los argumentos que sí fueron expuestos por los trabajadores, los jueces no mencionan palabra alguna. ¡ La huelga es ilegal y punto! Para colmo de males, por disposición legal, contra las resoluciones judiciales no procede el Recurso de Amparo sin importar el derecho fundamental que esté de por medio.
– Por tratarse de un proceso de tipo sumario, la sentencia de los jueces no tiene ulterior recurso. ¡Su decir es santa palabra!
– El Alcalde ejecuta el despido cuando ya no existe movimiento de huelga, todos los trabajadores se encuentran laborando y cumpliendo fielmente sus obligaciones.
– El despido se hizo de manera intempestiva, de ejecución inmediata, sin seguirse el procedimiento regulado en la ley, y sin otorgársele a los trabajadores oportunidad alguna para defenderse, lo representa una violación flagrante a las garantías procesales del debido proceso. ¡Los trabajadores a la calle y punto….!
San José, 19 de agosto de 2005.
