Apoyamos proyecto de ley del Diputado Patterson

Hacemos público nuestro más decidido respaldo a la iniciativa jurídica del diputado Edwin Patterson Bent, para emitir una ley que reduzca el monto del impuesto único a los combustibles por un período de cinco años.

La descarnada cadena de alzas en el costo de la vida que estamos sufriendo a diario, tiene a la clase trabajadora asalariada como una de sus principales víctimas; trayendo dolor, nerviosismo, tristeza y desestabilización familiar en miles de hogares del pueblo costarricense.

Si bien es cierto el alza internacional en los precios del petróleo es un factor que escapa al control de un pequeño país como el nuestro; el tema de los precios de los combustibles en Costa Rica está manejado con criterio fiscalista en contra de los intereses de la gente.

Exigimos a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y todas las fracciones parlamentarias, atender con prontitud el incesante clamor popular contra el abusivo proceso de alza en el costo de la vida, muchas veces fundamentado falsamente en el alza en los precio de los combustibles.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

San José, 24 de agosto de 2005.
S.G. 05-07-0069-05

¡URGENTE!

Antecedentes:

1- El Alcalde Municipal, Percy Rodríguez Argüello, a la fecha no ha cancelado el ajuste de salarios correspondiente al primer semestre del año en curso, así como el rubro correspondiente a la retención por concepto de Salario Escolar.

2- El Alcalde Municipal no había presupuestado en las partidas correspondientes a los salarios de noviembre, diciembre y el aguinaldo de los y las trabajadoras; es decir que a partir de noviembre ya no había partida para salarios y aguinaldo.

3- Los equipos como las vagonetas, carros y tractores, sin ningún mantenimiento y sin los derechos de circulación.

4- Los trabajadores y la trabajadora: sin uniforme, guantes y equipos de trabajo.

Propósito:

Desmantelar servicios y privatizarlos, lo que tiene preparado en una primera fase con la empresa WPP, a la que ya le contrató los servicios de recolección de la basura.

Por estos motivos los trabajadores van a huelga, y se firma un acuerdo con el Concejo Municipal, el cual Percy Rodríguez Argüello lo desconoce y sin el debido proceso despide a los 64 compañeros y compañera que participaron en la huelga.

Este martes 23 de agosto esperamos que el Concejo Municipal, tome tres acuerdos, los cuales serían:

1- Desconocer el acto administrativo por medio del cual el Alcalde despide a los trabajadores.

2- Se apruebe una moción para realizar un plebiscito para revocar el mandato de Percy Rodríguez Argüello.

3- Se apruebe una moción contra la privatización de los servicios.

El Alcalde Municipal de Tibás ha demostrado no escuchar razones, incluso ha dejado plantado al señor Ministro de Trabajo y de Seguridad Social en 2 ocasiones; también rehusó la mediación que se planteara con el Arzobispo de San José.

Únicamente con el apoyo de todo el Movimiento Sindical Costarricense, podremos derrotar la soberbia y prepotencia de este Alcalde.

Acompáñenos este martes 23 de agosto, desde las 2:00 p.m. ya que a las 7:00 p.m. inicia la sesión del Concejo Municipal, en el Parque de Tibás.

¡PERCY SERÁ DERROTADO!

Cordialmente,

Édgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

San José, 22 de agosto del 2005.
S.G. 05-07-0066-05

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c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Archivo.

Trabajadores de campo de Municipalidad de Tibás en huelga de hambre

Estos trabajadores, muchos de ellos con más de treinta años de trabajo en las comunidades de Tibás, se dedican a la limpieza y aseo de calles, reparación de parques y otros oficios fundamentales para la salud y el bienestar de los habitantes de este popular cantón josefino.

Los trabajadores intentaron por muchos meses negociar con el Concejo Municipal y el Alcalde la solución a su problemática, sin embargo el Alcalde Percy Rodríguez siempre se retiró de las sesiones del Concejo.

En el mes de julio y por tres semanas, los 67 trabajadores de campo decidieron entrar en huelga, como protesta contra al no pago del aumento de salarios y del salario escolar, situación que vino a colmar la paciencia de estos humildes trabajadores y trabajadoras costarricenses. Esta huelga, fue levantada en medio de irregularidades judiciales, de la incapacidad de negociar por parte del alcalde municipal, pero con la promesa del Consejo Municipal de pagar los salarios caídos, y especialmente por el apoyo incondicional y expreso de los vecinos de Tibás.

Después varias semanas de haber vuelto al trabajo, los 67 trabajadores fueron despedidos ayer sin responsabilidad patronal por una medida del alcalde Rodríguez. Estos trabajadores, los más humildes entre aquellos que trabajan el sector municipal, han sido llevados a tomar una decisión extrema: 12 compañeros han iniciado una huelga de hambre, como protesta ante la represión edil y como forma de reafirmar su dignidad y fortaleza como seres humanos, en medio del dolor y la incertidumbre.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha acompañados a estos compañeros y compañera en este proceso de lucha. Hoy denunciamos ante la comunidad nacional e internacional estos hechos, que en contexto, tienen gran significado para el Estado de Derecho en Costa Rica.

Al inicio de la huelga de hambre un trabajador se encadenó a la verja del edificio municipal.

Las ilegalidades y arbitrariedades en que ha caído el alcalde Percy Rodríguez, en su gestión municipal, unido a las decisiones judiciales que se dieron por parte del Tribunal de Trabajo, para declarar ilegal la huelga de julio, son una muestra de la fragilidad institucional costarricense. En ese sentido, esta huelga de hambre, que tiene como telón de fondo la dignidad de ciudadanos costarricenses, es el resultado de irregularidades de parte de las autoridades municipales, de los entres contralores nacionales y de los tribunales judiciales, que en conjunto nos ponen ante un retroceso de las garantías individuales y colectivas reconocidas en nuestra Constitución Política y en la normativa internacional que sobre derechos humanos, civiles, políticos y sociales, ha ratificado nuestro país.

JUSTICIA CUESTIONADA
Las irregularidades del trámite que declaró la ilegalidad de la huelga ,
denunciadas por ANEP, no fueron atendidas debidamente por la autoridades del Tribunal de Trabajo.
Además los trabajadores fueron despedidos cuando ya hacía dos semanas regresaron a sus funciones y se había logrado un acuerdo con el Concejo Municipal que el Alcalde irrespetó.

Irregularidades del procedimiento
– La inspección al centro de trabajo hecha por la jueza, para determinar las condiciones del movimiento, no fue notificada oportunamente a los trabajadores, lo que hizo imposible su presencia, de forma tal que la jueza se hizo acompañar únicamente por el Alcalde y los asesores de este.

– A pesar de que la huelga era un movimiento exclusivo de los trabajadores del Platel Municipal, la jueza tomo en cuenta a los trabajadores administrativos que se encontraban laborando para determinar el número de trabajadores holgados, determinando luego en sentencia que la huelga no cumplía con 60 por ciento de trabajadores que exige la ley.

– La jueza declara en sentencia de primera instancia la ilegalidad de la huelga, basándose únicamente en los alegatos de la patronal, y esto porque no conoció los argumentos de defensa presentados por los trabajadores. La razón: ¡ El escrito de descargo y defensa de los trabajadores fue extraviado en las oficinas del Juzgado, de manera tal que la jueza no tuvo noticia del escrito de defensa!

– Los jueces del Tribunal de Trabajo, rechazaron del recurso de apelación interpuesto por los trabajadores contra la sentencia de la jueza de primera instancia. Resolvieron que no existía nulidad alguna en la sentencia impugnada, que a los trabajadores no se les puso en estado de indefensión esto por cuanto ¡la jueza era garante del proceso!…., y lo más grave: El fundamento jurídico dado por los jueces, no guarda relación alguna con los alegatos expuestos en el recurso. Así por ejemplo, en la sentencia los señores jueces señalan que no llevan razón los trabajadores cuando alegan la inconstitucionalidad del l artículo 373 inciso c) y que por esta razón la huelga era ilegal. Lo sorprendente es que esa supuesta inconstitucionalidad nunca fue alegada en el recurso, esa norma ni siquiera se menciona. Por otro lado en relación a los argumentos que sí fueron expuestos por los trabajadores, los jueces no mencionan palabra alguna. ¡ La huelga es ilegal y punto! Para colmo de males, por disposición legal, contra las resoluciones judiciales no procede el Recurso de Amparo sin importar el derecho fundamental que esté de por medio.

– Por tratarse de un proceso de tipo sumario, la sentencia de los jueces no tiene ulterior recurso. ¡Su decir es santa palabra!

– El Alcalde ejecuta el despido cuando ya no existe movimiento de huelga, todos los trabajadores se encuentran laborando y cumpliendo fielmente sus obligaciones.

– El despido se hizo de manera intempestiva, de ejecución inmediata, sin seguirse el procedimiento regulado en la ley, y sin otorgársele a los trabajadores oportunidad alguna para defenderse, lo representa una violación flagrante a las garantías procesales del debido proceso. ¡Los trabajadores a la calle y punto….!

San José, 19 de agosto de 2005.

¡¡¡Exigimos renuncia del Ministro de Hacienda!!!

I. SABOTAJE AL CORAZÓN DE LA REFORMA FISCAL: LA RENTA MUNDIAL EN EL DEVENGO

01- El Ministro Carrillo Zürcher aceptó el inmenso error que consiste en eliminar el concepto de pago de renta mundial en su fuente de origen (el devengo), cambiándolo por el concepto de repatriación; lo cual hará que la injusta estructura tributaria actualmente vigente siga siendo totalmente injusta.

02- El Ministro Carrillo Zürcher ha jugado a favor de los intereses de los sectores económicos y financieros más poderosos de este país, pudiendo haber ejercido todo el poder depositado en su persona, para haber resistido la presión que al Gobierno le hizo su propia fracción parlamentaria en tal sentido.

03- El significativo avance en justicia tributaria que habría sido el concepto de aplicar renta mundial en el momento del devengo (dineros ganados en el exterior), ha sido eliminado radicalmente con la tesis de aplicación a rentas repatriadas, avalada por el Ministro Carrillo Zürcher.

SALARIOS DEL SECTOR PÚBLICO: LA MENTIRA DE “NO HAY PLATA”

04- EL Ministro Carrilo Zürcher ha sometido a un durísimo sacrificio salarial a los trabajadores y a las trabajadoras del Sector Público, con la última fijación salarial del 4 %.

05- El argumento de que “no había plata”, ha quedado descalificado con la información recién salida a la luz pública de que el Gobierno tiene en sus arcas, por el concepto de caja única, 67 mil millones de colones guardados. ¡Sí había plata!. La injusticia de tal incremento salarial tiene a miles de familias trabajadoras sumidas en un clima sociofamiliar de gran angustia, con una inflación galopante cuya velocidad ya carcomió radicalmente la raquítica fijación salarial del 4 %.

RECORTE DE INVERSIÓN SOCIAL: EL CASO DEL DENGUE

06- El recorte de la inversión social imprescindible para varios programas institucionales está generando un verdadero colapso en diversas entidades. 07- Por ejemplo, el combate a la terrible epidemia del dengue, el país lo tiene casi perdido y como razón base está la negativa del Ministro Carrillo Zürcher de transferirle al Ministerio de Salud, los mil millones de colones que la Asamblea Legislativa le restauró al presupuesto de esta entidad, en noviembre del año anterior.

Por supuesto que hay muchas más razones para pedir la cabeza del Ministro de Hacienda; sin embargo, las tres apuntadas son lo suficientemente poderosas como para que hoy exijamos su renuncia, de manera inmediata, al cargo de Ministro de Hacienda, pues la continuación de su presencia en el misma, sólo perjuicios generará para los sectores menos favorecidos de nuestro país y la población trabajadora, especialmente la del Sector Público.

A su regreso al país, el Presidente Pacheco de la Espriella, recibirá por escrito nuestra petición al respecto, igual de oficial que el presente planteamiento público.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

San José, 11 de agosto de 2005.
S.G. 05-07-0046-05

Acerca del pago de los ajustes a los salarios base en AyA:

A) El reciente estudio que determinó que las bases salariales en A y A se encuentran por debajo del mínimo de ley, culminó señalamientos anteriores en esa dirección, formulados por destacados profesionales de esta estratégica institución; todo lo cual fue reforzado por el reciente estudio realizado por altos funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en la Regional del A y A de Tilarán, Guanacaste.

B) Así las cosas, es evidente y contundente que la Administración del A y A, no está a derecho con sus trabajadores en este campo; o mejor dicho, está al margen de la ley en materia de reconocimiento salarial.

C) En consecuencia, el ajuste que se tiene que efectuar (como lo demuestran los señalamientos apuntados), corresponde a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras del A y A; independientemente de que sean operativos, técnicos ó profesionales.

D) Aquí surge una posición respetuosa pero discrepante con la Administración, pues ésta sostiene la errónea tesis de que el hecho de que se reciban pluses salariales en ciertas clases (pluses que no reciben los operativos y técnicos); significaría que esas clases tienen salarios estén por encima del mínimo de ley; criterio que adversamos pues técnicamente no sólo es ilógico sino indemostrable.

E) Por otra parte, todo los ajustes por determinar, en caso, deben de reconocerse de manera retroactiva y el carácter de tal retroactividad es innegociable.

F) Vistas así las cosas, para la ANEP están claros dos aspectos. Por un lado, el ajuste en los salarios base no debe excluir a ninguna categoría ocupacional; es decir, debe abarcar a los puestos profesionales, a los de carácter técnico y a los operativos. Por otro, es necesario que se establezca contundentemente el carácter retroactivo de tales ajustes, pues quien ha estado al margen de la ley no ha sido precisamente la persona trabajadora; por el contrario, ésta (ya sea profesional, técnico u operativo), ha sufrido una pérdida sistemática en su patrimonio económico, pues se le ha estado reconociendo un salario que ha estado por debajo de la ley.

G) La ANEP insta, de la manera más respetuosa, a las autoridades institucionales para que manifiesten con toda claridad, sí existen reservas financieras que les permitan ponerse a derecho con la prontitud del caso; pues de no existir dichas reservas de orden económico, la lógica dice que necesariamente tenderemos que someternos a los procedimientos establecidos, sea la aprobación por parte de la Junta Directiva institucional, el envío a la Autoridad Presupuestaria (AP); y, finalmente, dotación de contenido presupuestario y refrendo de la Contraloría General de la Republica.

H) ANEP no posee indicios claros y contundentes de que la fecha del 30 de setiembre, como límite para el pago de las deudas salariales que se han generado, sea efectivamente realista y tenga alguna sustentación política seria que pueda ser interpretada como un compromiso institucional contundente. Esto podría generar expectativas falsas manejadas irresponsablemente.

I) El actual panorama político nacional, con el escenario electoral encima, podría constituir una oportunidad especial a fin de que, con verdadera unidad laboral, alcanzáramos metas largamente postergadas por la clase trabajadora del A y A: la deshomologación del Servicio Civil, la Convención Colectiva de Trabajo y otras aspiraciones de crecimiento sociolaboral, son realistas en la medida en que logremos un nivel de cohesión en la acción por parte de las distintas representaciones gremiales. ANEP está lista para esto desde hace tiempo y son más que notorias nuestras apelaciones en tal sentido.

J) Lo anterior solo es posible si quienes lideramos las organizaciones sindicales, contamos con la necesaria madurez política para comprender que debemos sumar fortalezas; actuar conjuntamente para lograr mayo incidencia en el logro de los objetivos comunes; descartando las exclusiones y actuando con ética y responsabilidad.

K) Indicamos lo anterior a propósito de la exclusión de nuestra representada en las actuales negociaciones de orden reivindicativo, lo cual no significa que como ANEP, nos quedemos a la espera de ver el devenir, de manera pasiva. Contrariamente, llamamos a las trabajadoras y a los trabajadores a estar listos al llamado de lucha que formularemos de cara a defender lo que en derecho es justo.

L) Finalmente nos permitimos mostrar nuestra preocupación ante las trabajadoras y ante los trabajadores con respecto a la propuesta de reestructuración que la Administración ha planteado a las organizaciones sindicales. Creemos que ello amerita una pausada reflexión y un riguroso análisis, para determinar que no existan despidos o movilidad laboral; asegurando eficiencia en la gestión pública pero con total respeto para la dignidad de la persona trabajadora. ANEP está haciendo ya su análisis correspondiente y se pronunciará en oportuno momento.

¡Por que el Estado conserve los servicios del A y A;
por el derecho al agua, a los medicamentos, a la salud;
a la energía eléctrica y a la telefonía,
yo digo no al TLC!

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Gerardo Cascante Amador
Responsable ANEP-AYA

San José, 11 de agosto de 2005.

¡Otro golpe a la privatización del INCOP!

Mediante oficio 09396 del 8 de agosto de 2005, la Unidad de Autorizaciones y Aprobaciones de la Contraloría General de la República, niega el refrendo a los contratos por medio de los cuales se pretende entregar el INCOP a manos privadas.

Nuevamente se nos da la razón: para subsanar las barbaridades jurídicas y el atropello al interés público que contiene este proceso, hay que anular todo lo actuado y volver a la etapa de licitación.

Esta resolución constituye una luz de esperanza para quienes aún confiamos en el estado de derecho, y un nuevo mensaje para que las autoridades del gobierno, dejen de insistir en un proceso amañado e ilegal, y se planteen seriamente la posibilidad de modernizar Puerto Caldera, mediante un proceso transparente, en el que participemos todas las partes involucradas y que realmente contribuya al desarrollo económico y social de todo el país, y en particular, de la postergada provincia de Puntarenas.

Édgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

San José, 10 de agosto de 2005.
S.G.05-07-0042-05

Felicitamos a Monseñor Hugo Barrantes Ureña

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), expresa públicamente su más sincera felicitación por la oportuna crítica social que manifestó la homilía pronunciada ayer, 2 de agosto, en Cartago, por Monseñor Hugo Barrantes Ureña, Arzobispo de San José, con ocasión de la festividad religiosa de la Virgen de los Ángeles, Patrona de Costa Rica.

Sin duda alguna, la máxima jerarquía de la Iglesia Católica ha tomado plena conciencia de que el abusivo proceso de concentración de la riqueza que vive nuestro país, es un peligroso sendero de desestabilización social y de deterioro del sistema democrático.

El oportuno señalamiento del Monseñor Hugo Barrantes, acerca del crecimiento de la desigualdad social en el país, coincide plenamente con nuestra apreciación de que el problema número uno de la Costa Rica actual es el sistemático, acelerado y abusivo proceso de concentración de la riqueza.

Lástima que el atinado llamado de atención del citado prelado, no puntualizara en el señalamiento directo de los responsables de la debacle social en desarrollo: la deshumanizante política económica dominante en los últimos 20 años, impulsada por lo que hoy en día llamamos la Alianza de Negocios Grupo PLUSC, que es lo que degeneró el sistema bipartidista tradicional. Sin embargo, esta insuficiencia en la homilía de Monseñor Barrantes Ureña, no demerita la potencia de su mensaje acerca de la creciente desigualdad social que nos agobia.

Con el TLC, tal desigualdad se ha de profundizar, dolorosamente. No se necesita de mucho estudio para darnos cuenta de que el TLC no resiste el más mínimo análisis a la luz del humanismo cristiano, bajo los conceptos éticos de solidaridad y de justicia que son intrínsecos al pensamiento cristiano.

Precisamente el TLC representa la culminación del proceso de implantación total en Costa Rica, del modelo económico neoliberal que la Alianza de Negocios Grupo PLUSC viene tratando de imponernos en los últimos años; con lo cual, los males señalados valientemente por Monseñor Hugo Barrantes Ureña en su homilía de este 2 de agosto, se habrán de profundizar completamente y casi de manera irreversible.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

San José, 3 de agosto de 2005.

¿Nuevo Golpe de Estado técnico?

La más enérgica censura y condena, así como el más abierto repudio ciudadano, merecen las temerarias declaraciones y abusivas intenciones del actual Presidente de la Asamblea Legislativa, el Lic. Gerardo Alberto González Esquivel; de anular la potestad constitucional del Poder Ejecutivo, en cuanto al envío para el trámite parlamentario del cada vez más rechazado, tratado de “libre” comercio (TLC), que a Costa Rica le quieren imponer con los Estados Unidos de América.

Parece que estamos en puertas de otro golpe de Estado técnico, similar al que se presentó con el asunto de la reelección presidencial; ocasión ésta en la cual, la actual Asamblea Legislativa resultó totalmente violada, en cuanto a su facultad soberana para la generación de reformas constitucionales.

De materializarse la pérfida pretensión del presidente legislativo González Esquivel, que no es ni más ni menos que la sustitución de un poder por otro, representaría uno de los golpes más duros para una institucionalidad republicana ya de por sí bastante lesionada y en camino de deslegitimación total. Este trabajo sucio en contra del régimen democrático lo ha venido haciendo la Alianza de Negocios PLUSC, o Grupo PLUSC, que es como preferimos llamar al ya más que descarado bipartidismo tradicional.

El presidente legislativo González Esquivel juega con fuego y atiza la hoguera de una situación social de mucha fragilidad. Está lanzando una peligrosa provocación que incentiva el camino para hacer más sólida la consigna de la desobediencia civil en salvaguarda de los poderes constitucionales todavía vigentes; pese a que la Alianza de Negocios Grupo PLUSC, percibe a los mismos como obstáculos en su alocada carrera por el lucro fácil al amparo del tal TLC.

El presidente legislativo González Esquivel aporta un considerable elemento de peso para el fortalecimiento de la democrática tesis del Referéndum de la Calle; incentivando la sospecha de que la desesperación que anida entre algunos de los más notables congresistas de la Alianza de Negocios Grupo PLUSC, por la tramitación pronta del TLC, presuntamente tienen otras motivaciones que estamos investigando y que podrían estar relacionadas con la compra de conciencias, en dólares.

Hacemos un vehemente llamado a los juristas patriotas, a los políticos decentes, a la intelectualidad de honor, a la militancia social, a la ciudadanía de bien, a los y a las costarricenses de honestidad probada y de gran patriotismo, para que juntemos fuerzas y enfrentemos en todos los terrenos, la afrenta democrática de lo que podría ser una nueva fase del golpe de Estado técnico que sufrió nuestra institucionalidad.

Este llamado también lo hacemos a los poderes públicos, especialmente el Ejecutivo y el Judicial, que prefieren la constitucionalidad de los procesos institucionales, para que le cerremos el paso a esta condenable intención del actual presidente legislativo González Esquivel y el séquito de legisladores de la Alianza de Negocios Grupo PLUSC que le acompaña en la citada pérfida intención.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

San José, 2 de agosto de 2005.

Gracias infinitas, comunidad de Tibás:

Los trabajadores de campo de nuestro municipio, quienes a diario, con entusiasmo, dedicación, respeto y a veces con picardía, estamos desde las 6 de la mañana, ejecutando las tares de limpieza para que nuestro barrio permanezca limpio; después de 15 días de huelga, hemos vuelto a nuestro trabajo.

Nuestra presencia se siente a cualquier hora que usted salga a la calle, porque puede observar los caños limpios, recolectada la basura y mirar nuestras humildes figuras en horas laborales, empujando el carretillo o llenando las bolsas con los desechos que la noche anterior se dejaron en las calles.

Aunque no siempre lo demostremos, somos personas felices con nuestro trabajo. Así lo somos porque, aunque bajo, percibimos un salario con el cual mantenemos nuestras familias. Algunos tenemos hijos con algún grado de discapacidad y en algunos casos, nuestros propios compañeros son personas con discapacidad física.

La huelga la levantamos, a pesar que el señor alcalde Percy Rodríguez, nunca se apersonó a rendir cuentas de lo adeudado, ni a cumplir con lo mínimo, sea, tratar de buscar la fórmula que le permitiera incluir en el presupuesto municipal, la partida para cancelar, por lo menos, lo adeudado sobre salario escolar.

Fue el Honorable Concejo el que, por encima del poder de don Percy, se decidió por la negociación, gestión que efectuaron en una sesión colmada de vecinos de la comunidad, solidarios con los trabajadores y preocupados por su municipio y la salud de sus familias.

Esa presencia de vecinos tibaseños fue el estímulo que nos hizo retornar al trabajo y deponer el movimiento, sin las garantías plenas de no represalias, que debió firmar el señor alcalde, quién no se presentó a la sesión de esa noche.

Deben saber los vecinos de Tibás, que el día de la reincorporación al trabajo, los servidores municipales laboramos más que de costumbre. La mayoría de nosotros pasamos el día en ayunas, pero lo hicimos así, para reponer el tiempo holgado; en beneficio de la comunidad.

Para esa entonces ya estábamos sin salario a causa de la arbitrariedad del alcalde que retuvo el nuestro, quebrantando la ley; esto por cuanto la huelga nunca fue declarada ilegal.

Por esa razón, usted nos observará preocupados, toda vez que la situación económica no nos deja dormir, porque los conflictos familiares se agravan, la tranquilidad se ha ido de nuestros hogares y el hambre comienza a golpear nuestras humanidades y la de nuestras familiares.

No hay pan en casa y las pocas monedas que nos quedan las debemos utilizar para llegar al trabajo. De no hacerlo, el despido será la última represalia del alcalde.

Así nos está reprimiendo Percy Rodríguez a nosotros, sus trabajadores, quienes un día cansados de esperar el aumento salarial nos atrevimos a reclamarlo, con un movimiento de huelga; situación que nos vimos obligados a asumir como último recurso, ante la displicencia y desatención que el alcalde daba a nuestras demandas.

Esta es nuestra realidad, de quienes recogemos a diario su basura, limpiamos las calles y las aceras de su vecindario, podamos los árboles de los parques y mantenemos el césped verde y recortado; muchas veces comprando de nuestro sueldo las herramientas para poder laborar, porque el municipio está en quiebra y usted necesita el servicio.

Hoy acudimos a usted para que, solidariamente, nos brinde además del apoyo moral que nos dio en la huelga, el apoyo material que nos urge para no desfallecer en la lucha y mantener con dignidad nuestra frente el alto, porque fuimos a la huelga por el deseo de llevar más pan a nuestros hijos, que bien se lo merecen.

Ya que conoce nuestra situación, le pedimos su aporte económico. Sepa que nos servirá de mucho, mientras llega nuestro salario y los tribunales fallan con justicia como ha de corresponder.

Este domingo 31 de julio, estaremos en el Parque la Democracia, frente a la Basílica de San Juan a partir de las 8:30 a.m. esperando su aporte solidario, usted hará posible que la felicidad vuelva a nuestros hogares.

Desde hoy le invitamos a la sesión del próximo martes 2 de agosto, a las 7 de la noche. Su presencia será vital para que cese la represión y se confirme en el presupuesto municipal y, por ende, las partidas necesarias para cubrir las deudas de ajuste salarial que la corporación mantiene con nosotros.

Esto debe ser así porque los acuerdos tomados por el concejo que resolvían la situación, los vetó el señor Percy Rodríguez, en un acto de provocación más, para que los empleados retomemos la huelga.

De esta forma él pretende justificar el desmantelamiento de la corporación, ocultando su propia incapacidad para realizar una gestión exitosa como bien se lo merece este cantón.

Trabajadores de campo de la Municipalidad de Tibás

San José, 31 de julio de 2005.