Categoría: Noticias

Efectivamente, su máximo titular, el Lic. José Manuel Echandi Meza, reconoció en entrevista periodística que acaba de publicarse que “El 46 % del impuesto de ventas no se paga y esto representa 188.000 millones que se dejan de recaudar por año, …”.

Con semejante dato y con la credibilidad que le asiste a quien lo ha dado a conocer, el Gobierno de la República, particularmente su Ministro de Hacienda, Alberto Dent Zeledón, quedan en el más absoluto y profundo descrédito, sin la más mínima autoridad; para seguir argumentando que no se puede hacer un incremento salarial justo para la clase trabajadora del Sector Público, “porque no hay plata”. Esto es absolutamente falso.

Es más, El Ministro Dent le debe explicaciones serias al país. La Ley de Contingencia Fiscal le autorizó 5 mil millones de colones para fortalecer la Administración Tributaria, específicamente en el campo de la recaudación y no lo hizo. Esa ley le permitió la contratación de entre 250 y 300 profesionales para tal efecto y no lo hizo. Con esos recursos pudo comprar equipo de cómputo, de transporte y otros para fortalecer la lucha contra el fraude fiscal y no lo hizo.

El Ministro Dent no tiene autoridad moral para hablar del problema fiscal del país. El Ministro Dent tiene pendiente explicaciones profundas sobre el carácter de su gestión como responsable máximo de la administración tributaria costarricense. Es más, el Ministro Dent debe irse del Gobierno porque se ha convertido en un provocador de la confrontación social.

Ya no hay duda de cuánto repudio genera la imposición de un nuevo decretazo salarial. La propuesta del 4 % es humillante, totalmente injusta, senci-llamente inhumana. Ya se generaron las condiciones para una acción laboral de gran arti-culación, en medio de la diversidad gremial que se ha estado manifestando desde el 29 de junio a la fecha, contra la política salarial de la presente Administración. Grandes acontecimientos estarían por venir en los próximos días.

San José, 30 de julio de 2004.

Hacia fines de abril del presente año, a Caja Costarricense del Seguro Social (CSSS) nos convocó (junto a otras organizaciones sociales y productivas), para discutir la sostenibilidad financiera del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

La comisión se compone de representantes empresariales, sociales y laborales puestos a analizar, discutir y hacer recomendaciones que mejoren la sostenibilidad financiera de IVM. Participan de esta comisión 16 representantes con voz y voto: 4 del Poder Ejecutivo (incluyendo la propia CCSS, el Instituto Nacional de las Mujeres INAMU y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); 4 empresariales; 4 sindicalistas; 2 cooperativistas y 2 solidaristas). Además, 3 representantes con voz pero sin voto: Defensoría de los Habitantes, Superintendencia de Pensiones (SUPEN), y organizaciones de mujeres.

El objetivo de esta comisión es elaborar recomendaciones a la Junta Directiva de la CCSS, en un plazo de 4 a 6 meses. Este plazo se dividió en dos fases: Una de nivelación de información acerca de cuál es la situación que se enfrenta, y otra de elaboración e intercambio de propuestas para el fortalecimiento del régimen.

En CONACOOP y en ANEP se tiene plena claridad de que las pensiones son esenciales para una vida digna, entre quienes por alguna razón carecen de capacidades o posibilidades de generar ingresos propios durante o al final de la vida laboral activa.

En Costa Rica, la enorme mayoría (96,5 %) de las personas que contribuyen o gozan ya de una pensión, dependen del Régimen de IVM de la Caja. Este brinda pensiones por vejez (al final de la vida activa de quienes han cotizando); pensiones por invalidez (cuando un accidente interrumpe la capacidad de generar ingresos a una edad temprana); y pensiones por muerte (ante el fallecimiento de personas aseguradas que generaban los ingresos del hogar).

Las pensiones de IVM se financian con el aporte obligatorio de las personas asalariadas y con el aporte voluntario (aunque en proceso de volverse obligatorio), de las personas independientes. Del fondo común que se nutre con estos recursos, se van pagando y se pagarán las pensiones del 45 % de la población ocupada actualmente cubierta por el régimen de IVM. De acuerdo a la Caja, el sistema de pensiones enfrenta un grave problema.

Con las condiciones actuales, este fondo comenzaría a reducirse para llegar al año 2040 con mayores egresos que ingresos. Habría, por lo tanto, problemas para que las personas reciban las pensiones para las que cotizaron a lo largo de su vida. La pregunta es, ¿qué pasaría si cambiaran las condiciones actuales y qué condiciones habría que cambiar?

Según datos procesados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC); carecen actualmente de todo aseguramiento 657,450 personas ocupadas, es decir, un 39% de la población ocupada. De éstas, casi la mitad, 300,000 personas, son trabajadores y trabajadoras independientes y el resto asalariadas. De todas las personas excluidas del sistema, 282.000 tienen capacidad contributiva plena (un 17% de la población ocupada) y 364.000 tienen capacidad contributiva parcial (un 19,5% de la población ocupada) y por lo tanto requieren de una mayor participación estatal.

Carecen, además, de una pensión propia, 720,000 personas que realizan trabajo no remunerado, en su mayoría mujeres, entre las cuales sólo el 13% tienen una pensión y sólo el 3% cotizan, a pesar de que muchas viven con hogares cuyos ingresos sería suficiente para contribuir a su seguro. En síntesis, estamos frente a dos Costa Rica: una incluida y la otra excluida de lo que la Constitución Política, en su Artículo 73, define como un derecho universal, equitativo y obligatorio.

Desde el CONACOOP y desde la ANEP consideramos que el dilema principal para enfrentar la reforma de IVM, es si debemos cambiar los principios que orientan el régimen de IVM; o si debemos cambiar los instrumentos de política que lo hacen posible.

A nivel de primer pilar, la Ley de Protección del Trabajador (LPT) aprobó medidas que más bien permitieran lo segundo, a través de la ampliación de las pensiones de IVM, en particular a los trabajadores y las trabajadoras independientes, como el próximo paso para inclinar la balanza hacia una y no hacia dos Costa Rica.

El principal dilema actual es proteger las pensiones de IVM para quienes ya están dentro, haciendo el ajuste entre las personas recién ingresadas y minimizando el esfuerzo de ampliación de cobertura (posición que sostienen algunos altos jerarcas de la CCSS); ó mejorar las pensiones de IVM para todas las personas, incluyendo nuevas pensiones para los que están fuera. ¡Desde CONACOOP y desde ANEP es en esto último en lo que estamos!

El 8 de julio de 2004, la Junta Directiva de la CCSS tomó un acuerdo en el cual definió los criterios que la Gerencia de Pensiones y la Comisión Social deben seguir para reformas el sistema de pensiones. Estos criterios son:

1. “Construir un escenario de reformas del IVM que cumpla con el mandato constitucional que define y orienta la CCSS; es decir, cumpliendo con los principios de universalidad, solidaridad y contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores.

2. Construir una reforma que parta de la plena implementación de las medidas contenidos en Ley de Protección al Trabajador y las complemente con medidas creativas e integrales acordes a los principios del sistema.

3. Construir una reforma que sea responsable con la sostenibilidad financiera de IVM, en función de los siguientes elementos:

1. Debe tratarse de una solución integral y, por lo tanto, incorporar un conjunto amplio de medidas que mejoren los ingresos del régimen y armonicen la relación entre ingresos y egresos.
2. Debe ser una solución estructural, para el mediano y largo plazo.
3. Debe proteger montos de pensiones robustos que permitan a las personas mantener niveles de vida adecuados, aunque carezcan de fondos complementarios de segundo o tercer pilar.
4. Debe buscar el fortalecimiento de la capacidad del régimen de IVM de integrar tanto sectores de altos recursos como sectores de escasos recursos. Comuníquese a la Gerencia de Pensiones y a la Comisión de Análisis de la Reforma al Régimen de Invalidez., Vejez y Muerte (IVM). Acuerdo firme.”

Desde el CONACOOP y desde la ANEP compartimos esos criterios.

En las próximas semanas estaremos compartiendo con ustedes nuestras propuestas para ser coherentes con estos criterios.

San José, 26 de julio del 2004

Albino Vargas Barrantes
ANEP

Víctor Hugo Morales Zapata
CONACOOP

Mañana miércoles 21 de julio, el Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Lic. Ovidio Pacheco Salazar, recibirá en su despacho a representantes sindicales del Sector Municipal, para discutir el tema de la vigencia de las Convenciones Colectivas de Trabajo en este importante sector de la Administración Pública. Dicha cita será a las 10 de la mañana.

Para los empleados de las municipalidades de Costa Rica, es vital la existencia de tales convenciones, pues les da cierta garantía de estabilidad laboral, ante los embates electoreros de cada cuatro años, con las elecciones de alcalde y de los concejos.

Los lideres municipales necesitan saber la posición del Gobierno de la República al respecto y para eso han pedido la audiencia al jerarca de Trabajo y Seguridad Social, quien los recibirá mañana en su despacho.

No se descarta que en el futuro cercano, la defensa de las Convenciones Colectivas de Trabajo del Sector Municipal se hagan en las calle; sin embargo, se consideró necesario agotar todas las vías del diálogo antes de llegar a tales extremos.

San José, 20 de julio de 2004.

La actividad se iniciará a las 10 a.m., frente a la sede central de la Universidad Nacional (UNA), para culminar, luego de recorrer varias calles, en el Palacio de los Deportes.

Esta manifestación es organizada por el MOVIMIENTO CIVICO “HEREDIA POR MEDIA CALLE”, el cual aglutina a las fuerzas vivas de la comunidad florense: sectores cívicos, juntas de Salud, estudiantado, representaciones laborales y diversas agrupaciones comunales. La ANEP está integrando tal movimiento, en la persona de la señora Ligia Solís Solís, Directiva Nacional de esta agrupación y vecina de Barreal de Heredia.

La manifestación del MOVIMIENTO CÍVICO “HEREDIA POR MEDIA CALLE”, da continuidad a un proceso de manifestaciones de diversa naturaleza, en fechas sucesivas, hasta lograr que la Caja hable claro con relación al tema de la construcción del nuevo Hospital San Vicente de Paúl y se defina, conjuntamente con dichas fuerzas vivas, su futuro; especialmente en momentos en los cuales, está emitida una orden sanitaria de cierre de sus actuales instalaciones.

San José, 9 de julio de 2004.

Los y las manifestantes se concentrarán, luego, a partir de las 9 de la mañana, frente a la sede central del Ministerio de Hacienda (antiguo Banco Anglo Costarricense), en la Avenida Segunda.

Como ya se ha indicado, existe un sentimiento de rechazo generalizado al pretendido incremento salarial del 3.5 % y quienes se manifestarán mañana martes 29, representan una muestra de lo que podría ser una protesta de alcance insospechado para fechas próximas.

La actividad de mañana tiene el respaldo de varias entidades gremiales. Entre ellas, el Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales Costarricenses (SITECO); la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE), el Sindicato de Trabajadores del Hospital San Juan de Dios (SITHOSAJUDI); así como de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (UNDECA), que respalda la concentración frente al Ministerio de Hacienda.

Se esperan manifestaciones de paro en instituciones como el MOPT (Oficinas Centrales, Departamento de Licencias, Educación Vial y Aviación Civil); Ministerio de Salud y Programa CEN-CINAI; Migración y Extranjería; Imprenta Nacional, Registro Nacional, Adaptación Social; Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC); varias dependencias de los ministerios de Hacienda, de Justicia y de Cultura, Juventud y Deportes.

Igualmente, se darán paralizaciones de varios servicios en los hospitales San Juan de Dios, Calderón Guardia, Nacional de Niños y Nacional Psiquiátrico.

La protesta salarial de mañana tiene tres finalidades:

1. Ser la primera muestra pública del profundo descontento y rechazo que genera la posibilidad de la imposición de un decreto salarial del 3.5 % en el Sector Público. Aunque no habrá una paralización general del mismo, los y las manifestantes serán expresión directa de una demanda generalizada de un reajuste digno y realmente compensatorio de la cadena de alzas de las últimas semanas.
2. Exigir al Gobierno de la República la apertura de un proceso de discusión y de eventual negociación salarial, convocando de inmediato a la denominada Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público.
3. Mostrar un repudio contundente a la abusiva escalada de aumentos en los precios de artículos y servicios de consumo básico, lo que ha golpeado duramente la estabilidad económica de las familias de la clase trabajadora.

Se espera que luego de la protesta de mañana martes 29 de junio, se posibilite una mayor articulación de ejes de protesta para movimientos de envergadura mayor en fechas muy cercanas.

San José, 28 de junio de 2004.

Ese es el porcentaje que la actual Administración Pacheco de la Espriella presupuestó, a partir del próximo 1 de julio, para la gente que labora en el Sector Público; cifra totalmente insuficiente para aminorar el impacto negativo generado en la economía de las familias trabajadoras, a raíz de la cadena de alzas de las últimas semanas, en artículos y servicios de consumo básico, por ejemplo.

Además, se ha generado un gran repudio ante la posibilidad de que el Gobierno del Presidente Pacheco acuda a la emisión de un decreto salarial en tal sentido, con carácter unilateral, tal y como ha sido su comportamiento desde que asumió la Presidencia de la República. En dos años que lleva esta administración, ni una sola vez ha habido negociación salarial en el caso del Sector Público, sólo imposición.

La clase trabajadora del Sector Público exige al Gobierno Pacheco de la Espriella que en esta ocasión haya negociación salarial de verdad, en toda su dimensión; y se ha tomado como uno de los parámetros base de la misma, lo que ocurrió en el Sector Privado, para el cual la fijación salarial quedó en un 6.27 %. Este elemento es adicional al tema de la deuda salarial acumulada en el Sector Público, lo cual debe ser un punto central de discusión en una eventual negociación.

Todo lo anterior lleva a mantener la decisión de paralizar labores en importantes segmentos de la Administración Pública, el próximo martes 29 de junio; lo que será complementado con una concentración de protesta, a partir de las 9 de la mañana, frente a la sede central del Ministerio de Hacienda, antiguo Banco Anglo Costarricense, en la Avenida Segunda de esta capital.

En el movimiento de paro de labores y de concentración para el próximo martes 29 de junio, se tiene prevista la participación de trabajadores y de trabajadoras de los hospitales San Juan de Dios, Nacional de Niños, Dr. Calderón Guardia y Nacional Psiquiátrico; igualmente, los departamentos de Licencias y de Educación Vial del MOPT; la Imprenta Nacional; Migración y Extranjería; planteles de Acueductos y Alcantarillados (A y A); dependencias del Sistema Penitenciario Nacional y del Ministerio de Justicia y Gracia; servicios de guardería de los CEN-CINAI; instituciones del Sector Cultura, Juventud y Deportes, entre otros que han confirmado su participación al día de hoy.

San José, 22 de junio de 2004.

Es necesario que se efectúe un análisis detallado de los dineros públicos invertidos por la ahora exjerarca, en cuanto a los gastos de representación dispuestos a su uso discrecional, en función de los altos cargos que hasta hoy ostentó; para que se determine la propiedad de los mismos; ó, por el contrario, algún eventual mal uso.

Particularmente, en cuanto a este rubro, es menester una revisión exhaustiva sobre tales gastos efectuados en el exterior del país: número de viajes realizados, finalidad de los mismos, beneficios para la situación de las mujeres (objetivo principal de las políticas del INAMU); detalle de los gastos efectuados en cada uno de esos viajes y otra información conexa, que permita establecer si efectivamente el país salió beneficiado con tales erogaciones.

Es conveniente una revisión exhaustiva de una serie de nombramientos ocurridos durante la gestión de la señora Britton González, algunos de los cuales, según criterio de ANEP, fueron realizados sin un debido proceso.

Por otra parte, debe investigarse el préstamo de las instalaciones oficiales de la sede del INAMU, en Granadilla Norte de Curridabat, para la realización de una fiesta de inversionistas privados; evento ocurrido el día sábado 21 de febrero del presente año 2004. Para tal fin, la Dirección Administrativa otorgó un permiso, según instrucciones de la Presidencia Ejecutiva, a cargo de la hoy Exministra de la Condición de la Mujer.

Además, es conveniente indagar si en la selección del edificio que hoy sirve de sede central al INAMU, hubo algún tipo de tráfico de influencias; dado que la ANEP siempre consideró como excesivo un pago de alquiler del orden de los 16 mil dólares mensuales, casi 7 millones de colones; pues se trata de una transacción que generó bastantes dudas acerca de su transparencia y oportunidad

Finalmente, la salida de la señora Britton González, nos hace lanzar una vehemente exhortación al Gobierno de la República, particularmente al Presidente Pacheco de la Espriella, para que se designe a una mujer cuya trayectoria social garantice un retorno a la razón de ser del INAMU: el impulso a una firme política pública hacia la verdadera igualdad y equidad de género y el avance de las mujeres en el desarrollo integral de la sociedad costarricense.

La ANEP tiene documentados tales casos y los estará trasladando en las próximas horas a la Contraloría General de la República y a otras instancias de control político.

La salida del Gobierno de la señora Esmeralda Britton González, como se puede ver, es un asunto más allá que un supuesto gasto excesivo en flores…

San José, 22 de junio de 2004.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Junta Directiva Seccional ANEP-INAMU

Victoria Montero Zeledón

Yensi Herrera Vega

Flor de Lis Monestel Corrales

Primero: Si bien es cierto que el principio constitucional de presunción de inocencia resulta vital en nuestro régimen jurídico; es real que los cuestionamientos surgidos a su persona, a raíz de presuntas falsificaciones de firmas en documentos hipotecarios (lo cual él mismo ha admitido bajo la figura controversial del “a ruego”), tornan insostenible su permanencia en el delicado puesto de Contralor General de la República; pues es ésta la entidad que por excelencia está obligada a fiscalizar la correcta aplicación de las leyes por parte de todos los funcionarios públicos y a denunciar a éstos cuando se aparten de tal comportamiento.

Segundo: Si el Lic. Solís Fallas insiste en permanecer en el citado cargo, se estaría enviando el pernicioso mensaje de que en este país se ha legitimado la interpretación subjetiva, flexible y relativizada de las leyes; pues el propio Contralor General de la República ha admitido que ve como costumbre y práctica normal en el ejercicio del derecho, la circunstancia que hoy a él se le está cuestionando; pese a que sea una situación al margen de la legalidad.

Tercero: Así las cosas, el prestigio de la entidad contralora, la necesidad de revitalizar su función fiscalizadora y el desafío que implica su fortalecimiento ante el incontenible fenómeno de la corrupción pública y privada; no hacen viable que a la cabeza de tal entidad esté un ciudadano con cuestionamientos serios y con lo que pareciera ser una interpretación bastante laxa del ordenamiento jurídico.

Cuarto: Ha quedado en evidencia que el nombramiento del Lic. Solís Fallas fue producto de una especie de elección “extramuros” legislativos; pues dado que los expresidentes de la República, Oscar Arias Sánchez y Rafael Angel Calderón Fournier hoy le están quitando el apoyo que le dieron al principio; se está demostrando que su nombramiento se impuso, al darse en medio de un proceso de votación bastante criticado y de debilitada transparencia.

Quinto: Correspondiendo al soporte político que tales exmandatarios le estaban dando al hoy cuestionado Contralor General de la República, éste ya expresó su posición ideológica en temas tan sensibles como el denominado tratado de “libre” comercio (TLC), con los Estados Unidos de América, manifestándose a favor del mismo. Como este asunto ya nos está conduciendo hacia una polarización social de alta intensidad, es muy peligroso para la institucionalidad de la Contraloría General de la República que ésta quede “matriculada” en el ámbito de los intereses de uno de los bandos en pugna.

Por tanto:
en este pronunciamiento conjunto,

la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
y la Asociación Sindical de Empleados del Instituto Costarricense de Electricidad (ASDEICE)

Le pedimos de manera pública, respetuosa pero vehementemente, al Lic. Alex Solís Fallas que por el bien de Costa Rica y, particularmente, por el prestigio en juego del mismo órgano contralor; que renuncie, de manera inmediata, al cargo de Contralor General de la República; y si persiste en su negativa a abandonarlo, que proceda la Asamblea Legislativa a su remoción, igualmente inmediata.

San José, sábado 12 de junio de 2004.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Fabio Chaves Castro
Presidente ASDEICE

Sin embargo, ante los Sectores Sociales empieza a ser visualizado como el candidato de la cúpula oligárquico-bipartidista PLN-PUSC, conocida en el pueblo como “PLUSC”; alianza impulsora de la transformación radical del modelo de Estado Social de Derecho que ha caracterizado a la sociedad costarricense, por uno de exclusión social: el Estado Neoliberal.

Aparte de lo anterior, nos sentimos en la necesidad de indicar lo siguiente: En su época de diputado, durante el período constitucional 1986-1990, el actual aspirante al cargo de nuevo Contralor General de la República, Lic. Alex Solís Fallas, propuso el proyecto de “Ley que autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela”, el cual en ese momento recibió el número de Expediente Legislativo 10883. Luego se convertiría en la Ley 7200.

Así se desprende del registro “Sistema de Información Legislativa” (Información de Leyes), de la Asamblea Legislativa, en cual se indica que el Lic. Solís Fallas fue el proponente de tal proyecto de ley.

Vistas así las cosas y considerando que ha sido la propia Contraloría General de la República la que ha planteado la necesidad de establecer, por parte del Estado, juicios de lesividad, estimando que ciertas empresas privadas generadoras de electricidad, establecidas al amparo de la Ley 7200, le habrían estado ocasionando severos perjuicios patrimoniales a las arcas del ICE, por supuestas adecuaciones tarifarias cuestionadas según el Informe 90-2000 del ente contralor, nos preguntamos:

¿Cómo podría resolver el Lic. Alex Solís Fallas la anterior situación, si en el caso de que resultase nombrado como nuevo Contralor General de la República, tendría que asumir la responsabilidad de demandar la interposición de tales juicios de lesividad; juicios que enfrentarían algunos poderosos intereses empresariales que han estado acumulando ganancias precisamente al amparo de la Ley 7200 que él impulsó y defendió en su época de legislador?

¿Cómo podría el Lic. Alex Solís Fallas, reconocer la responsabilidad política que a estas alturas habría que demandarle a él, por la promoción de una ley que para muchos ciudadanos se ha convertido en un altísimo costo que socava, sensible y casi irreversiblemente, las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); ley que, por tanto, debería ser derogada?

Definitivamente que habría mucho que preguntarle al Lic. Alex Solís Fallas sobre el tema anterior para tener mucha mayor claridad, acerca de sus ideas y objetivos en el eventual puesto de Contralor General de la República.

San José, 2 de junio de 2004.

Estimado señor:

Luego de expresarle un atento y respetuoso saludo, remito a usted el siguiente comentario, en el marco del Derecho de Respuesta que consagra el ordenamiento jurídico costarricense, dado que el editorial de esta fecha de Al Día, titulado “Una marcha sin razón”, hace alusión directa a las organizaciones sindicales costarricenses, dentro de las cuales la que honrosamente represento forma parte y es una de las agrupaciones promotoras del evento que mereció el editorial comentado. Esperamos que siempre prevalezca la ética por sobre las discrepancias y por eso confiamos en que esta respuesta será publicada. Este es nuestro texto:

El pensamiento totalitario de Al Día

¡Qué curioso!… La famosa globalización que nos imponen, únicamente debe funcionar para un lado, el de los poderosos dueños del capital. Pero si esa globalización también alcanza al mundo laboral, entonces se trata de desestabilización, subversión y otras paranoias políticas que los amanuenses asalariados escriben para sus amos.

Siento vergüenza por el comportamiento de cierta prensa de mi país, ante los colegas sindicalistas de España y de la América Central que nos han visitado por estas fechas. Esa prensa, de la cual el periódico Al Día es fiel ejemplo, se ha ideologizado completamente, hasta el punto en que ya no se distingue qué es línea informativa y qué es posición editorial. Sin embargo, como vivimos en democracia, tienen todo el derecho del mundo a subjetivizarse, políticamente hablando, en su ejercicio periodístico; sin embargo, a lo que no tienen derecho es a calumniar e insultar, sobre todo cuando ello se fundamenta en la más vulgar ignorancia.

Los compañeros sindicalistas españoles, Luis Fuertes (Unión General de Trabajadores, UGT) y Jordi Ribó (Comisiones Obreras, CC.OO), representan a importantes fundaciones sociales ligadas a tales centrales sindicales de España, específicamente de Cataluña; instituciones de cooperación internacional para el mundo laboral que, incluso, manejan fondos del Estado Español. El editorialista de Al Día, seguramente un trasnochado escribiente de las épocas de la Guerra Fría, insulta la inteligencia al acusarlos de “expertos en estrategias de desestabilización social”. Su mensaje es, sencillamente, solidaridad del capital, ¡sí!; solidaridad obrera, ¡no!

La verdad es que entendemos esa posición editorial de Al Día. No podía ser distinta. Su ejercicio periodístico, informativo y editorial está circunscrito a la visión de mundo del Grupo Nación, al cual pertenece; y éste, en cuanto hacedor de negocios, lo que busca es hacerlos lo más rentable y rápidamente posible; lo demás no importa. Eso les lleva a ser abanderados del pensamiento único y totalitario pues no tiene otra concepción de vida más que la del “libre” comercio.

Por eso nos acusan de no ofrecer alternativas, porque en su visión totalizante y totalitaria esas alternativas no existen. En Costa Rica hay muchos esfuerzos en desarrollo, desde muchas perspectivas, como el de la “Tercera República” que, por supuesto, Al Día las pocas veces que ha informado, ha sido para satanizarlo y desprestigiarlo. Para demostrarlo están los sucesos de junio del 2003, el escándalo que armaron cuando las propuestas de la “Tercera República”, pudieron haber sido consideradas por el actual Gobierno de la República.

Seguiremos luchando. Pero no somos sólo los sindicalistas. Somos una enorme coalición multicolor y multidiversa: ecologistas, estudiantes, académicos, profesionales, agricultores, comunidades, grupos pastorales y eclesiales, políticos honestos, diputados y diputadas patriotas, cooperativistas y hasta empresarios. La miopía totalizante y totalitaria del editorialista de Al Día le impide entender esto.

Somos cientos y cientos, miles y miles de costarricenses, hombres y mujeres que estamos en contra de ese TLC, del TLC del Grupo Nación, del TLC de Oscar Arias. Ese TLC, su TLC, que negociaron personas como Anabelle González, por lo cual le han venido pagando 8.700 dólares mensuales para que haya entregado la Patria, como vergonzosamente lo hizo el 28 de mayo anterior; personas como Alberto Trejos, desesperado por un tocamiento corporal con Mr. Zoellick, tal y como se vio en la foto indignante de la firma del TLC de Al Día.

Cuando se restauren, totalmente, los nobles valores de la ética periodística y se resalte la majestuosa potencia de una verdadera libertad informativa, se podrá ver que sí hay alternativas para un comercio justo. Como esa verdadera libertad informativa está muy castrada, la calle es el escenario perfecto para la libertad de expresión plenamente concebida, no como la entiende Al Día.

Compañeros sindicalistas de España: Estamos seguros que tienen ustedes el respeto del pueblo trabajador costarricense. Reciban disculpas por el trato innoble que han recibido de parte de cierta prensa totalitaria costarricense. Si hubieran venido con abultadas billeteras, como inversionistas, prensa como Al Día les habría puesto hasta alfombra roja. Nosotros sólo pudimos recibirlos en nuestro humilde local, pero lo hicimos con orgullo y con dignidad. Gracias por venir a conocer nuestra verdadera realidad, que no es la del Nóbel de la Paz. Al fin y al cabo, en vuestro país, España, no es desconocida la prensa tipo Al Día.

Hasta aquí nuestro comentario.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Cédula No. 1-457-390

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c.:Movimiento Sindical Costarricense.
c.:Junta Directiva Nacional.
c.:Archivo.