Categoría: Noticias

Al hacerse del conocimiento de la ciudadanía que el mencionado alto jerarca, buscando ser designado el nuevo Contralor General de la República, mintió a la Asamblea Legislativa, en cuanto a la posesión del elevado grado académico de Doctor en Economía, que nunca tuvo; se hace insostenible, por razones de transparencia y de ética, que permanezca un día más en ese honroso cargo de Subcontralor General de la República.

Además, su permanencia en ese puesto, aunque sea por tan sólo unos pocos días más, daña la imagen de la prestigiosa entidad contralora, en momentos en los cuales la cosa pública inherente a la administración del Estado costarricense, sufre serios problemas de credibilidad; ante una ciudadanía atónita con el constante descubrimiento de acciones incorrectas, que golpean la legitimidad de las instituciones del sistema público de nuestro querido país.

Don Jorge Corrales, quien a pesar de su pensamiento filosófico e ideológico de signo neoliberal, que no guarda relación alguna con los valores de la hasta hoy vigente institucionalidad costarricense, ha sido considerado un intelectual de respeto hasta la fecha; debe mostrar el decoro que se esperaría de una figura como la suya, renunciando inmediatamente al citado cargo; para restaurar el golpe moral que ha recibido la entidad contralora, con el inexistente mérito académico que, supuestamente, le sirvió para obtener el cargo que hoy debe abandonar.

Además, la propia Contraloría General de la República debe establecer si con base ese supuesto título de Doctor en Economía, se le habrían estado otorgando reconocimientos salariales durante el tiempo en que ha estado en el cargo de Subcontralor General, para que se le demande que los devuelva.

San José, 29 de abril de 2004.

Según se la ha indicado a la ANEP, tales decisiones habrían establecido un incremento del 100 % en la plaza de Presidente Ejecutivo y de un 85 % para las plazas de gerentes y subgerentes de la institución, incluyendo, aparentemente, a la de Auditoría General.

Desde la noche del lunes anterior, día 19, la ANEP envió, con carácter de urgencia, una nota al Contralor General de la República, Lic. Luis Fernando Vargas Benavides, solicitándole aclarar que si la entidad contralora tenía conocimiento del asunto y si hubiese resuelto algo en particular.

La ANEP, que tenía en elaboración un emplazamiento directo a quien es ya hoy, Expresidente Ejecutivo de la Caja; solicitará en las próximas horas, el nuevo jerarca, el Dr. Horacio Solano Montero, una indagación sobre el particular; ya sea, para desmentir la existencia de tal decisión ò, para darla a conocer al país con toda la amplitud del caso.

Además, es preciso saber si en el caso de que tal decisión se hubiese adoptado, si la misma es producto de acuerdo de la Junta Directiva de la institución y cuáles serían los sustentos políticos, jurídicos y técnicos para haberla adoptado.

Sería nefasto para la credibilidad de la emblemática institución de la Seguridad Social costarricense, que una decisión de tal calibre se hubiese dado en el marco de las actuales circunstancias sociales, que marcan un sendero muy difícil para la clase trabajadora agobiada, por salarios decrecientes en medio de una inclemente cadena de alzas que este Gobierno no hace nada por parar.

San José, 22 de abril de 2004.

Ese presupuesto fue obtenido por iniciativa propia de las autoridades del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), mediante gestiones directas en la Asamblea Legislativa, con ocasión del trámite, a finales del año pasado, del proyecto de Presupuesto de la República para 2004.

El INEC estaba esperanzado en obtener para 2004, un presupuesto total de 1016 millones de colones (incluyendo lo necesario para realizar la mencionada encuesta). Sin embargo, sufrió un recorte en la tramitación del citado presupuesto, ejecutado por el Ministerio de Hacienda; lo cual le obligó a gestionar por sí mismo, ante el parlamento costarricense, los fondos suficientes para llevar a cabo la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del presente año.

Ahora, sorprendentemente, es el propio Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), quien estaría obstruyendo la realización de esa encuesta; pues, para satisfacer el enojo del Ministerio de Hacienda ante la no aprobación pronta del denominado Plan Fiscal, accedió al nuevo recorte presupuestario ordenado por este último ministerio y, precisamente, por la suma de 65 millones de colones.

El chantaje del Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa, para que le aprueben el nuevo paquete tributario, está llegando a extremos sencillamente ridículos. 65 millones de colones constituye una pequeñísima cantidad de dinero dentro de las voluminosas cifras inmersas en el asunto presupuestario, fiscal y tributario; dejando sin financiamiento un programa como la Encuesta de Hogares que produce valiosa información sobre la situación socioeconómica nacional.

Sin embargo, esa cantidad es estratégicamente vital para realizar la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del presente año y no hay justificación alguna (ni moral, ni jurídica, ni política y mucho menos ética), para impedir que se realice.

Con toda nuestra fuerza, exigimos muy vehementemente, al Gobierno de la República que exprese la voluntad política requerida para corregir lo que sería uno de los más graves errores en materia económica y social para este año; sea, impedir que se lleve a cabo tal encuesta.

Por otra parte, exigimos a las máximas autoridades políticas del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), dar el respaldo necesario al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para que reciba los fondos originalmente previstos por la Asamblea Legislativa, para la ejecución de la mencionada encuesta.

Condenamos, enérgicamente, al Ministerio de Hacienda, por ordenar recortes presupuestarios absurdos y ridículos pero nefastos y contraproducentes, que afectan de manera sensible, políticas públicas de indudable interés ciudadano; como son la medición de las variaciones en la condición socioeconómica de las familias costarricenses, especialmente aquellas pertenecientes a la clase trabajadora.

No quisiéramos pensar en la existencia de alguna perversa y oculta intencionalidad política, por parte de los mayores mandos reales del Gobierno de la República, buscando impedir que la realización de tal encuesta, muestre la inobjetable realidad del bolsillo popular: una indetenible e injusta cadena de alzas que están golpeando, duramente, la ya de por sí bastante afectada estabilidad socioeconómica de las familias de la clase trabajadora.

San José, 12 de abril de 2004.

Esta nueva alza, aunada a la que se espera en los combustibles, en las tarifas de buses, en el arroz y otras, indican la naturaleza perversa de un sistema de liberalización total de precios que afecta, con mayor intensidad y dureza, a quienes menos se pueden defender: la clase asalariada.

Condenamos, enérgicamente esta cadena de alzas; denunciando, con toda nuestra fuerza y vehemencia, la gran estafa política que se cometió, una vez más, contra los sectores populares, en la recién pasada campaña electoral.

El Gobierno del Presidente Pacheco de la Espriella, es tan neoliberal como los anteriores: Insensible al dolor de los sectores pobres y trabajadores, afectados duramente con la carestía de la vida; cuyo ascenso inmisericorde es incapaz de parar o de, al menos, atenuar, la administración actual.

Esta cadena de alzas en contra de los intereses populares, constituye una verdadera bofetada a la dignidad de la clase trabajadora; particularmente ofensiva en momentos en los cuales está por aprobarse un paquete de reformas fiscales que dada las carencias que presenta y la negativa a introducirle los cambios sugeridos por varios sectores sociales; está destinado a convertirse en un paquetazo tributario más, contra el bolsillo de los que menos tienen.

Sin duda alguna, los procesos de fijación salarial que se avecinan, tanto para el Sector Privado como para el Sector Público, estarán sumamente candentes; particularmente en este último sector, donde las posibilidades de organización para la acción y la movilización activa son mucho mayores. ANEP se alista desde ya para llamar a la lucha decidida contra el acelerado empobrecimiento salarial.

San José, 5 de abril de 2004.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), deja constancia pública por esta vía, de su más ferviente muestra de solidaridad y de apoyo para con los periodistas de Diario Extra; condenados a penas de prisión a raíz de su actividad profesional, en un campo de tanta importancia estratégica para el país, como el de la comunicación colectiva.

Para la ANEP está claro que Gabriela Chávez Pérez, Marco Leandro Camacho y José Luis Jiménez Robleto, experimentados y distinguidos profesionales periodísticos, cumplían una labor profundamente ética y con gran contenido humanista; pretendiendo tan solo que los lectores de Diario Extra tuviesen conocimiento de informaciones justas, equilibradas y apegadas a la realidad de los acontecimientos que estaban reportando.

Nuestro respaldo solidario para con los citados periodistas, debemos hacerlo extensivo a Diario Extra y a toda la empresa periodística del Grupo Extra (La Prensa Libre, Radio América y Extra TV 42); pues estos medios de comunicación colectiva se han convertido en una sólida garantía democrática para garantizar la verdadera equidad informativa, permitiendo la difusión amplia y justa de la noticia que se origina en la actividad de los sectores organizados del movimiento popular costarricense.

Ha llegado la hora de las necesarias y contundentes transformaciones jurídicas que no solamente garanticen al comunicador y a la comunicadora, plena seguridad de que el ejercicio responsable de su profesión no implica la sanción penal, como sucede ahora; sino que quede la certeza de que la propiedad privada de los medios de comunicación colectiva, está estrechamente relacionada con una responsabilidad social, para el acceso igualitario a la difusión y recepción de información, de todas las voces actoras del escenario político y social nacional.

San José, 1 de abril de 2004.

Ni la más mínima sorpresa causa en los sectores del amplio y diverso movimiento social costarricense, la encuesta que publica el periódico La Nación, en este fecha, acerca del supuesto“amplio” respaldo de la población costarricense al TLC (tratado de “libre” comercio), entre Costa Rica y los Estados Unidos de América. Hechas las consultas de rigor en este día, sobresalen los siguientes argumentos:

Primero: El Grupo Nación y sus periódicos La Nación, Al Día y EL Financiero constituyen un actor ideológico y político claramente definido en el asunto del TLC; al cual apuestan sistemática y militantemente, pues lo consideran como la solución definitiva para entronizar en Costa Rica, su proyecto neoliberal de desarrollo. Difícilmente es posible que tales medios divulguen una encuesta contraria a los intereses económicos de sus propietarios.

Segundo: La encuesta en mención sale luego de una intensa y millonaria campaña propagandística, que no tiene nada de informativa; por medio de la cual se ha estado agrediendo psicológicamente a la gente, en una especie de terrorismo ideológico, al plantearle que el país se enfrenta a la maniquea disyuntiva de “TLC o morir”. Bajo tal premisa, es muy difícil para el común de la gente, liberarse de tal acorralamiento.

Tercero: Lo anterior tiene relación directa con la imposibilidad material que resulta para la amplia gama de sectores opuestos al TLC, difundir la tesis contraria, en condiciones de equidad de acceso a los distintos medios de comunicación colectiva y a los mecanismos publicitarios que se necesitan y que son de alto costo económico.

Cuarto: Precisamente, esta situación hace profundamente legítimo el reclamo público formulado días atrás por varias organizaciones sindicales, cuestionando el empleo de fondos públicos, pagados por todos, en una única dirección. Un mínimo factor ético del Gobierno de la República, debería considerar una divulgación equilibrada de las tesis contrapuestas, a fin de que la ciudadanía pudiera formarse un criterio propio a partir de su autónoma reflexión; no una opinión condicionada por una propaganda falaz y abusiva.

Quinto: Vistas así las cosas, dejamos constancia de que no creemos en las encuestas pagadas por el Grupo Nación sobre el TLC, pues es obvio que las mismas se inscriben en la campaña propagandística diseñada al efecto, para acorralar a la opinión pública; buscando acosar a la Asamblea Legislativa a que tome la decisión conveniente a los intereses de negocios de tal grupo que no son los del país.

San José, 17 de marzo de 2004.

Trabajadores y trabajadoras:

Las autoridades Médico-Administrativas del H.N.N. han declarado una abierta persecución contra nuestro compañero, dirigente sindical de la ANEP, DANNY GARBANZO ALFARO; a quien se le separó de su puesto arbitrariamente y haciéndole señalamientos muy serios en su contra; señalamientos que resultan todo un montaje que hace tiempo venían planeando. La realidad es que desean desaparecer del Hospital Nacional de Niños, cualquier forma de organización de los trabajadores.

¿QUÉ LE COBRAN A DANNY GARBANZO?

* Le cobran su participación, en primera línea, en la defensa del parqueo para el personal NO Médico.
* No le perdonan su respaldo a las funcionarias de Nutrición en su lucha por salir de los grandes problemas en que los tiene la Dirección y la Administración; problemas que todavía persisten.
* Le cobran defender mejoras para la alimentación de los niños y de las niñas y del personal, en general.
* No aceptan que Danny apelara un “concurso” que ya tendría nombre, situación que nos obligó a presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), por presuntas Prácticas Laborales Desleales, contra todas las jefaturas involucradas. Tal tipo de prácticas están tipificadas como delito penal, según la Ley No. 7360.
* Es criterio de la ANEP que se busca nombrar gente que sea “consecuente” con la Dirección Médica. Eso nos consta, ya que el Dr. Hernández Gómez se dejó decir en presencia de la Seccional de la ANEP que “…él solo ayuda a quienes están con él…” ¡INCREÍBLE!

Como Danny decidió estar con los trabajadores, lo quitan, siendo Bachiller en Administración de Empresas, con 24 materias ganadas en la carrera de Ingeniería en Sistemas; con 10 años de laborar interino en el hospital. Puede decirse que está a escasas 8 materias de ostentar un segundo Bachillerato en una carrera universitaria distinta.

Una persona, un profesional como Danny, con tan brillante record académico, con una trayectoria limpia como trabajador y, además, con lealtad y compromiso para con sus iguales, es decir, los trabajadores; constituye un “peligro” para la Administración; por tanto, debían deshacerse de él.

Presuntamente, según fuentes creíbles, el reciente cambio en la Jefatura de Informática habría obedecido a la necesidad de sacar a Dany de dicho departamento. A la nueva jefatura se le “habría” encomendado tal misión. Por cierto, que en la Presidencia Ejecutiva de la Caja, ya tienen conocimiento de que esta persona utiliza el correo electrónico interno para pasar bromas y/o chistes; es decir, basura, sin que sepamos, hasta el momento, si ha habido alguna llamada de atención.

PRESIDENTE AJECUTIVO DE LA CCSS
ADMITE QUE SE TRATA DE PERSECUCIÓN SINDICAL

La Dirección Nacional de ANEP se ha reunido, en dos ocasiones, con el Dr. Eliseo Vargas García, Presidente Ejecutivo de la CCSS y este admitió que es evidente que lo que se está presentando en el H.N.N. es una clara persecución sindical. Además, se comprometió a intervenir, situación que no ha provocado ningún resultado a este momento. Tal resultado no puede ser otro que la inmediata reinstalación en su puesto del compañero Danny Garbanzo.

¿QUÉ BUSCAN LAS AUTORIDADES MÉDICO-ADMINISTRATIVAS DEL H.N.N?

Quieren impedir que los trabajadores se organicen, que tengan representantes que luchan por sus derechos. Estos señores sienten que el Hospital les pertenece y no soportan que queden en evidencia sus errores, y los yerros en la gestión que les fue encomendada. Quieren silenciarnos y desean una lealtad con ellos, no con la institución.

¿QUÉ HARÁ NUESTRO SINDICATO ANEP?

De ahora en adelante, tanto la ANEP-Nacional, como nuestra Seccional tiene claro el escenario y el marco de relaciones con la Dirección del Hospital. No será este desafortunado acontecimiento el que nos detendrá; todo lo contrario, entraremos a examinar todas las actuaciones del Hospital y haremos las denuncias que ya estamos trabajando.

Que se tome nota de que ANEP MANTENDRA, REFORZARÁ, LEGITIMARÁ nuestra presencia. Haremos valer los derechos de asegurados y trabajadores ¡cueste lo que cueste!. Por eso requerimos del apoyo decidido de todos y cada uno de Ustedes.

Quienes creen que descabezan la lucha, eliminando al dirigente Danny Garbanzo se equivocan. No vamos a permitir que sigan haciendo y deshaciendo a su antojo en el Hospital, ya tenemos una larga lista de asuntos que vamos a denunciar. Si permitimos que se despida a nuestro dirigente ¿Qué no se atreverán a hacer, después?.

No permitamos que persigan a nuestro compañero dirigente por defender la causa de los trabajadores.

Deseamos impedir que en el H.N.N una “cúpula” maneje a su antojo las relaciones de trabajo. Si se viola el derecho a la libre actividad sindical, todos los demás derechos están en riesgo.

¡Hoy es Dany… Mañana puede ser usted!

San José, 15 de marzo de 2004.

Con el mayor respeto, la ANEP expresará a tan alto jerarca judicial y, por su digno medio, a los restantes colegas del más alto tribunal de la República y a los otros señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia; queja y preocupaciones en torno a delicadas situaciones como las siguientes:

1. Rechazo absoluto por el tribunal constitucional, a la tesis sindical contraria al proceso de reestructuración de la Municipalidad de Alajuela; cuyo jerarca, el Lic. Fabio Molina, presuntamente estuvo haciendo alarde de una “coordinación” con el Magistrado don Luis Paulino Mora Mora, según denuncia de trabajadores, a propósito de los recursos de amparo interpuestos por la ANEP, contrarios al despido arbitrario de 43 trabajadores y trabajadoras de la citada municipalidad. Además, resaltar un proceso inusual de la Sala IV para notificar este tipo de fallos, nunca antes empleado en procesos de similar naturaleza.

2. Aval constitucional al cuestionado proceso de “indemnizar” a los trabajadores del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico ((INCOP), vía modificación de la Convención Colectiva de Trabajo todavía vigente en dicha entidad; considerando que se ha venido criticando, fuertemente, la existencia de presuntas irracionalidades, desproporcionalidades y abusos en ciertas cláusulas de otras convenciones colectivas; tal y como es el caso de varios artículos abolidos por la propia Sala IV en el caso de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE). (pasa…)

La ANEP no encuentra lógica alguna para avalar algo parecido en el caso del INCOP, con una segunda indemnización laboral, por vía convencional, dado el proceso de privatización.

Además, sentimos preocupación por la negativa de la Sala Constitucional a tutelar el derecho de libertad sindical, considerando que la ANEP es discriminada en el INCOP, a raíz de su rechazo al proceso privatizador,.

3. Preocupación por eventuales fallos constitucionales contrarios al rompimiento del tope de cesantía más allá de lo establecido en el Código de Trabajo; como lo es el caso de los municipios que en sus respectivas convenciones colectivas de trabajo, establecen reconocimientos de 10, 12, 15, 20 ó más años.

La ANEP considera que darle razón a quienes cuestionan esta ampliación de derechos, sería un contrasentido con lo estipulado en la Ley de Protección al Trabajador que, aunque parcial, rompió el tope de cesantía sin límite de años, tanto en el Sector Público como en el Privado. Igualmente, la ley solidarista establece estipulaciones parecidas, amén de la usual práctica empresarial de reconocer cesantía de manera anual, rompiendo la barrera de los ocho años. También es de resaltar que en este asunto del rompimiento del tope de cesantía, cuando se trata de reestructuraciones en el Sector Público, se paga la totalidad de los años servidos (por ejemplo, bajo el sistema del Servicio Civil).

Se trata, en consecuencia, de puntualizar, con el mayor respeto, ante la honorable Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, preocupaciones serias que surgen desde el ámbito laboral sobre el rumbo de la práctica dinámica de impartir justicia constitucional en Costa Rica.

San José, 1 de marzo de 2004.

Aunque se mantendrá en manos del Estado la compra de tales medicamentos de delicado manejo, a través de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); así como que esta institución abastecerá a los centros de salud bajo su tutela; no parece conveniente la intervención de estructuras paralelas, de carácter privado, en las sensibles redes de distribución de tales medicamentos de manejo tan sensible; por más confianza y seriedad que generen y muestren las empresas privadas que se seleccionen para tal fin.

Para nadie es un secreto que productos estupefacientes como morfina, clorhidrato de cocaína, codeína, ritalina, entre otros, sustancias altamente adictivas, son fuente constante de controversia social; e incluso, para países como los Estados Unidos de América, se trata de cuestiones de alto interés político y materia de su propia seguridad nacional.

Es necesario una explicación pública de las razones que han fundamentado una decisión como la indicada, abriendo paso a la realización de una nueva fuente de lucro privado, con una responsabilidad social de intrínseca naturaleza pública.

Si la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), será, a partir de ahora, la compradora directa de todos los fármacos estupefacientes; y si ella misma abastecerá las respectivas necesidades de los centros de salud bajo su administración; cómo explicar que no pueda ella misma hacerse responsable de la distribución a los entes de salud de carácter privado, de esos estupefacientes, dándole paso a un tercero para que lucre con tal propósito.

Indudablemente que las autoridades gubernamentales involucradas en este asunto, deben dar suficientes explicaciones.

Particularmente, debe establecerse, con claridad absoluta, cuál es la base legal que da fundamento para abrir la intervención de la empresa privada, en el manejo de los estupefacientes indicados; considerando, no solamente su calidad de productos de alta adicción, sino los poderosos intereses políticos y criminales que se mueven en torno a esta dinámica.

San José, 24 de febrero de 2004.

Para nuestra organización, la violencia no puede explicarse a partir de enfoques patológicos y/o reduccionistas, bajo categorizaciones de comportamientos individuales inadaptados.

Todo lo contrario, la violencia social está asentada en una concatenación de factores, dentro de los cuales el cierre de oportunidades, la sensación de exclusión social, el atosigamiento consumista y el facilismo como forma de vida, la ostentación y la opulencia que exhiben los que más tienen, el deterioro de las condiciones de vida y la estrechez económica, por ejemplo; aportan trascendentales pistas explicativas, científicamente demostrables, de las conductas delictivas que presenciamos en la actualidad.

Sin duda alguna, las inequitativas relaciones de poder económico, social y de género, perpetúan esa forma de violencia.

Lamentablemente, en este marco de condiciones, las mujeres están llevando la peor parte; las mujeres de los sectores populares, las mujeres trabajadoras, dentro y fuera del hogar; las mujeres humildes, básicamente.

A pesar de entender las causalidades de la violencia, no hay forma de justificar la agresión psicológica, verbal y/o física, de un ser humano para con otro ser humano; mucho menos, no hay forma de justificar la agresión doméstica, cruel e hiriente para todo el tejido social, de un hombre para con una mujer.

Es por eso que la sociedad debe tomar medidas, de distinto orden, a través de la institucionalidad que la rige.

Por eso, en el caso de la violencia doméstica en Costa Rica y considerando la creciente tendencia a que las mujeres sean las principales víctimas de tanta agresión, dolor y sufrimiento; es que en ANEP apoyamos, la aprobación del proyecto de Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres; exhortando, a los honorables señores diputados y a las honorables señoras diputadas, para que le den su voto afirmativo, en el menor plazo posible.

San José, 16 de febrero de 2004.