Categoría: Opinión

Camarotes de tres pisos. En realidad es para aumentar de tres a cuatro los espacios para dormir de los privados de libertad en cárceles donde ya no cabe un ser humano más. En los camarotes actuales, de dos niveles, una tercera persona duerme en el suelo, debajo del primer espacio. Ahora, a la que le toque dormir en el tercer piso, probablemente se dará contra el techo, contra el cielo raso del módulo carcelario, aparte de que intentar el sueño en tal condición debe ser terrible, habida cuenta de los calores que se dan en este tipo de construcciones.

Esto es tan sólo uno de los datos más dramáticos de los últimos días acerca de lo que en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), catalogan como la crisis del Sistema Penitenciario Nacional (SPN). Esta organización le hizo entrega al señor Ministro de Justicia y Paz, don Fernando Ferraro Castro, un serio planteamiento al respecto: “Se debe enfrentar con seriedad la crisis y revertir el creciente deterioro del Sistema Penitenciario Nacional”.

Se pide en este planteamiento que se declare Estado de Emergencia Nacional para el Sistema Penitenciario Nacional (SPN). No solamente se trata de un problema de hacinamiento y sobrepoblación privada de libertad. Es bien cierto que se está llegando al 40% de exceso en el número de seres humanos internados en prisión. Toda una bomba de tiempo. El problema es más profundo aunque la inmediatez aterroriza.

Indica el mencionado planteamiento sindical que “solamente el abnegado compromiso y el más grande sacrificio de la abrumadora mayoría del personal carcelario de Costa Rica, ha impedido un desastre mayor en el Sistema Penitenciario Nacional”. Efectivamente. La sociedad, el país, la ciudadanía está en enorme deuda con este importante grupo de servidores públicos: policías penitenciarios, trabajadores sociales, psicólogos, abogados, orientadores, educadores, oficinistas, secretarias, choferes, cocineros, trabajadores de mantenimiento, mensajeros entre otras ocupaciones laborales al interior de la cárcel; quienes deberían ser declarados como héroes y heroínas del trabajo en pro de la paz social y de la seguridad nacional.

El señor Ministro de Justicia y Paz alberga la “esperanza” de que otras entidades involucradas en este asunto penitenciario le “presten” este tipo de personal profesional por varios meses para atender la altísima demanda pendiente de casos que están en espera de su respectivo abordaje individual. Con todo respeto, “cajita blanca” para el señor Ministro Ferraro Castro.

No solamente las personas privadas de libertad están viviendo en condiciones deplorables. Este personal también: en ambientes insalubres desde el punto de vista de la salud ocupacional; con salarios deteriorados; con sobreexplotación laboral en formas inimaginables. Horarios de vigilancia policial intramuros de hasta 18 horas que se le exige al policía penitenciario; psicólogos con 500 casos a cargo; igual o más carga laboral para el personal profesional en Trabajo Social y/o en Orientación; abrumadora presión de los jueces para obtener informes en tiempo determinado sobre personas privadas de libertad; gran presión de los servicios médicos, etc., etc.

Por eso lleva razón la petición que formula la legítima representación laboral del personal penitenciario del país para que se dé una declaratoria de Emergencia Nacional para las cárceles costarricenses. El Ministro Ferraro Castro criticó que tal planteamiento no puntualizara en los aspectos jurídicos que posibilitaran tal declaración. Pero el que gobierna en las cárceles es él, no la ANEP.

La propuesta laboral es para provocar la expresión de una real voluntad política al respecto y si como dice él que la ley solamente abre espacio para emergencias nacionales cuando se trata de “algún fenómeno natural, guerras, invasiones o eventos impredecibles…”, entonces, procédase a solicitar el apoyo legislativo del caso y que se dé una autorización especial para la crítica situación carcelaria del país. Nosotros pensamos que con la actual legislación es suficiente porque se trata de un caso de conmoción social inminente con grave riesgo de pérdida de vidas humanas.

¿Cuántas más personas deben morir al interior de la prisión para que haya una verdadera acción política Gobierno-Asamblea Legislativa, que le dé prioridad a la bomba de tiempo que es, por ejemplo, el centro penal La Reforma? ¿Cuántos policías penitenciarios más deben dar su vida en cumplimiento del deber para que la clase gobernante entienda, por ejemplo, que la cárcel de San Sebastián es, prácticamente hoy en día, tan sólo un depósito de cuerpos humanos vivientes que se “almacenan” en “anaqueles” llamados camarotes y ahora de tres pisos, con cuatro espacios desde el frío suelo hasta el mero techo, el caliente cielo raso?…

Recordamos que en los últimos años Marco Tulio Picado León y Francis Morales Fallas, policías penitenciarios destacados en La Reforma entregaron sus vidas en episodios de violencia y cumplir su deber les llevó a la muerte. Un servidor del mismo penal, chofer de un bus de transporte interno, Johnny Vega Chaves, también dio su vida por un violento intento de fuga. En la cárcel de San Sebastián ya hubo episodios de toma de rehenes y el personal afectado perdió para siempre la tranquilidad emocional. La cruel realidad que todo funcionario penitenciario tiene clara es que ingresa a laborar a la cárcel por la mañana, pero no tiene certeza de que por la noche vuelva a estar con su familia.

En el diálogo constante que la indicada representación sindical ha sostenido con la alta jerarquía político-tecnocrática del SPN, se ha podido constatar que la preocupación de la máxima autoridad ministerial de las cárceles es transparente, bien intencionada y así se le reconoce. Pero, efectivamente, la crisis del Sistema Penitenciario Nacional ya no puede ser tratada como un asunto de rutina gubernativa cotidiana de carácter ejecutivo y, básicamente, para gestionar más campos para “embodegar” más seres humanos en las prisiones.

El Poder Ejecutivo debe emplazar al parlamento. De seguro que la movilización laboral penitenciaria no se hará esperar. El Ministerio de Justicia y Paz sabe cuántos nuevos puestos de trabajo urgen para atender la creciente y explosiva demanda de las personas privadas de libertad para que sus casos se aborden, integralmente y desde una perspectiva profesional interdisciplinaria como ordenan todas las doctrinas en materia de Derechos Humanos intramuros carcelarios.

El planteamiento sindical “Se debe enfrentar con seriedad la crisis y revertir el creciente deterioro del Sistema Penitenciario Nacional”, no es una ocurrencia, no es un ejercicio intelectual de escritorio, no es tan sólo un “esfuerzo de estudio”. Está sustentado en la vivencia del día a día del colectivo laboral penitenciario a quien el país le debe que no haya ocurrido una tragedia humana de proporciones insospechadas en las cárceles del país.

Aconsejamos a los padres, a las madres, a los hermanos y a las hermanas, a los hijos y a las hijas, a las familias de quienes están privados de libertad, para que analicen, con cuidado el planteamiento sindical que estamos comentando; para que tomen parte activa en esta cruzada de sensibilización al sistema político (Gobierno, parlamento y Poder Judicial), para que se defina que la situación actual de las cárceles costarricenses requiere de un Estado de Emergencia Nacional. Seguiremos con el tema…

Nosotros, desde las tiendas de la lucha social y sindical, desde un principio abrazamos esta causa: la defensa del carácter público de los muelles del país, considerando su naturaleza estratégica y valorando que son patrimonio del país, que son propiedad colectiva; y, además, de un modo u otro, se conciben dentro de una concepción de desarrollo fundada en el bien común, en el bienestar del mayor número, en la inclusión y en la movilidad social.

Así actuamos durante varios años en defensa de los principales muelles de la costa pacífica, hoy privatizados del todo y comprobado está que esto no ha sido beneficioso ni para la comunidad puntarenense ni para el país y sus clases populares. Ni los macarrones, ni las galletas, ni el pan, ni el arroz y similares, cuyos granos de elaboración ingresan por estos puertos del Pacífico costarricense, son hoy más baratos para la gente del trabajo que antes de que tales muelles fueran entregados al capital extranjero.

Hubo una conjura neoliberal que complotó a favor de grandes intereses corporativos y de sesgo trasnacional, con la complicidad lucrativa de ciertos bufetes nacionales. Se violentó así la Constitución Política que en su artículo 121 estableció que “los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales… no podrán ser enajenados, arrendados ni gravados, directa o indirectamente, ni salir en forma alguna del dominio y control del Estado”.

Tanto para la Contraloría General de la República (CGR), como para la propia Sala Constitucional de la Corte Suprema Justicia, tal disposición constitucional no les mereció ningún respeto (dicho esto con palabras elegantes). Esta conjura materializada en el caso de los muelles del Pacífico, tiene su segunda versión con lo que está sucediendo con los muelles del Atlántico.

Nuestros colegas del Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA, SINTRAJAP, nos lo recuerdan en esta ocasión. El Lic. Ronaldo Blear Blear, su Secretario General, nos indica que sin el permiso del primer Poder de la República (la Asamblea Legislativa), la señora Presidenta de la República, doña Laura Chinchilla Miranda, firmó un contrato con la firma extranjera de capital holandés APM TERMINALS, entregándole a ésta la soberanía de Costa Rica y la explotación del negocio y riqueza portuaria de Limón, durante los próximos 30 años. La comisión parlamentaria de la Asamblea Legislativa que investiga las concesiones en Costa Rica no aprobó esta concesión pero aun así, la mandataria hizo caso omiso a lo dictaminado por los representantes del pueblo costarricense.

Asimismo, 20 diputados le indicaron a la señora Contralora General de la República, mediante carta, que no refrendara el contrato con APM TERMINALS, porque con este contrato se está entregando una explotación por 30 años de suelo nacional y su riqueza. Este tipo de contratos tienen que ser aprobados por el Primer Poder de la Republica, no por el Poder Ejecutivo o la Contraloría General de la República (CGR), establecido así en la Constitución Política. Por estos motivos, los diputados solicitaron en su momento a la anterior Contralora, la señora Rocío Aguilar Montoya, declarar su incompetencia; pero sucedió lo mismo. Ella, al igual que la señora Presidenta Chinchilla Miranda, también hizo caso omiso a los argumentos constitucionales expuestos por los diputados, irrespetando a su superior inmediato (que es la Asamblea Legislativa) y refrendó el contrato. En todo caso, el ente contralor también le pasó por encima a la Constitución.

SINTRAJAP nos recuerda que en su momento informó al pueblo costarricense sobre lo actuado por el Gobierno y que para firmar este contrato con APM TERMINALS, hubo un intento de sobornar a los trabajadores portuarios con la suma de $137 millones de dólares. El rechazo de este chantaje dejó un claro enojo en el Poder Ejecutivo en contra de SINTRAJAP y de Limón: No logran entender que se haya despreciado semejante cantidad de dinero por parte de los trabajadores y que, con dignidad, no hayan aceptado un “precio” a cambio de quedarse sin empleo.

Por otra parte, la demanda interpuesta ante el Tribunal Contencioso Administrativo que formuló SINTRAJAP y la Cámara Nacional de Bananeros (CANABA), se encuentra en estos momentos apelada en los Tribunales de Casación, pues en el mencionado tribunal contencioso se asignó para dirigir el proceso al juez Garita Navarro, quien fue empleado del MOPT. Él no debió aceptar que le asignaran un caso que por los principios básicos del Derecho, como lo son la objetividad y la sana crítica; amén de que desde el punto de vista moral no debió llevarlo. Esto mueve a pensar en que los tentáculos de los promotores del negocio portuario del Atlántico podrían llegar a todas partes; y que para lograr su objetivo en contra de los intereses del pueblo y en beneficio de unos pocos, no se tendría reparo alguno.

Nos cuenta SINTRAJAP que, a la vez, formuló una demanda en contra del Expresidente Dr. Óscar Arias Sánchez, por el intento de soborno ya mencionado. Otras agrupaciones, incluyendo a la cual servimos, hicimos algo similar. Estas demandas hoy duermen el sueño de los justos en la Fiscalía General de la República. Tales circunstancias nos confirman que en todo esto de la concesión muellera del Atlántico se ha transitado un camino viciado, violentando la Constitución Política, influenciando en otros poderes, intentando sobornar al sector laboral y atropellando los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores humildes.

El Gobierno, específicamente el Poder Ejecutivo, está torciendo brazos en todo esto, violando la Constitución Política. SINTRAJAP ha acumulado de todo lo dicho pruebas documentadas. ¡Qué infamia! y ¡qué indignidad! Algún día estos malos gobernantes que lesionan la soberanía nacional, en claro beneficio de intereses extranjeros y en perjuicio de muchos ciudadanos y ciudadanas, tendrán que responder ante la justicia. El pueblo costarricense debe repudiar estos hechos que van en contra de la Patria y que nos afectan directamente a todos en el precio de los productos que consumimos.

Por la paz social en la provincia de Limón, y en el país en general, por incluir clausulas inconstitucionales de exclusividad en el manejo de los contenedores, eliminando con ello la libre competencia en favorecimiento de intereses extranjeros y en contra del país, es que de manera pública, solicitamos a la Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, declarar nulo este contrato.

Terminamos nuestro comentario de la fecha para compartir con ustedes que hoy, hace exactamente once años, un 8 de mayo de 2002, escribimos nuestra primera columna de opinión en estas mismas páginas. Damos gracias infinitas a Diario Extra, a su gigante fundador y por siempre baluarte de la Libertad de Expresión en Costa Rica, don William Gómez Vargas (q.d.D.g.); y a su responsable actual, la señora Iary Gómez. Ninguno de los 570 artículos publicados hasta la fecha en este mismo espacio, jamás han recibido la más mínima censura ni el más ínfimo corte. En verdad, Diario Extra se ha convertido en una parte esencial de la democracia contemporánea de nuestro país y nosotros somos testigos de ello.

Hoy somos zapateros… Hoy somos panaderos. Hoy somos obreros tipógrafos… Hoy somos sastres… Hoy, PRIMERO DE MAYO DE 2013, cien años después, recordamos la hazaña histórica de nuestros compatriotas, los de renombre y los anónimos, ticos y ticas, quienes desde el PRIMERO DE MAYO DE 1913 nos dejaron la misión de recordar por siempre que en este glorioso día hemos de festejar el DÍA INTERNACIONAL DE LA CLASE TRABAJADORA, inclinándonos, reverencialmente, ante el legado eterno de “Los Mártires de Chicago”: la Jornada de 8 horas.

Aquel PRIMERO DE MAYO DE 1913 ilustres costarricenses como Omar Dengo, Carmen Lyra y Joaquín García Monge, pronunciaron sublimes discursos que, de un modo u otro, 100 años después, siguen teniendo una vigencia impresionante. Decía don Omar Dengo: “Niego y califico de mentida y pobre la conquista que a la Revolución Francesa se le atribuye” (se refería a lo de “Libertad, Igualdad y Fraternidad”)… _“La igualdad existe en cuanto a que existe el mismo contubernio que siempre ha habido entre el poder político y el poder del oro; la libertad en cuanto a que continúan impunes todos los atropellos con que la prepotencia viola los derechos del débil”_… ¡Impresionante! Es como si el profesor, insigne educador, don Omar Dengo, estuviera hablándonos hoy, ¡cien años después!

Y el no menos insigne patriota, educador también, don Joaquín García Monge, indicaba: “Ya sabemos que las efemérides y los héroes del trabajo no resplandecen con el brillo de los del Estado o los de la Iglesia, ni sus renombres resuenan pomposamente en los largos corredores de la historia; todos ignorados, ni se recuerdan, ni son objeto de culto”. ¡Qué clase de enseñanza!: Solamente “los y las de abajo” han de reivindicar a sus iguales.

La extraordinaria visión de don Joaquín García Monge indicó a quienes le escucharon ese Primero de Mayo de 2013 que esta histórica fecha constituía una doble celebración para los y las costarricenses y para el pueblo centroamericano: “Para el trabajador centroamericano el Primero de Mayo es doblemente significativo en lo que importa a su condición de hombre y artesano. En un día como este, hace 56 años, el filibustero yanqui desistió de su primera tentativa de conquista armada del territorio que nuestros mayores nos heredaron”. Don Joaquín García Monge, nos recordaba ese Primero de Mayo de 2013 que, precisamente el Primero de Mayo de 1857, el esclavista gringo William Walker se rendía ante las tropas costarricenses. Hoy, en el 2013, ya hace 156 años de tan grande acontecer. La “historia oficial” costarricense nos ha impedido valorar en su real dimensión que fue lo que pasó, en realidad, con los llamados “filibusteros”. En la escuela y en el colegio se nos enseñaba que eran una banda de “aventureros”, sin “ton ni son”. ¡Qué va!…

Nosotros mismos y sin presunción alguna, a propósito de la visita al país del señor Barack Hussein Obama, Presidente de los Estados Unidos de América, en carta abierta que la organización para la cual militamos entregó el lunes pasado en la embajada de dicho país en el nuestro; recogimos esa enseñanza de don Joaquín García Monge, indicando lo siguiente: “El Presidente Obama debe saber que fue en suelo costarricense, durante el desarrollo de la Campaña Nacional de los años 1856-1857, cuando fue derrotada la primera incursión de signo imperial de corte estadounidense en territorio latinoamericano; y que, precisamente, el 1 de mayo de 1857 fue derrotado el jerarca militar gringo de tal invasión, William Walker, quien se rindió ante las fuerzas costarricenses comandadas por el General José Joaquín Mora Porras, hermano de nuestro Héroe Nacional y Libertador de la Patria, don Juan Rafael Mora Porras, don Juanito Mora, quien era el Presidente de la República de Costa Rica por esos años y quien estuvo al mando de la indicada Campaña Nacional”. (Texto completo de esta carta en www.anep.cr ).

Y nuestra querida Carmen Lyra, aquel histórico día Primero de Mayo de 1913 enseñaba ya la importancia de la fecha y el concepto de solidaridad proletaria internacional. Ella le dijo a aquel auditorio de zapateros, panaderos, obreros tipógrafos, sastres y otros costarricenses lo siguiente: “Y no creáis es sólo un día de fiesta para los obreros de nuestro país: hoy es el día de fiesta de casi todos los obreros del mundo. En este momento, en muchas grandes ciudades, miles de ellos desfilan por las calles, con los rostros y los corazones aborozados, sintiéndose como los nuestros, hermanos de todos los obreros de la tierra”.

En este día, Primero de Mayo de 2013, cien años después, la lucha obrera, social, cívica y patriótica continúa y la agenda del pueblo trabajador tiene gigantescos desafíos. Veamos algunos:

PRIMERO: Urge una elevación sustancial, de carácter general y estructural, de los actuales niveles de todos los salarios mínimos, de forma tal que se dé una ampliación de su poder de compra y haya un poco más de poder adquisitivo en el bolsillo del trabajador. Esto es radicalmente distinto a las rutinarias fijaciones semestrales por costo de vida.

SEGUNDO: Necesitamos salvar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), liberándola del secuestro en que la han tenido ciertos grupos corporativos internos y externos. Hay que atajar su privatización paulatina y silenciosa y considerar, entre otras propuestas, la implementación práctica de las “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”, formuladas por importantes y representativas organizaciones de la sociedad civil.

Particularmente, la sostenibilidad futura y segura del Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), es tarea primordial del movimiento obrero y social. El trabajador no aguanta ni que le suban la cotización ni la edad para pensionarse.

TERCERO: Contra la perversa tesis del “Salario Único” en toda la Administración Pública, primer paso del camino neoliberal hacia la homologación “hacia abajo” de los salarios en Costa Rica para nivelarlos con el resto de los países centroamericanos metidos en la cortina de fuerza de los TLC’s, particularmente el Tratado de Libre Comercio que nos fuera impuesto con los Estados Unidos de América.

CUARTO: Por un cambio profundo en el carácter sumamente regresivo del sistema tributario costarricense, cambiándole de rumbo hacia la progresividad; de forma tal que, proporcionalmente hablando, en materia impositiva, deje de pagar más quien menos tiene.

QUINTO: Para que haya plena Libertad Sindical en amplios sectores de la economía privada, hoy privadas de ella, como las plantaciones agrícolas de banano, piña y melón, en las cuales los trabajadores sufren persecución por intentar materializar este Derecho Humano Fundamental, ratificado por Costa Rica en todos los tratados internacionales que el país ha firmado en este ámbito de la democracia real.

Hoy Primero de Mayo de 2013, todos y todas seremos Omar Dengo… seremos Joaquín García Monge… seremos Carmen Lyra… seremos zapateros, panaderos, tipógrafos y sastres… Seremos clase obrera y movimiento social en la calle… como debe ser… como hace cien años.

La decisión de la Presidenta Chinchilla de romper con el contrato de concesión de la vía San José-San Ramón resultó inevitable. La lección de lucha cívica que dieron las comunidades y los pueblos del Valle Occidental del país es histórica y desde una perspectiva popular, es una epopeya. La ciudadanía patriótica de San Ramón, Palmares, Naranjo, Valverde Vega, Atenas, Zarcero entre otros cantones involucrados, directamente en esta situación, merece aparte de imitarse, celebrarse.

No hay mejor ocasión para ello que el próximo Primero de Mayo que, como indicamos la semana pasada, no es cualquier Primero de Mayo: Conmemoramos los primeros cien años de la primera celebración en Costa Rica del Primero de Mayo como Día Internacional de la Clase Trabajadora, 1913-2013.

La cuestionada concesión mostró un proceso de gran opacidad y de severos problemas de transparencia y, además, eventuales ilegalidades de mucha naturaleza que, como consta al país, generaron un repudio a una obra pública concesionada a privados, como jamás otra de esta naturaleza había provocado.

La decisión presidencial, si bien oportuna, no va a darle punto a final a la discusión de los resultados de lo que han venido siendo las concesiones en el país.

Al respecto, expresamos nuestras preocupaciones sobre aconteceres similares con las vías Florencio del Castillo, la de circunvalación metropolitana, la ruta Cañas-Liberia y otras. Además cobra gran validez y vigencia lo que ha venido sucediendo con la concesión portuaria de los muelles del Atlántico (Limón y Moín), misma que tiene un proceso de cuestionamiento y de deslegitimación ciudadanas también impresionante.

El desenlace “final” con la repudiada concesión de la vía San José-San Ramón ha dejado a la propia Contraloría General de la República (CGR), en un gran descrédito y muy lesionada su autoridad en materia de control y de transparencia de estos delicados ámbitos de concesión de obra pública y de negocio privado con los servicios públicos destinados al bien común.

La titular de tal ente, señora Martha Acosta Zúñiga, debe muchas explicaciones a la ciudadanía; especialmente, sobre cómo avaló que entre firmas privadas se cedieran el contrato de concesión sin ninguna intermediación de autoridad pública alguna, como si se tratase de un traspaso de una patente de licores entre dos comerciantes.

Esperamos de parte de la Fiscalía General una inmediata, eficiente y ejemplarizante acción en contra de todas las personas funcionarias públicas que tuvieron que ver con esta concesión, pues la sospecha ciudadana de presuntos tráficos de influencias y de enormes sumas de dinero de por medio, se agiganta con la decisión presidencial de romper con tal contrato. Ojalá que la impunidad no se imponga en esta vergonzosa situación.

¿Cuál es la naturaleza de los procesos que llevaron a determinar que tal “obra” costaría 524 millones de dólares? ¿Quién los hizo? ¿Quién los ordenó? ¿Cuáles funcionarios públicos intervinieron? ¿De qué instancias? ¿Y los nombres del bufete o bufetes de las empresas privadas que negociaron entre sí el traspaso de la concesión? Estas cosas y otras muchas más están por serle indicadas al país.

Igualmente, falta mucho por conocer sobre las condiciones en que se da indicada ruptura y las consecuencias para el erario público. Esperamos que la señora Presidenta Chinchilla Miranda le dé amplios detalles al país al respecto. Y de todo esto emerge la imperiosa necesidad de que el actual jerarca del MOPT deje de serlo. Que se vaya, que le destituya, que le pidan la renuncia…

Es más que necesario que el parlamento debe derogar la perversa ley de concesiones y que la lucha organizada del pueblo se apropie de esta causa. Pensamos que esta puede ser un motivo fundamental para que salgamos, masivamente, a la calle este Primero de Mayo que no es cualquier Primero de Mayo. La concesión que el pueblo derrotó lo hace diferente. ¡Celebrémoslo!

Siempre hemos de insistir en que a la clase trabajadora costarricense le hicieron el “asalto” más grande de nuestra historia como nación: el que los sectores gobernantes mezclaran la histórica celebración mundial del PRIMERO DE MAYO, concebido como el DÍA INTERNACIONAL DE LA CLASE TRABAJADORA, con el ritual de la institucionalidad republicana dominante que acontece dentro de los muros del parlamento costarricense: la famosa elección del directorio legislativo y la lectura del mensaje presidencial de rendición de cuentas.

Soñamos que puede materializarse, algún día, la necesaria reforma constitucional que permita a “los y las de abajo”, especialmente a quienes son parte de la clase trabajadora, celebrar el DÍA INTERNACIONAL DE LA CLASE TRABAJADORA tal y como se hace en, prácticamente, todo el planeta: sin “mezclarlo con ningún otro acontecimiento”.

Hace tiempo presentamos en la Oficina de la Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa (valga la redundancia), una iniciativa en tal sentido, anhelando que en el caso costarricense celebremos tan magna efemérides sin la “contaminación” que representan esos actos en el seno del parlamento (algunas veces bastante bochornosos), que hacen que las demandas propias formuladas por el mundo obrero tico y a propósito de tan gigante celebración, queden relegadas, disminuidas, invisibilizadas, tratándoseles como de “segundo orden”. Es más, hasta las “integran” cual si fueran presentaciones bufonescas de la parafernalia tica del Primero de Mayo.

Este Primero de Mayo no es cualquier Primero de Mayo. Hace 100 años, en 1913, un grupo de costarricenses celebró por primera vez tan importante fecha en territorio nacional; acontecimiento que ya se conmemoraba, con toda su carga político-social y emotiva, en muchos otros países del mundo.

Como muchos sabemos, el Primero de Mayo recordamos la histórica gesta laboral de la clase obrera estadounidense, misma que, precisamente el día 1 de mayo de 1886, dio inicio a un conjunto de movimientos huelguísticos para que se estableciera la jornada de trabajo de las 8 horas. Efectivamente, la consigna de tales huelgas fue ¡8 horas de trabajo! ¡8 horas de reposo! ¡8 horas de recreación!

Muchas ciudades de los Estados Unidos sufrieron estas grandes e históricas conmociones sociales, particularmente la de Chicago. En esta urbe ocurrieron acontecimientos violentos que no fueron promovidos por los huelguistas. Hubo muchos muertos y el “sistema” decidió cobrar venganza por tal osadía obrera, abriendo procesos judiciales que luego se demostrarían que fueron espurios, contra los líderes más connotados de esos movimientos; especialmente el grupo dirigente que para la posterioridad han quedado como “Los Mártires de Chicago”.

Hoy los vamos a recordar. Vamos a honrar su memoria, su legado y su sacrificio. La jornada de 8 horas no surgió de la nada. No fue regalada por los capitalistas. Costó mucha “sangre, sudor y lágrimas”. Con gran detalle nos lo cuenta el prestigioso historiador nacional, don Gerardo Contreras, “Contre”, en su trabajo “La Historia del 1 de mayo”, publicación que elaboró para el Partido Frente Amplio.

De los 8 “Mártires de Chicago”, cuatro murieron ahorcados: August Spies, de 31 años, periodista. Adolf Fischer, 30 años, periodista. George Engel, 50 años, tipógrafo y periodista. Y Albert Parsons, 38 años, veterano de guerra.

El quinto, Louis Lingg, 22 años, carpintero, prefirió suicidarse antes de que lo ahorcaran. Dos de ellos, Michael Schwab, de 33 años, tipógrafo y encuadernador; y Samuel Fielden, 39 años, pastor metodista y obrero textil, aunque condenados a la horca inicialmente, la presión mundial obligó a un nuevo juicio, salvándose de morir ahorcados ya que se demostró que “habían sido víctimas inocentes de un error judicial” (hasta los que ya habían sido ahorcados). El octavo, Oscar W. Neebe, 36 años, vendedor, quien recibió una condena inicial 15 años de trabajos forzados, al final también quedó libre.

La epopeya histórica de “Los Mártires de Chicago”, también había de celebrarse en Costa Rica y, como indicamos, fue el Primero de Mayo de 1913, el Primer Primero de Mayo que se conmemoró en Costa Rica, como homenaje a estos héroes obreros que han pasado a la posterioridad.

Al acercarse la emblemática fecha del Primero de Mayo de 2013, en próximos días, a 100 años de la primera conmemoración que hubo en “Tiquicia” de esta, repetimos, gigante epopeya obrera mundial; hay que rendir homenaje a los ilustres costarricenses Joaquín García Monge y Omar Dengo; a la insigne luchadora social y escritora costarricense, Carmen Lyra (mujer gigante de la historia patria de la cual tan sólo se nos dice que escribió “Los cuentos de mi tía Panchita”, porque si se mencionara en toda su dimensión su militancia político-social de toda una vida, sería “subversivo” para las nuevas generaciones juveniles de hoy).

Hemos de rendir tributo, 100 años después, también a las “sociedades obreras de Alajuela, Cartago, San Ramón…”, según nos lo recordó en estas mismas páginas el ciudadano Francisco Morales Hernández, Exministro de Trabajo y Seguridad Social; indicándonos él que la iniciativa de hace 100 años nació en el seno del Centro de Estudios Sociales Germinal, junto a gremios de zapateros, tipógrafos, panaderos; y hasta un conjunto futbolístico, el Club Sport La Libertad, promovieron la celebración del Primer Primero de Mayo en Costa Rica.

¡Cuántas razones tenemos para salir a la calle este Primero de Mayo! ¡Cuántas demandas, denuncias y propuestas podemos reivindicar en nuestras mantas, cartulinas, panfletos, folletos y volantes; a viva voz, en las tumbacocos y en los megáfonos!

Salvar a la Caja; otra política salarial, que incluya la elevación estructural y sustancial de los salarios mínimos, contra el pernicioso concepto del “salario único” y demandando aumentos salariales realmente compensatorios del alto costo de la vida; la vergonzosa concesión de la vía San José-San Ramón y todas las otras concesiones que expolian el bolsillo de las mayorías; la injusta estructura tributaria que asfixia a “los y a las de abajo” y a la clase media; la depredación ecológica y la agresión ambiental; la corrupción desenfrenada y la creciente e indetenible desigualdad con esos episodios mediáticos del lujo desenfrenado y la ostentación abusiva de la riqueza; por los miles y miles de compatriotas que pasan hambre y que, con suerte, comen una vez al día; contra la sobreexplotación obrera de la mano de obra nicaragüense en el país; humanizar el trabajo informal y dignificar a los vendedores ambulantes; por el respeto pleno a la Libertad Sindical en las empresas privadas, dado su carácter de Derecho Humano Fundamental… y muchas otras causas nobles más, en aras de una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, más igualitaria.

Contra todas las formas de discriminación: de género, de orientación sexual, religiosa, por discapacidad; contra el racismo en todas sus manifestaciones y en el fútbol especialmente… Razones de sobra hay para salir a la calle este Primero de Mayo de 2013 que en Costa Rica no es cualquier Primero de Mayo.

Las personas con discapacidad y sus diferentes organizaciones han estado realizando diversas acciones de calle, tratando de lograr más atención a sus respectivas problemáticas, ya no solamente de parte de las autoridades gubernamentales, sino de la misma opinión pública. Diversas fuentes, de bastante credibilidad y algunas con rango internacional, han indicado que en nuestro país habría hasta unas 700 mil personas con discapacidad. Esta cifra es preocupante y alarmante y deja en evidencia que la política pública al respecto deja mucho que desear, aunque no se puede desconocer importantes esfuerzos institucionales que se vienen haciendo para atender a esta población costarricense de alta vulnerabilidad.

El pasado lunes 8 de abril nuevamente un importante grupo de personas con discapacidad salieron a la calle, terminando su protesta frente a la sede central del Ministerio de Educación Pública (MEP); precisamente porque su protesta está dirigida a la calidad de la atención que reciben la población infantil y juvenil con discapacidad, en cuando a su formación educativa y en los espacios especializados diseñados para ello dentro del sistema educativo público.

Los padres, madres, familiares, profesionales, amigos y amigas de personas con discapacidad solicitan se les dé intervención y participación en la reformulación de los planes de estudio de los centros de formación en Educación Especial y cualquier carrera que tenga materias pedagógicas o implique la atención de personas con discapacidad.

En esta línea, plantean que los planes de estudio deberán tener las materias básicas para la atención de personas con discapacidad en su currícula. Consideran que desde siempre sus hijos, hijas y familias han padecido una propuesta educativa que los ha dejado fuera del sistema educativo. Según el Censo del 2011, se indica que apenas el 25% del colectivo con discapacidad logra concluir la educación primaria.

Estiman quienes protestan que, históricamente, esto ha ocurrido porque, presuntamente, las autoridades, docentes, miembros de equipos técnicos y otras autoridades han carecido de una visión paradigmática desde la perspectiva social y de Derechos Humanos relacionados con esta población, lo que ha ocasionado falta de propuestas adecuadas para atender el derecho a la educación de sus hijos e hijas.

Las familias de personas con discapacidad, especialmente las que tienen seres queridos en el proceso educativo especial, valoran la importancia de colaborar estrechamente con las instituciones educativas para garantizar la inclusión, optimizando las experiencias y experticias de todos los sectores (autoridades, profesionales, familias, personas con discapacidad y comunidad), para que se cumplan las leyes y el derecho de todos y de todas; pretendiendo contribuir al logro de la igualdad de oportunidades, la inclusión que todos anhelamos y el cambio de paradigma educativo, con un verdadero modelo social, de derechos, que se promueva en todo el territorio nacional para servicios del Estado y también privados. Para el colectivo de las personas con discapacidad, su lucha se concentra en estos trece puntos centrales:

1. Consulta de cualquier plan, reglamento, legislación u otra propuesta que afecte de manera directa o indirecta al colectivo con discapacidad, según lo establecido en el artículo 13 de la ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. En lo especifico alegan que el Plan de Estudio de Aulas Integradas y Escuelas de Enseñanza Especial es un instrumento desarrollado en el año 2000, encontrándoce anacrónico con los nuevos instrumentos jurídicos importantes, como la Convención de la ONU y la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminción de la OEA.

2. Requieren que se realicen los nuevos planes con un abordaje que sea consecuente con los instrumentos anteriormente señalados, haciendo no sólo a las consultas a las organizaciones de la sociedad civil; sino que desean ser actores en el diseño, desarrollo e implementación de estos planes.

3. Se plantea homologar el concepto de discapacidad en todas las esferas del aparato estatal, con el fin de abordar la temática de esta población de manera transversal, sobre todo apegado a la legislación nacional y a los acuerdos internacionales ratificados por nuestro país, esto en todas las instancias del Estado Costarricense.

4. Eliminar las prácticas y condiciones de hacinamiento en todos los centros de Educación Especial de este país, que no sólo atentan con la calidad de educación que se merece el colectivo con discapacidad, sino también por salvaguardar la integridad física y emocional de las y los estudiantes de estos centro educativos.

5. Mejorar y ampliar la infraestructura de los centros educativos de Educación Especial para que éstos cumplan a satisfacción con los principios de accesibilidad, usabilidad y diseño universal, respondiento al principio de inclusión al espacio físico cumpliendo con las necesidades básicas de cada una de las personas con discapacidad atendidas en estas instituciones.

6. Incluir espacios curriculares relativos al abordaje de la discapacidad y multi discapacidad en los planes de estudio de los Centros de Formación Docente de Educación Especial de nuestro país.

7. Incluir espacios curriculares relativos al abordaje de la discapacidad y de la multi discapacidad en los planes de estudio de los Centros Formativos de Edución Especial, en las áreas de Educación Física, Educación Artística y otras.

8. Garantizar un proceso que asegura que todos los integrantes del colectivo con discapacidad participen de forma equitativa, ejerciendo su derecho a la autodeterminación, dejando de manifiesto el concepto de capacidad jurídica implementado en la Ley 8661.

9. Reconocimiento de los grupos sociales distintos el valor que hay en cada diferencia, el respeto a la diversidad, y el reconocimiento de un tercero vulnerable, con necesidades específicas que deben ser saciadas para que pueda estar en condiciones de igualdad y disfrutar de sus derechos fundamentales.

10. Exigen pensar en lo que sucede cuando niños, niñas y adolescentes interactúan en el sistema en el que se encuentran incluidos la familia y el colegio, es decir en la comunidad y después de la etapa escolar.

11. Cubrir aspectos como la vida (plena) en comunidad, la autonomía en la toma de decisiones, la participación ciudadana, el acceso y uso de los bienes y servicios disponibles para los ciudadanos.

12. Se exige una sociedad inclusiva, por tanto, se deberá disponer y habilitar mecanismos para asegurar la garantía de los Derechos Humanos, la dignidad y la ciudadanía activa de todas las personas que componen nuestra sociedad.

13. Requieren la transversalización de la temática de la discapacidad en todas las esferas de la educación nacional, para que las capacidades de estos profesionales visibilicen la diversidad presente en este colectivo.

En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) nos sentimos honrados de que muchas de las personas integrantes de los diversos colectivos de la discapacidad hayan encontrado una casa de organización para canalizar sus luchas, como lo sienten en la ANEP.

Con profundo dolor, consternación y enorme indignación, denunciamos ante el pueblo costarricense y el centroamericano, ante el pueblo latinoamericano y el del resto del mundo, la tragedia cotidiana que se vive en el hermano país de Guatemala; ante la más reciente ola de asesinatos selectivos, crímenes políticos, de personas luchadoras sindicales y sociales, defensoras de los Derechos Humanos, mismas que han ofrendado sus vidas al luchar en aras de verdadera justicia social y real democracia para uno de los pueblos más sufridos de toda la historia de la América Latina: el guatemalteco.

En Guatemala, ser dirigente social y luchar por un mundo mejor es una actividad que conlleva riesgo de morir asesinado, tal y como lo expresan los casos que aquí, seguidamente, denunciamos.

A nivel de la causa laboral, Guatemala es un país donde el derecho de Libertad Sindical es violentado “a tiro limpio”, de manera sistemática por parte del sector empresarial autóctono y transnacional, por altos funcionarios de Gobierno y por los alcaldes municipales.

De manera pública exhortamos a nuestro respetado compatriota, don Francisco Dall’Anese Ruiz, residente en Guatemala dado que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), le dio el encargo de presidir la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CIGIC); para que disponga todo lo pertinente y para que exija un alto a esta macabra acción de los oligarcas guatemaltecos en contra de la dirigencia social chapina; procediendo a darle prioridad a las investigaciones para que, mínimamente, los crímenes más recientes comentados aquí no queden impunes.

De conformidad con el acuerdo 3, inciso b, del acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala para la creación de la CIGIG (12 de diciembre de 2006), ésta puede insertarse en procesos de investigación criminal, como lo son los asesinatos de la dirigencia social guatemalteca. Veamos:

KIRA ZULUETA ENRÍQUEZ MENA: Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Nueva Concepción, del departamento de Escuintla. Asesinada el viernes 22 de marzo. Baleada en su puesto de trabajo, la biblioteca municipal. Ella era directiva nacional de la Federación de Trabajadores de la Alimentación, Agroindustria y Similares de Guatemala (FESTRAS).

SANTA ALVARADO: Integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG), quien laboraba en la cocina del Hospital Nacional de Totonicapán, fue interceptada por hombres armados con sus rostros cubiertos en el momento en que su esposo la recogía luego del trabajo. A él lo bajaron del carro y a ella se la llevaron. Luego apareció estrangulada. Tenía 45 años. Deja dos huerfanitos, de 5 y 3 años.

TOMÁS QUEJ: Líder comunal del caserío Moxanté, Purulha, Baja Verapaz. Su cuerpo fue encontrado, el 26 de febrero, con impactos de bala en el pecho y en la cabeza, en la comunidad de Chirretzaaj, en la periferia de Cobán.

CARLOS ANTONIO HERNÁNDEZ MENDOZA: Asesinado el 8 de marzo, miembro de la Coordinación Campesina Nuevo Día, de la Coordinadora de Organizaciones Populares, Indígenas, Iglesias, Sindicales y Campesinas de Oriente (COPISCO), y del Comité Ejecutivo del Frente Nacional de Lucha (FNL). 8 tiros acabaron con su productiva militancia social. Su asesinato se produjo en Camotán, Chiquimula. Era un defensor de Pacha Mama (la Madre Tierra) y un incansable luchador contra las empresas mineras.

JERÓNIMO SOL AJCOT: Asesinado el 11 de marzo, en la aldea Chacayá, Santiago Atitlán, Sololá. Lo balearon cuando iba para su trabajo, en la finca Valparaíso, Chicacao, del departamento de Suchitepéquez. Él era dirigente de la Asociación Maya Tzutujil de Agricultores de Santiago Atitlán, integrante de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC). Ya había sido amenazado de muerte con antelación.

EXPECTACIÓN MARCOS UCELO: Secretario del Parlamento Xinca, apareció muerto dentro de un vehículo luego de que fuera secuestrado el domingo 17 de marzo, junto a otros tres líderes campesinos. Todos regresaban a sus hogares luego de una consulta comunitaria dada su naturaleza de dirigentes campesinos, en la aldea El Volcancito, San Rafael Las Flores, Santa Rosa. Sus tres compañeros tuvieron la “suerte” de quedar con vida luego de que fueran abandonados una vez torturados y golpeados: Rigoberto Aguilar, Roberto López y Roberto González. Todos son de Santa María Xalapán, Jalapa.

La dirigencia del Comité de Unidad Campesina CUC, fue atacada el 24 de enero, amenazada con machetes en mano por personas contratadas por una empresa cementera, cuando se desplazó a la comunidad de San Antonio Las Trojes, en San Juan de Sacatepéquez.

Intento de asesinato, en su propia casa de habitación, con irrupción violenta de tres hombres fuertemente armados, contra Rubén Mazariegos Vásquez, Secretario General de los Sindicatos de Salud Pública y Vicepresidente de la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP). Esto ocurrió el martes 12 de marzo. La UASP lucha contra el modelo extractivo y ha denunciado presuntas y grandes corrupciones fiscales de evasión de impuestos.

María Teresa Chiroy Pumay, Secretaria de Actas y Acuerdos del Sindicato de Trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (STIGSS), está amenazada de muerte. Adicionalmente, dos dirigentes de esta organización, Rodolfo Eduardo Juárez Ralda y Layla Lerissa Chanquín Jocol de Pérez, enfrentan un proceso penal por sus actividades sindicales corriendo el riesgo de terminar en la cárcel.

Rubén Herrera, ingeniero de profesión y defensor de los Derechos Humanos en Huehuetenango, fue capturado por orden judicial, acusado de “instigar” a la población que se resiste al establecimiento de una empresa hidroeléctrica privada, en la comunidad de Barillas, Huehuetenango.

65 dirigentes sindicales asesinados en los anteriores gobiernos de Berger, Colom y ahora el de Pérez Molina. Total impunidad, ni investigación ni castigo alguno. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 2012, en Guatemala hay impunidad total.

Según la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (UDEFEGUA), organización no gubernamental ONG guatemalteca, de enero a octubre de 2012 hubo 254 ataques a personas luchadoras por los Derechos Humanos.

Desde Costa Rica formulamos fuerte emplazamiento al Gobierno de Guatemala, presidido por el exmilitar Otto Pérez Molina; a su Ministro de Gobernación, señor Héctor Mauricio López Bonilla; así como a la Fiscal del Ministerio Público de ese país, señora Claudia Paz y Paz, y al señor Jorge De León Duque, Procurador de los Derechos Humanos; para que no escatimen esfuerzos ni recursos en identificar y juzgar a los autores intelectuales y materiales de estos crímenes sociales; para que protejan las vidas de quienes siguen luchando por la Vida, por la Democracia, por los Derechos Laborales que son Derechos Humanos; en fin, a favor del bienestar y la felicidad del sufrido pueblo trabajador guatemalteco.

Rendimos tributo póstumo a estos héroes y heroínas populares de Guatemala que dieron su vida por los y las de su clase, por “los y las de abajo”. Llamamos a la más amplia solidaridad.

Según entendemos, el Papa Francisco no era lo que todos esperaban en el seno del catolicismo y en el mundo de la política global. Una parte deseaba que estuviera bien comprometido con una complicidad, tácita y/o abierta, al respecto de los crímenes de la dictadura de Argentina, durante los dolorosos años 1976-1983 y sus 30 mil detenidos-desaparecidos. Parece que no es así y, por el contrario, dos sacerdotes colegas de su orden religiosa, la Compañía de Jesús (los jesuitas), con posiciones progresistas y predicadores de la Teología de la Liberación, fueron detenidos por el régimen militar durante algún tiempo.

Por otra parte, otro sector anhelaba que se continuase con una línea ultraconservadora en el seno de la cúpula vaticana, bastante conmocionada por una serie de escándalos que han golpeado durísimo la credibilidad de la Iglesia Católica en cuanto institución milenaria de la política mundial. Ni lo uno, ni lo otro. ¿Pero qué hay del problema de la desigualdad en el mundo?…

Recientemente leímos que el Papa Francisco es del criterio de que hoy en día la hegemonía política global es la del “envilecimiento del Estado”, lo cual él percibe como “propio del más crudo liberalismo”.

Opina el Papa Francisco que el Estado “es un instrumento creado para servir al bien común, y para ser el garante de la equidad y de la solidaridad del entramado social”.

Junto a este criterio, el Papa Francisco nos indica que las sociedades de hoy viven dos enfermedades: “la evasión de los impuestos, y el despilfarro de los dineros del Estado, que son dineros sudados por el pueblo. Ambas comprometen la equidad social y la justa distribución del ingreso” (por un momento pensamos que Su Santidad estaba relatando la situación costarricense de los últimos tiempos). Igualmente, en tal escrito alertó contra el “endiosamiento del Estado, que parece una especie de Dios, que todo lo puede, al cual nada malo le podría pasar”.

Las citas que hemos mencionados son un documento, “Queremos ser nación”, escrito por el ahora Papa Francisco, cuando la Argentina estaba hundida en una profunda crisis; documento preparado con ocasión de la reunión No. 129, de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina. Buenos Aires, 10 de agosto de 2001 (localizable en www.aica.org).

Ahora bien, es real que hoy en día estamos viviendo uno de los tiempos más perversos de la historia de la Humanidad: la era de la globalización neoliberal hegemonizada por la parte más brutal del explotador sistema capitalista: la del sistema financiero-bancario.

Y es todavía más real que los valores eternos del pensamiento de Cristo Jesús, a pocas horas de recordar su pasión, muerte y resurrección, se revalidan y se relegitiman a la luz de la pobreza criminal que el sistema financiero-bancario de signo neoliberal se va imponiendo en países donde jamás se pensó que algo así pasaría, como varios de las naciones de la Unión Europea (UE).

Cuando uno se percata de noticias que podrían pasar “inadvertidas” para la gente, como ésta de que las fortunas estratosféricas de los más multimillonarios de los multimillonarios del planeta no paran de crecer; no solamente queda clarísimo que en la agenda de la lucha por la supervivencia humana, el primer lugar lo ocupa la lucha contra la desigualdad; sino que la misma preservación de la vida en el planeta, su continuidad, está asociada a una revolución ética y moral jamás pensada, más allá de las transformaciones políticas que están pendientes.

Como creyentes, pensamos que las enseñanzas de Cristo Jesús le pueden dar un contenido espiritual de proporciones insospechadas a la promoción de procesos profundos de transformación social, como lo muestran varios de los gobiernos progresistas de la América Latina de hoy. Enhorabuena que el Papa Francisco esté potenciando que el camino correcto es de la reivindicación de “los y las de abajo”.

Por eso pensamos que hay que ponerle mucho cuidado a la gestión del Papa Francisco, a los gestos y a las señales que está mandando y a alguna parte de su pensamiento antes de convertirse en el jerarca máximo de la Iglesia Católica mundial.

Desde una perspectiva sindical, es imposible no reparar en este criterio del Papa Francisco: “La dignidad la tenemos por el trabajo, porque nos ganamos el pan, y eso nos hace mantener la frente alta. Pero cuando el trabajo no es lo primero, sino que lo primero es la ganancia, la acumulación de dinero, ahí empieza una catarata descendiente de degradación moral. Y termina esta catarata en la explotación de quien trabaja. Cuando se revierte el verdadero fin del trabajo, el centro del trabajo, que es la persona, empieza a crecer el afán de dinero insaciable”. (Homilía del 27 de marzo del 2011, cuando era cardenal arzobispo de Buenos Aires, en memoria de varios niños y jóvenes, víctimas de trabajo esclavo que murieron en un incendio del taller clandestino en que trabajaban).

Pero vámonos al otro extremo: el de la codicia sin límites. ¡Vaya ejemplos! Veamos.

Desde hace cuatro años el mexicano Carlos Slim está en el lugar número uno de las personas más archimillonarias del planeta: 73 mil millones de dólares de fortuna, misma que creció en 4 mil millones de dólares del 2011 al 2012.

En este “ránking de la locura de la concentración de la riqueza en el mundo”, el gringo Bill Gates está en el lugar dos: con 67 mil millones de dólares (con 6 mil millones más que el año anterior).

Y en tercer lugar, nada más y nada menos que un español, sí, de España, esa nación europea que está llegando al 30% de desempleados y que tiene a la mitad de toda su población juvenil sin trabajo: un empresario llamado Amancio Ortega, subió al tercer lugar del indicado “ranking”, pues en solamente un año su fortuna llegó a los 57 mil millones de dólares, estando el año anterior de este tipo de medición, en 37.500 millones de dólares. (Todos estos datos son de la revista especializada Forbes, divulgados desde la ciudad de New York, por las agencias noticiosas internacionales de prensa AFP y EFE).

La revolución política que necesitamos para combatir este perverso escenario de desigualdad; las gigantes movilizaciones sociales que para ello se ha de requerir; las impresionantes coaliciones de diversidad que será necesario construir para ello; deben tener dos contenidos fundamentales, a nuestro modesto modo de entender: una base moral y ética profunda que desde las enseñanzas fundamentales de Jesucristo se pueden tener elementos centrales; y una amplísima tolerancia para trabajar en la diversidad que debe despojarse del sectarismo fundamentalista y salvacionista típico de los cultos dogmáticos que se reivindican para sí mismos la etiqueta de “revolucionarios”, impidiendo el crecimiento del movimiento liberador que urge nuestro tiempo. Seguiremos el caminar del Papa Francisco.

Varias informaciones de prensa recientes dieron cuenta del caso de un grupo de trabajadores y de trabajadoras nicaragüenses que ingresaron al país, de manera clandestina, para ser explotados laboral y miserablemente, por parte de empresas ticas que no tienen escrúpulos de ningún tipo cuando se trata de burlar las leyes laborales y sociales costarricenses.

La prensa del hermano país norteño, específicamente “El Nuevo Diario”, dio cuenta de este caso, denunciando que estas personas fueron traídas al país para cortar naranjas, prometiéndoles que ganarían al día unos 50 dólares (25 mil colones, aproximadamente), pero la realidad fue otra: solamente recibirían 1.800 colones. Prácticamente, laborarían en condición de esclavitud. Afortunadamente, la Dirección General de Migración y Extranjería de nuestro país indicó que harán una fuerte y seria investigación al respecto.

Evidentemente, este no es un caso aislado ni será el último. Es un secreto a voces la naturaleza explotadora de la mano de obra migrante en nuestro país, especialmente la de origen nicaragüense, que es abrumadoramente mayoritaria. Nuestros colegas luchadores sociales y sindicales de muchos años, del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), encabezados por el compañero Didier Leitón Valverde, nos cuenta a menudo de cómo se trata a estos trabajadores migrantes en las plantaciones piñeras y bananeras del atlántico de nuestro país, lo cual es únicamente un grave ejemplo de explotación y sobreexplotación laboral cotidiana, silenciosa, dolorosa; que persigue cualquier forma de organización sindical.

Con seguridad, son también constantes los episodios de violación de derechos laborales a la población migrante nicaragüense en las zonas urbanas. Nosotros pensamos que debe combatirse, por todas las formas posibles, esta situación, tanto en el campo como en la ciudad. Nuestras leyes laborales y sociales, especialmente la de Libertad Sindical, deben cubrir plenamente a este conglomerado laboral extranjero en nuestro país.

Si no le entramos a corregir la sobreexplotación y explotación laboral de la mano de obra migrante, se golpea nuestro sistema de Seguridad Social, específicamente a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); pues si los patronos inescrupulosos y abusadores no declaran planillas de este personal, o cuando lo hacen subdeclaran montos salariales, hemos de perder toda la clase trabajadora y, por supuesto, la costarricense, con los dineros dejados de percibir por cuotas obrero-patronales evadidas o subdeclaradas.

Para aportar en esta lucha y desde la perspectiva sindical, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), de Costa Rica, ha convenido con el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), la mayor y más representativa organización sindical del hermano país de Nicaragua; la firma de un acuerdo “Para la organización y defensa de los Derechos Humanos y Laborales de los Trabajadores Inmigrantes”.

Como dice el documento que se firmara en la capital nica Managua, el pasado 13 de febrero, “ambas organizaciones reconocen, que los trabajadores inmigrantes Nicaragüenses y de otras nacionalidades en Costa Rica, enfrentan problemas de extrema marginalidad laboral que conllevan a la violación de sus derechos laborales y humanos, sabiendo que existe una importante fuerza de trabajadores inmigrantes Nicaragüenses en el sector del cultivo del banano, piña y café, seguridad privada, actividad de comercio y servicios domésticos, la construcción, transporte colectivo y otros. Todas las formas de relación o contratación en estos sectores de actividad laboral, generalmente aparecen de forma oscura y sin una intervención tripartita generando desventajas a los trabajadores inmigrantes y nacionales en términos de condiciones de trabajo…”.

Además, el acuerdo ANEP-FNT establece “acompañar el proceso de normalización del status migratorio del trabajador inmigrante”; de la misma forma que incluye la realización de “gestiones para crear una BOLSA DE TRABAJO CON INMIGRANTES como resultado de acuerdos tripartitos…”; previendo que la organización sindical migrante bilateral que se establece en este acuerdo, “sean las responsables de la organización y recepción de la fuerza de trabajo”. Por supuesto, objetivos sumamente ambiciosos pero con un profundo contenido de solidaridad obrera internacionalista y de honda connotación humanista cristiana.

Lo novedoso de este acuerdo es que su implementación será en ciertas comunidades urbanas en las cuales residen compañeros trabajadores y compañeras trabajadoras nicaragüenses, tales como La Carpio, en San José; y Guararí, en Heredia.

Se ha pensado que estas personas que vienen al país y que de un modo u otro vienen a solventar problemas serios de fuerza laboral en varios sectores delicados de la economía nacional, como los mencionados en el indicado acuerdo ANEP-FNT, deben recibir capacitación, formación, educación y sensibilización para que sepan cómo defenderse de la explotación laboral al margen del sistema legal costarricense; para que sepan cuáles son los derechos a los cuales tienen acceso otorgados en nuestro Código de Trabajo; para que sepan cómo defender esos derechos y cómo organizarse para invocarlos, incluido el proceso de conformación de agrupaciones sindicales que les representen.

Igualmente, se pretende que comprendan la naturaleza del sistema de Seguridad Social costarricense y las responsabilidades que el mismo exige a la persona trabajadora en cuanto a su cuota obrera, al no abuso de sus servicios, a defender esta legendaria conquista social costarricense y a denunciar las irregularidades.

Esta nueva fase del convenio ANEP (Costa Rica)-FNT (Nicaragua), arrancará este viernes 22 de marzo, a las 6 de la tarde y en la comunidad de La Carpio, en el salón comunal CODECA, con una actividad oficial con representación oficial de ambas entidades. Habrá una presentación cultural saludando la experiencia. Si usted vive ahí y desea acompañar el acontecimiento, desde ya se le invita. Este es, sin duda, un notable esfuerzo, inédito en la historia del país y que abre perspectivas nuevas de trabajo de lo que nosotros pensamos acerca del “Sindicalismo Ciudadano”.

El colectivo laboral del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART S.A.), siente gran indignación y enorme molestia ante la desafortunada decisión del Alcalde de San José, don Johnny Araya Monge, en lo que atañe a las transmisiones televisivas de los todavía en desarrollo Juegos Deportivos Centroamericanos San José 2013.

Así nos lo indica la voz sindical líder en tal entidad, militante de la agrupación en la cual nos desempeñamos, don Fernando Vargas Torres, reconocido profesional de la comunicación colectiva de nuestro país.

Analizando las informaciones que sobre este asunto nos fueron suministradas, consideramos más que justificado que la opinión pública nacional, especialmente la que toma mucho nota de los acontecimientos deportivos, tanto nacionales e internacionales, pudiera percatarse de este aspecto de los famosas justas competitivas de la zona; mismas que motivan a la juventud nacional y regional, a desplegar extraordinarios esfuerzos individuales y grupales para resaltar a sus respectivos países.

Los y las televidentes del país no pudieron disfrutar de las transmisiones deportivas de los Juegos Deportivos Centroamericanos San José 2013, tal y como lo pudo haber realizado el Canal 13-SINART. Don Johnny lo dejó por fuera por el carácter de los contratos comerciales que para tal propósito firmó con Repretel y con Canal 7, todo ello a pesar de que el Estado es el principal patrocinador de las justas.

Nada en contra, por supuesto, de que estas empresas privadas de comunicación colectiva pudieran tener tales contratos; pero, la discriminación de la televisión estatal, que se despliega con otra lógica más allá del mero lucro, merece ser explicada por don Johnny. Incluso, el caso de Extra TV 42 para la presente circunstancia, no escapa a esta explicación del aspirante presidencial liberacionista.

En el caso del Canal 13-SINART, ya éste estaba preparado para transmitir ocho horas diarias de todo lo que aconteciera en las competencias; incluso había llegado al acuerdo con Canal 15 de la Universidad de Costa Rica (UCR), para producir y transmitir en directo desde cuatro puntos distintos donde se desarrollarían las competencias. Nada de eso fue posible por la entrega que se hizo de los derechos de transmisión de los juegos.

Según la propia Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, sólo el Gobierno Central ha invertido más de ocho mil millones de colones en obras de infraestructura y preparación de atletas; cifra que es mucho superior al tomar cuenta los cientos de millones de colones que gastan los bancos estatales y otras instituciones públicas en el patrocinio del evento. No puede dejar de catalogarse como paradójico que haya sido el propio candidato presidencial oficialista quien dejara por fuera de toda posibilidad al canal estatal (más bien, a dos canales estatales), en esta coyuntura deportiva tan excepcional.

Creemos que pudieron haber existido dos tipos de cobertura: la meramente comercial y la de orden social y comunitario, de forma que más televidentes por más tiempo y con más opciones horarias pudieran haber tenido acceso a información más amplia de estos juegos.

Don Johnny le dio la espalda a dos instituciones públicas, el SINART y la UCR, que se preparaban para brindar un servicio público de televisación de los juegos desde otra perspectiva, de mayor profundidad popular; pues la sensación que se ha venido percibiendo es que desde la perspectiva privada comunicacional que prefirió don Johnny, las transmisiones parecer ser a “cuentagotas”.

El sector laboral del SINART así lo percibe, y como se trata de un grupo de mucha especialización, alto profesionalismo y solidez técnica para la cuestión televisiva (tanto como lo que exhiben sus contrapartes privadas), nosotros pensamos que llevan razón en su reclamo. Al final, el público televidente expectante de las transmisiones de las diferentes competencias de estos juegos centroamericanos, parece hacer sido el más perjudicado.

En estos últimos días (según nos cuentan desde el SINART), don Johnny se ha puesto en contacto con sus autoridades para que se transmitiera por el Canal 13 “algo de lo que queda” para no quedar tan mal parado como ha sucedido hasta el momento en este aspecto de la transmisión televisa de los Juegos Deportivos Centroamericanos San José 2013. Don Johnny, al parecer, se dio cuenta de que la fuerza de sus compromisos comerciales dio al traste con una difusión más amplia de un evento que para volver a realizarse en nuestro país, deberán pasar muchísimos años.

Hoy, y ya faltando poco para que los Juegos Deportivos Centroamericanos San José 2013 terminen, el Canal 13-SINART transmite un resumen todos los días, con una hora de duración, que le da una pequeña muestra al candidato presidencial sobre la capacidad y el profesionalismo que existen en el Canal 13.

Si eso lo hace don Johnny en este momento que es candidato presidencial, ¿qué le esperará al país y que le esperará al SINART, como institución pública, si él llegara al poder? Usted tiene la palabra, Señor Alcalde de San José…