Categoría: Opinión

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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“Cansado” de tanta crítica pues, según él, ésta no nos hace más libres sino más ingobernables.

Evidentemente, esta “sincera” confesión presidencial indica una cosa: Don Oscar no estaba preparado para gobernar el país, luego de veinte años de profundas transformaciones sociopolíticas y económicas en la realidad costarricense.

En todos esos años, por lo general, él se la pasó en el exterior recibiendo premios honoríficos por todo lado, sin darse cuenta de que Costa Rica (entre otros aspectos negativos como la corrupción del PLUSC), desarrollaba su principal problema: el proceso de veloz concentración de la riqueza y el crecimiento de la desigualdad social.

Para lo único que estaba “preparado” y porque así se lo encomendaron (para lo cual le arreglaron la Constitución y pudiera ser reelecto), fue para impulsar, vía TLC, el proceso de entrega a las transnacionales del mejor patrimonio nacional, reflejado en instituciones legendarias consustanciales al ser costarricense, como el ICE y como el INS.

Pero aún en esto, como quedó demostrado, tuvieron él y sus acólitos (en el tribunal electoral, en el parlamento, el G-38 y en la propia magistratura constitucional), que ejecutar las más inverosímiles triquiñuelas, trampas y embustes, para lograr ese nefasto objetivo. Probablemente esto haya “cansado” mucho al señor Presidente.

Cumplida la tarea que le fue encomendada, el “cansancio” del Presidente expresa dos cosas en estos momentos: soledad y fracaso.

La soledad surge por la obligada salida de algunos de sus más cercanos colaboradores: el delincuente constitucional que abandonó una de las vicepresidencias; el ministro que ha sido zumbado con una acusación penal por presunta desviación de fondos y otro que le salió güero con sus sueños presidenciales, pues no estaba ungido por él. Por otro lado, la peonada política parlamentaria que le fue dócil en lo del TLC, el G-38, ya cumplió su vida útil (y, si acaso, tan solo le quedará una “fiestita” por ahí, con el casi G-39).

Además, y quizás lo más importante en esa soledad, sea que el poder mediático llorentino (que fue su principal soporte para que llegara de nuevo a la Casa Presidencial), le mandó al carajo, le sacó los trapos sucios y le catalogó de mentiroso; pese a que, como indicamos, les cumpliera él la tarea que le encomendaron (el TLC), para la cual le encumbraron los humos de soberbia majestad imperial que hoy le hacen insoportable las críticas.

Por otro lado, el fracaso es más que evidente. Ha resultado su gobierno totalmente incapaz de controlar la inflación y el alto costo de la vida está desbocado, golpeando en todos los estratos sociales; renunció a una reforma tributaria que era imprescindible para la paz y la estabilidad social; quedó en evidencia la enorme estafa política de que fueron víctimas miles de compatriotas necesitados de vivienda, a los cuales él les ofreció casa, si le daban el sí al TLC de la prensa oligárquica llorentina, esa que hoy le dio las espaldas, que lo ha tratado como mentiroso y que lo quiere convertir en material de desecho (políticamente hablando); como suele hacerlo con quien dejó de serle útil.

Por otra parte, ni motos BMW ni carros Mercedes Benz para los trabajadores de las zonas francas, a quienes se engañó vilmente con esta pueril promesa, a cambio que le dieran el sí al TLC. ¡Cómo no va a haber críticas por esta barbaridad!

El cansancio es falta de fuerzas, hastío, tedio y fastidio. El hastío es repugnancia y disgusto; el tedio es aburrimiento extremo y fuerte rechazo a lo que se considera desagradable; y el fastidio, es disgusto, enfado, enojo.
Respetuosamente, don Oscar, si se siente tan “cansado”; usted debería renunciar. Su salida no dejará un gran vacío. La verdad es que en el seno del pueblo pensamos que es su hermano, don Rodrigo, el presidente real, aunque no menos soberbio, dogmático y prepotente.

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La confianza de la gente en la gestión económica del dueto presidencial, está por los suelos. Una de las más serias encuestas que se practican en el país, la de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR), estableció que para la gente, el momento económico que estamos viviendo es el peor desde el año 2002.

Fracaso total de la gestión de los hermanos Arias Sánchez. Estafa política en evidencia para quienes se tragaron el cuento de que con el TLC estaríamos mejor, a casi un año del “frauderéndum” que nos lo impuso.

Nada indica que ese “promisorio” futuro llegará. La mitad de la gente estima que dentro de un año, es decir en el 2009, su situación estará peor; y, solamente dos de cada diez personas, estiman que estarán en una situación igual a la de hoy. El colapso de la confianza de la gente en la situación económica que se está dando bajo el gobierno de los hermanos Arias Sánchez, abarca todos los estratos sociales; pero, evidentemente, que aquellos sectores económicos más pudientes, deben de sentirse muy satisfechos pues su riqueza ha seguido creciendo desde que los Arias están en la Casa Presidencial.

Efectivamente, el engaño de que la pobreza se había reducido al 16.7% fue tan sólo eso, engaño. La prestigiosa Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), indica que la pobreza estará en, al menos, el 20 % al terminar este año 2008. Hemos de suponer que este dato certifica su opuesto, es decir, la senda de la concentración de la riqueza se sigue profundizando y los que más tienen, que cada son menos, acumulan más y más cada día que pasa.

Es cierto que hay factores internacionales de peso que inciden en la situación económica nacional, pero la enorme responsabilidad en ello es quienes nos gobiernan hoy en día, aquí, en Costa Rica. La inflación está desbocada, revelando el enorme fracaso del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el banco neoliberal por excelencia. Mientras los reajustes salariales ya fueron completamente devorados en el mismo mes en que fueron otorgados, por esa alza desbocada en los precios; unos cuantos lograron multimillonarias ganancias especulando con el precio del dólar, habida cuenta de la posesión de información de primera mano que les da el privilegio de ser allegados de palacio.

Los precios internacionales del petróleo tienden a estabilizarse, a la baja, en los mercados internacionales; pero aquí, las alzas en los combustibles no se detienen. A los empresarios de autobús les van a exonerar del pago del impuesto al diesel, pero a la clase trabajadora, usuaria mayoritaria de este tipo de transporte público, más bien le subieron la tarifa.

La estafa política de la reducción de la pobreza se junta con la de la estafa política que representó la hueca promesa de que habría una reforma tributaria para obligar a pagar, como debe ser, a los que más están acumulando riqueza en este gobierno. No habrá cambio alguno para transformar la estructura del impuesto sobre la renta y, como siempre, seremos los de abajo, los que hemos de seguir cargando con el mayor peso de las obligaciones tributarias.

Nos viene a la mente la visita reciente que a nuestras oficinas hiciera un viejo conocido, hoy “dirigente” de vivienda por los lados de Santa Ana y quien, inescrupulosamente, llevó a mucha gente a votar por sí al TLC, a cambio de una promesa de vivienda.

Con gran cinismo nos pidió ayuda para obligar a los hermanos Arias Sánchez a honrar sus “promesas” en tal sentido. Tratando de conmovernos para manipularnos, nos decía que en muchos de esos hogares sumidos en la más absoluta pobreza, ya ni siquiera se conocía el gallo pinto y que la comida iba ser el motivo central de la movilización, no ya la vivienda.

En verdad, estos costarricenses “representados” por el “dirigente” en mención, deben sentirse completamente estafados, políticamente hablando, aunque quizás no tengan verdadera noción de su condición de víctimas políticas de un estado de cosas construido para el beneficio de pequeños grupos de gran poder económico, como el de los hermanos Arias Sánchez. El neoliberalismo ha fracasado. Ha llegado la hora de pasar a la ofensiva.

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La característica central de nuestra sociedad fue la de haber sido una sociedad de capas medias, con diversos estratos, lo cual nos distinguió del resto de naciones hermanas de Centroamérica, en las cuales la sociedad quedó partida en dos partes antagónicas: ricos y pobres. Punto.

Nuestra clase media, en sus diversos componentes, ha venido resistiéndose, de manera sistemática, a caer en la pobreza, a raíz del proceso de concentración de riqueza que vivimos. La otrora próspera clase media tica se encuentra ya, según el lenguaje de los expertos, en una situación de “vulnerabilidad de pobreza”, o lo que es más sencillo, al borde del precipicio.

Para no caer en ese precipicio, mucha gente de la clase media ha caído en el endeudamiento. Grandes segmentos de la clase trabajadora asalariada están llenos de deudas, “con la soga hasta el cuello” como decimos popularmente. Muchas personas trabajadoras acuden al crédito sobre crédito; es decir, cuando van por la mitad de amortización de uno, piden otro, pagan el saldo y se dejan la diferencia para gasto de consumo esencialmente.

En no pocas ocasiones, se tienen de dos a tres créditos simultáneos. Toda esta situación se explica, en parte, por las políticas de restricción salarial de los últimos tiempos, los bajos salarios y los reajustes semestrales que no compensan el alza en el costo de la vida. El salario no alcanza y, ni modo, se acudió al endeudamiento para seguir resistiendo.

Por otra parte, es enorme la cantidad de micro, pequeños y medianos empresarios agobiados por deudas, única manera de sobrevivir en este tipo de actividad empresarial, totalmente abandonada por la política pública de los últimos años, pues ésta ha estado destinada al apoyo de la gran empresa, transnacional básicamente.

En Costa Rica, nuestro parque productivo en su abrumadora mayoría es de micro, pequeña y mediana empresa y, por tanto, sin apoyo estatal de ningún tipo, para retardar la quiebra, se cayó en el endeudamiento cuyos intereses asfixian y consumen la mayor parte de la escasa rentabilidad del negocio respectivo.

Dado el carácter neoliberal dominante de los últimos gobiernos, incluido el actual, las políticas económicas no están diseñadas para ayudar al desarrollo de la clase media. Las agobiantes deudas, gran parte de las cuales se han adquirido para evitar caer en la pobreza, necesitan de un plan de reestructuración para que las acongojadas personas deudoras pueden respirar un poco y tratar de atenuar el desbocado proceso de concentración de riqueza, del cual son beneficiados los poderosos sectores financieros, por ejemplo.

Se necesita de la construcción de un poderoso grupo de presión de las personas endeudadas, tanto las que son de clase trabajadora, como las que están en la actividad de las pequeñas y medianas empresas para que, al menos, se desacelere el ritmo de concentración de la riqueza y se presione para el desarrollo de cambios estructurales tributarios; de modo que, por ejemplo, la obligación de tributar tenga congruencia con la proporcionalidad real de ingreso, especialmente en la actividad productiva del carácter que venimos mencionando.

Ahora que el Presidente Arias “tiró la toalla” en cuanto al impuso de una reforma tributaria integral (aunque pensamos que jamás tomó el tema en serio), corresponde a los sectores “con la soga hasta el cuello”, plantarse duro frente al abusivo proceso de concentración de riqueza, el cual es, en parte, responsable de esos gigantescos endeudamientos que tanto nos agobian en el día a día, en la lucha cotidiana para no caer en la pobreza.

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Durante ese tiempo, la trabajadora percibe el 100% de su salario, que es cancelado 50% por su patrono y 50% por la seguridad social. Además, continúa cotizando al Seguro de Enfermedad y Maternidad, al de Invalidez, Vejez y Muerte y sus derechos derivados del contrato de trabajo (aguinaldo por ejemplo) no se ven afectados.

El Poder Ejecutivo ha convocado en sesiones extraordinarias una iniciativa de ley promovida por el Movimiento Libertario que pretende exonerar a los patronos del pago del 50% por concepto de licencia por maternidad que les corresponde, trasladándole la carga a la Caja Costarricense de Seguro Social.

Consideramos que esta iniciativa, además de constituir un nuevo golpe a la sostenibilidad financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social, implica un claro retroceso en la legislación social de este país.

En primer lugar, porque un criterio que está claramente marcado en el proyecto, es el de bajar costos de producción para que los empresarios puedan competir. Parece que los libertarios, insisten en transitar por un camino equivocado: competir disminuyendo costos, considerando los derechos laborales como barreras al comercio y no como una inversión social. Transitar por ese camino nos conduce hacia el abismo sin fondo. ¿Por qué? Porque siempre en algún país se va a producir con costos inferiores a los nuestros. Siempre va a existir Ecuador, China y una serie de países, con los cuales es imposible competir a base de disminuir costos. Estos países han pagado un alto precio por esa política: precarización del empleo, flexibilidad laboral, trabajo en estado de esclavitud, una sociedad cada vez más asimétrica, más excluyente.

En segundo lugar, esta iniciativa legislativa no sólo promueve competir abaratando costos, sino que, dibuja una ruta a seguir: eliminar las cargas sociales a los patronos para que los derechos laborales a cargo de éste, sean asumidos por el Estado, es decir, por todas las personas que habitamos Costa Rica. ¿Será que de repente se le ocurrirá a los libertarios que las horas extraordinarias y el aguinaldo deben ser cancelados por el Estado y no por el patrono? Aprobar estos proyectos de ley implicaría sentar un nuevo precedente neoliberal, implicaría socializar los costos y privatizar la ganancia.

En tercer lugar, se parte de que la mano de obra femenina es más cara. Sin embargo, según el Estado de la Nación, el ingreso promedio de las mujeres es 21.8% menor que el de los hombres para la mayoría de ramas de actividad y ocupaciones. Esto quiere decir que el ahorro del sector patronal por la discriminación salarial en contra de las mujeres representa un alto valor, que compensa con creces el costo de la licencia por maternidad.

En cuarto lugar, no se ha demostrado con estudios actuariales que esta propuesta no ponga en peligro la sostenibilidad financiera de la Caja. Además, exonerar a los patronos y trasladar los costos de operación de éstos a todos y todas las que cotizamos a la seguridad social, sin procurarle recursos frescos, podría deteriorar aún más los servicios que la Caja le presta a todas las personas aseguradas.

En quinto lugar, según el nombre del proyecto, se pretende eliminar la discriminación hacia las mujeres. ¡Vaya manera de hacerlo!: legalizando la discriminación, aceptando que se discrimina a las mujeres en razón del embarazo, pero premiando a quienes discriminan. Si efectivamente se quisiera combatir la discriminación en contra de las mujeres, debería proponerse iniciativas que avancen hacia la efectividad del principio de igualdad que establece nuestra Constitución Política, promoviendo incentivos para las empresas que respetan los derechos laborales.

Para contrarrestar esta aberrante tesis neoliberal, nuestra organización sindical desde el año 2001, ha venido proponiendo alternativas inspiradas en los principios de solidaridad y universalidad que sustentan la seguridad social costarricense.

Proponemos, en redistribuir los costos de la licencia por maternidad entre todos los patronos, incrementando en un porcentaje la cuota patronal a la seguridad social. Con esta propuesta, habría solidaridad entre pequeñas, medianas y grandes empresas; y entre patronos que emplean hombres y mujeres.

Proponemos que con los recursos que la Caja destinaría a pagar el porcentaje que actualmente corresponde al patrono, se amplíe la cobertura de la licencia por maternidad, para que las trabajadoras independientes tengan derecho al 100% de la licencia, para que aquellas mujeres que trabajan en sus casas, atendiendo los oficios domésticos y las jóvenes madres también disfruten del beneficio de la licencia por maternidad. Con esto estaríamos dando pasos importantes hacia la universalización de los beneficios de la seguridad social.

Si el Movimiento Libertario y el Poder Ejecutivo están dispuestos a promover iniciativas de ley que permitan eliminar la discriminación en contra de las mujeres, deberían retirar este proyecto y promover la conformación de un grupo de trabajo en el que participen las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo por supuesto a las que representan a las mujeres y a las personas trabajadoras, para proponer un texto sustitutivo que además de garantizar los derechos laborales de las mujeres, promuevan mayor justicia y equidad en el ámbito laboral.

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Por eso duele y da coraje lo que está ocurriendo con el Poder Judicial, donde su cúpula se receta aumentos salariales escandalosos; y, a la vez, se burla y desestima calificados señalamientos internos que han expuesto a la luz pública, los malos olores que salen de la lujosa sede de la alta magistratura judicial.

Rendimos sincero homenaje a la valiente y patriótica actitud del gremio laboral de los señores jueces y de las señoras jueces de los tribunales ordinarios de la República, quienes se agrupan en la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD); al dejar claro ante el país que desde las propias entrañas del Poder Judicial, se ha generado una férrea resistencia para hacer valer el fundamental principio doctrinario de que la ética y la ley son consustanciales, la una con la otra, a la hora de administrar la justicia.

Estamos hablando del caso del magistrado suplente de la Sala IV, asesor del dúo presidencial Arias Sánchez, quien fuera exonerado por la Corte Plena, de rendir cuentas por su imprudente proceder, como consejero de la Casa Presidencial. El magistrado Luis Paulino Mora Mora, Presidente del Poder Judicial y la mayoría de los altos jueces de su rango, quienes recibirán los fuertes aumentos salariales autodecretados para su propio beneficio, votaron para que se “archivara” este peligroso caso y para que ya no se hablara más de él.

Rechazaron así, a rajatabla y en el mismo día en que fue presentada, la fundamentada petición de la ACOJUD para que se investigara el citado caso. Sin embargo, los magistrados emitieron un absolutorio e imprudente fallo “express”; como “express” fue la decisión del aumentazo salarial otorgado para sí mismos, ellos, la más alta estructura jerárquica judicial del país, mientras que a las bases laborales judiciales les recetaron un “estudio”.

Los jueces y las juezas de la República, salieron en defensa del honor del Poder Judicial, para intentar salvaguardar la necesaria imparcialidad y la imprescindible transparencia de esa institución de tanto calibre, como para determinar la viabilidad de la convivencia en democracia.

Dicho cuerpo gremial se apersonó ante la Corte Plena, manifestando que “consideramos necesario en señalar que resulta indispensable no solo para nuestro sector sino para el país que se investigue con sumo cuidado el proceder del Licenciado Sosto”.

ACOJUD estimó “que no fue prudente la conducta del Magistrado Suplente Sosto de ir a Casa Presidencial a prestar servicios de abogado, y tomar partido abiertamente en temas que han dividido tanto al país, como son los relacionados con el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.

ACOJUD indicó: “En el trasfondo de la polémica en torno a este caso, lo que está en juego es el principio de la imparcialidad del juez y la credibilidad de la justicia. No es conveniente que un magistrado suplente funja como abogado litigante. Hay ahí un desequilibrio y un asunto de percepción respecto a la imparcialidad que debe tener el juez ante las partes. Mientras que la imparcialidad es requisito para el juez, el abogado, por el contrario, debe ser parcial en la defensa de su cliente, de modo que la imparcialidad del juez no combina con la parcialidad del abogado”.

Los señores jueces y las señoras juezas de la República, con esa extraordinaria claridad de que la ética y la ley son complemento imprescindible a la hora de impartir justicia, emplazaron los magistrados del Poder Judicial, para que se abriera la investigación que miles y miles de ciudadanos y ciudadanas reclamamos, acerca del proceder del indicado señor, juez-abogado, magistrado Sosto. Desafortunadamente para la democracia, se impuso la_ “Doctrina Mora Mora”,_ esa que establece que la ética va por un lado y la ley va por otro, cuando de justicia se trata.

Como queda claro, se combinó en este caso y para el agrado de los hermanos Arias Sánchez, la imparcialidad del juez con la parcialidad del abogado. De un porrazo y a modo de fallo “express”, la Corte Plena dijo no al oportuno planteamiento de la ACOJUD. Razón tuvo el hoy mandatario Arias Sánchez cuando en campaña pregonó su concepto de “dictadura en democracia”. La “Doctrina Mora Mora”, como ha quedado certificado, es parte esencial de la misma.

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Matriculados ideológicamente con el neoliberalismo y el libre mercado a mansalva, obsesionados con malsano fanatismo por la aprobación del TLC (al punto de pervertir y corromper toda la institucionalidad republicana de la división de poderes), los hermanos Arias Sánchez se enfrentan hoy a las muestras contundentes del fracaso de su gestión económica.

Que no nos vengan ahora a echarle toda la culpa a los “factores” internacionales del cuento ese de las famosas “crisis” alimentaria y energética; que no son más que ejemplos incuestionables del fracaso de un modelo económico que concentra espantosamente la riqueza, que está depredando irreversiblemente el ambiente y la ecología y que juega con la comida de los más pobres del planeta, a fin de que haya combustibles para los “afortunados” del neoliberalismo.

Las mismas firmas encuestadoras que ayer alfombraron el retorno de don Oscar Arias Sánchez a la Presidencia, hoy se encargan de señalarle su descenso en el popularímetro convencional que, generalmente, mide los vaivenes de popularidad de las principales figuras integrantes del fétido mundillo de la política tradicional.

Estamos viviendo la carestía en el costo de la vida más alta de los últimos diez años. Al final del 2008 alcanzará un record inolvidable, sobre todo para las familias de la clase trabajadora de ingresos medios y bajos, que sufren esa carestía al doble. Efectivamente, los alimentos básicos y las bebidas no alcohólicas, es decir, lo que comúnmente conocemos como la “comedera”, tienen una velocidad de alza de precios que es dos veces el índice de inflación, ya de por sí altísimo.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR), esa especie de “república independiente” al servicio de los intereses de los grupos financieros más poderosos del país, muestra su total incapacidad para garantizarle un entorno económico de estabilidad a la economía familiar de los sectores trabajadores y de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Además, el BCCR sigue en la total impunidad, sin rendir cuentas, de las astronómicas inyecciones de recursos fiscales que se le han estado dando, dizque para solventar sus “pérdidas” y así controlar la inflación. “Pérdidas” que el pueblo ha pagado ya tres veces. Miles y miles de millones de colones le han quitado a los sectores populares y medios, vía tributos indirectos, para que esos sectores financieros se la sigan “tirando rico”, acumulando dinero de manera incontrolada, en forma ofensiva y en fiesta orgiástica desbocada.

Haber abandonado la política interna de fortalecimiento de nuestro sector agropecuario, renegando de un pasado exitoso donde prácticamente podíamos comernos lo que se producía en las tierras nacionales, es uno de los aspectos que la sociedad debe someter a juzgamiento; porque, repetimos, los responsables de que ya haya hambre en muchos hogares costarricenses, siguen en la total impunidad, sin rendir cuentas, como el otrora “dueño” del BCCR, don Eduardo Lizano Fait, padre ideológico de la ya fracasada política económica del nepotismo presidencialista de los hermanos Arias Sánchez.

La señora Primera Vicepresidenta, doña Laura Chinchilla Miranda, nos recetó transitar una especie de romería por un camino empedrado, augurando mucho más sacrificios; claro está que para los sectores populares y el pueblo asalariado. Un dato revelador indica que dos de cada cinco costarricenses han dejado de consumir alguna de las tres comidas diarias, a causa del alto costo de la vida.

Diversas medidas, con carácter estratégico, se pueden tomar para distribuir con equidad, con más justicia y con mayor solidaridad, los efectos del período de sacrificio de que ahora nos hablan. Una reforma tributaria profunda, una transformación tributaria estructural, es más que necesaria.

Pero esto jamás será realidad con el tipo de clase gobernante que tenemos hoy en día, no solamente la que está al frente del Poder Ejecutivo, sino la que está en las filiales o seccionales del mismo, como el parlamento, la Sala Cuarta, el otrora supremo tribunal electoral, la Aresep y otras. Este estado de cosas no puede seguir así y si no ejercemos mecanismos cívicos de autodefensa para la sobrevivencia, nos aplastarán mucho más con esa fracasada política económico de enormes beneficios para unos cuantos.

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Don Luis Paulino Mora Mora, Presidente del Poder Judicial y magistrado integrante de la Sala Cuarta (exministro de Justicia y Gracia en el primer gobierno de Oscar Arias Sánchez); estableció un antes y un después de su paso por uno de los puestos que más honor se supone depara para un o una costarricense: alcanzar la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

En primer lugar, el Dr. Mora Mora se destapó y confesó que votó a favor de la tesis del dúo presidencial de los hermanos Arias Sánchez; a favor del magistrado suplente de la Sala Cuarta, el señor Federico Sosto López, en cuanto a que no ve nada malo en que una persona en tal condición, sea asesora del gobierno de turno, en el tanto no hay “_violación_” a la ley que rige al Poder Judicial.

En segundo lugar y de mucho mayor impacto que la confesión anterior, es el establecimiento que el Dr. Mora Mora plantea, de una línea fronteriza entre lo que es la ética y lo que es la ley. Fue categórico al afirmar que “_no soy un juez ético, sino de legalidad_”. Nació así la “_doctrina Mora Mora_”.

Esta afirmación nos causó un profundo impacto, no solamente por ser sostenida por un funcionario del calibre del señor Mora Mora, sino por las repercusiones sociopolíticas y jurídicas que tiene el que ahora se la diga a la sociedad que, la ley va por un camino y la ética va por otro; y que ambos aspectos de las relaciones humanas en sociedades civilizadas, con relación al Derecho establecido, nada tienen en común.

Se trata de dos señales que podríamos conceptuar como la nueva “_doctrina Mora Mora_”, a la hora de aplicar el Derecho. Enfatizamos en que quien marca la pauta es el mismísimo Presidente del Poder Judicial.

Por un lado, su voto en este caso (que no es cualquier voto en la situación que estamos comentando), marca el fin de la división de poderes según lo establecido en la Constitución Política de Costa Rica, la del 7 de noviembre de 1949 (y en su fundamento predecesor, la de 1871). Por otro, abre una verdadera “_caja de Pandora_”, al dictaminar que a la hora de impartir justicia, la ley y la ética son como el agua y al aceite: no se mezclan.

Lo que podríamos denominar a partir de ahora como la “_doctrina Mora Mora_” en el ejercicio de la alta magistratura judicial, habría sido “_estrenada_” por él mismo, ensayándola en el caso del señor Sosto. Para burlar la limitación que establece la misma Ley Orgánica del Poder Judicial, de que un abogado ejerciendo una magistratura suplente no puede pasar del período continuo de tres meses en ambas situaciones a la vez, debiendo renunciar a la primero (abogado), para seguir siendo lo segundo (magistrado suplente); “_curiosamente_” y según su decir, el señor Sosto no llegó a tal límite de tiempo, con lo cual podía asesorar al dúo presidencial de los hermanos Arias.

Según nuestros informes, habría sido el propio señor Mora Mora, usando nuevas potestades asumidas por él como parte del cargo de Presidente del Poder Judicial, quien nombró al señor Sosto como magistrado suplente en la Sala IV, para después prolongarle ese nombramiento; aplicando su nueva “_doctrina_”, de que la ética y la justicia son cosas completamente separadas.

¿Qué pesó en la decisión del señor Mora Mora al darle un nuevo período de magistratura suplente en Sala IV, al señor Sosto?; ¿por qué no nombró a otro abogado en tan sensible posición, en un momento tan neurálgico y en unas condiciones de alta polarización política?…

De ahora en adelante, si un magistrado “_suplente_” del Poder Judicial quiere ser “_consultor_” del gobierno de turno, lo que debe hacer es: 1) jugar con la ley (no traspasar el período mínimo de tres meses continuos en ambos cargos, el de abogado privado y el de magistratura suplente); 2) olvidarse de la ética, pues ésta no es complemento de la ley; y, si alguien le reclama, 3) esperar que su caso caiga en manos de jueces inspirados en la “_doctrina Mora Mora_”.