Categoría: Opinión

Por:Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

“Disminuir los intereses de la deuda pública…”, planteó el actual Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, cuando era candidato en el documento Plan de Gobierno 2022 – Progreso Social Democrático, incluyendo el lema “Con valentía para el progreso de Costa Rica”. ¿Cuál es la situación real al respecto a 20 meses de que llegó él a la Casa Presidencial?

Empezamos el año 2024 y el servicio de la deuda pública del país, promedialmente hablando, está demandando la espantosa cantidad diaria, cada 24 horas, en colones, de prácticamente 16 mil millones (₡16.000.000.000).

Ese “servicio” indica que la cuantía abrumadoramente mayor de esa suma es por el pago de los intereses más que obscenos y vulgares que demanda la deuda pública. Y si lo convertimos a dólares estadounidenses, hablamos de 30 millones de dólares cada 24 horas.

Tome nota usted que al día de hoy, miércoles 17 de enero, llevamos 48 días de este 2024; entonces estamos hablando de que ya han salido de las arcas públicas mil cuatrocientos cuarenta millones de dólares ($1.440.000.000). En colones, casi 750 mil millones de colones (₡750.000.000.000). Noten ustedes cuál es la cuota de sacrificio que está pagando el pueblo trabajador y la clase media (en proceso de extinción) por esta barbaridad.

¿Cuál ha sido, entonces, la “labor” presidencial para “disminuir los intereses de la deuda pública”? Creemos que ninguna. Como tecnócrata-banquero que pasó tres décadas fuera del país, Chaves debe tener un panorama muy amplio de lo que representa para países con economías como la nuestra la carga de deuda pública tan monstruosa como la que está sufriendo el pueblo costarricense. ¿Qué ha hecho, entonces, para disminuir el pago de los intereses de la deuda pública?

¡Sí! Es el pueblo costarricense el principal pagador de la misma dado que, como es bien sabido, el gran capital tiene cualquier cantidad de protecciones, de regalías y de artimañas para burlar sus responsabilidades tributarias para con el país.

La actual Asamblea Legislativa aprobó, a ciegas, una partida para este 2024 de 5 billones 814 mil millones de colones (₡5.814.000.000.000), dentro de lo que denominan Presupuesto General de la República para el tal servicio de la deuda pública; poco más de 11 millones de dólares estadounidenses.

Creemos que esto nos lleva a un colapso social más profundo del que ya estamos presenciando y, por tanto, como lo hemos dicho en varias ocasiones, no vamos a desistir de nuestro empeño en denunciar esta barbaridad.

Hay que admitir que cuando llegó a la Presidencia, el señor Chaves se encontró con esta realidad tan trágica de las finanzas públicas costarricenses. Y hay que señalar con el dedo acusador a varias fuerzas político-partidarias que fueron gobierno antes de mayo de 2022.

Especialmente, hay que apuntar al Partido Liberación Nacional (PLN), como el más grande responsable del estado calamitoso del fisco costarricense pues nunca quisieron modificar, estructuralmente hablando, el sistema tributario costarricense y sus sucesivos gobiernos prefirieron pedir prestado, pedir prestado, pedir prestado…

Pongámosles rostro a las víctimas de este desastre. Reparemos en estos dos ejemplos: el o la policía de su localidad; el personal educador del Magisterio Nacional de la escuela/colegio a donde usted lleva a sus hijos o hijas próximamente. Están ya en el quinto año consecutivo de congelamiento salarial total y les adeudan la misma cantidad de años por un reajuste por costo de vida que no les quiere pagar el Presidente Chaves. ¿Y si hay un estallido social, ¿qué va a decir? Que fue producto de una célula terrorista de otro país. ¡Por favor!…

Por: Albino Vargas Barrantes

D. Rodrigo Arias Sánchez, próximo a cumplir su segundo período como Presidente de la Asamblea Legislativa (y ya se escucha en pasillos de palacio que lo van a elegir para un tercer mandato en ese cargo): acaba de publicar un artículo de su puño y letra que tituló Recuperemos las luces largas, especificando que “las fuerzas políticas y sociales debemos comenzar un proceso de diálogo conducente a la creación de una Hoja de Ruta Estratégica para el Desarrollo Nacional”.

De manera categórica planteó: “Si no somos capaces de comprometernos en la práctica con los intereses superiores de Costa Rica y con el bienestar social de la población, el país corre el riesgo de precipitarse en una pesadilla de la que después será muy difícil despertar”.

Esta posición de don Rodrigo es muy significativa desde nuestra perspectiva, aunque no por ser él presidente de nuestro parlamento. Le consideramos autoridad política dentro del conglomerado político-económico del real poder de la Costa Rica actual; ese poder que no va a elecciones, pero determina, en gran medida, quién las gana y quién las pierde.

Analicemos el asunto y, a lo mejor, tendremos que escribir una segunda parte de este comentario.

Que don Rodrigo diga que “el país corre el riesgo de precipitarse en una pesadilla de la que después será muy difícil despertar”; es porque en el seno de la clase dominante pudieran estar sintiendo “pasos de animal grande”, en cuanto a lo insostenible que resulta el desarrollo incesante de la exclusión social y económica que, en similares condiciones y considerado dimensiones nacionales específicas, en otras naciones latinoamericanas se han venido escenificando fuertes estallidos sociales con consecuencias políticas de alto riesgo para la misma democracia.

En sus consideraciones sobre la “…creación de una Hoja de Ruta Estratégica para el Desarrollo Nacional”, don Rodrigo plantea el papel de las fuerzas sociales pues, tácitamente, admite el desgaste de las fuerzas políticas (léase, las partidarias o la partidocracia); mismas que por su sistemático y sistémico desprestigio y reiterada estafa electoral cuatrienal, han sobredimensionado al rol de la democracia representativa para asumir el desafío de la exclusión social y económica.

A lo mejor y ante la constatación del agotamiento de una democracia formal que excluye y, por tanto, se está autoaislando, don Rodrigo tuvo a mano el Artículo 9 de nuestra Constitución Política que indica lo siguiente: “Artículo 9- El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias”.

Nótese: “El Gobierno de la República es popular, …participativo”. “Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí…”.

Tres aspectos son mencionados por don Rodrigo para darle fuerza a su propuesta de “…creación de una Hoja de Ruta Estratégica para el Desarrollo Nacional”: a) Se descuidó la visión estratégica del país; b) se han debilitado los logros históricos de nuestro Estado (Social) de Derecho; c) estamos postrados social y económicamente.

De nuestra parte, ¡coincidimos!, en términos generales. Y las partes más sólidas y representativas de las fuerzas sociales a las cuales apela don Rodrigo hace ya mucho tiempo tenemos diagnosticado esos aspectos y, además, hemos formulado gran cantidad de propuestas. (Continuará…)

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Disruptivo: “Que rompe algo o que rompe con alguna cosa o situación”. Supusieron sus electores que usted iba a ocasionar una ruptura o un cambio determinante; que usted iba a ser “innovador”, “revolucionario”, “transformador”; en fin, que usted sería disruptivo en lo que respecta a la politiquería de los últimos tiempos. Nada de eso… hasta la fecha. Casi que podemos decir que estamos ante una nueva estafa política cuatrienal como las de las elecciones presidenciales de, más o menos, los últimos 40 años.

El “güiquilís” tico (los audios) le está dejando a usted muy mal parado. En la pelea inter-élites le están goleando. El bloque político-hegemónico-mediático tradicional, el del poder real, ese que estuvo sosteniendo al desastroso gobierno anterior, el del detestado Carlos Alvarado Quesada, para que no se cayera; está mostrando de qué son capaces y exhibiendo su nada despreciable capacidad de incidir en la agenda-país.

Se está demostrando que la campaña electoral que le llevó a la Presidencia de la República fue algo sucio, aunque nada distinto de las que se desplegaron en las elecciones anteriores a la suya. Usted está, prácticamente solo y sus huestes, cada vez más disminuidas, “combaten” desde las redes sociales con gran precariedad intelectual y notorias debilidades argumentales. Doña Pilar Cisneros Gallo, desde el parlamento, hace ingentes esfuerzos por sacar agua del bote; sin embargo, se ha disipado todo su prestigio ganado durante tantos años, al reconocérsele ser una de las voces más autorizados en materia de control de la suciedad en la cosa pública.

Leímos la entrevista de página completa que le hizo el periódico impreso más leído de Costa Rica, Diario Extra, publicada este pasado lunes 11 de diciembre; la cual se tituló Chaves: “Choreco ya no es mi asesor”. Cuesta creer eso puesto que, urbi et orbe (a la ciudad y al mundo), ustedes se presentaban como uña y carne. Ahora, por el contrario, Choreco dice que usted es un “bocón”. La cosa está tan horrible para ambos que, a lo mejor, decidieron vender el producto comunicacional de una “ruptura” entre ambos. Sin embargo, puede ser que la ley les alcance a final del camino.

En esa entrevista, usted pone la bola en el punto de penal cuando indicó: “La desigualdad ha estado subiendo en Costa Rica por más de 40 o 50 años. Parar el deterioro de la desigualdad es complejo. ¡Se deben hacer cambios estructurales profundos!” Nada más atinado pudo usted haber dicho en esta complicada situación político-social y económica de la Costa Rica actual.

Y con este otro comentario, usted la voló: “Seguimos siendo una de las sociedades más desiguales del mundo. ¿Por qué? Tenemos un sistema tributario regresivo. Estamos luchando contra eso, pero todavía hay muchas resistencias”.

En el seno de la corriente sindical en la cual militamos, el tema de la creciente, sistemática y sistémica desigualdad; amén de ese sistema tributario regresivo que incluye ese monstruoso y criminal pago de intereses de la deuda pública; viene ocupando, prácticamente, los puntos medulares de nuestro accionar patriótico-social de los últimos tiempos. Creemos que, también, en otras corrientes sindicales y en el seno de la gran diversidad de los movimientos sociales, estas preocupaciones forman parte de sus agendas de lucha de una u otra manera.

¡Dele un giro a su gobierno! Asuma la disrupción que usted, aunque no con ese nombre, prometió en campaña (incluida, la revisión del tema de los intereses de la deuda pública). Convoque a la gran diversidad de grupos sociales de diversa naturaleza (incluidos los sindicales) para, al menos, hablar del asunto y de otros no menos relevantes. Revise la Historia Patria. Revise la disrupción que en su momento decidió impulsar el Expresidente de la República, Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia; histórica decisión que hoy hace que tengamos Código de Trabajo y que tengamos CCSS. Reflexione usted en Navidad y en Año Nuevo.

El próximo domingo 10 de diciembre estaremos conmemorando el 75 aniversario de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, efectuada el 10 de diciembre de 1948, teniendo como motivación fundamental responder a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la Humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Tal conmemoración, en el caso costarricense, nos llega en uno de los momentos históricos de nuestra vida republicana más tristes, dolorosamente hablando, pues es la desigualdad reina total de nuestra convivencia cotidiana, prácticamente en todos los órdenes de la vida nacional: en lo social, en lo económico, en lo educativo, en libertad, en lo salarial, por ejemplo.

Particularmente, en el seno de la clase trabajadora, en el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), tenemos graves violaciones en cada uno de sus 30 postulados fundamentales.

De esos 30 postulados, si nos fundamentamos en el No. 23, notaremos fuerte regresión en el devenir democrático del país en estos 75 años. Miremos lo que nos dice ese artículo 23 de la DUDH:

Artículo 23- 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Note usted que cerca del 50% de la Población Económicamente Activa (PEA) del país está desempleada, es decir, se le violenta su Derecho Humano al Trabajo y no tiene protección contra el desempleo. Note usted, también, que gran parte de la población trabadora que sí tiene empleo formal y salario, está recibiendo un salario que no le garantiza una existencia conforme a la dignidad humana pues el salario mínimo no es salario digno. Note usted que el derecho a fundar sindicatos y a sindicalizarse para la defensa de sus intereses, sufre una violentación cotidiana en el sector privado de la economía; y en el público, la castración de la verdadera negociación colectiva para dignas condiciones de trabajo está imperando en estos momentos.

La corriente sindical en la cual militamos está impulsando un proceso serio y profundo para una concientización plena en el seno de la clase trabajadora, de que los Derechos Humanos, partiendo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos ofrece la posibilidad de obtener una bandera de lucha de alcance global para enfrentar, de mejor manera, la serie de efectos perversos generados a partir de las políticas neoliberales de ajuste fiscal extremista y fanático; también para contrarrestar el ataque a los derechos laborales, económicos y sociales conquistados; también para hacerle frente al desafío de evitar la consolidación de la desigualdad y de la perniciosa concentración abusiva de la riqueza; así como para la defensa misma del planeta acosado por la vorágine de la explotación capitalista inmisericorde.

Y, hablando, actuando: mañana jueves, vísperas del 75 aniversario de la DUDH, se graduará el primer grupo de dirigentes sindicales de base con una formación específica en cuanto a la relación de la lucha sindical en estos tiempos de neoliberalismo desenfrenado, con el conocimiento, la defensa y la promoción de la Doctrina de la Derechos Humanos. ¡Simbólico! Recibirán su certificado en la sede de la mismísima Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuya sede está en nuestro país. ¡Vivan los Derechos Humanos!

Trata usted de leer esta cantidad en números: ₡1.976.620.000.000. ¡Cuesta!, ¿verdad? En letras es así: Un billón novecientos setenta y seis mil seiscientos millones de colones. En realidad, son números de difícil asimilación mental. Es una cantidad espantosamente astronómica.

¿De qué se trata? Toda esa plata representa el pago de los intereses de la deuda pública durante los primeros 10 meses del presente año 2023. Son datos oficiales del Ministerio de Hacienda.

Del 1 de enero del 2023 al 31 de octubre de 2023, han transcurrido 304 días de este año próximo a terminar.

Eso significa que: a) En estos 304 días del año 2023, se han estado pagando 4 millones 515 mil 305 colones (₡4.515.305) por minuto por concepto de intereses, solamente intereses, de la deuda pública. b) El pago por hora en estos 304 días es impresionante: 270 millones 918 mil 311 colones (₡270.918.311).

Y, al día, cada 24 horas, en estos primeros 10 meses del año, se han estado pagando 6 mil 502 millones 39 mil 473 colones: ₡6.502.039.473.

En estos 10 primeros meses del 2023, al pueblo trabajador y a los sectores diversos de las capas medidas, les han extraído de sus golpeados bolsillos, casi 2 billones de colones; exactamente, ese billón novecientos setenta y seis mil seiscientos millones de colones (₡1.976.620.000.000).

¿Cómo es posible que la indolencia total de los políticos actuales sea lo que prive ante ese desangramiento de las debilitadas finanzas públicas, si al pasar esa cantidad a dólares USA y con el tipo de cambio actual, unos 12 millones 200 mil dólares se están destinando, por día, a ese pago?

Se espera que al terminar el presente año 2024, el pago total de intereses de la deuda pública llegue a la cifra hiper-gigantesca de dos billones 395 mil 125 millones de colones: ₡2.395.125.000, que es equivalente a 5.1 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

Es un “misterio” el destino de esos intereses. Lamentablemente, a la actual clase política le importante un bledo lo que está pasando con esas platas.

Esos dineros se necesitan, urgentemente, para fortalecer, integral y estructuralmente, la política pública de seguridad; para citar únicamente uno de los puntos más débiles que está mostrando en la actualidad la Democracia costarricense.

El narco nos está matando. El narco le está ganando la batalla a la sociedad. El narco ya está dispuesto a asumir el control del propio Estado y los ejemplos y episodios ya los estamos viendo y viviendo. El narco-Estado se asoma y de manera que parece que ya es incontenible.

Pero también, ese pago abusivo de intereses de la deuda pública nos está matando también. Los programas de asistencia social, de inclusión social, de educación y de salud, de seguridad social, de nutrición, de apoyo estratégico a los sectores productivos nacionales, están sufriendo por las reducciones presupuestarias que se les imponen, pues la parte principal de la plata que se recauda es para esos intereses de la deuda; una deuda que nosotros estimamos que es impagable.

De nuevo y con toda vehemencia, la corriente sindical en la cual militamos seguirá abordando el punto, de manera terca e incansable. El narco nos está matando, ¡pero esto también!

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Los niveles de explotación laboral en Costa Rica son alarmantes. No solamente se pueden constatar con informes internos, sino que, más grave, el asunto fue de conocimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hace apenas un año.

Por ejemplo, el inspector internacional que nos visitó como experto de Naciones Unidas en lo que tiene que ver con lo que denominan formas de esclavitud moderna, indicó en su informe final “…que el trabajo forzoso persiste en varios sectores productivos del país, como la agricultura y el trabajo doméstico. Como ejemplo citó que, en muchas plantaciones, los salarios de las personas trabajadoras se basan en unidades de producción. Si bien los empleadores generalmente no establecen un objetivo diario mínimo, esto alienta los trabajadores a trabajar largas horas, que pueden extenderse entre 12 y 15 por día”.

Dicho experto de la ONU, de nacionalidad japonesa, en su informe final, también, consignó lo siguiente: “Una cuestión conexa es la inspección del trabajo. Un gran número de interlocutores señaló que la inspección del trabajo en Costa Rica es ineficaz, burocrática y carece de transparencia, particularmente en la economía informal. Además de los limitados recursos humanos y financieros, el Relator Especial se enteró de que las multas impuestas no son lo suficientemente elevadas como para disuadir a los empleadores. También hay casos de colusión en los que se informa a los empleadores de la inspección con antelación para que puedan prepararse para la inspección y ocultar las malas prácticas. Por ejemplo, a los trabajadores se les da un día libre o se les envía a lugares remotos el día de la inspección para que no puedan proporcionar sus historias, y esto parece ser una práctica común. Además de la agricultura, la inspección en otros sectores, como el trabajo doméstico, la construcción, el transporte, la manufactura, el comercio y los servicios, sigue siendo insuficiente”.

Vistas así las cosas, resulta indignante la circunstancia de que en la Asamblea Legislativa se decidiera archivar un proyecto de ley destinado, precisamente, al fortalecimiento de la Inspección Laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); legislación que habría ido en la línea de las recomendaciones del señor de las Naciones Unidas, Tomoya Obokata, en su condición de Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud.

Y fue tan contundente en su informe conclusivo que señaló, de manera explícita, al proyecto de ley ahora archivado por las diputaciones pro-gran capital o “asalariadas” de él identificadas con su ideología: “money, money, money”.

El señor Obokata no se anduvo por las ramas para solicitar esto: “Mejorar la inspección del trabajo asignando recursos humanos y financieros suficientes y otorgando poderes adicionales, como la imposición de sanciones in situ, adoptando el Proyecto de Ley 21.706 para el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inspección Laboral, e involucrar a los sindicatos u otros terceros en la inspección del trabajo para aumentar la transparencia”.

Aunque hubo diputaciones sensibles al tema, la realidad política que emerge es que estamos de cara a un nuevo ataque parlamentario contra la clase trabajadora. Calificadas instancias y respetados espacios internacionales serán receptores de nuestras denuncias en próximas fechas.

Rechazo generalizado en el mundo obrero-social de nuestro país está provocando la propuesta del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que al aguinaldo y al salario escolar se les grave con el impuesto sobre la renta; una medida que, sin lugar a dudas, constituye un explosivo social.

Bien es sabido, porque se ha dicho cientos de veces, que el sistema tributario costarricense es doblemente perverso: por una parte, es completamente injusto pues pagan más, proporcionalmente hablando, quienes menos tienen (en cuenta, la clase trabajadora asalariada); por otra, está corrupto: es de tal nivel el fraude fiscal-tributario a gran escala que Costa Rica está ocupando el tercer lugar a nivel del planeta por tan deshonrosa razón, según prestigiosa investigación internacional recientemente realizada en 140 países.

El aguinaldo es una conquista social, prácticamente, sagrada. El salario escolar no es una regalía ni un privilegio a nivel del sector Público: hoy está conceptuado como un componente salarial, así inserto ya en el sistema constitucional-jurídico-laboral del país y, además, tiene exención de pago de renta.

Es evidente que el FMI actúa en correspondencia directa a su línea ideológica fundamental y clásica: sus políticas estructurales de ajuste fiscal siempre han estado dirigidas para golpear a los y a las de abajo, especialmente a la clase trabajadora.

Pensamos nosotros que gravar con impuesto sobre la renta al aguinaldo y al salario escolar cuenta con el beneplácito político del gobierno actual, aunque para nivel de opinión pública, lo nieguen.

Es más, si tomamos en cuenta que la cuestión macrofiscal del país no cambia, aunque cambie el presidente y el respectivo gobierno, los sectores económicamente dominantes en las sucesivas administraciones siempre tienen en consideración, en su “menú” fiscal, este impuesto.

Solamente esperan las condiciones propicias para darle este grotesco zarpazo a los deteriorados ingresos obrero-salariales, tanto del sector privado como del público (exceptuando, las altas cúpulas político-gerenciales en ambos).

También, está ya sumamente certificado, política y socialmente, que Costa Rica está en un proceso sistemático de potenciar la desigualdad y la exclusión social y económica; que ya dejamos de ser una sociedad facilitadora de la movilidad social ascendente; que el poder adquisitivo de los salarios se ha venido reduciendo de manera sensible; y que, los servicios públicos diseñados para la promoción del bien común, los tienen contra la pared.

Que el aguinaldo se mantenga intocado, que el salario escolar se mantenga intocado, va a depender, en gran medida, de la capacidad de reacción de la diversidad de agrupaciones, especialmente, las sindicales, que aglomeran a amplios segmentos de la clase trabajadora asalariada, pública y privada. E, indudablemente, si grandes grupos de trabajadores y de trabajadoras están dispuestos a movilizarse bajo en concepto de Democracia de la Calle.

La clase trabajadora únicamente cuenta con sí misma y con sus organizaciones obrero-sociales consecuentes, para defender estas conquistas y otras más que están en peligro de ser arrasadas.

Esperamos y confiamos en una reacción generalizada y con movilización social incluida, si persisten en estas aberrantes ideas de ponerle impuesto de renta al aguinaldo y al salario escolar. ¡No se atrevan!

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

No nos llamemos a engaño. Los y las de arriba, con sus respectivos partidos políticos, constituyen una sola élite. Los mismos, si bien muestran “diferencias”, estas son de estilo y de accionar.  “Se agarran del pelo”, unos y otros en la campaña electoral de turno, pero tienen una comunidad ideológica que se ve reflejada, muy claramente, en los siguientes aspectos fundamentales (aunque hay otros no menos relevantes).

Primero: la gran prioridad macroeconómico-fiscal de esta élite es el “servicio” de la deuda pública con su obsceno pago de intereses. Note usted que, la práctica totalidad de los partidos políticos representados en el parlamento, junto a los partidos seguidistas de Chaves Robles, ni se inmutan, ni se escandalizan (aunque sea de “mentirillas”), con el pago diario de 30 millones de dólares USA que habrá que hacer a partir del 1 de enero de 2024 y cada uno de los 365 días del año entrante por esa deuda pública. Todos esos partidos: los viejos y los “nuevos”, tienen una máxima prioridad mental: que el FMI dé el visto bueno al manejo de ese “servicio” de la deuda pública y sus colaterales variables macrofiscales. La deuda pública, su obsceno pago de intereses, el déficit fiscal y los préstamos, alimentan el negocio bancario-financiero, piedra angular del proceso concentrador de riqueza.

Segundo: Tienen un acuerdo tácito de que no se debe transformar, ni en lo más mínimo, la naturaleza doblemente perversa del sistema tributario costarricense: que es injustamente regresivo y suciamente corrupto. Por ejemplo, usted no verá a ningún partido político al servicio de la élite hablando de “Los papeles de Panamá” con el listado de legislación pendiente que se debe tramitar para empezar a impulsar una Transformación Tributaria Estructural. La élite de los y de las arriba duerme muy tranquila todos los días.

Esta doble perversidad tributaria se está agravando con la degeneración que está sufriendo el régimen de Zonas Francas: cada vez son más las empresas de capital nacional que se “infiltran” en ese régimen para evitar pago de impuestos, para lo cual cuentan con complicidades burocráticas de cuadros tecnocráticos afines a los partidos de la élite.

Tercero: Los partidos políticos de la élite (los viejos y los “nuevos”), no tienen el más mínimo interés en que la persona trabajadora asalariada, ya sea del sector público o del sector privado, tenga un real poder de compra en sus respectivos salarios. No hay interés en concebir la política salarial del país cómo un factor de movilidad social ascendente ni como factor reductor de la desigualdad. Lo vemos muy bien en la concepción restringida del valor del salario mínimo aplicable al sector privado; o, en el congelamiento salarial total que se ha impuesto en el sector público, aunque es inconstitucional y violatorio de Derechos Humanos.

Se exceptúan de esto, por ejemplo, la alta cúpula político-gerencial del aparato estatal; así como la alta gerencia corporativa del sector privado. En ambos casos, por lo general, están ligados a, o lo sirven, a la partidocracia de la élite con los abultados salarios que se pagan en uno u otro caso.

Cuarto: La corrupción es factor común a toda la partidocracia de la élite. Los ejemplos son abundantes, por ejemplo, la corrupción que se da en el financiamiento de las campañas electorales cuatrienales. Tan grave es esto que ya es secreto a voces la presencia de dinero sucio-narco financiando candidaturas, antes y ahora. La lista de las corruptelas con fondos públicos es larguísima.

El tema es, prácticamente, inagotable. Lo más grave es que este sistema de una sola élite con múltiples partidos políticos a su servicio, está minando las bases mismas de la confianza de la gente en la propia democracia costarricense.

Estamos tratando de constatar la veracidad de informaciones recientes aparecidas en prensa, específicamente en Semanario Universidad, acerca de que la reciente misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), de visita en el país; hizo señalamientos “no usuales”, acerca de la cuestión fiscal del país.

El indicado medio de prensa goza de mucha credibilidad y prestigio, por lo que vamos a referirnos a esos señalamientos fondomonetaristas.

En todo caso, estamos solicitando una reunión con el representante oficial del FMI para Costa Rica, don Santiago Ochoa Olarticoechea, ahora que tal entidad abrió oficina permanente en nuestro país.

Vamos con lo primero. Que para la misión técnica del FMI los intereses de la deuda pública son “altos”. De ser así, debemos corregir de nuestra parte y decir que son excesivamente altos, que están entre los más altos del mundo, que son obscenos y de usura; y que, en esencia, son socialmente criminales.

La corriente sindical que cobija nuestro quehacer diario ha venido asumiendo este asunto como una cruzada de inspiración humanista; y, por eso, que el FMI haya empleado el calificativo de “altos” para los intereses de la deuda pública, representa una especie de pequeña victoria desde la perspectiva de la lucha social.

Todavía seguimos atónitos de que el servicio de la deuda pública y su más que exorbitante carga de intereses, implique sacar de las raquíticas finanzas públicas, a partir de enero 2024, la escalofriante, espeluznante y escandalosa cantidad de 900 millones de dólares mensuales; lo que hará que al final del año venidero, casi 11 mil millones de dólares se le haya sacado del bolsillo a los sectores medios y obrero-sociales, los cuales llevan sobre sus espaldas, el grueso de la carga tributaria nacional.

El ya marcado descenso de la inversión pública en política social, seguridad, educativa, en infraestructura vial, por ejemplo, tiene que ver con que esa gigantesca cantidad de casi 11 mil millones de dólares estadounidenses sean destinados, únicamente, para los mercados financieros, empobreciendo al conjunto de la sociedad.

Creemos que estamos llegando a puntos extremos de explotación social por honrar una deuda pública que esconde muchos aspectos que no se ventilan ante la ciudadanía.

Llama poderosamente la atención que en la Asamblea Legislativa, que debe aprobar el mal llamado presupuesto de la República para 2024, con esa monstruosa partida de casi 11 mil millones de dólares USA para el servicio de la deuda pública; no haya una sola voz parlamentaria que con vehemente argumentación plantee que ya es hora de parar esa aprobación anual a ciegas de ese tipo de erogaciones multimillonarias a costa de mayores sacrificios para la inmensa mayoría de la población.

El otro señalamiento que habría realizado la misión técnica del FMI, tiene que ver con la naturaleza perversa y corrupta del sistema tributario costarricense. Pero esto merece un próximo comentario en esta misma prestigiosa preocupación.

En todo caso, como se dice popularmente ante un acto relevante de un protagonista del cual no se esperaría ese acto, para que la misión técnica del FMI, con estos dos aspectos que críticamente habría señalado con relación a la situación fiscal del país, tenemos que decir que el FMI “la voló”