Categoría: Opinión

La semana pasada, alertamos del ataque a la estabilidad financiera de las municipalidades, que representa la quiebra técnica del Estado central, y cómo este ha empezado a deshacerse de sus responsabilidades en varios órdenes de política pública, para que los asuman los gobiernos locales sin otorgarles un centavo adicional.

Sin duda, esto haría que la ciudadanía habitante de los diferentes cantones se vea sometida a mayor carga tributaria municipal; o, por el contrario, a más deterioro y precariedad en la prestación de los servicios públicos (los tradicionales y los nuevos llegados desde el Gobierno central), que se prestan desde las municipalidades.

Adicionalmente tenemos que la aberrante Ley Marco de Empleo Público (LMEP), No. 10159, ha venido a agravar las perspectivas futuras de la situación financiera de las municipalidades; específicamente con la descabellada idea de imponer en sus regímenes laborales el perverso concepto de salario global.

Aparte de abrir el escenario de una grave desigualdad entre ocupaciones idénticas (por ejemplo, la realidad salarial de un trabajador de campo con diez años de antigüedad en el cargo, comparado con el salario global de otro trabajador de campo de reciente ingreso), lo cual está generando delicadas distorsiones y alteraciones en la dinámica sociolaboral de las relaciones obreras cotidianas por la discriminación, salariamente odiosa, que se provocó; se ven venir cargas presupuestario-financieras que las municipalidades no podrán soportar en el corto y mediano plazo y, ni qué decir en el largo plazo.

Las municipalidades empiezan ya a dimensionar, con verdadera exactitud la “emboscada” a la cual fueron llevadas por los números “alegres” de las escalas de salario global que, con soberana irresponsabilidad, les propuso e impuso la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), en lo que podría catalogarse como la más fatal de sus acciones en “defensa” del régimen municipal.

La UNGL, sometida totalmente a los designios fiscalistas y extremistas de los neoliberales de turno (que son los mismos de siempre), en el gobierno Chaves Robles, no solamente fue incapaz de defender de la autonomía constitucional del Régimen Municipal, pisoteada y derogada por la LMEP; sino que les ha llevado a escenarios de quiebra inminente pues los irresponsables montos de salario global, al empezar a generalizarse, repetimos, impulsan la debacle financiera de los gobiernos locales.

¿Qué queda ahora? Hay una salida. Nuestro pensar nos lleva a lanzar el llamado a la unidad político-institucional y socio-laboral interna para que en cada gobierno local se cierren filas buscando tres grandes objetivos simultáneos: a) garantizar la seguridad financiera institucional presente y futura; b) el trabajo decente y la justicia laboral-salarial con pleno respeto a la clase trabajadora misma que deberá asumir una posición de compromiso eficiente y eficaz con gran honestidad y transparencia en la tarea cotidiana; y, c), brindar el mejor y más satisfactorio servicio a la comunidad acercando a sus organizaciones a la acción gubernativa local. ¿Cómo? Lo veremos en la tercera parte de estos comentarios la semana próxima.

Hoy queremos llamar la atención de las autoridades políticas de los gobiernos locales de nuestro país, las municipalidades, con relacion a lo que estimamos podría ser un amenazante futuro, especialmente en lo que tiene que ver con su estabilidad financiera.

Le hablamos por esta vía a los señores alcaldes, a las señoras alcaldesas, así como a las personas integrantes de los correspondientes concejos, ya sea como regidores y como regidoras, en propiedad o en suplencia; e, igualmente, a quienes ocupan las sindicaturas.

Con especial énfasis, es nuestro interés que nos ponga atención la población trabajadora municipal y sus correspondientes liderazgos sindicales y profesionales; haciendo especial énfasis en los liderazgos comunales de distinto orden.

Entremos de lleno en materia expresando, previamente, un agradecimiento por la atención que se nos brinde.

Nuestra clase gobernante, tanto la del poder formal como la del poder real, a la altura de este primer cuarto de siglo, nos está dejando ver con claridad que solamente tiene una gran prioridad político-estratégica, con dos caras: por una parte, desarrollar y profundizar el negocio de la deuda pública y su escandaloso pago diario de intereses, a razón de 7 mil millones de colones al día, con lo cual se fortalece la matriz hegemónica-ideológica que domina toda nuestra política: el capital bancario-financiero.

Por otra, seguir avanzando en el desmontaje de lo que conocemos como Estado Social de Derecho, impulsando recortes presupuestarios irreflexivos, irresponsables e irracionales; deteriorando servicios y programas de política pública destinados, otrora, al bienestar de las mayorías; y, continuar en el proceso sostenido que impulsan para la apropiación de las mejores y más rentables empresas estatales que todavía quedan en pie. En este caso, estamos en presencia del actual ataque artero para el robo-privatizador del modelo eléctrico nacional, histórico y exitoso, gestionado por el ICE.

Nos queremos centrar, de seguido, en lo siguiente: con esa altísima carga de deuda pública y de pago de intereses; más los brutales recortes presupuestarios en diversos ámbitos de la otrora sobresaliente política social del país que, prácticamente, podemos afirmar estar en presencia de un Estado central en quiebra técnica, misma que se va a agudizar hasta ser dolorosamente explícita.

Con base en ese escenario es que estamos notando la peligrosa tendencia política de los últimos años, potenciada por todos los partidos políticos responsables del desastre fiscal, de “trasladarle” a las municipalidades esos servicios públicos en estado de pre-quiebra; estrategia diseñada desde que se impulsó la ley de traslado de competencias hasta llegar al más reciente proyecto de ley en trámite para que los gobiernos locales definan, sin pasar por la Asamblea Legislativa, su propia estructura tributaria.

Han venido “preparando” a las municipalidades para que asuman el mantenimiento de la red vial nacional, las carreteras nacionales, obligándoles a asumir tramos de las mismas que pasan por sus respectivos territorios; las están “exhortando” (por no decir obligando), a que “adopten” una delegación de la Fuerza Pública en el radio de acción de sus comunidades; nada extraño será que en el corto plazo les delegan la policía de tránsito aunque ya hay policía municipal que hace partes en varios gobiernos locales. La construcción y el mantenimiento de infraestructura educativa está en proceso para endosárselas, desde el MEP, a los gobiernos locales.

En futuro no muy lejano, podrían ser obligados los gobiernos locales a asumir atención primaria en salud, servicios de atención a la niñez, de educación primaria y secundaria; de guardianas de áreas protegidas y de parques nacionales, etc. Pero, ¿y la plata para todo ello? ¡No se habla nada! En la segunda parte de este comentario, hablaremos de los aspectos sociolaborales y sociales.

El pasado lunes 17 del mes en curso, Diario Extra publicó en su primera plana nota de prensa titulada Una sola patrulla para 20.000 personas, remitiéndonos a la página 16 de la edición de ese día. En esta encontramos este pretítulo: Vecinos pide más vigilancia policial; y, a todo lo largo de la página este otro: Una sola patrulla cuida a 20.000 personas en el Caribe.

Se da cuenta en tal información periodística de un reclamo al Ministerio de Seguridad Pública por parte de vecinos de las comunidades de Valle La Estrella y de Bananito, habitantes en esas zonas del Caribe Sur de nuestro país. Don Miguel Rojas y don Juan Campos fueron los voceros de ese clamor-reclamo comunal. “Con sobrada razón”, pensamos nosotros, de manera inmediata, al leer la nota de prensa.

Y también pensamos nosotros, al mismo tiempo, en la gigantesca tarea cívico-popular que está pendiente de ejecutar para que los miles y miles de ciudadanos y de ciudadanas como don Miguel Rojas y como don Juan Campos, puedan comprender la maldad y la perversidad que impera en el sufrimiento de los sectores populares de nuestro país ante el deterioro de las más diversas políticas públicas por la precariedad de los recursos financieros que a éstas se han venido asignando, presupuestariamente hablando, en los últimos gobiernos, incluido el actual.

Todos se han venido sometiendo a la dictadura (ésta si lo es en el amplio sentido del término), del capital financiero-bancario que, como su principal arma de presión, la deuda pública y el vulgar y obsceno pago de intereses; doblegando a las sucesivas administraciones gubernamentales a sacar la plata para esta barbaridad que es primero que todo antes que, por ejemplo, la compra de patrullas necesarísimas para la debilitada logística estratégica que debe enfrentar el desafío cotidiano de la Seguridad Ciudadana.

Fíjense ustedes, don Miguel y don Juan, que con la plata del pago de intereses de esa (impagable) deuda pública se podrían comprar cientos de patrullas, de paquete, de último modelo, para que las comunidades del Valle de La Estrella, de Bananito y de todas las localidades del país tuvieran una excelente dotación de vehículos de patrullaje de último modelo.

Pero no es así. Quédense ustedes con una única patrulla, a lo mejor ya envejecida y por destartalarse, para la vigilancia operativa móvil de 20.000 personas ciudadanas como ustedes, pues la plata que haya es para pago de intereses de esa deuda y su, socialmente criminal, pago de intereses, obscenos y vulgares.

Vieran ustedes, don Miguel y don Juan, que pregunté en el MSP por el valor de una patrulla nueva, de paquete y cuesta unos 31 mil dólares. Al tipo de cambio actual (525,54 colones por dólar), son casi 16 millones 300 mil colones por vehículo-patrulla. Nos atendieron muy bien, por cierto.

Pero, distinguidos ciudadanos, el presente gobierno (como todos los anteriores), sacrifican a su comunidad porque la prioridad es el pago de los intereses de esa deuda; y, ¡por favor!, escuchen bien: han venido pagando en los primeros 121 días de este año 2024 (31 de enero, 29 de febrero, 31 de marzo y 30 de abril), “¡cáiganse de espaldas!”: 7 mil 100 millones de colones (7.100.000.000), ¡por día!, ¡cada 24 horas!, solamente por concepto de esa deuda “satánica”.

Si tan solo por un único día, solamente un día, se dejara de pagar esos 7 mil 100 millones de colones, se podrían comprar 435 patrullas, nueveciticas, de paquete, no solamente para mejorar la seguridad en el Valle de la Estrella y en Bananito, sino en todas las comunidades del país que hoy sufren violencia de todo tipo producto de la exclusión social y económica fuertemente en desarrollo en nuestro otrora país de movilidad social ascendente.

Don Miguel y don Juan: les puedo contar más de las implicaciones de esta mortífera deuda pública y de su diabólico pago de intereses obscenos y vulgares. ¡Ah! A ningún político le importa.

Quienes laboran de manera asalariada para el Estado están en el quinto año consecutivo de congelamiento salarial total. Son las víctimas de un extremismo fiscal de signo neoliberal, avalado tanto por la clase política tradicional que Chaves Robles derrotó en las pasadas elecciones presidenciales de febrero de 2022, como por la que él está representando en estos momentos.

Unos y otros tienen gran comunidad de ideas en cuanto a que sean las personas trabajadoras estatales las que paguen el desastre fiscal de las finanzas públicas, generado éste en los gobiernos del PLUSC-PAC. Chaves Robles lo que hace es “administrar” ese desastre sin mayor impacto y sin efectuar correcciones estratégicas de fondo. Prácticamente, tenemos un Estado central quebrado y, por eso, ya se empiezan a ver medidas políticas para “cargarle el muerto” a las municipalidades, a los gobiernos locales.

A nivel del sector Público, únicamente la élite político-tecnocrática y gerencial del Estado es la que está salarialmente bien. Dentro de esta élite, los ministros y las ministras del Gobierno Central eran los “más pobres” a nivel de ingreso salarial, pero Chaves Robles hizo “gran justicia” con estas personas de su cúpula ministerial y, ¡zas!, de un solo tiro les duplicó el salario.

En esta materia del problema salarial en el sector Público lo único notable durante todo el período de congelamiento total y brutal, es que la lucha sindical sostenida por la corriente sindical en la cual militamos, logró que Chaves Robles honrara una deuda pendiente por costo de vida impuesto en el 2019. Nada más. Como indicamos, ese congelamiento salarial está en su quinto año.

Por otra parte, un pequeño reajuste técnico de 51 colones, también producto de demanda sindical, ha sido asignado al personal policial del Estado central. Nadie más recibirá ni reajustes por costo de vida, ni reajustes técnicos. El empobrecimiento salarial de la clase trabajadora estatal es sumamente cruel e injusto.

Vayamos ahora al sector privado, víctima también de un modelo de salario mínimo que condena a la pobreza. El actual monto del salario mínimo no está garantizando ni bienestar ni existencia digna, según lo ordena la actual Constitución Política de Costa Rica en su artículo 57.

Reciente información de prensa aparecida en este prestigioso Diario Extra, nos da cuenta del estudio denominado En busca de una productividad inclusiva: un análisis de la relación entre la productividad laboral, el empleo y los salarios reales en Costa Rica, desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En lo que podría ser el dato de mayor relevancia e impacto de dicho estudio, la indicada nota de prensa consignó: “Desde hace cuatro años, la cantidad de dinero que ganan los trabajadores a nivel nacional no se incrementa lo que debería en relación con su productividad”.

Es decir, la explotación obrera, salarialmente hablando, es grave en Costa Rica. La clase trabajadora tiene una alta productividad, pero su nivel de salario real no le reconoce esta cualidad.

“Según el análisis a nivel de la economía, en su conjunto Costa Rica experimenta un desacoplamiento productividad-salarios a partir del año 2019, cuando la productividad laboral crece aceleradamente mientras la mediana de los salarios reales decrece”, dice el estudio.
Como lo hemos afirmado en comentarios anteriores, el alto nivel de explotación salarial en Costa Rica es uno de los elementos estratégicos que explican el crecimiento de la desigualdad social y de la exclusión económica. No tenemos política salarial en el amplio sentido del concepto que exige, entre otros aspectos, que tenga conexión con un proceso de movilidad social y de reactivación económica para el mercado interno. El empobrecimiento salarial es generalizado.

La desesperación de Chaves Robles por la privatización del histórico y eficiente modelo eléctrico nacional, a cargo del ICE desde la fundación de éste, hace ya 75 años, en el año clave de 1949; lo lleva a imponerle a la Asamblea Legislativa un único proyecto de ley para el presente mes de junio y el venidero próximo mes de julio: el expediente 23.414, eufemísticamente llamado de “armonización del mercado eléctrico nacional”.

Los neoliberales, dentro y fuera del actual Gobierno, nos tienen “acostumbrados” a que sus iniciativas de proyectos de ley, en el ámbito político-ideológico del todo mercado-nada Estado, les ponen pomposos nombres que, por lo general, significan todo lo opuesto al título. En este sentido lo que, correctamente, pretende ese proyecto 23.414 es la privatización del mercado eléctrico nacional.

Chaves Robles sabe que estos dos meses que quedan de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, junio-julio, le permiten a él controlar la agenda parlamentaria; y, por ende, retiró de la misma toda clase de proyectos que había enviado para su trámite en el congreso. ¡Sí! Los retiró todos, literalmente.

Lo grave de tal retiro es que se llevó en banda a los que todo el mundo conceptúa como proyectos estratégicos que tienen que ver con el deterioro de la seguridad ciudadana, con el avance del control social que va imponiendo el sucio negocio del narcotráfico y del crimen organizado; proyectos, supuestamente, para hacer más fuerte la acción punitiva del Estado contra la violencia desbordada.

¡Qué paradójico! Precisamente, este pasado lunes 3 de junio marcó un doloroso record criminal nacional pues en tan solo 24 horas hubo 9 homicidios; precisamente el día que Casa Presidencial emitió el decreto que dejó al parlamento con solamente uno: el de privatización del mercado eléctrico nacional. El mensaje de Chaves Robles al país es primero el negocio y después la seguridad.

Para Chaves Robles no hay prisa en sacar adelante la agenda-país en materia de seguridad como, por ejemplo, el proyecto para castigar el involucramiento de personas menores de edad en el fenómeno y en el negocio del crimen; no es prioridad para Chaves Robles la regulación del arresto domiciliario con tobillera; y, lo peor de este retiro, es que para Chaves Robles no urge una ley contra el sicariato.

Lo prioritario para Chaves Robles es que ya se está tardando demasiado el ingreso de capital privado al hasta hora modelo eléctrico nacional, gerenciado por el ICE, con la participación de empresas públicas municipales y con el estratégico vehículo de distribución representado por las exitosas cooperativas de electricidad. Que la gente se siga matando, que la gente siga muriendo en baños de sangre, que el territorio narco siga ampliando su cobertura, todo eso no es prioridad.

Chaves Robles sabe que estos dos meses, junio-julio (ya mayo lo “perdió”), del restante y actual período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, son imprescindibles para el ingreso del selecto grupo de empresarios mercaderes, cual tiburones a la caza, al suculento y más que rentable negocio de apropiación privada del mercado eléctrico nacional. Más de un amigo suyo debe haberle hablado al oído y haberle indicado “es ahora o nunca”.

Los meses siguientes a partir de agosto son, calientemente preelectorales y no más entrado el 2025, las carreras por la Presidencia de la República y las diputaciones, a votarse ambas en febrero 2026, lo echará a perder todo. Los sectores cívico-patrióticos, la clase trabajadora iceísta de sangre amarilla, los partidos políticos de consecuentes principios de justicia social, el pueblo trabajador y sus diversas organizaciones sanas, están a tiempo de articularse en la acción que contrarreste la ofensiva de Chaves Robles de privatización del exitoso modelo eléctrico nacional.

A la clase trabajadora costarricense (y migrante) no le está yendo nada bien. La desigualdad social y la exclusión económica se ha entronizado en el país.

Por el contrario, a las élites económicas y a quienes medran de las mismas en los niveles de la tecnocracia político-gerencial, público-privada, sí les está yendo pura vida.

La “guerra” que se ha venido dando entre la élite económica que apoya al Presidente Chaves Robles y la que le adversa (básicamente, los latifundios mediáticos practicantes del periodismo de odio), es una pugna por el control total de la cosa pública en aras de hacer avanzar, cada una a su manera, la institucionalización del todo mercado-nada Estado, como piedra angular del reordenamiento de la sociedad para incrementar los niveles de ganancia del capital y los niveles de explotación obrera.

Por supuesto que el proceso de imposición del todo mercado-nada Estado no es algo homogéneo ni unilineal. Hay importantes resistencias y posiciones individuales notables que expresan una ética para con el bien común y la inclusión social.

En este sentido, de la ética para el bien común y la inclusión social, valores otrora dominantes en nuestra sociedad, como el Humanismo Cristiano y la Socialdemocracia consecuente, están arrinconados ante la potencia de la plutocracia reinante en nuestro sistema político pese al pleito inter-élites.

La preservación de un sistema tributario doblemente perverso, porque es injusto y porque es corrupto; la impactante reducción de la inversión social en el campo de las políticas públicas, el congelamiento y la precariedad salariales, la destrucción del agro costarricense, el severo retroceso educativo, el estratégico avance de la delincuencia organizada, entre otros contundentes indicadores del progreso del todo mercado-nada Estado; no encuentra un fuerte polo de resistencia porque, sencillamente, no existe.

Es en tal marco de condiciones en la que se desarrolla, en estos duros momentos, la lucha sindical y social consecuente que, de un modo u otro, con la crítica de rigor pendiente, considera que las políticas públicas de corte estatal hoy son más urgentes que nunca antes.

En la corriente sindical en la cual militamos se está dando una transformación estructural interna, aún incipiente, por darle un nuevo aire a la defensa obrera en estos tiempos de reversión de derechos laborales y sociales.

Ese nuevo aire lo hemos encontrado en la Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.), considerando la trayectoria política de nuestro país y sus élites gobernantes de pregonar al mundo que Costa Rica es ejemplo “inmaculado” de respeto a los DD.HH.

Paradójicamente, pese a que el país tiene una amplia cantidad de tratados de Derechos Humanos, tanto continentales como universales, firmados y ratificados, convertidos en leyes de la República; nunca antes la desigualdad social y la exclusión económica ya hoy reinantes, están mostrando una amplia gama de violaciones a los mismos.

Y es, precisamente, en este punto en que una renovada acción sindical, militante y consecuente, levantando las banderas de cada uno de esos tratados, podemos re-construirnos para estar a tono a los retos enormes de defensa obrera que impone, precisamente esa desigualdad social y exclusión económica recientes y reinantes.

Está más claro que nunca que la Costa Rica actual muestra una doble moral en materia de Derechos Humanos. Corresponde a las fuerzas sociales, cívico-patrióticas y sindicales sanas considerar las amplias posibilidades de impregnar a la defensa obrera, táctica y estratégicamente, de los postulados de los tratados de DD.HH. que Costa Rica ha jurado respetar.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Grave error sindical, de carácter antiobrero, es hablar de la sostenibilidad futura, en el corto, largo y mediano plazo del régimen de pensiones más importante del país: Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado desde siempre por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); sin explicarle a la población trabajadora del país, especialmente la joven, qué fue lo que pasó para que ahora se hable de que el IVM tiene “problemas financieros”.

Según se nos ha explicado por personas expertas con gran trayectoria de análisis en cuanto a las finanzas de IVM a lo largo de los últimos tiempos, la gran tragedia que afectó al mismo fue la de su transformación paulatina, al margen de la ley y de la Constitución, de su carácter de régimen pensional de capitalización a uno de reparto.

Se empezó bien y fue tan grande la cantidad capitalizada que se volvió atractivo y tentador utilizar la plata para financiar diversos programas de política social para poblaciones vulnerables al punto de que, finalmente, el IVM fue alejado de su naturaleza, de su esencia, la capitalización, para convertirlo, de facto, en un régimen de reparto.

Eso fue un proceso paulatino a lo largo de las últimas administraciones gubernativas, al menos durante los últimos 30 años; es tan enorme la cantidad de plata que fue “saqueada” del IVM-CCSS como la de hablar de, prácticamente, 50 billones de colones; o, 50 millones de millones de colones. En cifras así: 50.000.000.000.000.

Este “faltante” se lo vienen cobrando a las personas que menos responsabilidad tienen en el descalabro de IVM y, eso explica, por ejemplo, la última reforma anti-obrera del IVM que entró a regir en enero pasado cuando la edad para pensionarse quedó en 65 años. Ahora van por los 67 y, no se saciarán, van por los 70 en el mediano plazo.

El “faltante” ocurrió en los gobiernos liberacionistas, los de la Unidad y los dos del PAC. Con la llegada al Ejecutivo de Rodrigo Chaves Robles, la situación se agrava pues están planteando el retiro total del Estado de su obligación de aportar, como Estado, al fondo de pensión de cada persona trabajadora afiliada al IVM. Sin hablar, de que en este gobierno la deuda del Estado con la Caja está llegando a los 4 billones de colones.

El “menú” anti-obrero que está en preparación es aterrador: a) Elevar la edad para pensionarse a los 67 años. b) Reducir el monto-cantidad mensual a recibir una vez esté la persona trabajadora jubilada: podría llegar hasta un 40% o menos de su salario. c) Se tiene previsto un aumento en la cuota obrera mensual que le es deducida, por planilla, al sueldo de cada persona trabajadora, pública o privada. d) Está en el tintero la propuesta de poner a pagar seguro de salud y de pensiones a las actuales personas trabajadoras pensionadas por IVM. e) Eliminar-retirar el aporte del Estado al fondo de pensión de cada persona trabajadora activa. f) Considerar elevar el monto actual del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para financiar al IMV.

Habrá notado usted que son las espaldas de la clase trabajadora las únicas que tendrán la responsabilidad de darle sostenibilidad financiera futura al IVM-CCSS. Al Estado pretenden retirarlo de esa responsabilidad. A la clase patronal, al menos de manera pública, no le están pidiendo aportes extra.

Si ya de por sí es grave que la clase trabajadora tenga que pagar las consecuencias de que el IVM fuera descapitalizado; igual de grave resulta que el Estado “se lave las manos” y anuncie su retiro del aporte a cada persona cotizante de IVM. Sin duda, esto es una decisión de fuerte contenido ideológico-neoliberal y representan un avance muy serio en contra de los postulados sociales contenidos en la Carta Magna, la Constitución, de 1949. Volveremos sobre el tema.

La corriente político-ideológica que domina la política costarricense, cuya esencia es la acumulación abusiva de la concentración de la riqueza, se dispone a dar un nuevo zarpazo a la misma Democracia con el impulso al proyecto de ley que pretende privatizar el exitoso modelo eléctrico solidario que, durante los últimos 75, años ha gestionado, exitosamente, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Con el timo, no menos ideológico de la “apertura”, buscan mercantilizar para beneficio del lucro privado, un servicio de electricidad que ha sido pensado para el bien común desde que se fundara el ICE, allá, en el año 1949.

Por estos días hemos escuchado un pensamiento de corte popular que dice: “Donde Dios puso una estrella, el ICE puso un bombillo”. Nada mejor que esta frase para resumir el impacto que tuvo el ICE, llevando luz eléctrica a todos los lugares de la república, de costa a costa y de frontera a frontera; y, a la vez, generando la posibilidad de un sistema de distribución de corte solidario, como ha sido el de las cooperativas de electrificación rural.

El “Todo mercado, nada estado” procura hacer avanzar su proyecto-país en el cual solamente una minoría va a disfrutar de los beneficios del crecimiento económico, por ende, considera que las rentas posibles derivadas de la actividad de las empresas públicas, representa un objetivo estratégico para incrementar muy sensiblemente, sus ya descomunales ganancias.

Este dilema entre la perpetuación del modelo solidario del ICE en el campo de la electricidad, versus, la privatización de este servicio, golpeará a los amplios sectores de la actual población costarricense que sufren fuertes restricciones de ingresos, o no los tienen del todo; como sucede en este caso con los sectores pobres de nuestra sociedad que necesitan de las diversas políticas públicas asistencia vital.

Y es que, nosotros concebimos el proyecto privatizador de la electricidad como parte de esa especie de “guerra contra los pobres” a los cuales se les viene agrediendo, de manera inmisericorde, con los brutales recortes presupuestarios a diversos programas de asistencia social, tales como las pensiones del régimen no contributivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, los subsidios para la construcción de vivienda de bienestar social, los comedores escolares del MEP, la Red de Cuido, las becas Avancemos y otros programas a cargo del PANI

Estupefactos quedamos con el cínico reconocimiento que hace el Ministerio de Hacienda al admitir que los dineros destinados a este tipo de políticas sociales y otras similares tienen una importancia secundaria en la acción del actual gobierno, por cuanto la prioridad es la deuda publica y su vulgar pago de intereses.

Entonces, tenemos que, por una parte, el “Todo Mercado, Nada estado” pretende apropiarse de las rentables empresas públicas que todavía conserva el pueblo costarricense, bajo la inspiración de la promoción del bien común y de la inclusión social y cristiana, por una parte; por la otra, impulsando una política de exterminio de los programas sociales reduciendo al mínimo la inversión estatal en los mismos. Es por esto que decimos que hay una relación perversa entre los objetivos del “Todo mercado, Nada estado” y la especie de “guerra contra los pobres”, actualmente en desarrollo.

Desde nuestra perspectiva, el concepto de los “pobres” comprende también una alta gama de la clase media del país, misma que se encuentra en extinción, ahogada en deudas, con salarios precarizados y congelados, victima de un sistema tributario que es doblemente perverso porque es injusto y corrupto; además, con un costo de vida que golpea sus alicaídas finanzas.

Sin duda alguna la defensa del exitoso modelo eléctrico que ha gestionado el ICE es una tarea que debemos asumir todos los sectores sociales que, de un modo u otro, somos objetivo de ataque del “todo mercado-nada estado” en su “guerra contra los pobres”, lo cual nos dice de la importancia de la movilización bajo los postulados de la Democracia de la Calle.