Categoría: Opinión

Albino Vargas Barrantes

Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

El señor Rodrigo Cubero Brealey, actual Presidente Ejecutivo del Banco Central de Costa Rica (BCCR), quien tiene un salario mensual de 12 millones de colones (por el cual, por cierto, en el seno de los grupos hegemónico-mediáticos de la actual política del país, nadie se escandaliza), comunicó que el Fondo Monetario Internacional (FMI), le hizo una “gran concesión” al país: los proyectos de ley pactados por Alvarado Quesada y la plutocracia a la cual él le sirve con este organismo, pueden ser tramitados-aprobados luego de las elecciones presidenciales y diputadiles del domingo 6 de febrero de 2022.

Esos proyectos son una especie de trueque pues se los ofrecieron al FMI a cambio de que éste le preste a Costa Rica 1.778 millones de dólares con la finalidad de evitar (según nuestra perspectiva), una quiebra del Estado que, para muchos entendidos se ve como inevitable, pues no hay voluntad política para entrarle al problema de fondo que hace insostenible las finanzas públicas: un endeudamiento público sin control y un pago de intereses igual o peor de infernal que, por cierto, es la base del real poder en la Costa Rica de hoy día: su sector bancario-financiero.

Los partidos políticos de la coalición macro-fiscal que ha venido gobernando con Alvarado Quesada como su “gerente político”, no se la quisieron jugar aprobando legislación antiobrera y en contra del golpeado Estado Social de Derecho, antes de las votaciones del 6 de febrero próximo; proyectos de ley que van en contra de los sectores populares y medios, bien castigados ya, económica y financieramente hablando, a partir de la imposición del nefasto y archi-repudiado combo fiscal, en el 2018.

La “buena voluntad” del FMI de que puede esperar hasta que pasen las elecciones, tuvo que ser producto de algún tipo de negociación que impulsó el banquero de los 12 millones mensuales de salario, con los personajes técnicos de ese organismo internacional; habida cuenta de que a los partidos políticos de la coalición plutocrática gobernante no parece irles bien en las encuestas.

Téngase presente que Alvarado Quesada ha gestionado toda la cosa pública en materia fiscal y macroeconómica con el apoyo del partido que le llevó a Zapote (Acción Ciudadana); con el apoyo del bipartidismo histórico (Liberación Unidad), a los cuales se sumó el partido “evangélico” que, finalmente terminó en dos vertientes: la del señor Cruickshank y la del señor Fabricio. Esta ha sido la coalición partidaria plutocrática gobernante.

Alvarado Quesada ha contado con una “lujosa” mayoría parlamentaria, prácticamente absoluta, como nunca antes tuvo presidente alguno en los tiempos de la denominada Segunda República. Si no nos equivocamos, en tal lapso histórico de la vida republicana costarricense (de 1949 a la fecha), solamente en el período constitucional 1982-1986, el mandatario de entonces, Luis Alberto Monge Álvarez (del PLN), tuvo tanta diputación a su favor: 33 personas legisladoras, solamente que eran de su propia bancada.

Pese a esa “lujosa” mayoría diputadil que ha tenido Alvarado Quesada en su gestión gubernativa, es obvio que la plutocracia que él gerencia no quiere arriesgar por estos días pre-elecciones, la precaria posibilidad de que uno de sus dos principales partidos políticos, Liberación y Unidad, llegue a Zapote a continuar la nefasta labor anti-obrera y de desmontaje del Estado Social de Derecho que ha venido impulsando el gobierno del PAC.

Esta “gran concesión” del FMI de que los proyectos de ley del préstamo de 1.778 millones de dólares ya no es urgente aprobar, sino que pueden votarse en febrero de 2022, no es más que otro engaño manipulador, que denunciamos fuertemente.

La matriz mediática dominante de la plutocracia, a través de su principal vocería periodística, utilizando su primera plana, dio el comunicado oficial de esa “gran concesión”; a fin de que sus operadores políticos, tanto a nivel de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo como a nivel de la mayoría parlamentaria de la coalición gobernante, tomaran nota de que la más absoluta prioridad es garantizarse que en Casa Presidencial quede el nuevo (o la nueva) Alvarado Quesada; sin votar proyectos de ley que pudieran incrementar la precariedad electoral que exhiben sus candidaturas.

Adicionalmente, conviene recordar que prestigiosos conocedores de los temas macroeconómicos y fiscales que no están en la esfera del pensamiento único dominante, ya venían planteando que Costa Rica podía atender su grave problema de finanzas públicas sin necesidad de que nos ataran a los dictados y a las normas del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyos antecedentes en contra de los pueblos, especialmente los latinoamericanos, son terriblemente dolorosos. Se han impuesto los extremistas fundamentalistas del todo mercado-nada Estado y esto traerá graves e impactantes consecuencias.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar, con una contundencia y una firmeza inusitada, amén de una inusual unanimidad, quince recursos de amparo interpuestos por padres y por madres de familia en contra del Ministerio de Educación Pública (MEP), a raíz de las denominadas pruebas FARO aplicadas a niños y a niñas de la educación primaria del quinto nivel escolar, conteniendo las mismas un abusivo interrogatorio personalísimo-familiar bajo el eufemismo semántico de “factores asociados”.

En realidad, se trató de una acción política de espionaje escolar que la sociedad, al enterarse, estupefacta y escandalizada, condenó desde el mismo momento en que se hizo pública tal barbaridad gubernativa en contra de, al menos, 70 mil infantes-alumnos escolares.

El comunicado de prensa emitido por el más alto tribunal de la República, conocido como la Sala Cuarta, indica, “sin pelos en la lengua” “…que hubo una lesión grave y grotesca al derecho a la intimidad, cobijado en el artículo 24 de la Constitución Política”.

“Lesión grave… lesión grotesta” contra esos niños y esas niñas, a quienes se les abusó psicológica y emocionalmente, desde una posición de poder, la del MEP, sin miramiento alguno a su condición de población vulnerable.

Adicionalmente, el comunicado de prensa del Poder Judicial incluye la conclusión de la alta magistratura constitucional del país de que, “…los datos fueron obtenidos a través de una prueba obligatoria, impuesta a personas en proceso de formación que requieren de especial protección del Estado en virtud de lo dispuesto en el numeral 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el ordinal 51 de la Constitución Política”.

Desde la corriente sindical en la cual militamos, al enterarnos de semejante tropelía, nos pronunciamos de manera rápida y contundente, exigiendo la salida inmediata del cargo ministerial de la entonces jerarca máxima del MEP, señora Giselle Cruz Maduro; una vez que el distinguido ciudadano don Pablo Barahona Kruger pegó al grito al cielo pues un hijo suyo estaba dentro de las víctimas infantiles del nefasto cuestionario pruebas FARO-factores asociados, siendo él la primera persona que alertó, al respecto, a la sociedad, según tenemos entendido.

Lo que sí es innegable, lo que no se puede esconder o invisibilizar es que hay una autoridad política superior a las personas ministras de Estado: es quien ejerce la Presidencia de la República. Y para el caso en comentario, se trata del señor Carlos Alvarado Quesada que, por supuesto, se ha lavado las manos “renunciando” a la ahora exministra Cruz Maduro. Sin embargo, él ya quedó registrado como responsable político máximo del desastre de las pruebas FARO, del atentado-agresión infantil del cuestionario “factores asociados”.

Es así que, desde nuestra perspectiva sindical de práctica humanista del quehacer obrero, este acto de espionaje escolar-infantil lo estamos catalogando como la mayor derrota política del gobierno de Carlos Alvarado Quesada en el plano político y ético-moral.

En su gobierno, así quedará consignado, ocurrió una grave violación a la Convención sobre los Derechos del Niño, en su Artículo 3: “En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración especial que se atenderá será el interés superior del niño”.

Además, según la Sala IV, también se violentó el artículo 51 constitucional: “La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido”.

Es más, no tenemos noción de que, en todos los gobiernos anteriores, la niñez costarricense en edad escolar y sus familias, hayan enfrentado tan grave violación de Derechos Humanos.

Finalmente, habrá que estudiar bien la parte dispositiva de la sentencia constitucional. Para nosotros, así de primera entrada, creemos que faltó contundencia para ordenar que se sienten las responsabilidades administrativas y penales correspondientes, con la dureza que se necesita ante la constatación inobjetable de una fuerte violación de Derechos Humanos a personas en total estado de vulnerabilidad.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

“Estamos bajo el chantaje de los grupos financieros que manejan los mercados”. “El poder económico es el que va a determinar quién es el que va a llegar a Casa Presidencial”. “Está imperando la plutocracia”.

Tres frases, tres conceptos sociopolíticos claves, tres señalamientos contundentes acerca de la realidad política actual de la sociedad costarricense.

Don Welmer Ramos González, candidato presidencial del partido en el actual y desastroso gobierno, el Partido Acción Ciudadana (PAC), dio unas explosivas declaraciones que el diario de mayor circulación de Costa Rica y el más leído, publicó recientemente, con el título de prensa “Los bancos no nos quieren prestar plata”. Así se resume el lamento de don Welmer pues los banqueros privados no le quieren prestar plata a su partido para financiar su campaña electoral buscando la presidencia de la República.

Don Welmer dice que a él esos banqueros privados le están pasando factura pues algunas de sus posiciones como legislador, en el actual período parlamentario, habrían afectado los intereses de los grupos financieros que no solamente controlan los mercados, sino que han venido controlando toda la acción política fundamental los últimos gobiernos del tripartidismo PLUSC-PAC. Es este un criterio nuestro.

Él lo explica así: “Eso se podría relacionar directamente con las acciones que se han generado en defensa de la población costarricense para ponerles tope a las tasas de interés por usura y por el tema de datáfonos. Nosotros interpretamos que es una sacada de clavo. Hay una relación directa y este tipo de situaciones vulnera la democracia”, dijo.

Justo es reconocer que este tipo de legislaciones, aunque tímidas para nosotros pero que acertadamente impulsó don Welmer, tienen muy molestos a los grupos financieros que han acumulado un desmedido poder político. Y, probablemente, se estén sacando el clavo con don Welmer para no prestarle la plata que necesita su campaña presidencial.

Desde este punto de vista, es más que comprensible el lamento de don Welmer; aunque, desde un punto de vista popular, que las candidaturas presidenciales dependan de la plata de los banqueros privados es ya una enfermedad degenerativa de la Democracia.

Ahora bien, lo que sí resulta realmente importante, lo que no podemos dejar pasar desapercibido, lo que hay que destacar a más no poder, es que sea una persona del nivel político de don Welmer, que ha estado cerquísima de los altos niveles de decisión político-ejecutiva en los dos gobiernos del PAC, la que afirme que: A) Es el poder económico el que determinará quién llegará a la Casa Presidencial. B) Que está imperando la plutocracia. C) Los grupos financieros que manejan los mercados, realizan chantaje político y político-electoral.

Lo que don Welmer nos “revela” es una verdad del tamaño de la catedral que muchísimas personas sabemos desde hace tiempo. Las reales elecciones presidenciales y diputadiles claves ocurren en esos altos niveles del poder económico y de la plutocracia. Los comicios de febrero, cada cuatro años, no pasan de ser actos protocolario-formales en los cuales nos ponen a votar, pero no a elegir.

“Está imperando la plutocracia”, grita don Welmer. Pero, don Welmer, entonces, ¿cómo entender que usted haya votado el combo fiscal impuesto por esa misma plutocracia que hoy le cierra las puertas del crédito bancario privado, siendo que usted les fue leal en ese sentido? ¿Qué más sabe usted de la plutocracia que la gente de a pie no sabe y que debe saber? ¿No cree usted que ya es justo exhibir los nombres, los apellidos, los rostros de los plutócratas que imperan en la cosa política del país? Recordemos los dos significados que el diccionario de la Real Academia Española (RAE), nos da del concepto plutocracia: 1) Situación en la que los ricos ejercen su preponderancia en el gobierno del Estado. 2) Conjunto de ciudadanos adinerados que ejercen su influencia en el gobierno del Estado.

También podemos entender a la plutocracia como: A) Forma de gobierno en que el poder está en manos de los más ricos o muy influido por ellos. B) Clase social formada por las personas más ricas de un país, que goza de poder o influencia a causa de su riqueza. Sin duda alguna, considerando la gravedad de los actuales momentos sociopolíticos del país y considerando la involución que estamos experimentando en cuando a desarrollo social y a inclusión económica; es más que necesario saber de esas personas plutócratas que tienen el real poder; situación esta que llevó a don Welmer a indicar que “está imperando la plutocracia”.

Don Welmer, con vehemencia y con respeto: ¿Estaría usted hablando de la plutocracia que se mueve en el mundo perverso del periodismo de odio? ¿Estaría hablando usted de la plutocracia que se ha hecho archimillonaria con la venta monopólica al Estado de una conocidísima marca de vehículos automotores? ¿Estaría hablando usted de la plutocracia que ha acumulado poder y riquezas, a más no poder, con mega-negocios inmobiliarios? ¿Se refiere usted a esa plutocracia que explota los regímenes de zonas francas cuando bien se sabe que son empresarios nacionales? 

Puede usted pasar a ocupar un sitial de honor en la historia Patria si ayuda al pueblo trabajador, aunque el poder económico ya vetó su candidatura, a comprender la naturaleza de ese real poder que hoy se está sacando el clavo con su campaña presidencial.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Solamente un único factor puede explicar que, a estas alturas de la discusión del llevado y traído tema del más que controversial asunto del empleo público, las diputaciones de los partidos Liberación y Acción Ciudadana (PLN-PAC), mantengan su terquedad enfermiza de aprobar, a como dé lugar, el expediente legislativo No. 21.336, conocido como Ley Marco de Empleo Público.

Ese único factor es que don José María Figueres Olsen, candidato presidencial del PLN, ha decidido darle un sostén político al decadente Carlos Alvarado Quesada y a su agónico gobierno. ¿Y por qué razón estaría comprometiendo y arriesgando su propia elección el candidato verdiblanco apostando a una alianza con el mandatario más desprestigiado, más desacreditado, más repudiado de todos los años transcurridos del período histórico conocido como Segunda República?

No hay otra explicación más que una comunidad ideológica entre Figueres y Alvarado en los aspectos estructurales de uno de los contenidos fundamentales más infames de la concepción neoliberal del déficit fiscal: echarle la principal responsabilidad del mismo a los salarios devengados por las personas trabajadoras del sector Público; una mentira de tal magnitud que únicamente es sostenida desde el fanatismo extremista de los adoradores del dios mercado.

Don José María tiene ya el liderazgo político suficiente como para indicarle a la actual fracción parlamentaria liberacionista que el proyecto Ley Marco de Empleo Público es absolutamente inviable por las siguientes y principales razones:

A) Desde el punto de vista constitucional-jurídico: es imposible que una ley ordinaria como el expediente 21.336, derogue postulados angulares de la carta magna del 7 de noviembre de 1949. Seguir con este proyecto no es más que ejercer una especie de golpismo parlamentario en contra de la actual Constitución Política.

B) Desde el punto de vista macro-fiscal: ni siquiera un punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) de “ahorro” en las finanzas públicas generarán las mutilaciones salariales incluidas en ese proyecto; siendo que, por el contrario, es por el lado de la deuda pública y del sistema tributario que están las salidas a la actual crisis fiscal del país.

C) Desde el punto de vista social, se va a acentuar la desigualdad por cuanto la abrumadora mayoría de las actuales personas trabajadoras empleadas públicas no devengan salarios de privilegio: pregúntele a los y a las policías, a las personas educadoras de base del MEP, al personal penitenciario, al personal hospitalario sin ley específica en materia salarial, al personal administrativo-profesional de los ministerios… Lo que sí debería existir es una ley reguladora de los salarios de la alta cúpula político-gerencial y tecnocrática del Estado en sus cuatro poderes y en las grandes entidades fuera de éste.

Carlos Alvarado Quesada cometió un embuste político al presentar como “imprescindible” el proyecto de empleo público para el crédito con el FMI, por 1.778 millones de dólares. ¡Eso no es cierto! Estuvimos en una reunión digital con personeros de esta entidad y así quedó constando. Fue él, atendiendo a la campaña del periodismo de odio, quien ofreció la cabeza salarial de 330 mil personas trabajadoras estatales a cambio de ese préstamo, a sabiendas de que estaba cometiendo una gran injusticia y, por supuesto, otra más de las estafas políticas propias de su comportamiento gubernativo.

¿Desea el señor Figueres seguir cohonestando esta patraña? ¿Ha sopesado, realmente, cuánto impacto puede tener en su campaña seguir sosteniendo, políticamente, a Alvarado, al cual la comunidad electoral del Estado, en abrumadora mayoría le repudia, le detesta, le considera un gran estafador político?

Además, ¿cómo se puede sostener tal proyecto de ley que, en su última versión, genera rechazo de la propia Corte Plena del Poder Judicial, de la misma Procuraduría General de la República (PGR), del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), de la Universidad de Costa Rica (UCR), etc.?

El proyecto Ley Marco de Empleo Público está ya en el descrédito total. Los más notables juristas costarricenses de la actualidad, con diversas posiciones filosófico-políticas, se han encargado de demostrar sus inconexidades, sus incongruencias, sus contradicciones, sus estúpidas ocurrencias pues, como lo que lo sostiene es una concepción fanático-extremista anti-Estado, ese proyecto es catalogado como un “Frankenstein jurídico”, como un “ornitorrinco jurídico”.

Estamos planteando que este asunto del empleo público, pásenlo a las propias autoridades políticas del país, ejecutivas y legislativas, que se elegirán el próximo domingo 6 de febrero de 2022. Un proceso realmente participativo de abordaje segmentado del empleo público que permita construir una integralidad conceptual y operativa del mismo para la sociedad de la desigualdad, que ya lo somos, es lo que recomendamos.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Tenemos plena conciencia de que la actual hegemonía política no está del lado de los sectores populares, ni de las amplias mayorías de la población costarricense que, por una diversidad de factores, está quedándose por fuera de los beneficios del crecimiento económico y de la integración social. 

La pandemia del covid-19 tan solo vino a mostrar la dureza de la involución social del desarrollo económico del país, aumentándose el proceso de deterioro ético-moral mostrado por la clase política tradicional desde hace ya bastante tiempo.

Por otra parte, tal y como lo documentan y lo afirman, en diversas partes del planeta, personas estudiosas de amplio prestigio académico, así como centros de pensamiento de diverso matiz filosófico y político-económico; estamos viviendo la época más desigual de toda la historia de la Humanidad. En Costa Rica, como ya es criterio generalizado, la desigualdad se apoderó de las relaciones socioeconómicas de nuestra vida como nación. 

Es en tal contexto (como lo indicamos la semana pasada), que la corriente sindical en la cual militamos lanza su proclama de Sindicalismo Rebelde como motivación ética de nuestro accionar sociopolítico; el cual, ahora hemos decidido potenciarlo con la inserción a todo nivel en nuestra práctica sindical, de la promoción y de la defensa de los Derechos Humanos (DD.HH.), integralmente conceptuados.

Estimamos que los DD.HH. de un modo u otro, nos darán una mayor y mejor capacidad de defensa obrero-social ante la necesidad de incrementar la resistencia popular a la implantación plena en el país del modelo neoliberal, por una parte; y, por otra, aportar para la construcción de la nueva hegemonía que necesita la Democracia.

Pasamos, de seguido, a la exposición de los segundos cinco planteamientos fundamentales de la proclama de Sindicalismo Rebelde

6. Somos SINDICATO REBELDE porque la práctica real de un ambiente nacional y sindical de amplia diversidad, desde la sexual y de género, pasando por la religiosa y hasta la político-partidista; es imprescindible para una dignificación plena de la clase trabajadora que representamos y, en general, de toda esa población asalariada que, por lo general, no puede expresar libremente lo que sueña. Las bonitas declaraciones no alcanzan para lograrlo. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.

7. Somos SINDICATO REBELDE porque, como creyentes en la Democracia, no aceptamos que el Derecho Constitucional de Libertad Sindical en las empresas privadas, pese a tímidos avances, se violente de manera sistemática; siendo que el mismo postulado que permite al empresariado formar sus propios sindicatos, las cámaras, es el mismo que les faculta a sus propios trabajadores y trabajadoras, para tener acceso a la organización sindical. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.

8. Somos SINDICATO REBELDE porque nos negamos a acomodarnos al quehacer sindical inocuo para la hegemonía dominante; por tanto, seguiremos trabajando, estudiando, invirtiendo, buscando las mejores asesorías, para profundizar nuestro camino propositivo (en todos los órdenes de la vida cotidiana: tributario-fiscal, salud-seguridad social, soberanía-seguridad alimentaria, seguridad ciudadana, ecológico-ambiental, autonomía energética -entre otros-); coadyuvando para generar la propuesta político-social alternativa; en solitario, en alianzas naturales, en coaliciones atípicas, en convergencias inesperadas; siempre que la promoción del bien común y el bienestar de la clase trabajadora asalariada, especialmente la que representamos, esté de por medio con fin esencial y estratégico. Además, dándole sentido estratégico a la formación sociopolítica de las actuales y venideras dirigencias de nuestra organización. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.

9. Somos SINDICATO REBELDE porque no aceptamos la perversión de las visionarias intenciones de las nobles personas patriotas costarricenses que nos precedieron para garantizarnos un ambiente ecológicamente sano a carta cabal, de preservación plena de la riquísima naturaleza verde que la Providencia nos dio; resistiéndonos a mirar para otro lado ante las peligrosas tendencias de abandono de la política pública en su resguardo para proceder a su privatización-comercialización. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.

10. Somos SINDICATO REBELDE porque ante el estrechamiento y la perversión de la institucionalidad democrática, levantamos la concepción política de la Democracia de la Calle, como mecanismo legítimo de acción cívica cuando la clase gobernante lo es para sí misma, en detrimento del bien común. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Vivimos la época de la mayor desigualdad de la historia de la Humanidad. En tal sentido, nos preguntamos: ¿puede un sindicalismo de nuevo tipo elaborar para sus luchas una ética obrera? La corriente sindical en la cual militamos lo ha hecho. Así planteado, proclamamos los contenidos fundamentales de nuestra ética obrera a los que hemos denominado Sindicalismo Rebelde:

1. Somos SINDICATO REBELDE porque no aceptamos un orden económico concentrador abusivo de la riqueza y que exhibe sus episodios de corrupción con el más descarado cinismo, sin pudor cívico alguno. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.

2. Somos SINDICATO REBELDE porque no aceptamos la perversión y la prostitución de la división republicana de poderes, tal y como lo hemos venido viviendo en carne propia; solamente para favorecer el insano egoísmo y el desenfreno en la acumulación de capital, del pequeño grupo económico que domina la iniciativa política del país en estos momentos. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.

3. Somos SINDICATO REBELDE porque rechazamos aceptar la circunstancia de que la sociedad haya hecho de la exclusión, en sus múltiples formas, una cultura de vida ajena al Humanismo, incluyendo el Humanismo Cristiano; y que tiene el templo de la Democracia lleno de mercaderes que deben ser desalojados, para lo cual hay que enarbolar las banderas de la Justicia Social, del respeto a la diversidad en todos sus órdenes y de la inclusión social sin excepciones, ni siquiera la de esos mercaderes. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.

4. Somos SINDICATO REBELDE porque no aceptamos que, sin renunciar a procesos de Diálogo Social realmente congruentes con conceptos de Democracia Participativa de resultados constatables y verificables; nos convoquen a procesos de “acoplamiento” en el orden autoritario-totalitario del pensamiento único como lo pretende imponer la hegemonía económica dominante, buscando legitimarse. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.

5. Somos SINDICATO REBELDE porque creemos en la igualdad y en la equidad de género, pero a todo nivel de la sociedad y no solo en el de la élite político-económica hegemónica; conscientes de nos falta mucho camino por recorrer para que la corriente sindical que motiva nuestro accionar supere la cultura patriarcal que descarga todas sus consecuencias en las mujeres de la clase trabajadora, especialmente. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.

(Continuará la próxima semana)

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Usted está leyendo este comentario a 101 días de las elecciones presidenciales y diputadiles del 6 de febrero de 2022. Ese día de votaciones implica una erogación de 21 millones 404 mil 109 dólares ($21.404.109), por concepto de atención del servicio de la, para nosotros, impagable deuda pública. Para mejor manejo de la magnitud de esta cifra, vamos a redondearla (hacia abajo) y hablaremos de 21 millones de dólares… ¡DIARIOS!

¡Así es! Desde el 1 de enero de 2022, y cada uno de los 365 día de ese año 2022, el país tiene que estar desembolsando, cada 24 horas, en promedio, la espantosa cantidad de poco más 21 millones de dólares por concepto de la deuda pública.

El espeluznante dato anterior, fácilmente, se extrae con sencillas operaciones matemáticas sacadas del monto total de lo que han dado llamar el presupuesto “general” de la República para el 2022, que está tramitando por estos días la actual Asamblea Legislativa.

Es importante aclarar que lo que han dado en llamar presupuesto “general” de la República en realidad no lo es. Es una parte. La parte que pasa por la Asamblea Legislativa; parte que viene a ser como el 40% de la estructural total financiero-institucional de todo lo que concebimos como Estado. El otro 60% no pasa por el parlamento. Lo ve la Contraloría General de la República (CGR). Hablamos, por ejemplo, de los presupuestos anuales de entidades públicas como la CCSS, el ICE, el AyA, los bancos públicos, Recope, Correos de Costa Rica, las municipalidades y otros.

He aquí una de las claves para considerar en un escenario alternativo al enfoque extremista neoliberal del tema del déficit fiscal del país. Pero, ¡bueno!, eso es para comentarlo en otra oportunidad.

Ahora bien, 11 billones 500 mil millones de colones (11.500.000.000.000) es el monto total de ese presupuesto “general” de la República para el año 2022; del cual se destinan 5 billones (5.000.000.000.000) para lo que denominan la atención al servicio de la deuda pública. ¿Verdad que son cifras que cuesta comprenderlas a cabalidad? Mejor sigamos hablando en dólares de EE.UU.

Esos 11 billones 500 mil millones de colones equivalen a 17 mil 968 millones 750 mil dólares: $17.968.750.000. Esto es si tomamos como tipo de cambio 640 colones por dólar que podría ser lo que esté vigente al inicio del año 2022 (ahorita está en unos 630 colones).

Pues bien, fíjense ustedes que de esa gigantesca cantidad de dólares que es el presupuesto “general” de la República para 2022, hay que destinar 7 mil 812 millones 500 mil dólares para la deuda pública: $7.812.500.000. El 43%.

Aquí ya voy con un pequeño dolor de cabeza por tanto número, de tanta magnitud y de tan difícil comprensión. Pero es que este es un problema tan grande pero tan grande, que urge que como clase trabajadora tomemos carta cabal de la naturaleza de despeñadero social al cual nos están conduciendo los partidos políticos responsables de semejante desastre: Liberación, Unidad, el PAC y los “religiosos”.

Los 5 billones de colones que han sido presupuestados para atender la deuda pública en el año 2022 (los 7 mil 812 millones 500 mil dólares), se desglosan así, pretendiendo nosotros que podamos explicarnos bien para que usted conozca mejor de qué naturaleza es la clase de problema en que nos han metido:

POR DÍA: 21 millones 404 mil 109 dólares -$ 21.404.109-; (o 13 mil 698 millones 630 mil colones: ¢13.698.630.000).

POR HORA: 891 mil 837 dólares – $ 891.837 -; (o 570 millones 776 mil 255 colones: ¢570.776.255).

POR MINUTO: 14 MIL 863 dólares – $ 14.863 -; (o 9 millones 512 mil 937 colones: ¢9.512.937).

POR SEGUNDO: 247,73 dólares – $ 247,73 -; (o 158 mil 548 colones: ¢158.548). 

Repetimos, esta gigantesca erogación para atender el servicio de la deuda pública en el año 2022 (el 43% del presupuesto “general” de la República), deja solamente un 57% para los gastos generales de operación del Estado central (poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial; para salarios de todas las policías, de personas educadoras del MEP, de los otros ministerios. Además, la plata para pagar las pensiones de lujo, los dineros para las universidades públicas, las erogaciones del Estado como patrono para con la Seguridad Social; las platas que permiten el funcionamiento del IMAS, de los CEN-CINAI, del PANI, del IAFA; la ley 8114 para las municipalidades; y otros.

¡Grave, muy grave, toda esta situación! Prácticamente, el Estado central está a punto de quiebra. Ya se anuncian duros y crueles recortes en materia de inversión pública que es fundamental para una real y consistente reactivación económica; y, peor todavía, ya están quitándole presupuesto a diversos programas sociales necesarios para familias en condiciones de pobreza, en tránsito hacia la misma, en altos grados de vulnerabilidad.

Las sucesivas administraciones de los gobiernos del PLN, de la Unidad y del PAC (junto a partidos ocasionales, como los “religiosos” de hoy día) prefirieron endeudarse antes que entrarle fuerte y duro a la evasión y a la elusión fiscales, por ejemplo. Mientras la clase trabajadora y el micro, pequeño y mediano empresariado pagaban (y siguen pagando) puntualmente los impuestos que les correspondían estos partidos y sus respectivos gobiernos nunca quisieron modificar el perverso sistema tributario nacional que se volvió totalmente injusto y groseramente corrupto. Volveremos con el tema, pero no dejaremos de decirlo cada vez que podamos y por todos los medios disponibles que el 6 de febrero de 2022 tenemos que PASAR FACTURA.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Nos encontramos en la enciclopedia libre Wikipedia la definición de la palabra aporofobia: es el miedo y rechazo hacia la pobreza y hacia las personas pobres. También nos indica que la aporofobia es la animosidad, hostilidad y aversión, respecto de las zonas o barrios carenciados y respecto de las personas pobres, o sea, frente a aquellas personas que se encuentran desamparadas y con muy pocos recursos.

El concepto de aporofobia fue acuñado en los años 90 del siglo pasado por la intelectual española Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia. “La aporofobia consiste pues en un sentimiento de miedo y de rechazo al pobre, o sea, al desamparado, al que no tiene medios. Tal sentimiento y actitud son adquiridos.”, así se resume en la indicada enciclopedia.

El excesivo fanatismo fiscalista del Ministro de Hacienda, Elián Villegas Valverde, con su cruzada fundamentalista para convertir el control enfermizo del déficit fiscal como el fin absoluto de toda la política pública del país, nos lleva a definirle como un neoliberal aporofóbico, puesto que ya está enfilando sus baterías contra los presupuestos de diversos programas sociales; programas sociales que, precisamente, están destinados para atender a las personas habitantes de nuestro país, abrumadoramente costarricenses, que están en diversos estados de pobreza y de vulnerabilidad social.

Aporobófico también es Carlos Alvarado Quesada, quien da la tutela presidencial que le permite al ministro Villegas Valverde y su grupo estar en ofensiva contra los recursos que se deben presupuestar para esos programas sociales y, paralelamente, para los recortes a estos; ejemplos ya sobran.

La aporofobia fiscalista neoliberal gubernamental tiene efectos gravísimos en la serie de recortes a servicios públicos ligados a la Educación, lo cual ha sido denunciado por los mismísimos y máximos jerarcas políticos del MEP. Leemos lo siguiente en la prensa digital SINART Costa Rica medios: “El recorte de unos ₡294.000 millones en el presupuesto de Educación planteado por el Ministerio de Hacienda para el año 2022 afectará de forma directa a los programas de equidad del Ministerio de Educación Pública (MEP).Con esto unos 850.000 estudiantes en condición de pobreza y vulnerabilidad verán reducidos los servicios de alimentación, uno de los elementos clave para mantenerlos ligados al proceso educativo y que se ha convertido en retenedor clave en tiempos de pandemia. Otros servicios afectados serían el transporte, los subsidios para personas con discapacidad y las becas, en especial las de postsecundaria”. Es incuestionable: el brutal recorte presupuestario para el 2022 que sufrirá el MEP tiene un fuerte contenido de neoliberalismo aporofóbico.

Si nos vamos a lo que le sucederá al presupuesto destinado para vivienda, nada más elocuente que citar la denuncia pública del mismísimo Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), el cual recientemente emitió un comunicado de prensa titulado así: “BANHVI solicita a diputados reconsiderar y no aprobar recorte desproporcionado a presupuesto para programa de vivienda de interés social”. Nos indica esta otra institución gubernamental lo siguiente: “El recorte planteado para el año 2022 es desproporcionado, al alcanzar al menos un 25% del presupuesto que por ley le corresponde al Banhvi.

“De aprobarse este recorte, y sumado a los de 2020 y 2021, se alcanzaría un recorte total de más de 64 mil millones de colones, y el país habrá dejado construir en ese periodo 6.200 viviendas para familias de escasos recursos, en medio de la pandemia”. El Banhvi sentencia: “Recortar en inversión social de esta naturaleza, es totalmente contrario a los objetivos de reactivación de la economía y de generación de empleo”. ¡Otra muestra más de neoliberalismo aporofóbico!

La aporofobia del ministro de Hacienda Elián Villegas Valverde, con el aval aporofóbico de Carlos Alvarado Quesada, está agrediendo, por una parte, a 850 mil estudiantes en condición de pobreza y vulnerabilidad, denunciado por el propio MEP. Por otra, este neoliberalismo aporofóbico dejará sin casita de interés social a 6.200 viviendas de familias de escasos recursos, así denunciado por el propio Banhvi.

Ni Alvarado Quesada ni su ministro de Hacienda están solos en su cruzada aporofóbica, materializada en recortes presupuestarios como los aquí comentados; sino que, han sido respaldados por las actuales diputaciones que le impusieron a la sociedad la perversa regla fiscal cuando aprobaron la detestada ley del combo fiscal, ley 9635, denominada Fortalecimiento de las finanzas públicas.

La regla fiscal tiene un inobjetable contenido de neoliberalismo aporofóbico dado que ataca los presupuestos y restringe la acción interventora de la política pública en cuanto a provisión de servicios para grandes segmentos de la población costarricense que se encuentran en situaciones de severo estrujamiento económico, en vulnerabilidad de pobreza y en pobreza misma.

Grave es la aplicación de esa regla fiscal aporofóbica, por ejemplo, al presupuesto para el Servicio de Emergencias 911. Igual de grave lo es el golpe financiero para el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), en lo que respecta al apoyo de recursos que esta entidad debe brindar a las Asadas.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El pasado jueves 30 de setiembre de 2021 se cumplieron 161 años del, quizás, el más grande crimen político de la historia costarricense: el fusilamiento de don Juan Rafael Mora Porras, conocido como Don Juanito, quien gobernó al país entre los años 1849-1859; llegando a ser reconocido, hoy día, por muchas personas y sectores, como el más relevante e importante Presidente de la República de todos los primeros 200 años de vida independiente del país con respecto a España. Ha sido declarado por la Asamblea Legislativa como Héroe Nacional y Libertador de la Patria.

La obra de gobierno de Don Juanito sigue sin ser posicionada como el más alto grado de relevancia que presidente alguno nos dejó. Dos grandes ámbitos de su accionar presentan gran excelencia en la actualidad costarricense.

Por una parte, liderar él, la rebelión nacionalista y soberanista contra la incursión por estas tierras de la primera acción seria de carácter expansionista por la América Latina de la naciente potencia estadounidense, lo cual le permitió a Costa Rica asentarse como nación.

Por la otra, el contenido esencial de su pensamiento social, motivo por el cual bien podría catalogársele, en este Siglo XXI, como un político insumiso al “orden” que el neoliberalismo le está imponiendo a nuestra Patria, con el ataque a mansalva al Estado Social de Derecho, cuyas piedras angulares, podríamos decir, él nos dejó.

En el seno de la dirigencia de la corriente sindical en la cual militamos, ante la agresividad del capital financiero de corte extremista que ha venido controlando a los últimos gobiernos de los partidos Unidad, Liberación y Acción Ciudadana, estamos “redescubriendo” el enorme legado de Don Juanito.

Estamos constatando la vigencia de su pensamiento social al contrastarlo con las principales políticas extremistas de los neoliberales en el poder, como (entre otras), la regla fiscal, por una parte; y, por otra, la prioridad fundamentalista a atender el pago de la deuda interna, aunque sea a costa de políticas públicas en servicios básicos de Salud y de Educación.

Es por ello que dos importantes organizaciones obreras del complejo mundo de los movimientos sociales costarricenses, han adoptado para sí mismas la denominación de SINDICATO MORISTA, pues estiman sus máximas dirigencias que, el legado y el pensamiento social de Don Juanito Mora tiene extraordinaria relevancia para la Costa Rica de estos momentos; atormentada por la desigualdad, por el crecimiento de la pobreza, por la corrupción, por el ataque a mansalva contra las mejores de las institucionalidades republicanas diseñadas para la promoción del bien común y de la inclusión social; así como ante el avance del “nuevo invasor”: el crimen organizado y el negocio sucio del narcotráfico incursionando en la política.

Es doloroso afirmarlo, pero nos están llevando a la circunstancia de un Estado fallido, luego de décadas de haber sido ejemplo para la América Latina y para el mundo, de sociedad con notable equidad distributiva y de movilidad social ascendente.

Tanto la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), como la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE), como ya indicamos, el pasado 30 de setiembre de 2021, y ante el propio lugar del fusilamiento de don Juanito Mora, en Puntarenas; dieron a conocer el documento titulado Legado, vigencia e influencia del pensamiento social del Presidente y Libertador Juan Rafael Mora Porras, expresado en principios de acción política que orienten el quehacer sindical; dando así origen a un renovado esfuerzo de promoción de los valores de la lucha sindical, con contenidos afines a lo mejor de la obra y del pensamiento del ilustre Héroe Nacional y Libertador de la Patria.

Del documento que les mencionamos líneas arriba, mismo que da punto de salida a la corriente socio-obrera de lucha social SINDICALISMO MORISTA, extractamos el siguiente párrafo: “Entre más se olvide nuestro pasado, nuestras raíces y nuestro ser nacional, entre menos nos apropiemos de la importancia de la independencia para afrontar los retos del presente, más fácil será que impongan su particular visión de modelo, los intereses del individualismo exacerbado, el sálvese quien pueda, el “austericismo” frenético de programas sociales y el fanatismo de todo mercado y nada Estado. Por ello no se equivocó don Joaquín García Monge al afirmar que: “la libertad hay que conquistarla y reconquistarla cotidianamente, que sólo se pierden los pueblos que se cansan de ser libres; porque si importa saber cómo fuimos libres, importa más saber cómo conservarnos libres”.

Don Joaquín García Monge (1881 – 1958) fue otro ilustre y excelso patriota costarricense cuyo pensamiento, también, al redescubrirlo, veremos que también ha de nutrir la concepción de lucha social que denominamos SINDICALISMO MORISTA.

Varios notables compatriotas llevan ya mucho camino recorrido, mediando esfuerzos personales impresionantes, en cuanto a la todavía inconclusa tarea de posicionar a Don Juanito en el más alto sitial de honor de la República.

De gran relevancia es el aporte de don Dionisio Cabal Antillón, a la tarea histórica de reivindicación plena para el resarcimiento moral y ético que todavía tiene Costa Rica pendiente con la figura, con la obra de gobierno y con el legado del Héroe Nacional y Libertador de la Patria, Expresidente de la República don Juan Rafael Mora Porras, el célebre don Juanito Mora.

Citamos a don Dionisio pues él nos nutrió con varios fragmentos de la serie de trabajos de investigación histórica por él realizados, acerca del pensamiento social de don Juanito Mora, a fin que la corriente sindical en la cual militamos le diera sustento al documento principal que establece en Costa Rica un Sindicalismo Morista.

El Presidente don Juanito Mora propuso: “El Gobierno fortalecerá las potestades del Estado que garantizan la obtención de recursos en pro de los intereses generales de la nación y de la obligada equiparación de la ciudadanía económicamente menos favorecida”. (Creación de Fanal y proyecto de ley para estatización de la exportación del café).

Contrastemos el significado de este pensamiento de don Juanito Mora con la situación actual, especialmente la socioeconómica, de la amplia mayoría del pueblo costarricense: los sectores hegemónicamente dominantes y del poder mediático del periodismo de odio, mediando sus partidos neoliberales, están en abierta ofensiva contra los mejores postulados y la más relevante institucionalidad que habíase establecido para “la obligada equiparación de la ciudadanía económicamente menos favorecida”.

El Presidente don Juanito Mora propuso: “La organización del poder del Estado debe darse en función del bien y la felicidad general, para ello es imprescindible institucionalizar tribunales que tengan su origen en el pueblo, a fin de que se garantice realmente la equitativa administración de justicia”. (Carta publicada en marzo de 1843 en El Mentor Costarricense).

Pongámonos a pensar, por un instante, en lo que está sucediendo con el Poder Judicial en estos momentos. Sin duda habremos de notar que, en lo que respecta a su máxima y alta magistratura, el bien común no parece ser ya el eje central para “la equitativa administración de justicia”. Destacadísimas voces obreras del propio personal judicial vienen planteando y denunciando lo concerniente.

El Presidente don Juanito Mora propuso: “La banca de concurso estatal será una herramienta que limitará, regulará y fiscalizará el mercado especulativo particular y, a través de políticas justas e intereses proporcionados, promoverá el crédito para el fomento del mercado nacional”. (Creación del Banco Nacional de Crédito Hipotecario).

Sin duda alguna, don José Figueres Ferrer, al nacionalizar la banca en 1949, tuvo en mente este pensamiento de don Juanito Mora. ¿Qué queda de ella? Es obvio que los postulados originarios y fundacionales de una banca para “el fomento del mercado nacional”, han desaparecido.

El Presidente don Juanito Mora propuso: “Se pondrá a disposición de los agricultores y de los potenciales productores nacionales todos los recursos que propicien su exitoso desempeño, tales como tierras, semillas, créditos y mercados”. (Distribución de tierras para la siembra de café y nuevos cultivos).

Este pensamiento de don Juanito puede considerarse la base de un proyecto nacional, totalmente auténtico, en materia de soberanía y seguridad alimentaria nutritiva. Sin embargo, lo que queda del conglomerado social de productores agropecuarios nacionales, está en estado de extinción.

Quienes continuamos aferrados a los postulados filosófico-políticos de distinta procedencia ideológica que, en uno u otro aspecto, centralizan la vida en sociedad en la priorización de la búsqueda y de la promoción del bien común, de la inclusión social y productiva, del fomento fuerte a la reducción de las desigualdades; e, incluso, los planteamientos para una sólida protección ecológica de nuestro entorno; podemos coincidir en que esos cuatro pensamientos sociales de don Juanito Mora nos sirven para señalar con el dedo acusador a los partidos políticos que en la actualidad se han arrodillado ante el altar neoliberal del dios mercado.