Categoría: Opinión

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Nos encontramos, en diccionarios digitales, estas dos definiciones de lo que significa la palabra plutocracia. La primera nos dice: “Forma de gobierno en que el poder está en manos de los más ricos o muy influido por ellos”. La otra, nos habla de “clase social formada por las personas más ricas de un país, que goza de poder o influencia a causa de su riqueza”.

Plutocracia, entonces, viene a ser una forma de oligarquía en la que una sociedad está gobernada o controlada por la minoría formada por sus miembros más ricos, según nos lo enseña la popular enciclopedia Wikipedia.

Uno de los aspectos más relevantes del denominado caso Cochinilla es que dejó en evidencia las identidades y los rostros de dos de los más importantes personajes integrantes de la plutocracia costarricense en la actualidad: Carlos Cerdas Araya y Mélida Solís Vargas.

Las revelaciones periodísticas de los últimos días, a propósito de ese gigantesco fraude, muestra a las claras el poder de influencia en la cosa pública que lograron los dueños, respectivamente hablando, de las empresas MECO y HSOLÍS, en sus relaciones político-corporativas con personajes de los gobiernos de los partidos de la corrupción: Liberación, Unidad y Acción Ciudadana.

La agobiante situación socioeconómica que aqueja a la mayoría del pueblo costarricense, especialmente su clase trabajadora, tiene que ver con el altísimo grado de concentración de la riqueza que ha experimentado el país, precisamente, en los años en que la plutocracia incrementaba el control ideológico-hegemónico de los gobiernos del tripartidismo neoliberal del PLUSC-PAC.

Y, particularmente, es en la actual gestión gubernativa de Carlos Alvarado Quesada, donde esa plutocracia muestra, más abiertamente que nunca antes, su cínico control de los poderes Ejecutivo y Legislativo, sin dejar de lado lo que está sucediendo a lo interno del Judicial (en cuyo seno parecen delinearse dos corrientes: la que sigue creyendo en los valores y principios de la Constitución política del 7 de noviembre de 1949; y la otra, más afín a la ideología macroeconómico-fiscal inherente al desarrollo del poder de influencia de la plutocracia).

Desde que Carlos Alvarado Quesada (el presidente peor calificado por la gente en los tiempos de la Segunda República), traicionó su mensaje de campaña y colocó -entre otras nefastas decisiones-, al hoy exministro André Garnier Kruze (otro connotado plutócrata), a su lado en la Casa Presidencial, quedó clarísimo cuál es real poder en la Costa Rica actual; y, por el contrario, dejó en evidencia el gigantesco reto que tienen los sectores cívico-populares y patrióticos, para ir hacia la construcción del contra-poder que haga de contrapeso al de la plutocracia.

Nuestra sociedad es hoy una de las diez más desiguales del planeta y la espantosa desigualdad reina llevando enorme sufrimiento a miles de hogares costarricenses.

La plutocracia y su mega-corporativismo empresarial (mucho del cual está inmerso en la corrupción, si vemos los últimos grandes escándalos como Aldesa, la trocha, Yanber, cementazo y ahora MECO-HSOLÍS -entre otros-), se encuentra lista para controlar e influir un nuevo período presidencial-legislativo (2022-2026); pues su poder económico le permite apostar tanto al PLUSC-PAC como a los partidos religiosos, tal y como lo vimos en las elecciones del 2018.

Ni Liberación, ni la Unidad, ni el PAC, ni los partidos religiosos (no importa las candidaturas presidenciales o diputadiles que se presenten en la boleta de votación del domingo 6 de febrero de 2022), van a romper con la plutocracia; es más, van a seguir controlados por ella.

El comportamiento político que hemos visto desde las elecciones del 2018 a la fecha, tanto el de Alvarado Quesada como el de la mayoría legislativa que coordina con él, el ataque a la gente; muestra gran congruencia en las cuestiones estructurales de la política económico-fiscal del país para sostener un orden que no es ni el de la promoción del bien común, ni el de la inclusión social y económica, ni el de las transformaciones tributarias estructurales que se ocupan para atajar el crecimiento de la desigualdad, ni mucho menos el que tiene que ver con el pavoroso endeudamiento público del país y su obsceno pago de intereses diarios (a razón de 11 millones de dólares cada 24 horas).

Ellos, la plutocracia, sus operadores políticos en los últimos gobiernos del tripartidismo corrupto, así como los soportes mediáticos del periodismo de odio que reproducen la visión de país que le sirve a esa plutocracia; han fracaso estrepitosamente en cuanto a generar una sociedad de reales oportunidades, de alto empleo, de integración económica de verdad. En realidad, no lo podían generar pues no está en su ADN de clase.

Por el contrario, los gobiernos controlados por la plutocracia en los últimos 20 años dejan al país, repetimos, en el top ten de los países más desiguales del planeta; dejan un país (entre otros fenómenos de injusticia), invadido por el crimen organizado y el negocio sucio del narcotráfico; dejan un país con una juventud desempleada y desesperanzada; dejan un país con alto niveles de corrupción mediando una alianza de negocios turbios público-privada (especialmente, en este caso, la del megacorporativismo empresarial). La gran pregunta es qué hacer por parte de la abrumadora mayoría ciudadana que ni somos integrantes de la plutocracia, ni a ella le servimos. El gran reto es cómo articularnos quienes no somos alineados, pero sí insumisos.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

En estos mismos momentos en que usted nos hace el honor de leer este artículo, en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la conocida Sala Cuarta, se examina la denominada Consulta Facultativa de Constitucionalidad promovida por varios señores diputados y por varias señoras diputadas, sobre el proyecto denominado Ley Marco de Empleo Público, expediente legislativo No. 21.336. Se trata de un voluminoso documento de 247 páginas.

Como ciudadano costarricense que soy, le comparto a usted un sentimiento muy extendido entre amplios sectores de nuestra comunidad nacional, acerca del contexto sociopolítico en que el indicado alto tribunal de la República entra al análisis de la mencionada consulta legislativa. Se trata de consideraciones que, con respeto y con sinceridad, dejamos plasmadas en el presente comentario.

Desde este lado de la acera estamos convencidos de que la Sala Cuarta está analizando el expediente más delicado y sensible desde que ella misma fue establecida, en 1989; incluso, mucho más sensible que el proyecto de ley que comúnmente fue conocido como combo fiscal, que tuvo que analizar a finales del año 2018.

Bastantes personas, sectores, gente muy bien informada y documentada; juristas de mucho talante en materia de Democracia y de división de poderes e, incluso, especialistas en Derecho Internacional en el campo de los Derechos Humanos y de los conceptos filosófico-ideológicos e históricos en materia democracia representativa; han estado alertando de que este proyecto, Ley Marco de Empleo Público, representa (en palabras y conceptos nuestros), un Golpe de Estado parlamentario a la Constitución de 1949.

Sin embargo, para el primer debate que dio la actual Asamblea Legislativa a tal proyecto, 32 personas diputadas desoyeron toda la amplia gama de criterios sólidamente fundamentados, que alertaban de la colección de inconstitucionalidades que el mismo contiene; sin que se dieran argumentos del mismo peso y talante a su favor, como los esgrimidos por la oposición sociopolítica y civil al expediente legislativo 21.336.

Vistas así las cosas, muchos tememos que se repita la historia en cuanto a que la lucha de poder en el seno de la alta magistratura incida en el pronunciamiento de la Sala Cuarta, tal y como pasó con el proyecto de combo fiscal. Siguen existiendo dos bandos en las alturas del olimpo judicial del país y esto no es ninguna novedad. Por el contrario, es un secreto a voces.

Uno de ellos, está firme en cuanto a considerar que la piedra angular de la estabilidad política del país sigue siendo la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949. El bando pro-Constitución es el que, precisamente, estima que la Constitución de 1949 debe estar por encima de lo fiscal, pues son los Derechos Humanos y el Humanismo cristiano lo que da fundamentación a nuestra actual Carta Magna.

El otro bando cree que es la estabilidad macroeconómica-fiscal de signo neoliberal, lo que permite que el país “flote”, aunque haya miles y miles de personas ahogadas por la desigualdad social y por la exclusión económica. Para este bando, la Constitución de 1949 está en segundo plano pues es lo fiscal lo que controla el todo de la sociedad.

En ocasión del conflicto sociopolítico nacional con el proyecto del combo fiscal (hoy ley 9635, ampliamente repudiada en los más diversos sectores sociales), creímos que, luego del pronunciamiento de Corte Plena, en el sentido de que el combo fiscal le afectaba en cuanto a la organización y al funcionamiento del Poder Judicial; creímos que (repetimos), que la Sala Cuarta diría que se ocupaban 38 votos, mayoría calificada, para convertir en ley al expediente legislativo 20.580, en ese entonces. ¡No resultó así! La magistratura constitucional dijo que no era necesario tal mayoría calificada y el combo pasó, en segundo debate, con 34 votos diputadiles. Lo fiscal de signo neoliberal se impuso a lo constitucional de signo humanista.

¿Influirá esta pugna político-ideológica al momento de la emisión del pronunciamiento constitucional a la consulta diputadil con relación al proyecto Ley Marco de Empleo Público? El ciudadano que escribe esto que usted está leyendo piensa que sí.

Se nos dio cuenta de que durante la tramitación legislativa del indicado proyecto mucho de su contenido llegó extraparlamentariamente. Hubo reuniones secretas, espuriamente denominadas “sesiones de trabajo”, en las cuales se dio línea acerca de cómo debía ser redactado ese proyecto Ley Marco de Empleo Público (o, al menos, los artículos más sensibles del mismo).

Un amanuense que se percibe a sí mismo como el único capaz de interpretar la verdad contenida en la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, ejecutó una especie de sicariato ideológico en contra de la misma a la hora de la tramitación de tan perversa iniciativa. Sus criterios, lamentablemente, fueron incluidos en la misma pues la base de su imposición fue la ignorancia diputadil en no pocos casos.

Ahora está pretendiendo hacer lo mismo con la Sala Cuarta, mediando mensajes teledirigidos a la misma, sin descartar que haya otras formas comunicacionales secretas para lograr que le pase al proyecto Ley Marco de Empleo Público lo mismo que pasó con el combo fiscal: el totalitarismo fiscalista de signo neoliberal se impuso a la forma costarricense de organizar constitucionalmente su vida en sociedad.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Los graves hechos de corrupción que el país conoció el pasado lunes 14 de junio, con la impresionante cantidad de dinero involucrada de, al menos, 78 mil millones de colones (poco más de 125 millones de dólares estadounidenses) en presunto tráfico de influencias y sobornos de todo tipo, en materia de licitaciones para construir obra pública en infraestructura vial, altera la agenda-país que tramita la actual Asamblea Legislativa.

El golpe a la institucionalidad es demoledor si nos atenemos a que, por segunda vez, la Casa Presidencial, políticamente habitada por Carlos Alvarado Quesada, es allanada en una misma Administración gubernativa. Hecho inédito desde la fundación de la Segunda República, en 1949.

El proyecto-expediente legislativo No. 21.336, denominado Ley Marco de Empleo Público, no debe ser votado ni ahora, ni pronto. Ha perdido toda legitimidad política, más allá de las aberraciones jurídico-constitucionales que contiene para todos los gustos.

Las dimensiones de este escándalo de los 78 mil millones de colones “desviados”, pulverizó la escasa credibilidad que le quedaba al Poder Ejecutivo para impulsar esta nefasta iniciativa de ley. 

Las actuales personas diputadas integrantes de la Asamblea Legislativa no se pueden sustraer a esta realidad política; no pueden fingir que nada está pasando y mirar para otro lado.

Por otra parte, nada ético es utilizar la pandemia para promover reformas estructurales de tanta profundidad como las pretendidas en el indicado proyecto de ley, que contiene transformaciones constitucionales de facto.

Es más, resulta inmoral actuar políticamente así, en las actuales condiciones sociopolíticas y sanitarias del país, impulsando medidas regresivas en materia de Derechos Humanos; un cuadro que, claramente, se dibuja en todos los extremos de ese expediente legislativo 21.336 que pretende ser votado, en primer debate, en próximas horas.

Tal proyecto de ley no es parejo. No se vale que un solo sector, como el del empleo público, asuma cargas desproporcionadas en nombre de la austeridad fiscal, cuando hoy nos enteramos que el gobierno es un reducto de actos de corrupción de carácter público-privado por medio de contrataciones públicas que afectan las finanzas públicas; cuando más recursos se necesitan para afrontar una pandemia cuyas dolorosas circunstancias provocan que, lo que más hace falta, son esos recursos para salvar vidas.

La presente Asamblea Legislativa, cada uno de ustedes, señoras diputadas y señores diputados, deben ser drásticos en la exigencia de cuentas al Poder Ejecutivo; no aprobando leyes, además con gran cantidad de vicios de inconstitucionalidad anunciados, sino evitando allegarle más recursos que todavía no tienen garantía de un manejo adecuado ni transparente.

Pedimos y exigimos coherencia en el discurso y la narrativa legislativa en los momentos más aciagos que afronta el país. Coherencia no es aprobar leyes a golpe de tambor aprovechando la presión de una agenda del Ejecutivo que hoy ha quedado totalmente desacreditado. No merece este gobierno tanta pleitesía legislativa, sino un control institucional responsable y digno. Antes de aprobar la Ley Marco de Empleo Público, o cualquier otra ley que no cumpla con paridad en las cargas tributarias, no se puede legislar de espaldas a un sector de la población que ya no resiste más regresividades a sus Derechos Humanos.

La ecuación es sencilla: Cuando el Ejecutivo demuestre que es probo, que es eficiente en la recaudación de impuestos y, sobre todo, que puede evitar, preventivamente, escandalosas corruptelas como esta de los 78 mil millones de colones; es cuando ha de merecer la confianza del Legislativo para aprobar leyes con recursos sanos para enfrentar las crisis existentes.

Si nos atenemos a la tesis de que este Gobierno ha tratado de justificar la aprobación de la Ley Marco de Empleo Público generando indebida presión para cumplir con el “acuerdo” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pues se trata casi de un compromiso político-personalísimo de la cabeza del Poder Ejecutivo, Carlos Alvarado Quesada, cuya credibilidad está irreparablemente lesionada; corresponde entonces invocar en sus curules las palabras de la Directora-Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, misma que, respecto a la crisis del covid 19 ha dicho: 

«Los costos humanos de la pandemia del coronavirus ya son inmensurables y es preciso que todos los países trabajen en colaboración para proteger a la gente y limitar el daño económico. Este es el momento de actuar con solidaridad…». 

Y respecto a los enfoques a seguir, nuestra Asamblea Legislativa, más que seguir reprimiendo con impuestos y cargas al empleo público, debiera enfocarse en proyectos para una senda hacia la recuperación basada, según el FMI, en las siguientes prioridades: Defender la salud de las personas; evitar la retirada prematura de las políticas de apoyo; aplicar una política fiscal flexible y orientada hacia el futuro; y, abordar el elevado nivel de la deuda pública y su pago abusivo diario de intereses.

Finalmente, cuando ustedes, como legisladores y legisladoras, quieran justificar la aprobación de la Ley Marco de Empleo Público con un discurso fácil y trasnochado de combate a supuestos privilegios y no a derechos; piensen primero si el frío está en las cobijas, o más bien en las inveteradas prácticas de corrupción que ahora delatan que el peor impuesto que tiene el pueblo es, precisamente, la corrupción.

No sean cómplices legislativos para quitarles salarios y derechos a los empleados públicos para trasladarlos a escandalosas contrataciones a duopolios privados y a algunos funcionarios corruptos. Hoy, nuevamente, se demuestra que no son las personas trabajadoras asalariadas del empleo público, las enemigas del pueblo. Su abrumadora mayoría trabaja dentro del margen de la ley.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

“Vamos a cerrar el CONAVI y sus hermanitas perversas”, fue un mensaje escrito por el entonces candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC), Luis Guillermo Solís Rivera, en su cuenta de twitter, el 13 de diciembre de 2013; compromiso de campaña que, por supuesto, y siendo Presidente de la República (2014-2018) no honró… como suele suceder.

Don Luis Guillermo escribió, además, lo siguiente: “Propongo decretar emergencia nacional para intervenir adecuadamente la red vial nacional. Lo haremos con los recursos que el país tiene y son suficientes, en un ejercicio riguroso para no repetir nunca más los horrores de la Trocha fronteriza. ¡Es posible hacer infraestructura sin corrupción!”.

Sin duda alguna, le corresponde al Partido Acción Ciudadana (PAC), con dos gobiernos seguidos uno del otro, la responsabilidad política fundamental por el escándalo de corrupción que salió a flote este pasado lunes 14 de junio, con las “espectaculares” acciones y detenciones que efectuó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a raíz del presunto tráfico de influencias y otorgamiento de sobornos por parte de las mega-empresas constructoras MECO y H Solís; indicando el máximo jerarca policial, don Wálter Espinoza Espinoza, que se podría estar hablando de un “desvío” de dineros por el orden de, al menos, 78 mil millones de colones.

El CONAVI sufre el más duro golpe a su credibilidad y a su transparencia y bien podría indicarse que ha quedado “listo” para su liquidación institucional. Entendemos, aunque nunca fue claro, que las “hermanitas perversas” del CONAVI, según lo planteara el hoy expresidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, lo son el Consejo de Transporte Público (CTP) y el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI).

Sobre el CTP, desde hace tiempo, pesan graves cuestionamientos, especialmente porque se considera que el empresariado autobusero del país ejerce una gran influencia política en su seno, contrastando con la situación de total indefensión que tienen las personas usuarias de los servicios públicos modalidad autobús.

Lo que aflora con gran potencia, aunque estemos a primeras horas del destape del escándalo con licitaciones para construcción de grandes obras viales, es la imperiosa necesidad de una revisión estructural del modelo de concesión de obra pública; el ejercicio ciudadano de una gran auditoría sobre los miles y miles y miles de millones de colones de fondos estatales que las mega-empresas constructoras cuestionadas han recibido durante un período de 20 años, a partir del año 2002, al menos; la naturaleza de los controles y de las autorizaciones de parte de la Contraloría General de la República (CGR); entre otros aspectos con la privatización de la construcción de infraestructura vial.

Y no hay duda de que, si del CONAVI se trata, sus “hermanitas perversas” merecen un profundo abordaje auscultador, también. Porque vale preguntarse, en qué medida en ellas se ha dado una desnaturalización perversa de su finalidad objetiva de servicio público para dar paso a, por una parte, al desarrollo de ente “facilitador” de lucro mercantil privado, en esencia; y, por otra, cuántas prácticas indebidas, por no decir corruptas, podrían estarse manifestando en las narices de la propia ciudadanía y de sus altos responsables políticos.

El señor Expresidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, constatamos hoy, se equivocó de cabo a rabo, cuando habló de “no repetir nunca más los horrores de la Trocha fronteriza”. Con lo del CONAVI tales horrores se superaron cualitativa y cuantitativamente en grado sumo.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Es inobjetable que el acuerdo político-global del grupo de países capitalistas de más poderío económico y militar del planeta, para ponerle un impuesto a las ganancias de las empresas multinacionales (ETN) de, al menos el 15%, y que lo paguen en los países donde operan, constituye una verdadera conmoción tributaria global.

El G7, integrado por Alemania, Canadá, Francia, Estados Unidos, Italia, Japón y Reino Unido (aunque conviene hablar con más propiedad de la Unión Europea -UE-); tuvieron una cumbre de ministros de Finanzas, en la ciudad británica de Londres, el pasado sábado 5 de junio de 2021, estableciendo lo que en idioma español conoceremos como el “impuesto mínimo global a las multinacionales”.

Los diversos reportes de la prensa internacional a los que tuvimos acceso en las últimas horas (particularmente, RT -Russia Today-, BBC News/Mundo -británico-, y DW Noticias -alemán-), dan cuenta de lo siguiente: “Los ministros de Finanzas del grupo G7, reunidos en Londres, acordaron luchar contra la evasión fiscal a través de medidas para que las empresas paguen en los países donde hacen negocios.

También acordaron una tasa impositiva corporativa mínima global que será, en principio, del 15%; agregando que tal acuerdo “ejercerá presión sobre otros países para que sigan su ejemplo, algo que podría verse en la reunión del G20 el próximo mes” (julio).

Es de tal magnitud este acuerdo del G7, que transcribimos parte del análisis que hace el señor Faisal Islam, editor de la sección de economía de la BBC del Reino Unido: 

“El derecho a cobrar impuestos es la esencia del poder soberano. Por eso es tan difícil la acción internacional coordinada. Este ha sido el sueño de activistas y principalmente de ministros de finanzas europeos durante años. Hace solo unos meses atrás ellos ni pensaban que esto podría ser posible. Pero la necesidad de llenar las arcas vaciadas por la pandemia y la llegada del gobierno de Biden a Estados Unidos crearon el momento oportuno. Sin embargo, hubo un gran compromiso para que esto se convierta en realidad. Una tasa mínima de impuesto sobre las corporaciones del 15% es bastante baja. Aunque los ministros de Finanzas europeos incluyeron la frase ‘al menos un 15%’, que ofrece un camino para aumentar esa cifra. El impacto real de este cambio dependerá de la letra chica de las negociaciones en curso”.

Llegar a este punto supone, por una parte, una conclusión política fundamental de nuestro tiempo contemporáneo: la globalización neoliberal es un fracaso y nos ha generado vivir en la época de la mayor desigualdad en la historia de la Humanidad misma, con altísimo riesgo de la preservación del propio planeta Tierra; conclusión a la que han llegado las mentes más sanas, más estudiosas, más responsables del mundo actual, provenientes de las más diversas fuentes del pensamiento filosófico-ideológico y político.

Por otra parte, la corriente sindical en la cual hemos estado militando todos estos años, misma que actualmente catalogamos como no alineada (con base en el escenario abierto de conformidad a la hegemonía económico-política dominante en nuestro país), hemos sido parte de ese “sueño de activistas”, del que habla el señor de la BBC, integrando las principales corrientes sindicales globales que han venido luchando contra esta perversa globalización neoliberal.

Seguros estamos de que los compañeros y las compañeras integrantes de la Confederación Sindical de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA), así como de la Confederación Sindical Internacional (CSI), de las cuales formamos parte, tienen el mismo sentimiento de satisfacción que en nosotros genera el acuerdo global del G7. En esta línea es importante destacar lo siguiente:

UNO: Es obvio que el G7 adopta esa decisión ante la constatación de que este capitalismo neoliberal, desenmascarado totalmente por la pandemia, tiene un altísimo riesgo sistémico que amenaza con derribar sus propias democracias, altamente contaminadas por exclusión social y económica a todo nivel. La democracia costarricense también exhibe ya estos dolorosos flagelos. La desigualdad, la espantosa concentración de la riqueza y la pandemia han puesto a los países del G7 (y a Costa Rica, también), contra la pared.

OS: Para el caso costarricense, que tenemos bastante tiempo de plantear la imperiosa necesidad de una Transformación Tributaria Estructural, este acuerdo del G7, aún en pañales, repotencia nuestra cruzada cívico-obrera al respecto. De un modo u otro, nos da la razón acerca de que nuestra prédica de que el sistema tributario costarricense es injusto y es corrupto, ha estado transitando el camino correcto.

TRES: Este asunto de la conmoción tributaria global que supone el acuerdo del G7 y sus repercusiones en países como el nuestro; indican que a nivel de Costa Rica el asunto se vuelve estratégico de cara a la campaña de las elecciones presidenciales y diputadiles de febrero de 2022. La corriente sindical en la cual militamos y los sectores sociales que caminamos juntos en estas luchas, nos encargaremos de que así sea.

Queremos empezar por que se discuta, ampliamente, el informe legislativo de Los papeles de Panamá; por discutir sobre un impuesto solidario a las zonas francas y porque se deseche el acuerdo que Alvarado Quesada le quiere imponer al país con el FMI.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

A pocas horas de concluida la convención para la elección de candidato presidencial en el Partido Liberación Nacional (PLN), un sencillo análisis de los resultados numéricos de la misma, efectuado desde este lado de la acera (la de la lucha social no alineada), nos permite resaltar los siguientes datos.

Aclaramos que hacemos uso de un mensaje de “uasap” que nos llegó la noche de este pasado domingo 5 de junio de 2020, recibido de parte de una persona ciudadana amiga de las luchas sociales y cívicas, la que, a su vez, reprodujo un “anónimo”.

En todo caso, politólogos, sociólogos, mercadólogos, analistas electorales y formuladores de encuestas “se darán cuatro gustos”, comentando el resultado electoral del PLN y cómo a partir del mismo, el escenario político nacional se calentará intensamente.

Dato 1: Se proyecta un total de 360 mil votos en la convención del PLN y si se compara con la del 2018, habría una disminución cuantitativa de 70 mil; es decir, un decrecimiento del 16%. Habría que analizar el dato de cuántas personas electoras estaban inscritas para las elecciones generales del 2018 y cuántas al pasado domingo 5 de junio. Es evidente que, el PLN ha retrocedido en preferencias.

Dato 2: Las autoridades partidarias del PLN no pueden sostener la tesis de que todas las personas votantes en su convención sean parte de la “familia liberacionista”. Eso es un eslogan de campaña con finalidad subjetivo-emocional para apelar al sentimiento histórico que una vez hizo grande al PLN. Muchas personas votantes en favor de las otras pre-candidaturas no eran “familia liberacionista”, particularmente para el caso de don Rolando Araya Monge. Tenemos sobradas razones para sostener este criterio.

Dato 3: Don José María Figueres Olsen ganó la convención PLN sin alcanzar, al menos de manera contundente, el 40% de las personas votantes en la misma. Dicho de otra forma, un poquito más del 60% no creyó en su propuesta.

Dato 4: Él estaría obteniendo unos 144 mil votos de los 360 mil que acudieron a votar el domingo 5 de junio de 2021. Esto es una cantidad menor de la que obtuvo en la convención para las elecciones del 2018, que fueron 154.830 votos en su favor.

Dato 5: En la pasada convención del PLN, el ganador, don Antonio Álvarez Desanti (AAD), obtuvo 191.217 votos. Entonces, ¿qué caudal de votos le dio “Toñito” a Figueres en esta convención? Al parecer, absolutamente ninguno. También se podría decir que ya el señor AAD no tiene base electoral alguna pues en cuatro años ésta quedó pulverizada.

Dato 6: El padrón electoral nacional para febrero de 2022, podría andar en 3 millones 650 mil personas potencialmente votantes. En tal sentido, en la pasada convención del PLN habría votado el 10% del padrón electoral; cifra sumamente lejana al 40% constitucional para ganar, en primera ronda, la venidera elección presidencial.

Dato 7: En lo particularmente específico, y dado que el Sr. Figueres Olsen no estaría llegando al 40% del voto de la convención PLN del pasado domingo 5; nos lleva a concluir que, del total del padrón electoral nacional previsto para febrero de 2022, él apenas estaría en estos momentos con un 4% del mismo.

Conclusión: Desde nuestra perspectiva, tal y como lo venimos afirmando de manera sostenida a lo largo de los últimos años, la traición a los valores fundacionales y a los principios clásicos de la socialdemocracia, están PASANDO FACTURA, de manera muy dura al Partido Liberación Nacional.

Particularmente, esa traición ha quedado más marcada con el co-gobierno del PLN y la administración del PAC-Alvarado Quesada en la presente gestión ejecutiva y legislativa. El PLN perdió a las capas medias que él mismo contribuyó a crear.

En especial, gran parte de la clase trabajadora asalariada del sector Público, gran parte del sector agropecuario nacional micro-pequeño y mediano productor, así como la producción y el comercio mismo para el mercado interno, han sentido abandono de las políticas públicas de inclusión social y económica, “hijas doradas” del liberacionismo clásico.

El PLN volvería a “respirar” socialdemocracia si se decide a romper con la plutocracia reinante y su neoliberalismo fundamentalista. Y si así fuese, según nuestra visión desde el sindicalismo sociopolítico no alineado, el pronóstico es muy reservado.