Opinión

Pasar factura: el caso del PLN

Publicada el 19/01/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

En el período constitucional de la actual Asamblea Legislativa, 2018-2022, hay un partido político que ha sobresalido, a través de su fracción parlamentaria, en el ataque desalmado contra las personas trabajadoras asalariadas del sector Público: es el Partido Liberación Nacional (PLN).

Sabemos que todavía quedan en el PLN ciudadanos y ciudadanas que, pese a la traición de los originales valores socialdemócratas por parte de la cúpula ideológico-política que lo hegemoniza en la actualidad, siguen creyendo en el ideal liberacionista; sin embargo, no cuentan, no tienen peso, no inciden en el rumbo anti-obrero de este partido político, al cual se le atribuye gran parte de la institucionalidad republicana establecida, centrada en un Estado Social de Derecho, hoy en proceso de extinción.

Estamos promoviendo una campaña (básicamente digital), de sensibilización política de cara a las elecciones presidenciales y legislativas del 6 de febrero de 2022; estando ya a 382 días de esos sufragios; pretendiendo que, al momento de emitir el voto, procedamos a PASAR FACTURA a los actuales partidos políticos del co-gobierno en cuanto a la agresión que han sufrido los derechos laborales y económico-sociales de las personas trabajadoras, particularmente las del sector Público. Tal agresión anti-obrera también la ha sufrido y la sufre, la clase trabajadora asalariada del sector Privado.

Sin duda alguna es el PLN y su fracción parlamentaria (con honrosas excepciones), el que ha liderado, y lo continúa haciendo, el ataque artero al sector público, a su institucionalidad, así como el mundo obrero que en él labora.

Fue la fracción parlamentaria del PLN, la principal gestora, político-ideológica y político-operativa, de la detestada ley del combo fiscal, en el 2018; impuesta con diversas triquiñuelas de orden parlamentario y constitucional; legislación que tanto daño ha causado.

Fue la fracción parlamentaria del PLN, la principal gestora, político-ideológica y político-operativa, de la ley antihuelgas o ley mordaza, cercenando así un derecho humano universalmente reconocido de obligado cumplimiento para el país; así como violentando legislación obrera internacional de diverso orden.

Y, en estos momentos, es la fracción parlamentaria del PLN, la principal gestora político-ideológica y político-operativa de la actual legislación en trámite sobre empleo público; mostrando una fuerte carga contra la integridad psicológico-emocional, la seguridad laboral-social y económico-financiera de las 330 mil familias asalariadas del sector Público; ejecutando el PLN esta ofensiva en coordinación estratégica con el periodismo de odio y sus principales expresiones mediáticas.

Esta perversa tríada de legislación (el combo fiscal, la ley anti-huelgas o ley mordaza, y el proyecto de empleo público), llevan el sello liberacionista, el sello del PLN; y, las tres representan la última fase en el proceso de su degeneración político-ideológica para convertirse en un partido neoliberal en el amplio sentido del término.

Ha sido la fracción parlamentaria del PLN (con honrosas excepciones), la ejecutora principal de este ataque artero contra la clase media, hoy sumamente vulnerada, ligada al sector Público; pues no solamente ese ataque ha sido contra quienes laboran en él y sus familias, sino también a las micro-pequeñas y medianas empresas que han ayudado a destruir, con su co-gobierno ejecutivo y legislativo con el PAC.

Precisamente, el PAC ha jugado, ejerciendo el Gobierno y su desteñida fracción, un penoso rol de partido vasallo, de furgón de cola, recibiendo línea directa del PLN en cuanto a la indicada tríada perversa de legislación, entre otros ámbitos nefastos del período gubernativo todavía en curso.

Por eso, en esto de PASAR FACTURA de cara a las elecciones legislativas y presidenciales del 6 de febrero de 2022, el PLN y sus candidatos representan la colectividad partidaria que más es merecedora de reclamo cívico por parte de la persona votante del sector público y sus familias. Y, sin lugar a dudas, este PASAR FACTURA debe extenderse al voto trabajador del sector laboral privado. El PLN y su fracción, con su co-gobierno con el PAC, son responsables directos de la precariedad salarial, del desempleo, de las reducciones abruptas de jornada, de la quiebra de cientos y cientos de micro-pequeñas y medianas empresas.

Otros partidos políticos con representación parlamentaria, como el PUSC, también merecen severa auscultación obrero-social en esto de PASAR FACTURA en las votaciones del 6 de febrero. Sin embargo, es el PLN y su partido vasallo, el PAC, los que han estado y siguen estando en la ofensiva anti-obrera más descarnada, desde que fuera el propio PLN, el partido líder y gestor ideológico de la Segunda República, surgida en 1949.

Cuesta creer que en esas elecciones hubiese alguna persona trabajadora asalariada del sector Público, y sus familiares, que le diera su voto en el 2022. Definitivamente, en cuanto a PASAR FACTURA, es el PLN la entidad partidaria a la cual hacer el más duro y mayor cobro cívico.

La pobreza sigue teniendo rostro femenino…¿hasta cuándo?

Publicada el 09/03/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El espacio de esta semana lo hemos cedido a nuestras estimadas compañeras de lucha María Laura Sánchez Rojas y Lorena Chavarría Martínez, con su comentario compartido a propósito del DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER; y como homenaje de nuestra parte a las compañeras luchadoras sociales integrantes de la Junta Directiva Nacional (JDN) de la ANEP y las que forman parte del equipo político-técnico de la gestión cotidiana de la agrupación.

“Con agradecimiento eterno para las mujeres que lucharon por los derechos que disfrutamos hoy”

Este día nos lleva a recordar y agradecer por la vida de esas 100 mujeres costureras industriales de la fábrica Sirtwood, ubicada en Estados Unidos de América, quienes se levantaron en huelga un 8 de marzo de 1908, para demandar un salario digno, una jornada laboral de 10 horas y prohibir el trabajo infantil.

Fueron carbonizadas en la fábrica… a puerta cerrada les prendieron fuego; haciendo un cruel recordatorio de la quema de “brujas”; así se le calificaba a mujeres luchadoras, con amplio conocimiento y sobre todo con voz y criterio propio, de esta manera educaban a la sociedad, por medio del (mal) ejemplo de lo que le sucede a quienes reclaman, máxime si se es mujer.

Han pasado 113 años de este acontecimiento que se hizo público, pero a saber cuántos más hay en el anonimato y si no que lo digamos las mujeres de la actualidad, pero no cualquier mujer, entre nosotras hay diferencias claras, diferencias sociales y económicas principalmente.

Un breve repaso a los datos de la Encuesta Continua de Empleo del IV trimestre del año 2020, publicada el pasado 4 de febrero de 2021, por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)[1], nos demuestra que la pobreza continúa teniendo rostro femenino: fuerza de trabajo: femenina 985-masculina 1.46 millones. Población desempleada: 248 mil mujeres, 240 mil hombres. Población fuera de la fuerza de trabajo: 1.02 millones mujeres-577 mil hombres. Tasa de desempleo: 25.2% mujeres-16.4% hombres. Subempleo: mujeres 22.2%-hombres 19.7%.

A pesar que la indicada información no abarca lo referente al perfil de las mujeres afectadas, sabemos muy bien que son las mujeres jefas de hogar, discriminadas en sus lugares de trabajo, las que deben tener más de un empleo para justo cubrir, y en muchos casos no totalmente, las necesidades básicas, que ya antes de la pandemia era difícil llegar al fin de mes o al pago de servicios públicos, esta situación la hizo mucho, mucho más difícil, según lo evidencia la Encuesta Continua de Empleo.

Muchas de estas mujeres, no levantan su voz por temor o peor aún, por creer no ser merecedoras de derechos y aunque es posible que desconocen la historia del 8 de Marzo, en el imaginario colectivo represor se mantiene vigente la “quema de brujas, la quema de mujeres que se hacen escuchar”, pero no se puede evitar preguntarse ¿no es que se nos quema, al cercenar nuestros derechos, al violentarnos, al invisibilizarnos, al irrespetarnos con frases sexistas, cuando nos levantan la voz y nos tratan con palabras y frases groseras, pero no somos merecedoras de una disculpa, cuando nos pagan menos cumpliendo las mismas funciones y atestados, cuando debemos callar para no perder el empleo?

Es imperativo que caminemos hacia una sociedad más democrática, inclusiva, respetuosa, igualitaria, equitativa, y esto supone de forma inequívoca avanzar en el reconocimiento y ante todo el respeto de los derechos económicos, sociales, culturales, políticos, progresar en mayor igualdad y equidad en el acceso a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social y empleo decente.

Como organización sindical responsable, nos corresponde reivindicar por medio de la incidencia política, para que se respeten los derechos laborales, sindicales, económicos, sociales, políticos de las mujeres trabajadoras, para que se garanticen puestos de trabajo seguros, sin algún tipo de violencia, sea laboral, sexual y/o política, asegurando una buena formación en salud ocupacional, poniendo en marcha los mecanismos que faciliten y certifiquen nuestra seguridad; así como cerrar brechas salariales y asumir el tema del cuido de nuestras familias, de manera conjunta y de esta manera abrir espacios para que las mujeres podamos contar con tiempo para capacitarnos y formarnos como personas trabajadoras y profesionales. Para que podamos responder la pregunta ¿hasta cuándo? Diciendo, hasta aquí…

[1] https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/coeceivt2020.pdf

APM-Terminals: el pueblo paga sus altísimas tarifas

Publicada el 02/03/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Albino Vargas Barrantes Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

207 dólares más caro, es el pago que deben hacer las empresas usuarias de los muelles de Limón y de Moín, por mover sus correspondientes contenedores, de lo que les cobraba Japdeva, antes de que a ésta le expoliaran la operación portuaria que tenía en condición de monopolio desde su establecimiento como empresa pública nacional, destinada al desarrollo socioeconómico de la vertiente atlántica costarricense.

El monopolio privado resultó ser más caro que el monopolio público.

Sacar a Japdeva del mercado de la operación portuaria de contenedores en los muelles de la costa limonense fue un asunto meramente ideológico: la clase plutocrática gobernante que mantiene su poder incólume, aunque las administraciones ejecutivas sean del PLN, del PUSC o del PAC; impuso el proceso que determinó el establecimiento del monopolio privado APM-Terminals, aunque éste resultó más caro para el empresariado usuario de esos muelles.

Sin embargo, es fácil colegir que esos 207 dólares de más que implica mover cada contenedor en la terminal costera de APM-Terminals, no los está pagando el usuario de la misma, pues es lógico suponer que ese costo mayor fue trasladado, está siendo trasladado, a los consumidores finales de las materias primas y de los productos finales que se importan entrando al país por los muelles que ahora administra la transnacional holandesa.

Todo el proceso sociopolítico y económico que se generó para la imposición de esta concesión portuaria que, sin duda alguna, podemos ahora calificar como leonina; fue adversada por una importante cantidad de sectores y organizaciones cívico-patrióticos, dentro de los cuales resaltó el papel de la organización obrera de Japdeva, el sindicato Sintrajap.

Sin duda alguna, la historia del expolio del patrimonio público del país en los años de la hegemonía política del neoliberalismo en Costa Rica, tendrá un capítulo especial para reseñar el histórico papel jugado por esta importante agrupación sindical, en lo que atañe a los muelles del Atlántico.

También, desde la corriente sindical que motiva nuestra lucha social cotidiana, dimos nuestro aporte opositor a que se instaurara el monopolio privado APM-Terminals. Fue un largo caminar, mucho del cual estuvo argumentativamente bien fundamentado.

Uno de los puntos más fuertes de la oposición cívico-sindical hacia esta leonina concesión fue, precisamente, que las tarifas de la operación portuaria de contenedores subiría, sustancialmente. La realidad nos dio la razón.

Sin embargo, se impuso el fanatismo extremista del lucro desenfrenado a partir de la apropiación privada del patrimonio público. Al respecto, este caso de Japdeva es paradigmático, tanto como lo es -por ejemplo-, las concesiones leoninas de varias estratégicas carreteras nacionales.

La molestia del empresariado por el alto costo de las tarifas portuarias de los muelles administrados por APM-Terminals, ha “obligado” al gobierno actual a establecer una comisión para ver si se baja el excesivo costo actual de la movilización de un contenedor. La transnacional, empoderada como está, ha dicho que sí estaría dispuesta a considerar una reducción de esas altas tarifas, sin embargo, no está en condiciones de perder un solo centavo de dólar de lo que ella denomina la inversión.

Como se dice popularmente, APM-Terminals no está dispuesta a arrancar pelos sin sangre. Plantea que estaría considerando bajar las altas tarifas actuales, sí y solo sí: a) le amplían el plazo del contrato; b) ajuste para un nuevo cronograma de inversiones; c) revisión del canon que debe pagar para el desarrollo de Limón (es decir, bajar el monto de ese aporte), d) que el Estado le construya obras adicionales y le compre nuevo equipamiento; e) que el Estado le subsidie en un monto igual al que rebajaría la tarifa. Como dice nuestro pueblo: “¡cuidado pierde!”.

La historia del expolio de Japdeva por parte de la clase plutocrática gobernante no ha terminado de escribirse. El pueblo de Limón no ha dicho su última palabra.

Adicionalmente, una de las razones por las cuales el alto costo de la vida en Costa Rica se considera de los más altos de la América Latina se explica, precisamente, por el costo excesivo de las tarifas de operación portuaria que hoy ha impuesto APM-Terminals.

8M, por un feminismo+

Publicada el 08/03/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Por: Paola Badilla Vargas, Antropóloga.

En este 2021, y en medio de una pandemia global, de consecuencias catastróficas en materia social, laboral, económica y cultural, el lema de la ONU para el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, es “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”. Este promueve «la participación de las mujeres y la adopción de decisiones por ellas de forma plena y efectiva en la vida pública, así como la eliminación de la violencia, para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas» (CSW65). Como mujer trabajadora, me siento plenamente identificada. No obstante, me parece relevante acotar que tales logros se construyen ciertamente con más espacios reales de toma de decisiones, más oportunidades, y más equidad tanto de género como económica, en la esfera pública y privada; con apoyo de todas y todos como sociedad y en especial como clase trabajadora.

Crecí en un hogar con una mujer como jefa de hogar, con solo primer grado de escolaridad, quien, si bien nos enseñó el valor del trabajo duro, la honestidad y el respeto; ella también respondía a patrones de su época, entre ellos el machismo. Entonces aun cuando tuve que hacer malabares entre mis deberes académicos y mis no renunciables quehaceres domésticos -a diferencia de los varones de la casa-, a quienes se les asignaba un tanto menos, no crecí creyendo que las mujeres debían tomar el poder, con el fin de hacer que ellos fueran los de los malabares. Como dice una amiga, no hay nada de constructivo en emplear los mismos mecanismos de un sistema opresor. -Sí, participar de la toma de decisiones, incluyente, no opresora a la inversa. Al contrario, traté de desaprender y motivar a la distribución de tareas de manera colaborativa, como equipo familiar. Es lo que se denomina ahora corresponsabilidad.

Al ingresar a la universidad, mi motivación se acrecentó. Por la equidad de género, por mostrar que las mujeres tenemos derechos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra comunidad, sobre nuestro país y el planeta. Tenemos derecho a igual remuneración por igual trabajo. A no ser discriminadas ni violentados nuestros derechos laborales, como sucede comúnmente en este país y alrededor del mundo. Incorporé lenguaje inclusivo porque me parecía una expresión reivindicativa y de visibilización. En varios momentos de mi vida, sufrí lo que ahora se nombra como «acoso callejero». Lamentablemente sé lo que ser tocada sin desearlo en la vía pública y en autobús – como tristemente continúa sucediendo. En esos años, no lo hablábamos, solo si podíamos le quebrábamos la sombrilla al fulano o acusábamos al «sátiro» a grito aturdidor.

Hoy, cuando se ha logrado la promulgación de una ley y se habla sobre el tema, sigo sin sentirme segura. Entonces, ¿Qué sucede? ¿Por qué se avanza en el papel, en lo punitivo, pero no en la conducta hostil hacia las mujeres? Ojo qué reconozco los logros alcanzados. Pero tengo preguntas y trato de dar respuesta desde mi propia experiencia de vida. Considero que parte importante del asunto tiene que ver con el señalamiento de los hombres como los responsables directos. Se ha, en no pocos casos, dibujado a los hombres como el enemigo. Esto olvidando conceptos claves como la interseccionalidad, el cual nos expande el lente de la superposición de categorías como la etnia, la clase, la identidad y la orientación. Es decir, validando que cada individuo tiene camisetas diferentes y ahí yacen las desigualdades persistentes. No todos los hombres son opresores; no todas las mujeres son oprimidassimplemente por serlo. Como dice Audre Lorde, «no puede haber jerarquías de opresión». Enfocar la discusión y apostar por resolver las desigualdades a partir de estas “jerarquías” -discutir sobre quien ha sufrido más y quien menos- conduce a más división.

Sí, por supuesto que hay poblaciones y grupos con historias de opresión milenarias y no pretendo obviar esto. Por el contrario, dirigir la atención hacia la superestructura de patriarcado, y un capitalismo separatista, basados en el divide y vencerás, tal vez nos permita encontrarnos desde las diferencias. Somos diferentes, pero eso no anula la necesidad de equidad y justicia social. Hay un sistema dominante que se nutre de prejuicios y desigualdades múltiples. ¿Qué tal proponer y hacer análisis incorporando el género, pero también la clase, la raza, la historia de vida? Desafiar todas las formas de poder estructural. Como trabajadora, considero que la toma de decisiones debe ser por un trabajo decente, por un modelo de país inclusivo y solidario, y eso es tan válido como tomar decisiones sobre la interrupción del embarazo o la posibilidad de las uniones legales entre personas del mismo sexo. Una agenda no es más importante que otra. Un grupo no es más relevante que otro. Y tanto mis compañeros como mis compañeras en la lucha pueden caminar junto a mí en esta reivindicación.

Si bien reconozco la persistencia de la desigualdad por género, expresada en la brecha salarial, en la débil corresponsabilidad del cuido -tanto dentro del hogar como la casi nula participación estatal en el asunto-, el aumento de la violencia hacia las mujeres y el creciente número de femicidios, esto no debe motivarnos a las mujeres a excluir a los hombres de la lucha, condicionando como y desde donde pueden asumir su apoyo. Un ejemplo concreto los pronunciamientos de algunos Colectivos para la marcha del próximo lunes, donde se les recalca a los hombres que “respeten los espacios seguros de mujeres en la marcha” y seles “invita” a apoyar desde otros lugares como “hacerse cargo de las tareas domésticas ese día”. Hay legitimidad en la petición, pero percibo una jerarquía de opresión que nos sigue alejando de la tan necesaria equidad transversal. El día es de celebración para todas las mujeres, un día de reivindicación, en el que considero hay espacio para caminar todas y todos en unidad. No se siente una más segura acordonando un espacio.No se resta, se suma en la lucha.

Paola Badilla Vargas, Es afiliada de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). Magister En Estudios Latinoamericanos con énfasis en Desarrollo y Cultura por la Universidad Nacional de Costa Rica. Bachiller en Antropología por la Universidad de Costa Rica.

La presunción de inocencia no puede ser derribada sin un debido proceso

Publicada el 01/03/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

La noticia recurrente en varios medios de comunicación, ha sido la muerte de un joven que fue intervenido por cuatro oficiales de la Fuerza Pública, luego de haber sido denunciado por presunta violencia intrafamiliar. Algunos medios, posiblemente en su afán de vender pierden toda objetividad informativa, caen en el punitivismo mediático que les lleva a prácticamente dictar “sentencia”. Otros consultan a profesionales del derecho, los cuales, sin contar con los elementos fácticos que se encuentran en el expediente que para los efectos se lleva el Ministerio Público, emiten juicios de valor o criterios infundados, estableciendo una especie de “condena” en sus declaraciones.

Indudablemente, resulta lamentable la perdida de una vida humana, máxime en las circunstancias conocidas. Sin embargo, se deben tener en cuenta varios factores, uno de ellos, es que el sistema de emergencia 9-11 alertó de un caso de violencia doméstica, en apariencia, el joven habría realizado amenazas en contra de la integridad de algunos miembros de su familia, lo cual motivó que una de ellas acudiera a solicitar medidas de protección, por ello, los oficiales de la Fuerza Pública estaban atendiendo una situación en donde posiblemente se les comunicó de una persona alterada o agresiva.

No hace mucho, en la atención de una violencia domestica una oficial de la Fuerza Pública resultó herida de gravedad, al momento en que el presunto agresor desarmó a su compañero y le disparo a ella en la cabeza. Ello quiere decir, que los casos de violencia doméstica, no son para nada sencillos de atender, por el contrario, resultan complicados y de alto riesgo, se trata por lo general de personas agresivas (agresoras), la mayoría de las veces se atrincheran o están en un espacio cerrado, lo cual dificulta las maniobras de intervención, pero, además portan algún tipo de arma (tijeras, cuchillos, destornilladores). Aunque algunos medios tratan de resaltar que el fallecido era menor de edad, lo cierto es que eso no quiere decir que no pudiera ser peligroso, prueba de ello, es que su misma familia aparentemente había recibido amenazas de muerte.

¿Se pudo evitar el fatal desenlace? Sí, si el presunto agresor domestico hubiera respetado la figura de autoridad pública que tenia de frente, o si el Estado hubiese dotado a nuestros policías de armas menos letales (taser), algo que se ha venido solicitando desde hace un buen tiempo, con el taser hubiese sido posible neutralizarlo sin necesidad de forcejeo. Por ahora, un joven perdió la vida, una madre lamenta su partida, cuatro oficiales y sus familias sufren el linchamiento mediático motivado por algún funcionario inescrupuloso, que filtró el video que es parte de una investigación penal. La difusión del video, que fue grabado por los mismos oficiales, posiblemente con la finalidad de respaldar que su actuación seria ejecutada a derecho, tiene como objetivo provocar un linchamiento mediato, procurando generar presión sobre el Ministerio Público y al mismo tiempo sobre los juzgadores penales.

Al efecto, cita nuestra constitución política:

“A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad”.

Por su parte establece el Código Procesal Penal:

“Estado de inocencia. El imputado deberá ser considerado inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia firme, conforme a las reglas establecidas en este Código. En caso de duda sobre las cuestiones de hecho, se estará a lo más favorable para el imputado. Hasta la declaratoria de culpabilidad, ninguna autoridad pública podrá presentar a una persona como culpable ni brindar información sobre ella en ese sentido. En los casos del ausente y del rebelde, se admitirá la publicación de los datos indispensables para su aprehensión por orden judicial”.

Finalmente, si terminado el proceso penal se determina culpabilidad, nuestros uniformados deberán afrontar las consecuencias, por ahora, se les debe respetar la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de defensa.

La pobreza sigue teniendo rostro femenino, ¿hasta cuándo?

Publicada el 08/03/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

– “Con agradecimiento eterno para las mujeres que lucharon por los derechos que disfrutamos hoy”

María Laura Sánchez Rojas, – Coordinadora Unidad de Capacitación y Formación
Lorena Chavarría Martínez – Directiva Nacional
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Un breve repaso a los datos de la Encuesta Continua de Empleo del IV trimestre del año 2020, publicada el pasado 4 de febrero de 2021, por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), nos demuestra que la pobreza continúa teniendo rostro femenino: fuerza de trabajo: femenina 985-masculina 1.46 millones. Población desempleada: 248 mil mujeres, 240 mil hombres. Población fuera de la fuerza de trabajo: 1.02 millones mujeres-577 mil hombres. Tasa de desempleo: 25.2% mujeres-16.4% hombres. Subempleo: mujeres 22.2%-hombres 19.7%.

¿Y si el FMI les dice no?

Publicada el 15/01/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Es ya conocido que la oposición a un eventual “convenio” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por parte de la amplia diversidad de sectores populares, es contundente.

En el caso del Sindicalismo, hasta los líderes afines al Gobierno, están en contra…. Al menos de la boca para afuera, lo cual es “peligroso”.

No obstante, el punto es éste: Dentro de la camarilla gobernante, la del real poder, la que tiene el control de los poderes Ejecutivo y Legislativo, hay personajes de influencia que abrigan la idea de que el FMI no acepte la propuesta que le va a entregar Alvarado Quesada a cambio de que se le “preste” al país los tan cacareados 1.750 millones de dólares.

Es decir que tales sectores dentro de las esferas de la hegemonía política reinante, preferirían que el FMI descalifique al país para que, ahogado éste en su frenesí de atender la deuda pública y su obsceno pago de intereses a cómo dé lugar; tenga que pedir un préstamo “rescate” al Fondo Monetario Internacional pero bajo los parámetros clásicos y fundamentalistas que ellos han acostumbrado; por ejemplo, las privatizaciones abiertas de empresas públicas, eufemísticamente llamadas “venta de activos”.

Que las tasas de interés se incrementen sustancialmente, por una parte; y por otra, que la inflación y la devaluación se disparen, es una carta que consideran los grupos más retrógrados y más inconscientes dentro del bloque que, repetimos, está controlando las decisiones de política y de macroeconomía determinantes.

Esto hace que venga a nuestra mente la posición que, en el período legislativo constitucional anterior, una legisladora (cuyo nombre ni siquiera vale la pena recordar), hizo pública; indicando que era preferible una catástrofe fiscal total para que, sobre las ruinas de la economía, se pudiera construir el “nuevo orden” de la sociedad costarricense, mismo que, por supuesto, es el de la exclusión social y económica radical.

Sin duda alguna, los momentos que estamos viviendo, precisamente en el año del Bicentenario de la independencia política con respecto a España, son sumamente delicados. Jugar con fuego podría ser devastador hasta para esos malos costarricenses que estarían prefiriendo la debacle generalizada en los ámbitos político, económico y social.

Quienes adversamos el “convenio” con el FMI lo hacemos porque estamos convencidos de que, a la tica, podríamos hallar soluciones al problema fiscal: negociadas, pausadas, equitativas y sostenibles. Además, existen personas y entidades de renombre, sumamente calificadas, que han venido expresando el sinnúmero de alternativas viables para atender el desafío fiscal nacional del momento sin los extremismos que albergan los sectores económico-financieros que impulsan una visión de la sociedad costarricense de gran distancia con respecto a las herencias acumuladas de nuestra idiosincrasia.

No podemos dejar de pensar que, por tanto, acudir al FMI sea una estrategia perversamente diseñada en los más oscuros intersticios del círculo del gobernante; con la premeditación funesta de que tal entidad descalifique la solicitud del préstamo de los 1.750 millones de dólares; y, sobrevenga, por tanto, la cascada maléfica de descalificación internacional para con las cifras fiscales del país y, por tanto, de par en par, quede abierta la operación rescate de las finanzas nacionales.

Necesitamos proyectos serios, no los “mantequilla”

Publicada el 26/02/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Posiblemente, muchos (as) recordaran aquella época en la que uno era parte de un grupo, en el cual, la mayoría eran de una edad superior, a los más pequeños nos decían, “usted juega, pero usted es mantequilla”. Lo anterior, es traído a colación en razón del proyecto impulsado por la diputada Zoila Rosa Volio, para el uso del polígrafo en los cuerpos policiales; dicho proyecto me regresó a esa época, para los efectos le llamaremos “el proyecto mantequilla”.

En la Asamblea legislativa fue aprobado el proyecto 21490, disque para determinar la idoneidad de las personas que quieran ingresar a las fueras de policía e inclusive, para detectar posibles “filtraciones” al narcotráfico. En sus discursos, la diputada insistió en que la utilización del polígrafo serviría para identificar si algunos oficiales le pasan información al crimen organizado (cajita blanca), olvida la diputada que tal conducta la pueden desplegar otros funcionarios del sistema de justicia, que no fueron incluidos en el proyecto mantequilla. Además, la diputada Volio reitero en el programa siete días radio, que dicha herramienta no podría ser usada para sancionar o para excluir a futuros aspirantes de policía.

Efectivamente, cita textualmente la nueva legislación “Los resultados de dicha prueba no podrán ser utilizados como medio de coacción o reproche, como causal para sanciones o despido, ni como condicionante para obtener un puesto en alguna fuerza de policía. Tampoco podrán ser utilizados los resultados del polígrafo en procesos judiciales”.

¿Entonces cuáles serían los efectos de su aplicación? Indudablemente, la estigmatización, la exclusión y el reproche, pero, de la misma forma en que se dan en la actualidad, solapadamente al amparo del “régimen de excepción”, sobre el cual se basan para perjudicar a los funcionarios con un traslado que los aleja a cientos de kilómetros de sus hogares, cuando plantean alguna inconformidad o la defensa legitima de un derecho. Aunque la misma legislación “mantequilla” establece que la prueba de polígrafo es voluntaria, en el momento de que algún funcionario se rehúse en aplicarla, no solamente será estigmatizado, será señalado, acosado, perseguido, porque en el Ministerio de Seguridad Pública la presunción de inocencia se invierte, opera la presunción de culpabilidad, el acusado de haber cometido alguna falta, debe demostrar su inocencia.

La promovente de dicho proyecto se dice afín a los policías, posiblemente lo sea, pero a los de la alta jerarquía, porque su iniciativa no viene a favorecer en nada el bienestar de la población policial, por el contrario, le aporta un insumo más al alto mando, para perseguir, acosar, estigmatizar y violentar los Derechos Humanos y laborales de las personas que integran los cuerpos policiales.

Lo que favorece al gremio policial no recibe el mismo apoyo. En la Asamblea Legislativa fue presentado el proyecto 20920, que vendría a dotar a nuestros policías de cobertura 24/7 mediante una póliza de vida y de riesgos profesionales, cuando en el ejercicio del cargo o como resultado del mismo, aun fuera de su jornada laboral sufren algún tipo de agresión ilegitima. Dicho proyecto no ha sido apoyado por las y los diputados, tampoco por el poder ejecutivo. Sobre el particular, podríamos citar un par de proyectos más, que además de justos, resultan necesarios, entre ellos, el uso de armas menos letales (taser) que permita neutralizar a una persona agresiva o violenta, de manera tal que se evite el forcejeo e inclusive, la pérdida de vidas humanas.

En uno de sus discursos en un medio de comunicación, la diputada Volio decía que, el polígrafo es usado en muchas policías e hizo mención de Colombia, pues bien, la policía de dicho país, cuenta con un régimen especial de pensión para los cuerpos policiales, que no solamente reconoce el desgaste que lleva implícito la función policial, sino que permite el relevo generacional oportuno, de forma tal que, los policías que se van a enfrentar a la criminalidad común u organizada, tengan las condiciones óptimas para tales efectos. No se ha entendido, que lo primordial debería ser dotar a nuestros cuerpos policiales de condiciones dignas, de delegaciones funcionales, de equipo, avituallamiento, vehículos, y de un mejor salario. Por ello, necesitamos de proyectos serios, que favorezcan el derecho de las personas que integran los cuerpos policiales y, por ende, la seguridad ciudadana, no más proyectos mantequilla.

Lic. Mainor Anchía Angulo

Abogado

Directivo Nacional de ANEP

Elecciones 2022: pasar factura

Publicada el 13/01/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El domingo 6 de febrero de 2022, los y las costarricenses mayores de 18 años, estamos convocados para la elección de las personas que irían a gobernar el país durante el período constitucional 2022-2026. Estamos a 389 días para el día de las elecciones.

Se trata de la votación para la Presidencia de la República (tres personas); además de las 57 que conformarán la futura Asamblea Legislativa.

La institución sindical en la cual militamos ha decidido promover una campaña digital, por redes sociales (básicamente, aunque no de manera exclusiva), bajo el concepto PASAR FACTURA.

Se trata de fomentar una fuerte sensibilización política a fin de que quienes vayamos a votar en esas elecciones, hayamos realizado una especie de evaluación individual, familiar, sociolaboral, de cómo hemos sido tratados por los diversos partidos políticos que, en los últimos años, han estado en la Presidencia de la República, así como en el parlamento.

En este caso, Asamblea Legislativa, al menos, los partidos más connotados, tanto por ser gobierno y/o co-gobierno; como por ser de oposición de mentirillas, turecas, vendidos; o bien, con una trayectoria de real independencia y de lealtad a los valores comprometidos con las personas electoras a las cuales le pidieron el voto.

Tenemos que considerar que las amplias mayorías de la ciudadanía costarricense, especialmente el gran segmento de su clase trabajadora, ha sido víctima de reiterados engaños por parte de quienes le han venido pidiendo el voto, tanto en las pasadas administraciones gubernativas como en la presente. En ésta, la contundencia de la estafa política cometida es ya inobjetable.

Tales engaños, como indicamos, han representado verdaderas estafas electorales por cuanto quienes pasan a controlar, en la realidad política, tanto la Casa Presidencial como la Asamblea Legislativa, son integrantes “oscuros” de grupos económico-financieros; que no compitieron por votos, sino que se acercaron a las candidaturas diversas con posibilidades de ser electas para darles plata y para posicionar sus agendas particulares que, en términos generales, no son ni las del bien común ni las de la inclusión social y económica.

PASAR FACTURA significa hacer un balance de cuáles partidos, cuáles personajes gobernantes procedentes de los mismos, colocados en los poderes Ejecutivo y Legislativo; se han encargado de empobrecerle a usted y a su familia; le han rebajado-escamoteado su salario; le han arruinado su micro-pequeña y mediana empresa con impuestos abusivos y excesivos; le han dejado sin su terrenito o propiedad agrícola o se lo tienen a punto de perderlo ante la voracidad sin límite de los banqueros…

Se trata de PASAR FACTURA a quienes, le tienen sin empleo porque han sido incapaces de generar la reactivación económica urgente que necesita el mercado interno; especialmente, PASAR FACTURA a los partidos de esos gobernantes insensibles e incapaces de generar trabajo para las miles de personas jóvenes que, sin oportunidades de trabajo y salario decentes, van a parar en la delincuencia y/o en las garras del crimen organizado y del narcotráfico.

Particularmente a nivel del empleo público, las 330 mil personas trabajadoras asalariadas estatales, junto a las personas mayores de edad que integran sus correspondientes familias (alrededor de 1 millón 320 mil personas), deben disponerse a PASAR FACTURA a los gobernantes actuales y a las personas diputadas de la presente Asamblea Legislativas que han venido denigrándolas, calumniándolas, difamándolas, insultándolas, humillándolas, con la serie de comentarios, normas, decretos y legislación contraria a sus derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas; al punto de que están cayendo en violaciones a elementales Derechos Humanos, si nos atenemos a la serie de tratados internacionales que en la materia Costa Rica ha firmado y que son de obligado cumplimiento para el sistema jurídico-constitucional del país.

PASAR FACTURA, en el caso de quienes laboran para el sector Público, implica estar ya observando y anotando cómo se está dando y quiénes lo están ejecutando, el festín ideológico de los grupos de enorme poder económico-financiero que controlan la Casa Presidencial y el parlamento actual, mediando sus operadores políticos en los poderes Ejecutivo y Legislativo; desarrollando estos personajes de carne y hueso, un estrepitoso aquelarre fiscal, en conciliábulos carentes de toda ética y moral como los que han definido los recortes presupuestarios triple “i”: irreflexivos, irracionales, irresponsables, que están ya golpeando, seriamente, programas sociales sensibles para los grupos de personas costarricenses en gran vulnerabilidad económica. Muchísimo más nos queda para comentar y PASAR FACTURA.

Empleo Público: Trituran la Constitución, la ley y el derecho internacional

Publicada el 24/02/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Albino Vargas Barrantes

Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

“La tesis según la cual el Presidente, o el Ejecutivo, debe tener todas las atribuciones en última instancia, la teoría según la cual el Presidente debe ejercer la jerarquía única de la Administración, esa es la teoría estatista o totalitarizante; la de las autonomías, la que busca evitar la concentración del poder, es la tesis democrática.” (Actas Asamblea Constituyente).

Estas sabias palabras fueron pronunciadas durante las discusiones parlamentarias de la asamblea constituyente que estableció la Constitución Política de la República, la del 7 de noviembre de 1949; criterio que expresó al diputado constituyente Rodrigo Facio Brenes, figura muy reverenciada en los ámbitos de la socialdemocracia costarricense, cuando ésta animaba las acciones políticas del hoy neoliberal Partido Liberación Nacional (PLN).

Las sabias palabras de don Rodrigo Facio Brenes nos la recuerda el ciudadano don Manuel Hernández Venegas, quien estima que a él se le puede considerar como el constituyente más lúcido y de mayor convicción democrática de ese proceso histórico que nos diera lo que se conoce en la historia oficial como la Segunda República.

A 71 años de que don Rodrigo Facio Brenes emitiera tan sabio concepto, acerca de la organización de un Estado democrático, al país se le quiere imponer una legislación, la Ley Marco de Empleo Público, de corte totalitario-autoritario, verticalista y absolutista, que arrasa con las autonomías institucionales establecidas en la Carta Magna de 1949, precisamente para evitar la concentración del poder. El legado de ese ilustre ciudadano está en el cajón de la basura de alguna esquina sucia del Balcón Verde.

Estamos viviendo tiempos tormentosos dado que la plutocracia gobernante, ya no solamente controladora del poder hegemónicamente real que le permite hacer lo que le da la gana con la Casa Presidencial y con la Asamblea Legislativa; quiere la constitución legal-formal de ese Estado de corte totalitario-autoritario, para hacer triunfar su tesis liquidacionista de toda política pública que procure el bien común; dando paso a la dictadura ideológica, político y económica, del todo mercado-nada Estado. En su perverso afán, están triturando la Constitución y la Ley.

Pero, ¡van más lejos aún! Han decidido ignorar las obligaciones del país, establecidas por la propia Asamblea Legislativa de Costa Rica, con entidades de peso a nivel de la comunidad mundial de naciones, como lo es la Organización Internacional del Trabajo (OIT), parte esencial del sistema de las Naciones Unidas (ONU).

La OIT se muestra alarmada con los contenidos autoritarios-totalitarios del proyecto Ley Marco de Empleo Público. La importante instancia de OIT, conocida como la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR-OIT), en su reunión del pasado diciembre 2020, misma que consideró reiteradas denuncias de sindicatos costarricenses sobre este tópico; nos lleva a determinar lo siguiente: A) El proyecto Ley Marco de Empleo Público, expediente legislativo 21.336, violenta el Convenio No. 98-OIT. B) El esquema de salario único global quebranta este instrumento internacional de Derechos Humanos, porque impide la negociación colectiva de las remuneraciones. C) El proyecto no se ajusta a los estándares internacionales en materia de Libertad Sindical y de Negociación Colectiva.

Las personas y los sectores impulsores, ideológico-políticos, de la Ley Marco de Empleo Público, no solamente está triturando la Constitución y la Ley nacional, sino que también han decidido pasarle por encima a las obligaciones internacionales del país en la materia laboral-social y de Derechos Humanos.

Esta especie de coalición transgresora de los valores inmanentes a los postulados constitucionales de 1949, como nos lo dejó sentados el constituyente don Rodrigo Facio Brenes; así como también trasgresora de la vocación soberana del país para con el respeto pleno a los postulados contenidos en todos los tratados internacionales de Derechos Humanos suscritos por Costa Rica; posibilita que consideremos mecanismos democráticos de alta calidad conceptual en el plano político, como la Desobediencia Civil para la defensa popular.

Puede ser que esté llegando la hora de que este tipo de mecanismos de defensa popular merezcan debate activo, como para que en el seno de los sectores cívico-populares y socio-sindicales, no alineados con el totalitarismo-autoritario en proceso, pero sí con la real democracia, empecemos a hablar de ellos con fuerte convicción de su materialización concreta en el estado actual de situación que muestra una plutocracia desbocada, en carrera loca, contra toda racionalidad.