Categoría: Opinión

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

“Los que hoy vienen en bicicleta, con el TLC vendrán en motocicleta BMW, y los que vienen en un Hyundai, vendrán en un Mercedes Benz, en esto consiste el desarrollo”.

Fue éste uno de los principales “argumentos” de la demagogia de Óscar Arias Sánchez, cuando en el ejercicio de su segunda Presidencia de la República (2006-2010), se metió de lleno en la campaña a favor de que el país tuviera un tratado de “libre comercio” (TLC), con los Estados Unidos.

Los indicadores sociales y económicos que tenía el país a la llegada de la pandemia del covid-19, en marzo de 2020, daban cuenta de que el tal TLC no vino a contribuir, de manera sólida, a la inclusión económica y social.

A esa fecha, por ejemplo, el desempleo era ya altísimo, especialmente en el ámbito de la población joven; la informalidad se acercaba al 50% de la Población Económicamente Activa (PEA). ¡Y ni qué decir del alto déficit fiscal y el crecimiento fuerte de la deuda pública, sin que se hubiesen dado cambios profundos en el sistema tributario!

“Denme el TLC y yo les doy la reforma tributaria”, fue otra frase de campaña a favor de ese TLC que utilizó Óscar Arias Sánchez. La demagogia de la misma, así como las terribles consecuencias que implicó no hacer esa reforma tributaria, hoy, a 13 años de la aprobación (imposición de dicho tratado), nos tiene al borde de un colapso fiscal cercano al default.

Bien sabía el indicado político que, con ese tipo de TLC, el país perdería entre 2 puntos y 2.5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), en impuestos que el fisco dejaría de percibir por el proceso de desgravación arancelaria (potenciado por el “clásico” desastre del Sistema Aduanero Nacional). Nunca se repuso ese faltante fiscal y nunca llegó la reforma tributaria que el país necesitaba… y sigue necesitando hoy más que nunca.

Don Óscar Arias Sánchez, los grupos económico-financiero de los cuales es él representante y vocero, así como los medios del negocio de las noticias practicantes del periodismo de odio que siempre le han respaldado; tienen una enorme responsabilidad por el grave proceso involutivo que sufre la sociedad costarricense de la actualidad, al punto de que estamos ubicados dentro del grupo de diez países más desiguales del planeta.

Él, que tiene una cuenta pendiente que saldar con los sectores pobres y desposeídos del país; e incluso, ahora podemos agregar a los sectores medios, tiene menos autoridad moral que nunca antes cuando está abogando porque el país se enjarane más todavía con el préstamo que se le quiere imponer a la población, del crédito de los 1.750 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Yo le he pedido a los diputados del PLN que le ayuden al país», dice el señor Arias Sánchez. Y nosotros nos preguntamos: ¿A cuál país? ¿Al país de 8 puntos PIB de robo de impuestos? ¿El país de 6 puntos PIB de exenciones-exoneraciones empresariales abusivas? ¿Al que está en el Top 10 de los más desiguales del planeta?

“Yo le he pedido a los diputados del PLN que le ayuden al país», ¿A cuál país? ¿Al de las zonas francas con 379 mil millones de colones 17 en exenciones? ¿Al de los banqueros que multiplican hasta en un 168% sus ganancias mediando los intereses de la deuda pública?

Con un nivel de endeudamiento público imposible de pagar, al menos en la forma brutal en que lo vienen haciendo, con ese indescriptiblemente perverso pago diario de intereses (cerca de 5 mil millones de colones cada 24 horas); un ciudadano como Óscar Arias Sánchez, debería estar procurando un proceso nacional acercamiento entre los sectores sociales y políticos cada vez más confrontados entre sí; y no, atizar él la hoguera de la confrontación, agregando más leña al fuego de la confrontación, con la propuesta fondomonetarista que no vendrá a resolver el problema de fondo, sino que lo agravará.

La verdad es que no otra cosa se esperaría del señor Óscar Arias Sánchez, considerando que él es parte privilegiada en la Costa Rica atormentada por la exclusión y por la desigualdad. Él se siente “águila” y los caracoles que se caigan por el despeñadero.

Albino Vargas Barrantes Secretario General (ANEP)

El Ministerio de Hacienda acaba de dar a conocer las principales cifras macro-fiscales del recién pasado año 2020. Cada vez que su máximo jerarca político, con Elián Villegas Valverde abre la boca para hablar de todos estos temas y sus aspectos conexos, uno siente mucha desconfianza pues su credibilidad está muy mermada, a raíz de sus contradicciones públicas con otras personas integrantes del gabinete ministerial y su equipo económico.

De los datos que dio a conocer, queremos llamar la atención en uno de ellos: es el pago de los intereses de la deuda pública. El pasado año 2020, hubo que pagar a sus acreedores, solamente por concepto de intereses, una cantidad difícil de imaginar: 1 billón 700 mil millones de colones. Ni un cinco fue para amortizar al principal de esa deuda pública.

En números, esa gran cantidad se representa así: 1.700.000.000.000.

Esta espeluznante carga de fondos públicos, destinados solamente a pagar intereses de la deuda pública, se puede desglosar de la siguiente manera:

141 mil 666 millones, 666 mil 666 colones, POR MES (141.666.666.666).

4 mil setecientos veintidós millones, 222 mil 222 colones, POR DÍA (4.722.222.222).

196 millones 759 mil 259 colones, POR HORA (196.759.259).

3 millones 279 mil 320 colones, POR SEGUNDO (3.279.320).

En múltiples ocasiones y desde hace ya bastante tiempo, la corriente sindical en la cual desarrollamos nuestra lucha social cotidiana, ha venido insistiendo en la brutalidad de la agresión a las finanzas públicas que representa el altísimo endeudamiento público y la terrible carga de su pago de intereses.

Lo que nos pasó en el 2020, según usted puede ver en el detalle de las cifras indicadas en el párrafo anterior de este comentario, es la constatación más dramática de esta especie de crimen contra toda la sociedad que significa esa deuda-país, cercana ya a los 40 mil millones de dólares.

1 billón 700 mil millones de colones en pago de intereses, solamente en el año 2020, equivale a la no menos gigantesca cantidad de 2 mil 764 millones 227 mil 642 dólares. Dicho de otra manera, 2 mil 765 millones de dólares en pago de intereses, es 1.85 superior a la cifra de 1.750 millones de dólares del ya polémico crédito que se le quiere imponer a la sociedad con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Es decir, el pago de intereses de la deuda pública el año pasado, es casi dos veces la cantidad solicitada por el gobierno al FMI.

No es el salario de las personas trabajadoras asalariadas lo que nos llevó hasta aquí. Gran parte de la responsabilidad del desastre fiscal que obliga a tan espantoso pago de intereses de la deuda pública, tiene que ver (entre otros aspectos), con la no menos corrupta evasión y elusión fiscales de la última década, anterior al año de la llegada de la pandemia al país.

Hablamos de que durante la década 2010-2019, se dio, en promedio anual, un fraude tributario del orden de los 3 mil 800 millones de dólares. En esos diez años, por coincidencia macabra, los depósitos del público en moneda extranjera, en los bancos públicos y privados, era de una cantidad muy cercana, a la suma de los recursos que el fisco nunca recibió en esa década 2010-2019. ¿Qué conexiones hubo? Sería muy interesante tener plena claridad en algún momento.

Hoy, ante el panorama fiscal y ante el riesgo para el país de quedar atrapado en las redes del FMI (por más que ahora intenten vendernos su nueva imagen), hemos llegado a la más fuerte convicción de que no habrá solución a la crisis fiscal nacional que está en desarrollo, sin atender, con bisturí político de fuerte consistencia, el tema de la deuda pública y de su pago de intereses estratosféricos.

Hay que hacer reingeniería financiera de esa deuda; reestructurarla de múltiples formas, pero no para su manejo gubernativo-circunstancial; sino para detener el estrangulamiento de las finanzas públicas en el corto, mediano y largo plazo. Hay que proceder a redefinir las tasas de interés que el Estado está pagando por esa deuda. En términos más integrales, el tema fiscal requiere de un real pacto fiscal.

No se vale seguir sacrificando “a los y a las de abajo”, llevándose ya, también, hacia el despeñadero a “los y a las de en medio”; en aras de seguir preservando un perverso y catastrófico “status quo” de la deuda pública con esa carga de intereses imposibles de seguir pagando a las tasas actuales, por una parte; y por otra, sin modificar para nada el fraude tributario estructural. La discusión y la solución debe ser integral.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

En el período constitucional de la actual Asamblea Legislativa, 2018-2022, hay un partido político que ha sobresalido, a través de su fracción parlamentaria, en el ataque desalmado contra las personas trabajadoras asalariadas del sector Público: es el Partido Liberación Nacional (PLN).

Sabemos que todavía quedan en el PLN ciudadanos y ciudadanas que, pese a la traición de los originales valores socialdemócratas por parte de la cúpula ideológico-política que lo hegemoniza en la actualidad, siguen creyendo en el ideal liberacionista; sin embargo, no cuentan, no tienen peso, no inciden en el rumbo anti-obrero de este partido político, al cual se le atribuye gran parte de la institucionalidad republicana establecida, centrada en un Estado Social de Derecho, hoy en proceso de extinción.

Estamos promoviendo una campaña (básicamente digital), de sensibilización política de cara a las elecciones presidenciales y legislativas del 6 de febrero de 2022; estando ya a 382 días de esos sufragios; pretendiendo que, al momento de emitir el voto, procedamos a PASAR FACTURA a los actuales partidos políticos del co-gobierno en cuanto a la agresión que han sufrido los derechos laborales y económico-sociales de las personas trabajadoras, particularmente las del sector Público. Tal agresión anti-obrera también la ha sufrido y la sufre, la clase trabajadora asalariada del sector Privado.

Sin duda alguna es el PLN y su fracción parlamentaria (con honrosas excepciones), el que ha liderado, y lo continúa haciendo, el ataque artero al sector público, a su institucionalidad, así como el mundo obrero que en él labora.

Fue la fracción parlamentaria del PLN, la principal gestora, político-ideológica y político-operativa, de la detestada ley del combo fiscal, en el 2018; impuesta con diversas triquiñuelas de orden parlamentario y constitucional; legislación que tanto daño ha causado.

Fue la fracción parlamentaria del PLN, la principal gestora, político-ideológica y político-operativa, de la ley antihuelgas o ley mordaza, cercenando así un derecho humano universalmente reconocido de obligado cumplimiento para el país; así como violentando legislación obrera internacional de diverso orden.

Y, en estos momentos, es la fracción parlamentaria del PLN, la principal gestora político-ideológica y político-operativa de la actual legislación en trámite sobre empleo público; mostrando una fuerte carga contra la integridad psicológico-emocional, la seguridad laboral-social y económico-financiera de las 330 mil familias asalariadas del sector Público; ejecutando el PLN esta ofensiva en coordinación estratégica con el periodismo de odio y sus principales expresiones mediáticas.

Esta perversa tríada de legislación (el combo fiscal, la ley anti-huelgas o ley mordaza, y el proyecto de empleo público), llevan el sello liberacionista, el sello del PLN; y, las tres representan la última fase en el proceso de su degeneración político-ideológica para convertirse en un partido neoliberal en el amplio sentido del término.

Ha sido la fracción parlamentaria del PLN (con honrosas excepciones), la ejecutora principal de este ataque artero contra la clase media, hoy sumamente vulnerada, ligada al sector Público; pues no solamente ese ataque ha sido contra quienes laboran en él y sus familias, sino también a las micro-pequeñas y medianas empresas que han ayudado a destruir, con su co-gobierno ejecutivo y legislativo con el PAC.

Precisamente, el PAC ha jugado, ejerciendo el Gobierno y su desteñida fracción, un penoso rol de partido vasallo, de furgón de cola, recibiendo línea directa del PLN en cuanto a la indicada tríada perversa de legislación, entre otros ámbitos nefastos del período gubernativo todavía en curso.

Por eso, en esto de PASAR FACTURA de cara a las elecciones legislativas y presidenciales del 6 de febrero de 2022, el PLN y sus candidatos representan la colectividad partidaria que más es merecedora de reclamo cívico por parte de la persona votante del sector público y sus familias. Y, sin lugar a dudas, este PASAR FACTURA debe extenderse al voto trabajador del sector laboral privado. El PLN y su fracción, con su co-gobierno con el PAC, son responsables directos de la precariedad salarial, del desempleo, de las reducciones abruptas de jornada, de la quiebra de cientos y cientos de micro-pequeñas y medianas empresas.

Otros partidos políticos con representación parlamentaria, como el PUSC, también merecen severa auscultación obrero-social en esto de PASAR FACTURA en las votaciones del 6 de febrero. Sin embargo, es el PLN y su partido vasallo, el PAC, los que han estado y siguen estando en la ofensiva anti-obrera más descarnada, desde que fuera el propio PLN, el partido líder y gestor ideológico de la Segunda República, surgida en 1949.

Cuesta creer que en esas elecciones hubiese alguna persona trabajadora asalariada del sector Público, y sus familiares, que le diera su voto en el 2022. Definitivamente, en cuanto a PASAR FACTURA, es el PLN la entidad partidaria a la cual hacer el más duro y mayor cobro cívico.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El espacio de esta semana lo hemos cedido a nuestras estimadas compañeras de lucha María Laura Sánchez Rojas y Lorena Chavarría Martínez, con su comentario compartido a propósito del DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER; y como homenaje de nuestra parte a las compañeras luchadoras sociales integrantes de la Junta Directiva Nacional (JDN) de la ANEP y las que forman parte del equipo político-técnico de la gestión cotidiana de la agrupación.

“Con agradecimiento eterno para las mujeres que lucharon por los derechos que disfrutamos hoy”

Este día nos lleva a recordar y agradecer por la vida de esas 100 mujeres costureras industriales de la fábrica Sirtwood, ubicada en Estados Unidos de América, quienes se levantaron en huelga un 8 de marzo de 1908, para demandar un salario digno, una jornada laboral de 10 horas y prohibir el trabajo infantil.

Fueron carbonizadas en la fábrica… a puerta cerrada les prendieron fuego; haciendo un cruel recordatorio de la quema de “brujas”; así se le calificaba a mujeres luchadoras, con amplio conocimiento y sobre todo con voz y criterio propio, de esta manera educaban a la sociedad, por medio del (mal) ejemplo de lo que le sucede a quienes reclaman, máxime si se es mujer.  

Han pasado 113 años de este acontecimiento que se hizo público, pero a saber cuántos más hay en el anonimato y si no que lo digamos las mujeres de la actualidad, pero no cualquier mujer, entre nosotras hay diferencias claras, diferencias sociales y económicas principalmente.

Un breve repaso a los datos de la Encuesta Continua de Empleo del IV trimestre del año 2020, publicada el pasado 4 de febrero de 2021, por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)[1], nos demuestra que la pobreza continúa teniendo rostro femenino: fuerza de trabajo: femenina 985-masculina 1.46 millones. Población desempleada: 248 mil mujeres, 240 mil hombres. Población fuera de la fuerza de trabajo: 1.02 millones mujeres-577 mil hombres. Tasa de desempleo: 25.2% mujeres-16.4% hombres. Subempleo: mujeres 22.2%-hombres 19.7%.

A pesar que la indicada información no abarca lo referente al perfil de las mujeres afectadas, sabemos muy bien que son las mujeres jefas de hogar, discriminadas en sus lugares de trabajo, las que deben tener más de un empleo para justo cubrir, y en muchos casos no totalmente, las necesidades básicas, que ya antes de la pandemia era difícil llegar al fin de mes o al pago de servicios públicos, esta situación la hizo mucho, mucho más difícil, según lo evidencia la Encuesta Continua de Empleo.

Muchas de estas mujeres, no levantan su voz por temor o peor aún, por creer no ser merecedoras de derechos y aunque es posible que desconocen la historia del 8 de Marzo, en el imaginario colectivo represor se mantiene vigente la “quema de brujas, la quema de mujeres que se hacen escuchar”, pero no se puede evitar preguntarse ¿no es que se nos quema, al cercenar nuestros derechos, al violentarnos, al invisibilizarnos, al irrespetarnos con frases sexistas, cuando nos levantan la voz y nos tratan con palabras y frases groseras, pero no somos merecedoras de una disculpa, cuando nos pagan menos cumpliendo las mismas funciones y atestados, cuando debemos callar para no perder el empleo?  

Es imperativo que caminemos hacia una sociedad más democrática, inclusiva, respetuosa, igualitaria, equitativa, y esto supone de forma inequívoca avanzar en el reconocimiento y ante todo el respeto de los derechos económicos, sociales, culturales, políticos, progresar en mayor igualdad y equidad en el acceso a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social y empleo decente.

Como organización sindical responsable, nos corresponde reivindicar por medio de la incidencia política, para que se respeten los derechos laborales, sindicales, económicos, sociales, políticos de las mujeres trabajadoras, para que se garanticen puestos de trabajo seguros, sin algún tipo de violencia, sea laboral, sexual y/o política, asegurando una buena formación en salud ocupacional, poniendo en marcha los mecanismos que faciliten y certifiquen nuestra seguridad; así como cerrar brechas salariales y asumir el tema del cuido de nuestras familias, de manera conjunta y de esta manera abrir espacios para que las mujeres podamos contar con tiempo para capacitarnos y formarnos como personas trabajadoras y profesionales. Para que podamos responder la pregunta ¿hasta cuándo? Diciendo, hasta aquí…

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[1] https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/coeceivt2020.pdf

Albino Vargas Barrantes Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

207 dólares más caro, es el pago que deben hacer las empresas usuarias de los muelles de Limón y de Moín, por mover sus correspondientes contenedores, de lo que les cobraba Japdeva, antes de que a ésta le expoliaran la operación portuaria que tenía en condición de monopolio desde su establecimiento como empresa pública nacional, destinada al desarrollo socioeconómico de la vertiente atlántica costarricense.

El monopolio privado resultó ser más caro que el monopolio público.

Sacar a Japdeva del mercado de la operación portuaria de contenedores en los muelles de la costa limonense fue un asunto meramente ideológico: la clase plutocrática gobernante que mantiene su poder incólume, aunque las administraciones ejecutivas sean del PLN, del PUSC o del PAC; impuso el proceso que determinó el establecimiento del monopolio privado APM-Terminals, aunque éste resultó más caro para el empresariado usuario de esos muelles.

Sin embargo, es fácil colegir que esos 207 dólares de más que implica mover cada contenedor en la terminal costera de APM-Terminals, no los está pagando el usuario de la misma, pues es lógico suponer que ese costo mayor fue trasladado, está siendo trasladado, a los consumidores finales de las materias primas y de los productos finales que se importan entrando al país por los muelles que ahora administra la transnacional holandesa.

Todo el proceso sociopolítico y económico que se generó para la imposición de esta concesión portuaria que, sin duda alguna, podemos ahora calificar como leonina; fue adversada por una importante cantidad de sectores y organizaciones cívico-patrióticos, dentro de los cuales resaltó el papel de la organización obrera de Japdeva, el sindicato Sintrajap.

Sin duda alguna, la historia del expolio del patrimonio público del país en los años de la hegemonía política del neoliberalismo en Costa Rica, tendrá un capítulo especial para reseñar el histórico papel jugado por esta importante agrupación sindical, en lo que atañe a los muelles del Atlántico.

También, desde la corriente sindical que motiva nuestra lucha social cotidiana, dimos nuestro aporte opositor a que se instaurara el monopolio privado APM-Terminals. Fue un largo caminar, mucho del cual estuvo argumentativamente bien fundamentado.

Uno de los puntos más fuertes de la oposición cívico-sindical hacia esta leonina concesión fue, precisamente, que las tarifas de la operación portuaria de contenedores subiría, sustancialmente. La realidad nos dio la razón.

Sin embargo, se impuso el fanatismo extremista del lucro desenfrenado a partir de la apropiación privada del patrimonio público. Al respecto, este caso de Japdeva es paradigmático, tanto como lo es -por ejemplo-, las concesiones leoninas de varias estratégicas carreteras nacionales.

La molestia del empresariado por el alto costo de las tarifas portuarias de los muelles administrados por APM-Terminals, ha “obligado” al gobierno actual a establecer una comisión para ver si se baja el excesivo costo actual de la movilización de un contenedor. La transnacional, empoderada como está, ha dicho que sí estaría dispuesta a considerar una reducción de esas altas tarifas, sin embargo, no está en condiciones de perder un solo centavo de dólar de lo que ella denomina la inversión.

Como se dice popularmente, APM-Terminals no está dispuesta a arrancar pelos sin sangre. Plantea que estaría considerando bajar las altas tarifas actuales, sí y solo sí: a) le amplían el plazo del contrato; b) ajuste para un nuevo cronograma de inversiones; c) revisión del canon que debe pagar para el desarrollo de Limón (es decir, bajar el monto de ese aporte), d) que el Estado le construya obras adicionales y le compre nuevo equipamiento; e) que el Estado le subsidie en un monto igual al que rebajaría la tarifa. Como dice nuestro pueblo: “¡cuidado pierde!”.

La historia del expolio de Japdeva por parte de la clase plutocrática gobernante no ha terminado de escribirse. El pueblo de Limón no ha dicho su última palabra.

Adicionalmente, una de las razones por las cuales el alto costo de la vida en Costa Rica se considera de los más altos de la América Latina se explica, precisamente, por el costo excesivo de las tarifas de operación portuaria que hoy ha impuesto APM-Terminals.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Es ya conocido que la oposición a un eventual “convenio” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por parte de la amplia diversidad de sectores populares, es contundente.

En el caso del Sindicalismo, hasta los líderes afines al Gobierno, están en contra…. Al menos de la boca para afuera, lo cual es “peligroso”.

No obstante, el punto es éste: Dentro de la camarilla gobernante, la del real poder, la que tiene el control de los poderes Ejecutivo y Legislativo, hay personajes de influencia que abrigan la idea de que el FMI no acepte la propuesta que le va a entregar Alvarado Quesada a cambio de que se le “preste” al país los tan cacareados 1.750 millones de dólares.

Es decir que tales sectores dentro de las esferas de la hegemonía política reinante, preferirían que el FMI descalifique al país para que, ahogado éste en su frenesí de atender la deuda pública y su obsceno pago de intereses a cómo dé lugar; tenga que pedir un préstamo “rescate” al Fondo Monetario Internacional pero bajo los parámetros clásicos y fundamentalistas que ellos han acostumbrado; por ejemplo, las privatizaciones abiertas de empresas públicas, eufemísticamente llamadas “venta de activos”.

Que las tasas de interés se incrementen sustancialmente, por una parte; y por otra, que la inflación y la devaluación se disparen, es una carta que consideran los grupos más retrógrados y más inconscientes dentro del bloque que, repetimos, está controlando las decisiones de política y de macroeconomía determinantes.

Esto hace que venga a nuestra mente la posición que, en el período legislativo constitucional anterior, una legisladora (cuyo nombre ni siquiera vale la pena recordar), hizo pública; indicando que era preferible una catástrofe fiscal total para que, sobre las ruinas de la economía, se pudiera construir el “nuevo orden” de la sociedad costarricense, mismo que, por supuesto, es el de la exclusión social y económica radical.

Sin duda alguna, los momentos que estamos viviendo, precisamente en el año del Bicentenario de la independencia política con respecto a España, son sumamente delicados. Jugar con fuego podría ser devastador hasta para esos malos costarricenses que estarían prefiriendo la debacle generalizada en los ámbitos político, económico y social.

Quienes adversamos el “convenio” con el FMI lo hacemos porque estamos convencidos de que, a la tica, podríamos hallar soluciones al problema fiscal: negociadas, pausadas, equitativas y sostenibles. Además, existen personas y entidades de renombre, sumamente calificadas, que han venido expresando el sinnúmero de alternativas viables para atender el desafío fiscal nacional del momento sin los extremismos que albergan los sectores económico-financieros que impulsan una visión de la sociedad costarricense de gran distancia con respecto a las herencias acumuladas de nuestra idiosincrasia.

No podemos dejar de pensar que, por tanto, acudir al FMI sea una estrategia perversamente diseñada en los más oscuros intersticios del círculo del gobernante; con la premeditación funesta de que tal entidad descalifique la solicitud del préstamo de los 1.750 millones de dólares; y, sobrevenga, por tanto, la cascada maléfica de descalificación internacional para con las cifras fiscales del país y, por tanto, de par en par, quede abierta la operación rescate de las finanzas nacionales.