Categoría: Opinión

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Pese al ridículo de Casa Presidencial intentando desmentirlo lo que ya era un secreto a voces, el propio Alvarado quesada anunció, poquito después de ese “desmentido”, la salida de su gobierno de don Marcelo Prieto Jiménez, como Ministro de la Presidencia; salida que más bien tiene carácter de destitución que de renuncia.

Todavía no comprendemos qué razones llevaron a este costarricense a “matricularse” con el presidente más impopular y de menos credibilidad, desde que se hacen encuestas que miden la aceptación del gobernante por parte de la ciudadanía.

La verdad es que don Marcelo tenía, ¡sí!, tenía cierta credibilidad en el seno de la golpeada y excluida comunidad socialdemócrata que todavía sigue creyendo que el PLN es de esa ideología política. Don Marcelo quedará manchado por ser parte del gobierno más neoliberal de los tiempos de la Segunda República; y, en los momentos en los cuales, siendo el Ministro de la Presidencia, se le voló garrote al pueblo que manifestó oposición a que se entregue al país al Fondo Monetario Internacional (FMI).

¿Le habrá dado a don Marcelo algún “remordimiento de conciencia”, como para negociar su salida en modo renuncia? ¿Se podrá don Marcelo “políticamente exorcizar” si relata los entretelones de palacio que están estrangulando el Estado Social de Derecho que su partido, alguna vez, propició y tuteló?

Pese a lo anteriormente apuntado, queremos centrarnos en que hemos llegado al convencimiento de que no se ocupa, en los actuales momentos políticos que vive el país, de un Ministro de la Presidencia.

Como la corriente ideológica dominante en el seno de la política pública es anti-Estado por los cuatro costados, bien haría el presente Gobierno en no nombrar a nadie en ese cargo, economizando lo que tiene que ver con el pago de planilla y otros gastos administrativos que genera tal posición. Aunque ya se anunció a la persona que sucederá a don Marcelo, nuestro planteamiento sigue teniendo una lógica política sólida por las siguientes dos razones.

Veamos la primera. Fue la ahora exministra de Estado, doña Patricia Mora Castellanos, quien denunció la excesiva intervención en los asuntos de gobierno de intereses corporativos a espaldas del pueblo costarricense. Muchos pensamos que se trata de los del grupo mega-empresarial que se nuclea en torno al señor André Garnier Kruze, a quien se le asigna un poder político supra-presidencial, dejando a Alvarado Quesada como presidente formal. Aunque de seguro, debe haber otros sectores económicamente poderosos que golpean el escritorio presidencial reclamando su tajada.

En tal estado de situación, una persona como ministro de la Presidencia, es un adorno, un “artículo político de segunda” en la mesa del poder. Otro costarricense, también ministro de Estado que ya no lo es, por supuesto, nos lo confirmó: el real poder en Zapote hace innecesario el rol de este tipo de puesto político. A lo sumo, el Ministro de la Presidencia se convierte en un “notificador político” con jugoso salario.

Segunda razón: Ese tipo de poder corporativo y mega-empresarial, con otros de similar naturaleza, logran doblegar la voluntad de diputados y de diputadas de la actual Asamblea Legislativa; así reconocido por el legislador oficialista Luis Ramón Carranza Cascante. En el parlamento costarricense, otrora conocido como “primer poder de la República”, las grandes líneas de legislación son proyectos de ley que impulsan derogar la búsqueda del bien común para fortalecer la máxima satisfacción corporativa del afán de lucro con la cosa pública; líneas que se determinan en otros espacios que no son el legislativo. En este caso de cosas, quien ocupe el Ministerio de la Presidencia no juega rol alguno. Se le notifica qué es lo que va y punto. La orden de legislar llega de afuera del parlamento.

Finalmente, si el supra-poder presidencial está en otro lado y no en el de la persona constitucionalmente electa, bien haría ésta, en este caso Alvarado Quesada; que él, por motivos de economía política procesal y ahorro fiscal, asuma como “recargo” el Ministerio de la Presidencia.

Tenemos un logo esencial y otro de exportación de droga, así tituló Diario Extra información periodística sobre denuncia planteada por el señor Luis Fernando Quesada Coghi, Vicepresidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), publicada en la edición del pasado lunes 21 de diciembre (página 13); vehemente clamor empresarial que nos da cuenta de un grito desesperado de denuncia de lo que para nosotros resulta ser el imparable avance del narcotráfico en el seno del tejido social costarricense, por arriba y por abajo.

Textualmente, según indicó la nota de prensa en mención, el citado dirigente empresarial habló con preocupante e indignante contundencia: “Por un lado, el ICT (Instituto Costarricense de Turismo) hace publicidad de atracción de turistas con un logo Esencial y ahora tenemos otro logo de exportación de droga. Es incongruente, como país debemos tomar decisiones y esta es una decisión política y de seguridad”.

Junto al esfuerzo de las autoridades gubernamentales para posicionar el Esencial Costa Rica como la marca-país que nos distingue en cuanto a mercado confiable atrayente de turismo y de inversiones seguras; resulta ahora que estamos resaltando como gran país exportador de droga, dado los constantes decomisos de estupefacientes camuflados en exportaciones de piña y de banano en puertos europeos que nos exhiben, prácticamente, como nación-narco en el amplio sentido del término: consumo, almacenaje y exportación.

El sector exportador representado en Cadexco afirma que ya han pasado nueve años (gobiernos de Laura Chinchilla Miranda -PLN- y las dos del PAC: Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Alvarado Quesada), que no han hecho absolutamente nada, contundente, consecuente y necesario, para que todos los puestos aduanales y fronterizos del país, tuvieran instalados los escáneres para auscultar el contenido del cien por ciento de los contenedores que sacan del país los productos exportables dentro de los cuales se camufla y esconde la droga.

Uno de los aspectos que más nos llamó la atención de la denuncia de Cadexco es que se indica conocer de las “…operaciones clandestinas donde bautizan los contenedores camino a los puertos, …”; una afirmación que compromete, seriamente, la transparencia de las máximas autoridades políticas de la seguridad del país. Efectivamente, luego de esta nota de prensa que venimos comentando, no vimos reacción alguna por parte de las entidades a las que debe demandárseles cuentas serias.

No debemos minimizar los esfuerzos sanos que realizan las autoridades policiales honestas en el combate al narcotráfico. Sin embargo, no expresan una decisión política agresiva al máximo nivel, empezando porque cada vez más las debilitan, negándoles presupuesto, en una acción maléfica que pudiera ser parte de un macabro plan hacia el narco-Estado total.

Por supuesto, nadie en la clase política tradicional habló de esto. En la Asamblea Legislativa actual las prioridades son la reversión del Estado Social de Derecho, minar las bases democrático-institucionales del mismo, acabar con derechos laborales y dar paso a las privatizaciones faltantes; habida cuenta de que la abrumadora mayoría de las actuales personas diputadas son susceptibles a que los agentes del gran capital empresarial para el cual trabajan en serio, les tuercen sus brazos. No podemos descartar que algunas curules legislativas se hayan logrado con dinero sucio del narcotráfico y por eso estos temas no merecen atención política a este nivel.

Particular mención merece lo que sucede a nivel de otra cámara empresarial, la de productores y exportadores de piña, Canapep, especialmente en la zona norte del país. Los productores honestos de la zona viven un gigantesco drama debido a la competencia desleal que representa la inserción de capitales sucios en la actividad piñera. Estos dineros lavados están saboteando el trabajo limpio en la producción de piña para la exportación. Lamentablemente, no cuentan con el respaldo del funcionariado público llamado a combatir la actividad sucia del narcotráfico. Corrupción por todo lado.

La salud moral, ética, ambiental, económica y sociolaboral de la República está en peligro porque el avance del narcotráfico sigue imparable. Si los políticos con poder para intervenir en el proceso han sido silenciados, corresponde a las fuerzas sanas de la convivencia democrática asumir un estratégico e histórico papel al respecto. Una alianza obrero-empresarial, por ejemplo, en la producción piñera para poner límites a la competencia desleal, pueda ser un fuerte paso que construya el necesario contrapeso a la política sucia que, lamentablemente, ya influencia elecciones.

POLÍTICOS SILENCIADOS: EL AVANCE DEL NARCOTRÁFICO SIGUE IMPARABLE

Albino Vargas Barrantes

Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Artículo semanal, el No. 964 para la

Página de Opinión de

DIARIO EXTRA

El más leído y el de mayor circulación del país

 Miércoles 30 de diciembre de 2020

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

La pandemia nos restregó en nuestro rostro-país, cuán desigual nos habíamos vuelto como sociedad. Y ya habíamos alcanzado, sin pandemia, la deshonrosa posición de estar entre los diez países más desiguales del mundo.

En la década previa a la llegada del covid-19, 2010-2019, el robo de impuestos en todas sus dimensiones; la evasión fiscal descarada, camuflada y cínicamente abierta; así como el abusivo sistema de exenciones-exoneraciones empresariales, junto al vergonzoso y descarado contrabando; todo junto, estaba arrojando la escalofriante cifra de unos 3 mil 500 millones de dólares, promedio anual, que se acumulaban en manos inescrupulosas de los dueños del real poder en Costa Rica.

Un modelo económico más que fracasado, gerenciado a nivel de los sucesivos gobiernos del tripartidismo PLUSC-PAC, generó las condiciones para la acumulación de esa gigantesca cantidad de dinero mal habido en pocas manos, unos 35 mil millones de dólares; suma estratosférica dentro de la cual es muy posible que ya entró a jugar en los casinos financiero-bancarios, la plata sucia del narcotráfico y del crimen organizado.

Ahora, en plena pandemia, nos están cobrando como pueblo trabajador una deuda pública imposible de pagar; nos aterrorizan con el alto déficit y el cataclismo fiscal que no termina por llegar; empezaron ya con los recortes presupuestarios a mansalva, irreflexivos e irresponsables y hasta irracionales (como el del programa de niñez y adolescencia CEN-CINAI).

La plata que no llegaba al fisco, la reponían con deuda pública y al cabo de estos años de la tríada gobiernista, encontraron muy fácil poner al pueblo a pagar; especialmente, el pueblo trabajador que siempre ha sido puntual pagador de sus impuestos. Mucho tiempo tenemos de hablar y de escribir de todo esto y, lamentablemente, las circunstancias presentes nos están dando la razón.

Sin duda alguna, y prácticamente en el año del Bicentenario de nuestra primera independencia, Costa Rica no tiene una tarea sociopolítica y económica más estratégica que transformar esta realidad de desigualdad que apuntamos en el párrafo primero de este comentario.

La noticia de que se impulsará un impuesto a los ricos en América Latina que podría generar un fondo de 26 mil 504 millones de dólares, ¡anuales!, revitaliza nuestra convicción de que asumir la tarea de la transformación tributaria estructural del sistema impositivo costarricense, es una lucha de enorme actualidad y de desafío tan grande como la existencia misma del país.

La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), organización civil de nuestra región geográfica, integrada por instituciones y organizaciones sociales de países latinoamericanos que trabajan por la solución de los problemas derivados de la crisis sistémica y para crear condiciones que permitan el establecimiento de una economía al servicio de la gente, en la que los derechos económicos, sociales y culturales se hagan vigentes; acaba de proponer “…aplicar un impuesto a las grandes fortunas en la región que, según sus cálculos, permitiría recaudar al menos $26.504 millones, suficientes para garantizar la distribución gratuita de la vacuna contra el covid-19”. Así lo publicó en su página de Internacionales, Diario Extra, en su edición de este lunes 21 de diciembre (pág. 23). Dicha suma se estima por período anual.

Este otro dato también causa gran impacto: “Según Latindadd, en América Latina y el Caribe, la región más desigual del planeta, el 41% de la riqueza lo tiene el 1% más rico, que sólo aporta el 3.8 de la recaudación total”.

Para el caso costarricense, con la profunda desigualdad que ya nos azota y que tiende a agravarse, es ésta la ruta principal de lucha de los movimientos sociales y sindicales que mantienen una independencia estructural con respecto a los partidos políticos responsables del desastre social y fiscal: generar todo un proceso de participación civil para forzar los cambios tributarios en la dirección correcta.

Pero tiene que ser un remezón desde las bases de la sociedad obrera, trabajadora, excluida, empobrecida, desempleada, arruinada; harta de llevar sobre sus espaldas la mayor parte de la carga tributaria de naturaleza regresivamente injusta. Hoy Costa Rica está social y económicamente desequilibrada. Tanto el gobierno como el parlamento no responden a los intereses del bien común. Estos grupos corporativos tienen el control total de la iniciativa fundamental de la política pública; iniciativa que no es para la inclusión social y económica. Los y las de abajo ya no contamos. Solamente para que les votemos, en el 2022, año electoral que no ofrece cambio alguno. El despertar político necesario para la transformación profunda y necesaria está pendiente

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Estamos en una de las fases más crudas de una persistente lucha en los más diversos planos, lucha que podríamos decir tiene ya casi cuatro décadas, acerca de cómo los y las costarricenses organizamos nuestra convivencia civilizada como nación, como Estado, como República, como país.

Uno que ha tenido la oportunidad histórica de tener parte activa en uno de los dos bandos en pugna constante, en una buena parte de ese período confrontativo; para efectos de mayor comprensión con relación a qué es lo que deseo comunicar, me permito hacer una simplificación conceptual (solicitando disculpas anticipadas por cualquier imprecisión científico-metodológica), a todo este planteamiento, con la siguiente expresión dicotómica: todo mercado – nada Estado.

Con el todo mercado hago alusión a las personas, grupos y sectores costarricenses seguidores de los principales planteamientos de lo que conocimos como el Consenso de Washington, entendido éste como el “… conjunto de medidas de política económica de corte neoliberal aplicadas a partir de los años ochenta para, por un lado, hacer frente a la reducción de la tasa de beneficio en los países del Norte tras la crisis económica de los setenta, y por otro, como salida impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) a los países del Sur ante el estallido de la crisis de la deuda externa. Todo ello por medio de la condicionalidad macroeconómica vinculada a la financiación concedida por estos organismos”.

(https://omal.info/spip.php?article4820).

Con base en la misma cita indicada en el párrafo anterior (extraída del Diccionario crítico de empresas transnacionales, del Observatorio de Multinacionales en América Latina -OMAL-), agregamos, complementariamente ésta: “El concepto como tal fue acuñado por el economista británico John Williamson en un artículo publicado en 1989, donde enunciaba una serie de medidas de estabilización y ajuste de las economías respecto a las cuales determinadas instituciones con sede en Washington —mayormente el FMI y el BM, así como el gobierno y la Reserva Federal de EE.UU.— parecían tener un consenso sobre su necesidad. En términos generales, el entonces nuevo ideario apostaba por un paquete conjunto de políticas económicas como: la lucha contra el déficit público por la vía de reducción del gasto, las reformas para reducir la progresividad impositiva, la PRIVATIZACIÓN de empresas públicas, la liberalización del comercio y de los MERCADOS de capitales a nivel internacional, la minimización de las condiciones a la entrada de INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA y la desregulación de los mercados laborales internos, entre otras”.

Noten ustedes, estimadas y respetadas personas lectoras, cómo la hegemonía ideológico-política, económico-social y cultural imperante en el país (a pesar de los diferentes gobiernos del tripartidismo PLUSC-PAC de los últimos tiempos), a través de sus matrices mediáticas dominantes, de los latifundios del negocio de las noticias con su práctica incesante del periodismo de odio, difunden de mil maneras, a diario, los postulados fundamentales del Consenso de Washington. En síntesis, es el fomento constante, durante ya bastante tiempo, de la consigna, profundamente ideológica que da título a este comentario.

Con el nada Estado, hago alusión a los postulados fundamentales de nuestra carta magna, la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, surgida en el marco sociohistórico y económico de los acontecimientos de la década de los años 40 del pasado siglo XX; los cuales terminaron con el conflicto bélico-Guerra Civil entre costarricenses (marzo-abril de 1948), y, precisamente, con el establecimiento de esa constitución. Desde el surgimiento del Consenso de Washington, nuestro modelo de organización social, establecido en esa constitución, ha estado bajo ataque, ideológico-político.

Ya antes de la Constitución de 1949, la preocupación por el bien común y por la inclusión social anidada en grandes patriotas costarricenses, hombres y mujeres; de la política, de la economía, del campo judicial, de la educación, de la cultura. Aunque tuvieran distintas fuentes filosófico-políticas, lograron dejarnos en el ADN del ser costarricense, tales preocupaciones. Estas preocupaciones ya no lo son de la gente partidaria del todo mercado.

La corrupción generada por la colusión de lo público con lo privado de los últimos tiempos; la degeneración de los valores inherentes a la búsqueda y a la promoción del bien, sustituidos por el afán de lucro desmedido y rápido; un sistema tributario perversamente injusto y corrupto; un endeudamiento público gigante para “reponer” lo que la corrupción fiscal se ha robado durante tanto tiempo; entre otros factores, le han dado “alimento político” a los adoradores del becerro de oro, la gente que nos quiere imponer, mediando la dictadura en Democracia (ya en desarrollo); o la aplicación draconiana de las garantías económicas, conocida como regla fiscal en la ley del combo fiscal, el totalitarismo dogmático del Consenso de Washington.

Luchas sociales de los últimos tiempos como el combo ICE, contra la revisión técnica vehicular monopólica, el régimen de pensiones del Magisterio Nacional, el NO al TLC con Estados Unidos, la lucha patriótica contra el combo Fiscal, las manifestaciones fuertes en carreteras del año 2019; así como el surgimiento del Movimiento Rescate Nacional, así como la batalla del empleo público, debemos verlas con el prisma confrontacional todo mercado – nada Estado. Hay muchos más episodios de lucha social que se pueden analizar bajo tal prisma.

Por supuesto, usted comprenderá que he realizado una, si me lo permiten, abusiva simplificación histórica que, podría ser, a ojos y mentes rigurosas de las ciencias sociales, una herejía. Pido disculpas por ello. Solamente quise ejemplificar la actual naturaleza del conflicto social que, en vísperas de la conmemoración del Bicentenario de la independencia de Costa Rica con respecto a España, está teniendo lugar en el escenario de lo político que también, incluye el de la calle.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Dentro del conjunto de iniciativas diseñadas para un radical re-ordenamiento estructural de la sociedad costarricense, por parte de los sectores más adinerados, los ultra-ricos de nuestro país, la que tiene que ver con el empleo público, está dentro del conjunto de las fundamentales.

Tenemos absoluta convicción de que este grupúsculo, aunque poseedor de fortunas de dimensiones cuantitativas que escapan a nuestro entendimiento común y corriente, no pasa de ser o ligeramente supera el 1% de la población costarricense de la actual. Sin embargo, han logrado poner a su disposición la mayoría de las personas integrantes de la clase política tradicional; en especial, la conformante de los partidos Liberación, Unidad y Acción Ciudadana. No perdamos de vista que los tres partidos son co-gobierno, con la “ayuda” de los elementos diputadiles funcionales a este co-gobierno.

Aunque usted los vea “peleando” por la prensa (gobierno-“oposición”), se ponen de acuerdo por debajo de la mesa, a oscuras; o bien, rápidamente los alinean para que no pierdan el camino del diseño estratégico del reordenamiento estructural de la sociedad costarricense: es cuando reciben órdenes extra-parlamentarias emitidas por los editoriales y por las informaciones intencionadamente sesgadas, subjetivizadas, por parte del periodismo de odio.

Volviendo al tema del proyecto-expediente legislativo No. 21.336, Ley Marco de Empleo Público, le compartimos de seguido, diez perversidades políticas que a nuestro juicio contiene, basándonos en diversos análisis y criterios emitidos por gente pensante, profesionales especializados, juristas de renombre internacional y experimentados costarricenses sabedores de las herencias que hemos recibido de los padres y de las madres de la Patria costarricense, en diversos momentos y épocas. Estas 10 perversidades políticas son (hay más, por supuesto):

01) Proyecto que sienta las bases para un Estado totalitario-autoritario, devolviéndonos en el tiempo. Vamos hacia el tipo de Estado anterior a 1948. Fue ese tipo de estado, antidemocrático y clientelar, por esencia, una de las motivaciones de lo que conocemos como la Guerra Civil de 1948.

02) Proyecto cargado de inconstitucionalidades “por los cuatro costados, avergonzándonos como país “protector” de Derechos Humanos. Sin duda alguna, este proyecto será llevado a juicio en los sistemas internacionales de Derechos Humanos.

03) Proyecto que no puede exhibir base social de legítimo respaldo. Es ampliamente repudiado dentro del sector Público y fuera de él. Podría contar con la firma de algún dirigente sindical alineado-progobiernista; sin embargo, están muy desprestigiados.

04) Proyecto que complementa la “tríada del mal” contra las mayorías populares. Los otros dos son el combo fiscal y la ley anti-huelgas.

05) Proyecto potenciado por el periodismo de odio y su campaña insana de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra de la clase trabajadora estatal.

06) Proyecto que expresa un contenido de odio de clase, jamás visto en la historia moderna del país, contra grupo laboral alguno. En este caso, a la persona empleada pública se le ha satanizado, criminalizado, humillado, descalificado, insultado. Desde 1949 no se había visto algo similar.

07) Proyecto que no pudo fundamentar la falsa consigna de que el déficit fiscal se debía al salario devengado por el personal estatal; pero sí ideológicamente concebido para ocultar las verdaderas causas de ese déficit.

08) Proyecto que profundiza la vulnerabilidad de la otrora clase media, altamente endeudada, lanzándole a la pobreza, a la exclusión social y económica.

09) Proyecto precarizador laboral-salarial, afectando los propios servicios públicos, ya en condición de prestación deteriorada. Los deja “listos” para su tercerización, privatización, desaparición o eliminación total.

10) Proyecto “gancho” para que el FMI acepte un “convenio” de préstamo al país; alimentando potenciales estallidos sociales, por incluir (entre otras razones), un congelamiento salarial durante doce años, golpeando durante la reactivación económica del mercado interno.

Como participantes activos y militantes de la corriente sindical no alineada, consideramos que el tema del empleo público requiere otra vía para abordarlo.  Debe ser parte de un todo integral acerca del futuro del Estado, de la sociedad y de la Democracia misma. Para todo ello, se ocupa gigantesca fuerza civil. En eso estamos.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

La ahora exministra de Estado, ya expresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), doña Patricia Mora Castellanos, participante activa de la gestión gubernativa que encabeza Alvarado Quesada durante los 32 meses que ésta lleva transcurridos; argumentó renunciar a esos cargos por sentirse engañada (estafada, decimos nosotros), en el proceso del cual ella fue partícipe activa, del diálogo multisectorial convocado por el gobierno y que, en términos generales, finaliza en fiasco, en ridículo, en una engañifa.

Doña Patricia dramatiza su “enojo” y “decepción”, destacando la circunstancia de que mientras ella y otras personas participantes del indicado proceso se encontraban en la Asamblea Legislativa, en la “ceremonia” de fanfarria político-pantomímica, en la cual Alvarado Quesada entregaba en el parlamento los famosos 58 acuerdos de su diálogo; ya él, Alvarado, había tomado la decisión política de entregarnos al Fondo Monetario Internacional (FMI), a cambio de un “préstamo” de 1.750 millones de dólares, para lo cual hizo un teatro de entrevista periodística con el medio emblema del periodismo de odio, con el cual procura siempre quedar bien.

Doña Patricia, a su manera, nos da la razón de que la mesa del diálogo social promovida por el gobierno de Alvarado Quesada fue tan solo una acción política “controlada”, de cara, precisamente, a ese proceso con el FMI; para lo cual los y las participantes, procedentes de diversos sectores de la sociedad, actuando de buena fe (en su mayoría), quedaron como “tontos útiles” de la estrategia de Alvarado de tratar de venderle la idea a este organismo financiero internacional de que la relación del país con el mismo tenía una base social representativa. Nada más falso. Alvarado cometió, nuevamente, una estafa política y su accionar descredita los importantes procesos de diálogo social en democracias de sólidas bases. Al menos queda la enseñanza de que, estos procesos de diálogo social “controlado”, terminan en total descrédito.

Igual parece ser la suerte que terminará corriendo el otro proceso de diálogo social que, según vamos recibiendo información fehaciente de sus interioridades, también quedará desacreditado. Hablamos del foro “competidor” del de Alvarado, promovido por la entidad conocida como Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTPBD), de la cual el cooperativismo es un componente muy fuerte.

Pues bien, la máxima cúpula política de este movimiento, conocida como el Conacoop (Consejo Nacional de Cooperativas), ha salido a la luz pública a decir que no está de acuerdo con el acuerdo (del foro de la asamblea), de que éste (el cooperativismo), debe dar un aporte tributario “extraordinario” para la crisis fiscal en desarrollo; como tampoco avala aumentar la carga impositiva sobre el cuerpo asalariado del país, como se acordó en ese foro en contra de la población laboral del país cotizante del Banco Popular (impuesto al salario escolar).

Este dato, por sí mismo, nos da pie para plantear que estamos, también, frente a un proceso de diálogo social “controlado” que, sin duda alguna, lo deja desacreditado. Y, ¿por qué decidimos que el foro del Banco Popular también representa un proceso de diálogo social “controlado”? Para solamente citar un elemento que lo certifica es lo que pasó con la corriente sindical que representamos: ésta fue excluida por quienes tenían (tienen) ese diálogo social “controlado”.

El descrédito de este tipo de diálogo social “controlado” llega a afectar hasta otro movimiento social que, en otros contextos, resultó relevante en el desarrollo de la Democracia, pero que presenta un potencial enorme en momento en los cuales ésta sigue viajando (o más bien, la están conduciendo), hacia el autoritarismo. Hablamos del Comunalismo, el Movimiento de Desarrollo Comunal, cuyo su interlocutor político al máximo nivel, el propio Alvarado Quesada (porque estaba en la mesa de diálogo convocada por éste), le acaba de clavar un puñal en la espalda, recortándole todo su presupuesto, condenándole a su total cierre-desaparición, prácticamente.

Las perturbaciones sociopolíticas arrojadas por este tipo de diálogo social “controlado”, nos hablan de una línea estratégica de profundo calado ya pre-establecida que se “legitima” con la participación de los sectores sociales convocados al banquete, a fin de que tales sectores socialessientan/perciban que son “tomados en cuenta”; que “son participantes activos”, que la Democracia les “incluye”; sin percatarse (en verdad, ¿es que no se dan cuenta?), de que el posicionamiento de la sociedad de la exclusión es lo que avanza.

Es ésta, la sociedad de la exclusión, la que ocupa de esos diálogos sociales “controlados”, pues es tal la brutalidad de su diseño de ingeniería social retrógrada, que necesita la oxigenación política que ese tipo de diálogo social le proporciona, pues siempre habrá quién esté dispuesto a alfombrarse a sí mismo para que le pasen por encima, aunque “no se dé cuenta de ello”.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Ayer, martes 1 de diciembre, se recordó el aniversario 72 de lo que conocemos como la abolición del ejército, uno de los acontecimientos políticos más notables del siglo XX, derivado del conflicto armado entre costarricenses, registrado en la historia como la Guerra Civil de 1948; triste episodio de nuestra vida republicana que dejó unas 2 mil personas compatriotas, de ambos bandos, muertas en los enfrentamientos en los meses de marzo y de abril de ese año.

El bando triunfador, al mando de don José Figueres Ferrer, Don Pepe, estableció un gobierno de facto, una dictadura a la cual se le denominó Junta Fundadora de la Segunda República, la cual se dedicó a gobernar por decreto (se había cerrado la Asamblea Legislativa), durante 18 meses. Precisamente, uno de esos decretos fue el de la abolición del ejército.

Don Pepe, posteriormente, entrega el poder para dar paso al retorno de la institucionalidad democrática mediante la entrada en vigencia, el 7 de noviembre de 1949, de la Constitución Política, la carta magna que todavía rige nuestros destinos como nación.

Y, precisamente, aquí viene otro notable acontecimiento de similar envergadura al de la abolición del ejército: se determina una organización político-administrativa del aparato del Estado, de forma tal que éste opere en forma totalmente distinta a como lo venía haciendo hasta el momento de la llegada de ese polémico y fatídico año 1948.

El Estado costarricense venía siendo hasta entonces, prácticamente, el Estado del partido ganador de las elecciones. El partido ganador de los correspondientes comicios, nombra a cientos de sus adherentes, despidiendo a quienes no le fueron fieles en la campaña y/o eran reconocidos como simpatizantes de otros partidos. Precisamente, se suele considerar que las polémicas elecciones presidenciales de 1948, en las cuales hubo robo o fraude, fue uno de los desencadenantes del conflicto armado pues el partido en el poder no quería entregarlo al partido ganador; considerando que, nuevamente, habría una “despedidera” o “cortada de rabos a mansalva”, amén de los innumerables conflictos pueblerinos y nacionales por revanchismo politiquero.

Con la Constitución del 7 de noviembre de 1949, nace otro tipo de Estado. Las personas constituyentes redactoras de esa carta magna, deciden que ese Estado esté expresado en diversas modalidades de organización institucional, aparte de las divisiones de poderes clásicas del Estado moderno. Se establecen las autonomías constitucionales como las de la educación superior universitaria pública (en ese momento, la Universidad de Costa Rica); y la de los seguros sociales (la Caja Costarricense de Seguro Social). Se crea el Tribunal Supremo de Elecciones y se reafirma la independencia de poderes como férrea piedra de la Democracia, algo ya muy vulnerado hoy en día.

Más luego, por los años 70’s, se consolida la autonomía municipal, con la eliminación de la figura del “jefe político” que hasta entonces, dependía del presidente de turno. Pero es, sin duda, la carta magna del 49 la que posibilita que el régimen municipal empieza a recorrer el camino de un verdadero gobierno local independiente.

Así las cosas y con esta simplificación histórica al cubo, queremos llegar a este punto: 1) El actual empleo público está asociado a un esquema filosófico-ideológico y político de un modelo de organización del Estado, surgido de un conflicto armado entre costarricenses con sangre derramada, de por medio. 2) Si bien el contenido de clase de este nuevo Estado se mantuvo en su esencia hegemónica, lo real es que desde 1949 y durante varias décadas, gracias a este nuevo Estado, hubo importante desarrollo económico-social que nadie puede negar. 3) La tradicional clase gobernante surgido de ese nuevo Estado, en sus diversos matices y con sus excepciones, mediando una multiplicidad de circunstancias, externas e internas, con sus políticas económicas (TLC’s incluidos), abrió un escenario de desigualdad y de retroceso social que fue agudizado por la pandemia. 4) Como elemento destacado de ese escenario, surgió el déficit fiscal, cuya responsabilidad no es del empleo público, pese a la más despiadada campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico (aún se sigue desarrollando); misma que pretende culpabilizar a todas las personas trabajadoras asalariadas estatales del desastre económico y social en desarrollo. 5) De manera responsable, debemos ser críticos porque las cosas en el Estado no están del todo bien pero susceptibles de correcciones hasta estratégicas; sin embargo, hay demasiadas realidades exitosas en los servicios públicos a cargo del mismo que hacen que nosotros, particularmente, no comulguemos con ruedas de carreta, decidiendo enfrentar los procesos autoritarios-totalitarios que están vulnerando la Democracia, pues sus ideológicos promotores son del criterio absolutista-esclavista del Todo Mercado-Nada Estado. Así las cosas, jamás podríamos avalar el proyecto de empleo público, expediente legislativo No. 21.336. ¡Cambien la Constitución primero!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Los últimos procesos electorales nacionales, particularmente el del 2018, demostró, con suma contundencia, que los y las costarricenses votamos, pero no elegimos.

La espantosa uniformidad político-partidista que venimos observando, especialmente al interior de la Asamblea Legislativa (las honrosas excepciones parlamentarias no hacen más que certificar esta aseveración nuestra), en cuanto a las líneas macro-políticas y supra-estructurales que están impulsando (más bien, imponiendo), un reordenamiento de la sociedad costarricense sin necesidad de reformas constitucionales; no solamente nos confirma esa apreciación de votar pero no elegir; sino que, de una manera más que impresionante, nos ha venido mostrando que hay una especie de parlamento extramuros, que brinda las líneas ideológico-políticas matrices de una nueva reconfiguración del Estado y su relación con la sociedad, desdichadamente no para el bien común. Se está legislando en el plenario desde afuera hacia adentro, de la manera más vergonzosa.

Ese parlamento-extramuros, a su vez,se expresa, fundamentalmente, por medio de vocerías mediáticas asalariadas de los grupos económicos que impulsan esa uniformidad político-partidista, las cuales dictan esas líneas macro-políticas o super-estructurales de la reconfiguración del nuevo orden social costarricense, sin espacio para las mayorías desde el punto de vista económico-social, aunque sí incluidas éstas para que sigan votando, mas no eligiendo.

Nos están imponiendo una de las versiones más perversas de la globalización neoliberal, la democracia autoritaria. Este tipo de globalización no puede garantizar la paz en el planeta, ni la preservación del planeta mismo. Se viene acudiendo al autoritarismo en democracia para sostener esa fracasada globalización.

En el caso de nuestro país, esto, del autoritarismo en democracia, ya es de fácil constatación si notamos la uniformidad político-partidista que se nota en la actual Asamblea Legislativa y en sus relaciones con el Poder Ejecutivo el cual, con intensidades o velocidades distintas, es parte estratégica de esa uniformidad político-partidista. Y, ni qué decir de otras entidades institucionales relacionadas con el accionar cotidiano del Estado.

Y es aquí, según nuestra visión de la realidad político-económica actual (pandemia incluida), así como con base en nuestra experiencia de lucha social que, se agiganta con cada vez más fuerza multidimensional, el papel de la prensa independiente; gran parte de la cual sigue manteniendo visiones macro-políticas centradas en la búsqueda y en la promoción del bien común y de la justicia social real; amén de estar en vigilancia constante contra toda forma de corrupción.

En tal estado de cosas, uno entiende el papel de la prensa independiente con base en estas tres premisas básicas, sustentadas en el impresionante desarrollo de las redes sociales y de las incesantes tecnologías de la información y de la comunicación:

1) Hay conciencia de que las vocerías mediáticas clásicas optaron por “ideologizarse”, adoptando los valores del mercado absoluto con el número menor posible de contrapesos; por tanto, se rompió el “equilibrio” en el seno de la sociedad y la prensa independiente puede ayudar a restablecerlo.

2) La comunicación mediática clásica, al “ideologizarse”, tiene en el periodismo independiente un desafío que nunca esperó que se diese: éste puede estar más cercano a la gente, a lo local; con mayor afinidad a la preocupación de la vivencia cotidiana, pero resaltando la necesidad de que haya una nueva construcción social de amplia base, para permitir la mayor inclusión posible de las personas en el desarrollo de la democracia, integralmente conceptuada.

3) Le corresponde a la prensa independiente un papel de democracia activa en materia de Libertad de Expresión, al convertirse en la voz de los que no tiene voz. La rica diversidad de la organización social en las bases de la comunidad costarricense, a lo largo y a lo ancho del país; cuyas acciones, opiniones, propuestas y luchas son, por lo general, invisibilizadas o desprestigiadas por la uniformidad político-partidista y sus apoyaturas mediáticas asalariadas, encontrarán en la prensa independiente espacio de respeto pleno, sin censura y sin condiciones.

4) La democracia representativa ha perdido credibilidad y legitimidad, al haber sido capturada por esa uniformidad político-partidista que tiene, todavía, fuerte asidero en la población gracias a los servicios pagados de las vocerías mediáticas asalariadas de los grupos de poder económico. Por tanto, el periodismo independiente está llamado a ser punta de lanza del tránsito de la democracia hacia el nuevo nivel que exige la cohesión social de una nación: la Democracia Participativa, promoviendo el debate acerca de y fomentando el conocimiento de todas aquellas disposiciones de política pública, a todo nivel, que será necesario adoptar para que logremos, como sociedad, la plena restauración del imperio del bien común con potenciación fuerte de la inclusión y de la movilidad sociales, en un nuevo espacio de convivencia democrática, superador del que ya sido degenerado por esa uniformidad político-partidista y sus apoyaturas mediático-asalariadas.

En el décimo aniversario de El Guardián, expresamos nuestra felicitación a su gestor y director don Richard Molina, agradeciéndole el honor inmenso que nos da de publicar nuestras opiniones en su prestigioso medio de comunicación; pilar éste de ese periodismo independiente que se ha vuelto totalmente estratégico para que la democracia misma subsista.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

“Siento vergüenza que hoy aquí una empresa haya hecho lobby suficiente para sacar la cerveza del proyecto. Daniel, tus propios compañeros te han traicionado y eso es vergonzoso y hay que decirle al país que hay empresas que tienen la fuerza suficiente para doblar a diputados y diputadas”

Esta histórica frase fue pronunciada en el seno del recinto más significativo, políticamente hablando, de la sede del parlamento de Costa Rica, el plenario; y se emitió en una sesión formal del denominado primer poder de la República, nuestra Asamblea Legislativa.

Quien dijo tan “memorables” palabras, las cuales muchos quisieran olvidar, ¡pero nosotros no!, fue el diputado Luis Ramón Carranza Cascante, integrante de la fracción parlamentaria del partido Acción Ciudadana (PAC). Él quiso destacar que todo el mercado de producción de la cerveza queda fuera de las intenciones del proyecto de Ley 20.961, Ley contra la adulteración y el contrabando de bebidas con contenido alcohólico; exclusión que habría sido producto de las presiones ejercidas por la empresa productora de las cervezas, la Florida Ice & Farm Co., entidad ésta del mega-corporativismo empresarial del país a la cual suele atribuírsele una enorme poder de incidencia en el seno de los y de las integrantes de lo que conocemos como la clase política tradicional.

Con dicha legislación, según sus defensores, el Ministerio de Hacienda podría contar con una herramienta de control fiscal más poderosa sobre lo que se conoce como la “trazabilidad” de bebidas alcohólicas; palabra “elegante” usada por los políticos para hablar de contrabando, puro y simple, descarado, de todo tipo de licores. Al respecto, el legislador Carranza Cascante comentó que, al sacar la cerveza de la aplicación de esa ley, ésta quedó convertida en un cascarón. En nuestro país, la cerveza se vende en cantidades sumamente superiores a las de cualquier otro licor.

El principal promotor del proyecto de ley es el diputado integrante de la también co-gobernante fracción parlamentaria liberacionista, don Daniel Ulate Valenciano, quien ya había formulado una denuncia similar a la de su colega Carranza Cascante.  Ulate Valenciano, en setiembre de 2019, indicó: “En los últimos días hemos sentido gran presencia y presión de lobistas de la Cervecería, a mí en lo personal me han presionado por todos los medios”. Así la consignó Diario Extra, en su edición del pasado viernes 20 de noviembre, página 2.

“…hay que decirle al país que hay empresas que tienen la fuerza suficiente para doblar a diputados y diputadas”:de manera ineludible, la ciudadanía honesta y patriótica de este país debe formular un vehemente emplazamiento al diputado Luis Ramón Carranza Cascante para que puntualice su pluralización, es decir, que hay más de una empresa tuerce-brazos. ¿Cuáles son?, ¿en qué circunstancias?, ¿con relación a cuáles proyectos de ley?; ¿a la del combo fiscal, 9635 y sus abusivas amnistías tributarias?… ¿Qué “recompensas” reciben los diputados y las diputadas a quienes se les torció los brazos?: ¿dinero en efectivo?, ¿depósitos en cuentas bancarias dentro del país o fuera de él?, ¿propiedades?…

Es un secreto a voces que siempre ha existido compra-venta de votos legislativos para impulsar o frenar iniciativas de ley que afecten o que puedan afectar grandes intereses económico-corporativos y mediático-ideológicos; lo grave de lo que venimos comentando, es que eso esté pasando en medio de las difíciles circunstancias socio-políticas y económicas que vive el país, con emisión de legislación de graves repercusiones para las generaciones futuras de costarricenses.  

Sinceramente, huele a cerveza podrida en el plenario legislativo costarricense. Son pocas las personas diputadas actuales sobre las cuales no hay sospecha alguna, desde una perspectiva de ciudadanía crítica, de que sus actuaciones son totalmente apegadas a su visión de mundo y con base en una sana inspiración por restaurar como eje central de toda política pública, el bien común y la integración sociales, con fuertes leyes que atajan y/o revierten el crecimiento de la desigualdad y de la exclusión económica.

La política sucia “tuerce-brazos” terminará pulverizando la endeble credibilidad de la gente en su institucionalidad democrática. Con la denuncia del diputado Luis Ramón Carranza Cascante podemos, cívicamente decretar, que la venta de conciencias legislativas ya no es un secreto a voces; que es una cruda y espeluznante realidad político-parlamentaria la cual se ha tornado más peligrosa en el actual período constitucional; sin considerar lo que es el nuevo secreto a voces: la penetración del dinero sucio producto de la ilegal actividad del crimen organizado y del narcotráfico en la política nacional (“por arriba”) y en el mismo tejido social (“por abajo”).