Categoría: Opinión

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Hemos tenido la posibilidad, en todos estos días, de tener acceso a visiones del empresariado honesto del país con relación a la crisis que está en desarrollo; costarricenses como uno que se encuentran sumidos en la total desesperanza pues, desde su perspectiva (que es la nuestra, aunque con visión de clase distinta), la errática acción gubernamental del partido PAC y sus partidos aliados y turecas afines, han logrado sembrar en el mundo de los negocios ya no solamente la incertidumbre sino algo peor: la desconfianza, prácticamente absoluta.

En términos generales, nos cuentan que en el mundo empresarial el clima de inestabilidad generado por el Gobierno, está alimentando sentimientos nunca antes vistos en la historia cercana costarricense. Los empresarios han perdido la fe y comienzan a pensar en sacar su dinero de Costa Rica, situación que generaría reducción de la inversión tan necesaria para la reactivación económica.

Es decir, la fuga de capitales parece tomar niveles de dramático realismo, incrementándose la sensación, en ese ámbito del alto corporativismo de negocios de que, a las autoridades políticas del Ejecutivo, no parece importarles en lo más mínimo que haya ya capitales dispuestos a salir del país. Se adiciona, además, la circunstancia de que una devaluación no es ya descabellado tenerla en agenda, habida cuenta de que el impago, o default, de la deuda dejó de ser algo quimérico.

La inacción gubernamental, la incapacidad presidencial, o el gerenciamiento político de la cosa pública con evidente sectarismo empresarial-corporativo, o una combinación de estos tres aspectos en materia de reactivación económica, llevan quienes anhelan invertir a una parálisis en cuanto a tomar una decisión al respecto, antesala del fatídico paso de sacar su plata del país.

Estas personas costarricenses (y también, extranjeras), que entienden de que se está viviendo un alto estrés en ese ámbito de las inversiones, ya no solamente claman por un “abc” en materia de reactivación económica (que parece nunca llegar); sino que se atreven a plantear la urgentísima necesidad de que, al menos, las autoridades político-económico y monetarias del país impidan que esos dineros se vayan del país, estableciendo una serie de barreras para atravesarle el caballo a esas platas, de imprescindible necesidad, en medio de la debacle fiscal cada vez más clara en el horizonte nacional.

Lamentablemente, como es ya de amplio conocimiento público, el presente Gobierno, el sector hegemónico-mediático que lo sostiene y la élite empresarial excluyente que está tomando las decisiones más estratégicas, desarrollan un preocupante autoritarismo y un verticalismo que está poniendo en peligro a la misma Democracia; generando reacciones sociales de defensa que, controladas o no, implican estallidos de indescriptibles consecuencias. Ya hubo una muestra, lamentablemente.

Además, Alvarado hace gala de una soberbia prepotente que se ha vuelto muy peligrosa, dado que desprecia ofrecimientos sustanciales de especialistas bien intencionados que procuran aportar para evitar la debacle en desarrollo.

Si la fuga de capitales que ya está cercana, no se controla a tiempo, por una parte; y, por otra, si la quiebra del Estado no se logra evitar, la llegada del bicentenario de la independencia con respecto a España, traerá dolores y tormentos inenarrables para, como siempre sucede, las mayorías populares incluyendo a los otrora vigorosos sectores de la clase media.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Luego del fracasado proceso del “buzón digital de sugerencias”, pomposa y engañosamente denominado por el desacreditado Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, Costa Rica escucha, propone y dialoga; éste anunció otro proceso de diálogo social previamente diseñado “a su medida”, buscando algo de legitimación social a la decisión política que ya tienen tomada para someter al país al Fondo Monetario Internacional (FMI).

La diferencia, de estilo, en esta ocasión es que han logrado involucrar al proyecto Estado de la Nación, de reconocido prestigio en la sociedad costarricense por la rigurosidad de sus análisis socioeconómicos y políticos; prestigio consolidado en la época de Miguel Gutiérrez Saxe, su gestor y primer director. Tal circunstancia puede deteriorar ese importante reconocimiento social con la decisión de su sucesor, Jorge Vargas Cullell, de prestarse a esta nueva maniobra de Alvarado en materia de diálogo social.

La ANEP considera que este proceso, sin arrancar, ya presenta serios problemas de transparencia y desconfianza en cuanto a su objetividad. Por una parte, el Estado de la Nación está bajo la autoridad del Consejo Nacional de Rectores (Conare), de las cinco universidades públicas. Las máximas autoridades político-académicas de las mismas fueron aliadas tácitas del gobierno PAC con ocasión de la tramitación de la detestada ley del combo fiscal, en el 2018, logrando una especie de acuerdo político con Alvarado que alejó a las respectivas comunidades universitarias de la lucha popular de ese momento.

Quieren revestir de formalidad y legalidad un proceso, que de primera entrada no la tiene y parece ser que no cuenta con los respaldos necesarios, tal es el caso del apoyo en primera fila que brinda el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank para esta convocatoria a ¨diálogo nacional¨, y que no cuenta con un acuerdo de la Asamblea Legislativa, para involucrar al Primer Poder de la República.

Por otro lado, el proceso ha sido diseñado sin considerar la existencia real del Movimiento Rescate Nacional, el cual mantiene amplios sectores populares en las calles de este país desde el pasado 30 setiembre, en medio de una conmoción social inaudita de consecuencias imprevisibles. Desconocer la existencia, el impacto y los planteamientos de este movimiento ciudadano, surgido desde las bases de la sociedad más golpeadas por la exclusión social y económica propiciada en los últimos gobiernos, representa un grave error político.

Sobre la gravedad del tema fiscal del país, del cual el pueblo trabajador, puntual pagador de sus impuestos, no es responsable del mismo, ANEP ha venido formulando planteamientos serios a lo largo de la última década, estudiando la realidad del tema y generado propuestas, las cuales tenemos a disposición de quien nos las solicite.

Reducir el ámbito de trabajo del diálogo que mediaría el Estado de la Nación, solamente para buscar cómo se obtendrían 2 puntos de PIB de ingresos fiscales nuevos, por una parte; y, por otra, de reducir en 8 puntos PIB el problema de la deuda pública, demuestra que este proceso se utilizará, tan sólo, para legitimar al desprestigiado gobierno de Alvarado en el manejo del tema; y, a la vez, ayudarle a diseñar el nuevo contenido de una segunda proposición al Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de que el pueblo en las calles, liderado por el Movimiento Rescate Nacional, obligó al retiro de la primera versión.

Está más que esclarecido que Alvarado no renunciará ni al convenio con el FMI ni a nuevos impuestos. Solamente ocupa una especie de legitimación social y civil. La ANEP no se prestará a la maniobra.

Tal y como nos lo está mostrando el pueblo en la calle, el gobierno cambiará de posición en la medida en que la presión popular se agigante en todas sus dimensiones.

Hacemos un llamado para potenciar la más grande articulación cívico-popular que requieren los tiempos más delicados desde que se fundara lo que la historia oficial denomina como “Segunda República”. El Movimiento Rescate Nacional, mismo que cuenta con el apoyo total de la ANEP, representa el retrato más dramático de lo que ha sido la exclusión social y económica en los últimos gobiernos; contrastándose ello con el cruel avance de la concentración de la riqueza y de la destrucción de las capas medias, otrora bastión de la estabilidad democrática.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

A pesar de que éste es un asunto que nadie en el seno de la clase dominante, integralmente conceptuada, quiere abordar de manera abierta y transparente, hablar de él en los “pasillos de palacio” es cada vez más usual. Particularmente, con relación a la campaña electoral pasada, las de las elecciones presidenciales y diputadiles del 2018.

Don José Miguel Corrales Bolaños se refirió al punto de la intrusión del narcotráfico en el tejido social costarricense, exponiéndolo como la razón fundamental de su retiro de las acciones de protesta social impulsadas por el Movimiento de Rescate Nacional, las cuales, a la fecha de elaboración del presente comentario, están en su día decimotercero.

Lo que debió abrir un debate serio y necesario en los “grandes” medios de comunicación colectiva, fue solamente abono para alimentar la campaña de desprestigio y de desacreditación al indicado movimiento social; cuya irrupción en el escenario nacional a más de uno ha conmovido, a otros ha preocupado y para esos sectores dominantes, ha generado la emisión de una orden político-ideológica de exterminarlo.

Con un sistema democrático “enfermo” y con una institucionalidad republicana que se ha venido alejando de la gente, emerge con inmensa potencia que el pueblo costarricense tenga plena noción de quién financia a los diferentes partidos políticos en sus desbocadas carreras por alcanzar las diputaciones en pugna y ganar la Presidencia de la República.

Esto no será posible si el secreto bancario sigue siendo bastión de la opacidad en cuanto a financiamiento de campañas electorales para los diversos partidos políticos.

Particularmente, puede ser muy interesante si la gente manejara al dedillo qué personas, qué empresas, qué corporaciones entregaron dineros, al margen de la ley, a las diferentes candidaturas, en los niveles local, regional y nacional; de tal suerte que, a lo mejor, pueda haber interpretación correcta de las conexiones de la legislación que se promueve y de las decisiones de política pública impulsadas por el Poder Ejecutivo, con los intereses de negocios que nutren el capital de las personas y entidades donantes. “Nadie arranca pelo sin sangre”, dice el consabido refrán popular. O, muy usual en estos ámbitos electorales, “no hay almuerzo gratis”.

Apuntamos lo anterior pues todavía no encontramos lógica en cuanto a la intensa obsesión del gobierno de Carlos Alvarado Quesada para que se disponga la venta del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) y de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL); considerando que su valor potencial es inmensamente pequeñito comparado con el espeluznante volumen de la deuda pública del país y, por tanto, en nada va a resolver ese gran problema-país con los dineros obtenidos de su privatización mediando la venta directa a inversores nacionales y/o extranjeros.

Sin embargo, para esos grupos inversores comprar BICSA y/o comprar FANAL podría generarles la recuperación, con creces, de grandes cantidades de dineros que habrían puesto, ilegalmente, en la campaña política pasada, la cual fue tan intensa y dura que debió haber demandado mayores recursos que los que, oficialmente, se aceptan.

Si el secreto bancario fuera levantado para efectos de auscultar hasta la médula quién puso plata, cuánto puso, a quién le puso; se podría analizar las supuestas conexiones de interés directo en activos públicos a partir de investigar el giro de negocios y/o la actividad comercial-empresarial del grupo o de la persona donante.

Adicionalmente, si las contribuciones privadas a las campañas políticas se pueden rastrear desde sus fuentes primarias, levantando el secreto bancario para tal efecto, puede que haya múltiples sorpresas de encontrar empresas fantasmas, bancos de portafolio, cuentas bancarias abiertas en paraísos fiscales, de modo tal que quede como irrefutable que a las campañas electorales costarricenses han estado llenando dineros sucios.

No hay duda. Ésta es una tarea histórica a impulsarse como tarea central de una nueva institucionalidad democrática.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

A pesar de que éste es un asunto que nadie en el seno de la clase dominante, integralmente conceptuada, quiere abordar de manera abierta y transparente, hablar de él en los “pasillos de palacio” es cada vez más usual. Particularmente, con relación a la campaña electoral pasada, las de las elecciones presidenciales y diputadiles del 2018.

Don José Miguel Corrales Bolaños se refirió al punto de la intrusión del narcotráfico en el tejido social costarricense, exponiéndolo como la razón fundamental de su retiro de las acciones de protesta social impulsadas por el Movimiento de Rescate Nacional, las cuales, a la fecha de elaboración del presente comentario, están en su día decimotercero.

Lo que debió abrir un debate serio y necesario en los “grandes” medios de comunicación colectiva, fue solamente abono para alimentar la campaña de desprestigio y de desacreditación al indicado movimiento social; cuya irrupción en el escenario nacional a más de uno ha conmovido, a otros ha preocupado y para esos sectores dominantes, ha generado la emisión de una orden político-ideológica de exterminarlo.

Con un sistema democrático “enfermo” y con una institucionalidad republicana que se ha venido alejando de la gente, emerge con inmensa potencia que el pueblo costarricense tenga plena noción de quién financia a los diferentes partidos políticos en sus desbocadas carreras por alcanzar las diputaciones en pugna y ganar la Presidencia de la República.

Esto no será posible si el secreto bancario sigue siendo bastión de la opacidad en cuanto a financiamiento de campañas electorales para los diversos partidos políticos.

Particularmente, puede ser muy interesante si la gente manejara al dedillo qué personas, qué empresas, qué corporaciones entregaron dineros, al margen de la ley, a las diferentes candidaturas, en los niveles local, regional y nacional; de tal suerte que, a lo mejor, pueda haber interpretación correcta de las conexiones de la legislación que se promueve y de las decisiones de política pública impulsadas por el Poder Ejecutivo, con los intereses de negocios que nutren el capital de las personas y entidades donantes. “Nadie arranca pelo sin sangre”, dice el consabido refrán popular. O, muy usual en estos ámbitos electorales, “no hay almuerzo gratis”.

Apuntamos lo anterior pues todavía no encontramos lógica en cuanto a la intensa obsesión del gobierno de Carlos Alvarado Quesada para que se disponga la venta del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) y de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL); considerando que su valor potencial es inmensamente pequeñito comparado con el espeluznante volumen de la deuda pública del país y, por tanto, en nada va a resolver ese gran problema-país con los dineros obtenidos de su privatización mediando la venta directa a inversores nacionales y/o extranjeros.

Sin embargo, para esos grupos inversores comprar BICSA y/o comprar FANAL podría generarles la recuperación, con creces, de grandes cantidades de dineros que habrían puesto, ilegalmente, en la campaña política pasada, la cual fue tan intensa y dura que debió haber demandado mayores recursos que los que, oficialmente, se aceptan.

Si el secreto bancario fuera levantado para efectos de auscultar hasta la médula quién puso plata, cuánto puso, a quién le puso; se podría analizar las supuestas conexiones de interés directo en activos públicos a partir de investigar el giro de negocios y/o la actividad comercial-empresarial del grupo o de la persona donante.

Adicionalmente, si las contribuciones privadas a las campañas políticas se pueden rastrear desde sus fuentes primarias, levantando el secreto bancario para tal efecto, puede que haya múltiples sorpresas de encontrar empresas fantasmas, bancos de portafolio, cuentas bancarias abiertas en paraísos fiscales, de modo tal que quede como irrefutable que a las campañas electorales costarricenses han estado llenando dineros sucios.

No hay duda. Ésta es una tarea histórica a impulsarse como tarea central de una nueva institucionalidad democrática.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Escribimos estas líneas en la noche del sexto día del más impactante fenómeno social de calle desde la emblemática lucha del Combo ICE, allá en el año 2000. Se trata de expresiones populares que brotan a partir de la explosión de grandes sectores de la población que, a lo largo de los últimos gobiernos del tripartidismo neoliberal, se venían sintiendo excluidos, relegados, invisibilizados, vilmente manipulados en lo electoral y, por ende, estafados políticamente. El Movimiento Rescate Nacional recoge esa acumulación de factores, lo problematiza y logra la adhesión en la base de múltiples grupos excluidos que, al unísono se expresan en las carreteras del país.

A lo largo de los últimos años, en esta misma columna, hemos venido planteando y denunciando cómo se venía incubando el estallido social que hoy conmueve al país y que nos recuerda que somos parte de la América Latina, la región más desigual del planeta, la región de los estallidos sociales. Es más, los bloqueos en las calles nos dramatizan ser incluidos en la deplorable lista de los 10 países más desiguales del mundo. Y, además, los últimos informes del Proyecto Estado de la Nación, también lo venían alertando.

Últimamente habíamos dicho que la distancia entre el gobernante y las personas gobernadas se había ensanchado peligrosamente. ¿qué es lo que indican los bloqueos en la calle si no es esto? ¿quieren ustedes otro dato de lo que venimos planteando?, estamos a 24 horas de que las personas legisladoras de la República se trasladen a su lujosa nueva construcción, un emblemático edificio ultracerrado que, precisamente muestra eso: la distancia entre el gobernante y las personas gobernadas se hizo demasiado larga.

No intenten negarlo, ustedes, los y las de arriba, viviendo en su mundo de alto confort generaron las condiciones para el estallido social en desarrollo. Nosotros apostamos por el triunfo de la paz, pero entendiendo que la ortodoxia económica que les ha permitido vivir “ricamente”, lo fue a costa de la excesiva explotación a que han venido siendo sometidas las partes más deprimidas, económica y socialmente hablando, de nuestro país, entre otras explicaciones.

Pongámonos nada a pensar que esta especie de rebelión de los y las de abajo, ha tomado gran fuerza en las zonas costeras, en la zona sur, en la pampa guanacasteca y en las llanuras de la zona norte, así como en importantes zonas de producción agropecuaria del Valle Central; sitios de residencia de miles de compatriotas que hoy con su grito social han puesto entredicho un orden económico altamente concentrador de la riqueza.

Nunca ustedes como clase gobernante tomaron en serio la buena fe de sectores de la sociedad civil cuando ante la realidad descrita ya venían formulando propuestas. Todas fueron menospreciadas, nunca tomadas en cuenta. Y todas siguen totalmente válidas, más que legitimadas ante la magnitud de los acontecimientos en desarrollo.

Se burlaron de los episodios de lucha social del año 2018, se burlaron de los episodios de lucha social del año 2019. En esta ocasión y a esta altura de lo que estamos viendo no creemos que les quede espacio para burlarse de nuevo.

Desde la corriente sindical en la cual desarrollamos nuestra lucha social cotidiana sentimos una enorme satisfacción de haber estado a la altura de los desafíos en desarrollo, pese a nuestros errores y/o subjetividades sin sustento. Sin embargo, como promotores del concepto sociopolítico de Democracia de la Calle, hoy celebramos un nuevo episodio de expresión concreta de la misma. Su máximo reclamo actual, “no más impuestos”, tiene una importante cantidad de significados que están reflejados en muchas de las propuestas-país que hemos formulado en estos años. Ahora bien, el “no más impuestos”, necesita delimitarse categóricamente; es decir, no más impuestos para el pueblo trabajador, para las capas medias altamente endeudadas y en vías de desaparición, ni para el micro-pequeño y mediano empresariado nacional. Deben entender que la clave es (darle vuelta a la tortilla) en materia tributaria y, por ende, rechazar cualquier tipo de convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La democracia de la calle, ¡otra vez se está manifestando!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

El país está totalmente crispado. Estamos en medio de una severa crisis económico-social desde antes de la llegada de la pandemia. Ésta la agudizó. Costa Rica se ha desdibujado completamente, al punto de que estamos ubicados en el listado de los 10 países más desiguales del planeta. Llegamos a una situación tal en que la quiebra técnica del Estado será realmente dramática en el corto plazo, si no hay de por medio modificaciones estructurales que corrijan el errático rumbo que le han impuesto al país los gobernantes partidos tradicionales.

En lo inmediato, la clase política tradicional solamente atina a seguir impulsando medidas económico-fiscales, dentro de los parámetros fundamentales que han dado soporte al gran fracaso económico-social en que han sumido al país. No muestran ni el mayor asomo de creatividad ni de innovación para sacar a Costa Rica del pantano en que está.

Como gran cosa, lo apuestan todo a un préstamo-convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por 2.250 millones de dólares, de los cuales ya la Asamblea Legislativa aprobó el primer tracto, estando en este momento en fuerte debate lo concerniente a los restantes 1.750 millones de dólares.

Alvarado y su gobierno le están proponiendo al FMI asumir, a cambio de ese dinero, una serie de compromisos que no son más que un nuevo paquetazo de impuestos en contra de los sectores mayoritarios de la población costarricense; precisamente los grupos sociales más afectados por las políticas económicas de los últimos gobiernos y sus duras consecuencias en cuanto a precarización del trabajo, desempleo creciente, salarios congelados, ruina micro-pequeña y mediana empresarial; continuación del fraude fiscal y de las exorbitantes exoneraciones, más una fuerte alza en la concentración de la riqueza. Todos estos problemas se agudizarán con el convenio-préstamo con el FMI.

Lo paradójico del asunto es que el país posee, custodiada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), una alta cantidad de dólares; específicamente, unos 8.500 millones de dólares conceptuados como reservas monetarias. 1.750 millones viene a representar, aproximadamente, un 20% de ese monto de dinero guardado en el BCCR.

Sin embargo, tienen al país en medio de una gran tensión, en ruta de confrontación abierta, por su obcecada insistencia en que no hay más alternativa que acudir al FMI para obtener ese préstamo. Precisamente, en este mismo día, cientos de compatriotas se manifiestan en diversos puntos del país para mostrar su repudio (entre otros objetivos), a la propuesta de Alvarado de amarrarnos al FMI.

Con el apoyo total de Alvarado, el presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), don Rodrigo Cubero Brealey repite, una y otra vez que no se puede coger esa plata; que no es posible utilizar esos dineros de las reservas monetarias como alternativa al préstamo-convenio con el FMI.

Para la ciudadanía de a pie, resulta incomprensible la posición del señor Cubero Brealey, como si el dinero, como si esas reservas monetarias fueran de su propiedad personal. Lo que pasa es que don Rodrigo está matriculado ideológicamente: él pertenece a esa secta de economistas neoliberales para los cuales uno de sus principales dogmas es la “independencia” del Banco Central, algo tan ridículo si lo contrastamos con la pertenencia de él al equipo económico gubernativo de Alvarado. Entonces, ¿cuál independencia?

Lo que tenemos que entender es que la cerrazón del presidente del Banco Central, su postura ideológica, la fuerte resistencia que muestra para comprender que no estamos en tiempos normales, obliga a que los sectores organizados de las mayorías populares, de manera consistente, construyamos la alternativa que le haga frente a lo que él representa y a los sectores que él protege.

Don Rodrigo sigue apelando a los postulados “sagrados” del recetario macroeconómico que él aplica a la situación estructural nacional de las finanzas públicas; todo lo cual va en contra del bien común y de la inclusión social. La necesaria consigna del momento, don Rodrigo Cubero Brealey, ¡suelte el dinero!, no tendrá el impacto necesario si no es pronunciada, con acciones concretas, por las miles de voces de las personas que nos sentimos perjudicadas por el recetario del señor presidente del BCCR.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Cerca de 8 mil 500 millones de dólares tiene acumulados el Banco Central de Costa Rica (BCCR), en lo que denominan Reservas Internacionales Netas, desde antes de la llegada de la pandemia. Las Reservas Internacionales son “…activos externos que están disponibles de inmediato y bajo el control de las autoridades monetarias para satisfacer necesidades de financiamiento de la balanza de pagos, para intervenir en los mercados cambiarios a fin de influir sobre el tipo de cambio y para otros fines conexos”. Este dato lo tomamos el documento Informe de gestión de las reservas internacionales netas durante el primer semestre 2019, emitido por el BCCR. Esa plata está ahí y para disponibilidad inmediata.

La sociedad costarricense está en alta tensión en estos momentos. Es más, desde la entrada en vigencia de la actual Constitución Política que rige nuestra vida institucional-republicana, en la fecha del 7 de noviembre de 1949, no se observaba un escenario nacional tan cargado de amenazas de todo tipo, un pueblo tan enojado en todos los niveles de su estratificación social; así como una clase gobernante, especialmente su segmento hegemónico, cada vez más distante del pueblo que la eligió. De todo esto se ha hablado bastante ya en los últimos meses.

Los principales partidos políticos de esa clase gobernante, Liberación, Unidad y Acción Ciudadana, que nos han puesto al borde del precipicio, pregonan todos los días y a toda hora, que ya estamos en los tiempos de la hecatombe fiscal.

Esencialmente, se argumenta la crisis fiscal, el alto déficit en las finanzas del Gobierno Central, la “descomunal” cuantía de la deuda pública y su pago exorbitante de intereses; así como que, indican, no se ha hecho lo suficiente en materia de “contención del gasto”.

Nunca han enfatizado en impulsar fuertes políticas públicas en el amplio abanico de posibilidades alternativas de obtención de ingresos frescos, como los 14 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), en evasión-elusión y en exenciones-exoneraciones, tributario-fiscales; nunca se han preocupado por una renegociación estratégica de los montos de la deuda y su pago de intereses más que abusivo; nunca se han preocupado por cambiar la naturaleza del sistema tributario costarricense hacia la progresividad del mismo. Cientos y cientos de veces hemos hablado de ello y con planteamientos serios. Pero hay más fuentes para obtención de ingresos fiscales frescos.

Sin embargo, y dado que el “apocalipsis” fiscal ya llegó, según nos dicen, la única manera de enfrentarlo es acudiendo al Fondo Monetario Internacional (FMI), que nos salvará del infierno del default , “prestándonos” 2.250 millones de dólares de los cuales ya adelantó 500 millones, restándose la aprobación legislativa de 1.750 millones $; eso sí, a cambio de un brutal paquete de impuestos, completamente injusto y regresivo que el gobierno de Alvarado Quesada denominó como “Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia”.

La corriente sindical en la cual militamos, desde un primer momento, planteó que Costa Rica no ocupa de un “convenio” con el FMI; y, mucho menos, con los contenidos de masacre social que conllevan esos nuevos impuestos; básicamente destinados a incrementar el sufrimiento, la pobreza, la precariedad laboral y la quiebra de la mayoría del pueblo trabajador costarricense y de las ya de por sí bastante golpeada clase media, así como los micro-pequeños y medianos emprendimientos productivos y empresariales. ¡No hay necesidad de ese préstamo! Ahí están las reservas internacionales que custodia al Banco Central de Costa Rica (BCCR), pero que no son de su propiedad; es propiedad del pueblo costarricense.

“Rodrigo Cubero Brealey, ¡soltá la plata!”. Bien puede ser éste el lema para una fuerte acción cívico-popular de alta incidencia política tendiente a que el señor Rodrigo Cubero Brealey, actual Presidente Ejecutivo del Banco Central de Costa Rica (BCCR), entienda que la situación fiscal-tributaria y socioeconómica de la Costa Rica que está en puertas del Bicentenario es sumamente grave; y que, por tanto, deben desprenderse del recetario dogmático-sectario del monetarismo fiscalista; debe don Rodrigo “liberar· su mente para superar ese arcaico concepto de “república independiente” que le han impuesto a los bancos centrales, el fundamentalismo neoliberal. De lo contrario, le corresponderá a la ciudadanía activa mediando consciente movilización asumir esa necesaria y urgente tarea. “Rodrigo Cubero Brealey, ¡soltá la plata!”

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Llevamos cualquier cantidad de días, semanas, meses y hasta años denunciándolo, desde esta columna y en una gran cantidad de espacios de diverso orden, aprovechando cuantas oportunidades hemos tenido: la perversa y corrupta naturaleza de un sistema tributario profundamente regresivo, además diseñado para evadirlo y para hacerse rico con sus múltiples posibilidades de triquiñuelas, es la base de la espantosa crisis fiscal que amenaza la misma integridad del tejido social de la República.

Con el país al borde del cataclismo económico-social más grave de su casi bicentenaria existencia republicana, tenemos que decirlo a viva voz, con una mezcla de dolor y de indignación: ¡Teníamos razón!

Lo que ha venido denunciando el ciudadano don Rodrigo Chaves Robles, exministro de Hacienda hasta hace pocas semanas, confirma que no solamente hemos hecho lo correcto en la materia; sino que, además, certifica que hay una corrupción sistémica en el Ministerio de Hacienda, la cual se convirtió en el cáncer que ha venido carcomiendo parte de las finanzas públicas desde adentro.

A pesar de que el Ministerio de Hacienda tiene un alto porcentaje de personal honesto, responsable, noble y sacrificado, la corrupción que lo ha carcomido se agudizó en las últimas administraciones gubernativas de los partidos Liberación, Unidad y Acción Ciudadana. Una especie de casta político-tecnocrática, con ramificaciones intra y extra-institucionales se las “ingenió” para construir un real poder con peso político en las sucesivas administraciones cuyos jerarcas ministeriales se “acomodaron” a ese poder, rehusaron confrontarlo, terminando por cohonestarlo, de manera abierta o tácita.

Miles y miles y miles de millones de colones, de dólares, se evadieron en el marco de ese clima institucional del real poder en el Ministerio de Hacienda; plata que hoy no solamente está haciendo falta para intentar frenar el colapso del país, sino que deben estar en paraísos fiscales o en suculentas cuentas bancarias.

Curioso es notar que cuando el citado exjerarca ministerial planteó eliminar el secreto bancario para efectos tributarios, ese real poder y sus referentes externos soltaron toda su furia opositora, presionando para echarlo de la cartera de Hacienda. Al final lo lograron.

En varias entrevistas, especialmente en el programa del reconocido ciudadano don Claudio Alpízar Otoya, don Rodrigo Chaves Robles habló, sin pelos en la lengua de lo que encontró en el Ministerio de Hacienda. Aunque nos parece que se guardó varios elementos de sensible peligrosidad, lo que nos contó es espeluznante. De lo que señaló, destacamos:

• En Hacienda hay 59 sistemas de cómputo que no se hablan entre sí; es decir, cruzar datos es algo casi imposible.

• Los contenedores que entran al país se revisan por decisión de personas que usan una lista física impresa. Con con marcador fosforescente se decide qué se revisa y qué no, y se marca. Ese es el criterio «técnico e imparcial».

• Ante resultados incompetentes, el señor Chaves despidió funcionarios sin capacidad técnica, personas que ya habían estado con muchos ministros de Hacienda, en ésta y otras administraciones, sin dar resultados. Después de su salida de Hacienda se recontrataron algunas de esas personas por el actual ministro.

• Se quedó frío al pedir el presupuesto de su ministerio: le informaran que anualmente se pagan 16 millones de dólares en alquileres (sólo en ese ministerio). Una de las razones que le dieron es que esos edificios son de “cierta” familia y no podían cancelar contratos. Indica que con lo que se ha pagado en alquileres, ya se hubiera construido tres edificios de primer nivel.

• Anualmente prescriben entre 12 mil y 20 mil millones de colones en cobros de impuestos, por “ineficiencia” de Hacienda.

• En Hacienda se “perdieron” 3.400 carpetas con información de cobros a deudores. Nadie le supo decir cómo.

• Los escáneres que se compraron para Aduanas hace 18 años aún están sin instalar.

En resumen, indica don Rodrigo: Hacienda está diseñada para no funcionar a propósito. Los presidentes de la República y ministros que hemos tenido desde hace varios lustros, permiten este desastre para que ciertas empresas e intereses sigan evadiendo. Al igual que siempre lo hemos pensado nosotros, en ANEP, no se necesitan más impuestos; se necesita orden en ese desorden y que los evasores y elusores paguen, según don Rodrigo. Los trabajadores y las trabajadoras, las micro-pequeñas y medianas empresas, la ciudadanía de a pie, es la gente que no evade impuestos. Nosotros creemos que, así como están las cosas, en el Ministerio de Hacienda la corrupción es sistémica.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Cada hora que pasa, el repudio del pueblo costarricense contra las intenciones de Alvarado Quesada y su equipo económico, de imponer una cascada de nuevos impuestos en contra de los golpeados bolsillos obreros, micro-pequeño y mediano empresariado, la alicaída clase media, el cooperativismo, el sistema municipal, la calumniada y vilipendiada fuerza laboral del sector Público, etc.; aumenta su potencia, al evidenciarse vergonzosas triquiñuelas como la del financiamiento de 1.500 millones dólares, vía convenio FMI, para satisfacer la obsesión presidencial del tren eléctrico.

Efectivamente, en el documento oficial del pretendido pacto con el FMI, Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia, se tiene al tren eléctrico presidencial dentro del grupo de proyectos de infraestructura, 2021-2023, por ese monto de 1.500 millones de dólares (pág. 56). Alvarado Quesada pretende, con esta jugada-triquiñuela, ya no solamente dejar al país en total quiebra, sino con esa deuda del tren eléctrico, la cual parece haberse convertido en una especie de obsesión presidencial que da demasiado en qué pensar.

Por otra parte, sin pizca de credibilidad alguna y según su decir, el ministro de Hacienda, don Elián Villegas Valverde, estaría indicando que eso fue un “error” al haberse incluido en ese documento, cometido por alguien que él no sabe quién fue. Una explicación, aparte de ridícula, cínica. Se burla de la inteligencia del pueblo costarricense. La inclusión del financiamiento para el tren eléctrico en el documento Propuesta para negociar con el FMI, es un acto consciente y de soberbia política de Alvarado Quesada y de su equipo económico.

Por otra parte, dice el refrán popular que, “al que no quiere caldo, dos tazas”. La obsesión presidencial por el tren eléctrico, al parecer, también es respaldada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la cual pretende llevar el punto a la “negociación” prevista para noviembre, sobre el tema de las finanzas presentes y futuras del régimen de pensiones más importante del país, Invalidez, Vejez y Muerte (IVM-CCSS).

La tecnocracia política de la Caja, de gran poder supra-gobiernos, ahora auto-identificada como “Grupo Interno Especializado”, pretende que esa “negociación” arroje como acuerdo el siguiente punto: “(f) Inversión de recursos para el financiamiento de Obra Pública de alto impacto y gran necesidad de recursos, como el tren eléctrico…”.

Así se consigna en el documento que le presentaron a las corrientes sindicales que participarían en esa “negociación”; documento titulado Informe de Planes de Fortalecimiento al Seguro de IVM (pág. 24).

Repudiable actitud gubernamental y del “Grupo Interno especializado” de la CCSS que denunciamos y condenamos, de manera enérgica.

He aquí un segundo intento para darle financiamiento a la desesperada iniciativa del tren eléctrico; y que sean fondos obrero-sociales, de estratégica naturaleza para la paz del país, que se arriesguen en un negocio aventurero que ya ha sido sumamente descalificado por voces de amplio conocimiento en estas cuestiones del transporte ferroviario.

Es más, como ya se ha explicado, si ese nefasto negocio del tren eléctrico se le impone al país, y si se va a sacar plata de IVM-CCSS para financiarlo, será la clase trabajadora cotizante y el propio empresariado honesto que da su aporte patronal a este fondo de pensiones, los encargados de sostener el multimillonario subsidio que habría que darle a la empresa ganadora de la concesión, con altísimo riesgo de fracaso pronosticado.

Como ya lo indicamos, esto del tren eléctrico suena a una obsesión presidencial que, dado el elevado deterioro de la credibilidad del gobernante Alvarado Quesada, puede dar pie a una serie de interpretaciones de dudosa transparencia; habida cuenta del gran peso político que tienen en Casa Presidencial intereses mega-corporativos de “alto vuelo”, los cuales han venido determinando el rumbo estratégico de la actual gestión político-ejecutiva del país. Es hora de que se engavete tan inoportuna iniciativa y que se deje para “mejores tiempos”, eso sí, fomentada bajo otros parámetros de real vocación por el bien común y por la integración social.