Categoría: Opinión

Contraloría Cuestiona las Compras del Ministerio de Seguridad Pública. ¡Ajá! ¿Cuál es la novedad?

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Por: Jonathan Flores

El más reciente informe de la Contraloría General de la República, que fiscaliza lo atinente al proceso administrativo de compras del Ministerio de Seguridad Pública, ha arrojado conclusiones que no sorprenden a nadie. Pero, el hecho de que dicho informe evidencie en papel lo que la ANEP (ocupada en los temas de seguridad ciudadana) ha sabido y denunciado por años, no significa que haya que menospreciarlo; por el contrario, es otra oportunidad para hacer un llamado de atención a la ciudadanía, para que se unan a nosotros y exijan de una buena vez el gasto responsable del dinero de todos los costarricenses, especialmente cuando se trata del área policial.

 El contenido del informe número DFOE-PG-IF-00015-2019, del 20 de diciembre del 2020, analiza los procesos de adquisición (compras) que emplea el Ministerio de Seguridad Pública, en un periodo que comprende los años 2017, 2018 y parcialmente 2019 (hasta el mes de octubre). Por ello, le recomiendo querido lector que compruebe por usted mismo la información, el informe en cuestión puede ser descargado directamente del sitio web de la Contraloría General de la República, esto quiere decir que puede ser obtenido fácilmente desde cualquier computadora o teléfono móvil con acceso a internet. Una vez haya leído el mismo le invito a que razone, y juzgue usted si nuestras constantes críticas han sido injustificadas, o si obedecen a una verdadera preocupación de conciencia social.

  Comencemos por la realidad tangible, previo a señalar directamente las aseveraciones de algo tan abstracto como las circunstancias descritas en un informe, veamos primero aquello que nuestros sentidos pueden percibir directamente. Cualquiera que pase frente a las muchas delegaciones policiales del país notará distintas situaciones lamentables, entre ellas podemos enumerar: vehículos y/o motocicletas sin usar, estacionados en el parqueo de la unidad policial, o a la orillad e la calle (esto se dio porque se compraron autos sin tomar en cuenta la cantidad de recurso humano disponible); oficiales de policía “modelando” chalecos antibalas que no corresponden a su talla (tan grandes que les quitan la movilidad, o tan chicos que parecen minisetas); patrullas y/o motocicletas destinadas al abandono por no poder ser arregladas (porque no se ejecutaron las garantías ni se compraron suficientes repuestos), que ahora solo sirven para coleccionar óxido o servir de criadero de mosquitos; hasta edificios enteros que no pueden ser usados (como la comandancia de Cartago, una inversión de casi 100 millones de colones que no puede usarse por la no ejecución de garantía en la mala construcción)…entre muchas otras que son sencillas de observar a simple vista.

Para los que laboran en las sedes policiales saltan otras problemáticas: tener que utilizar armas obsoletas, como un revólver, alimentarse en medio del olor de aguas negras desbordadas, alimentación guardada en ambientes compartidos por alimañas y roedores, (recordemos que la suma de delegaciones policiales con orden sanitaria sobrepasa las 130); además de eso se tienen uniformes viejos, desteñidos, botas destapadas y reemplazos que no son entregados porque se enviaron tallas que no corresponden a las verdaderas de los oficiales. De todo esto doy fe, he visitado todas las regiones del país, tanto cuando ejercí la función policial como ahora desde la trinchera sindical y he verificado todo este lamentable escenario a lo largo y ancho del país.

Ahora pasemos al uso de la memoria. Recordemos la polémica surgida en 2016 por la compra de autos de lujo para ser usados como patrullas, miles de millones gastados en “equipo policial” que no tenía verdaderos fines operativo-policiales (excepto transportar a los directores hacia sus casas de habitación). Recordemos también los miles de millones gastados por un par de años consecutivos para la aeronave “Caribú”, que nunca pudo ser reparada en serio, y ahora es una costosa pieza de decoración en Liberia. Sigamos recordando, que tal los cientos de uniformes sin entregar, fundas de chalecos antibalas vencidas, y botas de tallas erróneas, abandonadas a la suerte del polvo y el olvido en el almacén institucional. Por todo esto el ministro Gustavo Mata estuvo sentado en la comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa-los diputados no hicieron nada vale aclarar. No podemos omitir de nuestras memorias aquellas sobre valoradas tiendas de campaña de 170 millones de colones, adquiridas en 2017, de uso limitado, genérico y antojadizo. Y, pues bien, a todo eso le podemos sumar las directrices internas del Ministerio de Seguridad Pública para racionar la alimentación de los oficiales.

Permítame una última anécdota estimado lector, una vez a este servidor suyo se le asignó la responsabilidad de elaborar el anteproyecto presupuestario del departamento de Planes y Operaciones. Cuando lo presenté me atendió una señora de la Unidad de Ejecución Presupuestaria, quien lapicero en mano, de manera antojadiza, sin consultar ningún documento, y con CERO experiencia policial, tachó las líneas de las artículos que ella decidía si se iban a comprar o no. Así se pueden hacer una idea de la planificación de las compras.

Todo lo anterior tiene un denominador común, y es el uso subjetivo, poco transparente, no apegado a la normativa e irresponsable, de las unidades de ejecución presupuestaria del Ministerio de Seguridad Pública. Y se han señalado situaciones previas al periodo de análisis del informe, con el objetivo de evidenciar que esta problemática se viene arrastrando desde hace años y nadie se ocupa seriamente del asunto. Justo por la experiencia propia, así como la diaria comunicación con los oficiales de diferentes cuerpos policiales del país, es que no me sorprenden las conclusiones del informe de la Contraloría. ANEP ya ha señalado en muchísimas oportunidades todas esas falencias, y hasta más.

Por si aún tiene dudas de algunas de las conclusiones extendidas por la Contraloría, te comento que son muy sencillas de sintetizar, a groso modo, se resumen en que, en el Ministerio de Seguridad Pública: las compras no se ajustan a procesos de planificación (o sea, que el 50% de las compras son improvisadas), no se tiene certeza de que lo adquirido coincida con las necesidades reales institucionales, se hacen varios procesos de compra de un mismo artículo, no existe valoración de riesgos de los procesos y no hay una verificación y seguimiento del cumplimiento de entrega de los productos adquiridos…entre otras señaladas por la Contraloría. Esto traducido a palabras criollas significa que mientras los policías viven en delegaciones con malas condiciones sanitarias, están faltos de uniformes y equipamiento tecnológico, el personal que se encarga de ejecutar el dinero de la institución lleva años gastando sin planificación, despilfarrando en cosas que no tienen ninguna necesidad prioritaria y la cabeza al mando no mueve un dedo por cambiar esta realidad.

Ah, y sobra decir que se han escuchado historias, sobre llamadas a proveedores, previo a sacar un cartel, que curiosamente concuerdan con empresas que gozan de varias y frecuentes adjudicaciones; el poco uso de la figura de la licitación pública en contraposición con el abuso de la compra directa. Pero esas son simples especulaciones, sin pruebas, de algunas personas que nos han contactado en ANEP, así que no podemos decir que sean ciertas, aunque, en honor a la verdad, confieso que me hacen dudar. Sin tan solo existieran investigaciones serias…saldríamos de dudas.

Una de las frases más cliché que figuran en la clase política es aquella de que la policía necesita ser dotada con más equipo policial. Obviamente estas palabras obedecen a una falta de conocimiento de la realidad policial y tienen un trasfondo populista. Si quienes ostentan un cargo con responsabilidad de representación del pueblo de verdad se preocupan por la seguridad ciudadana, previo a dotar de más equipo, exigirán una inversión planificada, apegada a las necesidades reales, con criterios técnicos elaborados por personas con experiencia en el ámbito policial; no permitirán siquiera un cuestionamiento por corrupción (por ejemplo, en su momento quien dirigía la ejecución presupuestaria de Fuerza Pública cumplió una pena por el delito de peculado y aún sigue siendo parte de la institución), y, finalmente, se iniciarán los procesos para sancionar a quienes hayan faltado a su deber de probidad, o carecen de eficiencia en su labor.

Está de más indicar que estaré a la expectativa de la reacción a tomar por parte del Ministro de Seguridad actual: ¿Engavetará el informe en su escritorio, como lo hicieron sus predecesores con las advertencias de la auditoría interna, o se ajustará el cinturón y buscará cambios reales en la forma de ejecutar el dinero de la cartera ministerial bajo su responsabilidad? Solo espero que sea más firme de lo que ha sido con otras situaciones, como todas las inconsistencias que hemos señalado en la Policía de Control de Drogas, por dar un ejemplo. Y usted inteligente ciudadano: ¿Volcará la vista a otro lado, o como es su derecho exigirá que el dinero del pueblo sea invertido de manera adecuada, transparente y eficiente? Su decisión…

PLN: dedo acusador manchado de traición

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Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La persecución política que a lo interno del Partido Liberación Nacional (PLN), está sufriendo el actual legislador del mismo, el joven Daniel Ulate Valenciano, nos certifica para reafirmar lo que hace tiempo venimos sosteniendo: ese partido puede ser cualquier cosa menos socialdemócrata.

Disculpen las personas que todavía a estas alturas del desarrollo involutivo del PLN, creyendo en la validez política del pensamiento socialdemócrata, siguen dentro del mismo; sin embargo, lo que le está pasando al diputado Ulate Valenciano no debería dejarles ya duda alguna DE que ahí, en el actual PLN, dada la cúpula de poder que actualmente lo controla, ya no hay nada que hacer.

El mencionado parlamentario cometió la inaceptable “herejía”, la imperdonable “delación”, haciendo gala de una consecuencia política con su propio pensamiento, de decir a viva voz, vía prensa, que la fracción parlamentaria liberacionista está siendo “sometida” a presiones indecorosas por parte de una mega-conglomerado corporativo-empresarial, ligado al comercio de bebidas, dado que a éste no le estaría siendo grato la tramitación de una iniciativa de ley que, de una manera u otra, podría impactar -para bien del país-, los niveles de contrabando de ciertas bebidas espirituosas, reduciéndolos. Esto no sería aconsejable para las cifras de negocios de quienes tienen ya un control prácticamente absoluto de este tipo de mercado. Por supuesto que, como era lógico suponer, la entidad empresarial aludida salió a negar enfáticamente el dicho del legislador Ulate Valenciano y hasta anunció que le llevará a los tribunales. Lo anterior pareciera ser el mar de fondo en todo esto.

Porque el ataque que este diputado está recibiendo de parte de su propia bancada parlamentaria (que lo echó de la misma), por parte de la instancia de ética del PLN (que le abrió un proceso “investigativo”); y, por parte del propio presidente del mismo, el señor Guillermo Constenla Umaña, quien le acusó de “traidor” y le instó a entregar la curul legislativa y abandonar el PLN; no guarda proporción ni  razonabilidad lógica con el “gran delito” que él, el diputado Ulate Valenciano, cometió por presentarse a un acto proselitista de una presunta amistad personal candidata a renovar su puesto como alcalde de Atenas, siendo que éste es “archienemigo” político del PLN, pues milita en el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Y es aquí donde cabe hacerse varias preguntas. Al dimensionar y poner en perspectiva la grave “traición” del diputado Daniel Ulate Valenciano, se pregunta uno, ¿cómo se califica la acción de Antonio Álvarez Desanti, nuevamente en las filas del PLN, cuando se fue de dicho partido echando sapos y culebras, particularmente contra el expresidente Óscar Arias Sánchez y sus acólitos?; ¿se pregunta uno cómo se puede calificar la actuación de don Johnny Araya Monge cuando dejó botada la segunda ronda electoral de las elecciones presidenciales de 2014, siendo él, candidato finalista de segunda vuelta; y cómo se califica su actuar cuando se fue del PLN y se cobijó con un partido “cristiano” para volver a la alcaldía de San José; y ahora, bajo bandera liberacionista pretende continuar en tal cargo según se postula para las elecciones de este 2 de febrero de 2020?  Y, en el caso del distinguido ciudadano, a quien respetamos mucho, don Rolando Araya Monge que ahora volvió al PLN, pero se fue de él alegando que éste era un cucarachero. ¿cómo se calificaría? ¿Es que acaso estas situaciones no son típicas del cargo de “traición”? … Y si nos metemos al asunto de los principios, postulados, valores socialdemócratas originales, aquí se habría que poner la palabra-concepto traición sin comillas.

¿Cuáles son, realmente, las verdaderas lealtades de la cúpula del PLN en la actualidad? A juzgar por el tratamiento dado al joven legislador Daniel Ulate Valenciano, con relación al que le han dado a los tránsfugas redimidos mencionados en el párrafo anterior; tales lealtades no son para con los ideales y el legado de figuras históricas del liberacionismo como don José Figueres Ferrer (Don Pepe), don Rodrigo Facio Brenes, don Daniel Oduber Quirós, entre otros patricios de esta colectividad de tanto impacto en el desarrollo costarricense pero que, hoy en día, menos de una quinta parte del electorado ciudadano nacional le sigue creyendo.

Particularmente resulta sumamente interesante observar cómo la reacción fuerte de la cúpula liberacionista en contra del presunto acto de “traición” que habría cometido el citado legislador asistiendo al acto de su “archienemigo” partidista, el PUSC; mostró una articulación de ataque desde ciertas matrices mediáticas promotoras del periodismo de odio en el país y desde la propia fracción parlamentaria del PLN. ¡Por Dios Santo! Si hoy en día, el PLN y el PUSC la misma cosa son y ambos son co-gobierno con el PAC de Carlos Alvarado Quesada. Y las tres colectividades partidarias, con la misma vinculación político-ideológica, sirven dócilmente a los intereses de negocios que dejó en evidencia el citado legislador Ulate Valenciano. ¡Qué pena por el PLN! Con el dedo manchado de traición, fue acusado, sentenciado y ejecutado este diputado.

La huelga y el efecto desaliento

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Lic. Benjamín Sevilla García, Secretario de Juventud ANEP

La doctrina del efecto desaliento es una argumentación jurídica que tiene lugar en el ámbito de los derechos fundamentales. El Derecho de Huelga, sin objeción alguna, califica dentro de este rango por estar fundado en nuestra Constitución Política.

Como derecho fundamental, la huelga requiere ser valorada en su real dimensión por la normativa doméstica. Sin embargo, la huelga también constituye un Derecho Humano tutelado en algunos instrumentos jurídicos de alcance regional que, a su vez, son parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Lo anterior implica que, el ejercicio del derecho a huelga requiere de una inteligente y especial atención, no sólo por constituir un derecho generador de otros derechos fundamentales, como las libertades de expresión, asociación y pensamiento; sino por el rol que juega en el fortalecimiento de la democracia, en aquellos asuntos relativos al equilibrio del poder y a la participación política; aspectos que son ampliamente valorados por la normativa internacional.

El efecto desaliento entra en juego cuando se trata de limitar el ejercicio del derecho a huelga. La simpática manera de justificar la limitación es manipulando los alcances y las aplicaciones del principio de proporcionalidad. Ante el razonamiento de que una huelga “impide” el disfrute de otros derechos fundamentales de la población, se buscan alternativas jurídicas o las medidas más gravosas orientadas a impedir el ejercicio del derecho. En esta lógica, no se quita el enunciado constitucional, sólo se elimina la libertad para su ejercicio, se anula toda posibilidad práctica de huelga.

El efecto desaliento respecto de la huelga, consiste en hacer que su tramitación previa sea excesiva; que sus fines se limiten a la defensa de unos cuantos de derechos; que sólo persiga los intereses de un pequeño grupo de personas y no los derechos económicos, sociales y culturales de toda la población trabajadora; que los temas a defender sean mínimos, que no tengan que ver con políticas públicas; y, que, cualquier exceso, por mínimo que sea en el ejercicio de la libertad de expresión de un sindicalista, constituye razón suficiente para llevarlo a juicio o condenarlo; sin importar que la frontera que separe lo lícito de lo ilícito de ese posible exceso, carezca de una adecuada delimitación.El legislador puede y debe crear mecanismos que sancionen los abusos en el ejercicio de un derecho fundamental. Pero, únicamente, cuando el ejercicio sea injustificadamente lesivo para otros derechos fundamentales. Lo que se busca es que las personas no pierdan la motivación de hacer valer sus derechos por el temor a cometer un error o sobrepasar los límites, algo así como evitar la autocensura.

El ejemplo clásico y sencillo de comprender el efecto desaliento se encuentra en las palabras de Juan Antonio Lascuraín, “si yo deseo que mis invitados paseen por mi finca, cosa que es excelente para su salud y para su sosiego, pero les aviso que hay algunas zonas con arenas movedizas que les podrán tragar para siempre y les aviso, además, de que no están claramente señaladas esas zonas, lo que harán mis invitados es no pasear.”

De manera que, el ejercicio del derecho a huelga como un derecho fundamental ligado a la libertad de expresión no permite que se fijen sus límites de manera tan exacta. Cualquier decisión apresurada haría que la norma se vuelva más difusa o termine conduciendo a la criminalización de la huelga. Y, en este sentido, por tratar de sancionar un comportamiento considerado “reprochable”, lo único que se logrará es desalentar el ejercicio legítimo de un derecho y la participación de grandes sectores en la vida pública del país.

El peligro de promover acciones que faciliten el efecto desaliento respecto de la huelga no sólo radica en la desincentivación de la participación democrática directa de la ciudadanía trabajadora en los temas país y la crítica a las decisiones políticas; sino que el sentimiento de repudio por no poder expresarse se podría ir acumulando progresivamente hasta llegar a manifestarse en alguna acción violenta. Por ello, algunos expertos en sociología observan en el fenómeno de la huelga una válvula de escape que no debería ser limitada o bloqueada.

El Ministro de Hacienda que impuso el Banco Mundial

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Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Al ciudadano costarricense “banco-mundializado”, don Rodrigo Chaves Robles, le han encomendado hacerse cargo de la cartera de Hacienda, el ministerio de mayor relevancia en tiempos del ajuste estructural neoliberal.

Se destaca que ha estado laborando para el Banco Mundial durante los últimos 27 años, resaltándose su papel en Indonesia, un país de casi 270 millones de habitantes, el 52 % de los cuales tiene que vivir con menos de 2 dólares diarios.

Su antecesora en el cargo, doña Rocío Aguilar Montoya, desde la perspectiva de los sectores populares, sociales y cívicos, salió por la puerta de atrás: varias veces violó la Constitución Política, quedando impune por ello. Algo de extrema gravedad, pero no para los mercados.

Además, su ideológica macro-fiscalidad (con el aval de Carlos Alvarado Quesada), es la responsable de que miles de compatriotas se hayan empobrecido desde la entrada en vigencia del combo fiscal, impulsando el tránsito por la vía dolorosa de la confrontación social abierta al que parecen querer llevar al pueblo costarricense, insistiendo en políticas económicas fracasadas inspiradas en el neoliberalismo. Aunque ya tienen miedo y por eso buscan imponer la “ley mordaza”.

La coalición político-ideológica y económico-mediática que nos gobierna celebra la designación de don Rodrigo. Poco les duró el “llanto” por la salida abrupta de doña Rocío. ¡Muerto el rey (o la reina), viva el rey! “Todo sigue en su lugar” (así decían en Chile, hasta hace poco).

Entendemos que doña Rocío y don Rodrigo son personas asociadas a la Academia de Centroamérica. “De casualidad”, el señor presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), don Rodrigo Cubero Brealey ¡también lo es! ¡Todo queda entre familia! La familia ideológica del neoliberalismo cubierta por ese techo académico. ¡El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial nos tutelan directamente!

Don Rodrigo, según le “pidió” Carlos Alvarado Quesada, vendrá para mantener, como su tarea principal, la estabilidad de las finanzas públicas de Costa Rica (muy alicaídas, por cierto, pues su antecesora nos dejó con más deuda, con más pago de intereses y con más déficit). Por cierto, eso de que fue el mandatario quien lo eligió al ver su currículo, nadie en los sectores sociales se lo cree. ¡El Banco Mundial lo impuso!

Se pretende, según el nuevo ministro, “mejorar la eficiencia y calidad del gasto”, para que haya una “prosperidad” en beneficio de toda la población. Eso sí, “con un manejo macroeconómico responsable”.

¿Cuál “manejo macroeconómico responsable”, con una evasión tributaria y elusión fiscal entre los 6 y los 8,5 puntos PIB?

¿Cuál “manejo macroeconómico responsable”, con el perverso sistema de exenciones-exoneraciones de 6 puntos PIB?

¿Cuál “manejo macroeconómico responsable”, con un cobro de intereses de la deuda pública rondando los 4 puntos PIB?

¿Cuál “manejo macroeconómico responsable”, si ya no se tienen, al menos, 2,5 puntos PIB dejados de percibir en aduanas por esos TLC del falso libre comercio?

¿Cuál “manejo macroeconómico responsable”, si las grandes corrupciones, con ropaje legal o sin él, representan hasta un 7 % PIB, según el International Control Strategy Report (Volume I: Drug and Chemical Control), emitido por el Bureau For International Narcotics And Law Eforcement Affairs, del United States Departament Of State? (marzo 2018).

¿Cuál “manejo macroeconómico responsable”, si los dineros sucios del crimen organizado y del narcotráfico, circulando en nuestro país, podrían estar por encima de los 6 puntos PIB, según Central America Data/Global Financial Integrity, para 2014?

Básicamente, la preocupación de don Rodrigo (como la fue la de doña Rocío), es el “manejo macroeconómico responsable” que le interesa al sector bancario-financiero del país; ese mismo que tenía atesorados, a setiembre de 2018, casi 33 mil millones de dólares, según datos del propio BCCR.

Ese “manejo macroeconómico responsable” tiene a 1 de cada 4 costarricenses en la pobreza; ese “manejo macroeconómico responsable” tiene a un millón de personas en la informalidad; ese “manejo macroeconómico responsable” tiene precarizados los salarios, reducido en su poder adquisitivo y con alto endeudamiento personal; ese “manejo macroeconómico responsable” tiene en la quiebra a cientos y cientos de micro, pequeñas y medianas empresas; ese “manejo macroeconómico responsable”, tiene a casi toda la población agricultora del país en desesperante quiebra económica; ese “manejo macroeconómico responsable” tiene un desempleo abierto de casi el 12 %, aunque ya supera el 20 % si le agregamos el desempleo encubierto.

Ese “manejo macroeconómico responsable” es el que generó el estallido social en Chile. Ese “manejo económico responsable” es que hace el neoliberalismo. La gente no come macroeconomía. ¡La plata no alcanza! ¡Nos conducen por ese tormentoso camino!

¡Ilusos! ninguna ley parará la lucha por la justicia social

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¡Terriblemente sordos! El alto nivel de sordera política que ha alcanzado la clase política gobernante, la formal y la real, es de tal calibre que les lleva a impulsar, abrupta y alocadamente, la ley para eliminar las justas aspiraciones populares que, inapropiada e indebidamente atendidas, encuentran en la huelga una legítima forma de expresión; situación ésta demostrada en todas las épocas, en múltiples países y generadas por las más diversas circunstancias; es decir, no existió, no existe, ni existirá ley alguna que detenga la lucha social cuando ésta es justa.

¡Ilusos! La mayoría parlamentaria mecánica actual, misma que tramita en sede legislativa las directrices políticas que emanan de parte de la clase política realmente gobernante, en contra de la organización popular de los sectores laborales y sociales reiteradamente expoliados; está convencida de que una ley anti-huelgas detendrá la lucha social; como si una ley pudiera quitar el hambre de los estómagos de la gente que, a la vez que crece en incertidumbre sobre su futuro, crece en número, en cantidad: el mundo de las personas excluidas y las que están por serlo en el corto-mediano plazo.

¡Están asustados! A un año del gran movimiento de resistencia popular contra el ajuste fiscal de corte neoliberal, el potencial social de insumisión ha crecido en cantidad. Las encuestas del recién terminado año 2019, lo muestran. Esos grupos de poder político-económico, los del poder real especialmente y sus gerencias político-ejecutivas del poder formal, tienen bien claro que, en determinado momento habrá un ajuste de cuentas en la medida en que la polarización por la concentración de la riqueza adquiera carácter estratégico y trascienda el plano de lo coyuntural-circunstancial.

¡Tienen miedo! El miedo a la reacción civil de amplia base, la cual puede ser impulsada desde aquellos sectores sociales de mayor conciencia, les lleva a creer que una determinada legislación puede cortar de raíz los anhelos por brindar una mejor calidad de vida a la creciente población que está notando que ello ya no es posible, en el marco de este modelo económico distribuidor de pobreza y de exclusión. Y este tipo de impulsos, también puede materializarse en reacción social de furia sin que organizadamente se le haya calentado.

¡Se han deslegitimado! Hemos llegado a un punto en que la real legitimidad del gobernante no es la que sale de la urna electoral. Esta, la de la urna, es casualidad. La casualidad producto de un montón de plata, de dudosa procedencia, usada en la campaña electoral. La casualidad que da haber contado con el visto bueno o el beneplácito de un grupo mediático de fortaleza económica, de gran habilidad manipuladora. La casualidad que da cambiarse de partido y de ideología como es cambiarse de ropa interior. La clase política gobernante, especialmente la del poder formal actual, está deslegitimada y por eso recurre a todo tipo de medidas de coerción contra la organización popular y su expresión callejera pacíficamente mostrada.

Ese proceso de deslegitimación de la tradicional clase gobernante (y la que recién llegó a tal nivel de cúpula político-ejecutiva), lastimosamente no se corresponde con el surgimiento de la necesaria legitimidad alternativa, destinada por designio histórico a la imposición de nuevas formas de Democracia realmente inclusiva. Pero, no siempre será así.

Ese proceso de deslegitimación de la tradicional clase gobernante tiene bases objetivas e ineludible impacto en la vida de la mayoría de la población costarricense actual; especialmente con la imposición del detestado combo fiscal-ley 9635, en diciembre de 2018. Cierre de negocios, quiebra de micro-pequeñas y medianas empresas, desempleo abierto llegando al 15% y una cifra igual del que se cataloga como encubierto; precarización y rebaja salariales; inseguridad laboral, despidos masivos, pequeños y medianos productores agropecuarios al borde de la quiebra; juventud sin futuro, fraude fiscal incorregible, sistema tributario perversamente injusto; violaciones de Derechos Humanos, criminalidad que no cede y narco que avanza.

Cada una de estas circunstancias, de un modo u otro, alimentan la sensación de molestia colectiva y el enojo cívico, así como la necesidad de autodefensa individual, familiar y colectiva. Es decir, no ha habido una época como la presente, en la cual el alimento para la lucha social esté tan abundante, tan espeso, tan explosivo. De verdad que son ilusos, creyendo que una ley detendrá la derivación lógica de la reacción organizada cuando la gente se siente amenazada en su propia existencia y en la existencia de las personas más cercanas, las que le son queridas, las que le son amadas.

¿Por dónde reventará todo esto?

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Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Las últimas dos encuestas (con todas las reservas que generan, pues eso de que son “neutrales”, hoy más que nunca no es de mucha aceptación que digamos) coinciden en que Carlos Alvarado Quesada es un fracaso (el fraude político por él ejecutado ya es inobjetable); que el Gobierno es un desastre; que el rumbo que le impusieron al país va en la dirección contraria al sentir de la abrumadora mayoría; que sigue la corrupción, el tráfico de influencias, el “amiguis”; que se hace política pública para favorecer al alto corporativismo empresarial; que la gente señala el desempleo, costo de vida y situación económica como sus grandes preocupaciones; que el narco avanza; que los asesinatos y crímenes rebasan a las autoridades; que…; que…

Tanta bronca acumulada, tanta frustración en crecimiento, tanta gente con hambre; tantas personas usureramente endeudadas; tantas micro, pequeñas y medianas empresas dejando de existir y/o acorraladas; tanto agricultor en camino rápido hacia su extinción: etc., etc. Esto representa un conjunto de síntomas de una sociedad que está siendo llevada a niveles extremos de tolerancia y de paciencia que parecen agotarse.

Usted que lee esto sabe que todo esto está ocurriendo. En mayor o menor medida, según circunstancias sociales, económicas, demográficas, geográficas… ¡pero está pasando! 

Nos preguntamos: ¿Por dónde reventará todo esto? Pero, en verdad, ¿reventará? Si así fuera, ¿cómo reventará? ¿Anárquicamente? ¿Violencia política? ¿Secuestros selectivos? ¿Saqueos? ¿Huelga o paro nacional articulado o espontáneo? O, ¿combinando las dos situaciones?… ¿Se “caerá” el Gobierno? ¿Terminará Alvarado Quesada su gestión?

Cuesta creer que haya amplios sectores de la ciudadanía que, en estos momentos, se estén preguntando tales cosas. Efectivamente, el descontento es mayúsculo. 

Los de la otra acera piensan en estas cosas y están tomando medidas. 

Por ejemplo: se mandaron a “bunkerizar” (edificio legislativo). Se han construido el mejor “monumento” que puede simbolizar la creciente distancia entre el gobernante y los gobernados.

Están a punto de imponernos la “ley mordaza”; impulsan iniciativas de disolver sindicatos; decidieron penalizar-criminalizar el accionar del dirigente sindical y social; se da fuerte intensificación del periodismo de odio; continúan la agresión psicológica y el terrorismo ideológico contra la población; y se potencian similares tropelías para mantener un statu quo perversamente concentrador de riqueza en el marco de la entronización del autoritarismo en Democracia y hacia el totalitarismo político.

El cinismo político, paralelamente, no tiene antecedentes similares. Alvarado dice ser el Presidente del 100% de los y de las costarricenses. ¿Se lo creen ustedes? El Parlamento más pro empresarial de los últimos años se apresta a legislar para instaurar jornada laboral de 10 horas. ¡Inaudito! ¿A esto le llaman “reactivación económica”? Se gestan despidos masivos de empleados públicos para 2020… ¿También es esto “reactivación económica”? (Así lo ha anunciado el órgano oficial del sector financiero dentro del conjunto del grupo de medios del odio).

¿Por dónde reventará todo esto? De verdad que todo esto es muy grave… Lo que pase, sea lo que pase, no fue el pueblo el que lo provocó. ¡Asuman ustedes las consecuencias!

La “ley mordaza” y la violación de derechos humanos y constitucionales

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En estos momentos, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Sala IV), analiza los contenidos del Expediente Legislativo No. 21.049, oficialmente denominado Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos, popularmente denominado “ley mordaza”.

Desde nuestra perspectiva, esta legislación resulta imprescindible para los sectores hegemónica e ideológicamente dominantes, a fin de imponerle a la sociedad medidas más crudas con relación al desmontaje de lo que queda del Estado Social de Derecho; para dar paso a la preponderancia absoluta del mercado total como regulador de la convivencia nacional. Es lo que llaman algunos como la neoliberalización completa de Costa Rica.

Pese a nuestra visión de tal proceso, misma que es compartida por amplísimos sectores más allá del ámbito sindical, destaca la circunstancia de que sin apasionamientos políticos ni sesgos ideológicos, el Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH), presentó a la Sala Cuarta un documento en el que técnicamente demuestra que el proyecto de ley-expediente legislativo Nº 21.049, Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos tiene vicios que contravienen otros derechos humanos contenidos en la Constitución y en tratados internacionales de Derechos Humanos ratificados por Costa Rica.

Notemos que los expertos del IIRESODH han auscultado el proyecto “ley mordaza” desde el ámbito sensible de los Derechos Humanos, en el marco de toda la normativa internacional que los rige y la cual está totalmente en vigencia en Costa Rica; trascendiendo su análisis del aspecto constitucional contenido en la carta magna nacional.

Es decir, la “ley mordaza” tiene dos tipos de problemas: de orden constitucional y de eventuales violaciones de Derechos Humanos. ¡Casi nada!

Se han puntualizado los severos riesgos de que se apruebe una ley que sería, de inicio, inconstitucional y contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales; los Pactos Internacionales de Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y criterios consolidados de su Comité de Libertad Sindical.

El documento del IIRESODH estudia la relación intrínseca entre la Libertad Sindical y los derechos colaterales que lo hacen viable (derecho a asociarse libremente a sindicatos, derecho a reuniones públicas y pacíficas y libertad de expresión), donde la libertad sindical y el ejercicio de la huelga son herramientas que ayudan no solo a balancear o a disminuir inequidades que afectan al sector laboral; sino a expresarse sobre temas de interés nacional, incluyendo asuntos de políticas públicas (mal llamadas huelgas políticas).

El debate lo centra el IIRESODH en que, si bien el derecho de huelga se puede y debe regular, esa reglamentación debe ajustarse a los estándares internacionales sin incurrir en un vaciamiento de los alcances y fines de esos derechos. Se concluye que el proyecto de ley no cumple con la validez de los límites o restricciones a los derechos de libertad de expresión, libertad de asociación y de reunión y de manifestaciones públicas y pacíficas.

El derecho a huelga no es absoluto, pero los límites a imponer también deben tener límites, que según la Sala Constitucional deben ser razonables, necesarios, idóneos y proporcionales. En el marco de los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica, deben ser restricciones previstas por ley y ser necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. El proyecto de ley no cumple con ese control de constitucionalidad y convencionalidad en muchos casos.

La huelga puede ser restringida, más no prohibida, en los “servicios de importancia trascendental”, por no poner en riesgo, como punto de partida, la vida, la salud o la seguridad de las personas en toda o parte de la población. En esos casos, la regulación debe ser a favor de la huelga permitiendo una prestación mínima de servicios que no prohíban la huelga, ni que anulen el ejercicio de otros derechos en servicios de migración y servicios aduaneros y conexos y los servicios de moneda y banca, por ejemplo.

No es posible prohibir las “huelgas políticas” o aquellas que no tengan conexión directa con la relación de empleo o incumplimientos laborales imputables al patrono porque sería una intromisión del Estado y censura previa para que las personas trabajadoras puedan manifestarse públicamente sobre grandes problemas nacionales de políticas públicas, sociales y económicas que puedan afectar sus intereses y derechos.

Las siguientes medidas que podrían ser aprobadas por ley, son contrarias a la Constitución y a tratados internacionales de Derechos Humanos porque representan restricciones a la libertad de asociación y de reunión, libertad de opinión y expresión, derecho a manifestarse pública y pacíficamente y libertades sindicales: a) La posibilidad de disolución de un sindicato por delitos cometidos por algunos de sus dirigentes. b) El establecimiento de un mínimo de personas para la validez de una huelga. c) La lista ampliada de supuestos de ilegalidad manifiesta y automática de la huelga en caso de servicios esenciales que no requeriría de trámite de calificación de ilegalidad. d) La prohibición de “huelgas políticas”, sin especificar su definición ni caracterización. e) La prohibición de celebrar huelgas por motivos por los cuales ya se celebró una en el pasado. f) La reducción retroactiva de salarios como sanción en casos de que se determine que la huelga fue ilegal. g) Limitaciones temporales al ejercicio de la huelga.

FMI: impuesto a los ricos

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En Costa Rica tenemos un refrán muy propio (¡bueno!, eso creemos nosotros): “toda escoba nueva barre bien”. Ahora resulta que la nueva y máxima autoridad del Fondo Monetario Internacional (FMI), la ciudadana oriunda de Bulgaria, Kristalina Georgieva (sucesora de otra mujer en ese altísimo cargo de la más importante burocracia financiera internacional, la francesa Christine Lagarde), dice que llegó la hora de ponerle impuestos a los ricos.

¡Ay Dios! Sin posibilidad alguna de que le demos algo de credibilidad a dicha afirmación, a pesar de que lo haya dicho esa señora ocupante de tan alto cargo, hay algo que ya es ineludible a esta altura del desarrollo y de la imposición de la globalización neoliberal: la desigualdad está en el centro del debate político internacional, en el centro de las protestas sociales, en el centro de las demostraciones de la Democracia de la Calle; en las más variadas regiones y en los más diversos países del planeta.

Efectivamente, la desigualdad está dinamitando la institucionalidad democrática de fachada que ha sido impuesta a varios países latinoamericanos, por ejemplo; dejando al descubierto una amplia gama de reclamos y de descontentos que estaban incubándose durante mucho tiempo y que, a partir de un incidente, presuntamente, “insignificante”, originaron estallidos sociales de consecuencias insospechadas. El caso de Chile es ejemplarizantemente emblemático.

No encontramos mejor forma de que usted, quien nos honra leyendo el presente comentario, constate los espantosos datos de la desigualdad en el planeta, que compartiéndole los datos que publican sitios y medios digitales que no ofrecen dudas de su inclinación político-ideológica hacia el mercado; lo cual nos señala que en estos ámbitos, nada afines a las ideologías de la redistribución y de la inclusión sociales, la realidad de la desigualdad es tan dolorosamente repugnante, que no es posible ocultar lo que los datos duros arrojan en perjuicio de tantos miles de millones de personas a lo largo del globo. Repare en ello, seguidamente (datos de la publicación digital businessinsider.es):

  • Jeff Bezos, Bill Gates y Warren Buffett -los tres estadounidenses más ricos-, poseen tanta riqueza como el 50% de la población de Estados Unidos, unos 160 millones de personas.
  • La fortuna del director ejecutivo de Berkshire Hathway, Warren Buffet, está estimada en 93.000 millones de dólares. 
  • La fortuna de los multimillonarios aumentó casi un 13% anual entre 2006 y 2015, mientras que los salarios aumentaron tan solo un 2% de media anual.
  • La fortuna total de los multimillonarios de todo el mundo sumó 762.000 millones de dólares en 2017.
  • Cada dos días aparecía un nuevo multimillonario en 2017.
  • Se espera que las 500 personas más ricas del mundo leguen a sus herederos 2,4 billones de dólares durante los próximos 20 años.
  • Estos superricos ocultan al menos 7,6 billones de dólares a las autoridades fiscales en paraísos fiscales. Eso significa que el 1% de las personas más ricas del planeta evade cerca de 200.000 millones de dólares en impuestos, ¡anualmente!
  • Un director ejecutivo en Estados Unidos gana la misma cantidad de dinero en un día de trabajo que el sueldo medio anual de un empleado promedio. 
  • El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, ganó 12,8 millones de dólares en 2017. 
  • De los 2.043 multimillonarios en todo el mundo, el 90% son hombres.

Los datos anteriores son una pequeñísima muestra de la profundidad de la acumulación de riqueza, concentrada en el 1% de la población del planeta; 1% que posee tanto dinero como el 99% restante, conjuntado todo. Creemos que estamos en la época de mayor concentración de riqueza de toda la historia de la Humanidad.

Pero, ¿cómo es la situación en Costa Rica? Según el ciudadano economista don Luis Paulino Vargas Solís, Director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), la realidad de los super-ricos costarricenses es todo un misterio. Sus datos están amurallados y encriptados, son prácticamente inaccesibles y no pueden ser detectados para efectos estadísticos y, mucho menos, para una correcta y justa tasación tributaria. Es decir, los niveles de concentración de riqueza en nuestro país, son un verdadero misterio, aunque su realidad está ahí.

¡Este es el mundo que nos tocó vivir! ¡Es esta la clase lucha que nos comprometimos dar!

Esclavitud financiera…abolir la usura

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La mayoría del pueblo trabajador costarricense, incluyendo a personas dedicadas a la actividad de la micro-pequeña y mediana empresa (que también son clase trabajadora -en nuestro criterio-), está sufriendo un delicado proceso de pauperización económica debido a diversas causas, entre ellas, ser presas de préstamos de variado orden y procedencia pero que tienen todos algo en común: el altísimo pago de intereses, tasas de usura inmorales y hasta condenables desde una perspectiva bíblica y cristiana.

Esta especie de esclavitud financiera, uno de los fundamentos de la desigualdad actual que afecta a nuestra sociedad, necesita de una férrea voluntad política de parte de las instancias republicanas con poder suficiente para empezar a combatirla, especialmente desde el Poder Legislativo; siempre y cuando sus integrantes más conscientes tengan la plena actitud de cerrarle el paso a esos poderosos grupos de reducida membrecía pero de gran fuerza económica, dispuestos a bloquear iniciativas en la línea de la abolición de la usura, por más tenues que éstas sean.

Dos proyectos de ley en esa línea de atacar la esclavitud financiera del pueblo trabajador y de abrir un espacio a procesos más sostenidos de abolición de la usura, están en proceso de tramitación parlamentaria en estos momentos. El 20.861 es para poner tope al cobro de intereses de usura. El 21.177 tiene que ver con el cobro de intereses por tarjetas de crédito.

Por lo general, a los proyectos de ley se les pone un título que no indica la esencia de su contenido; a veces por razones técnicas, otras por perversas intenciones de tratar de evitar que la ciudadanía se dé cuenta del verdadero fin político de una iniciativa, especialmente si ésta es controversial o contraria al bien común.

Uno de esos dos proyectos, Expediente Legislativo No. 20.861, lleva el título de “Adición de los artículos 36 bis, 53 inciso g, h y reforma del artículo 63 de la Ley n° 7472, De la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, del 20 de diciembre de 1994, publicada en la gaceta n° 14 de 19 de enero de 1995”. Como podemos notar, al leer este título quedamos sin comprender de qué se trata.

Nos explicó el señor diputado don David Gourzong Cerdas, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional (PLN), que este proyecto tiene una inspiración socialdemócrata y que se pretende ponerle un límite al porcentaje de cobro de intereses de todo tipo de préstamos, así como también en las compras a crédito de artículos que la gente mucho aprecia como los electrodomésticos.

Contiene este proyecto dos estipulaciones muy importantes: por un lado, se convierte en figura delictiva el cobro usurero superior al límite establecido con las normas del proyecto; por otro, se deben ajustar todos los contratos de deuda que tengan las personas a esos nuevos límites, al momento de entrada en vigencia de esta ley.

Este proyecto de ley 20.861 que, aparte de ser iniciativa del ya mencionado legislador, también ha recibido fuerte impulso de parte de su colega parlamentario, don Welmer Ramos González, tiene unos fundamentos jurídicos muy sólidos en los que pocas veces reparamos nosotros, los esclavos financieros. Tome nota usted al respecto:

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), planea en su Artículo 21 lo siguiente: “… 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por ley”.

La Constitución Política de Costa Rica, en su Artículo 46 señala: “… Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias”.

Es decir, al ser víctima uno de intereses de usura, uno está sufriendo violación de Derechos Humanos, por una parte. Por otra, nuestra carta magna le ordena al Estado proteger los intereses económicos de la gente, procediendo a impulsar este tipo de legislación como la que promueven los señores legisladores David Gourzong Cerdas y Welmer Ramos González.

Aunque la tasa que quedaría en esta legislación seguiría siendo alta, si la analizamos con el poder de compra del salario mínimo o de niveles superiores en la concepción de salario decente, representa un gran avance en la línea bíblica y cristiana, y de justicia social, de abolición de la usura: quedaría una media del 35 %, mucho menor que las abusivas y obscenas que se cobran en compras de electrodomésticos, por ejemplo.

Este proyecto debe recibir un apoyo unánime de parte de las 57 personas legisladoras del actual parlamento. Ética y moralmente, además de bíblica y cristianamente, no puede concebirse que no sea así.

Voces peligrosas: Pablo Barahona Kruger

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Benjamín Sevilla García, Secretario de Juventud ANEP

Desde hace algunos días vengo leyendo y siguiendo el pensamiento de don Pablo Barahona Kruger. Me impresionó su manera directa, informada y sagaz que tiene para abordar los temas del momento. Me agradó, aún más, saber que es una persona relativamente joven, pero que ante las adversidades que enfrenta la política nacional no se acomoda con la estrategia inerte de los tontos, sino que asume un rol de crítico propositivo.

Nunca he tratado personalmente a don Pablo, sé que es abogado y profesor universitario y que, en ocasiones, critica fuertemente nuestras estrategias de lucha. Tampoco necesito que una persona coincida en todo con nuestras ideas para felicitarla o, mejor dicho, reconocerle su valor e inteligencia.

Costa Rica precisa de la participación enérgica de una juventud pensante, de hombres y mujeres que antes de decir sí, o decir no, tengan un argumento razonable que sustente su posición. El señor Barahona, si ustedes me lo permiten, y si él mismo me logra tolerar la expresión, es una de esas voces peligrosas: peligrosa para los corruptos, peligrosa para los aduladores, peligrosa para los de capacidad intelectual limitada.

El citado profesor, en su momento expresó dos asuntos muy interesantes respecto del caso “Cementazo” – que socialmente es considerado uno de los mayores actos de corrupción del país-. Por una parte, lo que él consideró una debilidad en la investigación legislativa; por otra, las incongruencias entre los relatos que ofreció el Ejecutivo y las declaraciones de otros actores cercanos. ¿Acaso alguien se atrevió a desmentir esas aseveraciones?

En otro momento, el abogado Barahona analizando el caso crítico de Venezuela, y para despejar dudas de una vez, no sólo desde el fracaso del socialismo, sino también desde el fracaso del capitalismo en los años ochenta, lanzó una pregunta que aún se espera las autoridades estatales puedan responder, en virtud de que Costa Rica asume ciertas conductas y posiciones respecto de la realidad internacional: ¿Debajo de cual piedra estarán ahora los campeones de la democracia y los derechos humanos?

Por otra parte, y como acto de constancia de esa manera directa y franca que caracteriza a don Pablo, se atrevió a decir que hoy “es necesarísimo que se imponga en el país un límite penal preciso a la usura”. Esto, naturalmente, es un golpe para aquellas personas que se benefician desmedidamente a costa de las personas más humildes. Tampoco se escucha que haya un interés, al menos por decencia política, para entrarle en serio al asunto.

Ante la posibilidad de que ninguno de los casos anteriores haya sido suficiente para alertarnos del tipo de politiquería que vive el país, advierte Barahona que “la reforma judicial está siendo impulsada desde adentro y, al mismo tiempo, hacia adentro”. Lo ideal es que se hable de independencia judicial para beneficio de la ciudadanía y no para provecho de una casta privilegiada. Señala que la reforma judicial se está dando con el silencio cómplice de académicos y la poca incidencia de los litigantes.

Esta es sólo una pequeña parte de los motivos por los que considero al mencionado profesor una de las voces peligrosas. Se entiende que no sigue la corriente, que no se deja doblegar por intereses espurios y que razona serenamente quiénes merecen su aplauso.

Finalmente, en ejercicio de mi libertad de expresión hablo en favor de las personas que así lo considere pertinente, con la autoridad moral de quien no le debe favores a ningún partido político, pues no milito en ninguno de ellos.