Categoría: Opinión

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

“Huelga es Huelga”, decía el expresidente de la República, don José Figueres Ferrer; mandatario de facto una vez y dos por elecciones. La frase de don Pepe nos cae como anillo al dedo ante la “amenaza” neoliberal de castrar de raíz la protesta social y la movilización popular, aprobando en segundo debate, el expediente legislativo número 21.049, eufemísticamente denominado “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”.

¡Ni frío ni calor nos da! Las únicas huelgas legales en Costa Rica, prácticamente fueron las que se presentaron el año pasado 2018, cuando se “estrenó” la Reforma Procesal Laboral en materia de huelga. Antes de ese año 2018, prácticamente todas las huelgas, desde la promulgación de la Segunda República, fueron declaradas ilegales.

Personajes políticos nefastos para la Democracia como Carlos Ricardo Benavides Jiménez, como Pedro Muñoz Fonseca, como Víctor Morales Mora, entre otros ocupantes de curules diputadiles, mal hacen en cantar victoria sobre el movimiento sindical y, especialmente, sobre las legítimas aspiraciones de luchas del pueblo trabajador costarricense por una real justicia social en la Costa Rica desigual de hoy.

Ellos, haciendo gala de sus convicciones neoliberales, totalmente fracasadas, que hasta los principales periódicos estadounidenses lo empiezan a reconocer, creen que la Patria es una finca de la cual ellos son sus capataces. Saben muy bien que están pisando un campo minado al seguir pretendiendo imponer un modelo de democracia autoritaria, cuando analistas políticos serios, de un modo u otro, reconocen que como sociedad estamos sentados sobre un barril de pólvora.

Por otra parte, los más célebres estudiosos de los fenómenos sociales globales y latinoamericanos coinciden en que la única forma de imponer el modelo neoliberal es con autoritarismo, represión policial y militar, revirtiendo derechos democráticos, relativizando y segmentando los Derechos Humanos, en realidades que indican que ya no bastan las dictaduras mediáticas tradicionales, pues el frente abierto por las redes sociales posibilitan la invocación al ejercicio democrático de la calle con consecuencias magistralmente demostradas en diversos pueblos de la Tierra.

En verdad, resulta ridículo e irrisorio que la represión jurídica, ilegalizando la huelga, proscribiendo sindicatos, criminalizando la protesta social y abriendo procesos penales espurios contra los dirigentes, puedan contener el desarrollo de la expresión abierta de la iracundia popular que se está incubando en las mentes, en los corazones, en los estómagos, de 300 mil personas sin empleo; de miles de micro-pequeñas y medianas empresas, personas emprendedoras de negocios en la ruina, de 800 mil personas al margen de la seguridad social, de muchos miles más de compatriotas altamente endeudados por las tasas de usura en créditos de todo tipo; de un cuarto de millón de personas trabajadoras en el sector público, vilmente ofendidas y culpabilizadas por un déficit fiscal de lo cual tienen ni la más mínima responsabilidad; y de varios miles de personas dedicadas a la actividad de la producción agropecuaria nacional al borde de la extinción económica por deudas con los bancos que no pueden pagar. Y ni qué decir de las juventudes, especialmente las que terminan la educación secundaria y universitaria enfrentando el futuro más incierto que generaciones anteriores de personas costarricenses tuvieron a partir de 1949.

Con o sin sindicatos, no pueden negar ni los Carlos Ricardo, ni los Pedro Muñoz, ni los Víctor Morales, ni toda esa clase política acuartelada en los muros agrietados del neoliberalismo, con tanto miedo que decidieron “bunquerizarse”, que la realidad social anteriormente descrita de la Costa Rica del Bicentenario, más temprano que tarde les estallará en la cara. 

Esto apenas empieza…

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Definitivamente no hay otra forma de calificar el robo de impuestos en Costa Rica, como que se trata de un crimen contra toda la sociedad. El actual ministro de Hacienda, don Rodrigo Chaves Robles, no se anduvo con rodeos: indicó, abiertamente, que la evasión de impuestos en nuestro país está entre el 6 y el 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Tomemos el 8%, cifra muy aceptada en círculos de alta seriedad profesional con conocimiento en la materia. Como cada punto del PIB equivale a 350 mil millones de colones, esos 8 puntos corresponden, anualmente, a 2 billones 800 mil millones de colones. En cifras así: 2.800.000.000.000.

Justo es indicar que un antecesor de don Rodrigo Chaves Robles en ese cargo de Ministro de Hacienda, también ya lo había señalado. Fue don Helio Fallas Venegas, en el Gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera. 

Desde una multiplicidad de sectores cívicos, académicos, sociales y sindicales el tema lleva ya muchos años de ser planteado y denunciado. En nuestro caso, desde la corriente sindical en la cual militamos, este asunto es, prácticamente, el número uno en nuestra agenda obrero-social de lucha patriótico-cívica.

Hemos invertido mucho tiempo en lecturas, estudios, foros, seminarios, eventos de la más variada índole, especialmente en el plano nacional y también en el internacional. En este caso, por ejemplo, tres de las entidades sindicales a las cuales está adscrita la ANEP tienen, también, bastante tiempo en incluir en sus agendas el tema fiscal-tributario.

Nos hemos nutrido de los aportes que en tal sentido han estado brindando tanto la Confederación de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA), la Confederación Sindical Internacional (CSI), así como la Internacional de Servicios Públicos (ISP).

Es un problema global, con espectacular impacto negativo para la integridad social en los países de la América Latina. Tan es así que esta región está conceptuada como la más desigual del planeta, precisamente por sus sistemas tributario-fiscales tan regresivos como injustos. 

Para el caso costarricense, considerando la procedencia político-tecnocrática del ministro Chaves Robles, su estadía por un cuarto de siglo en el Banco Mundial; que él reconozca los altísimos porcentajes de la evasión fiscal-tributaria con relación al PIB, hay que ponerle la firma. Y si la prensa afín u oficial al capital evasor le abrió sus páginas para que lo dijera, esa gigantesca cantidad de robo de impuestos es ahora, ¡completamente oficial!

Es que estas cantidades son, aparte de monstruosas, inmorales, antiéticas… Sencillamente estamos hablando de un crimen contra toda la sociedad. 

Por día, quienes roban impuestos en todas sus manifestaciones, por múltiples formas, utilizando recovecos legales, artimañas jurídicas o, simple y sencillamente, evasión pura y dura; se están dejando, ¡7 mil 671 millones de colones (¢7.671.000.000)! 

Redondeado: casi 89 mil colones por segundo. Unos 5 millones 300 mil colones por minuto. Casi 320 millones de colones diarios. 

A un año de la aprobación-imposición del combo fiscal, Ley No. 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, los partidos Liberación, Unidad y PAC nos tienen con salario congelado, con salarios a la baja, miles de micro, pequeñas y medianas empresas quebradas, altísimo desempleo, con la carga del IVA y con el costo de la vida siempre en alza… mientras el gigantesco fraude fiscal sigue tan campante como siempre por la protección que les dan a los ladrones de impuestos las élites políticas.

Al terminar de leer este artículo, usted habrá ocupado unos 4 minutos con 40 segundos. Eso quiere decir que mientras usted nos hacía el honor de leer de este artículo, los ladrones de impuestos se dejaron 24 millones 760 mil colones. ¿Hasta cuándo compatriotas…?

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Hoy, martes 10 de diciembre de 2019, estamos conmemorando el DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, recordando la fecha del 10 de diciembre de 1948, cuando la Tercera Asamblea de la recién fundada Organización de las Naciones Unidas (ONU), proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos; inspirándose en el sueño, en la filosofía, en la aspiración noble de que en algún momento todos los pueblos y todas las naciones del planeta alcancen un “estándar común”.

Del sitio web www.humaniun.org/es/derechos humanos-1948, hemos extraído algunos criterios relevantes que nos estimulan a considerar la urgencia política de poner como eje central de la lucha sindical el conocimiento, la promoción, la difusión y la lucha más firme para su respeto pleno en la Costa Rica actual, con un estado de desigualdad en crecimiento constante.

Los derechos humanos son “el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos. Libre de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier índole, la dignidad humana es universal, igual e inalienable. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

En aquel 10 de diciembre de 1948, ninguna de las 56 naciones que a ese momento estaban conformando la ONU votó en contra de dicha declaración. Costa Rica tuvo el privilegio de estar en esa votación y, por supuesto, votó a favor. Según los registros históricos, 3 países se abstuvieron: Arabia Saudita, Sudáfrica y la hoy extinta Unión Soviética (URSS).

El indicado sitio web nos cuenta algo tan interesante como esto: “El texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 está inspirado en el texto de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional decidió bosquejar una carta de derechos que afirmara los valores defendidos en la lucha contra el fascismo y el nazismo” … El texto final es pragmático, resultado de numerosos consensos políticos, de manera tal que pudiera generar una amplia aprobación”.

Es este memorable DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, quienes estamos en la lucha sindical cotidiana tenemos que fijarnos en el contenido del Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual tiene 4 aspectos:

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. ¿Cómo está nuestra querida Costa Rica hoy, al respecto? No es difícil la respuesta. A miles de compatriotas no se les está respetando plenamente este artículo 23 en lo atinente.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Mucho camino por recorrer nos queda al respecto, especialmente en lo que respecta a las mujeres trabajadoras.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Evidentemente, las políticas macrofiscales actualmente en boga, en las cuales la prioridad número uno es atender el altísimo endeudamiento público y su excesivo pago de intereses, van a deteriorar el acceso de miles de compatriotas a las diferentes políticas de protección social tan características de una sociedad que estuvo siempre preocupada por la inclusión.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. La ofensiva antisindical de los últimos tiempos que se ha dado en Costa Rica, nos obliga a enlazar más la estrecha relación entre la actividad de organización sindical y el activismo militante por la defensa de los Derechos Humanos.

El neoliberalismo ha fracasado, pero se muestra hoy más furioso y rabioso que nunca, con tendencias totalitarias y autoritarias en fuerte desarrollo. Ya estamos viviendo esto en Costa Rica. La acción sindical seria, responsable, independiente y propositiva, que tenga vínculos sociales fuertes, es imprescindible para aportar en la construcción de la alternativa movilizadora que le haga frente a ese cruel neoliberalismo, tan repudiado por los pueblos.

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

“El modelo del capitalismo triunfante está destruyéndose a sí mismo por su insostenibilidad. Tengo una perspectiva socialdemócrata y creo que la distribución del ingreso es muy injusta, pero más allá de la discusión sobre la justicia social o mejores oportunidades en la redistribución de la riqueza, un poco más allá del debate ideológico, hay una realidad, y es que la sostenibilidad de este modelo económico va a fracasar”.

Semejante pensamiento es del político español Felipe González, hoy un arrepentido de haber abrazado, en su momento y como gobernante, el neoliberalismo. Así se lee en reciente entrevista que le hiciera el periódico El País, medio de información muy conocido en los círculos políticos de habla española.

Lo que dice Felipe González se suma a una serie de planteamientos de diverso orden que en varias latitudes y con procedencias diversas, incluido el propio Papa Francisco, afirman que el neoliberalismo es un fracaso en el amplio sentido del término. ¡En Costa Rica también!

La democracia representativa, para el caso costarricense, tal y como la conocimos y como se ha practicado, ya no resulta funcional para mantener el control social ejercido por los sempiternos grupos económicamente poderosos, los cuales han venido acumulando riqueza de manera desenfrenada, dominando los diferentes gobiernos, aunque con ropajes partidarios distintos, a lo largo de los últimos 30-35 años.

El sistema económico que da cobertura a la democracia representativa tica “está destruyéndose a sí mismo por su insostenibilidad”, como lo apunta el político español.

El desastre socioeconómico del gobierno actual, el segundo del PAC (sumado al generado por sus contrapartes del hoy tripartidismo neoliberal), potenció la serie de cifras estadísticas negativas que, al conjuntarse, nos muestran un país en reversión, en retroceso, en involución; triste realidad que llena de tristeza, enojo, dolor e indignación a cada vez más número de costarricenses. Y esto tiende a crecer.

Alvarado y sus principales apoyaturas ideológicas, políticas y económicas se decidieron por un ajuste fiscal a la brava (la imposición de la hoy Ley de la República No. 9635, quizás la más detestada legislación de los últimos tiempos); misma que ha posibilitado la conjunción de malestares de diversa índole y procedencia, al punto de dar origen a un proceso de articulación en el ámbito de la resistencia, hoy conocido como Encuentro Social Multisectorial.

Pero no es el único, pues otros ya existen y otros más habrán de surgir al agudizarse la confrontación que ellos han decidido plantearle a la gente, a la ciudadanía.

Las múltiples formas de mostrar oposición hacia tal ajuste fiscal ya se están viendo y se seguirán dando. Por eso, están decididos a pasar el primer estadio de degeneración de una democracia representativa, cual es instaurar el autoritarismo.

Con la “ley mordaza” (expediente legislativo No. 21-049), ya aprobada en primer debate y ahora en consulta a la Sala Constitucional, ansían institucionalizar en el plano jurídico la política del miedo, castrando toda posibilidad de manifestación contraria a su visión de sociedad, en oposición al modelo económico que defienden, ahora catalogado por sus iguales político-ideológicos en tiempo reciente, como insostenible.

Paralelamente, en acción debidamente coordinada, el autoritarismo por implantarse nos muestra ya rostro más vil: el totalitarismo. El totalitarismo ya se ejerce mediando la intervención del periodismo de odio, el cual viene satanizando lo diferente, lo distinto, lo que les desafía; excluyendo de la noticia, la contracara del enfoque de cobertura, amén de que este es completamente sesgado, parcializado, subjetivizado y editorializado en contra del otro.

El otro es la gente, la ciudadanía, la población trabajadora (en lo específico). Gran parte de ese otro es bombardeado inmisericordemente, mediante las operaciones psicológicas y de terrorismo ideológico como las desplegadas en los últimos tiempos para la satanización, por ejemplo, de la clase trabajadora estatal a fin de que esta sea repudiada por su contraparte, aunque de la misma clase, del sector privado. ¡Y ni qué decir de lo que han hecho en relación con la institución democrática del sindicalismo, misma que hasta estatus jurídico internacional posee!

¿Qué sigue? ¿La dictadura? Veamos la ruta perversa que están transitando, jugando con fuego o, como se dice popularmente, “jalándole mucho el rabo a la ternera”: Se han encargado de desprestigiar la democracia representativa y han copado, bajo un mismo prisma ideológico, la institucionalidad que les es funcional a sus intereses de hegemonía económica, de rentismo estatal y de peonada política pagada.

Controlan toda (o casi toda) esa institucionalidad que les permite -entre otros factores de insostenibilidad sistemática, según lo piensa don Felipe González-, la acumulación de riqueza desenfrenada, la imposición tributaria de sesgo regresivo, la reversión de conquistas y de derechos económico-sociales.

Este proceso está mostrando resistencias que les puede quitar el control si no hacen algo contundente y con urgencia: es algo es la “ley mordaza”: especie de autoritarismo legal pero no moral ni ético.

En su lógica política, esa gente piensa que lo que se salga de tal marco -si es que logran imponerlo del todo-, debe ser exterminado, liquidado, fortaleciéndose la desaparición de la disidencia, imponiendo el totalitarismo ideológico ya descarnado, cuya primera aproximación es lo que hemos venido sufriendo y denunciando como periodismo de odio. De aquí a la dictadura hay un único pero peligroso paso. No faltará quien le grite “comunista” a don Felipe González.

*Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Ante la feroz resistencia de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) para que haya algún nivel de regulación en cuanto al cobro de las obscenas, escandalosas y socialmente criminales tasas de usura en los créditos que pesan sobre las finanzas de mayoría de las personas habitantes de este país, especialmente en cuanto a tarjetas y electrodomésticos; hace 10 años comentamos, en este mismo espacio, una denuncia que en aquel momento catalogamos como la “más sensacional de los últimos tiempos”, no solamente por quien la formuló sino por dejar al desnudo una conducta prácticamente delincuencial de parte del sector banquero del país.

Después de 10 años de esa denuncia, nada parece haber cambiado. Pero, ¿quién denunció en aquel momento? ¿Un sindicalista?, ¡no! ¿Una investigación periodística?, ¡no! ¿Un empresario honesto?, ¡no! Entonces, ¿quién denunció? 

Nada más y nada menos que don Jorge Guardia Quirós, economista ligado al PUSC y quien conoce al dedillo las intimidades del mundo financiero-bancario de este país y sabe quién es quién dentro de este.

Pero, ¿qué dijo don Jorge Guardia Quirós en aquel momento? Que los banqueros “lograron aprobar leyes, decretos y políticas económicas que los beneficiaron en cantidades muy grandes, tan grandes que nadie las ha podido cuantificar”.

En su denuncia, el Sr. Guardia Quirós lanzó su dedo acusador contra un notable banquero ligado al PLN, don Luis Liberman Ginsburg, acusándolo de ser un cabildero que está en deuda con el país.

En aquel momento, y en esta misma sección de opinión, nosotros comentamos lo siguiente a propósito de lo que denunció don Jorge Guardia Quirós: “Que los banqueros neoliberales hayan controlado la política económica costarricense en todos estos años, generó graves consecuencias que sufrimos hoy: crecimiento de la desigualdad, de la concentración de la riqueza, de la pobreza insuperada, de la violencia en todas sus formas; y como era de esperarse, de una corrupción desenfrenada”. ¡Nosotros dijimos esto hace 10 años! ¿Y cómo estamos ahora, en el 2019? ¿Verdad que peor? Pero esos banqueros siguen en total impunidad.

Nosotros escribimos en aquel momento que para don Jorge Guardia Quirós “… el grupo banquero del señor Liberman fue tan influyente que ‘persuadió’ a los partidos tradicionales (PLN-PUSC), para ubicar a miembros de su clan en Hacienda, Banco Central, Sugef, Conassif y Supen. Aquí emplazamos al sr. Guardia para que dé los nombres que nos ofreció en su denuncia”. ¡Jamás abrió más la boca el Sr. Guardia Quirós! Nunca nos dio esos nombres, pero no es gran “misterio” saberlos.

Apuntábamos nosotros hace diez años lo siguiente: “Mientras al pueblo, a la clase media, a las micro, pequeñas y medianas empresas les recetaban altísimas tasas de interés por sus créditos, los banqueros del grupo del Sr. Liberman…”; don Jorge Guardia los acusó de que “lograron que les rebajaran los encajes bancarios en ciertos períodos para poder prestar y lucrar más, obligando al Banco Central a absorber esos recursos e incurrir en pérdidas y afectar la inflación, que castiga a los más pobres. Lucraron con los bajos impuestos de renta a los intereses (8%), mientras que los demás mortales, incluyendo asalariados, pagaban tasas mucho más elevadas, del 15%, 25% y hasta un 30%…”.

Y el Sr. Guardia Quirós profundizó su acusación en ese entonces: Dijo que esos banqueros “captaron y prestaron mediante sus offshores sin satisfacer encajes, someterse a la Sugef, ni pagar impuestos. Toda una vida hicieron plata exenta por medio de sus offshores y, al final, tampoco pagaron nada (ni cuita), pues al ponerse viejos vendieron sus acciones a bancos extranjeros sin estar sujetos a impuestos sobre la renta”. 

Además, los señaló de que esos banqueros habrían obtenido “…una interpretación favorable de los gastos asociados con ingresos gravados a tasas preferenciales para ahorrar millones en impuestos”; que disfrutaron “de los beneficios de las minidevaluaciones, pues traían capitales extranjeros mientras el Banco Central asumía todo el riesgo cambiario”.

Luego de 10 años, ¡total impunidad! ¡Nada pasó! Los banqueros siguen siendo el sector político-hegemónico más poderoso dentro de lo que podemos conceptuar como el poder real en nuestra sociedad. Hoy, tal poder, aliado más que nunca con las matrices mediáticas dominantes, especialmente las del periodismo de odio, la emprende contra una legislación que nosotros más bien creemos que se queda corta: esa que pretende regular las tasas de usura por los créditos que se dan a la gente, de forma tal que queden entre un 30-32%, en vez de las escandalosas que hay actualmente en el mercado financiero que están en el doble (o hasta más) de esos porcentajes.

El contenido de las denuncias de don Jorge Guardia Quirós nos lleva a la conclusión de que las fortunas acumuladas por los banqueros y similares son inconmensurables y, seguramente, con pago de impuestos nulos o ridículos. Lo que correspondería es una condonación de ese tipo de deudas de la gente, parcial o totalmente, luego de que a la gente endeudada les han sacado plata a niveles, también, inconmensurables.

El grupo financiero-banquero que hace 10 años denunció don Jorge Guardia Quirós, sigue siendo en esencia el mismo de hoy y muchas de las entidades y personas integrantes del mismo forman parte de la Asociación Bancaria Costarricense, la ABC; esa misma que ha sido denunciada de impulsar una campaña sucia para frenar la iniciativa de ley de regulación del cobro de usura en créditos. ¡Total impunidad!

Con gran pompa, la prensa oligárquico-oficialista dio cuenta de que ya ingresaron a las arcas del Banco Central de Costa Rica (BCCR) la cantidad de 1.500 millones de dólares que se consiguieron en el mercado financiero internacional, luego de que el Parlamento le aprobó al Gobierno una emisión de eurobonos para obtener esa plata.

Ahora, el Gobierno nos anuncia que irá, de nuevo, a pedir permiso a la Asamblea Legislativa para colocar 4.500 millones de dólares adicionales a esos 1.500 millones, de modo tal que alcance la meta que se fijó de endeudar más al país, con un total de 6 mil millones de dólares.

Esto le permitiría al Gobierno de Alvarado Quesada terminar su período con “holgura fiscal” y de paso, hacer la pantomima patriótica de la celebración del Bicentenario, tirándose flores y haciéndose autobombo, aunque a la gente común y corriente, que es la mayoría de la población, se le siga cobrando la factura por el desastre fiscal del país que no generó y del cual no tiene responsabilidad.

Adicionalmente a esa plata que ya está en la cuenta del Ministerio de Hacienda que tiene en el BCCR, es decir los 1.500 millones de dólares que ya entraron; vienen de camino 850 millones de dólares más, producto de dos nuevos préstamos: uno por $350 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y otro por $500 millones que se contraerá con la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Sume usted: 1.500, más 350, más 850 millones de dólares. Tenemos un gran total de 2.350 millones de dólares que, presuntamente, llevarán “tranquilidad” a la agobiante situación fiscal del país y a los grandes ganadores con esto de la deuda: los mercados financieros.

Pero eso es un “alegrón de burro”, visto así desde una perspectiva popular y social puesto que, en pocas semanas, con la llegada del año 2020, así como entró esa plata, así se irá, rapidito. ¿Por qué?

Según esa misma prensa oligárquico-oficialista y en la mismísima información en la cual nos dio la “buena nueva” de la entrada en las cuentas del Ministerio de Hacienda de esos 2.350 millones de dólares; hay que pagar en el 2020, 1.130 millones de dólares debido a “vencimientos de deuda”, más otros 1.100 millones de dólares en pago de intereses de deudas contratadas en dólares. Entonces, vea usted esta conclusión de un cristiano-paga impuestos, ciudadano de a pie que viaja en bus y/o en taxi: Por un lado, entraron 2.350 millones de dólares (eurobonos más créditos BID y CAF); pero por otro, salen 2.230 millones de dólares (1.130 vencimientos y 1.100 intereses). “Quedan”, entonces, 120 millones de dólares pero que se esfumarán porque la suma de intereses mencionada es mayor (la información comentada expresa, textualmente, “…pago de intereses por deudas contraídas en dólares por más de $1.100 millones”).

¡Nos endeudan para pagar deudas! Nos llevan al precipicio. Por otra parte, si nos fijamos con más cuidado qué significa que se deban pagar en el próximo año 2020, más de 1.100 millones de dólares en intereses por deudas contraídas en esa moneda, y digamos que, a un tipo de cambio de 580 colones, nos están diciendo que cada 24 horas, el pueblo costarricense debe pagar casi 1.748 millones de colones, ¡diarios!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

“Un llamado para que nuestro futuro digital nos pertenezca” es el nombre de un manifiesto ciudadano que se presentó de manera pública en la ciudad de Berlín, capital de Alemania, este 25 de noviembre de 2019, durante el desarrollo del Foro de Gobernanza de Internet, organizado por la Just Net Coalition (JNC), la Coalición por una Internet Justa y Equitativa, surgida en Delhi, India, en 2014.

Deseamos compartir con las personas lectoras de nuestra columna semanal para La Prensa Libre las dos motivaciones centrales que animan este naciente y nuevo movimiento crítico surgido en este mundo de globalización excluyente y de sesgo totalitario.

Just Net Coalition plantea lo siguiente: “Con la creciente digitalización de nuestras sociedades, los datos constituyen un recurso económico clave, cuyo acopio y procesamiento permite transformarlos en algoritmos e inteligencia artificial, de alto valor económico.  Actualmente este recurso es apropiado por las corporaciones globales de datos para su propio provecho, sin pedir permiso ni ofrecer recompensa, como un derecho de facto. ¿Debemos seguir permitiendo que las corporaciones se adueñen de nuestros datos? O, más bien, ¿somos nosotros, como personas y comunidades, que debemos poder sacar provecho de ellos, en función de las necesidades que establezcamos?”. Bien provocadora es la anterior consideración.

Y, ¿qué proponen los impulsores de este nuevo movimiento global? “La Coalición Just Net (JNC) propone que se necesita urgentemente establecer regímenes legales que afirmen los derechos y la potestad de las personas sobre sus datos, tanto individual como colectivamente, así como un mayor control sobre las tecno-estructuras dentro de las cuales operan los datos y la inteligencia.  También apela a la necesidad de estructuras democráticas de gobernanza de la esfera digital, que vaya de lo local a lo global.

“Un llamado para que nuestro futuro digital nos pertenezca”, lanza al mundo su Manifiesto por la Justicia Digital conteniendo 16 principios clave que deben servir de base para un debate en los planos internacional, nacional y local. Son estos:

1. Todas las personas deben tener potestad sobre sus datos, ya sea de manera individual o colectiva.

2. Nuestros datos requieren protección contra el abuso.

3. Necesitamos las herramientas para controlar nuestros datos.

4. Los bienes comunes de datos requieren marcos de gobernanza adecuados.
5. La protección, el intercambio y la utilización de datos requieren nuevas instituciones.

6. El trabajo que genera datos debe ir acompañado de derechos digitales.

7. Los datos deben procesarse cerca del punto de su origen.

8. Los flujos transfronterizos de datos deben regirse a nivel nacional.

9. Es necesario reivindicar las tecno-estructuras como espacios personales y públicos.

10. Deberíamos tener potestad sobre el software que utilizamos y poder controlarlo.

11. Las infraestructuras digitales clave deben ser administradas como servicios públicos.

12. Las tecno-estructuras deben ser descentralizadas para un uso abierto, con interoperabilidad.

13. Los monopolios digitales globales deben desarticularse.

14. La datificación de las sociedades debe gestionarse democráticamente.

15. El desarrollo de los estándares digitales debe ser la responsabilidad de organismos de interés público.

16. La esfera digital debe ser gobernada de lo local a lo global.

Este Manifiesto por la Justicia Digital, ahora promovido bajo el lema “Un llamado para que nuestro futuro digital nos pertenezca”, hace referencia a la “Declaración de Delhi para una Internet justa y equitativa”; misma que, a su vez, contempló 23 enunciados en los ámbitos de una internet como bien común global, democratizar la arquitectura de internet, internet y derechos, gobernar internet para el interés público. (https://www.alainet.org/es/articulo/84664).

En un segundo artículo vamos a ampliar sobre el particular. “La sociedad digital ya está aquí”, dice el Manifiesto por la Justicia Digital; sin embargo, parece que estamos en mayores estados de indefensión en relación con el inicio de la era digital.

Es inobjetable que estamos en un escenario de polarización político-social con fuerzas en pugna de descomunal disparidad. La hegemónica tiende a consolidarse; la que está llamada ser contrahegemónica, con todo su potencial, no logra la necesaria articulación para posicionarse en cuanto tal y, al menos, mantener un frágil balance de cara a la ofensiva totalizante de esa hegemónica, que es de corte, neoliberal, que está apostando el todo por el todo: tierra arrasada con lo diferente.

En este perverso accionar totalizante, cuya más reciente acción concreta es el primer debate legislativo a la calificada como “ley mordaza”. En el largo tránsito recorrido de estos últimos años de lucha social, la hegemonía dominante no ha dudado en emplear la violencia en varias manifestaciones o categorías que conviene dejar en evidencia: violencia política, violencia económica, violencia jurídica y, la más intensa, violencia mediática.

Indudablemente que estamos hablando de un “manjar” para aquellas personas estudiosas de los fenómenos psicociales, sociopolíticos y económicos de estos tiempos tormentosos en los cuales dos visiones de desarrollo se han venido enfrentando, mediando múltiples circunstancias y situaciones, a lo largo de los últimos 35 años.

Este tema de las distintas formas de violencia a las que han venido apelando los sectores dominantes en los últimos tiempos: ya sea para frenar el desarrollo de la Democracia con inclusión social; ya sea para hacer avanzar sus políticas públicas concentradores de riqueza y promotoras de la desigualdad; y, ya sea para la aniquilación de todas las formas de resistencia a su hegemonía depredadora (como lo que estamos presenciando en estos momentos); merecen amplios análisis que nosotros no estamos en condición de hacer en estos momentos. Sin embargo, desde nuestra experiencia práctica en la lucha social de todos estos años, podemos puntualizar en lo siguiente:

VIOLENCIA POLÍTICA: Se ha venido manifestando cuatrienalmente, con cada proceso electoral de orden nacional (presidencial y diputadil): un recurrente proceso de estafa política al electorado pues a éste se le promete una cosa y ya en el gobierno se hace otra. Alvarado resulta ser el más grande estafador político de los últimos tiempos, en este ámbito del engaño electoral: violencia política contra esas mayorías que le votaron.

VIOLENCIA ECONÓMICA: Sin duda alguna, el último ejemplo es la nefasta ley 9635, mal llamada, oficialmente, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Para quienes han tenido que cerrar negocios, para quienes han visto ya reducciones en sus salarios y mermados sus derechos, para quienes se han quedado sin trabajo por estos meses producto de tal legislación, para quienes ven disminuido sus ingresos por la aplicación del IVA; para todos estos sectores, dicha legislación es una expresión de violencia económica que les conduce a la pauperización, a la incertidumbre, a la zozobra; en suma, a la exclusión.

VIOLENCIA JURÍDICA: Cuando los guardianes de Constitución Política, la piedra mayor de nuestro sistema jurídico, ceden a la presión fiscal circunstancial y se acomodan a una particular visión de tal problema, de corte político-ideológico; se falla a favor de esa parte de la sociedad y en contra de la otra, misma que también tiene su visión sobre el grave problema fiscal nacional y sus posibilidades de atención sin dañar a las mayorías. También es violencia jurídica cuando la contratación laboral se hizo con determinadas características y de un porrazo, se cambian éstas, en detrimento de situaciones jurídicas consolidadas y de su correspondiente estatus socioeconómico individual y familiar.

VIOLENCIA MEDIÁTICA: Esta podría ser la de mayor incidencia a la hora de definir la construcción de un proceso de integración social, realmente democrático e incluyente. Sin haber ido a elecciones, desde un estudio de televisión o de una sala de redacción se dictan pautas y se giran directrices políticas al gobernante endeble que no tiene el suficiente carácter para honrar su compromiso electoral y pasa a ser servil de los intereses de pequeños grupos de gran poderío económico, cuyas vocerías mediáticas dañan honras opositoras y direccionan la opinión de la ciudadanía, manipulándola, para que ésta adopte como suyas las percepciones de mundo de esos grandes factores de poder económico. En los actuales tiempos, esa violencia mediática tiene una expresión concreta en lo que nosotros denominamos como periodismo de odio: excluyente y satanizador al máximo de la visión diferente, ejercicio informativo parcializado y editorializante, con cruel empleo de la agresión psicológica y del terrorismo ideológico.

Como usted habrá notado, la exacerbación de un incidente con evidente sesgo provocador en una manifestación pública, no es más que un aspecto que nutre el ejercicio de la violencia mediática en estos tiempos de fuerte polarización; y de ejercicio de estas cuatro formas de violencia con carácter concatenado; de suerte que se posibilite la aniquilación de lo diferente ante la necesidad de disciplinamiento social, que incluye la destrucción de las voces insumisas, especialmente cuando éstas muestran fuertes posicionamientos que obligan al control por imposición; no por inclusión.