Categoría: Opinión

El Ministerio de Hacienda, ideológicamente matriculado con el fundamentalismo macrofiscalista de sesgo neoliberal, según la hegemonía que ejerce en él su máxima jerarca, doña Rocío Aguilar Montoya, en representación de la tríada gobiernista Plusc-PAC y su máximo aliado político-sostén, el alto corporativismo de los “empresaurios”; nos da cuenta que durante los meses de enero y de febrero del presenta año 2019 el pago de intereses de la deuda pública consumió 122 mil 471 millones de colones (122.471.000.000).

Nosotros no confiamos de las cifras fiscales que dan los neoliberales. Creemos que puede ser mucho más la cantidad de plata que se le quita al pueblo costarricense para que este pague una deuda que, por un lado, nunca generó; y, por otro, una deuda que es impagable.

Esos 122 mil 471 millones es solamente por pago de intereses de la deuda impagable. Faltan los datos de amortización al principal, si es que los hubo en estos primeros 60 días del año.

Por eso tenemos que recalcar, una vez, que es urgente una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública y que todo el pueblo trabajador y sus diversas modalidades de organización, deben apoyar el esfuerzo que en tal sentido se promueve por agrupaciones de la sociedad civil y por algunos señores diputados, destacando nosotros el interés mostrado por el señor legislador don Wálter Muñoz Céspedes.

122 mil 471 mil millones de colones erogados únicamente para pago de intereses de la deuda pública en estos primeros 60 días del 2019, significa que cada día (cada 24 horas), se pagó 2 mil 41 millones 183 mil 333 colones (2.041.471.000.000).

Y, cada hora de estos 60 días de pago de intereses, hubo que entregar a los acreedores del país, 85 millones 49 mil 305 colones (85.049.305); acreedores que, por cierto, no sabemos quiénes son ni cuáles bufetes y/o corredurías de bolsa les representan.

Tal y como lo expuso en su más reciente estudio el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Costa Rica está en la más delicada encrucijada en cuanto a su situación fiscal-tributaria.

Lamentablemente, tal estudio que recibió la necesaria difusión mediática que se requería. Desde nuestra propia interpretación de este, muestra el fracaso estrepitoso de la política fiscal y macroeconómica de los sucesivos gobiernos de los Partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana; hoy coludidos-coaligados en una tríada gobiernista favorecedora del alto corporativismo gremial-empresarial, nacional y transnacional, como ha venido quedando demostrado en los últimos tiempos.

Lo peor de todo esto es que pretenden llevarnos por la ruta del suicido colectivo del endeudamiento público impagable.

Están chantajeando, otra vez, a la sociedad con la “necesidad” del proyecto de los eurobonos, para un nuevo endeudamiento de 6 mil millones de dólares más.

Rehúyen, de manera perversa y por motivos del interés corporativo que representan y defienden (amén su doctrina económica fundamentalista), enfrentar el grave problema del endeudamiento público por la única vía razonable que encontramos en función de la gente y no del negocio.

Es decir, entrarle duro (repetimos) a esa Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública, por un lado; y, por otro, a impulsar todas las medidas político-legislativas para una corrección estructural del problema del déficit fiscal, mediando la aprobación parlamentaria de las diversas iniciativas de ley que han siendo venido formuladas para efectuar correcciones estratégicas en el sistema tributario, sin necesidad de nuevos impuestos, prácticamente.

Esa gente, la del PLUSC-PAC que nos ha hundido económicamente y que lleva al país al precipicio de la deuda pública, es la que sede ser desplazada del gobierno y del poder.

Esta es la tarea histórica pendiente por parte del pueblo trabajador. No queda mucho tiempo. Pensamos que, si logran patear la bola para adelante y se salen con la suya de ese nuevo endeudamiento de los 6 mil millones de dólares, para el 2021 la situación sería tan catastrófica que quedamos listos para un “rescate” por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), y/o del Banco Mundial. En tal sentido, ¡ya no habría más que hacer!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El próximo jueves 13 de junio se cumplirán los 100 años de uno de los acontecimientos más dramáticos ocurridos durante la primera dictadura (*) que sufrió el pueblo costarricense en el pasado siglo XX: la quema, el incendio por parte del pueblo tico indignado de ese entonces, del periódico La Información; medio que se había convertido en la voz oficial del régimen gubernativo de facto, encabezado por el general Federico Alberto Tinoco Granados, quien le dio un Golpe de Estado al entonces Presidente de la República, don Alfredo González Flores, traicionándolo pues era su ministro de Guerra y Marina.

Dicho golpe, perpetrado el 27 de enero de 1917, contó con el fuerte soporte del hermano del dictador, el también general José Joaquín Tinoco Granados, quien terminaría sus días siendo asesinado al final de dicho período de régimen totalitario.

Luego de dos años y medio de régimen dictatorial, en la semana del 9 al 13 de junio de 1919 se dio una gran sublevación popular en la cual, que venía incubándose meses atrás y que fructificaría luego con la caída del tirano en agosto siguiente, con su huida-exilio en Francia, pasando por Jamaica.

La nota de la enciclopedia Wikipedia, denominada “Movimiento cívico estudiantil de 1919” (https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_c%C3%ADvico_estudiantil_de_1919), nos sirvió de base para la elaboración de este comentario; concluyendo de nuestra parte que dicho medio de comunicación colectiva, La Información, con su apoyo abierto al régimen dictatorial de los hermanos Tinoco, había concitado un alto nivel de repudio popular y ciudadano, con su enfoque noticioso parcializado a favor de la tiranía y su papel de vocería oficial gobiernista.

La Información, en tal sentido, practicó lo que hoy equivale, según nuestra propia vivencia y experiencia, a lo que hemos denominado como periodismo de odio: un estilo de cobertura noticiosa altamente editorializada, con descarada parcialización hacia el  interés de la clase hegemónica y económicamente pudiente, con invisibilización radical de la diversidad de las visiones contrarias al interés del periódico de clase; así como la estimagtización descalificante del adversario en la confrontación de ideas por la naturaleza de la comprensión del significado real de la Democracia; y que, además, mediante la más insana manipulación, se arroga la vocería de la opinión pública, que no es más que la opinión subjetiva e ideológica por ella publicada.

El pueblo costarricense que se sublevó en la crucial semana del 9 al 13 de junio de 1919, compuesto por maestros y estudiantes del Liceo de Costa Rica, del Colegio Superior de Señoritas y del Colegio Seminario, junto a intelectuales, obreros y ciudadanía en general; ya le cobraba a La Información su elogio al gobernante dictador y su política de convertirse en vocería oficial del régimen, al punto de darle cobertura a sus medidas antidemocráticas y represivas.

Los días 12 y 13 de junio de 1919, La Información le dio un gran destaque a las medidas desesperadas de los tiranuelos Tinoco en contra del magisterio y del estudiantado sublevado, al punto de hablar de despidos masivos, reducción del número de docentes y adelanto de vacaciones.

Además, la gota que derramó el vaso fue que La Información difundió con cizaña periodística cargada de odio, la directriz dictatorial de impedir reuniones, aglomeraciones, ordenando disolverlas y/o encarcelar a sus protagonistas, o ponerles multas económicas.

Ya para esos momentos, la rebelión ciudadana era incontenible. Según la crónica consultada, el periodismo de odio practicado por La información, a la altura de ese histórico día 13 de junio de 1919, había llegado al paroxismo adulador del régimen tinoquista.

Muchos enojados ciudadanos recorrían las calles josefinas y en una de esas manifestaciones, leemos en dicha crónica:

“Se pronunciaron discursos contra el gobierno y a favor de la revolución, y a eso de las dos de la tarde, una voz anónima gritó: “¡A La Información!”. La multitud marchó hacia el periódico, pasando primero por la oficina de Cleto González Víquez, frente al Gran Hotel Costa Rica, apedreando luego la caballeriza del gobierno ubicada tras el Teatro Nacional, y luego llegando a La Información, periódico que se había convertido en la voz del gobierno. La gente, armada de piedras y leños, atacó el edificio. Los dueños del periódico quisieron defender la propiedad y soltaron varios balazos, pero esto solo hizo que la gente se lanzara más decididamente al asalto, tomando el edificio. Cayeron puertas y quebraron vidrios, y por las ventanas arrojaron todo el material del interior, luego de lo cual se le prendió fuego al inmueble. El incendio se propagó a cuatro casas vecinas y la policía fue corrida a pedradas. Entonces, el ejército comenzó a disparar desde el cercano Cuartel Bellavista. Un aguacero vino a disolver a la multitud, pero ya el periódico estaba hecho cenizas”.

En el centenario de la quema de La Información, ante el descrédito del sistema de partidos políticos y la sustitución de éstos por parte de los latifundios mediáticos al servicio del capital neoliberal, los cuales fijan la agenda nacional y con mucha carga de odio en sus más notables cruzadas de clase, cómo sería de gran provecho que en el marco de dicha fecha centenaria, los movimientos populares pudiéramos aglutinarnos para reflexionar y sacar conclusiones acerca del estado actual de la Democracia y el papel de los medios de comunicación colectiva en la Costa Rica de la desigualdad, de la exclusión… y de la violencia.

(*) La otra sobrevendría décadas después, luego del alzamiento armado de don José Figueres Ferrer (Don Pepe) y su triunfo en la Guerra Civil de 1948; período de dictadura conocido como la Junta Fundadora de la Segunda República, según la historia oficial.

Si hay un ámbito que nos refleja el estrepitoso fracaso de las políticas neoliberales, aparte del fiscal-tributario, es el del empleo.

Si nos atenemos a lo dictado en el artículo 56 de la Constitución Política de Costa Rica, cada costarricense que está sin empleo en este mismo momento, es víctima de una violación a sus derechos constitucionales, pues en nuestra carta magna el indicado artículo establece, en su parte medular, lo siguiente:

“Artículo 56. El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada…”.

Adicionalmente, la Constitución previó que no se debería abandonar a su suerte a las personas trabajadoras desempleadas dado que su artículo 72 ordenó lo siguiente:

“El Estado mantendrá, mientras no exista seguro de desocupación, un sistema técnico y permanente de protección a los desocupados involuntarios, y procurará la reintegración de los mismos al trabajo”.

Para empezar a revertir el fracaso neoliberal en materia de generación de empleo, redimensionando para las condiciones actuales del país la obligación constitucional del Estado al respecto, es imperioso resaltar la naturaleza del papel de una política pública estratégica al respecto, expresada en el marco de legalidad que le corresponde al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para asumir ese necesario reto; enfocándonos en el rol que se espera de su Dirección Nacional de Empleo.

Desde el año 1955, con la promulgación de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, No. 1860, se estableció la Oficina de Empleo, “…con el fin de establecer una política nacional en ese sentido, incluyendo colocaciones y formación profesional”.

Además: “Asegurar, hasta donde sea posible, una mejor distribución de la mano de obra, encauzando a los trabajadores hacia los empleos disponibles dentro de las ocupaciones de su escogencia”.

Entonces tenemos que esa Oficina de Empleo (luego Dirección Nacional de Empleo), tuvo desde sus orígenes una misión estratégica, misma que se revitalizó cuando se estableció el Sistema Nacional de Intermediación de Empleo y su implementación operativa expresada en el Consejo Nacional de Intermediación, Orientación e Información de Empleo, en el año 2008.

Este Consejo, al cual se le dio una Secretaría Técnica, de la cual forma parte el propio MTSS, es el órgano rector de toda política pública nacional en materia de empleo.

Obvio es, en consecuencia, que la cabeza política, el titular de esa cartera ministerial, no solamente debe gestionar todo lo concerniente al empleo, sino la persona a la cual hay que demandarle cuentas de manera directa.

El rol del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por tanto, debe potenciarse en grado sumo ahora que la cuestión del desempleo es un problema nacional de primerísimo orden.

No puede el país ponerse a generar “experimentos” de gestión al respecto, cuando la legislación no solamente es contundente en lo que atañe al organismo interventor en toda la cuestión del empleo; sino, lo que corresponde es ponerse a activar, operativamente, las estipulaciones de ley y no, repetimos, impulsar “juegos de laboratorio político”, porque la familia de la persona trabajadora desempleada lo que ocupa es asegurar su sustento vital mínimo y decente ya.

Entendemos que dentro de la política pública que tiene que ver con el trabajo y con el empleo, la sectorialización debe articular al propio MTSS con dos entidades fundamentales y necesarias para la promoción de ocupaciones dignas y decentes para el pueblo trabajador: el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).

En este último caso, el del Infocoop, es válido precisar que la recuperación de su independencia política y el cese de la ilegal intervención que le afecta, puede posibilitar mejores resultados de articulación interinstitucional para atender el flagelo social del desempleo.

Como lo venimos apuntando, el marco legal está dado y no admite dudas, en esto de la política pública promotora de empleo: el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en general; y, en lo específico, su Dirección Nacional de Empleo, debe dar la cara ante la sociedad.

Al respecto, una orientación política clara desde las esferas del ejercicio del real poder, en materia de convertir el tema del empleo en asunto-país, debe exigirle al MTSS su encuentro con la sociedad civil organizada, en cuyo seno existen planteamientos integrales sobre el empleo y el trabajo como fundamentos vitales de atajar el crecimiento de la exclusión y de la desigualdad sociales.

Ahora que lo de Limón estalla en la cara con todo su dramatismo social, la inyección real de potenciación de lo que pueda hacer el Ministerio de Trabajo y su ámbito de promoción del empleo, no da espacio en lo más mínimo para “competencias de rectoría”, que dilaten el sufrimiento que genera estar sin trabajo.

Debemos exigirle a la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social que ejerza su rol de rectoría en este campo del empleo.

Hay que fortalecer lo que se tiene, institucionalmente hablando y que cuenta con fuerte contenido jurídico. Una política de empleo con sentido integrador y social es lo que se ocupa en estos momentos; no una de alcance corto y corporativo que no expresa una visión de conjunto sino uno gremial y reducida.

Expoliación: acción y resultado de expoliar. Expoliar: acción y efecto de quitar a una persona algo de su pertenencia de manera violenta e injusta. Quitar una cosa a una persona injustamente.

No encontramos otro concepto para calificar lo que está ocurriendo en Limón, con ocasión de la entrada en vigencia del leonino contrato de concesión de la operación portuaria de contenedores, cuando se suponía que esta sería con participación de la histórica Japdeva, con el cuento ese de la competencia.

Parece que no es así y lo que está ocurriendo es el surgimiento de un monopolio privado que, según los especialistas portuarios, contraviene el cuestionado y controversial contrato. Según este, a la transnacional le tocaba el manejo de los grandes contenedores (fully celular container), la “carnita”; mientras que la empresa pública atendería “lo sobrante”.

Impresiona constatar que, aparentemente, la decisión de darle el manejo monopólico de toda la operación portuaria limonense no estaría siendo impulsada por el propio concesionario transnacional; sino que es el mismo Gobierno de la República, la Casa Presidencial  y el MOPT los que estarían siendo más papistas que el Papa, según se desprende de la lectura y del análisis que hicimos de acuerdo del Consejo de Administración de Japdeva, fechado 8 de marzo en curso (SG-134-2019), en comunicación directa que le dirigen a Carlos Alvarado Quesada, en su condición de Presidente de la República.

Si esto es así, si APM está diciendo que no lo quiere todo, pero es el mismo Gobierno el que se lo da, entonces cabe aquí aplicar el concepto de expoliación porque le quitarán lo poco que le queda a Japdeva; y, por tanto, como es el propio Alvarado el que dijo que la posición del MOPT al respecto, él la apoya, entonces no queda más que hablar de expoliación presidencial de Japdeva.

La valiente posición del Consejo de Administración de esta entidad, de su Presidencia Ejecutiva, de su legítima organización sindical Sintrajap, encuentra fuerte asidero jurídico, al momento en que se da la unidad institucional, misma que, como un todo conjuntado de esfuerzos diversos, decide enfrentar el expolio presidencial que le quieren aplicar.

El prestigioso jurista y especialista en Derecho Constitucional, el distinguido ciudadano don José Miguel Villalobos Umaña, nos indica: “El MOPT no tiene competencia jurídica para dar órdenes a Japdeva. La potestad de dirección del Poder Ejecutivo sobre las instituciones autónomas no incluye la de ordenar los actos específicos de ellas y pretender hacerlo podría configurar un delito de prevaricato”. Continúa don José Miguel: “Y la situación es aún más grave cuando el ministerio interpreta el contrato con APM en favor de la empresa privada y en claro detrimento de los intereses públicos”.

Ahora nos queda más claro que es correcto emplear la expresión de expoliación presidencial de Japdeva.

Este episodio de la expoliación presidencial de Japdeva que está ocurriendo en estos momentos, es la parte presuntamente culminante, de una serie de acontecimientos del proceso de confrontación ideológica entre las fuerzas cívico-populares y patrióticas a favor de Japdeva y del pueblo de Limón; con los sectores neoliberales hegemónicamente dominantes en las sucesivas administraciones gubernativas Arias Sánchez, Chinchilla Miranda, Solís Rivera y la actual, Alvarado Quesada, más propiamente Alvarado Piza.

Uno de esos episodios más abominables fue la intromisión del entonces presidente Óscar Arias Sánchez, en los asuntos internos de Sintrajap, cuando intentó imponer una papeleta sindical afín a los intereses de la transnacional que pujaba por la concesión.

Otro deplorable episodio fue la promesa de campaña electoral del entonces candidato presidencial Luis Guillermo Solís Rivera de que, si ganaba las elecciones, revisaría el contrato con APM Terminals pues lo consideraba leonino. Ganó las elecciones del 2014 y ya sabemos que deshonró su palabra.

Se nos dice que la transnacional APM invirtió mil millones de dólares para que le dieran la operación portuaria de Limón en condición monopólica, prácticamente. Esa concesión fue una decisión de negocios de profundo contenido ideológico, bajo el axioma neoliberal de “Todo mercado-nada Estado”.

¿Por qué afirmamos esto? Pues el sistema financiero-bancario del país, mezclando el público con el privado, tiene depósitos de dinero de más de 20 veces esa suma; es decir, Japdeva pudo haber sido ultra-modernizada para una operación total de los fully celular container, a partir de una inversión netamente nacional.

Limón merece mejor suerte. Limón tiene un extraordinario potencial para la inclusión social y para la reducción de las desigualdades. Japdeva no merece la expoliación presidencial de que es víctima, acción gubernativa esta que podría ser penalmente censurable como prevaricato, según la prestigiada fuente jurídica que citamos líneas arriba.

Limón, el pulmón económico de Costa Rica, pues por sus vías transita el 80% del comercio internacional del país, en realidad hace bastante tiempo sufre un proceso de expoliación sostenido y sistemático.

Lo de Japdeva pareciera ser la gota que derrama el vaso de la estoica paciencia limonense. Las fuerzas vivas de la comunidad caribeña están destinadas a una comprensión cabal del poder que les da la fuerza de tener la razón, ante tanta exclusión, burlas, engaños, tropelías… y expoliaciones.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Recientemente atendimos en nuestra sede y con base en su explícita solicitud, a la más reciente misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), de visita en el país, encabezada por el señor Ravi Balakrishnan, jefe de la misma; interesados en conocer nuestras consideraciones sobre el problema fiscal del país, a partir de la aprobación-imposición legislativa, de manera tramposa y mediando el fallo constitucional de compadre hablado, de la hoy ley de la República No. 9635, que lleva el pomposo nombre de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Como es lógico suponer, nuestra exposición se centró en señalar que de “fortalecimiento de las finanzas públicas” esa legislación es poco lo que contiene, aunque sí está cargada de medidas en contra de la sostenibilidad financiero-económico de la mayoría de los hogares costarricenses; y, en lo específico, de empobrecimiento salarial para miles de personas trabajadoras asalariadas del sector Público; y de mayor empobrecimiento en los hogares de las familias con salarios percibidos desde el sector privado y en las que reciben sus ingresos de actividad laboral informal.

Nada nos sorprendió, luego de esa visita, las públicas recomendaciones generadas por la misión del FMI; como tampoco esperábamos que se refirieran a los puntos centrales de nuestra exposición privada a ellos, en cuanto a evasión, elusión, regresividad tributaria, deuda pública y los abusivos intereses de la misma, fraude aduanero fuera de control, dinero sucio del narcotráfico, así como las pérdidas fiscales por corrupción.

La desconsideración de las recomendaciones del FMI para con las mayorías populares, sigue la lógica de las políticas de esta entidad financiera multilateral: que los y las de abajo, que son los más, paguen la crisis fiscal que fue generada por los y las de arriba, que terminaron enriqueciéndose.

El FMI recomienda (por ahora), subir el impuesto del valor agregado, ahora IVA antes ventas, del 13 al 15 %; gravar los excedentes de las cooperativas; bajar fuertemente el límite del monto exento de impuesto al salario (ahora fijado en 817 mil colones), para abarcar a más población trabajadora con empleo y salarios fijos; subir la tasa de impuestos sobre la propiedad y/o bienes inmuebles; y, aumentar los impuestos selectivos sobre bienes y servicios.

Particularmente, al ser el ahora IVA (impuesto al valor agregado), el más injusto de todos los impuestos pues se aplica a la gente sin discriminar capacidad de ingreso, la recomendación del FMI tiene más perfil de condena a un empobrecimiento mayor para las familias de ingresos medios y bajos con empleo formal y salario fijo, como para aquellas que luchan por subsistir en medio de la informalidad.

Por otra parte, este tipo de impuestos que propone el FMI, que refuerzan la ya de por sí injusta estructura tributaria regresiva del país; amén de que como ya es “cosa natural”, tienen altos niveles de evasión y de elusión, por tanto, solo permiten que lleguemos a la conclusión de que más impuestos es más robo, es más defraudación; en fin, más castigo a la gente.

El FMI sabe que la ley 9635-combo fiscal, no sirvió para nada… tan sólo para hacer daño a quienes no tienen responsabilidad por el déficit fiscal: la clase trabajadora. Por eso recomendó más impuestos sobre las espaldas de los que ya están siendo afectados por esa ley 9635.

La real verdad es que la gravedad del monto de la deuda pública (que ya sobrepasa los 34 mil millones de dólares), la espantosa cuantía de un pago diario por intereses y amortización de esa deuda de más de 10 mil millones de colones, cada 24 horas de este año 2019; la descalificación que le dieron las calificadoras de riesgo a la ahora ley 9635; la terquedad del gobierno Alvarado-Piza de que le aprueben en la Asamblea Legislativa un nuevo endeudamiento de 6 mil millones de dólares y su anuncio de que vendrá un segundo paquetazo de impuestos… son datos y circunstancias que abonan el terreno para que en un plazo no determinado que no sería demasiado largo, la situación fiscal del país obligue a un rescate financiero por parte del FMI o del Banco Mundial, o de ambos juntos, con dramáticas e inenarrables consecuencias sociales devastadoras.

En tal sentido, no podemos dejar de hacer notar de que el Gobierno está pidiendo un préstamo de urgencia al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por 700 millones de dólares, para “flujo de caja” y que solamente le ofrecen la mitad. La otra, luego de cumplidas varias condiciones. ¿Cuáles? Tal vez no sea difícil adivinarlas.

¿Será esto el preludio de que, a fin de cuentas, los neoliberales en el ejercicio del poder hegemónico dentro del gobierno Alvarado-Piza dirán que “irremediablemente” habrá que pedir un rescate financiero al FMI?…

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Poco a poco va creciendo un sentimiento en el seno del conglomerado institucional municipal costarricense de que su autonomía constitucional ya no lo es tanto.

Es más, de que esta ha sido eliminada al aprobarse la ahora Ley de la República No. 9635, cuyo nombre oficial es Fortalecimiento de las finanzas públicas, aunque durante su confrontativa tramitación político-parlamentaria, mediando una huelga de tres meses de duración, se le conoció popularmente como combo fiscal.

Al momento de escribir este comentario, alcaldes, integrantes de concejos municipales y, por supuesto, el personal profesional, técnico, administrativo y operativo de los municipios empiezan a calibrar la naturaleza perversa de esta legislación dogmático-fiscalista que, en lo más mínimo, tuvo en consideración la naturaleza del desafío del desarrollo local en una sociedad de desigualdad, de violencia, de desempleo, de pobreza y de exclusión.

En realidad, fue productiva la campaña que las organizaciones sindicales desplegaron para tratar de que se comprendiera bien, en el mundo municipal nacional, que la legislación del combo fiscal sería contraproducente para el devenir cualitativo de la figura de gobierno de la institucionalidad republicana que es más cercana a la gente: la municipalidad.

Para la corriente sindical en la cual militamos, resulta muy satisfactorio tener, como resultado de la campaña cívica contraria al combo fiscal, que casi 60 concejos municipales del país se pronunciaran contra esta ley durante el tiempo de su tormentosa, tramposa y acelerada tramitación parlamentaria.

Satisfacción más que gratificante al constatarse el poderío político-mediático y económico-empresarial que hubo que enfrentar, del actual Gobierno de la República, compuesto por la alianza de los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, el PLUSC-PAC, para mencionarlo en argot popular. 

Ahora que la ley está vigente luego del fallo constitucional de compadre hablado (el cual denunciaremos tantas veces como podamos), hemos detectado cuatro ámbitos de preocupación de las autoridades municipales y de su personal consciente, ante la imposición de esta detestada legislación.

La primera tiene que ver con lo que resulta fundamental para la vida personal, familiar y social de cualquier persona trabajadora asalariada con empleo y salario fijo. Precisamente esto: el futuro del salario, de su poder adquisitivo, de su adecuación al variante pero siempre creciente costo de vida; el futuro mismo del propio empleo y la estabilidad en el mismo y de su futura jubilación. La verdad es que todo esto quedó cuestionado y amenazado por dicha legislación 9635. Ya hay grupos laborales municipales afectados y en proceso de impugnación de ataques a sus salarios producto de la Ley 9635.

La segunda tiene que ver con el desarrollo de la fuerza laboral, su adecuación al desafío del crecimiento del gobierno local, las circunstancias socioeconómicas y culturales en que el mismo se desarrolla; en oposición a los tentáculos del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), designado como el “ente rector” del empleo público del país de ahora en adelante; algo así como un “super Servicio Civil”, de tecnocráticos dictados centralistas, verticalistas y cercenadores del peculiar devenir de la cotidianeidad en el cantón, en cuanto a los vínculos con la comunidad relacionados con la prestación de servicios municipales y la demanda comunal al respecto, siempre creciente, siempre variante.

La tercera es la vinculación de la estructura del presupuesto municipal con la gestión fiscal del Gobierno Central, a cargo del Ministerio de Hacienda (especialmente), en vínculo político con el endeudamiento público y con la variación del mismo con respecto al Producto Interno Bruto (PIB); para inmiscuir al sistema municipal en su manejo político-ejecutivo metiendo mano en las arcas municipales: los “remanentes” de las transferencias, el presupuesto propio y/o los superávits del mismo. 

En el caso de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, por su abrupto y sinuoso caminar en los pasillos del poder y en los escritorios de la tecnocracia neoliberal que la ideó, esta tercera preocupación se transforma en amenaza, por cuanto los vacíos y las contradicciones que contiene en este apartado de la regla fiscal y del endeudamiento público, aunque deja en el limbo cómo debería proceder una alcaldía y/o un concejo municipal ante la intrusión fiscal del Gobierno Central; es real que este último saldría siempre ganando por el poder político que de él emana y el entorno hegemónico de carácter económico que le sustenta.

La cuarta tiene que ver con el ejercicio político-democrático de la competencia electoral que la vida republicana marca para el régimen municipal. ¿Cuánta certidumbre tendría la ciudadanía electora de que sus preferencias tendrían concreción real en cuanto a las promesas que formulan las personas postulantes, si, en el ejercicio de los cargos una vez electos, la dependencia tácita de éstos del poder político central ahora podría serlo más concretamente, mediante los factores mayores de ese poder, Mideplan y Hacienda, custodiando el ejercicio municipal cotidiano?

Dejamos planteadas ante la comunidad municipal estas consideraciones nuestras, con el ánimo de aportar para el desarrollo de nuevo tipo en la conciencia de la familia municipal costarricense, ante lo que podría ser el mayor desafío de su historia republicana: la recuperación estratégica, también de nuevo tipo, de la autonomía municipal. Continuaremos con el tema.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Por supuesto que existe un importante grupo de personal en el Ministerio de Hacienda que desempeña su quehacer con gran honradez, con suma ética y honrando el real significado de la transparencia en la función pública.

Sin embargo, las manzanas podridas de la corrupción están ganando la partida en ese ministerio .

Siempre hemos estado afirmando que la corrupción con ropaje legal o sin él, está carcomiendo la institucionalidad pública.

Además, que la perversa alianza de lo que está torcido en lo público, al juntarse con lo no menos podrido de lo privado, en materia de negocios con la cosa pública, nos lleva al despeñadero como sociedad.

En menos de una semana, tres noticias surgidas de cosas malas que están sucediendo en el Ministerio de Hacienda, provocan fuerte conmoción ciudadana; al punto de que la transparencia del quehacer de esta institución sufra de manera casi que irreparable.

Impactados quedamos al recibir un escrito anónimo firmado bajo el notario concepto de “Funcionarios NO CORRUPTOS del Ministerio de Hacienda”; grupo que da una versión distinta acerca del caso de los varios miles de millones de colones que le “perdonaron” a la transnacional Standard Fruit Company, bajo la amnistía que impuso la ley 9635, el combo fiscal, la del “fallo constitucional de compadre hablado”.

En ese escrito se dan criterios para dudar de que esa multimillonaria amnistía fuese éticamente correcta, para decirlo de manera decente.

Que un grupo de funcionarios del Ministerio de Hacienda se catalogue a sí mismos como “NO CORRUPTOS”, expresa la cruel admisión de la existencia de un funcionariado corrupto en esta entidad conspirando contra toda la sociedad; en evidente asociación con ese importante segmento del corporativismo de los negocios privados que están inmersos en las sucias prácticas de la evasión tributaria; segmento al que estamos catalogando como “empresaurios”.

La segunda noticia de que el binomio corrupto público-privado está reinando en el Ministerio de Hacienda, es el impactante dato de la “desaparición” de 13.000 mil contenedores dado a conocer por parte del mismísimo Director General de Aduanas.

Para que sigamos estupefactos con esto de la corrupción en el Ministerio de Hacienda, agregamos la información de que varios funcionarios viajaron al extranjero con financiación de empresas privadas, las cuales pretendían -presuntamente-, algún tipo de trato “especial” en el ámbito tributario-Fiscal.

Parece que la sociedad está indefensa ante el desmadre que ocurre con la evasión fiscal y tributaria en Costa Rica.

El inventario de este desmadre fiscal-tributario que impera en el Ministerio de Hacienda no acaba aquí, con estos tres incidentes sucios de corruptelas en el Ministerio de Hacienda. Hay mucho más…

La responsabilidad política de la Ministra de Hacienda es inobjetable. La señora Rocio Aguilar Montoya debe dar la cara.

Aunque sabemos que la ideología que ella profesa es totalmente proclive a la hegemonía de lo privado, es innegable que frente a sus narices están ocurriendo graves fraudes ético-jurídicos tributarios descomunales, cuyo abordaje directo y contundente no puede eludir.