Categoría: Opinión

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Acaba de ser publicado un extraordinario informe por parte del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi): una especie de diagnóstico fiscal de nuestro país.

Nos parece acertadísimo. No le conocemos nada parecido a las universidades públicas del país, todas encerradas en sus respectivas burbujas de cristal, alejadas de la calamitosa realidad nacional de fuertes contradicciones sociales y económicas.

Según su sitio web, www.icefi.org, consiste en: “…un centro de pensamiento independiente a gobiernos, partidos políticos o cualquier otra organización de la sociedad civil, que elabora investigaciones y análisis técnicos en materia fiscal en América Central. Además, brinda información, asesoría y capacitación sobre estos temas, especialmente a los poderes legislativos, autoridades locales y organizaciones sociales y políticas. Con una visión integral y de largo plazo, el Icefi promueve la discusión y reflexión de los temas fiscales para buscar consensos y acuerdos que contribuyan a la edificación de sociedades y Estados equitativos, democráticos y prósperos”.

Ese informe, titulado “Desafíos fiscales estructurales de Costa Rica: más allá de la reforma fiscal de 2018”, el Icefi sintetiza en 10 puntos lo que nosotros conceptuamos como el fracaso de las políticas neoliberales impulsadas por las últimas Administraciones gubernativas (incluida la actual), que no han podido frenar el crecimiento del desempleo; que no han podido frenar el crecimiento de la desigualdad; que no han podido parar/desacelerar el proceso de concentración de riqueza; que no han podido generar una reactivación económica realmente estructural; que no han podido parar el fraude fiscal en toda su amplia diversidad; que no han podido combatir el déficit fiscal con solidez sostenida; que no han podido evitar el crecimiento de la deuda pública y su obsceno pago de intereses; que no han podido frenar la corrupción de la colusión de los interés públicos con los privados; que no han podido evitar el crecimiento de la informalidad; que no han podido evitar la paulatina desaparición de la producción agropecuaria nacional; etc., etc., etc. 

Hemos empezado a hablar de este informe del Icefi en otros espacios mediáticos y de otra naturaleza; y vamos a insistir mucho en este, por cuanto esos 10 puntos sintetizan el fracaso de las políticas macrofiscales, económico-financieras y tributarias de las sucesivas Administraciones que, sistemáticamente, cometen estafas electorales como la ocurrida en las elecciones del pasado año 2018; estafas electorales que han venido creciendo de elección en elección, en magnitud de engaño, al punto de que hoy en día el país tiene a la cabeza del Poder Ejecutivo a la persona peor calificada de los últimos 40 años en ese cargo presidencial.

¡Por favor, repare usted en estos 10 puntos!

1) Gasto público insuficiente para atender las demandas de la población; y sumamente rígido. Casi todo se va en pagar la deuda pública.

2) Poca transparencia en la ejecución del gasto. La corrupción se ha llevado mucho dinero de la gente.

3) Los ingresos públicos son insuficientes para cubrir los gastos. El sistema financiero-bancario, público y privado, atesora más de 20 mil millones de dólares depositados… y no se pueden aprovechar.

4) La carga tributaria es rígida. No ha habido reformas tributarias estructurales profundas para llevar justicia al sistema.

5) Los resultados del combate a la evasión tributaria son muy pobres. No hay voluntad política para atacar, con fuerza real, el fraude fiscal. El robo de impuestos en todas sus modalidades está sin control.

6) La estructura tributaria no permite el combate a los flujos ilícitos de capitales (FIC). El sistema financiero está inundado de dinero sucio, dinero del narcotráfico y del crimen organizado.

7) Estructura tributaria regresiva. Pagan más, proporcionalmente hablando, los que menos ganan; y los que ganan más, no pagan del todo o roban impuestos.

8) Persiste el otorgamiento de gastos tributarios como estrategia de competitividad. El dinero público financia grandes actividades corporativo-empresariales, directa o indirectamente.

9) El déficit fiscal ha sido creciente. Va hacia el 7%. El combo fiscal (ley 9635), de nada sirvió y solo hizo daño a la gente trabajadora asalariada. Las calificadoras de riesgo de inversión, descalificaron esta ley, la que se impuso mediando el fallo constitucional de compadre hablado.

10) La deuda pública tiene rasgos de insostenibilidad. Se acerca al 60 por ciento del PIB y crecerá más si los diputados aprueban un endeudamiento adicional de 6 mil millones de dólares.

Sin embargo, la clase políticamente hegemónica, su parlamentarismo afín, su jerarquía ejecutiva y su prensa ideologizada (la del periodismo del odio, por ejemplo), insisten en profundizar el fracaso que acertadamente diagnosticó el estudio del Icefi, aunque tengan que apelar a formas del ejercicio autoritario del poder atropellando normas elementales de la Democracia, como lo es propiciar legislación para la proscripción efectiva de la actividad sindical.

La verdad de su fracaso se les volvió amenazante para su supremacía política, tramposamente impuesta… hasta ahora.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Cuando la gente trabajadora asalariada de todos los niveles, tanto la que labora para el sector público como las que lo hacen para el privado, empieza a percatarse de la realidad y de la profundidad de la agresión económico-financiera que significa la ley del combo fiscal, No. 9635, se agiganta el valor de la lucha sindical y social del año pasado en contra de esta legislación.

Quienes no creyeron, empiezan a creer; quienes creyeron desde un inicio y lucharon, acrecientan su autoridad moral para reclamar. Y, colectivamente, unos y otros, se percatan de la naturaleza de clase del presente Gobierno Alvarado-Piza, cuya gestión no es a favor de las mayorías.

Cuando hablamos de la naturaleza de clase de la presente Administración gubernativa, lo que queremos indicar es que esta vuelca todos sus esfuerzos en propiciar medidas de política pública a favor de los mega-negocios; a favor de mantener y reforzar el actual statu quo de concentración de la riqueza, de crecimiento de la desigualdad, de precariedad salarial, de reversión de derechos laborales, de conducta antisindical; de procesos de negociación que resultan falsos, espurios y manipuladores con las organizaciones legítimas de la clase trabajadora: los sindicatos; aunque -dolorosamente- algunos, en función de una desesperada legitimación procedente desde arriba, aceptan el juego.

Adicionalmente, si hay un ámbito en el cual la desnudez de clase de la presente Administración se aprecia en toda su dimensión, es el tributario-fiscal.

Creíamos que, en este sentido, todo lo habíamos visto y escuchado en tal sentido. ¡No era así!

El mismísimo Director General de Aduanas, figura hegemónicamente dominante dentro del conglomerado que maneja la política hacendario-tributaria del país, se rajó de lo lindo y sin asco, sin pizca de pena, sin asomo de dignidad, sin mayor emoción que el frío relato, para venirnos a decir que se “desaparecieron” 13 mil contenedores y que nadie sabe adónde se encuentran.

¡Y aquí no pasa nada! Como no está pasando nada con las listas que, forzosamente, han salido a la luz pública acerca de las grandes firmas corporativas que no declaran ganancias, que declaran pérdidas; como no pasa nada con relación a los enormes consorcios empresariales territoriales con comportamientos tributarios fraudulentos; como tampoco pasa nada con las 96 mega-entidades de negocios privados que le adeudan al fisco unos 560 mil millones de colones; con la postergación de la entrada en vigencia del Registro de Accionistas; con los 28 proyectos de ley en línea con la transparencia y la justicia fiscal-tributaria que no avanzan en trámite parlamentario; etc., etc., etc.

Es definitivo que, sino todos, gran parte de los 13 mil contenedores “desaparecidos”, pertenecen al gremio corporativo que hemos dado en denominar “empresaurio”; cuyos tentáculos de poder en el seno de la actual gestión ejecutiva (y la parlamentaria también), resultan impresionantes.

Tengamos presente que por esta categoría de “empresaurio”, entendemos al empresario evasor de impuestos, declarante de cero ganancias y solo pérdidas; con redes de poder corruptas de alto nivel gubernativo; buscador de amnistías tributarias al amparo de políticos de indescriptible caracterización. Rabiosamente antisindical.

Como sociedad estamos ya pisando arenas movedizas que puedan hundirnos de manera definitiva.

Todas las modalidades de fraude fiscal-tributario, entre ellas esta “novedosa” de “desaparición” de contenedores, sigue aumentando la magnitud la cuantía del robo de impuestos; por un lado; y, por otro, también aumenta peligrosamente el endeudamiento público, el pago de los intereses de la deuda, la carga de la misma sobre el presupuesto de la República.

Ambos factores se coluden para el perjuicio de la mayoría, con la connivencia de los detentadores reales de poder (los “empresaurios”), servidos por el funcionariado político-tecnócrata ubicado en zonas de confort para el servicio de ese contenido de clase de la presente administración gubernativa.

Para fortuna de la Democracia, cada día crece el sentimiento cívico de que este estado de cosas puede ser transformado radicalmente.

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Resulta ser una pésima noticia que impulsa, todavía más, la perversión del sistema tributario costarricense, la postergación de la entrada en vigencia del denominado Registro de Accionistas, una de las más necesarias medidas para lograr algo de transparencia en la cuestión fiscal del país.

El Registro de Accionistas, oficialmente denominado “Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales”, fue establecido mediante la Ley para mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, No. 9416.

El Ministerio de Hacienda, pieza estratégica en el engranaje del control político-hegemónico-neoliberal que impera en el seno del gobierno Alvarado-Piza, hizo el deplorable anuncio, mediando un acuerdo con sus iguales ideológicos, el sindicato-corporativo empresarial, la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).

También fue involucrado en este acuerdo el Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD), con enorme responsabilidad en el control de lo que los expertos denominan “flujos ilegales de capitales”; aunque popularmente podemos acudir a los conceptos de dinero sucio, dinero producto del crimen organizado y/o dinero procedente de la actividad del narcotráfico.

Los señores Nogui Acosta Jaén, Viceministro de Hacienda; y Gonzalo Delegado Ramírez, principal líder de los sindicatos empresariales del país, hicieron el anuncio conjunto de que el indicado registro entrará a operar hasta el próximo 1 de setiembre y no el 1 de marzo como se había previsto.

El jerarca hacendario se dejó decir lo siguiente para justificar esa postergación: “De cara a los compromisos que hemos asumido de lucha contra el narcotráfico, legitimación de capitales, lo conveniente es establecer una prórroga”. Nos preguntamos, ¿prórroga para qué?

Con sinceridad debemos indicar que no nos convence el argumento del señor Viceministro de Hacienda. Sobradas razones hay para desconfiar, habida cuenta de que las estratosféricas deficiencias del Ministerio de Hacienda en materia de combate a la evasión fiscal, no terminan de sorprendernos, día con día; siendo la última de ellas el decir del actual Director General de Aduanas de que se “desaparecieron” 1.300 contenedores-furgones. Pero esto es tema para otro comentario.

Según el estudio “Desafíos fiscales estructurales de Costa Rica: más allá de la reforma fiscal de 2018”, elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), dado a conocer este presente mes de febrero 2019, se cita lo siguiente: “2.6 La estructura tributaria no permite el combate a los FIC”. ¡Contundente!

Los FIC, flujos ilegales de capital, es la denominación elegante y diplomática para hablar de esas inmensas cantidades de dinero que se han insertado en la economía y en el sistema financiero costarricense, producto de actividades ilícitas, como el crimen organizado y el negocio del narcotráfico.

Hay datos espeluznantes que nos hablan de la cuantía de esos FIC en la Costa Rica de hoy en día. Reparemos en estos dos: el diputado Pedro Muñoz Fonseca, destacado integrante de la tríada gobiernista actual PLUSC-PAC, se dejó decir que, en el mercado financiero negro del país, circulan más de 12 mil millones de dólares, dentro del conjunto de capitales que maneja el sistema financiero costarricense de unos 65 mil millones de dólares. O sea, dineros sin control fiscal-tributario.

Según la entidad Global Financial Integrity (GFI), para el caso costarricense, al menos 7.6, puntos del Producto Interno Bruto (PIB), sería la cuantía de la suma anual de lavado de dólares en el país.

Este no menos impactante dato se puede extraer del documento-estudio Flujos financieros ilícitos en América latina y el Caribe, elaborado por los especialistas Andrea Podestá, Michael Hanni y Ricardo Martner, de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el apartado de dicho estudio, “Estimación de los flujos financieros ilícitos en los países de América Latina: principales resultados (nivel, evolución y principales tendencias)”, leemos lo siguiente:

“Las estimaciones más conocidas y usadas actualmente provienen de los estudios publicados por la institución Global Financial Integrity (GFI) que aplican el modelo hot money (en sentido estricto) y un modelo de facturación fraudulenta que utiliza las estadísticas de comercio internacional de la Dirección de Estadísticas Comerciales del FMI. Las estimaciones de facturación fraudulenta de GFI se basan en el enfoque GER (gross excluding reversals), es decir, se consideran en términos brutos. Además, se deducen los gastos de transporte y seguro de los valores de importaciones antes de compararlos con las exportaciones, asumiendo que los mismos son fijos y equivalen al 10% de su valor”.

La postergación de la entrada en vigencia del Registro de Accionistas, repetimos, nos llena de enorme desconfianza en el sentido de que pudiera pretenderse el diseño de maniobras corporativas de nueva estirpe por parte de incidencias inescrupulosas a fin de hacer inviable la pretendida transparencia tributaria que la indicada legislación indicó.

La verdad es que en la opacidad se mueven sensibles hilos de poder para que este país siga hundiéndose en el pozo sin fondo del fraude fiscal, del control total por parte del dinero sucio y en la irreversible desigualdad.

Albino Vargas Barrantes,
Secretario General de ANEP

La posición asumida por la Procuraduría General de la Repúblico (PGR), respecto al proyecto de ley (de corte neoliberal, antidemocrático y antisindical) que pretende regular la huelga en los servicios públicos esenciales, así como la descalificación que para ese propósito ha hecho del valor que tienen los criterios vertidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en esta materia para defender la propuesta de ley que pretende prohibir la huelga, es inaceptable.

Se trata de una posición en exceso simplista, que deja entrever mucho desconocimiento en la materia, y muy poca fundamentación jurídica. 

Al parecer, la PGR desconoce que, tratándose de Derechos Humanos -así, en mayúsculas-, reconocidos en instrumentos internacionales, los criterios que emitan los órganos oficiales encargados de la interpretación de esos instrumentos tienen el mismo valor normativo que el propio instrumento interpretado. 

Esta idea progresista ha sido defendida en nuestro medio por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuando ha hecho ver que “si la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano natural para interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), la fuerza de su decisión al interpretar la convención y enjuiciar leyes nacionales a la luz de esta normativa, ya sea en caso contencioso o en una mera consulta, tendrá -de principio- el mismo valor de la norma interpretada. No solamente valor ético o científico, como algunos han entendido, tesis que está receptada en nuestro derecho, cuando la Ley General de la Administración Pública dispone que las normas no escritas -como la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales del derecho- servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan (artículo 7.l.)”. (Voto 2313-1995).

Es lamentable que las autoridades de la PGR desconozcan que, en opinión también de la Sala Constitucional, los criterios interpretativos de los convenios internacionales de la OIT que dictan los órganos de control de dicha organización, “son auténtica jurisprudencia en la materia” y, por lo tanto, tienen el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan, lo que los convierte en fuente de derecho en nuestro ordenamiento jurídico. (Voto 10832-2011).

Precisamente por el valor normativo que tienen los criterios dados por el Comité de Libertad Sindical, la propia Sala Constitucional, en reiteradas ocasiones, ha acudido a ellos para resolver asuntos relativos a la libertad sindical, el derecho de negociación colectiva y de huelga; y ha ordenado también, de manera expresa, a los jueces de trabajo aplicar dichos criterios de manera directa en la resolución de los asuntos sometidos a su competencia. 

Cosa parecida ha hecho con los legisladores, a quienes les señala de manera puntual que a la hora de promulgar la legislación respectiva en materia de huelga deben tomar en consideración las recomendaciones que al efecto hace la OIT.

Por otro lado, resulta preocupante y lamentable ver al Estado costarricense promoviendo desde sus propias instituciones posturas ambiguas en materia de Derechos Humanos. 

Lo expresado por la PGR ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, a favor de que se legisle para prohibir el ejercicio del derecho fundamental de la huelga, pone al descubierto el antisindicalismo oficial que promueven las autoridades de este Gobierno; y manda a la OIT un mensaje en el que, con elocuencia, le expresan el poco respeto que se le tiene a sus criterios.

Por lo demás, la posición que ahora defiende la PGR, abiertamente alineada con la política antisindical de este Gobierno Alvarado-Piza, se contradice, de cabo a rabo, con la posición que había venido prevaleciendo desde décadas atrás, según la cual, “el Constituyente no tuvo la intención de prohibir el derecho de huelga en los servicios públicos, sino regularlo en determinados servicios, posición que se desprende tanto de las técnicas de interpretación más modernas -que recogen el principio básico de interpretación de eficacia o efectividad de las normas constitucionales-, así como de la doctrina nacional y del análisis de las actas de la Constitución de 1949”. (Así consta en el voto de la Sala Constitucional número 1317-1998).

De igual forma, en la Opinión Jurídica OJ-125-2007, la PGR sostiene entre otras cosas que: “La prohibición total de la huelga en aquellos servicios públicos cuya paralización pueda causar grave daño a la economía nacional, a los bienes públicos o a los derechos de los consumidores, podría implicar una restricción excesiva e ilegítima”; y hace ver que: “Las limitaciones que se impongan al derecho de huelga en determinados servicios públicos, deben ser conformes con los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad”.

Este criterio concluye afirmando que: “La obligación de la Administración de mantener la continuidad de los servicios públicos, no puede erigirse, sin más, en un impedimento absoluto para el ejercicio del derecho de huelga en los servicios públicos”. 

Teniendo en cuenta los anteriores criterios expuestos aquí con la asesoría experta del doctor en Derecho Laboral, don Esteban Calvo Rodríguez, nos preguntamos: ¿cómo entender ahora el giro copernicano que han dado los representantes de la PGR para sostener la tesis prohibicionista de la huelga? 

¿Será acaso que la Procuraduría General de la República ha dejado de ser el órgano técnico de asesoría legal del Estado, para convertirse en una oficina de difusión de los intereses políticos del actual Gobierno? ¡Parece que sí…!

Carlos Alvarado Quesada es el mandatario ejecutivo peor calificado en los últimos cuarenta años.

El 70% de las personas habitantes de la Gran Área Metropolitana (GAM), y el 95% de quienes viven en las regiones costeras del país, las más pobres (provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón), coinciden de manera contundente en lo siguiente: el país va por rumbo equivocado.

El desempleo abierto y oficial ya superó el 12%, no hay reactivación económica, se castigó con pauperización y reducción de derechos salariales a la población trabajadora del sector Público.

La mitad de la Población Económicamente Activa (PEA), en edad de productiva, no tiene empleo fijo con salario formal y mucha no cuenta con cobertura de Seguridad Social.

Cerca del 20% de la población juvenil está fuera del mercado laboral formal y mucha de ella anda en lucha por sobrevivir, pero inserta en la ilegalidad perversamente diversa.

Se le impuso al pueblo plan de impuestos regresivo que fue descalificado, ahora, por las tres calificadoras de riesgo de inversión más importantes del planeta, pues en nada contribuye a una solución integral del problema del déficit fiscal.

Tan grave es la situación que ahora, desesperadamente, buscan endeudarnos más con 6 mil millones de dólares cuando en este país sobra la plata. Ostentamos dos vergonzosos records: estamos en el top ten de los países más desiguales del planeta y somos el tercero de la región latinoamericana en cuanto a endeudamiento/PIB.

El flujo de dinero sucio, producto del crimen organizado y del narcotráfico sigue reinando en el sistema financiero y económico nacional, pues “la estructura tributaria no permite el combate a los flujos ilegales de capital” (lapidaria conclusión del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI).

48 expedientes legislativos relacionados con justicia tributaria real, ya elaborados y que son necesarios para empezar a combatir, con seriedad, la exclusión y la desigualdad sociales, así como la abusiva concentración de la riqueza están durmiendo el sueño de los justos en el actual período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa; pues el Poder Ejecutivo le ha dado prioridad a proyectos de ley para exterminar los sindicatos, reducirlos a su mínima expresión, criminalizar la protesta social, ilegalizando las huelgas y quitándoles su naturaleza de derecho humano-constitucional, disolviendo a los gremios laborales y violentando su gobierno interno, imponiéndoles modificaciones estatutarias para dejarlos pintados en la pared.

Valga recordar que el ataque antisindical más violento desde la fundación de la Segunda República en 1949 (en realidad la dictadura política de José Figueres Olsen, Don Pepe); lo ejecuta en estos momentos el ahora alicaído Partido Liberación Nacional (PLN), el cual es hoy co-gobierno, mediando el sicariato político ejercido por el diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez y por la señora legisladora pro-empresarial, doña Yorleny León Marchena (ex PAC).

Por otra parte, cientos de compatriotas dedicados al cultivo de diverso tipo de producción agropecuaria viven sus últimos días de existencia económico-social, agobiados por problemas de seguridad jurídica de su finca, lote o parcela; por deudas y por embargos, a punto del desalojo; mientras, en el otro extremo tenemos que el sistema financiero público-privado del país acumula, en depósitos, más de 20 mil millones de dólares, reproduciéndose alocadamente; sin hablar de los más de 10 mil millones de dólares del público colocados en dicho sistema.

Esas cifras se quedan cortas pues, según un notable legislador integrante de la hegemonía gobiernista actual, el sistema financiero del país acumula unos 65 mil millones de dólares, de los cuales 12 mil y resto de millones de dólares transitan el mercado negro de la economía del país (¿dinero sucio?, ¿dinero narco? …).

Podríamos seguir citando más ejemplos y situaciones del estado actual de nuestra sociedad, reflejo fiel de que la polarización desde la perspectiva de la concentración de la riqueza se sigue agudizando; reflejo fiel de que todos los días la distancia entre el gobernante y los gobernados crece y crece; reflejo fiel de que la legitimidad formal del gobernante no necesariamente es legitimidad real.

Efectivamente, si la abrumadora mayoría de la población percibe que el país va por un rumbo equivocado; si las últimas elecciones (presidenciales y legislativas) dejaron planteado con contundencia irrefutable que una cosa es votar y otra, muy distinta, es elegir; entonces, ¿no corresponderá impulsar un ejercicio de carácter ciudadano y de real esencia democrática para descubrir la conducta sociopolítica de la desobediencia civil, si la voluntad de El Soberano, El Pueblo, se sigue violentando en el seno de los mecanismos institucionales de la legitimidad formal?

Si la Democracia formal y sus principales instrumentos de decisión política han sido copados por la minoría plutocrática, excluyente y sectaria; ni no se trata de Golpe de Estado puesto que no estamos con cosas de este tipo; ¿cómo le hacemos entender al gobernante que va por el rumbo contrario al sentir de la gente, por cuanto lo único que le queda es legitimidad formal dado que la real la perdió en tiempo record?

Este es el dilema cívico que espera ser atendido con el desprendimiento humilde de la organización popular para la movilización participativa con carácter de desafío estratégico, juntándose todas las diversidades. En el entretanto, ellos seguirán con sus tropelías a favor de las minorías que representan, el real objeto de su desvelo político.

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Como nunca antes, la lucha por la justicia social real y por la democracia verdadera pasa, necesaria e imprescindiblemente, por la lucha por el imperio pleno de los Derechos Humanos (DD.HH.). 

Estamos viviendo en la etapa más desigual de toda la historia de la Humanidad; sufriendo la época de la dictadura hegemónica político-mediática del capital neoliberal y su brazo armado: el capital financiero-bancario.

Los extremistas políticos de la derecha ideológica, aún en sus más suaves versiones, siguen siendo seguidores del significado del concepto sociopolítico concretado en la expresión en idioma inglés There is no alternative -TINA- (en español: “No hay alternativa” o “No hay elección”); eslogan político corrientemente atribuido a Margaret Thatcher, cuando ella era Primera Ministra del Reino Unido. Este eslogan puede interpretarse como que el mercado, el capitalismo y la mundialización, son fenómenos necesarios y beneficiosos, y que cualquier otra orientación está destinada al fracaso (tomado de Wikipedia).

Pese a ello, miles de personas alrededor del planeta piensan y luchan en la dirección contraria. El TINA podemos contraponerlo, como antípoda política, a los DD.HH. Nosotros gritamos: ¡Sí hay alternativa! Es la lucha por el respeto pleno a los Derechos Humanos. 

Los DD.HH. representan la respuesta civil, social, política y hasta ideológica al maléfico objetivo de la entronización definitiva en el planeta del gobierno mundial del capital; algo por lo cual vienen luchando poderosísimos grupos de los cuales apenas tenemos ideas superficiales.

En tal sentido es necesario tener presente la amplia gama de los DD.HH., empezando por los de Primera Generación, o derechos civiles y políticos: 1) Toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social o económica. 2) Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. 3) Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre. 4) Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral. 5) Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación. 6) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. 7) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 8) En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país. 9) Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que desean. 10) Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión. 11) Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas. 12) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica.

Ahora reparemos en las Derechos Humanos de Segunda Generación, o derechos económicos, sociales y culturales: 1) Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. 2) Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. 3) Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. 4) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. 5) Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. 6) Durante la maternidad y la infancia toda persona tiene derecho a cuidados y asistencia especiales. 7) Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades. 7) La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita.

Impresionante resulta conocer los llamados Derechos Humanos de Tercera Generación: 1) Derecho al desarrollo sostenido: modelos y estructuras económicas que, además de generar beneficios propios, permitan el acceso a servicios básicos y garanticen la sostenibilidad del planeta. 2) Derecho a la autodeterminación de los pueblos: el que tienen los países de determinar libremente su condición política y su modelo social y económico. 3) Derecho a la paz: entendido no solo como ausencia de guerra, sino también como la puesta en marcha de procesos positivos que fomenten la participación, el diálogo, la inclusión, la cooperación y la superación de conflictos. 4) Derecho a la protección de los datos personales: llama la atención sobre los eventuales peligros y abusos a los que se exponen las personas ante el cada vez más extendido proceso de informatización. 5) Derecho al patrimonio común de la humanidad: alude al acceso a los bienes de tipo material e inmaterial que constituyen un legado de especial relevancia para comprender la evolución humana. 6) Derecho a gozar de un medioambiente sano: Todas las personas tienen derecho a disfrutar de ambientes sanos, limpios y sostenibles.

¡Increíble! Se ha hablado ya de los Derechos Humanos de Cuarta Generación que incluirían: 1) El derecho a acceder al espacio que supone la nueva sociedad de la información en condiciones de igualdad y de no discriminación. 2) Al uso del espectro radioeléctrico y de la infraestructura para los servicios en línea sean satelitales o por vía de cable. 3) El derecho a formarse en las nuevas tecnologías. 4) El derecho a la autodeterminación informativa. 5) El derecho al Hábeas Data y a la seguridad digital.

¡Es definitivo! Tenemos que volver sobre este tema. ¡Analice bien! ¿Acaso los DD.HH., conceptualmente integrados, no representan una subversión del injusto y criminal orden que nos está imponiendo la globalización neoliberal…?

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Es absolutamente necesario tener que insistir en el tema del injusto orden económico macrofiscal que nos agobia, el cual continuará afectando, seriamente, a las mayorías ciudadanas de nuestro país; precisamente por cuanto las correcciones estratégicas necesarias no se toman, habida cuenta que son las minorías pudientes, financiera y políticamente hablando, las que se benefician, de manera directa o indirecta, de tal orden.

Discute la Asamblea Legislativa en estos momentos acerca del proyecto de ley-expediente legislativo No. 21.201, Autorización emisión de títulos valores en el mercado internacional y contratación de líneas de crédito; pretendida legislación para que el país se endeude, más todavía, en unos 6 mil millones de dólares en eurobonos por los próximos 6 años.

Como no hay la más mínima voluntad política para que no sea la deuda pública lo que solvente el problema fiscal del país, el camino fácil es aumentar la misma y su carga en pago de intereses, llevándonos por el abismal e infernal camino del endeudamiento público sin fin.

La carga integral de la deuda pública (amortización al principal y pago de intereses), tiene para este año 2019 las siguientes impresionantes cifras: 4.1 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), para el pago de intereses; y 6.8 puntos PIB para amortizaciones.

Un importante grupo de personas de la parte más consciente de nuestra sociedad viene abogando, con sistemática insistencia, en que el país ocupa una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública. Nosotros apoyamos tal esfuerzo y creemos que más personas deben hacer lo mismo.

Desmenucemos esos dos datos, correspondientes al presente año 2019, para que comprendamos cuánta razón lleva la realización de esa Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública. Necesariamente, debemos acudir a los números.

¿Qué significa que tan solo en el año que acaba de empezar, 2019, se destinen 4.1 puntos PIB al pago de intereses de la deuda pública? ¿De cuánta plata estamos hablando?

Veamos: Se acepta que un punto de PIB equivale a unos 350 mil millones de colones (350.000.000.000); entonces, 4.1 equivalen a 1 billón 435 mil millones de colones (1.435.000.000.000).

Prácticamente, este pago de intereses de la deuda pública del país en este año 2019, cuesta unos 3 mil 931 millones de colones, ¡por día!

Con relación a los 6.8 puntos PIB: ¿cuánto significa en colones amortizar créditos de deuda pública en este año 2019? Tenemos que habrá que destinar del presupuesto, 2 billones 380 mil millones de colones. Al día, ¡unos 6 mil 520 millones!

¡Sumemos! 3 mil 931 millones de colones, al día, en pago de intereses; más 6 mil 520 millones, también al día, amortizando deuda pública vieja. Entonces, cada 24 horas de cada uno de los días de este año 2019, salen del erario público, ¡10 mil 451 millones de colones por la carga de ese grave endeudamiento público que ha de crecer si se aprueban los 6 mil millones de dólares en trámite legislativo en estos momentos!

Repetimos: 10 mil 451 millones de colones (10.451.000.000.000), cada 24 horas de este 2019, representan la salida de recursos públicos del erario fiscal central como producto de la carga de la deuda pública que, insistimos nosotros, nos lleva por un abismal e infernal camino como sociedad.

¿Qué entidades, qué personas, qué bufetes, qué fondos recibirán, por concepto de intereses, esos casi 4 mil millones de colones diarios por concepto de pago de intereses de préstamos de deuda pública?

¿Cuáles son los préstamos de endeudamiento público que recibirán amortización producto de la erogación de esos 6.8 puntos PIB en este año 2019? ¿Cuáles créditos se estarán abonando con esos 6 mil 520 millones de colones por día que salen de las arcas del presupuesto nacional? ¿A qué entidades se les está pagando esa enorme cantidad de plata?

Esta ecuación fiscal del endeudamiento público sigue siendo un enigma para al común de la gente. La cuestión macroeconómica fiscal-tributaria y el tema de la deuda pública siguen en la atmósfera de opacidad en que la gente del real poder decide por las mayorías pese a su deslegitimación creciente.

La distancia entre el gobernante y los gobernados, aspecto que venimos señalando últimamente en diversos foros y circunstancias, tiene un fuerte potencial de agudización con este tema del endeudamiento público.

Debemos confesarlo: nos sentimos indefensos ante tanto número apabullante; pero, de algo sí estamos seguros: los 6 mil millones de dólares tramitándose en el presente Parlamento, nada bueno representarán para el pueblo, especialmente su segmento trabajador castigado con las consecuencias de un problema que nunca generó: ese endeudamiento público.

Por Albino Vargas
Secretario General de la ANEP

Nadie duda de que el señor Óscar Arias Sánchez no podrá salir avante de lo que es ya la encrucijada más importante de toda su vida: las gravísimas acusaciones que le han estado lloviendo por estos días de ser un agresor sexual de mujeres no tienen parangón en la vida política del país de los últimos tiempos. ¡Su carrera política se acabó!

El pensamiento político del señor Óscar Arias Sánchez (y el de su hermano, Rodrigo), nutrió, intelectualmente, durante una buena parte de la historia nacional reciente a la clase más rica del país, la hegemónicamente dominante en los últimos tiempos; y más allá de la que se adueñó de las tiendas liberacionistas para castrarle al Partido Liberación Nacional (PLN), el producto original de su semilla socialdemócrata: su carácter de partido “policlasista”.

La intrusión del arismo en la vida interna del PLN como anatema al reformismo socialdemócrata del pensamiento figuerista (el de Don Pepe, el de don Rodrigo Facio, incluso el de Daniel Oduber), fue parte fundamental en la gestación de una sociedad que empezó a vivir con desigualdad y con exclusión, al punto de encontrarnos hoy en un punto de casi no retorno.

A la vez, el arismo liberacionista con sus sucesivas administraciones gubernativas, cuyo paroxismo llegó con el Premio Nobel de la Paz y que está en caída libre hacia el precipicio de la degeneración ético-moral jamás pensada; tiene enorme responsabilidad en cuanto a la realidad fiscal del país que nos tiene a las puertas de un default; ante lo que algunos entendidos califican como “misión imposible” obtener 6 mil millones de dólares en los mercados financieros internacionales, para prolongar la vida macroeconómica nacional sin mayores tropiezos, hasta el año 2022.

Estamos hasta la coronilla de un endeudamiento público que nosotros pensamos que será imposible pagar; y que la sola honra de los intereses exigidos significará más dolores sociales de los que ya está sintiendo el país.

Así las cosas, considerando tal escenario y con base en nuestra visión de la sociedad costarricense de hoy, pensamos que resulta prácticamente imposible el renacimiento liberacionista con base en la recuperación estratégica de lo mejor de su legado sociopolítico y de la misma filosofía socialdemócrata que una vez perfiló el rumbo del país hacia la inclusión social y con notorios avances en la reducción de las desigualdades.

El arismo penetró mucho al PLN, se le metió en su ADN, lo transmutó; y cuando se dio “disidencia” interna fue con base en los personalismos en pugna protagónica, jamás en reconsideración por los desastres derivados de la adopción de postulados neoliberales que levantaron un altar al mercado, en la propia cuna de un partido que consideró como fundamental la intervención del Estado para regularle al mercado su desequilibrante papel en sociedades de clases confrontadas.

La Socialdemocracia seguirá huérfana. El PLN tendrá arismo sin Arias mientras tanto no ocurra en su interior un exorcismo político de alto calado, lo que no vemos factible.

El arismo liberacionista, hoy casado con el Partido Acción Ciudadana (PAC) y ejerciendo un co-gobierno con éste, no va a renunciar con facilidad a la facilitación de más mega-negocios con la cosa pública para esa estructura electoral-arribista que le sirvió de armazón gubernativa en las últimas administraciones. Esto, por una parte.

Por otra, es prácticamente irreversible el desencuentro del PLN con aquellos sectores sociales (como el cooperativismo y como el sindicalismo), que en un entonces le dieron gran base social y que le daban ese carácter policlasista que exhibiera en sus épocas de esplendor.

Sabemos de la existencia de un buen grupo de ciudadanos y de ciudadanas que todavía enarbolan convicciones socialdemócratas verdaderas y que, pese a ello, siguen dentro de las filas del PLN.

Sin embargo, a pesar de que se podría suponer que la debacle de la “autoridad política superior”, generaría una nueva vía de acción política interna con buen augurio para conseguir el éxito; el germen arista ha mutado para superar el personalismo de su clásico dúo hegemónico de los últimos 30 años, reproduciéndose en especímenes políticos que hoy, por ejemplo, desde el actual parlamento, bregan para liquidar precisamente a uno de los sectores nutrientes del viejo liberacionista socialdemócrata: los sindicatos.

Precisamente, este es el rol político que está jugando el actual diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez, junto con la otrora militante del PAC y hoy en las filas del arismo liberacionista, doña Yorleny León Marchena. Estamos convencidos que ni él ni ella son expresiones socialdemócratas auténticas; y, por el contrario, reflejan las visiones de mundo del arismo y su comportamiento político.

Por: Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Piense en esta cantidad: 20 mil 468 millones, 800 mil dólares. En números, así: 20.468.800.000. Ahora, imagínesela en colones (a 615 por dólar): 12 billones, 588 mil 312 millones. En números, así: 12.588.000.000.000.

Ahora, piense en esta otra cantidad: 12 mil 351 millones, 200 mil dólares. En números, así: 12.351.200.000. Si la pasamos a colones, nos da esto: 7 billones, 595 mil 988 millones. En números, 7.595.988.000.000.

¿Verdad que son cantidades gigantescas, de difícil comprensión? ¡Pues sí! Es plata-platica y toda está en Costa Rica.

Los 20 mil 468 millones y resto de dólares (o los casi 13 billones de colones), son la “tenencia de los bancos de activos en moneda extranjera”. Y, los 12 mil 351 millones y resto de dólares (o, los 7 y medio billones de colones), representan “depósitos del público en moneda extranjera en los bancos”.

Tales datos nos los suministró don Eduardo Prado Zúñiga, Gerente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), ante pregunta nuestra. Representan un corte a setiembre del año pasado 2018. El BCCR le llama a esta información “Depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales en moneda extranjera”.

Al hablar de bancos comerciales, incluye a los privados y a los del Estado (éstos, ahora meramente comerciales pues hace tiempo dejaron de ser promotores del desarrollo para la inclusión social).

Si ya estos datos son impresionantemente conmovedores, desconocidos por toda la ciudadanía y, especialmente, por el pueblo trabajador, y si usted se impresionó al conocerlos; uno queda atónico al contrastarlos con los datos del año 2010, de hace sólo 8 años, también comprendidos en el informe que nos dio don Eduardo.

Los bancos aumentaron sus depósitos pasando de 10 mil 222 millones, 900 mil dólares, en 2010, a los indicados 20 mil 468 millones, 800 mil dólares (setiembre pasado). Es decir, en 8 años los banqueros aumentaron sus depósitos en moneda extranjera en un ¡100 por ciento!

En lo que respecta a los “depósitos del público en moneda extranjera en los bancos”, en ese mismo período de 8 años, pasaron de 7 mil 711 millones de dólares, a los que arriba citamos 12 mil 351 millones, 200 mil dólares. O sea, hubo un incremento de un ¡60 por ciento!

Si ya había conciencia en la mayoría de la ciudadanía costarricense de que la desigualdad es un angustiante problema nacional, ¿puede alguien afirmar actualmente que no sea el número 1 ¡Por supuesto que sí es el número 1! Esta es nuestra convicción categórica.

¡Qué locura! Al sumar los “depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales en moneda extranjera” y la “tenencia de los bancos de activos en moneda extranjera”, tenemos la no menos impresionante cifra de 32 mil 820 millones de dólares… ¡una cifra similar al monto total de la deuda pública nacional!

Definitivamente que ocupamos transformaciones estructurales desde el punto de vista de la distribución de la riqueza y de la distribución de los beneficios del crecimiento económico.

¿Cómo no va a ser real estar, con estos datos, en el top ten de los países más desiguales del mundo?

¿Cómo podemos ser, en tal caso, una nación tan políticamente hipócrita si nos convertimos en el primer país del mundo en firmar unpacto nacional por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), conocida comúnmente como la Agenda 2030? Sucedió en el gobierno anterior y, ¿qué hay a hoy?…

Recordemos que los ODS son una agenda de 17 objetivos planetarios en salud, trabajo, educación, ambiente, paz, justicia, igualdad, equidad… adoptada en 2015 por los 193 estados miembros de Naciones Unidas y que deberá concretarse en resultados al año 2030.

“Reducción de las desigualdades” es el ODS número 10, que tiene, a su vez, entre sus metas, de aquí a 2030, “lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional” … “Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad”. ¡Ni lo uno ni lo otro se está haciendo! Más bien, todo lo contrario.

Acaba de ser firmado en el país, siguiendo el modelo del tripartidismo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el“Memorándum de Entendimiento para la puesta en marcha del Marco de Cooperación Técnica de la OIT: Programa de Trabajo Decente para Costa Rica 2019-2023”; mismo que tiene como uno de sus resultados a lograr éste: “Las instancias de diálogo nacional…, con el apoyo de la OIT, mejoren su capacidad de llegar a acuerdos y a la efectiva implementación de su agenda, tomando en cuenta los ODS”.Recalcamos y subrayamos: “…tomando en cuenta los ODS”. ¡Qué utopía!

En nuestro criterio y dada la actual situación sociopolítica y económica del país, con la desigualdad y la exclusión social avanzando de manera indetenible, con un mayor distanciamiento entre el gobernante y los gobernados, con el alto corporativismo megaempresarial controlando la hegemonía política ejecutivo-parlamentaria del país, así como con los impresionantes datos de la acumulación de capitales en moneda extranjera que reporta el Banco Central; para el sindicalismo nacional (el firmante de ese memorándum y para el que no lo hizo), no hay mayor reto (tanto en la mesa como en la calle), que el que señala ese ODN No. 10: “Reducción de las desigualdades”. Al menos, la corriente sindical en la cual militamos tendrá este desafío como una de sus máximas prioridades de nuestra lucha actual.