Categoría: Opinión

Inconmensurable: “La primera acepción de inconmensurable presentada por el diccionario de la Real Academia Española (RAE), hace referencia a aquello que no es conmensurable. Lo conmensurable, a su vez, es algo que puede valuarse o medirse”.

¡Así es! Es tan grande, pero tan grande, tan demasiado grande es la cifra anual de robo de impuestos en nuestro país, que debemos calificarle como inconmensurable.

Lo que acaba de salir a la opinión pública en el caso de la transnacional telefónica Movistar, ni siquiera podemos calificarlo como la punta del iceberg en materia de fraude fiscal-tributario en nuestro país. ¡Qué va! Es una partícula microcósmica en ese infinito universo del robo de impuestos que se da a diario en el país.

Esta circunstancia debe causar profunda indignación. Nosotros tenemos muchísimo tiempo en hablar de ello, especialmente cuando durante tanto tiempo se ha venido culpando a los salarios de la clase trabajadora del empleo público como la responsable del déficit fiscal.

¡Qué calumnia más repugnantemente ha sido levantada al respecto, en contra de miles de personas asalariadas estatales, por parte de infames medios de prensa, coludidos con sectores político-partidistas interesados en el más repudiable afán codicioso de concentración de riqueza!

Siempre hemos hablado de que este caótico estado de cosas, perversa y malsanamente así gestado, creado, legislado, tolerado, promovido y escondido por la tradicional clase hegemónicamente dominante; debe ser variado radicalmente mediando una Trasformación Tributaria Estructural (así, en mayúsculas).

Pero, ¡qué va! El caso Movistar nos lleva a formular que lo que necesitamos es una REVOLUCIÓN TRIBUTARIA (así, con todas las letras en mayúsculas).

Hablemos de cifras. Disculpas por ello. Si usted lee esto y está altamente endeudado, ¡indígnese! Si tiene su salario congelado ya, ¡indígnese! Si está en la actividad micro-pequeña y mediana empresarial y le cuesta llegar a fin de mes o sufre la angustia de los pagos de fin de año, ¡también indígnese! Si está sin trabajo o en el subempleo, laborando en la informalidad, ¡sobran motivos para indignarse!

Tenemos plena seguridad de que todas las personas comprendidas en estos grupos sociales, son puntuales pagadoras de impuestos: el de ventas (ya próximo a ser IVA y más duro todavía), al momento mismo de la compra en la caja registradora; el de renta al salario, cuando corresponde, inmediatamente deducido del pago quincenal o mensual.

¿Y las cifras del robo de impuestos? ¡Léalas por favor! 8.5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), es la cifra que nosotros utilizamos para calcular la magnitud (que es inconmensurable) del robo de impuestos al año. Vamos a dejarla en 8 puntos PIB para redondear y facilitar la comprensión de los datos siguientes.

Como cada punto de PIB, según el tamaño de la economía costarricense, equivale a unos 350 mil millones de colones (350.000.000.000); el robo de impuestos al año sería de unos 2 billones 800 mil millones de colones (2.800.000.000.000). Espeluznantemente así:

Cada segundo, el robo de impuestos es de 90 millones de colones. Cada minuto, son 5 mil 400 millones de colones. Cada hora, los ladrones de impuestos se roban 324 mil millones de colones. Al día (cada 24 horas), hablamos de unos 7 mil 776 millones de colones. Por mes, unos 233 mil 280 millones; para ese total anual de 2 billones 800 mil millones de colones en robo de impuestos, ¡por año!

Si a Movistar le están acusando de, presuntamente, haber evadido unos 3 mil millones de colones y solamente en el 2017, entonces habría estado defraudando al fisco, unos 250 millones de colones por mes; o, lo que es igual a unos 8 millones 333 mil 333 colones por día (8.333.333 colones cada 24 horas). ¡Y Movistar es un solo caso!

¡Cómo no indignarse! Repetimos: casi 8 mil millones de colones por día se dejan los ladrones de impuestos en Costa Rica, vía todas sus manifestaciones, legales o ilegales.

Al conocer la lista de los “grandes contribuyentes” que declaran pérdidas y/o cero ganancias; al conocer la lista de las GETES: grandes empresas territoriales-grandes contribuyentes; la que debe salir próximamente de las 96 mega-corporaciones que le adeudarían 1.6 puntos PIB a la ciudadanía; al conocer las cifras de evasión-elusión aduaneras; al conocer que solamente un 2% de las empresas recaudadoras del próximo Impuesto al Valor Agregado (IVA) serán fiscalizadas; repetimos, ¿cómo no podría uno dejar de indignarse?

No debería haber compatriotas con hambre. No debería haber salarios mínimos misérrimos. No debería haber personas en condición de calle. No debería haber desempleo juvenil. El déficit fiscal debería ser mucho menor de la cifra a partir de la cual nos aterrorizan. No deberíamos tener ese no menos inconmensurable nivel de endeudamiento público, etc., etc. Deberíamos tener mayor actividad económica dinamizando la producción mediando más circulación de dinero. No hay duda alguna: Costa Rica ocupa una REVOLUCIÓN TRIBUTARIA.

Por: Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

Aunque este comentario tiene el propósito de llegarle a las conciencias realmente democráticas de la sociedad costarricense, buscamos llamar la atención de varias entidades internacionales relacionadas, de una u otra manera, con los Derechos Humanos (DD.HH.); tanto como deseamos que los movimientos sociales y sindicales (especialmente los continentales y europeos), tomen nota de que en Costa Rica ha venido desarrollándose el ataque contra los sindicatos más violento de las últimas décadas; pese a que el país pregona, urbi et orbe, su impoluta práctica de esos derechos dándose el lujo, además, de señalar con el dedo acusador a otras naciones que los están violando.

De manera adicional y considerando que en este 2019 se cumplen 100 años de la fundación de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, no puede esta entidad mirar hacia otro lado con relación a, repetimos, el ataque contra los sindicatos más violento de las últimas décadas.

Resulta obvio que debemos oficializar ante tal entidad una denuncia al respecto en próximas horas; sin embargo, el carácter público de la misma por esta vía (y por otras), cumple nuestro propósito fundamental en tal sentido.

Estamos necesitando la realización de un profundo estudio multidisciplinario (especialmente, desde las ramas del saber de las ciencias sociales), para fundamentar la naturaleza de la violencia inducida durante décadas en la sociedad costarricense en contra de los sindicatos; situación ésta que algunos especialistas fijan su origen en la circunstancia de que el sindicalismo fue parte del bando perdedor del conflicto armado-guerra civil que hubo en Costa Rica, en 1948.

Tal perspectiva, indudablemente, se concatena con el conflicto ideológico de la Guerra Fría; y, concluida la misma con la caída del Muro de Berlín y el triunfo del capitalismo sobre el socialismo; la tiranía ideológica subsecuente del “TINA” colocó a los sindicatos (en términos generales), en la primera línea de fuego de la ofensiva global del capital financiero-neoliberal contra los Derechos Humanos, incluidos los Derechos Sindicales.

“TINA”, son las siglas en idioma inglés de “There is no alternative” (“no hay alternativa”); unas siglas que se popularizaron en los años ochenta del siglo pasado, por ser una de las frases más utilizada por Margaret Thatcher en sus discursos para señalar que no había ninguna alternativa real al camino que ella había emprendido, con sus políticas neoliberales para la sociedad británica y para el planeta mismo.

En Costa Rica, a partir de 1984, también hemos sufrido, a nuestro modo, la ofensiva de la embestida de la consigna ideológico-política del “TINA”; registrándose a lo largo de todos estos años fuertes episodios de confrontación de clase entre los grupos de poder partidarios del “TINA”, y amplios sectores cívico-patrióticos que hemos venido resistiendo a tales grupos. Particularmente, los sindicatos hemos estado en primera línea en esta confrontación y sobran experiencias de lucha ampliamente documentadas, en las últimas administraciones.

A partir de la llegada del binomio Alvarado-Piza a la cabeza del Poder Ejecutivo (el gobierno), y lo que ideológicamente el mismo ha venido representando, el “TINA” tico se ha empoderado como nunca antes lo había logrado.

Finalmente, el bloque hegemónico político-ideológico siente que, ¡por fin!, tiene una institucionalidad bajo su total control, especialmente con la formación del tripartidismo PLUSC-PAC; y, luego de meses y meses de la campaña político-mediático más infame jamás vista en la historia del sector público de nuestro país, contra el empleo público y contra las organizaciones sociales, gremiales y sindicales que le cobijan; por tanto, se disponen ahora a convertir en leyes de la República, lo que ha sido el ataque contra los sindicatos más violento de las últimas décadas.

En la actual Asamblea Legislativa se están tramitando ya, tres proyectos de ley que, de una manera u otra, apuntan contra la existencia misma de los sindicatos; iniciativas profundamente ideológicas, cargadas de odio de clase y que expresan una decisión política tomada en las esferas del real poder para liquidar lo que algunos consideran como la última barrera de resistencia social que queda para, finalmente, imponer por completo el “TINA” en Costa Rica.

En estos mismos momentos en que usted lee este comentario, la guillotina contra el sindicalismo se está afilando en el parlamento con estos tres proyectos de ley. Y, como suele suceder, el doble lenguaje neoliberal de este tipo de iniciativas de legislación, hace que el título no guarde relación con el contenido. Veamos:

Tenemos el proyecto-expediente legislativo No. 21.049, oficialmente denominado “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”. Su nombre real debió ser “Ley para la declaratoria de ilegalidad de la huelga y procedimiento para liquidar al sindicato que la promueva”.

También tenemos el proyecto-expediente legislativo No. 21.097 denominado “Ley de declaratoria de servicios públicos esenciales”. Su nombre real debió ser “Ley de declaratoria de que todos los servicios públicos son esenciales sin posibilidad de que haya huelga en ellos”.

Tenemos el proyecto-expediente legislativo No. 21.009, oficialmente denominado “Ley de alternancia temporal en las organizaciones sindicales”. Su nombre real debió ser “Ley para evitar la reelección de las actuales dirigencias de los sindicatos”.

Aparte de la alarma que provoca todo esto en las conciencias civiles democrático-patrióticas, dado el carácter profundamente antidemocrático de dichos proyectos, se ha generado enorme preocupación en los círculos expertos y de profesionales con acendrado criterio en materia de la legislación nacional e internacional del Derecho Laboral; en materia de la vinculación estratégica entre Derechos Laborales y Derechos Humanos; en materia de amplia jurisprudencia al respecto en estos dos ámbitos de las libertades humanas; en las consideraciones de fondo sobre la autonomía de la organización sindical emitida por la más reconocida autoridad global en materia laboral: la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Si bastase tan sólo un ejemplo, uno de los pilares universalmente reconocidos del Derecho Laboral y de las Libertades Sindicales, es el carácter progresivo de su desarrollo, pero no su regresividad. La regresividad o la involución en materia de desarrollo del Derecho Laboral y de las Libertades Sindicales, se asocia con regímenes autoritarios y/o descaradamente dictatoriales.

Los tres proyectos de ley que le acabamos de mencionar (cada uno por separado merece un pormenorizado análisis), son indicativos de la naturaleza del régimen que está ejerciendo el poder actual en nuestra sociedad, vía la tríada gobiernista PLUSC-PAC.

 

 

 

 

 

 

Por: Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

Trataremos de explicarnos partiendo de nuestra propia experiencia de militancia en la lucha social y sindical. Nosotros estimamos que esta situación es grave y tiende a ponerse más conflictiva.

En escritos nuestros anteriores, estuvimos planteando la existencia de tres Costa Rica. Luego de la imposición-aprobación del combo fiscal (mediando el fallo constitucional del compadre hablado), no nos queda más que reforzar nuestra apreciación de que estamos ante una sociedad polarizada, pero, ahora, en dos grandes segmentos.

Por un lado, en la cara A de la sociedad polarizada tenemos a los que ya tenían demasiado y van a seguir acumulando más. Por otro, en la cara B de esta sociedad polarizada, encontramos a los que todavía tienen algo, pero, poco a poco van en camino de no tener nada; presuponiéndose que terminarán en el terreno de y/o juntándose con los que ya no tenían nada, quienes, de ahora en adelante, ya no tendrán posibilidad alguna de tener algo.

En esa cara A, encontramos a la clase económicamente poderosa (la que siempre lo ha sido, más los nuevos sectores que se le han sumado). Ésta siente que está en su época dorada: controlan toda la institucionalidad formal de la República, con la llegada al Poder Ejecutivo del binomio Alvarado Piza y su espuria tesis de “unidad nacional; con la configuración de una mayoría parlamentaria cuantitativa (más no cualitativa), más el beneplácito constitucional de la Sala IV para su concepción del problema tributario-fiscal del país y toda la legislación que emitan de ahora en adelante.

Además, cuentan con el control de otras entidades vitales del sistema neoliberal en boga, que van de soporte político-ideológico y jurídico-formal para, de una vez por todas, desestructurar de manera radical la concepción integradora de Estado Social que una vez estuvo animando a la República.

En este caso, hablamos de la Contraloría, de la Defensoría, de la Procuraduría, de las entidades reguladoras, por ejemplo. En esta cara A debemos incluir a toda la alta estructura tecnocrático-gerencial de esta institucionalidad, destacándose dentro de la misma la denominada clase política, mucha de la cual no es poseedora de capital, pero sí está en función de este para garantizarse su propio estatus vivencial. Podríamos decir que hablamos de la burocracia dorada, como la alta magistratura judicial, la academia de élite, la cúpula financiero-bancaria, por ejemplo; y, por supuesto, los pensionados de lujo.

Agreguemos a esta cara A su contraparte en el sector privado: esos cuadros ejecutivos-gerenciales de gran poder adquisitivo y de estipendios dispendiosos al servicio del alto corporativismo empresarial.

Esta cara A de la sociedad polarizada incluye a todas las personas del gran conglomerado corporativo evasor-elusor de impuestos y sus mafias organizadas, coludidas con segmentos podridos del empleo público, para la comisión de ese crimen social que es el robo tributario en todas sus modalidades.

En esta cara A de la sociedad polarizada, incluimos a la gendarmería ideológica del régimen, expresada en la práctica del periodismo del odio con los latifundios mediáticos vanguardia de clase, por todos ya conocidos; el cual se dispone, ahora, a impulsar la liquidación práctica de los sindicatos, último baluarte de la resistencia organizada en el plano civil.

En la cara B de la sociedad polarizada nos encontramos a la mayoría cuantitativa y cualitativa de la población ciudadana del país.

En tal sentido, sobresalen (simplificadamente, por supuesto), dos partes. La de los que todavía tienen algo, pero, poco a poco van en camino de no tener nada. Hablamos de compatriotas asalariados sumamente endeudados (especialmente por la cárcel financiera que representan las tarjetas de crédito y sus intereses de usura); sectores de la otrora pujante clase media, conglomerados asalariados intermedios (especialmente del sector público, aterrados por despidos masivos, de lo cual ya empiezan a hablar); micro-medianas y pequeñas empresas cuya tortura diaria es sobrevivir ante tanta carga fiscal y parafiscal, en medio de un estrujamiento severo del consumo y del poder de compra de los salarios.

Encontramos aquí, por ejemplo, a sectores de la actividad agropecuaria nacional para el mercado interno, cooperativas de diverso tipo, agrupaciones solidaristas condenadas al diktat (imposición) de la lógica del sistema financiero.

La otra parte de esta cara B de la sociedad polarizada en la que estamos, es el cada vez más grande segmento de compatriotas que ya no tenían nada, quienes, de ahora en adelante, ya no tendrán posibilidad alguna de tener algo. La gran masa obrera desempleada, el amplio sector trabajador de la informalidad, la abrumadora mayoría asalariada del sector privado con en ese escuálido salario mínimo o por debajo del mismo; ese amplio segmento de personas jóvenes profesionalizadas o en camino de serlo que no tienen ya ninguna oportunidad seria de empleo público; ese otro gran grupo juvenil que sin oportunidades se metió a la delincuencia y que muere a diario en el crimen. Incluimos aquí a grandes grupos laborales del empleo público con salarios igual de misérrimos a los pagados en el sector privado. Indudablemente, no podemos dejar por fuera al grueso de los pensionados IVM-CCSS; particularmente los del régimen no contributivo.

La soberbia peligrosa, la prepotencia arrogante y el autoritarismo ejecutor de política pública que se expresa desde la cara A; genera que en no pocos espacios de la cara B se expresen vocablos y conceptos impensados en la otrora pacífica sociedad costarricense: rebelión, desobediencia civil, golpe de Estado, gobierno de transición, lucha armada… ¡Es muy grave lo que está pasando! Ellos, los de la cara A, no se están dando cuenta de la celeridad de la erosión de su legitimidad.

Por: Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

El último dato que hemos venido manejando en cuanto al valor de un punto porcentual del PIB, en el caso de la economía costarricense, es de 350 mil millones de colones. Aunque se haya reducido (a raíz de la crisis fiscal en desarrollo); o que haya aumentado según el crecimiento económico de los últimos meses, lo real es que para el ciudadano común esta es una cantidad inmensamente grande y de difícil comprensión, desde nuestra perspectiva de mortales ciudadanos ubicados en las afueras del poder real.

Si tomamos esa cantidad de 350 mil millones de colones y lo multiplicamos por 13,3, tenemos esta otra cifra, cuya magnitud es de dificilísima asimilación: 4.655.000.000.000. En letras, 4 billones, 655 mil millones de colones.

Si tomamos esa cantidad de 4.655.000.000.000 (13,3 puntos PIB) y la dividimos entre los 365 días del año que acaba de comenzar, nos da este resultado: 12.753.424.657: doce mil setecientos cincuenta y tres millones, cuatrocientos veinticuatro mil seiscientos cincuenta y siete colones. Redondeemos: 12.754 millones de colones, ¡cada 24 horas!

¿A qué vienen estas grandes cifras? ¿Qué tienen que ver con cada persona ciudadana costarricense? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con la clase trabajadora asalariada? ¿Qué tiene que ver con el micro, pequeño y mediano empresariado nacional? ¿Qué tiene que ver con la gente sin empleo y la que está en la informalidad de la economía? ¿Qué tiene que ver con la juventud sin trabajo? ¿Qué tiene que ver con las mujeres trabajadoras jefas de hogar?, etc., etc.

¡Demasiado! Pues, nada más y nada menos que los y las de abajo tenemos que ponerla y/o ya lo estamos haciendo, considerando que el sistema tributario costarricense es, hablando desde el punto de vista social, criminalmente injusto.

Según los especialistas afines al actual binomio gobiernista Alvarado-Piza, especialmente los de carácter económico y su prensa afín, para este 2019 el país se enfrenta a esta realidad macrofiscal monstruosa: las necesidades de financiamiento del Gobierno para este año 2019 andan por esa cifra: 13,3 puntos PIB.

Por un lado, nos dicen que se deben honrar compromisos de pago de deuda adquirida tiempo atrás y que vencen, precisamente en este año 2019, por el orden de 6,8 puntos PIB. Esto es dos billones trescientos ochenta mil millones de colones: 2.380.000.000.000.

Entonces, cada día de estos 365 del 2019, el Gobierno tiene que hacer pagos de deuda pública por el orden (redondeado) de los 6.521.000.000: seis mil quinientos veintiún millones de colones, ¡cada 24 horas! Y, por tanto, cada hora, 272 millones de colones, también redondeado.

Por otro lado, 6,5 puntos PIB es la cifra del nuevo déficit fiscal para este 2019, otra estrambótica cantidad: 2 billones 275 mil millones de colones: 2.275.000.000.000. Por día, redondeado, 6 mil 233 millones de colones: 6.233.000.000. ¡260 millones de colones por hora!

¡Abruma tanto número y esas cantidades tan grandes! Resumiendo: cada hora, de cada día, de este año 2019, el Gobierno tiene que: a) desembolsar 272 millones de colones para pagar deuda de vencimiento en este 2019; b) buscar plata fresca-endeudarse, dado el déficit fiscal de 6,5%, por 260 millones de colones por hora, para funcionar al mínimo.

Por hora, ¡532 millones de colones! Cifras para arriba, cifras para abajo (por efectos matemáticos del redondeo). Eso es lo de menos, pero la cantidad es impresionantemente enorme.

En tal sentido, uno tiene que concluir que, con esos números, tanto el pago de la deuda como enfrentar el nuevo déficit nos van a estrangular en este 2019; estrangulamiento que, por supuesto, hemos de sufrir las grandes mayorías trabajadoras y ciudadanas de este país.

¿De dónde va a sacar el Gobierno 532 millones de colones frescos durante cada hora de este 2019? Si el paquetazo de impuestos -combo fiscal- que le impusieron al pueblo, de manera truculenta, es apenas (y esperando que funcione a plenitud; y que los que roban impuestos no roben más), de apenas 1,2%; ¿cómo van a conseguir el restante 12,1% puntos PIB para llegar al 13,3 que afirman se necesita para este año…?

¿Incrementar la senda del empobrecimiento salarial, reduciendo todavía más los reajustes al salario mínimo (en el caso del sector privado); en el público, eliminando las anualidades y el salario escolar? Y, en este caso, ¿despidiendo, masivamente, empleados públicos? ¿Cuántos? ¿De qué sectores…?

Nada de esto ayudaría al manejo del déficit y de la deuda. Por el contrario, más dolor, más sacrificio, más violencia y más exclusión será lo que sobrevendría. Entonces, ¿vender los pocos activos rentables que todavía siguen siendo de propiedad pública…?

Si todo esto no fuera así (difícil de creer otra cosa, dado el carácter ideológico de los que comandan, hegemónicamente, la actual Administración), el nuevo endeudamiento que quiere el binomio Alvarado-Piza, de 6 mil millones de dólares, ¿para qué sería? ¿Para pagar esos vencimientos de deuda de este año 2019 y para atajar el crecimiento del déficit…?

Estamos ya en un círculo vicioso infernal: endeudarse para pagar deuda, en esencia. ¿Por qué? Porque la naturaleza de clase de la actual hegemonía en el poder (y en el gobierno) no estará jamás dispuesta a lo que realmente nos ayudaría a salir del problema sin grandes sacrificios sociales: acometer la estratégica e históricamente pendiente tarea de la transformación tributaria estructural. Esto solo será posible con un contrapoder cívico-social y patriótico que todavía no ha podido conformarse, aunque la materia prima sobra…

Por: Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

Es sumamente necesario hacer notorio, considerando el escenario político actual de nuestro país, destacar el llamado que, de manera conjunta, están formulando el señor Bernie Sanders, senador demócrata estadounidense y quien quería alcanzar la presidencia de los Estados Unidos en las pasadas elecciones en las cuales se impuso Donald Trump; así como junto a él, un personaje muy notorio en los últimos tiempos, especialmente a nivel europeo, de nacionalidad griega, Yanis Varoufakis, quien fuera Ministro de Finanzas de Grecia en momentos muy críticos de la debacle fiscal en ese país.

Plantean ambos, y quienes les están acompañando, que es necesario establecer una plataforma política global conceptuada como la Internacional Progresista, ante el avance de la derecha política más extremista y conservadora que ha venido exacerbando la explotación de los más pobres y aumentando considerablemente la riqueza de los más ricos, haciéndolos todavía más ricos.

Llama la atención que esta Internacional Progresista vendría a surgir de la devaluación política de la otrora muy beligerante Internacional Socialista la cual, históricamente, acuñó la patente de la filosofía y de los valores de integración social que pregonaba la socialdemocracia clásica; misma que, poco a poco, se transmutó -aunque conservando ese ropaje ideológico-, para defender la más grande cruzada del capital contra el trabajo, definida como la globalización neoliberal.

Notables partidos de la Internacional Socialista terminaron imponiendo la esencia de la agenda neoliberal en varios relevantes países de la Unión Europea, de la América Latina… y en Costa Rica también, con la degeneración filosófico-política del Partido Liberación Nacional (PLN), a partir del control que del mismo lograron los hermanos Arias Sánchez y sus seguidores.

Tan es así que el nacimiento del Partido Acción Ciudadana (PAC), hijo de la calle pues surgió luego del gran movimiento social del combo ICE, se suponía que vendría a izar la bandera socialdemócrata que el PLN arrió; sucumbiendo también y finalmente, al poderoso impulso de la derecha del capital neoliberal, tal y como lo estamos experimentando en la actual gestión gubernativa Alvarado-Piza, con su mayoría legislativa cuantitativa y con el soporte ideológico-judicial desde el alto tribunal constitucional de la República.

Volviendo a esta notable circunstancia del llamado a la conformación de la Internacional Progresista, sus proponentes señalan objetivos tan extraordinariamente cruciales como reformar instituciones globales como el FMI, el Banco Mundial, la OIT o la misma ONU. ¡Vaya propósitos más loables y necesarios!

Según las informaciones que leímos para poder comentarles sobre esta, repetimos, buena nueva, el señor Sanders escribió en el periódico británico The Guardian lo siguiente: “Para combatir efectivamente el surgimiento del eje autoritario internacional, necesitamos de un movimiento progresista internacional que aborde la masiva desigualdad global que existe, no sólo en el tema de la riqueza sino en el poder político”.

¡Vean ustedes! En la Costa Rica de estos mismos momentos, enfrentamos la ofensiva de un eje autoritario (el que nos impuso el combo fiscal con trampas y triquiñuelas), mostrándosenos con gran crueldad y prepotencia la creciente desigualdad que nos agobia, tanto en cuanto a la concentración de la riqueza como en cuanto a la concentración del poder político. Sin siquiera saber de nuestra existencia, el señor Sanders estaba diagnosticándonos a la distancia.

Al ampliar sobre las motivaciones para el surgimiento de la Internacional Progresista, el señor Sanders nos indicó lo siguiente: “Nuestro deber es luchar por un futuro en el que las nuevas tecnologías y la innovación trabajen para beneficiar a todo el mundo, no sólo a unos pocos. No es aceptable que el 1 % de la población mundial posea la mitad de las riquezas del planeta, mientras el 70 % de la población en edad trabajadora sólo tiene el 2.7 % de la riqueza global”.

Por su parte, el señor Yannis Varoufakis apunta lo siguiente: “Ya es hora de que los demócratas de todo el mundo formen una Internacional Progresista que luche por los intereses de la mayoría de cada continente, de cada país.

¡Efectivamente! Da en el punto el señor Varoufakis para el caso costarricense. Ya es hora de que los demócratas costarricenses nos juntemos para la construcción de un fuerte movimiento progresista en nuestro país, pero con sentido estratégico; de mucha amplitud y tolerancia, partiendo de que están identificados muchos puntos de agenda que nos pueden volver coincidentes para formular un planteamiento común motivante y aglutinador.

Este desafío es una necesidad histórica para la circunstancia que vivimos de cara al autoritarismo que emergió en nuestro país con el binomio Alvarado Piza, los intereses del alto corporativismo que están tutelando y con la decisión política de castrar el crecimiento de los movimientos y de la resistencia popular.

UNO: Alvarado Quesada, luego de la estafa política que representó la segunda ronda de las elecciones presidenciales de abril pasado, logró la unidad de las fuerzas político-económicas contrarias al bien común; esas que son las enemigas acérrimas del papel del Estado en la economía, con su enfermiza fijación patológica contra el empleo público.

Logró lo que no había alcanzado el bipartidismo clásico PLUSC, por sus respectivos procesos degenerativos, ideológicamente hablando, con corrupción incluida y que mostraban gran desprestigio para un nuevo dinamismo impulsor de la agenda neoliberal. Alvarado Quesada, con su lugarteniente Piza, resultó ser el líder necesario que ocupaba el capital.

DOS: Prácticamente el sistema de partidos políticos como tradicionales conductores del rumbo del país, colapsó. La agenda-país de la actualidad sale impulsada desde los latifundios mediáticos promotores de la cultura y de los valores más nefastos de la globalización neoliberal. Además, obtuvieron una ventaja estratégica: la cúpula judicial-constitucional se les adhirió. La gente políticamente sana de las bases del PLUSC-PAC parece que deberán buscar nuevos aires.

TRES: El PAC resultó ser un partido político de corte antisindical en esencia, pese a que no pocas bases laborales contribuyeron para su llegada al Poder Ejecutivo en la anterior administración y en la presente. Un partido que expresa con mucha virulencia su antisindicalismo, mucho más crudamente que el mostrado, en sus respectivos momentos, por el bipartidismo clásico PLUSC: aunque ahora los tres están más que junticos en cuanto a acabar con el movimiento obrero costarricense.

CUATRO: La izquierda político-partidista (la que hemos conocido hasta hoy, al menos), está en una situación calamitosa, aunque repleta de gente honesta, comprometida y sacrificada. De lo que queda de ella en cuanto tal, genera enojo y resentimiento la parte de la misma que está como colaboracionista de la tríada gobernista PLUSC-PAC.

CINCO: El evangelismo religioso que logró notable ascenso electoral con fuerte representación parlamentaria (aunque ahora dividido), está ahora más claro en cuanto a su identificación cercana  con la agenda ideológico-neoliberal del latifundismo mediático dominador del debate nacional, que de las bases electorales que les dieron tan alto nivel de representación; bases electorales de mucha presencia regional con ocasión de la pasada huelga patriótica contra el combo fiscal, por su reclamo legítimo de exclusión social y económica precisamente derivada de las políticas de esa agenda neoliberal.

SEIS: Cuantitativamente minoritarias, valiosas voces parlamentarias actuales podrían transformarse en denuncia ciudadana activa y en aporte movilizador para fomentar la construcción de la otra hegemonía en cuanto tal, la que hace falta; generándose, eso sí, las imprescindibles confianzas intra y extramuros legislativos.

SIETE: Quedó en evidencia el potencial sociopolítico de corte transformador para la restauración del bien común y la lucha contra la creciente desigualdad, por parte del pueblo excluido (pero utilizado para efectos electorales), si y solo si resulta capaz de articularse estratégicamente sacándole provecho a la diversidad, y si construye causas de capacidad convocante unitaria.

OCHO: El perverso sistema tributario costarricense quedó completamente al desnudo, cruelmente expuesto en su aspecto repugnantemente abusivo y socialmente criminal: la evasión tributaria en todas sus formas superó lo inimaginable: la lista de grandes contribuyentes que declaran pérdidas y/o cero ganancias (consorcios corporativos con plena afinidad con el binomio Piza-Alvarado y la tríada PLUSC-PAC); las 96 megaempresas que deben al fisco más de 1.5 puntos PIB; la todavía oculta situación tributaria de las GETES (grandes empresas territoriales);  la inenarrable situación de evasión con el impuesto sobre las ventas que se agravará más con el establecimiento del impuesto al valor agregado (IVA); el robo y la desaparición de expedientes de cobro tributario, el continuado negocio de la evasión aduanera que llega a niveles imposibles de cuantificar; la fiesta sin fin de los 6 puntos PIB en exenciones-exoneraciones; la usura asesina de las economías familiares y productivas con el cobro más que abusivo de los intereses de las tarjetas de crédito y negocios asociados; etc., etc., etc. Cambiar todo esto, o parte, requiere de una especie de revolución tributaria estructural.

NUEVE: La profundidad del abismo de la deuda pública y del pago de sus intereses, aspectos imposibles de honrar sin someter al pueblo a sacrificios sociales y económicos indescriptibles; y la más que suicida propuesta de Alvarado Quesada y su grupo de endeudarnos más todavía para dejarnos (en 2022), en una cifra bárbara de más de 40 mil millones de dólares. Todo esto se complica mucho más para la gente, pues la policía financiera del planeta, las calificadoras de riesgo, piden más sangre presupuestaria que, al fin, es sangre de los y de las de abajo.

DIEZ: La necesidad de impulsar otra reforma del Estado y del empleo público para atender -entre otros aspectos-, el grave problema de las burocracias doradas, de las zonas de empleo público precario, de la pauperización de servicios públicos relevantes para el bien común, de las duplicidades institucionales insulsas; y de transformación-eliminación de las entidades públicas facilitadoras de escandalosos negocios privados y apropiación indebida de fondos públicos, aunque sea con tonalidad legal. Pero una transformación estructural del empleo público no puede ser diseñada sin una transformación estructural del sistema tributario. Tienen más que una relación simbiótica la una con la otra.

ONCE: Finalmente, es constatable la presencia más que activa y desafiante de las dos hegemonías en pugna, ahora más perfiladas que antes: una, la que tiene el poder, que tiene plena conciencia de que lo es, que es hegemonía con poder y lo está utilizando plenamente.

La otra hegemonía, la de los y las de abajo, sabe que puede serlo y entrar a la disputa más estratégicamente y no tan coyuntural como lo ha venido haciendo… pero no encuentra el cómo.

 

Por: Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

En varios lugares, espacios y momentos, hemos planteado nuestro resentimiento-reclamo a las universidades públicas, especialmente a la Universidad de Costa Rica (UCR), la más emblemática del país sin que ello implique desconocer la relevancia para la Patria de las otras cuatro casas de enseñanza superior universitaria pública, motivado por lo siguiente.

Específicamente, la notoria ausencia política de la UCR (y de las otras también), en el marco de la tormentosa situación social y política del tema fiscal; y, más en detalle, de la popularmente conocida como lucha patriótica contra el combo fiscal, fue más que evidente.

A lo mejor, somos unos perfectos ignorantes-desconocedores pero nunca supimos de una propuesta fiscal integral, justa, equitativa, progresiva, salida de las universidades públicas (especialmente de la UCR), que pudiera contraponerse a la que finalmente se le impuso al pueblo trabajador mediando toda clase de irregularidades, entre éstas (la más notoria), la del fallo constitucional del compadre hablado. Hablamos del detestado combo fiscal, hoy ley de la República No. 9635, con el pomposo nombre de Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas.

Este reclamo-resentimiento no es el objetivo de este comentario, por supuesto. Sin duda alguna, la lista de aportes positivos de las universidades públicas al desarrollo del país, es interminable. Sería tremendamente injusto descalificarles por este asunto del combo fiscal, por demás, una apreciación muy subjetiva. En todo caso, es la opinión personal de quien esto escribe.

Interesa, ahora sí, centrarnos en el objetivo del presente comentario: “Todo sistema autocrático empieza por controlar a sus jueces”, concepto éste emitido por alguien con propiedad y con conocimiento enorme para hablar del asunto.

Se trata de don José Manuel Arroyo Gutiérrez, exmagistrado y figura cercana al Partido Acción Ciudadana (PAC), del cual es uno de sus garantes éticos (nos parece el único que les queda en cuanto tal).

Don José Manuel fue comentarista en la presentación del extraordinario trabajo-estudio denominado Costa Rica: la democracia de las razones débiles (y los pasajes ocultos); libro presentado el pasado 8 de agosto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR); elaborado y escrito por el académico don Manuel Antonio Solís Avendaño, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UCR.

Por supuesto que, en lo personal, no hemos leído el libro. Deberemos comprarlo no más entrado el año pues nos acabamos de enterarnos de su publicación, leyendo el sitio oficial de la UCR (https://www.ucr.ac.cr/noticias/2018/08/09/costa-rica-es-una-democracia-disfrazada-de-legalidad.html).

Pese a ello debemos destacar el oportunísimo momento histórico de la publicación de este libro, destacándose como un notable aporte de la UCR a la sociedad, al punto de que (como indicamos líneas arriba), el exmagistrado Arroyo Gutiérrez se dejó decir, a modo de resumen de la lectura que él hizo del libro, el concepto éste de que: “Todo sistema autocrático empieza por controlar a sus jueces”.

Según la crónica noticiosa UCR, el libro de don Manuel, de 500 páginas de extensión, “…evidencia un sistema por el cual, desde hace décadas en Costa Rica, se logran ‘concertar’ voluntades, a favor de partidos políticos específicos o de intereses personales concretos, entre los distintos poderes de la República”.

“Nada nuevo bajo el sol”, dirán muchos. Sin embargo, por primera vez en la historia republicana reciente del país, el estudio describe el mecanismo por el cual se logra esa ‘‘concertación’’ de voluntades entre los tres poderes de la República.

Por otra parte, de impacto es la afirmación que sirve de título a la publicación de la UCR: Costa Rica es una democracia disfrazada de legalidad.

Con base en la crónica noticiosa de la UCR que venimos citando, se expresa que tal mecanismo de “concertación” entre poderes, “…es hijo de la apertura económica y de la Reforma del Estado que se promovió en los 90, en la cual hubo acuerdos entre las fuerzas del bipartidismo. Al respecto, en la presentación del libro se comentó que los nombramientos realizados en ese momento por la Asamblea Legislativa fueron casi de ‘uno para ti y otro para mí’ ”.

Por otra parte, la cuestión es ideológica según la hegemonía política dominante de los últimos tiempos, apuntamos nosotros. ¿Por qué? El estudio de don Manuel Solís Avendaño no solamente indica que ese mecanismo de “concertación” de poder entre los poderes del Estado, fue impuesto por la apertura económica exigida por el proceso de globalización neoliberal; sino que, además, fueron los organismos financieros internacionales los que obligaron al sistema a diseñarla e imponérnosla.

Finalmente, siempre citando nosotros la información digital de la UCR elaborada a propósito de la presentación de este libro-estudio Costa Rica: la democracia de las razones débiles (y los pasajes ocultos), se nos llama la atención en lo siguiente:

“Además, el investigador advierte que de esa misma manera se eligen en Costa Rica al defensor o defensora de los habitantes y al contralor o contralora general de la República. Estos casos también quedaron documentados en la publicación”.

Efectivamente, “nada nuevo bajo el sol”. ¡Ya lo sabíamos! Dos designaciones recientes nos lo confirman: el magistrado nombrado para la Sala Constitucional en vísperas políticas de la imposición-aprobación legislativa del combo fiscal; y, la reciente designación en la Defensoría de los Habitantes de la República, que habría sido una concesión político-sistémica al evangelismo partidario con asiento parlamentario. El extraordinario mérito de esta publicación es mostrárnoslo con la rigurosidad científica de la investigación académica.

Sinceras felicitaciones a don Manuel Solís Avendaño, al Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UCR y a la misma Universidad de Costa Rica. Debemos leer este estudio. Es más que obligado porque “Costa Rica es una democracia disfrazada de legalidad”.

La legalidad de la democracia costarricense es una fachada pues esconde la realidad del verdadero poder que toma las decisiones. Nada más contundente en tal sentido que los momentos sociopolíticos que estamos viviendo.

Por: Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

PLUTOCRACIA. “Una plutocracia es una forma de gobierno que se desarrolla cuando las clases altas se encuentran a cargo de la dirección del Estado. El concepto deriva de Pluto, el dios de la riqueza de acuerdo a la mitología de la Antigua Grecia”.

“Lo que implica la plutocracia es que las personas que dominan los recursos materiales de un país también ostentan el poder político. Incluso es posible que, en el marco de una democracia representativa (en la cual las autoridades estatales son elegidas por el voto popular y representan a la población), las decisiones más importantes sean tomadas, en realidad, por quienes cuentan con el poder económico”.

“En este sentido, se puede decir que una democracia también puede funcionar como una plutocracia. Si los gobernantes elegidos por el pueblo responden a los intereses de los ricos, tomando medidas solicitadas o promovidas por éstos, se tratará de una plutocracia más allá del sistema de partidos políticos, de las elecciones que se realicen, etc.”. (https://definicion.de/plutocracia/).

RÉGIMEN. “El régimen es la formación histórica de una época. El régimen político está vinculado a la estructura organizativa del poder político, con sus instituciones, sus normas y sus dirigentes. Dentro de un régimen se repiten ciertos comportamientos que hacen previsible el ejercicio regular del poder”.

“Puede considerarse que los ciudadanos se encuentran en una situación de dominación o subordinación al régimen político, aun cuando los gobernantes hayan sido elegidos de manera democrática. Al llegar al poder, el dirigente adquiere la capacidad de mandar, lo que supone que el resto deberá obedecer. Por supuesto, en esta relación hay límites establecidos por la ley”.

“Con el régimen político se produce una situación paradójica. El régimen emana de la voluntad de la gente, que determina las características del régimen político. Pero, de manera simultánea, la propia estructura de este régimen termina condicionando la voluntad de la población”. (https://definicion.de/regimen-politico/).

Si nos atenemos a estas definiciones sociopolíticas del concepto plutocracia y del concepto régimen, las cuales hemos seleccionado con el propósito de transmitir nuestro pensamiento al respecto; podríamos definir que el actual gobierno de la República se puede conceptuar como un régimen plutocrático, partiendo del comportamiento político del binomio Alvarado-Piza a la cabeza del Poder Ejecutivo, a partir de la materialización política de la estafa electoral que ocurrió con ocasión de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en segunda ronda, en abril pasado, por una parte.

Colateralmente, tenemos la estructuración de una mayoría parlamentaria de carácter cuantitativo, que ha procedido a implementar la agenda ideológica de los puntos “…que responden a los intereses de los ricos, tomando medidas solicitadas o promovidas por éstos…”, generándose una plutocracia “…más allá del sistema de partidos políticos”.

Efectivamente, los partidos políticos integrantes de la coalición gobiernista PLUSC-PAC, ya no defienden los contenidos ideológico-políticos y programáticos que suponen sus piedras angulares filosóficas, respectivamente: la socialdemocracia clásica, el humanismo cristiano consecuente y el presunto progresismo rescatador de la orfandad socialdemócrata una vez que el partido que la cobijó se hizo neoliberal. Al parecer, los partidos políticos evangelistas empiezan ya a ser “cooptados” por el régimen plutocrático Alvarado-Piza, luego de un comportamiento parlamentario que los acercó a la ciudadanía en lucha, con ocasión de la lucha patriótica contra el combo fiscal.

La cuestión se hace más grave si consideramos que el régimen plutocrático Alvarado-Piza, encuadró en su lógica de promoción de los intereses de los ricos, al más alto tribunal de la Republica: la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

“El poder tomó una decisión que denigra la Constitución Política”. “La resolución de la Sala Constitucional antepuso la crisis fiscal al estado social de derecho”. 

Estas dos contundentes conclusiones arrojó el conversatorio que el pasado 29 de noviembre, realizó la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, luego de la aprobación-imposición de la hoy Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, combatida en las calles por el más relevante movimiento popular de los últimos tiempos; nefasta legislación viabilizada políticamente luego del fallo constitucional del compadre hablado(como lo hemos denominado nosotros), dándosenos la razón por parte de esos connotados costarricenses, de altos quilates intelectuales y académicos, en materia constitucional y de la independencia de poderes.

Según la crónica del indicado foro, impresiona constatar que don Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, junto a los otros dos distinguidísimos participantes, haya llegado a esta conclusión más que lapidaria: “…el poder (entendido como los grupos de presión políticos y económicos) es el que toma las decisiones incluso pasando, esta vez, por encima de la Constitución Política, aunque use formalmente sus órganos y procedimientos”. Los especialistas en la materia, Alfredo Chirino Sánchez (decano de la Facultad de Derecho), y don Wálter Antillón Montealegre (exmagistrado), fueron contertulios en esta relevante y esclarecedora actividad.

“Costa Rica es una democracia disfrazada de legalidad”: así lo define un importante estudio sobre el mecanismo de concertación de voluntades entre los tres poderes de la República, que ha venido sometiendo al pueblo para favor los intereses de los ricos.

Este estudio es el libro titulado Costa Rica: la democracia de las razones débiles (y los pasajes ocultos), elaborado por el académico don Manuel Antonio Solís Avendaño, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UCR.

De lectura obligada, sin duda alguna, es este libro. En la presentación del mismo, el exmagistrado don José Manuel Arroyo Gutiérrez, resumió lo descrito en ese estudio con la siguiente frase (más que lapidaria): “Todo sistema autocrático empieza por controlar a sus jueces”.

¿Queríamos algo más contundente acerca de la naturaleza sociopolítica de lo que estamos viviendo en los actuales y cruciales momentos?; y, ¿de qué clase de desafío estamos hablando si pensamos en las responsabilidades de quienes hemos decidido resistir la ofensiva del régimen plutocrático Alvarado Piza?…

Por: Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

El capital, especialmente, el neoliberal (el más agresivo y violento), está en ofensiva política contra la clase trabajadora y contra el movimiento popular, especialmente el sindical.

A ese capital ya le podemos poner nombres y apellidos, identificando las correspondientes parcelas corporativas, fijándonos bien en la nómina de lo que se denomina “grandes contribuyentes” que declaran cero ganancias y/o pérdidas pero que son muchos más. Este tipo de capital y esos consorcios empresariales son los que se sienten muy a gusto con el gobierno actual; y, además, muestran ya el control de una mayoría legislativa que representa sus valores mas no los de la gente común ni tampoco del bien común.

Estamos en presencia de lo que ya podríamos catalogar como el gobierno más anti-obrero de los últimos tiempos, luego de la conformación del triunvirato PLN-PUSC-PAC (PLUSC-PAC), surgido éste a partir de la estafa política ocurrida con ocasión de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en abril pasado.

Ahora queda más contundentemente precisado el contenido de clase que representa el tripartidismo PLUSC-PAC con la dupleta Piza-Alvarado en el gerenciamiento político, para darle un frenético impulso a la neoliberalización completa de la sociedad; tarea inconclusa gracias a la feroz resistencia popular de los últimos tiempos, especialmente la de los sindicatos.

Luego de que lograran, de manera fraudulenta y haciendo trampa, la imposición legislativa del detestado combo fiscal, hoy ley de la República No. 9.635, se disponen a impulsar la más feroz agresión en contra del pueblo trabajador, en contra del interés de la gente, en contra del bien común; agresión que puntualizamos en las siguientes 13 medidas que categorizamos como “la docena del diablo”, indicadas seguidamente:

1. Disolver-liquidar sindicatos: se criminaliza la protesta social.
2. Eliminar-nulificar el derecho de huelga quitándole su esencia de carácter constitucional: instauración de dictadura patronal, ahora todo será “servicio esencial”.
3. Pensiones IVM-CCSS: nuevo aumento en la cotización obrera partir de junio entrante; primera reducción del porcentaje de pensión a recibir, baja del 60 a 55 por ciento; y dejan en 40 del salario mínimo las más bajas (una de las medidas más dramáticamente injustas contra los más pobres que jamás gobierno alguno impulsó).
4. Eliminar pensiones del Magisterio y pasarlas al IVM-CCSS.
5. Eliminación del Salario Escolar.
6. Nuevo paquetazo de impuestos en el corto plazo: el 20.580 (hoy ley -truculenta- No. 9.635), “no sirvió”, a pesar de tanto daño social que causa; las calificadoras de riesgo (Moody’s) quieren más sangre popular.
7. Nuevo endeudamiento público de 6 mil millones de dólares que nos pondrán a pagar con más impuestos pues la carga de intereses se descontrolará espeluznantemente. Captura de los fondos de pensiones complementarias para compra de bonos devaluados del Gobierno.
8. Venta de activos-privatizaciones de lo que queda de las más rentables empresas públicas.
9. La CCSS quedará destinada a intermediación pagadora de servicios de salud a privados.
10. Congelamiento salarial generalizado-primera fase de rebajas salariales en el sector público que ya se instauran con el combo fiscal truculentamente impuesto. El salario mínimo seguirá a la baja en cuanto a poder de compra.
11. Tolerancia permisiva y total con la corrupción tributaria y el fraude fiscal, que ya no se puede ocultar dada su magnitud (informes de la Contraloría). No habrá vía rápida alguna para proyectos que corrijan este crimen social que es el robo de impuestos en todas sus manifestaciones.
12. Extinción final del agro nacional en cuanto a la producción agropecuaria para el mercado interno.
13. Auge concentrador de poder y riqueza del sector bancario-financiero: el expolio de las tarjetas de crédito seguirá su loca carrera de acumulación; impuestos a las cooperativas y tratamiento de banca bajo normas Sugef al solidarismo-cooperativismo.

Sin sindicatos… sin huelgas… sin protestas. Es así como quieren al pueblo. Cada una de las 13 medidas de “la docena del diablo” generará fuerte resistencia popular y ciudadana. Ellos lo saben y están en loca carrera para evitarlo.

La utilización abusiva y extremista de la vía rápida parlamentaria para atacar al movimiento social y popular, demuestra la naturaleza perversa de un sistema económico que no representa, en cuanto legitimidad real, el sentir popular pues éste está mostrando un desprecio y un repudio a toda esa clase política coludida contra la gente, a fin de complacer a minorías económicas del alto corporativismo-empresarial cuyas responsabilidades tributarias sumamente cuestionadas para con la sociedad comienzan a ser conocidas por la gente.

Ellos tienen total precisión de qué es lo que quieren ahora que controlan toda la institucionalidad republicana de toma de decisiones. Esto se debe admitir. Lo que no controlan es el poderío de la gente y de sus organizaciones populares de todo tipo, si éstas deciden conformarse en una especie de frente único, aunque diverso, para enfrentarles. Sólo la gente, porque el poder le pertenece al pueblo, puede pararlos.

Alguien dijo por ahí que el gran miedo de esta gente de arriba es que la gente de abajo les perdamos el miedo

Por: Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

El capital, especialmente, el neoliberal (el más agresivo y violento), está en ofensiva política contra la clase trabajadora y contra el movimiento popular, especialmente el sindical.

A ese capital ya le podemos poner nombres y apellidos, identificando las correspondientes parcelas corporativas, fijándonos bien en la nómina de lo que se denomina “grandes contribuyentes” que declaran cero ganancias y/o pérdidas pero que son muchos más. Este tipo de capital y esos consorcios empresariales son los que se sienten muy a gusto con el gobierno actual; y, además, muestran ya el control de una mayoría legislativa que representa sus valores mas no los de la gente común ni tampoco del bien común.

Estamos en presencia de lo que ya podríamos catalogar como el gobierno más anti-obrero de los últimos tiempos, luego de la conformación del triunvirato PLN-PUSC-PAC (PLUSC-PAC), surgido éste a partir de la estafa política ocurrida con ocasión de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en abril pasado.

Ahora queda más contundentemente precisado el contenido de clase que representa el tripartidismo PLUSC-PAC con la dupleta Piza-Alvarado en el gerenciamiento político, para darle un frenético impulso a la neoliberalización completa de la sociedad; tarea inconclusa gracias a la feroz resistencia popular de los últimos tiempos, especialmente la de los sindicatos.

Luego de que lograran, de manera fraudulenta y haciendo trampa, la imposición legislativa del detestado combo fiscal, hoy ley de la República No. 9.635, se disponen a impulsar la más feroz agresión en contra del pueblo trabajador, en contra del interés de la gente, en contra del bien común; agresión que puntualizamos en las siguientes 13 medidas que categorizamos como “la docena del diablo”, indicadas seguidamente:

1. Disolver-liquidar sindicatos: se criminaliza la protesta social.
2. Eliminar-nulificar el derecho de huelga quitándole su esencia de carácter constitucional: instauración de dictadura patronal, ahora todo será “servicio esencial”.
3. Pensiones IVM-CCSS: nuevo aumento en la cotización obrera partir de junio entrante; primera reducción del porcentaje de pensión a recibir, baja del 60 a 55 por ciento; y dejan en 40 del salario mínimo las más bajas (una de las medidas más dramáticamente injustas contra los más pobres que jamás gobierno alguno impulsó).
4. Eliminar pensiones del Magisterio y pasarlas al IVM-CCSS.
5. Eliminación del Salario Escolar.
6. Nuevo paquetazo de impuestos en el corto plazo: el 20.580 (hoy ley -truculenta- No. 9.635), «no sirvió», a pesar de tanto daño social que causa; las calificadoras de riesgo (Moody’s) quieren más sangre popular.
7. Nuevo endeudamiento público de 6 mil millones de dólares que nos pondrán a pagar con más impuestos pues la carga de intereses se descontrolará espeluznantemente. Captura de los fondos de pensiones complementarias para compra de bonos devaluados del Gobierno.
8. Venta de activos-privatizaciones de lo que queda de las más rentables empresas públicas.
9. La CCSS quedará destinada a intermediación pagadora de servicios de salud a privados.
10. Congelamiento salarial generalizado-primera fase de rebajas salariales en el sector público que ya se instauran con el combo fiscal truculentamente impuesto. El salario mínimo seguirá a la baja en cuanto a poder de compra.
11. Tolerancia permisiva y total con la corrupción tributaria y el fraude fiscal, que ya no se puede ocultar dada su magnitud (informes de la Contraloría). No habrá vía rápida alguna para proyectos que corrijan este crimen social que es el robo de impuestos en todas sus manifestaciones.
12. Extinción final del agro nacional en cuanto a la producción agropecuaria para el mercado interno.
13. Auge concentrador de poder y riqueza del sector bancario-financiero: el expolio de las tarjetas de crédito seguirá su loca carrera de acumulación; impuestos a las cooperativas y tratamiento de banca bajo normas Sugef al solidarismo-cooperativismo.

Sin sindicatos… sin huelgas… sin protestas. Es así como quieren al pueblo. Cada una de las 13 medidas de “la docena del diablo” generará fuerte resistencia popular y ciudadana. Ellos lo saben y están en loca carrera para evitarlo.

La utilización abusiva y extremista de la vía rápida parlamentaria para atacar al movimiento social y popular, demuestra la naturaleza perversa de un sistema económico que no representa, en cuanto legitimidad real, el sentir popular pues éste está mostrando un desprecio y un repudio a toda esa clase política coludida contra la gente, a fin de complacer a minorías económicas del alto corporativismo-empresarial cuyas responsabilidades tributarias sumamente cuestionadas para con la sociedad comienzan a ser conocidas por la gente.

Ellos tienen total precisión de qué es lo que quieren ahora que controlan toda la institucionalidad republicana de toma de decisiones. Esto se debe admitir. Lo que no controlan es el poderío de la gente y de sus organizaciones populares de todo tipo, si éstas deciden conformarse en una especie de frente único, aunque diverso, para enfrentarles. Sólo la gente, porque el poder le pertenece al pueblo, puede pararlos.

Alguien dijo por ahí que el gran miedo de esta gente de arriba es que la gente de abajo les perdamos el miedo.