Categoría: Opinión

La aplanadora parlamentaria que se ha conformado en estos días, preludio de lo que podrá ser la próxima (a partir del 1 de mayo), está decidiendo pasarle la factura por el grave problema nacional del déficit fiscal a quien no tiene la más mínima responsabilidad por tal razón: el pueblo trabajador.

Con la herramienta legislativa de la vía rápida, impuesta tramposamente, impulsan ya el expediente legislativo No. 20.580, denominado “Ley del fortalecimiento de las finanzas públicas”, conteniendo este un agravamiento de la injusta estructura tributaria del país, al darle mayor peso a su carácter regresivo, con la transformación del actual impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado (IVA), no descartándose que este quede en un 15% (o hasta en un 16%), modificando su cifra actual del 13%.

Si esto se convierte en ley, más las primeras reducciones-rebajas salariales para el empleo público que tal proyecto contempla, nosotros estamos convencidos de que se ha de profundizar la desigualdad, se ampliará la concentración de la riqueza y se contraerá la economía, pues habrá menos plata en el bolsillo de la gente. La esencia del ajuste fiscal en perspectiva y en el marco de ese proyecto de ley, es para que la mayor carga le toque a “los de abajo”.

El IVA representa todo lo contrario de lo que debe hacerse cuando se trata de enfrentar, con justicia y seriedad, ese tema del déficit fiscal, pues todo el mundo sabe que este es el más injusto de todos los impuestos, dado que se debe honrar sin discriminar capacidad de ingreso de las personas. Y el cuento de la devolución para los sectores más pobres de la sociedad que lo tienen que pagar es tan solo eso, un cuento.

Por el contrario, el ajuste fiscal que demanda un país con tanta desigualdad como el nuestro, para preservar sus logros en materia social, es aquel que debe abordar con seriedad y valentía la cuestión de la progresividad tributaria; es decir, por el lado de “los de arriba”.

Según la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (Cepal), dependencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la alta concentración del ingreso en América Latina está fuertemente relacionada con la poca progresividad de sus políticas fiscales y sociales, especialmente en comparación con los países desarrollados. Costa Rica no escapa a esta injusta realidad.

Lo anterior lo hemos leído en importantes documentos de los últimos años, siendo el más reciente “La política fiscal en Costa Rica y sus márgenes de acción”, del economista e investigador costarricense, don Miguel Gutiérrez-Saxe.

En el apartado de este trabajo, “Cargas tributarias: mitos y realidades”, nos encontramos esta conclusión: “Lo cierto es que la carga tributaria del país es baja y no guarda relación con el progreso social alcanzado y con el bienestar prometido por la legislación y la propia Constitución Política costarricense”.

¿Cómo no expresar una rotunda oposición a ese IVA contenido en el expediente legislativo 20.580, cuando Costa Rica tiene una carga tributaria con relación al PIB de las más bajas de la América Latina? Y lo que es peor, en el 2008 estaba en 15%, y ya para el 2016 había descendido al 13,3%.

Por supuesto que esta realidad no les importa para nada a los 39 legisladores que impusieron la vía rápida parlamentaria para aprobar ese expediente 20.580. Y, como es lógico suponer, a las vocerías mediáticas dominantes (los nuevos partidos políticos del capital), esta realidad les importa un bledo; al tener este tipo de prensa como idea fija y maniquea, el ataque a mansalva a los salarios del empleo público, mismos que, por ciento, empiezan el camino de su reducción con ese proyecto fiscal regresivo.

No es posible enfrentar con solidez el problema actual del déficit fiscal sin entrarle, de raíz, a la transformación de la estructura tributaria actual del país: exenciones-exoneraciones, evasión, elusión, rentas de capital, renta global, renta mundial, contrabando, subfacturación y similares. Esto sí sería hacer justicia empezando primero por los “los de arriba”.

Esta realidad de tanta injusticia tributaria y su agravamiento para perjudicar más a “los de abajo”, en beneficio directo de “los de arriba” es un eje central de lucha de los sindicatos globales, como la Internacional de Servicios Públicos (ISP), corriente obrero-social mundial de los servicios públicos en la cual militamos.

Su programa de acción 2018-2022, “El pueblo por encima del lucro”, en su apartado 4, “Una economía mundial justa”, nos señala lo siguiente:

4.3.1- La ISP condena todas las formas de elusión y evasión fiscal empresarial, ya que constituyen un robo del dinero de los/as trabajadores/as, que debería financiar legítimamente los servicios públicos y el desarrollo económico, aliviar la pobreza y permitir al Estado que cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos. Los impuestos justos también permiten la redistribución de la riqueza y financian una infraestructura económica fundamental. Un sistema impositivo justo, progresivo, neutral en cuanto al género y transparente es el mecanismo mediante el cual se utiliza la riqueza para beneficiar a la población.

4.3.3 La elusión fiscal de las empresas traslada la carga de los impuestos del capital a la mano de obra y deja sin recursos a los servicios públicos vitales. Los efectos son especialmente perjudiciales para las mujeres y otros grupos que dependen desproporcionadamente de los servicios públicos y para los países en desarrollo, que dependen de los ingresos procedentes de impuestos para el desarrollo y aliviar la pobreza. La elusión fiscal priva a nuestros hijos de educación, a las familias de atención sanitaria, a las personas jóvenes de empleo y a nuestras comunidades de seguridad. La ISP considera que la elusión fiscal debería ser ilegal.

El reto es definir qué hacemos ahora, “los de abajo” de Costa Rica, para defendernos.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

La Ley N° 741º, llamada Ley General de Policía, en su artículo primero indica que “El Estado garantizará la seguridad pública, sin perjuicio de lo estipulado en el Título IV de la presente Ley (…)”
Para cumplir con dicha misión, la norma de rito, señala en el canon segundo que “Para la vigilancia y la conservación de la seguridad pública, existirán las fuerzas de policía necesarias (…)”. Para ello, los cuerpos policiales, tienen una jornada ordinaria laboral de 12 horas diarias. Esta jornada es excesiva y discriminatoria (en virtud de que la norma laboral ha determinado para los demás trabajadores jornadas de 8 horas laborales, y posterior a dicha jornada el pago de horas extraordinarias). A los Oficiales de Policía, se les obliga a laborar por 12 horas continuas, y además, no se les paga como jornada extraordinaria las cuatro horas siguientes a las primeras 8 horas laboradas.

Además de que estos funcionarios públicos, trabajan cuatro horas más que el resto de trabajadores estatales, sin remuneración extra que resarza dicho daño (físico, emocional, desarraigo familiar, económico, etc) deben cumplir con roles laborales que les impiden realizar sus vidas con normalidad; por ejemplo han tenido roles en los que trabajan dos días de día, dos día de noche y dos días libre (2×2×2) el cual violenta el ciclo circadiano, vulnerando la salud física y emocional de los funcionarios. Por otra parte hay roles de 4×2 y de 6×6; pero los horarios en que ingresan los funcionarios, los obligan a tener que quedarse en las delegaciones policiales, porque al salir a las 3:00am, no encuentran transporte público que los conduzca a sus hogares; y muchos no cuentan con posibilidades económicas para solventarse transporte privado.

Este tipo de jornada ordinaria excesiva, la cual ha sido llamada “Régimen de excepción” de las Fuerzas Policiales (que será descrita párrafos más adelante), aunada a la falta de reglamentación de los roles de servicio, han hecho que los funcionarios estén afectados en su salud física y emocional (alergias, estrés laboral, sentimientos de acoso, agresividad, manchas en la piel, caída de cabello, problemas gastrointestinales, aumento excesivo de peso, accidentes de tránsito por agotamiento físico y mental, desarraigo familiar al extremo de ocasionar un alto número de divorcios, adulterio, violencia doméstica, etc) y que vean disminuidas todas sus demás capacidades para ejercer sus derechos humanos. Por ejemplo, al pasar 12 horas en labores policiales, con horarios rotativos, y en condiciones deplorables (por las pésimas condiciones de las delegaciones, más el alto índice de delincuencia, delincuencia organizada, narcotráfico, tráfico de licores y cigarrillos, tráfico de maderas, violencia doméstica, partes por pensión alimentaria, etc) hace casi imposible que los funcionarios puedan terminar estudios superiores (ya que no cuentan con los permisos de sus superiores, porque no tienen la cantidad de efectivos policiales para llenar los espacios vacíos de aquellos que desean estudiar). Tampoco cuentan con tiempo suficiente y lugares idóneos para descansar, debido a que muchos duermen dentro de las mismas delegaciones, escuchando la jornada laboral de los diferentes turnos o escuadras. Ni qué decir del desarraigo familiar, y del goce a un ambiente sano.

Para solventar dicha problemática, que violenta los derechos humanos de los Oficiales de Policía del Ministerio de Seguridad Pública, se pueden llevar a cabo varios actos; entre ellos están, modificar el artículo número 58 constitucional, ya que este mandato es el que provoca la desigualdad entre un funcionario y otro, al señalar:

“ARTÍCULO 58.- La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de lo sueldos o salarios estipulados. Sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que determine la ley”.

Dicho artículo debería determinar si esos casos de excepción son permanentes o temporales; esto debido a que un caso de excepción podría ser una “emergencia nacional” en el cual, los funcionarios que llevan a cabo servicios básicos, no pueden dejar de realizar sus funciones; pero en el caso de los Oficiales de Policía, por medio de este artículo, se les ha interpretado en contra de su salud (física y emocional) al obligárseles a trabajar medio día, olvidando que los Seres Humanos necesitan tiempo de descanso, de esparcimiento, de ocio, de capacitación, de educación, tiempo de realización personal, tiempo de calidad en compañía de la familia y seres queridos.

La falta de elementos policiales no es “una excepción muy calificada”; es un “desorden administrativo” que solo es achacable al poder ejecutivo y al poder legislativo; pero que no puede venir en detrimento de los derechos humanos de la Fuerza Pública.

También se puede considerar la opción de acudir por medio de una Organización No Gubernamental, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en busca de una resolución en donde se condene al Estado costarricense, por obligar (de forma discriminatoria y violatoria de los Derechos Humanos) a los Oficiales de Policía a trabajar cuatro horas más diarias (en comparación del resto del sector público) bajo la argumentación de “necesidades de la administración por falta de efectivos policiales”, sin dotarles de regímenes de pensión diferenciada o roles en los cuales puedan gozar de más días libres, por la cantidad de horas laboradas de más.

Con ello, se obligaría al Estado a reglamentar los roles de la jornada laboral de los oficiales de la Fuerza Pública, generando más escuadras, abriendo con ello más plazas de elementos policiales y contratando más personal, para cubrir las necesidades en seguridad nacional. Para ello es necesario un esfuerzo, tanto ejecutivo como legislativo, en materia de generar leyes acordes a la realidad nacional, reglamentos de roles, partidas presupuestarias acordes a las necesidades nacionales, etc.
Si el MSP contara con un mayor presupuesto económico, podría contratar a una mayor cantidad de efectivos policiales. Para lograr atraer al público desempleado a esta función nacional, debe dignificar el quehacer policial; esto lo logra incrementando salarios, dándole carácter de “Policía Profesional” al trabajo policial, incrementando el pago de los pluses conocidos como Alto Riesgo y Riesgo Policial, pagando un rubro por “Desarraigo Familiar” como si lo tienen los oficiales Guarda Bosques del MINAE (por ejemplo los oficiales de fronteras que vivan en San José), incrementando las licencias profilácticas y las capacitaciones en pro de realizar las funciones policiales de una mejor forma, trasladando a los oficiales a ejecutar sus labores en lugares aledaños o cercanos a sus residencias permanentes, generando un régimen de pensiones excepcional por la cantidad de horas que laboran de más en comparación con cualquier otro funcionario público (en donde se compare las horas que labora cada funcionario, y no la cantidad de cuotas aportadas), que se les dé la posibilidad de estudiar y capacitarse en profesiones afines, que luego puedan colaborar en el ascenso ministerial, que se les permita a todos realizar los cursos de ascenso, entre otros aspectos.

Al mejorar las condiciones de dicho sector, harán más atractiva la carrera policial, y muchas personas desempleadas podrán buscar ingresar a este sector laboral; con ello contarían con más elementos policiales y podrían disminuir las jornadas laborales a ocho horas, y solo de forma excepcional, obligarles a trabajar 12 horas, cuando la emergencia así lo amerite.

Es evidente que esta problemática, debe ser analizada desde muchas aristas; en donde primero se debe dignificar la labor policial, para reconocerle, cuanto antes, a los policías sus Derechos Humanos; pero este cambio de visión se logra, o bien con ayuda de los sectores políticos y las cúpulas ministeriales; o sino, por medio del ejercicio del Derecho, en las instancias correspondientes, que es lo que actualmente se está trabajando desde las bases sindicales.

Si la tesis neoliberal extremista del PUSC (Piza) se impone (en lo queda de la presente Asamblea Legislativa, o en la nueva), la de la regla fiscal, es muy probable que la posibilidad de despidos masivos en el sector Público, deje ser eso posibilidad, para convertirse en una realidad cruel cada vez más cercana.

Dada la gravedad del problema del déficit fiscal que estamos enfrentando, las tendencias a que éste se resuelva sacrificando a los que ninguna responsabilidad tienen por ello, la clase trabajadora, siguen tomando fuerza; incluso, con pérdida masiva de empleos públicos.

Es la regresividad fiscal-tributaria, la matriz económica hegemónicamente dominante, la que imperará (continuará siéndolo), en el nuevo periodo constitucional que empieza el próximo 1 de mayo.

Por tanto, el déficit tiende a enfrentarse por el lado de los que menos tienen; y, especialmente, por el lado de los pagadores puntuales de impuestos: la clase trabajadora.

Las personas economistas del Partido Frente Amplio (PFA), nos indican que la tal regla fiscal del PUSC de Piza (o de Miguel Ángel Rodríguez, que él llamó en su momento “garantías económicas”), implica un brutal recorte presupuestario por cada uno de los 4 años por venir, de casi 300 mil millones de colones.

Semejante cantidad anual de recorte presupuestario, con las inflexibilidades jurídicas que tiene el presupuesto de la República, en algún momento habrá que tocar el empleo público, recortándolo, despidiendo gente.

Con esa cantidad multimillonaria de recorte presupuestario por cada uno de los cuatro años próximos, según la regla fiscal del señor Piza (avalada por Liberación y por el PAC), al menos, unos 15 mil empleos públicos están en riesgo de eliminarse, pues no habrá ingresos frescos provenientes de cambios estructurales en cuanto a trasformaciones tributarias por el lado de la renta. Nadie se le quiere “meter al tren”, porque esto significa poner a pagar lo que realmente deben de pagar los grandes ganadores del modelo de transformación económica que los gobiernos PLUSC nos impusieron en las últimas administraciones.

De manera demagógica, la Unidad de Piza (y ahora también de don Rafael Ortiz), dicen que toda esa plata a recortar saldrá de eliminar consultorías y gastos superfluos. Ambos señores saben que tal nivel de recorte no se alcanzará desapareciendo radicalmente todo tipo de consultorías, ni llevando al exterminio total todo lo que se conciba como gasto superfluo.

La gritería que acaba de pegar la prensa del capital, al acusar al PFA de “inventar” que podría darse unos 60 mil despidos en el sector público, producto de la regla fiscal PUSC-PLN-PAC, lo que lleva es a darle solidez a la tesis de eventuales despidos masivos en la administración pública, pues queda claro que aplicar un recorte de 0,75 PIB en el cuatrienio 2018-2022, significa echar gente a la calle porque la única manera de recortar tajantemente el gasto público como ellos quieren, es reducir el monto de la planilla pública. Sin nuevos ingresos tributarios frescos, sin cero consultorías y sin gasto superfluo, el déficit fiscal no bajará, al menos que ocurra una trasformación tributaria estructural radical y conceptualmente global e integral; tal y como viene siendo evidente que se ocupa algo así desde mediados de los años 90 del siglo pasado.

¡Insistimos en ello! Hubo un terremoto político con ocasión de las elecciones presidenciales y diputadiles del pasado 4 de febrero. Pareciera que el sistema político de partidos, bipartidismo tradicional incluido, tal y como lo conocimos, ha sufrido un colapso del cual parece difícil que se repondrá.

Sin embargo y paralelamente, el que está surgiendo está mostrando enormes interrogantes, desatando inimaginables conjeturas y mostrando notables incertidumbres; y, lo más grave, con un factor común denominador, que podría alcanzar insospechados niveles y magnitudes: el miedo. ¡Sí! ¡Admitámoslo! Estos tiempos son de incertidumbre… pero, podrían ser de miedo si no hacemos algo serio por evitarlo.

El escabroso transitar que estamos ya desplegando como sociedad, lo estamos viendo muy marcado por lo siguiente: A) Los que siempre han estado arriba vienen perdiendo el control histórico de los que siempre han estado abajo. B) Pese a ello, derrotados sus partidos, ahora apuestan fuertemente al control parlamentario venidero, que les muestra grandes oportunidades para seguir teniendo “todo bajo control”, esperando llegar a importantes zonas gubernativas próximas como las de la política económica. C) Los más excluidos de esos que siempre han estado abajo, ahora tienen un proyecto político-partidista que les da la posibilidad de marcar fuertemente las políticas públicas principales de acuerdo con su visión de sociedad. D) Los sectores medios, otrora clásicos de un modelo de sociedad que venía apostando por la inclusión y la movilidad sociales, que venían considerando el ideal socialdemócrata y el progresismo como sus refugios político-ideológicos, no se sienten del todo representados por la actual oferta electoral que dice representarles; y, por el contrario, estarían apostando por el voto “anti”, esencialmente.

Por otra parte, la polarización insana y monotemática de la campaña electoral que continúa golpeándonos como sociedad, no baja de tono. La intensidad de la misma no está permitiendo que reparemos, como se debe, en las graves amenazas a la integridad nacional, a la recuperación del bien común y al necesario muro de contención que debemos construir para evitar que siga creciendo la desigualdad, la exclusión y la violencia.

El miedo está latente, aunque no lo suficientemente explícito. Hay miedo en importantes conglomerados laborales del sector público ante la continuidad gubernativa de ciertos estilos de dirección prepotentes, soberbios, envalentonados por una especie de “indulgencia” político-electoral de último minuto que les dio oportunidad de estar en una segunda ronda electoral.

Hay miedo sobre el futuro de la estabilidad en el empleo público, a raíz de que se perfila una orientación legislativa dominante favorable a castigarle, culpabilizarle, responsabilizarle por el grave déficit fiscal.

Hay miedo en importantes sectores productivo-empresariales (especialmente, micro, pequeñas y medianas empresas), cuya estabilidad depende de las compras del Estado, ante la posibilidad de quiebra, no ya tan quimérica como se estimaba, que podría acabar con cientos y cientos de empleos privados.

Hay miedo en importantes conglomerados laborales, sociales y cívico-patrióticos ante una nueva posibilidad gubernativa, en la cual una visión totalizante, de carácter dicotómico, lo bueno contra lo malo, se convierta en el eje central de las políticas públicas.

Hay miedo de salir a la calle y no regresar a la casa, al hogar, ante una violencia criminal, común y organizada, que está tomando las calles del país generando zonas en las cuales se ven ya los atisbos de un Estado fallido.

Hay miedo de que las principales famosas variables macroeconómicas tan importantes para la “tranquilidad de los mercados”, se salgan de control porque el sistema político-económico dominante, no quiere comprender que su propia estabilidad y relegitimación, pasa por la transformación los mecanismos redistributivos y la transformación tributaria con profundo carácter progresivo.

Hay miedo en las bases sindicales organizadas porque la división de sus dirigencias no está siendo superada con base en la naturaleza de la gravedad de los desafíos que están presentando la defensa de la estabilidad laboral, la defensa del empleo, la defensa del salario; mientras que desde el otro lado de la acera la articulación del capital para que el resultado electoral no les haga perder el control, se muestra más eficiente.

Para que estos tiempos de incertidumbre no entronicen los tiempos del miedo, lo único que podemos recomendar es la autoconfianza en el poder de la organización para la movilización; para, por ejemplo, posicionar en eventuales mesas de búsqueda de acuerdos, fuertes posiciones de recuperación de la histórica senda de inclusión social que traía nuestro país… y aunque cueste creerlo, nos sorprenderíamos de saber que hay sectores económicamente fuertes que coinciden en que tales mesas deben darse, son posibles y que las mismas urgen.

*Secretario general
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Tal y como lo planteó de manera pública, en su documento-manifiesto “Al Pueblo Trabajador Costarricense”, dado a conocer el pasado jueves 8 de febrero, el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA está emplazando a los señores Fabricio Alvarado Muñoz y Carlos Alvarado Quesada, que le digan al país cuáles serían las personas que ocuparían las más relevantes carteras ministeriales y las más significativas presidencias ejecutivas, en caso de que, al ganar las elecciones presidenciales de segunda ronda, previstas para el domingo 1 de abril próximo, uno de los dos sea el nuevo Presidente de la República a partir del 8 de mayo siguiente.

Pensamos que votar a ciegas no es moralmente válido, ni éticamente correcto como tampoco contribuiría a la legitimidad del nuevo gobernante ejecutivo.

Considerando cuál ha sido el núcleo fundamental de las personas electoras de primera ronda en uno y en otro caso, resultaría sumamente determinante tener claridad previa de a quién convocaría don Fabricio y a quién convocaría don Carlos para, por ejemplo, hacerse cargo de la gestión-económico-hacendaria en el marco de la tan llevada y traída situación fiscal del país.

¿Cómo resolverá don Fabricio la escogencia de su equipo económico si sus votantes primarios lo que jamás esperarían de él, es que avale la subida en el impuesto sobre las ventas, del 13 al 15 por ciento, el más injusto de todos los impuestos; sabiendo que su electorado proviene de sectores sociales muy afectados por la pobreza, por la exclusión, por el desempleo y por la precariedad salarial?

¿Cómo resolverá don Carlos la escogencia de su equipo económico si entre sus votantes primarios hubo muchas personas trabajadoras asalariadas del sector público y sus familias, que jamás esperarían una puñalada por la espalda, al pretender pasárseles, vía ataque neoliberal a sus salarios, la factura por un déficit fiscal del cual no tienen responsabilidad absoluta?

Sabemos bien que los sectores más poderosos del país, hegemónicamente hablando, desde el plano político-económico, aunque estaban seguros de que se iba a dar segunda ronda electoral, no tenían considerado que ésta sería entre los dos señores Alvarado. Entre sus preferidos, estaba el que tranquilizaría a los mercados, mismo que se quedó botado en primera ronda.

Es evidente que, en uno y en otro caso, tales sectores ya se han venido moviendo y pretenden colocar sus fichas en las carteras de Hacienda, de Economía, del Comex y del Banco Central, por ejemplo.

Por ello resulta determinante conocer esos nombres con antelación. Nosotros, ni en uno ni en otro caso, esperamos cambios abruptos en la conducción ideológico-macroeconómica del rumbo del país; pero sí puede ser determinante que las figuras que podrían estar en tales cargos, al saberse sus nombres, su entorno, sus procedencias y sus amistades, nos den una pista de la naturaleza del desafío obrero-social al cual habría que enfrentarse, si la cuestión fiscal sigue deteriorándose.

En todo caso y aquí es lo neurálgico del punto, es más que urgente un férreo posicionamiento popular-social ante el desafío fiscal, sin importar cuál de los dos Alvarado sea, finalmente, el presidente.

Los al menos 3 puntos de Producto Interno Bruto (PIB) que requiere, con urgencia, el sistema para corregir el desajuste fiscal actual y para darle tranquilidad a los mercados, pretenden ser extraídos de las masas votantes primarias de ambos candidatos (la Costa Rica excluida ya y la que se resiste a serlo); toda vez que buscar esos 3 puntos PIB para sacárselos a los sectores ganadores del modelo económico dominante en los últimos gobiernos, requiere una fortaleza política de tal magnitud que un presidente débil no va a desplegar; mucho menos cuando actualmente la figura presidencial es muy frágil.

En tal sentido, y considerando la composición del próximo parlamento, muy proclive a los intereses de los sectores ganadores del modelo económico hegemónicamente dominante, presupone que desde lo social-laboral y desde lo popular-cívico, no solamente consolidemos un fuerte frente de resistencia y de potencialidad movilizadora, sino las muestras de una contundente voluntad de diálogo para construir acuerdos, partiendo de que desde nuestro lado de la acera sí existen propuestas y existen expertos prestos a apoyar nuestros esfuerzos en tal sentido.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Elecciones 2018 en primera ronda. Hablemos con datos duros y vámonos a la totalidad de personas potencialmente votantes inscritas en el padrón electoral: 3 millones 322 mil 329 ciudadanos y ciudadanas en pleno ejercicio de uso de sus facultades constitucionales para elegir (3.322.329). Este número se mantendrá invariable para la segunda ronda.

De este gran total, fijémonos en el número total de votos obtenidos por los dos aspirantes que pasaron a la segunda ronda.

Don Fabricio Alvarado Muñoz obtuvo 505.214 votos del total del padrón electoral, es decir, un 15.20 %. Don Carlos Alvarado Quesada, logró 439.88 sufragios, o sea, un 13.22 % de la totalidad de la ciudadanía inscrita para votar. (Datos al corte número 13 del Tribunal Supremo de Elecciones TSE, con el que nos basamos para este comentario).

Sumados ambos porcentajes, tenemos un 28.42 % del padrón nacional entre los dos candidatos presidenciales de segunda ronda.

Por el contrario, un 71.58 % del total de la ciudadanía electoral no votó por ninguno de los dos, votó por los otros 11 aspirantes, o votó en blanco, o votó nulo; pero, el más grande segmento de todos fue el de los y de las abstencionistas: 34.34 %.

Es decir, el abstencionismo, ese 34.34 %, fue el “candidato más votado”, dado que le “ganó” a los dos Alvarado juntos, pues entre ambos lograron apenas el 28.42 %.

Si bien ese 34.34 % no se toma en cuenta para la definición del resultado electoral, tanto el preliminar como el que viene (segunda ronda); lo real es que los dos señores mencionados pasaron a la segunda ronda con legitimidades formales, sistémico-institucionales, pero no necesariamente con legitimidades políticas sistémico-reales.

Así las cosas, la base social que les dio su voto en primera ronda a ambos señores Alvarado, es muy pequeña, de alcance e impacto restringido; y de expectativa socio-gremial muy fuerte como para visionar cómo ha de asumirse las pendientes tareas estratégicas de una sociedad que, como la nuestra, está hundiéndose en la exclusión, en la desigualdad y en la violencia.

El resultado electoral de primera ronda, que tiene conmocionado al país, parece haber mostrado la existencia de 3 “costarricas”.

La Costa Rica 1 es la de la gente incluida, la beneficiaria y ganadora de las políticas macroeconómicas y fiscales dominantes en los últimos gobiernos, producto de las concepciones neoliberales de la apertura comercial; acumuladoras de riqueza y con mucho favor tributario de distinto orden; gran acaparadora de la parte más grande de los beneficios del crecimiento económico. En esta Costa Rica inclusiva se han colado la alta gerencia corporativo-empresarial y su equivalente en la alta estructura político-jerárquica y gerencial del Estado, en buena parte. Nos parece que en la Costa Rica 1 se cuentan muchos votos provenientes del viejo PLUSC (Liberación-Unidad).

La Costa Rica 2 es la de los sectores medios, en sus diversos estamentos. Hablamos de la clase media que se resiste a desaparecer pese a que la están empujando a la pobreza. Sectores medios que, por lo general, surgieron, se fortalecieron y todavía se mantienen, con base en la institucionalidad del aún existente Estado Social de Derecho, tanto sirviéndole al mismo en condición asalariada y como proveedor del mismo en cuanto a bienes y servicios. Gran parte de este Costa Rica 2 se ubica en los sectores urbanos, en nuestras ciudades; es la que pelea por que le alcancen los beneficios del crecimiento económico para no perder su histórico estatus, aunque hoy muy maltrecho y mantenido mediando un gran endeudamiento. Es la Costa Rica de la cual se nutren los autodenominados partidos progres: PAC y FA, esencialmente.

La Costa Rica 3 es la que ya está prácticamente excluida de los beneficios del crecimiento económico, sufriendo en carne viva la desigualdad. Mucha se ubica en las zonas costeras y en barriadas urbano-marginales. Es la que se “rebeló” en la primera ronda electoral, más allá del factor religión en la política. Compatriotas abandonados por las políticas públicas de desarrollo integral (pues tan sólo han sido receptores de una especie de caridad institucionalizada, si es que han tenido suerte); abandonados por los partidos progres; abandonados por el movimiento sindical, abandonados por las diversas organizaciones de la sociedad civil y de otros movimientos sociales. Aquí es donde “pescó” el partido religioso cuyo candidato pasó en primer lugar a la segunda ronda electoral.

Esta es la Costa Rica fragmentada, la tripolarizada, desde el punto de vista de la apropiación de los beneficios del crecimiento económico y de la pugna por la correcta redistribución del mismo. La Costa Rica con un endeudamiento-país que ya no puede manejar y cuyo pago de intereses por la deuda pública está sin control. Y, a su vez, la Costa Rica cuya clase trabajadora (la asalariada, la no asalariada; la desempleada y la del empleo precario; la de las micro, pequeñas y medianas empresas), está extremadamente endeudada.

Nos preguntamos: ¿subirá el número de abstencionistas en segunda ronda? ¿Cómo harán los señores Alvarado para darle legitimidad político-real a una eventual gestión gubernativa a cargo de uno de los dos? ¿Se liberarán ambos del esquematismo-monotemático en que está sumida la campaña electoral actualmente en desarrollo? ¿Seguirán creyendo que consiguiendo aliados solamente “por las alturas”, será posible enfrentar la gravedad de los problemas nacionales que nos está aquejando en estos momentos? ¿A qué llaman un gobierno de “unidad nacional”?…

Vamos a la segunda ronda electoral el domingo 1 de abril, con una sociedad totalmente crispada, llena de tensión, incertidumbre y totalmente polarizada por un único eje temático: la cuestión del matrimonio igualitario, de la “ideología de género” y las guías de educación sexual impulsadas por el Ministerio de Educación Pública (MEP). Los grandes temas-país, los que nos atañen para nuestra convivencia vital y mínima, están relegados.

Esta polarización irracional, subjetivizada al máximo, exacerbada por las dos partes confrontadas la una con la otra, no nos conduce a nada.

Afortunadamente creemos que en los dos lados se encuentran posiciones más ecuánimes, más dispuestas para ver el bosque y no el árbol, con sensibilidades tales que llaman a la cordura nacional; para que nos fijemos en lo que realmente nos amenaza como país, lo que es atentatorio para el bien común y para atajar el crecimiento de la desigualdad, ésta que sí es un factor dolorosa y peligrosamente polarizante.

En la controversia polarizante de las últimas semanas, la que se ha dado en torno a las elecciones presidenciales y diputadiles, hemos notado cómo se ha venido desarrollando un enfoque sobre los derechos humanos totalmente sesgado, según los dos polos confrontados.

Uno lo enarbola como su bandera fundamental y primordial, mientras que el otro no lo menciona, no lo hace explícito y casi que le es molesto apelar a tal concepto.

Es decir, uno de los dos lados confrontados lo plantea desde una perspectiva reduccionista: los derechos humanos están referidos únicamente al tema de la diversidad sexual y al tema de género. Al menos eso se desprende del énfasis que se la ha dado en cuanto a confrontar la perspectiva central que plantea el otro lado: la defensa de los valores y de la vida.

Pareciera, por tanto, que los derechos humanos no tendrían relación alguna con la defensa de los valores y de la vida; y, por contraparte, que en lo que atañe a las personas sexualmente diversas, los derechos humanos son para su “exclusividad”.

A ver si me logro explicar en algo tan sensible y complejo: quienes utilizan como consigna central la defensa de los valores y de la vida no están invocando el concepto de los derechos humanos en sus prédicas; y, por otro lado, quienes reclaman los derechos humanos para defender su condición sexualmente diversa, se circunscriben a ello, no haciendo notar que esos valores y que la defensa de la vida, aunque les merezca concepciones diferentes, también son derechos humanos.

Ahora bien, buceando en la Internet nos encontramos que, desde la perspectiva cristiano-católica, el tema de los derechos humanos ha sido varias veces puntualizado, como se pasa a indicar seguidamente.

Deseo encontrar algo parecido desde la perspectiva cristiano-evangélica para reseñarlo también. Si alguien que nos honra leyendo este comentario lo tiene a mano, gran gratitud le daremos si nos lo proporciona.

Las citas en nuestro poder apuntan lo siguiente. En Pacem in terris, 9, el papa Juan XXIII indicó: “Todo ser humano… tiene por sí mismo derechos y deberes… universales e inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto”.

También en Pacem in terris, 60, el mismo Juan XXIII escribió: “El bien común consiste principalmente en la defensa de los derechos y deberes de la persona humana… la misión principal de los hombres de gobierno debe tender a… reconocer, respetar, armonizar, tutelar y promover tales derechos; …”.

El papa Juan Pablo II en Ecclesia in Asia, 33, dijo: “El tipo de desarrollo que la Iglesia promueve va mucho más allá de las cuestiones económicas o tecnológicas: comienza y termina con la integridad de la persona humana, creada a imagen de Dios y dotada de la dignidad y los derechos humanos inalienables que Dios le dio”.

También en Ecclesia in Asia, 33, este Papa acotó: “Las diversas declaraciones internacionales sobre los derechos humanos y las numerosas iniciativas inspiradas por ellas son signo de la creciente atención que se presta a escala mundial a la dignidad de la persona humana”.

Por su parte, el papa Francisco, durante su Homilía en Cartagena de Indias, expresó: “La historia nos pide asumir un compromiso definitivo en defensa de los derechos humanos”.

Según nuestro limitado conocimiento en esto tan sensible, los derechos humanos dan un ámbito de cobertura para que todos y todas nos sintamos con protección segura, teniendo en cuenta las interpretaciones que nuestro posicionamiento en la sociedad nos motive.

El factor que nos está polarizando en estos momentos no les quita la esencia a los postulados fundamentales de los derechos humanos y que nos podrían conjuntar a todos; y, si estamos de acuerdo con ello, podríamos pasar a abordar en esta campaña los reales peligros que afectan la convivencia de ambos lados como una eventual quiebra fiscal.

Albino Vargas Barrantes, Secretario general, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Constitución Política de Costa Rica, artículo 51- “La familia como elemento natural y fundamental de la sociedad tiene derecho a la protección especial del Estado”.

En los últimos meses, la familia parece haber tomado un papel preponderante en nuestro país. En la primera ronda del proceso electoral, la unidad de la familia, fue manejada por varios partidos políticos, como un tema medular. Coincidimos en la necesidad de rescatar valores; en tanto, consideramos que una sociedad con una alta desintegración familiar, es una sociedad destinada al fracaso.

La situación nos motiva a cuestionar lo siguiente: ¿La familia de los policías no está cubierta por el artículo número 51 de la Constitución Política? Por cierto, si lo llevamos al escenario político, los cuerpos policiales sumamos más de 30.000 votos, sin embargo, parece no ser un sector laboral de interés para nadie. Resulta altamente contradictorio que, el policía sale de su casa, dispuesto a ofrendar la vida, para proteger la familia de terceras personas y que, al mismo tiempo la suya se desintegra.

Es inadmisible, que se considere que las y los policías no tengan este derecho constitucional y que, por la simple razón de ser parte de la Fuerza Pública, o algún otro cuerpo policial, tengan que ser removidos, sin justificación real; la mayoría de las veces, por revanchismos, a cualquier parte del país, sin que se consideren las repercusiones que esto genera a las familias de nuestros compañeros y compañeras; los cuales enfrentan una alta desintegración familiar.

La mayoría de traslados se ordenan sin ningún sentido lógico, o estudio integral, basta con no ser afín a quien tiene la “sartén por el mango”. Para ser notificado de un traslado por “operatividad”, cuando en realidad lo que se ejecuta es una permuta. No importa si el funcionario viene haciendo las cosas bien, de la misma manera recibe la notificación del traslado a cientos de kilómetros de su lugar de residencia, sin tener la posibilidad de trasladarse con su familia, por cuanto en cualquier momento recibe un nuevo traslado; además, al policía no se le paga el incentivo de zonaje por desarraigo, como el que si reciben los educadores.

¡Usted quería ser policía! Esa es en muchas ocasiones la manera en que algunos jerarcas, responden a un subalterno que les pide ayuda; e inclusive, según se nos ha manifestado, es la expresión de algunos psicólogos, al momento en que una persona se presenta para solicitar apoyo, por la angustia que le provoca su situación familiar. ¿Qué importa lo que sienta o piense? Para algunos, el policía es un “robot”.

Según datos oficiales en poder del suscrito, entre el año 2014 y el año 2017, un aproximado de 736 oficiales desertaron de la Fuerza Pública, para un promedio de 184 deserciones por año. Lo anterior, podría encontrar varios motivos; no obstante, es ineludible que un alto porcentaje deviene del desarraigo policial, que se establece al momento de que se destaca a una persona a cientos de kilómetros de su lugar de residencia.

En mi opinión resulta contradictorio, la Ley cita: Los integrantes de la Fuerza Pública, tienen entre sus atribuciones, artículo 8 inciso c), de la Ley General de Policía, “velar por la integridad de los bienes y los derechos de la ciudadanía”. La supra citada ley, cita también que las fuerzas de policía estarán al servicio de la comunidad”. En ese contexto, es imperativo dotar a las personas trabajadoras de la Fuerza Pública, y de los demás cuerpos policiales, de las mejores condiciones.

Sin embargo, las personas que deben estar en óptimas condiciones para cuidar los habitantes y sus bienes, presentan una desintegración familiar en promedio de un 60%, convirtiéndose esto en una situación paradójica e inoportuna para la motivación de quienes laboran con la finalidad de brindar seguridad a las demás familias. Por ejemplo, ¿cómo atiende una violencia familiar, un (a) oficial que recién haya perdido a su familia?

Para mejorar tal panorama, resulta imperioso, planificar el reclutamiento del personal, conforme a las necesidades institucionales; tomando en consideración el domicilio de los oferentes a ingresar a la Fuerza Pública, minimizando con ello el riesgo de deserción y, por ende, tratar de reducir la desintegración familiar. Para ello, bastaría con conocer la necesidad de recurso humano en cada región policial, y a partir de esa información, promover el reclutamiento de personal de la misma zona. La segunda medida podría ser, brindar mayor estabilidad a los funcionarios y pagar un rubro por desarraigo, a efectos de que pueda moverse con su familia.

Volviendo al artículo 51 de la Constitución Política- “La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido”. Podemos ver como el mismo hace referencia al derecho del menor, ¿cuántos niños y niñas no pudieron ser acompañados por sus padres y madres en su primer día de clases, en la graduación, o en la fecha de su cumpleaños?

Si la familia es la base de la sociedad, y el trabajo del policía es excepcional, es necesario trabajar en una política integral, que pueda equilibrar las necesidades operativas, en estrecha armonía con la protección de las familias de nuestros policías. Excluirlos del sagrado derecho a la familia, es inhumano.

Lic. Mainor Anchía Angulo
Seccional ANEP Fuerza Pública