Categoría: Opinión

Se comenta en círculos político-parlamentarios que el actual “Regulador General” (ya explicamos la semana pasada porqué usamos comillas), el que reina pero no gobierna en la Aresep, don Dennis Meléndez Howell, dada sus simpatías con el Partido Liberación Nacional (PLN), tiene el apoyo de la actual fracción parlamentaria del mismo. Por tal razón, “no se le toca”.

De esta forma se estaría explicando el bloqueo a la discusión y eventual votación-aprobación del informe-expediente 18.856, sobre la investigación realizada a la Aresep en el seno de la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Público de la Asamblea Legislativa. Aprobarlo sería oficializar lo que muchos pensamos: Aresep funciona en la ilegalidad y sin autoridad ético-moral ninguna por las tropelías que está cometiendo.

La Aresep, con don Dennis Meléndez Howell como “Regulador General” (el de los 7 millones 100 mil colones mensuales de salario que al mundillo político-mediático que le respalda no le escandaliza para nada), tiene un pulso con el Gobierno del Presidente Luis Guillermo Solís Rivera.

La Aresep dejó de ser un órgano técnico para convertirse en una entidad inmersa en la politiquería; y, a la vez, asumió un rol de gendarme ideológico cual sicario político de los derechos laborales consagrados constitucionalmente por medio de negociaciones colectivas y estatutos de personal.

Esto podría explicar el “silencio” de los latifundios mediáticos propiedad de la plutocracia con respecto a la realidad de la planilla salarial de la Aresep, pues como es notorio nada de ello ha sido objeto de “debate público”, como sí lo han sido las situaciones de empleo público de alta difusión “noticiosa” por estos días, maravillosamente impregnadas de “objetividad”. Esperamos brindarle a usted la semana próxima el detalle de la planilla de la Aresep.

Como venimos planteando, según el informe legislativo sobre la investigación a la Aresep, informe que “duerme el sueño de los justos” por lo ya explicado; dentro de las ilegalidades cometidas por esta entidad está el alquiler que paga por sus actuales instalaciones, arriendo que se realizó sin estudio previo de costo-beneficio, exigido por la Contraloría General de la República lo que “…ha generado enormes gastos en un alquiler sin sentido y ha lesionado el interés institucional y de todos los usuarios de los servicios públicos”.

Por otra parte, la Aresep tiene una cuenta pendiente con la población trabajadora usuaria de los servicios de autobús. Tan es así que tiene otro expediente abierto en la Asamblea Legislativa: el No. 19.519, pues se investiga sobre los mecanismos, los procedimientos y las fórmulas que ha venido aplicando para aumentar los pasajes en este tipo de transporte público. También esperamos comentarles sobre ello en próximas entregas.

La escandalosa situación de funcionamiento ilegal en que está la Aresep generó que los legisladores que la han investigado, al amparo del expediente legislativo 18.856, hayan recomendado que (¡lea bien, por favor!), “…el Regulador General retome sus funciones sobre las tarifas de agua, energía y transporte, y que a las Intendencias se les habilite como dependencias técnicas especializadas que asesoren al Regulador General en esas materias”.

En otras palabras, se le dice al señor Dennis Meléndez Howell que ¡trabaje!; que legalice la función de Regulador General y que le quite el poder que ilegalmente le dio a los “reguladorcitos” de agua, de energía y de transporte para que se dediquen a lo que la ley les ordena: que sean dependencias técnicas especializadas que asesoran al Regulador no que lo sustituyan, creando esos poderes de facto que tienen a la Aresep en la picota.

Esta ilegalidad llevó, a la vez, a otra recomendación parlamentaria similar: que el Consejo de Gobierno ordene a la Procuraduría General de la República la impugnación, por la vía jurisdiccional más pertinente, del Reglamento de Organización y Funciones de la Aresep, en cuanto a la extralimitación legal en la creación de las intendencias y de la eliminación de funciones legales del regulador.

Explicamos líneas arriba que el informe parlamentario que desnuda las ilegalidades de la Aresep no se ha votado, que está bloqueado porque para la fracción parlamentaria liberacionista al “Regulador General”, “uno de los suyos”, don Dennis Meléndez Howell, “no se le toca”.

Lo que no comprendemos es la inacción del Poder Ejecutivo al no tomar la iniciativa por sí mismo y pedirle al órgano procurador que proceda a impugnar el régimen de facto instaurado en la Aresep, aunque tal informe legislativo todavía no sea oficial. Uno entiende bien que en el escenario de la polarización social en desarrollo, “todo el mundo está asumiendo partido”.

Eso fue lo que hizo la Aresep: Tomó el suyo y se alineó con los intereses de la hegemonía político-económica dominante; y, por ello, en sus tropelías se siente apadrinada por los latifundios mediáticos plutocráticos que le impusieron su propia agenda en materia de empleo público. La Aresep se convirtió en parte esencial, en pieza del ajedrez de la polarización social y su “carácter técnico” hace tiempo que desapareció.

“Primero: El Gobierno de la República convocará al próximo período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, que se inicia el próximo 1 de diciembre de 2015, el Expediente Legislativo No.19.312, conocido como ‘Ley del Salario Mínimo Vital”, para su conocimiento y debate parlamentario”. ¡Se aterrorizaron!.

Que los sindicatos, en este caso por intermedio del colectivo sindical Patria Justa, reivindiquemos propuestas de superación de la tragedia laboral y social que significa el problema de los salarios mínimos en la empresa privada; y que, además, fuese el punto primero de un acuerdo con el Gobierno intermediando una huelga de servicios públicos, es algo que no se podía dejar pasar inadvertido para los latifundios mediáticos corporativo-empresariales, como representantes y vocerías políticas del gran capital concentrador abusivo de la riqueza.

Este ha sido el enfoque de la matriz mediática principal impulsada desde que se supo el contenido de los indicados acuerdos con ocasión de la huelga en varios servicios públicos que tuviera lugar el pasado lunes 26 de octubre de 2015: descalificar este movimiento, ridiculizarlo, minimizarlo, desprestigiarlo.

La ciudadanía y la opinión pública fueron vulgarmente manipuladas ocultándosele que tal movimiento social tuvo expresión simultánea en puntos importantes de la geografía nacional como Moín, Siquirres, Turrialba, Manolo’s, Ochomogo, Barranca, Cañas, La Garita.

Se manipuló brutalmente en el caso de San José, tan solo un punto más de los definidos para la concentración de la huelga de Patria Justa. Y en el caso del punto de San José, frente al Ministerio de Hacienda, la cobertura mediática político-ideológica definida por ese tipo de prensa, se hizo cuando todo el conglomerado social huelguístico metropolitano de San José no se había reunido en su máxima expresión.

La actitud responsable que se asumió para que tal movimiento no fuese más allá de un día, dada la estratégica sensibilidad de varios de los servicios públicos involucrados en el mismo, fue acertada. Ahí están los acuerdos como el citado al principio de este artículo que tanto les ha aterrorizado. A diferencia de una marcha y/o de una manifestación, tradicionalmente las huelgas arrojan acuerdos. La de Patria Justa, de un día de duración, arrojó los suyos.

La prudencia y la responsabilidad desplegada en esta huelga y en la firma de esos acuerdos contrasta, radicalmente hablando, con la rabia feroz, la iracundia insana, la maledicente difamación mediática y la agresividad verbal que han mostrado contra tal movimiento y contra sus acuerdos, los usuales amanuenses, editorialistas, opinólogos e histéricas voces radiofónico-parlamentarias.

En el fondo, el enojo que muestran por el contenido de los acuerdos en mención como el del salario mínimo vital; como el del régimen IVM de la Caja (pues“se les atraviesa el caballo” en su afán de privatizarlo para beneficio del capital financiero); como el de que haya más salud ocupacional y seguridad laboral para los obreros de plantaciones bananeras y piñeras; como el que no puedan acabar de un porrazo y dictatorialmente con los principios constitucionales de la negociación colectiva obrero-patronal…; es porque tales acuerdos, de una u otra forma y según la perspectiva sociopolítica que tenemos en Patria Justa, representan obstáculos para mantener vigente el “viejo orden de las cosas”, el que tanta plata les ha generado.

El Gobierno y el propio Presidente de la República, en medio del maremágnum de acoso mediático en el que viven, pueden decir ahora lo que quieran. “Todo lo que no está escrito, no existe”.

¿Con qué moral y con que ética defienden el orden político-hegemónico hasta ahora dominante que tiene a 318.000 hogares en pobreza; pretendiendo aumentar este triste número con las miles de familias trabajadoras del sector público que quieren echar a la calle y/o pauperizarles su salario; mismas que, por cierto, no son ladronas de impuestos ni evasoras fiscales?

¿Con qué moral y con qué ética siguen defendiendo un orden que tiene a 1 millón 300 mil compatriotas en criminal pobreza; número que, por ejemplo, ahora aumentarían con cientos de trabajadores de las municipalidades en la calle, a los cuales dejarán sin estabilidad laboral alguna?

El virulento ataque antisindical, la aversión patológica y enfermiza que muestran contra los sindicatos y contra sus dirigencias, es para acabar con la única voz que puede decir, una y otra vez, verdades incuestionables como estas: 1) Al 27% de la clase trabajadora asalariada de la empresa privada le pagan menos del salario mínimo. 2) Al 67,9% de la clase trabajadora asalariada del sector privado en condición de pobreza no se le respeta el salario mínimo. 3) Y si hablamos de trabajadores en situación de extrema pobreza, el irrespeto a su salario mínimo llega al 87,3%. ¿Datos sindicales? ¡No! Son del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El solidarismo no puede denunciar ni hablar de esto. Tampoco el cooperativismo ni los colegios profesionales. No están habilitados legalmente para hacerlo y políticamente no están dispuestos a correr riesgo alguno al respecto. ¡Solo los sindicatos! La ley se los permite y su práctica política-social, cuando es consecuente, lo hace.

¡Claro que hay que corregir muchas cosas en el sector público! Así lo hemos planteado en diversos foros. Pero no aceptaremos que precarizar salarialmente a los que están un poco mejor sea una solución viable; por el contrario, son los que están precarizados a quienes hay que atender. Pero siguen “sin entenderlo”: acaban de recetar a los salarios mínimos precarizados del sector privado un 0,67% de “ajuste” por costo de vida: ¡23 colones con 45 céntimos por día!; ridículo y humillante aumento que, según los datos expuestos, ni se lo darán al 27% de toda la población trabajadora asalariada de las empresas privadas. ¿Y quién lo denuncia? ¡Los sindicatos!…

Uno de los episodios más impactantes del clarísimo papel político-ideológico que en la actual situación sociopolítica nacional están jugando los consorcios mediático-corporativos propiedad del capital oligárquico-neoliberal, o de cómo nos gusta llamarles, los latifundios mediáticos; se escenificó el pasado lunes 26 de octubre de 2015, con ocasión de la huelga convocada por el Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa; huelga que se caracterizó por su desconcentración, es decir, no fue la tradicional marcha o manifestación por el centro de la ciudad de San José.

Los y las manifestantes que se concentraron en el marco de esa huelga en el corazón de la capital del país y frente a la sede central del Ministerio de Hacienda constituyeron, tan sólo, uno de los doce puntos de confluencia de manifestantes que se programó desplegar durante ese día de lucha por el territorio nacional.

Esos consorcios mediático-corporativos del capital oligárquico-neoliberal jamás imaginaron que nuestro movimiento tuviera planteamientos de cara a todas las personas trabajadoras asalariadas del sector Privado; pues en su guerra de clases contra los sindicatos están atrincherados en la matriz mediática dominante que han venido posicionando en la noble conciencia ciudadana de que este tipo de organizaciones de trabajadores, tuteladas por la Constitución y por los tratados internacionales de Derechos Humanos, son como especie de “carteles” y de que sus líderes son como los “capos” de los mismos.

¡Pues sí! Patria Justa en su acuerdo con el Gobierno logró lo siguiente: Primero: Envío al parlamento en las sesiones legislativas extraordinarias a iniciarse el día 1 de diciembre próximo, del proyecto de ley del “Salario Mínimo Vital”, con el cual se pretende trasformar el actual sistema de fijación y de cálculo del aumento en el salario mínimo aplicable al sector privado, de forma tal que su discusión se vuelva prioridad entre los diputados actuales.
Sobre esta lucha recordemos que Patria Justa, recientemente, le pidió al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), autorizar la realización de un referéndum a fin de que la ciudadanía costarricense fuera consultada sobre la importancia de que el actual parlamento, definitivamente, someta a discusión y a votación tal proyecto de ley.

Segundo: Miles de trabajadores del sector agrícola del país sufren de condiciones de trabajo realmente deplorables; y, precisamente, pensando en ello, se logró que el Gobierno se le dé tramitación al convenio No. 184, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para atacar el grave problema de salud laboral y seguridad ocupacional en este grupo de trabajadores. Tal compromiso gubernamental quedó estipulado en los acuerdos que posibilitaron el fin de la huelga de servicios públicos de este pasado lunes 26 de octubre.

Se logró un acuerdo para entrar a discutir mediante el diálogo social, sobre la verdadera y real situación financiera del más grande sistema de pensiones y jubilaciones del país, el Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (IVM-CCSS); específicamente en las pretensiones que nosotros no aceptamos, de elevar la edad para la pensión, reducir los montos de esta y/o aumentar la cotización obrero-patronal para dicho sistema.

Además, se necesita exhibir a los responsables del desastre financiero de la Caja con repercusiones en el IVM, cuyas malas actuaciones en el gobierno anterior siguen en total impunidad. Como sabemos, en el IVM-CCSS está inscrita la abrumadora mayoría de la población asalariada del país, en los sectores Privado y Público.

Igualmente, para las personas trabajadoras del sector privado será relevante la discusión que Patria Justa dará con las autoridades máximas de la Caja, acerca del reglamento de incapacidades laborales. La máxima instancia judicial del país, la Sala Cuarta, ha sentenciado que todos los empleados y empleadas del Poder Judicial pueden incapacitarse, el tiempo que sea, con el 100% de salario. Esto abre una discusión de las razones para no darle el mismo trato y derecho, en caso de enfermedad, a quienes laboran para la empresa privada y a quienes trabajan para el Estado.

Deben también considerarse que los grupos laborales amparados a 27 Convenciones Colectivas de Trabajo (CCT) que funcionan en el sector privado de la economía; así como a las que están vigentes en estos momentos en el Estado (como las de las municipalidades, instituciones autónomas, empresas públicas, Gobierno Central incluyendo la del Ministerio de Educación Pública); están seriamente amenazados en cuanto a los derechos sociolaborales logrados al amparo de esas CCT por una fatal decisión político-ideológica del actual Ministro de Trabajo y Seguridad Social que, prácticamente, mata todas las CCT ya sea al momento en que vencen y/o al momento en que el ente patronal respectivo las denuncia.

Sin embargo, el compromiso gubernamental derivado de esta huelga y plasmado en los acuerdos que permitieron levantarla, es revisar tan fatal directriz con base en las interpelaciones que en la materia presentará el Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa; revisión que seguramente implicará mucho apoyo social.

Solamente esta parte de los acuerdos derivados de la huelga de Patria Justa puede explicarnos, en parte, las razones del virulento ataque antisindical por parte de los propietarios y gerentes de los consorcios mediático-corporativos propiedad del capital oligárquico-neoliberal, contra los sindicatos; especialmente los que aplicamos una táctica rebelde de lucha social pues nos negamos a ser sometidos al disciplinamiento obrero de corte totalitario que se manifiesta en no pocas “cárceles obreras” del sector privado donde es reprimida la libertad de organización sindical.

Los grandes consorcios empresariales-corporativos, los de los capitales concentrados, abusivamente y hasta ilegales en no pocos casos (a los cuales hay que ponerles rostro, cara… y en eso estamos), están (y con la ayuda de su “peonada político-parlamentaria, mediático-latifundista), rotunda y férreamente opuestos a dos cosas; y, harán lo que sea para impedir que este estado de cosas cambie, aunque sea un poco.

PRIMERO: Están radicalmente en contra de que a la fuerza obrero-laboral que explotan se le pague un poco más y más decentemente, si se cambia el actual sistema del salario mínimo en el sector privado, estableciéndose algo nuevo en Costa Rica, como el concepto de “Salario Mínimo Vital”.

SEGUNDO: Están brutalmente en contra de que se les pare la fiesta orgiástica de acumulación desenfrenada de la riqueza a la que están acostumbrados. Con toda furia, no quieren: a) que se les pare, contundentemente, la robadera de impuestos y tributos en todas sus manifestaciones; b) que se les controle, de verdad, el abusivo sistema de exenciones y exoneraciones con el que hacen grandes negocios; c) que se les ponga a pagar impuestos realmente progresivos de acuerdo a las ganancias de capital anuales que obtienen; y, d) que se les controle la plata que manejan en el sistema financiero-bancario, producto de su asociación directa o indirecta, tácita o implícita, con la impresionante cantidad de dinero sucio producto del crimen organizado que se lava todos los días, hora tras hora, en la economía nacional.

Ante la amenaza que les representa que algo de lo anterior pudiera cambiar, para beneficio del bien común y de las grandes mayorías; decidieron desviar su atención, respetado pueblo ciudadano que nos honra leyéndonos, hacia el sistema de Empleo Público, vía manipulación mediática, a fin de que usted asuma que quienes trabajan para el Estado son una “pandilla de facinerosos”, una “maleantada”; misma que está sumida en una “orgía salarial”, llena de privilegios, prebendas, gollerías, beneficios. Por todo ello es que hay déficit fiscal, afirman.

Más allá de lo que haya que discutir y cambiar en materia de Empleo Público, rechazamos, tajante y rotundamente, que el personal asalariado estatal sea el responsable del déficit fiscal.

Éste es producto, por ejemplo, de la robadera de impuestos, de esas exenciones y exoneraciones abusivas, de la ausencia de verdaderos impuestos de renta al capital, de la altísima cantidad por pago de intereses de la deuda del país; e, incluso, de la ausencia de un impuesto a las transacciones bancarias que transitan en el circuito financiero del país, producto de las astronómicas sumas de dinero sucio producto del crimen organizado.

Le han intoxicado a usted, ideológicamente hablando; y han agredido psicológica y emocionalmente, a miles de conciencias obreras asalariadas y empleadas del sector Público; las cuales trabajan de manera decente, honesta, honrada, comprometida con el servicio público en el cual laboran.

Como representantes de una de las corrientes sindicales más importantes del país en estos momentos, hemos planteado (incluso, generando la incomprensión y hasta el ataque de otros de nuestros pares en esta lucha social), que todo lo que haya que hablar del Empleo Público, debe hablarse; que todo lo que haya que corregir del Empleo Público, debe corregirse (para arriba – para abajo); que todo lo que crean que deba transformarse en materia de Empleo Público, lo podemos discutir.

Paralelamente, es contundente nuestro rechazo a que se derogue, de facto, el Estado Social de Derecho que todavía está rigiendo las relaciones obrero-patronales en el Empleo Público; tal y como lo está haciendo, saltándose la Constitución y la Ley, la ARESEP; o como lo pretende el propio Ministro de Trabajo y Seguridad Social, propiciando la desaparición tácita de los alcances constitucionales establecidos en materia de Convenciones Colectivas de Trabajo de todo tipo, hasta las municipales.

Lo que pretenden es que no quede piedra sobre piedra en materia de Empleo Público; y, en lo específico, exterminar, liquidar, anular, reducir al mínimo a las organizaciones del conglomerado laboral estatal: sus sindicatos; mismos que, por cierto, plantean el tema del salario mínimo en el sector privado de la economía.

¡No dejan alternativa! Así es que el próximo lunes 26 de octubre de 2015, a partir de las 6 horas y en varios puntos de la República, importantes grupos de trabajadores y de trabajadoras que laboran para una diversidad de servicios públicos, se habrán de manifestar, de manera pacífica y cívica, en estado de huelga; para repudiar la perversa campaña en su contra; para defender su propia dignidad, su empleo, su salario y la seguridad de sus propias familias; e, incluso, para defender el propio Estado Social de Derecho.

Además, dado el “encierro carcelario” que significa para las personas trabajadoras del sector privado no poder manifestarse libremente pidiendo mejores condiciones de trabajo, como el cambio en el sistema del salario mínimo, todas esas miles de conciencias laborales del sector Público lo harán por ellas.

Se debe concebir esta huelga que arranca el próximo lunes 26, como parte de un proceso de acumulación de voluntades y de fuerzas, cívico-patrióticas y sindicales-sociales, hacia un potentísimo movimiento de unidad popular en la acción, en semanas próximas. Ya el pasado viernes 16 de octubre, una importante expresión de voluntades líderes en tal sentido, se manifestó. La Democracia de la Calle, ¡otra vez!, se expresará este lunes 26… y del lado correcto.

¡Inmensa gratitud para usted si nos ha honrado con las cuatro entregas anteriores sobre este tema! Hoy concluimos. Hemos podido demostrarle a usted que el máximo instrumento jurídico-legal del Derecho Colectivo de Trabajo, en el caso costarricense, la Convención Colectiva de Trabajo (CCT), tiene un fundamento jurídico de acero: es ley internacional, conceptuada como parte de los Derechos Humanos (DD.HH.), universalmente reconocidos.

Sin hablar de la solidez que tiene a nivel del país: Constitución Política, Código de Trabajo y sólida jurisprudencia; aunque ahora bajo ataque y desde el mismísimo Ministerio de Trabajo y Seguridad (MTSS), como será denunciado próximamente.

Por otra parte, también le demostramos que las CCT y toda su coraza jurídica sirven tanto para el sector privado como para el público. Y, además, en este caso, el público, le pudimos aclarar que no todo el conglomerado asalariado del Estado está cubierto por una CCT. Igualmente, hay CCT en empresas privadas, como se lo dimos a conocer a usted.

Finalmente, las cláusulas de las CCT no son ni “privilegios”, ni “gollerías”, ni “prebendas”, ni “beneficios”. Son ¡derechos!

Nos queda por desenmascarar la última mentira “goebbelsiana” sobre las CCT: que estas (en el caso del sector público) son responsables o son parte del problema del déficit fiscal. Nada más alejado de la realidad. Es más, de todas las mentiras que se han venido diciendo sobre las CCT, es esta la más perversamente “goebbelsiana”.

Ni la CCT de Recope, ni la CCT de Japdeva, ni las de los bancos estatales, ni las de otras empresas públicas, ni las de las municipalidades, tienen relación alguna con el problema de las finanzas públicas del Gobierno central, el “corazón” del déficit fiscal. Además recuerde que ni en el ICE, ni en la CCSS, hay CCT alguna.

Las cuatro CCT que hay en el Gobierno central: Imprenta Nacional (Gobernación y Policía), Registro Nacional (Justicia y Paz) y las dos de rango ministerial (Educación y Trabajo) no muestran relevancia de peso en los correspondientes presupuestos institucionales; toda vez que, por ejemplo, antes de que esas CCT surgieran en tales entidades, lo correspondiente a salarios es un asunto per se, de cualquier entidad pública o privada, independientemente de que tengan o no tengan una CCT.

Sobre el tema del déficit fiscal, hemos hablado en otras oportunidades. La magnitud de sus causas no está en las CCT, ni siquiera en grado mínimo. El déficit fiscal tiene que ver, por ejemplo, con:

a) los 8 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), que se roban, en todas sus modalidades, los ladrones de impuestos: 2 billones 160 mil millones de colones (¢2.160.000.000.000.00);

b) los casi 6 puntos de PIB, que disfrutan sectores corporativo-empresariales (algunos de los más pudientes), en materia de exenciones y exoneraciones: 1 billón 620 mil millones de colones (1.620.000.000.000.00);

c) los 2.5 de puntos PIB producto de la desgravación arancelaria generada por los TLC (como el que nos impuso el gobierno de Óscar Arias Sánchez); plata dejada de cobrar en el sistema aduanero: unos 675 mil millones de colones (675.000.000.000.00);

d) los casi 3 puntos de PIB que genera el pago de intereses (solo intereses, sin amortizar el principal de la deuda); por los préstamos contraídos por el país: unos 810 mil millones de colones (810.000.000.000.00) ¡Solamente en el 2015!

Estas cifras, estas circunstancias “estratégicas” por las cuales ha surgido el grave problema del déficit fiscal, son temas “intencionadamente tabú” para la matriz mediática de “información” periodística que en los últimos meses ha desplegado la más perversa, infame, injusta y “goebbelsiana” campaña de terrorismo ideológico y de agresión psicológica en contra del empleo público, jamás desplegada en toda la historia del sector público de Costa Rica.

La más grande manipulación colectiva ocurrida en los últimos tiempos de las conciencias ciudadanas, indefensas ante una intoxicación ideológica que ha trastocado los más nobles valores éticos de la profesión periodística (según nuestro leal saber y entender), en materia de equidad y de equilibrio informativo, ha estado escondiendo lo que para nosotros es el motivo central de todo este complot urdido en las esferas del poder no electo (el oligárquico-financiero-bancario, de corte neoliberal), en las elecciones generales del 2014.

Tal poder ha sentenciado que los sindicatos son “el problema” y no solamente, “son un problema”. Su exterminio, por tanto, es la consigna estratégica para el indicado poder. Tal poder estima que la tarea de la privatización debe ser terminada, pues las más valiosas “joyas de la abuela” siguen siendo de propiedad pública. Para ese poder, la concentración abusiva de la riqueza, en auge actual, exige que toda la clase trabajadora asalariada gane igual: ¡salario mínimo-miserable para todo mundo!

Pero, ¿qué ganamos cuando decimos eso del tal “poder”; el poder oligárquico-financiero, de corte neoliberal, el que no ganó las elecciones generales del 2014? ¿No resulta mejor ponerle rostro, cara, nombre y apellidos a ese “poder? ¿Acaso no es conveniente identificar ese “poder” con personas, personajes, celebridades mediático-corporativas, político-faranduleras, peonada parlamentaria? Parece que esta es la tarea por venir…

Con este artículo continuamos la serie de comentarios que les venimos compartiendo sobre las Convenciones Colectivas de Trabajo (CCT), aspirando a que a usted le haya quedado claro las principales mentiras “goebbelsianas” que al respecto se han venido difundiendo, por parte de diversos conglomerados mediáticos que tienen su propia visión de país y concepción de desarrollo, interesados en el “exterminio” de los sindicatos.

Son, básicamente, cuatro mentiras “goebbelsianas” (por Joseph Goebbels, “célebre” propagandista y criminal de guerra nazi, autor de la perversa consigna de “Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá”.), que sobre las CCT venimos destruyendo de esta columna; columna de opinión que solamente puede ser publicada en una prensa profundamente convencida de que la Libertad de Expresión es un valor intrínseco para la convivencia civilizada en Democracia, como lo practica Diario Extra y el Grupo Periodístico Extra.

Ya vimos que las CCT tienen una naturaleza constitucional-jurídica incuestionable; incluso, forman parte del sistema jurídico internacional y tienen rango de Derecho Humano Fundamental universalmente reconocido.

Ya destruimos dos de esas cuatro mentiras “goebbelsianas” sobre las CCT: demostramos que su régimen jurídico-constitucional también aplica para el sector privado de la economía; que las CCT no son “exclusivas” del sector Público. Incluso, le compartimos a usted los datos sobre las CCT que existen en empresas privadas.

También, derribamos la mentira “goebbelsiana” de que todo el sector Público, todas las institucionales estatales, que toda la fuerza laboral asalariada de la administración pública, está cubierta por una CCT. Todavía faltan muchas colectividades laborales, asalariadas estatales, que no tienen una CCT. Por ejemplo, ni en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), ni en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), hay CCT.

Vamos con esta otra mentira “goebbelsiana” en torno a las CCT que queremos pulverizar, también: que éstas son fuente de “privilegios”, “gollerías”, “prebendas” y “beneficios”. Así le han sido presentadas a la ciudadanía, como parte estratégica de la campaña mediática en contra del Empleo Público que se viene desplegando.

Todo lo contrario. A la luz del régimen jurídico-constitucional de las CCT, sus cláusulas se originan a partir de los mínimos derechos que consagra la máxima ley laboral del país, el Código de Trabajo. Las CCT desarrollan esos mínimos.

Los mecanismos de la Negociación Colectiva que, incluso, contempla el Derecho Laboral de carácter internacional, vía una CCT, precisamente facultan a las partes (la patronal y la obrera), a mejorar las condiciones laborales grupales de sus respectivas fuerzas de trabajo, partiendo del piso mínimo que contiene la máxima legislación laboral de un país.

Entonces, ni “privilegios”, ni “gollerías”, ni “prebendas”, ni “beneficios”. ¡Derechos! Esto es lo que han otorgado las CCT, tanto en el sector Público como en el Privado.

La cláusula de la CCT de la trasnacional frutera Del Monte que otorga uniformes al equipo de fútbol de trabajadores veteranos de la empresa, es un ¡Derecho!; como ¡Derecho! puede ser una ayuda patronal-institucional para determinada celebración obrera como el Día del Trabajador.

Otra cosa, radicalmente distinta, es que no se puedan variar esas cláusulas según entornos económicos adversos o críticos en los que se desarrollan las instituciones públicas y las empresas privadas que tienen una CCT. ¡Todo puede ser modificado en un CCT, por parte o completamente, y en cualquier momento de su período de vigencia!

Lo que ha venido sucediendo es que desde un punto de vista estrictamente ideológico, para los sectores del gran capital costarricense, acostumbrados a controlar la cosa pública sin ir a elecciones y en medio de la más subversiva opacidad en contra de la democracia de la urna, la existencia de los sindicatos no es un “problema”; más bien, es el “problema”.

Pese a sus dificultades, a su división y a varias derrotas en estos “tiempos de neoliberalismo”, la organización sindical del sector Público les impide avanzar hacia nuevos nichos de mercado para explotación mercantil bajo la lógica de lucro privado y de abusiva concentración de la riqueza; como por ejemplo, los servicios públicos altamente rentables que están pendientes de privatizar, ya sea porque esa privatización está a “medio palo” (caso de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS), o porque ni siquiera ha empezado (caso de la Refinadora Costarricense de Petróleo RECOPE).

Por tanto, los sindicatos del sector Público deben ser desacreditados, desprestigiados, calumniados, difamados, tratando de reducir su papel en la sociedad al mínimo posible (como lo han logrado en el sector Privado); y a sus líderes hay que desacreditarlos al máximo, poniéndolos como parias de la sociedad: vagabundos, vulgares, vividores, maleantes, delincuentes, incultos y… hasta terroristas. En esencia, liquidarlos y exterminarlos, tal y como se plantea desde las páginas de opinión del periódico oficial de ese capital.

La semana entrante terminamos con la última mentira “goebbelsiana” sobre las CCT: que son responsables del déficit fiscal.

Hemos tratado de explicarle a usted que en este asunto de las Convenciones Colectivas de Trabajo (CCT) se le ha venido intoxicando, mediáticamente hablando, por parte de la prensa “latifundista” oligárquico-neoliberal; a fin de que usted le dé noción de verdad a estas cuatro mentiras “goebbelsianas”, mismas que vienen repitiendo hace ya varios meses, siguiendo la lógica propagandística del criminal de guerra nazi Josep Goebbels.

Recordemos estas cuatro mentiras “goebbelsianas” en torno a las CCT: 1) Las CCT son solamente aplicables al sector Público. 2) Las CCT cubren a todo el sector Público, a todos los empleados públicos. 3) Las CCT solamente han servido para que la “maleantada” obrera del Estado tenga “gollerías”, “prebendas”, “privilegios” y “beneficios”. 4) Las CCT son responsables (o en parte) del déficit fiscal.

Por medio de nuestras dos columnas inmediatamente anteriores a la presente, logramos destruir la primera mentira “goebbelsiana” sobre las CCT, de que estas son aplicables, únicamente, al sector Público. Y la semana pasada les comentamos sobre las CCT existentes en el sector Privado pero debemos corregir el dato: son 28 en total (por ahora) y no 21 como apuntamos.

Hoy vamos a abordar la segunda mentira “goebbelsiana” sobre las CCT: Las CCT cubren a todo el sector Público, a todos los empleados públicos. ¡Completamente falso! Si duda de nuestra afirmación, es cosa de ir a preguntar al Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Tome en cuenta estos datos.

Las dos instituciones más grandes del Estado costarricense que no son del Gobierno Central, ¡no tienen una CCT! Hablamos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

A nivel de ministerios, solamente hay CCT en las carteras de Educación Pública (MEP), Justicia y Paz (a nivel del Registro Nacional), Gobernación y Policía (Imprenta Nacional) y en la de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). La inversión presupuestario-fiscal para darles contenido a sus respectivos clausulados es, prácticamente nula; pues, en realidad, contienen pocos derechos por en encima de los que indica el Código de Trabajo; y, por demás, derechos no asociados a desembolsos financieros.

Lo que sí podría pasar en próximas fechas es que, siguiendo esa línea mediático-ideológica de corte “goebbelsiano” en contra de las CCT, le intenten manipular a usted diciendo que tales CCT del Gobierno Central son “multimillonarias”; al coger (por ejemplo), los montos de las naturales partidas de sueldos para cargos fijos correspondiente a la planilla y decirle a la opinión pública que tales partidas son producto de la respectiva CCT.

Esta grosera manipulación es la que se ha venido utilizando para el enfoque mediático “goebbelsiano” en el caso CCT como las de Recope, Japdeva y otras; es decir, repetimos, coger las partidas de salarios y aplicárselas a la CCT para inflarlas, financieramente hablando, y así poder manipular a la opinión pública en contra de las mismas y en contra de los sindicatos tutelantes de esas CCT.

Ahora bien, en estas entidades del sector Público no hay CCT alguna: las policías (Fuerza Pública, Penitenciaria, Profesional de Migración y Extranjería, Tránsito, Fiscal, Aeronáutica, Judicial). Tampoco en el Sistema Penitenciario Nacional, en Aviación Civil; ni en los ministerios de Hacienda, Obras Públicas y Transportes, Agricultura, Ambiente y Energía, Salud, Cultura, Economía y otros.

Tampoco hay CCT en entidades de perfil muy propio por la naturaleza del servicio público que les ha sido encomendado, a pesar de que, administrativamente, están bajo la égida de algunos de esos ministerios.

Por ejemplo, no hay CCT en Aduanas, ni en Aviación Civil, ni en la Dirección General de Migración y Extranjería; ni en los diferentes consejos: Conavi, Cosevi, CTP. Tampoco en el IAFA, en los CEN-Cinai, en las Áreas de Conservación y Parques Nacionales, en la CNE, entre otros.

En cuanto a las municipalidades, si bien es cierto que en muchas de ellas hay CCT, lo real es que no todo el sector está cubierto por las mismas; y, los derechos que se contemplan en las CCT existentes en las municipalidades, no distan mucho de las estipulaciones mínimas del Código de Trabajo y/o de un reglamento interior de trabajo, de carácter “decente”, en una empresa privada.

En algunas CCT municipales su principal logro como derecho es superar el tope de cesantía del Código de Trabajo: los 8 años; tope de cesantía, por cierto, ya roto (aunque parcialmente), por la Ley de Protección al Trabajador (LPT); por el mismo sistema solidarista; y por la práctica común en empresas privadas de liquidar anualmente a su personal para contratarle de nuevo.

A partir de ahora, si usted quiere un enfoque objetivo de las CCT, le rogamos considerar las 3 entregas semanales de comentarios que sobre las mismas hemos formulado en este espacio. Hoy hemos destruido la segunda mentira “goebbelsiana” sobre las CCT: que cubren a la totalidad de los empleados públicos. Seguiremos con el tema la próxima semana.

Le recordamos que en materia de las Convenciones Colectivas de Trabajo (CCT, de ahora en adelante), como lo empezamos a tratar en esta columna la semana pasada, a usted se le ha venido intoxicando, mediáticamente hablando, para que usted crea que: a) Las CCT son solamente aplicables al sector Público. b) Las CCT cubren a todo el sector Público, a todos los empleados públicos. c) Las CCT solamente han servido para que la “maleantada” obrera del Estado tenga “gollerías”, “prebendas”, “privilegios” y “beneficios”. d) Las CCT son responsables del déficit fiscal.

Son cuatro mentiras “goebbelsianas” (por Joseph Goebbels, “célebre” propagandista y criminal de guerra nazi, autor de la perversa consigna de “Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá”.).

Con relación a la primera mentira, que las CCT son solamente aplicables al sector Público, pensamos que a usted le sorprenderá saber que en la empresa privada costarricense, ¡también existen! Si lo pone en duda, solamente se debe consultar al Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Un estimable amigo y compañero de causa, abogado altamente especializado en Derecho Laboral, nos brindó la información siguiente, obtenida con gran rigurosidad científica y ética transparente, pues es parte de un estudio riguroso que le ha sido encargado por un prestigioso organismo internacional.

Tome nota, por favor de estas empresas privadas en las que hay, ¡y con vigencia actual! una CCT: Chiriquí Land Company, Corrugados Belén, Santerra S. A., Standard Fruit Company (Departamento de Operaciones-Taller Terminal), Servicios Logísticos Del Carmen, Envases Industriales de Costa Rica (Envaco), Coopeguanacaste, Ecoturismo Bananero S. A., Ingenio Taboga S. A., Productos de Concreto, Corrugados del Guarco, Compañía Palma Tica S. A., Sur S. A. – Planta Aceitera Coto 54, Industria Cerámerica Costarricense S. A. (Incesa Standard), Seguridad Marín, Cash Soluction S.A., Corporación de Desarrollo Agrícola DEL MONTE, Comercializadora ANFO S. A., Compañía Bananera Limitada (Departamento de Operaciones Portuarias); entre otras.

El grado de respeto, vida, proceso en que cada una de estas CCT en el sector Privado de la economía muestra en la actualidad, no lo podemos determinar con precisión. Pero que existen las CCT en el sector privado, al igual que en sector Público, es un hecho totalmente real, jurídicamente constatable y políticamente incontrovertible; toda vez que, a) las CCT son parte consustancial de lo que se denomina Estado Social de Derecho costarricense; b) las CCT tienen rango al más alto nivel jurídico-legal según el sistema de Derecho costarricense: forman parte de la Constitución Política, la magna ley de todas nuestras leyes; c) las CCT tienen estatuto jurídico-mundial, según la normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); d) las CCT son parte consustancial de la Libertad Sindical, misma ésta que tiene rango de Derecho Humano Fundamental universalmente reconocido.

Con relación a que las CCT del sector Público están cargas de “privilegios”, “gollerías”, “prebendas” y “beneficios”; fíjense ustedes que en la última CCT que suscribió la empresa DEL MONTE, hay todo un capítulo, el tercero, denominado “De la cooperación con la Comunidad, la Cultura y el Deporte”; cuyas cláusulas especifican estos derechos:

Aportes económicos para las escuelas en las que estudian los hijos de los trabajadores y fondo de becas para los hijos de los trabajadores (muy bajas pero el derecho quedó establecido en esa CCT); la empresa debe donar todos los años material educativo; contribución empresarial de carácter económico para el deporte de los trabajadores (accesorios de fútbol y ¡hasta uniforme para los veteranos!); aporte económico-empresarial para celebrar el Primero de Mayo.

¿Usted cree que estas cláusulas de la CCT de DEL MONTE, en su capítulo III, “De la cooperación con la Comunidad, la Cultura y el Deporte”, son “privilegios”, “gollerías”, “prebendas” y “beneficios”… ¡NO!, contundentemente. ¡Son Derechos!

Así lo dice el artículo 62 de la Constitución Política de Costa Rica que los mentirosos “goebbelsianos” se empeñan en ocultarle a usted: “Art. 62. Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados”.

Radicalmente distinto sería que en circunstancias de “paz”, la parte patronal, ya sea ésta del sector Público o del sector Privado, le plantee al sindicato correspondiente, una revisión de una determinada cláusula, de varias de ellas, o todas completamente; si las condiciones económicos imperantes, en el nivel macro y/o en el nivel micro, exigen actualizaciones de los derechos que ya estaban incluidos en esas CCT.

Como ya es más que notorio, no ha sucedido así en el caso de las CCT del sector Público y usted ya habrá notado cómo se ha dado una de las manipulaciones mediáticas más perversas, de propaganda “goebbelsiana” al respecto.

Como podrá apreciar usted, acabamos de destruir la primera mentira mediática de carácter “goebbelsiano” en torno a las CCT: tanto en el sector Público como en el Privado hay CCT’s. Volveremos la semana próxima sobre el tema.

Convencidos como estamos de que presenciamos, si se quiere, la más virulenta campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra de los sindicatos jamás desplegada en los últimos tiempos; el tema de las convenciones colectivas de trabajo (CCT, de ahora en adelante), es uno de los blancos fundamentales del ataque que despliega el corporativismo mediático afín al y/o al servicio de los sectores del capital más retrógrados, totalitarios y antidemocráticos del empresariado costarricense.

Y decimos esto porque en el seno de la corriente sindical que representamos, no estamos en contra de la iniciativa privada; considerando que en este ámbito nuestro objetivo central de lucha es el respeto pleno de los conceptos del Trabajo Decente que viene pregonando la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT); de ahí que, por ejemplo y durante los últimos 15 años, hemos luchado ardorosamente por la Reforma Procesal Laboral (RPL).

La conjura urdida contra el sindicalismo por esos conglomerados mediáticos pretende que el ciudadano común y en materia de las CCT, interiorice en su inconsciente colectivo estas cuatro mentiras constantemente reiteradas, emulando así una de las “enseñanzas” del deplorablemente célebre propagandista nazi Goebbels.

A usted, en tal sentido se le intoxica, mediáticamente hablando, para que usted crea que: a) Las CCT son solamente aplicables al sector Público. b) Las CCT cubren a todo el sector Público, a todos los empleados públicos. c) Las CCT solamente han servido para que la “maleantada” obrera del Estado tenga “gollerías”, “prebendas”, “privilegios” y “beneficios”. d) Las CCT son responsables (o en parte) del déficit fiscal. Hoy solamente tenemos espacio para abordar la primera.

Seguidamente, vamos a darle a usted algunos elementos que le ayuden a comprender la profundidad de la perversa campaña mediática que en materia de CCT ha estado en desarrollo; y, a lo mejor, usted podría liberarse del encierro ideológico-psicológico en que le han metido al respecto.

Con muchísimo respeto se lo decimos que en lo que atañe a la primera mentira, las CCT son también para el sector privado y este es el artículo fundamental en la materia, mismo que es de la propia Constitución Política de Costa Rica: “Art. 62. Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados”. Esto fue promulgado en 1949.

Seis años antes, en 1943, con la promulgación del Código de Trabajo, a las CCT se les dedicó todo un capítulo, el tercero, precisamente llamado así: “De las convenciones colectivas de trabajo”, dividido en dos secciones. La primera se denomina “Disposiciones generales y de las convenciones colectivas en empresas en centro de producción determinado” (artículos 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62). La sección segunda se titula: “De las convenciones colectivas de industria, de actividad económica o de región determinada” (artículos 63, 64 y 65).

Figúrese usted que con solamente leer y analizar el artículo 54 del Código de Trabajo, queda absoluta y contundentemente claro que las CCT se aplican a los dos sectores de la economía: el Público y, ¡el Privado!: Artículo 54. Convención colectiva es la que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a éste. La convención colectiva tiene carácter de ley profesional y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecte”.

Y “para el que no quiere caldo, dos tazas”: Vea usted lo que dice el artículo 56, también del Código de Trabajo: “Todo patrono particular que emplee en su empresa, o en determinado centro de producción si la empresa por la naturaleza de sus actividades tuviere que distribuir la ejecución de sus trabajos en varias zonas del país, los servicios de más de la tercera parte de sus trabajadores sindicalizados, tendrá obligación de celebrar con el respectivo sindicato, cuando éste lo solicite, una convención colectiva”.

Solamente estos artículos nos permiten destruir la mentira mediática de que las CCT son solamente aplicables al sector Público. Estas leyes laborales son tan extraordinariamente claras que con base en la sección segunda del indicado capítulo III del Código de Trabajo, “De las convenciones colectivas de industria, de actividad económica o de región determinada”, y aunque cueste creerlo es completamente viable legal y jurídicamente que hubiese en el país una CCT que cubra, por ejemplo, a todo el personal trabajador de todos los medios de comunicación colectiva; periodistas, camarógrafos, asistentes, choferes, secretarias, oficinistas, etc.

La semana entrante, Dios mediante, volveremos sobre el tema de las CCT para desnudar las otras tres mentiras dichas sobre las mismas.

Con mucho agrado hemos recibido la noticia de que la actual junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mandó al cajón de la basura el “estudio” actuarial que sobre la sostenibilidad presente y futura de las finanzas del más importante régimen de pensiones del país, el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), se le había contratado a don Eduardo Melinsky, ciudadano de nacionalidad argentina.

Tal “estudio” pretendió vendernos una visión catastrofista de la situación financiera del IVM, al mejor estilo de esas campañas del miedo que suelen promover actores político-mediáticos al servicio del capital oligárquico-neoliberal.

Confesamos que en algún momento de toda esta situación, creímos que en esto del IVM-CCSS también había llegado “el fin de los tiempos”; al igual que como nos lo han venido intentando meter en nuestras cabezas, en la temática del déficit fiscal y el presupuesto nacional; mediando, en ambos casos, una sofisticada operación mediático-psicológica de evidente intencionalidad ideológica.

Según el mencionado “estudio”, se nos venía indicando que el IVM para el año 2023 estaría quebrado; que el aporte conjunto obrero-patronal debía pasar de un 8.50 % a un 20 %; que, además, había que aumentar las cuotas por jubilación de 300 a 360; y que en el caso de pensión por vejez sin haber completado las cotizaciones, de 180 a 240.

Este escenario catastrofista del ahora “despedido” consultor argentino, había venido recibiendo el apoyo político incondicional del anterior jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supen), hoy también “despedido”; y ambos, con el apoyo del latifundio mediático insignia del capital oligárquico-neoliberal, que habían diseñado toda una estrategia para conducir al IVM al espacio privado de las pensiones pretendiendo darle un mayor peso (aportando los fondos y el control de este régimen), a la hegemonía del capital financiero en la conducción de la cosa pública del país.

Ahora parece abrirse otro escenario con esta acertada decisión de la directiva de la Caja. Decisión que viene con un “postrecito”: tal y como lo tituló el Diario Extra (el de mayor circulación del país), en su edición del pasado sábado 29 de agosto de 2015, “Ni un cinco a Melinski por estudio del IVM”.

Es decir, no habrá que pagar un solo centavo de los 125 mil dólares cobrados por este señor por su “estudio”, ahora mandado al cajón de la basura por no reunir los requisitos técnicos ni metodológicos necesarios, para valuaciones actuariales de sistemas de seguridad social, a criterio de la Gerencia de Pensiones de la CCSS.

Con los aportes de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica (UCR), además de tener el aval metodológico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la CCSS podrá ahora utilizar sus propios estudios actuariales para, con visión de corto, de mediano y de largo plazo, diseñar las medidas necesarias para darle una mayor sostenibilidad financiera al régimen IVM, más allá del año 2044; fecha en la cual se supone se agotaría su actual esquema financiero y de reservas. No en el año 2023, como querían imponernos los abanderados de la privatización del IVM-CCSS.

Como sabemos, el IVM-CCSS es el más importante sistema de pensiones de nuestro país y, junto con el seguro de salud, Enfermedad y Maternidad, son los pilares fundamentales y estratégicos del Sistema de Seguridad Social del pueblo costarricense.

224 mil compatriotas reciben su pensión del IVM-CCCS; para él cotizan hoy en día casi millón y medio de personas trabajadoras activas. Y, en lo que podría concebirse como la meta estratégica de quienes quieren privatizarlo, tiene una reserva de 1 billón 900 mil millones de colones. En cifras: ¢1.900.000.000.000.00. ¡Casi 7 puntos de Producto Interno Bruto (PIB)!. ¿Cómo no va ser tentador para el capital financiero-bancario de signo neoliberal poder tener acceso y manejar semejante cantidad de plata?…

Si bien, repetimos, celebramos la decisión de la actual Junta Directiva de la Caja, estimamos que el proceso de ahora en adelante debe ser participativo para construir esas decisiones de corto, de mediano y de largo plazo en torno a la sostenibilidad futura del IVM.

Según entendemos, en el corto plazo, por ejemplo, se pretende tomar decisiones unilaterales que no involucren a los participantes-firmantes de los acuerdos multisectoriales del 2005, lo que vemos como un error.

A diez años, todo el mundo concuerda en que la desigualdad, en sus diversas manifestaciones, es más profunda y dramática; desigualdad que, por supuesto, viene castigando, severamente, a gran parte de esos 1.5 millón de personas trabajadores cotizantes del IVM-CCSS. Por tanto, es preciso tomar en cuenta a los principales actores que tienen que ver él.

Desde la corriente sindical que representamos, hemos de destacar el aporte que en el marco del Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA, han venido dando el Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE), así como la propia Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP); alianza de trabajo que se fortaleció para esta lucha social a favor del IVM-CCSS, con el aporte brindado por la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN). Quedamos en guardia.