Categoría: Opinión

El distinguido ciudadano economista, académico de la Universidad Nacional (UNA), don Leiner Vargas Alfaro, nos brindó mediante una comunicación digital de su autoría, información valiosísima para comprender, al menos, de manera muy general, elementos importantes acerca del negocio privado de la venta de medicamentos en el país.

Abordamos el tema a partir de la vehemente promesa electoral de campaña del actual Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles, quien bajo el lema “comerse la bronca” generó no pocas expectativas de que su gestión gubernativa estaría centrada en combatir el altísimo costo de la vida que sufre la mayoría del pueblo costarricense; dada la existencia de notables monopolios y/u oligopolios que por la naturaleza de su poderío económico-político, desangran las finanzas familiares sin que hasta la fecha alguna autoridad les haya puesto freno pero de verdad.

Don Leiner nos da, para empezar, este dato espeluznante: el mercado del negocio privado de los medicamentos mueve en nuestro país, al año, unos mil millones de dólares ($1.000.000.000). Esto es casi 600 mil millones de colones, cerca de un 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Muchas preguntas surgen al respecto. Tan solo una: ¿cómo serán las declaraciones tributarias de las entidades corporativas que están participando en este gran negocio?

Y, aquí, en el plano de las entidades corporativos, don Leiner nos indica que, básicamente, son cuatro firmas las que controlan tal mercado del negocio privado de los medicamentos; especialmente, en sus respectivas fases productiva y comercial. Es decir, un clásico oligopolio en toda la extensión de la palabra y de su significativo político. De manera indudable, es este un gran poder de facto en el conjunto de las relaciones políticas del país.

Para don Leiner, la administración gubernativa actual no ha tenido las agallas suficientes para enfrentarse a ese “monstruo”. Nosotros creemos lo mismo. Y, en tal sentido, apelando a la famosa frase de campaña de “comerse la bronca”, nos da dos propuestas que, sin duda alguna, representarían gigante desafío a ese poder, pero de increíbles proyecciones para las economías familiares, especialmente las de la clase trabajadora.

Hacemos nuestro el emplazamiento de don Leiner al Presidente Chaves. Uno. “Cómase la bronca”, Presidente Chaves, autorizando que las farmacias de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pueden comercializar, al menos, los 25 medicamentos de mayor demanda por parte de las clases populares y medias, estableciendo un pequeño margen de razonabilidad para apoyar las amenazadas finanzas de la Caja. ¿No es que estamos en épocas de competencia? Se pone al sector Público a competir con el privado en este ramo de la venta de medicamentos.

Y, alternativa o paralelamente, imponer una regulación-establecimiento del precio de esos 25 productos de modo tal que en las farmacias se cobre lo justo no lo especulativo.

Pero, sin duda alguna, la propia Asamblea Legislativa puede meter mano en el asunto. No puede permanecer mirando para otro lado. Podría este servidor pecar de ignorante por desconocer que ya hay una o varias iniciativas para bajar el altísimo precio de los medicamentos y que están presentadas para su trámite parlamentario.

Si así fuese, ojalá me lo aclaren. Pero, en todo caso, ese no es el punto. La clave es impulsar la legislación del caso para que, al menos, la Caja pueda vender esos 25 medicamentos fundamentales.

Sin embargo, soy escéptico. La desigualdad, la exclusión económica, así como la precariedad, el congelamiento y la pobreza salariales no parecen ser temas “sexis” de la actual Asamblea Legislativa.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Lea con cuidado esto: “Los diez hombres más ricos del mundo han duplicado su fortuna, mientras que los ingresos del 99% de la población mundial se habrían deteriorado a causa de la covid 19”.

¡Contundente! Nos ha tocado vivir la época de mayor desigualdad social y de exclusión económica de la historia de la Humanidad.

Las desigualdades que matan es el título del más reciente informe de la entidad OXFAM International, prestigiosa organización que, según su sitio oficial web, indica lo siguiente: “Oxfam es un movimiento global formado por personas que trabajan juntas para combatir la desigualdad y, así, acabar con la pobreza y la injusticia” ( HYPERLINK “http://www.oxfam.org/es/que-hacemos/quienes-somos” www.oxfam.org/es/que-hacemos/quienes-somos).

De obligada lectura y, ojalá, de imperioso estudio, es este trascendental documento para quienes estamos, de un modo y otro, en contra de un orden de las cosas que por las espantosas desigualdades que está mostrando, “fragmentan nuestras sociedades.

La violencia está enquistada en nuestros modelos económicos”, tal y como lo indica el resumen de dicho informe. Con sinceridad, datos como los siguientes que, de manera textual se los compartimos a usted, pueden ayudarnos a entender la magnitud del desastre social que vive nuestro mundo de hoy; un mundo tan injusto que este vocablo, injusto, no alcanza para describir la espantosa tragedia de sufren millones y millones de habitantes de nuestro sufrido planeta. ¡Ponga cuidado, por favor!

*La riqueza de los 10 hombres más ricos se ha duplicado, mientras que los ingresos del 99% de la humanidad se habrían deteriorado a causa de la COVID-19.
*Los 10 hombres más ricos del mundo poseen más riqueza que los 3.100 millones de personas más pobres.
*Si los 10 hombres más ricos gastasen un millón de dólares diarios, agotar su riqueza conjunta les llevaría 414 años.
*Si los 10 milmillonarios más ricos del mundo se sentasen sobre el dinero que poseen apilado en billetes de un dólar, cubrirían la mitad de la distancia entre la Tierra y la luna.

*Un impuesto del 99% sobre los ingresos extraordinarios que los 10 hombres más ricos han obtenido durante la pandemia de COVID-19 podría movilizar dinero suficiente para fabricar suficientes vacunas para toda la población mundial y cubrir el déficit de financiación de las medidas climáticas, financiar unos servicios de salud y protección social universales y apoyar los esfuerzos para abordar la violencia de género en más de 80 países. Y, aun así, estos hombres seguirían teniendo 8.000 millones de dólares más que antes de la pandemia.

Por lo general, las matrices mediáticas dominantes nunca hablan de estos temas, los cuales son definidos por OXFAM como Violencia Económica, así, en mayúsculas. Todos los días se nos intoxica en las noticias de todo nivel y modalidad con violencia criminal, violencia delicuencial, violencia sexual, violencia del narcotráfico, violencia del crimen organizado, pero las distintas expresiones de Violencia Económica no son temas de abordaje noticioso: ¡no venden!

A lo sumo y en el marco de la temporada de fin de año, son esos reportajes tipo “sueño de Navidad” en los cuales se apela a nuestra misericordia solidaria, donde se nos muestra la crueldad de la desigualdad, aunque sin esa profundidad analítica de Violencia Económica.

OXFAM propone soluciones y destaca el importante papel de los movimientos sociales a lo largo de la historia. Esto es tema para otros artículos.

Sin embargo, y quienes venimos enarbolando estas luchas contra la desigualdad, podemos afirmar con contundencia que, pese a tanta adversidad, estamos del lado correcto de la Historia.

Don Jorge Torres Carrillo, Ministro de Seguridad Pública, le pidió a la Asamblea Legislativa más presupuesto para atender la creciente y, al parecer indetenible, ola de criminalidad, de violencia y de asesinatos que está azotando al país.

Don Jorge planteó que urgen 35 mil millones de colones al respecto, que incluye la contratación, no menos urgente, de 2 mil policías.

La semana pasada comentamos en este mismo espacio que, en un solo día, específicamente el 1 de enero de 2023, el Gobierno tuvo que pagar por concepto de los leoninos intereses de la deuda pública, nada más y nada menos que 5 mil millones de colones.

Y, al sétimo día de ese pago diario, se llegó a la cifra de 35 mil millones de colones; “curiosamente”, una cantidad igual a la pedida por el jerarca ministerial de la seguridad del país, para atender la emergencia de la violencia que estamos sufriendo como sociedad.

Repetimos: con solamente la cantidad que exige durante siete días el pago de intereses de la deuda pública, se podría fortalecer en algo, el servicio público de la seguridad ciudadana ante la grave precariedad en que se encuentra a todo nivel: personal policial insuficiente y mal pagado con deudas salariales que no les quieren honrar, equipo obsoleto o nulo, vehículos insuficientes y/o en mal estado, avituallamiento insuficiente e inapropiado, retraso tecnológico, etc., etc.

Bien se sabe que la ciudadanía se siente indefensa y la embarga una gran preocupación ante la creciente inseguridad que campea por los cuatro puntos cardinales del país.

El problema tiene diversas vertientes que se deben analizar. La principal, según nuestra visión sindical, muestra las consecuencias de un modelo económico diseñado para concentrar la riqueza, para impulsar el crecimiento de la desigualdad, para precarizar el empleo y los salarios; y, para, legitimar que es la corrupción en sus distintas manifestaciones, la “mejor” vía para el ascenso social.

Nosotros hemos venido insistiendo en que la deuda pública del Gobierno Central y su obsceno pago de intereses diario, es la raíz de todos los principales problemas que afectan los servicios públicos esenciales, como lo es de la Seguridad Ciudadana.

Pero, en la clase política gobernante (la que administra y la que hace de oposición), no hay nadie que quiera “metérsele al tren” de la deuda pública que sigue creciendo, a toda velocidad, sin control.

Con una buena auditoría de la deuda pública y su abusivo y criminal, socialmente hablando, pago de intereses, a lo mejor, al Sr. Ministro Torres Carrillo se le podrían asignar ya esos 35 mil millones de colones que, según él, con eso “se le jugaría” para estar con condiciones un poco mejores ante la desgarradora ola de violencia con que empezó el año 2023; y, en vez del pago diario de intereses de 5 mil millones, parte de los mismos irían para el servicio público de la seguridad ciudadana.

No parece existir un desafío más grande en nuestro tiempo que el que tiene que ver con el sistema tributario, base a partir de la cual tiene lugar la redistribución de los beneficios del crecimiento económico de una sociedad.

Aunque en nuestra Patria un tema de este calibre sigue siendo tabú, allende nuestras fronteras está generando mucha atención, gran interés y no poca preocupación.

Y en Costa Rica es un tema tabú puesto que, a pesar de las sucesivas elecciones cuatrienales, el sistema tributario nacional no sufre ninguna transformación, ni en el plano ejecutivo-administrativo, ni mucho menos político-legislativo, si nos ponemos a hablar-plantear transformaciones reales, de impacto, de fondo.

Hemos dicho reiteradamente (y nadie nos ha desmentido) que en Costa Rica el sistema tributario tiene dos características esenciales: injusto y corrupto. De una manera muy simple, nosotros lo vemos así: Por una parte, pagan más proporcionalmente hablando quienes menos tienen; y, por la otra, quienes tiene más para pagar, no lo hacen del todo, o del todo no lo hacen, pues evaden y eluden mediante formas legales o al margen de la ley.

Para cambiar tal estado de cosas, se requiere mucho más que un cambio en los poderes Ejecutivo y/o Legislativo. Hay que lanzar un desafío estratégico a los factores de real poder que impiden transformaciones de tal calibre. Tarea más que histórica para nuestro país; e, incluso, con los datos socioeconómicos de la actualidad, se trata de un reto a favor de la permanencia del sistema democrático.

Pero, ¡bueno! Este discurso nuestro es muy conocido. Bien lo sabemos. Sin embargo, sigue teniendo gran vigencia.

En esta ocasión, queremos poner mucha atención a un proceso internacional en estos ámbitos de la cuestión tributaria a nivel global, pero con gran impacto en países como los nuestros.

Pensamos que en nuestro país debería tener más visibilización informativa-comunicativa los esfuerzos de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por sus siglas en inglés); la cual, por ejemplo, en el año 2018 propuso un nuevo sistema tributario para acabar con los paraísos fiscales, que incorpora reparto mundial junto a una baja tasa de impuestos corporativos.

La ICRICT tiene incorporada la participación de varias personalidades de relieve mundial que vienen, de un modo u otro, lanzando alarmas acerca de la profundidad de la desigualdad y la perversidad de un sistema económico que, precisamente, algunos pensamos que es el más desigual de toda la historia de la Humanidad.

Por ejemplo, ciudadanos como Thomas Piketty, Joseph Stiglitz, José Antonio Ocampo, Gabriel Zucman, Magdalena Sepúlveda; luminarias del campo de la Economía y con visión global del problema de la fiscalidad internacional.

Recientemente, se hizo gran despliegue de la incorporación a la ICRICT, del exministro de Economía de la Argentina, Martín Guzmán, quien, en tal marco comentó: “Al día de hoy seguimos teniendo un sistema impositivo global disfuncional que le permite a las grandes corporaciones multinacionales y a los más ricos eludir legalmente el pago de impuestos, desfinanciando a los Estados y generando un mundo más desigual e inestable. Debemos decir basta. No hay más excusas para seguir tolerando la elusión y la evasión fiscal” (https://eleconomista.com.ar/economia/guzman-une-comision-independiente-reforma-fiscalidad-corporativa-internacional-n57590)

Y dijo, además, el señor Guzmán: “Por eso, espero ayudar, dentro de la Icrict para promover políticas fiscales progresivas. La respuesta no está en intensificar la competencia entre los países, sino en unir fuerzas para demostrar que es posible apostar por reformas fiscales progresivas”

Noten ustedes cómo estas palabras-conceptos y criterios apuntados por este político-profesional natural de la Argentina, están en nuestra mente, de manera cotidiana, precisamente porque es que este asunto, de otro sistema tributario, es algo así como el tema del siglo. La satisfactoria constatación en nuestro caso es que la corriente sindical en la cual militamos, no anda tan perdida. Debería fundarse en nuestro país, una especie de Comité Costa Rica de la ICRICT. Nosotros nos apuntamos…

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

El primero de enero, se pagaron unos 5 mil 500 millones de colones por concepto de intereses, intereses vulgarmente obscenos y socialmente criminales, de la deuda pública del Gobierno Central. Una suma igual el 2 de enero. Otra parecida el día 3 y así hasta hoy mismo, miércoles 11 de enero de 2023.

En estos primeros once días del año, de las debilitadas arcas públicas se sacaron unos 60 mil millones de colones destinados a las entidades/personas acreedoras de la deuda pública, la cual se acerca a los 50 mil millones de dólares ($50.000.000.000.000).

¡Este si es el gran problema de la Democracia! Pero, a los bandos en pugna por el problema trolero parece que les importa un bledo. Y, al finalizar el mes de enero, serán 170 mil millones de colones que pudieron haberse empleado a atender grandes necesidades sociales y económicas que están viviendo miles y miles de hogares costarricenses afectados por la creciente desigualdad, por el congelamiento y por el alto endeudamiento salarial, por la evaporación de los fondos de pensiones y por un altísimo costo de la vida que no se había visto en más de una década.

Nos corresponde mantener la denuncia constante en tal sentido. Nos hemos autoimpuesto levantar esta bandera sin ánimo mesiánico alguno, sino ante la verificación diaria del drama social obrero-laboral en los segmentos de población trabajadora asalariada, en los cuales la frase “la plata no alcanza” no está reflejando la magnitud del impacto socioeconómico del problema de la deuda pública y de su socialmente criminal pago de intereses en, por ejemplo, los miles de hogares del empleo público del Gobierno Central, los cuales entran, en este 2023, al cuarto año consecutivo de congelamiento salarial total.

¿Cómo es posible que, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa no se instale una comisión investigadora del problema de la deuda pública y de esa monstruosa cantidad de pago diario de intereses, de modo tal que el pueblo costarricense sepa, por ejemplo, cómo es que llegamos hasta aquí, a esta calamitosa realidad de afectación severa a miles y miles de compatriotas, dentro y fuera del sector Público?

¿Por qué no convocar, al menos, al propio Ministro de Hacienda y que explique por qué el partido político ahora en el Gobierno y del cual él es parte, le mintió al electorado cuando se prometió que se le iba a entrar fuerte al tema del pago de intereses de la deuda pública? ¡Sí! ¡Sí! Ya sabemos: una cosa es lo que se dice en campaña y otra lo que se hace en Gobierno y el pueblo costarricense viene siendo engañado una y otra vez.

Este monstruoso pago diario de intereses es la causa principal del grave deterioro presupuestario que afecta a gran cantidad de servicios públicos del Gobierno Central, destinados a atender necesidades económico-sociales de la población costarricense que sufre de mucha pobreza y otra, también grande, que va quedando más vulnerable ante la misma dado el avance de la desigualdad.

Tan solo dos dramáticos ejemplos: ¿en qué estado se encuentra la Educación Pública y en qué estado se encuentran los servicios de Seguridad Ciudadana a cargo de los diversos cuerpos policiales? En la Asamblea Legislativa parece que olvidaron que ambos servicios públicos son estratégicos para la estabilidad del mismo sistema democrático, por una parte; y, por otra, que los respectivos grupos laborales que los prestan entraron ya al cuarto año de congelamiento salarial. ¿Se imaginan ustedes a ambos servicios públicos con una inyección presupuestaria de emergencia ¡por solo un mes!?, ¿Por el orden de los 170 mil millones de colones, en vez del pago de los intereses del presente mes de enero? ¡Que vamos mal, vamos mal! 

“Es una bomba de tiempo la situación social del país”. Esta frase, pronunciada por el actual magistrado-presidente de la Sala Constitucional, el señor Fernando Castillo Víquez, se nos ha quedado muy grabada en nuestro pensamiento, precisamente porque desde nuestra esfera sindical, tenemos ya bastante tiempo indicando que en nuestra querida Patria habrá un estallido social.

Esa bomba de tiempo se llama desigualdad social, la cual marca cada vez más la diferencia entre ricos y pobres. Este es el diagnóstico del indicado juez constitucional, lo que lo hace tener un gran impacto por la naturaleza del cargo que él ostenta.

De manera muy sencilla, quien encabeza al más alto tribunal de la República de Costa Rica, la Sala Constitucional o Sala Cuarta indica que, según la Constitución Política de Costa Rica, la del 7 de noviembre de 1949, somos un Estado Social de Derecho el cual tiene dos vertientes fundamentales y estratégicas. Por un lado, a juicio de este señor juez, la libertad y la eficiencia económica; y, por el otro, la justicia social.

Que lo diga el Dr. Castillo Víquez es algo que no puede pasar desapercibido para la población costarricense; mucho menos, para el gran conglomerado de patriotas y organizaciones cívicas que a lo largo de los últimos años venimos defendiendo ese Estado Social de Derecho, desde las más diversas circunstancias y coyunturas políticas.

Don Fernando fue enfático al puntualizar que el Estado Social de Derecho costarricense está en deuda, por cuanto ya no está garantizándole a toda la población el mínimo vital de condiciones económicas para que permita superar la pobreza, en avance generalizado en el país.

Don Fernando debería decirnos desde cuándo se percató de eso. ¿Desde que asumió la presidencia de la Sala IV o desde antes cuando ingresó como juez a ese altísimo tribunal?

“Es una bomba de tiempo la situación social del país”, es una frase suya que puede sonar a cinismo político de su parte, pues no creemos que el tribunal que usted preside pueda lavarse las manos ante el retroceso de nuestro Estado Social de Derecho. Dijo usted, por ejemplo, en el 2018, con ocasión de la imposición al pueblo trabajador del combo fiscal, hoy Ley de la República 9635, que la Constitución debe pasar a segundo plano ante el problema fiscal del país. ¿Se arrepiente de haberse doblegado al dogma neoliberal en esa ocasión?

O, por otro lado, esa frase la podemos interpretar como un mea culpa suyo,ante la magnitud de las violaciones de Derechos Humanos económicos, sociales y hasta culturales que están ocurriendo en el país en estos momentos, producto de ese enfermizo dogma que impuso la consigna política de primero la deuda y después la gente; o, socialmente traducido así:  atendamos primero el leonino pago de intereses y después las necesidades de techo y alimentación de población infantil y joven en riesgo social.

Usted dijo, además, que quienes ejercen el poder no solamente deben hacerlo en armonía con la Constitución sino con el respeto a los derechos humanos. ¡Exacto! Pero nosotros pensamos en que hoy día hay que entrarle duro a ello con el Derecho Internacional blandiéndolo como espada de la verdadera justicia. Pensamos que es muy difícil torcer el brazo a los jueces internacionales.

Y decidimos que una gran posibilidad de evitar que estalle la bomba social de la que usted nos habla, es que se les respete plenamente los derechos económicos, sociales y culturales a tantas personas trabajadoras costarricenses, ya violentadas o por serlo, en cuanto a su pleno disfrute. Por esta senda de lucha social estamos transitando ya.

Tenemos que asumir una fuerte acción social-sindical y cívico-patriótica para que en nuestro país se empiece, con real decisión política, a atacar el grave problema de la esclavitud laboral; muy presente en los últimos tiempos pero que adquirió un dramático carácter público con el caso de las tiendas de ropa S y R.

Uno esperaría que el propio Poder Ejecutivo, a través de sus carteras ministeriales de Trabajo y de Seguridad, especialmente; que la Asamblea Legislativa, mediante sus fracciones parlamentarias más sensibles al Humanismo Cristiano y a la Justicia Social, impulsaran las acciones correspondientes; e, incluso, las propias instancias judiciales hicieran lo propio en sus sentencias del ramo laboral-corporativo. Hay que decirlo con amargura: no le vemos futuro a ello.

Por otra parte, se elegirá en próximos días a una nueva persona en la Defensoría de los Habitantes de la República. Y se pone uno a pensar: y si esta nueva autoridad decidiese instalar una especie de mesa civil con agrupaciones de diverso orden, incluyendo sindicales, para impulsar la toma de las decisiones correspondientes en materia de política pública que nos permitan atacar, de raíz, el fenómeno de la esclavitud laboral en sus manifestaciones actuales. ¡Sería extraordinario! En tal sentido, abrigamos un poquito de esperanza. La persona designada para ese cargo recibirá una iniciativa de nuestra parte en este sentido, en el momento oportuno.

No obstante, y sin esperar ello, a nivel sindical, tenemos que incluir en nuestra agenda de lucha, el análisis y las recomendaciones que emitió el señor Tomoya Obokata, relator especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, luego de su visita oficial a Costa Rica, del 16 al 25 de noviembre de 2022.

El señor Obokata enlistó más de 30 recomendaciones para todos los sectores del país. Entre ellas destacan (https://news.un.org/es/story/2022/11/1517122):

• Fortalecer los marcos legislativos sobre las formas contemporáneas de esclavitud y las violaciones de la legislación laboral.
• Mejorar la inspección del trabajo asignando recursos humanos y financieros suficientes y otorgando poderes adicionales, como la imposición de sanciones in situ.
• Garantizar el acceso a la justicia y a los recursos de todas las víctimas sin discriminación de ningún tipo.
• Reforzar un sistema de alerta temprana para identificar a los niños en riesgo de explotación laboral y sexual en las escuelas.
• Garantizar que los empleadores contribuyan a la seguridad social mediante el fortalecimiento del mecanismo de supervisión, y castigarlos con sanciones proporcionadas en caso de infracción.
• Garantizar los derechos de todos los trabajadores migrantes sin discriminación.
• Regularizar la situación migratoria de los trabajadores irregulares para que puedan pagar impuestos y contribuciones a la seguridad social adecuadas y tener acceso a los servicios públicos sin discriminación.
• Abordar las causas profundas de las formas contemporáneas de esclavitud, como la pobreza, la desigualdad y la discriminación, por medios legislativos y de otro tipo.

El señor de las Naciones Unidas indicó que, a estas recomendaciones, Costa Rica debe darles el tratamiento de acciones urgentes.

Obokata dijo que el trabajo forzoso persiste en varios sectores productivos del país, como la agricultura y el trabajo doméstico. Como ejemplo citó que, en muchas plantaciones, los salarios de las personas trabajadoras se basan en unidades de producción. Si bien los empleadores generalmente no establecen un objetivo diario mínimo, esto alienta los trabajadores a trabajar largas horas, que pueden extenderse entre 12 y 15 por día (párrafo tomado de https://news.un.org/es/story/2022/11/1517122).

Ahora que Costa Rica es, de manera dolorosa e indiscutible, una sociedad desigual al borde de un estallido social (según manifestaciones del propio Presidente de la Sala Constitucional del Poder Judicial, don Fernando Castillo Víquez); debemos comprender que la existencia en nuestro país de trabajo forzoso y de esas nuevas formas de esclavitud laboral, es parte de esa desigualdad que está poniendo en peligro la misma estabilidad democrática del país, muy vulnerable por cierto en estos tiempos de tanta exclusión social y económica.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Nos parece que este acontecimiento debe ser ampliamente destacado y desde esta columna, ponemos nuestro granito de arena al respecto.

La unidad total o de, al menos, la abrumadora mayoría de las agrupaciones del sector agropecuario nacional no se había manifestado antes como lo es en esta ocasión, al presentarse juntas en contra del tratado comercial denominado Alianza del Pacífico; una propuesta neoliberal de los sectores hegemónicamente dominantes de la política costarricense de los últimos gobiernos, incluido el actual.

¡Así es! Aunque se cambie a la persona ocupante de la Presidencia de la República, nada será diferente en cuanto a las líneas maestras ideológicamente conceptuadas para imponer, como pretenden, al final del camino y de manera total, la visión de mundo conocida globalización neoliberal, inspirada ésta en la preponderancia absoluta del “dios mercado”, aun y cuando éste ha estado mostrando, cruel y criminalmente, su incapacidad absoluta para lograr plena inclusión social y económica; y, mucho menos, descartar la desigualdad de las relaciones humanas.

El Foro de Cooperativas Agrícolas e Industriales de Costa Rica, la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Independientes (Upanacional), la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), la Corporación Hortícola Nacional, la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV) y, la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG); juntaron esfuerzos y han lanzado al país un relevante e histórico pronunciamiento conjunto, bajo el título de La situación de abandono de nuestras zonas rurales y la ausencia de una política de Estado de apoyo al Sector Agropecuario Nacional.

Este documento es de obligada lectura y estudio por parte de quienes, a lo largo de los últimos 30 años (al menos), de una manera u otra y en medio de las más diversas circunstancias, hemos venido enfrentando y desde las más diferentes trincheras de lucha, un día sí y otro también, a los fundamentalistas del todo mercado-nada Estado; para los cuales, la desaparición del agro nacional ha sido uno de sus objetivos de mayor importancia.

Esta gran coalición de las organizaciones del sector agropecuario nacional que, repetimos, no creemos que antes se hubiese dado, es enfática en dejar bien marcada su oposición rotunda a la propuesta de tratado comercial Alianza del Pacífico, explicando con sólida argumentación sus razones.

En un gran esfuerzo de síntesis, y no por ello carente de sustancia el análisis, puntualizan diez grandes aspectos que marcan el abandono sistemático de los últimos años al sector agropecuario nacional; abandono que será más que consumado si en la presente administración gubernativa, logran los sectores hegemónicos dominantes imponerle al país la Alianza del Pacífico.

El documento del que les hablamos es valiosísimo de principio a fin y dentro de los apartados que más atención y reflexión merecen, es el que nos contrasta las aspiraciones de semejante alianza con la realidad actual de sus resultados.

Este aspecto por sí solo, nos dice que la Alianza del Pacífico es un proyecto neoliberal fracasado: “Aspiraban a facilitar el comercio y los trámites aduaneros, pero luego de 10 años no se registran avances relevantes que promuevan una mayor transparencia y un flujo creciente de comercio, lo que se refleja en contracción sostenida de los flujos de comercio entre los países miembros a lo interno del BAP” (Bloque de la Alianza del Pacífico).

“El Estado soy yo” (l’Etat c’est moi) es el lema del absolutismo acuñado por el rey de Francia y Navarra, Luis XIV (1638-1715), desde 1643 hasta su muerte.

Según los historiadores, la afirmación “el Estado soy yo” fue pronunciada por el rey Luis XIV al ver el desacuerdo que la corte en París tenía frente a la aprobación de los edictos presentados por el monarca. La frase indica lo absurdo que veía Luis XIV la discusión, ya que esperaba que todas sus propuestas fuesen aceptadas sin cuestionamientos.

Luis XIV, conocido también como “el Rey Sol”, representa el auge del período histórico conocido como absolutismo monárquico, que se caracterizó por la concentración de todo el poder en el monarca o gobernante.

Los tres párrafos anteriores fueron tomados de esta dirección web:  www.culturagenial.com

Se nos vino a la mente lo de “El Estado soy yo” a propósito de la errática, ilegal e inconstitucional decisión del Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, de suspender, más bien, destituir, a cinco integrantes de la actual Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS);quienes no acataron la orden presidencial de no honrar la deuda salarial por costo de vida contraída con el personal de la Caja, establecida el 17 de diciembre de 2019; compromiso que exhibió una solidez jurídico-legal que no pudo ser rebatida por el mandatario.

Y como no lo hicieron caso, a lo Luis XIV, “El Estado soy yo” las destituyó violentando, gravemente, ya no solamente la constitucionalidad de la autonomía de la Caja, sino los principios y valores filosófico-políticos que animaron la concepción, la fundación y el desarrollo de esta institución, la más venerada por el pueblo costarricense.

Es imposible analizar esta situación, tomándola como una circunstancia aislada o como una conducta personalísima sui géneris del gobernante. Todo lo contrario. En el seno de nuestra clase hegemónicamente dominante, el autoritarismo político y el disciplinamiento social van tomando cuerpo estratégico. Lo de “el Estado soy yo” tiene mucho ver con la derogatoria del derecho constitucional y humano de huelga; o, con la perversa Ley Marco de Empleo Público, próxima a entrar en vigencia.

El verticalismo, el autoritarismo y el absolutismo se tornan imprescindibles cuando el avance de la exclusión económica y de la desigualdad podrían potenciar reacciones cívico-populares de resistencia estratégica que podrían amenazar el estado natural de las cosas, en materia de procesos sostenidos de concentración de la riqueza.

Tal y como ha quedado demostrado en estos últimos años, las reacciones cívico-populares de gran calado no se han hecho esperar cuando se trata de erráticas decisiones político-gubernativas contrarias al sentir mayoritario de la población. Creemos estar en puertas de otro episodio de gran protagonismo social organizado.

En nuestro caso, aclaramos que no estamos defendiendo a las personas directivas que “El Estado soy yo” destituyó. Téngase en cuenta que estuvieron en contra de la aplicación en la Caja del respeto al derecho humano del salario mínimo inembargable; entre ellas, la representante sindical, misma que, por cierto, fue designada en el Gobierno anterior para ese alto cargo directivo de la CCSS, en condiciones de poca transparencia.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Ahora resulta que es la propia Contraloría General de la República (CGR), la que le hace un fuerte llamado de atención al señor Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jáen, en cuanto a que no se consideraron, como nuevos ingresos para la parte final del presente año 2022, la enorme cantidad de 540 mil millones de colones (₡540.000.000.000); lo que equivale a un 1.35 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), si consideramos que cada punto porcentual PIB es de 400 mil millones de colones (₡400.000.000.000).

En el lenguaje popular podríamos decir que esos 540 mil millones de colones, el Ministerio de Hacienda los tenía “enhuacados”, sombreados, escondidos. Y se pueden destinar para pagar-honrar deudas salariales pendientes, si tuviesen voluntad política real como le prometieron en campaña al personal policial del país, por ejemplo.

Este dado está comprendido en el informe contralor DFOE-FIP-MTR-00042-2022, recientemente publicado en prensa.

Por su parte, el diputado liberacionista Gilbert Jiménez Siles, con ocasión del trámite parlamentario de lo que se conoce como Presupuesto General de la República para el 2023, había denunciado no solamente una subestimación de ingresos por parte del Gobierno, en una cifra parecida, 500 mil millones de colones; sino que, además, también denunció que se fue al otro extremo el Ministerio de Hacienda, sobreestimando en 700 mil millones la cantidad para hacerle frente al pago de la deuda pública en el año venidero.

¡Nos han engañado! ¡Nos siguen engañando! Es este nuestro criterio con relación al estado actual y real de las finanzas públicas del país y, en específico, al tema de la deuda pública con relación al Producto Interno Bruto (PIB).

Al menos, en lo que va de este Gobierno, las cifras dadas de deuda pública con relación al PIB se mueven entre 63.9 puntos y casi los 70, según diversas informaciones de prensa que dan cuenta de manifestaciones de parte del indicado Ministro de Hacienda. Entonces, ¿cuál es la verdad en este punto?

¡Nos sentimos indefensos! Tienen tiempo de estar atormentando a la sociedad con relación a ese punto, en cuanto a que estamos en el ojo criminal de las calificadoras de riesgo de inversión, acerca de la capacidad del país de manejar su abultadísima deuda pública. ¿Cuál es la realidad? Ya uno no sabe qué creer.

Y decimos que tienen tiempo de estarnos atormentando, por cuanto a pesar de que este Gobierno empezó a hacer gestión fiscal en mayo pasado, las líneas matrices ideológicas al respecto, se mantienen incólumes de una administración gubernativa a otra. Básicamente, la de carácter preponderante: primero la deuda y después la gente. Nosotros luchamos por liberarnos de esta esclavitud mental.

Al respecto, destacamos que el economista independiente don Francisco Esquivel Villegas, afirma de manera categórica, que los resultados fiscales correspondientes al tercer trimestre del presente año 2022, indican la existencia de, al menos, un billón de colones (1.000.000.000.000), de superátiv, superávit primario; cantidad ésta susceptible de ser utilizada para, por ejemplo, pagar las deudas salariales pendientes por costo de vida que se tienen con grupos de empleados públicos, tales como los policiales y/o los del sector Educación y otros.

¡Noten ustedes! Enlacemos: la “huaca” de los 540 mil millones de colones, la sobrestimación del monto de amortización de la deuda pública arriba apuntado y los datos del economista mencionado; entonces, la conclusión es una: hay plata para honrar esas deudas salariales por reajuste por costo de vida, en el sector Público, en los años 2020-21-22. ¡Hagamos algo!