Categoría: Informe final Pacto Fiscal

En horas de la noche de este lunes 30, se aprobó una moción para dispensar de lectura cada una de esas mociones, lo cual fue obviado por el citado legislador, dado que el reglamento legislativo le permite hablar hasta por 15 minutos en cada una de esas mociones, procediendo él mismo a darles lectura dentro de ese plazo. Eso generó un malestar general y en el caso nuestro lo hicimos verbal, originándose un intercambio de palabras con él, que llevó al presidente de la CMPF, Dip. Redondo Poveda a decretar un receso. Durante el mismo no fue posible resolver la controversia, y únicamente se logró un consenso para que durante el transcurso de este martes1 de octubre, el legislador presidente desarrolle una serie de “sesiones de trabajo”, con las fracciones políticas (incluida la “libertaria”) y los sectores sociales y productivos, buscando armar un acuerdo a fin de que en horas de la noche, a partir de las 7 p.m., se llegue al ansiado dictamen. Somos bastante escépticos de la “razonabilidad libertaria”. La verdad es que ni en los mejores tiempos de una izquierda con representación parlamentaria, habíamos notado tal nivel de dogmatismo en una fracción política con asiento en la Asamblea Legislativa.

En la sesión de la mañana, la tónica estuvo marcada por las cifras proporcionadas por el Viceministro de Hacienda, Sr. Carlos González. La verdad es que este jerarca no genera “buenas vibraciones” entre la gente de la CMPF. Los datos que da son cambiantes, a veces contradictorios y no expresan una seria sustentabilidad, amén de que se presentan con cierta informalidad. Tan es así que en la sesión nocturna tuvo que hacerse presente el propio Ministro de Hacienda, don Jorge Wálter Bolaños (al parecer, venía bajándose del avión procedente de Washington reunión del FMI, BM), presentando “disculpas” por las presentaciones de datos que se han estado dando. Aunque presentaron un nuevo esquema de cuantificación de ingresos posibles, vía contingencia fiscal, los datos contradictorios no han desaparecido del todo. Lamentablemente, la controversia por la táctica libertaria, impidió una confrontación anoche mismo, de parte nuestra, sobre el particular. Por ejemplo, contradicciones en cuanto a las cifras de recaudación de renta en el año 2001; incongruencias sobre el potencial recaudatorio para el 2003 (con base en el probable aumento del 5 % de la renta); diferencia de 6 mil millones de colones, de la mañana a la noche, en el estimado para un potencial impuesto a la cerveza.

Valga indicar que en la sesión matutina se hizo presente la señora Ministra de la Presidencia, doña Rina Contreras. Sin pena ni gloria su estadía, pues se dedicó a observar el desarrollo de la sesión.

Dentro de la presentación, bastante mediocre, por parte del Ministerio de Hacienda, se insiste en al impuesto al uso de los celulares, sólo que esta vez lo rebajan a 50 dólares y exonerando el monto de tarifa básica (algunos dicen que es 3 mil colones, otros que es 3.710). Bueno, esto fue en la mañana, ya que en la noche, presentaron una tabla impositiva, según nivel de consumo. También destaca el hecho de que de la mañana a la noche, el estimado recaudatorio del probable impuesto de mil dólares mensuales por terminal electrónica de apuestas, subiera 3 mil millones de colones (pasando de poco más de 4 mil millones, a 7.200 millones). Este “salto”, según un estudio de la “Asociación Costarricense de Apuestas Electrónicas”. Es decir, el Ministerio de Hacienda no tenía la cifra exacta en tal sentido.

Con respecto a los celulares, dimos a conocer el informe facilitado por el compañero Fabio Chaves, Coordinador del Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE). Es un estudio muy profesional, según nuestro criterio. Hay datos interesantes como por ejemplo que el 61 % de las llamadas por celular tiene motivaciones de trabajo y solo un tercio es por asuntos personales. Destaca, también, que el 68 % de los consumidores de tal servicio, pagan entre 3.710 y 9.999 colones, concetrándose en actividades generadas por pequeños y medianos negocios de diversa índole. Además, que si un impuesto de 100 dólares prosperase, el 50 % de ese 68 % de consumidores, devolvería el aparato (casi 150 mil clientes). Indudablemente que esto representaría un serio golpe al desarrollo estratégico del ICE en el futuro inmediato. Para el Gobierno, cargar a los celulares en 50 dólares promedio, representará unos 11.600 millones de colones.

Podríamos tener un error de apreciación, pero varias personas presentes en el proceso quienes creemos que dentro del propio Gobierno, quizás haya sectores que no quieren que salga algo positivo del mismo. Es vox populi que dentro del Gobierno se manifiestan tres corrientes: la abelista, la rodriguista y la calderonista y que el equilibrio interno o la unidad de equipo, es bastante endeble. Por otra parte, se comenta que si bien los diputados Redondo Poveda y Toledo Carranza, ambos del PUSC, hacen todo su mayor esfuerzo para que se saque adelante la tarea, no se puede garantizar que en el seno de esa fracción, suceda lo mismo cuando el asunto llegue al plenario legislativo. En lo que respecta a la posición de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), no acabamos de entender su comportamiento… bueno, sí lo entendemos: cada uno de sus integrantes parece una fracción en sí misma. Notamos a la Dip. Nury Garita “pegada” al libertario Malavassi, votándole sus mociones. El Dip. Carlos Ricardo Benavides, a pesar de su empuje y su energía, no alcance el perfil que le dio a la representación liberacionista en la CMPF, don Bernal Jiménez Monge (anoche mismo se hizo presente, recién llegado al país, luego de “22 horas de vuelo”, según comentaron). En cuanto al PAC, particularmente la legisladora Epsy Campbell, se esfuerza en la consecución de un acuerdo; esfuerzo que es compartido por nosotros, pues creemos que el país lo necesita, no necesariamente por su contenido (aunque sin menospreciarlo), sino por la demostración de la efectividad y del valor del diálogo y de la negociación intersectorial y multipartidaria, para avanzar hacia la construcción de un nuevo sistema de desarrollo para nuestro querido país.

Los intereses de negocios que podrían verse afectados con los nuevos impuestos, ejercen el más intenso cabildeo político. Ayer estuvo presente, el señor Carlos Francisco Echeverría, quien ocupa un alto cargo corporativo en Florida Ice & Farm (la cervecería). Los empresarios de las apuestas tienen su propia agencia de cabildeo. Al menos, los que hemos notado.

Hoy martes, a las 7 de la noche, continua el proceso. Pronóstico: reservado, pese a nuestra aspiración de certificar la validez de tales procesos para la coyuntura actual del país.

Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)
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El acuerdo surgió luego de una proposición original del PAC, para una combinación 60-40, que obligó a un gran receso en búsqueda del acuerdo. Hay que reconocer que la gente del PUSC (Redondo-Toledo), mantienen una actitud de apertura para encontrar el consenso. En todo caso, desde nuestra propia perspectiva, ello es más que necesario; no solamente para demostrar lo equivocado que están quienes adversan el proceso, sino que la propia institucionalidad del país debe certificar que los acuerdos político-sectoriales, funcionan en el marco de la búsqueda de nuevos parámetros integradores para propiciar un sistema de desarrollo inclusivo. Vamos a ver qué pasa de aquí al lunes.

En cuanto a los nuevos tributos, el consenso va enfilado hacia lo siguiente: impuesto a las personas jurídicas (19 mil millones de colones); impuesto solidario sobre la renta (10 mil millones); impuesto a la propiedad de vehículos de lujo (3 mil millones); mesas de casinos y terminales de computadoras de los sistemas de apuestas (6 mil millones); banca “off shore” (2 mil millones, se subió de 250.000 dólares anuales a 300 mil). Sin embargo, según el Gobierno, estos nuevos tributos aún no llegan al tope de los 65 mil millones, sugiriendo, en determinados momentos de las negociaciones en los recesos, la consideración del impuesto a los celulares (bajaron de 100 dólares a 50 dólares); un impuesto a la propiedad de todos los vehículos sin importar su valor; un nuevo impuesto al consumo de cervezas, licores y cigarrillos (esta última tesis surge de nuestra propia inquietud, cuando planteamos analizar el escenario tributario actual en que se desempeñan estos artículos).

Evidentemente, tal y como ha sido nuestra tesis, apoyada por varios legisladores de la CMPF, en contingencia fiscal no se pueden aceptar el establecimiento de impuestos que refuercen la regresividad del sistema tributario costarricense. Todo lo contrario. Por eso no es aceptable el impuesto a los celulares, ni mucho menos, el que se pretendió por los carros, ¡hasta las cacharpitas!, se pretendía gravar. Mucho menos con lo de RITEVE. En cuanto a los celulares, la tesis de que ya no es un lujo, es más que evidente para todos. Un estudio que nos proporcionó el FIT-ICE, nos muestra, por ejemplo, que el 61 % de las llamadas telefónicas celulares, están relacionadas con asuntos de trabajo-negocios.

Se ha convocado para el lunes, tanto ordinaria como extraordinariamente (en la noche). La carrera por llegar a los famosos 65 mil millones será de película.

Entre otros asuntos considerados en las sesiones de la fecha, están la aprobación de tres mociones de modificación al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, sobre el régimen simplificado y sobre el cierre de negocios en caso de reincidencia. Estas medidas tienen a darle más potestades a la Administración Tributaria para el combate a la evasión. También se votó la normativa para la aplicación de la amnistía tributaria.

Gran discusión generó, en la mañana, la noticia publicada en el periódico Al Día, sobre el pago de horas extras a dirigentes sindicales de JAPDEVA, amparados en un artículo de su Convención Colectiva de Trabajo. Por nuestras propias convicciones, en cuanto sindicalistas, expresamos nuestra posición al respecto, en el sentido de que son abusos, irracionalidades y prácticas que no van con la ética del movimiento laboral, a nuestro entender. Esas cosas desprestigian el máximo instrumento laboral del Derecho Colectivo de Trabajo y alimentan a los sectores que, de una vez por todas, quisieran acabar con el mismo.

Este reporte lo elaboramos en a primera hora de este viernes, tratando de que quienes nos hacen el honor de leer lo que percibimos del proceso descrito, tuvieran información de primera mano durante el fin de semana. Así que está bastante escueto, aunque creemos que, en términos generales, recoge lo esencial de este agitado jueves en la famosa CMPF.

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Esta es una opinión muy personal y en lo más mínimo compromete a las restantes agrupaciones que estamos representando en esa comisión y mucho menos, a aquellas con las cuales estamos en alianza (“Tercera República”).

Dentro de tales iniciativas, presentadas como mociones y luego aprobadas, están: a) la contingencia fiscal debe terminar el 31 de diciembre del 2003; b) los vehículos de lujo gravables serán los que valga 7 millones de colones o más (se rechazó una iniciativa del PLN, para que fuera a partir de los 10 millones); c) se definió cómo serán las reglas para la amnistía tributaria (incluyendo la posibilidad de que quienes tengan procesos abiertos en sede administrativa por evasión, puedan desistir de los mismos aceptando pagar lo que deben); d) una exhortación al Poder Ejecutivo para regular el monto de los gastos de representación de los jerarcas, en una suma igual a lo que perciben, mensualmente, los ministros (67 mil colones mensuales); e) el congelamiento de aumentos salariales en el 2003 para quienes ganen más de 1.5 millones mensuales (aunque suena a inconstitucionalidad, se aprobó para evidenciar cuál jerarca llevaría esto a Sala IV).

En este punto, se dio a conocer datos como los siguientes, en tal materia: el Presidente de la República está recibiendo 270 mil colones mensuales; los diputados, 305 mil; la Presidenta del IMAS, 840 mil; la del PANI, un millón; el de JAPDEVA, casi un millón cuatrocientos mil). Son los datos que dio a conocer la legisladora Epsy Campbell.

Igualmente, se aprobó elevar el impuesto a las operaciones financieras conocidas como “off shore”, de 125 mil dólares anuales, a 250 mil dólares. Personalmente, pedimos la palabra para que se le diera al voto a esta iniciativa, obteniendo al final 6 votos (votó el contra el libertario Alfaro, quien llegó en sustitución del Sr. Malavassi). Aquí hicimos la salvedad que no queríamos comprometer a los otros grupos de la Tercera República, pero estamos seguros que los que conforman la Plataforma de los Quince Puntos, nos avalarán. Valga indicar que tanto como CADEXCO como UCCAEP, indicaron su posición de que hubiese sido mejor escuchar, previamente, los criterios técnicos de la Dirección General de Tributación y del propio Sr. Viceministro de Hacienda. Cuando al final éste obtuvo la palabra, su intervención fue bastante tibia, alegando que habría que valorar los riesgos de perder competitividad para los diez grupos financieros que hay en el país dedicados a esas actividades. En algún momentos, el Dip. PUSC, Redondo Poveda, quiso posponer la votación de esta moción, sin embargo, la vehemencia de la Dip. PAC, Campbell Barr, de que este tema estaba ya hace tiempo dentro del debate político, no era válido hacer dilaciones en la toma de decisión. AL final, los diputados Redondo, Toledo, Penón, Barr, Benavides y Garita (ambos del PLN), votaron la moción explicada.

Por otra parte, gran controversia generó una moción del PLN, para que quedara definido que el monto global del plan de contingencia a aprobarse, debía ser de 120 mil millones, divididos en partes iguales: 50 % producto de contención de gasto, medidas no tributarias, mejoramiento de la recaudación, control de la evasión y similares; el otro 50 %, producto de nuevos ingresos. Sobre el particular, conversamos con la representante de CADEXCO, la Sra. Osterlof, en el sentido de que creíamos que tan moción constituía un gran error político: darle la razón a la tesis gubernamental sobre su concepción del déficit fiscal: reducción drástica de un 50 % en tan solo un año. Ambos coincidimos en que no era conveniente definir el monto de reducción del déficit a partir de una determinada visión fiscalista, tan reducida. En el entretanto, un fuerte cruce de intervenciones se dio entre el diputado Redondo Poveda (PUSC), y los legisladores del PLN, Carlos Ricardo Benavides y Nury Garita. Jamás dudaríamos de sus buenas intenciones pero, pareció notoria la ausencia orientadora de su Jefe de Fracción, en toda esta discusión, don Bernal Jiménez, quien está fuera del país. Tal fue el cruce de palabras, que obligó a la Sra. Osterlof, a llamar fuertemente la atención, no solamente sobre el rumbo que tomaba la discusión, sino sobre el irrespeto para con las representaciones sociales y productivas, en el sentido de que ni siquiera, por cortesía, nos daban copias de las mociones puesta a la mesa de discusión. Al final, el PLN acogió la exhortación que se le formulara, para que tal moción fuera retirada.

Valga indicar que en este orden, la presentación de mociones, quizás nos ha faltado iniciativa al no comprender todavía, en el amplio sentido del término, la dinámica y el juego parlamentario, en sus más específicos detalles. Aunque contamos con valiosa documentación y con sugerencias específicas, por ejemplo, las elaboradas por el Dr. Henry Mora de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, cree que hemos carecido de cierta agresividad en esta parte del debate. Procuraremos corregir, especialmente en cuanto a la posibilidad de un gravamen por contingencia a cerveza, licores y cigarrillos; así como a disposiciones que fortalezcan la potestad antievasora de la Administración Tributaria.

También es necesario indicar que en determinado momento, hicimos uso de la palabra para responder al emplazamiento que en otras sesiones nos formuló, específicamente a los sindicatos, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), para que en el 2003, hubiésemos el “sacrificio” de no hacer demandas salariales superiores al índice de inflación, contemplando el tema de los pluses salariales. En tal sentido, dijimos que no aceptaríamos esa tesis, considerando (entre otras razones), la constricción salarial de los últimos años; el aumento en la concentración del ingreso, certificado por entidades tan prestigiosas como el Estado de la Nación y el INEC; los pluses han sido una especie de muro de contención para evitar la desprofesionalización, la destecnificacion y el abandono laboral del Sector Público (casos del campo de la informática, donde hubo que decretar un sobresueldo de 25 % para contener la huida de personal especializado hacia el Sector Privado). Además, el verdadero caos laboral y salarial en la Administración Pública (con personal de primera, segunda, tercera y hasta cuarta categoría); sin contar que, por ejemplo, para las demandas salariales semestrales, nunca exigimos el cómputo de la devaluación del color y que la metodología de cálculo del IPC, no nos genera la debida confianza. Indicamos que el país urge de una definición estratégica de política salarial, tanto para el Sector Privado como para el Público, que enlace la misma con un determinado sistema de desarrollo, como por ejemplo, el repunte del mercado interno y la potenciación de la pequeña y la mediana empresa. Finalmente, indicamos que las últimas negociaciones salariales, son verdaderos calvarios, indignantes procesos de “peseteo”, para conseguir, al menos, un aumento igual al índice semestral oficial de inflación. Sentimos que la gran crítica de la UCCAEP es por el más reciente incremento del Sector Público, 4.38 %, que igualó la cifra otorgada al Sector Privado. En todo caso, dejamos constancia que no creíamos que tan crítica estaba impregnada de mala fe.

Por su parte, don Rodrigo Aguilar de la CTRN, dio valiosos datos acerca de la drepreciación salarial en las últimas administraciones. Resaltó, además, que en materia de salarios de los altos cargos gerenciales del Estado, los organismos técnicos, como la denominada Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, no tienen incidencia alguna. En nuestro caso pensamos que sería conveniente una regulación legal para establecer una política única que defina el tema salarial en la máxima cúpula estatal del país. Vamos a promover esta discusión dentro del proceso de definiciones estructurales del Pacto Fiscal.

Es bueno indicar que al inicio de la sesión, don Ulises Blanco, representante del Foro Agropecuario, pidió la palabra y solicitó un receso (el cual le fue concedido), para, con gran vehemencia y a viva voz, criticar que su intervención de la sesión no quedara registrada en actas (grave error técnico, así reconocido por la encargada); pero, más enfático aún, lanzando fuertes críticas al Gobierno (al Presidente Pacheco, particularmente) y a su fracción legislativa, por la negativa de cumplir lo pacto con dicho foro, para el establecimiento de una comisión política de alto nivel que analizar los problemas graves que enfrenta el agro costarricense; particularmente, la tardanza en la definición política del concepto de banca de desarrollo. En determinado momento de su vehemente intervención le cedió la palabra al compañero Marcos Ramírez, del Consejo Campesino Justicia y Desarrollo (entidad integrante del Foro Agropecuario), quien, también en el mismo tono, fue enfático en indicar el incumplimiento gubernamental-legislativo; así como el anuncio de que pasarán de la propuesta a la protesta y que se seguirán haciendo presentes a las barras de la Comisión Mixta para presionar porque se honre lo pactado. Indudablemente que tales reclamos cuentan con nuestro mayor respaldo y ojalá todos los sectores sociales que comprenden cuál es la naturaleza del proceso actual que está viviendo el país, se hicieran presentes en las sesiones de la CMPF.

Para este jueves 26, aparte de la sesión ordinaria de la mañana, se dará una extraordinaria en horas de la noche, probablemente a partir de las 7 p.m. Los objetivos son obvios por parte de la fracción oficialista. Vislumbran un plan de contingencia no satisfactorio según su definición de lo que esperan en cuanto a reducción del déficit fiscal para el 2003. Creemos que hasta el final lucharán para obtener el impuesto a los celulares y el aumento del impuesto sobre las ventas en un 1 %. Esperamos que ni el PLN ni el PAC, “se rajen” al final.

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En dicho informe se apunta que las transformaciones estructurales en materia de Administración Tributaria, no tienen posibilidad de realizarse en contingencia fiscal. Por tanto, en tal caso, se dispone que se debe “realizar una reasignación presupuestaria tendiente a dotar de recursos suficientes a la Administración Tributaria para cubrir las necesidades evidenciadas en materia de plataforma tecnológica, recursos humanos (que incluya una plaza para la Auditoría de Control y Gestión de procesos), Recursos Humanos y capacitación al personal”.

El Ministerio de Hacienda debe presentar, previamente, a la Subcomisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, un plan de inversión; indicando objetivos de cada área, estimación presupuestaria e impacto que tiene sobre la Administración Tributaria, en términos de cumplimiento de los fines y competencias institucionales. Además, se deberá proyectar un Plan de Rendición de Cuentas, que contemple el cumplimiento de objetivos, montos recaudados y dificultades encontradas, con carácter trimestral. Tal rendición de cuentas se deberá hacer ante la Comisión de Gasto y ante la CMPF, ambas de la Asamblea Legislativa.

Además, se incluyen recomendaciones en materia de Recursos Humanos, creación de una Auditoría de Control y Gestión, un plan de Sistema Integrado (Direcciones de Tributación, Aduanas y Policía Fiscal) y la posibilidad (dentro del plan estructural segunda fase del proceso en desarrollo), de un incentivo salarial (“plus”) para el personal correspondiente, “…el cual se supedite estrictamente al cumplimiento de objetivos”.

Se recomienda a la Dirección General de Servicio Civil elaborar un diagnóstico del mercado salarial, en esos puestos típicos de la Administración Tributaria, para generar una nueva escala salarial para dicho personal, “en el marco de la equidad, justicia y posibilidades del Estado para asumirlo”.

También se recomienda que los altos mandos tributarios, sean plazas de carrera administrativa, pero la permanencia en el puesto será producto de una valoración anual de rendimiento.

Por otra parte, se aprobaron otras mociones de trascendental importancia. Una de ellas fue la que en un principio presentó la fracción del PUSC (puntualización de impuestos directos transitorios), con dos agregados o secciones: una sobre racionalización del gasto y otra sobre eficiencia de la Administración Tributaria. Se votó unánimemente. Esta moción será considera como texto base de discusión para la elaboración del plan de contingencia fiscal que iría al plenario legislativo, a partir del 1 de octubre. Sobre tal texto base, se harían, vía moción, las adiciones y/o modificaciones que sugieran las fracciones políticas y los sectores productivos y sociales con asiento en la CMPF.

La fracción del PLN, por su parte, presentó una moción (también aprobada unánimemente), para que en la sección de racionalización del gasto, el Gobierno presente sus propuestas de decreto ejecutivo, para la racionalización de partidas no prioritarias, tanto en la Administración Central como en las entidades sujetas al control de la Autoridad Presupuestaria. Igualmente, cuál es la propuesta gubernamental en medidas no tributarias y la propuesta para reducir las pérdidas del Banco Central. Todo en un plazo de quince días, a partir de esta fecha.

En el mismo plazo, el Gobierno deberá indicar su propuesta de plan de acción contra la evasión fiscal en aduanas, renta y ventas; así como las medidas que mejorarían la eficiencia de la recaudación tributaria. Y algo no menos importante, definir la propuesta del Poder Ejecutivo para racionalizar las exoneraciones vigentes.

La fracción del PAC no se quedó atrás. Una moción para que las cantidades que se indicarían en dólares en el proyecto de contingencia, se expresen en la moneda nacional, colones, al tipo de cambio de 380 por dólar; fue acogida con un único voto en contra, el del libertario Malavassi, pues dijo que él está de acuerdo con la dolarización.

Otra moción también importante, presentada por el PAC, indica el establecimiento de una comisión “encargada de recibir, tramitar y dar seguimiento a denuncias de habitantes del país sobre hechos de evasión tributaria”. La integrarían dos funcionarios hacendarios, tres personas de la sociedad civil representada en la CMPF, así como por un representante de la Defensoría y otro de la Contraloría. Generó bastante polémica, según un criterio de “paralelismo administrativo” en gestión tributaria y por el riesgo de una “cacería de brujas” en materia de evasión (criterios del libertario Malavassi). A pesar de ser objetada, se votó entendiéndose como una recomendación para el Poder Ejecutivo.

También del PAC se acogió una moción más. Por un lado, el plan de continencia debe cuantificarse: cuánto se espera por nuevos ingresos, cuánto se estima en racionalización de gasto y cuánto en aumento recaudatorio por medidas no tributarias. Por otro lado, se establece que, mensualmente, el Poder Ejecutivo debe informar a la CMPF, monto de impuestos recaudados, mejoras del sistema recaudatorio, acciones relevantes de combate a la evasión, especificación de los efectos racionalizadores del gasto, resultados de la reestructuración de la deuda, indicaciones de las comisiones de Gasto (Poder Ejecutivo) e interventora de aduanas, detalle de las mejoras en prácticas aduaneras.

Como se podrá apreciar, se perfila un plan de contingencia de carácter integral de amplio consenso: impuestos directos, medidas no tributarias, reforzamiento de la administración tributaria, rendición de cuentas permanente por parte del Poder Ejecutivo, política monetaria.

Valga indicar que tanto el PLN como el PAC, indicaron que en plenario no se votará nada, sin el cumplimiento del Poder Ejecutivo de las directrices de la CMPF en los puntos y plazos apuntados; en ámbitos como racionalización, definición de planes de acción en medidas no tributarias, rendición de cuentas y hasta las definiciones que deberá presentar el Banco Central en materia de política monetaria.

Es importante anotar que tanto el PLN como el PAC hablan ya de “racionalización de gasto” y “partidas no prioritarias”. Los términos “reducción”, “disminución”, así a secas, han sido descartados. Son resultados del trabajo de incidencia. Los representantes del PUSC (Redondo y Toledo), han apoyado este importante cambio conceptual (casi ideológico), sobre el tema del gasto público.

Finalmente, el PAC entregó un comunicado de prensa, definiendo que cree en el gasto público como motor de desarrollo y equidad social; rechazan la tesis neoliberal de déficit cero, considerando que la misma atenta contra las posibilidades de desarrollo, y en particular, de un desarrollo humano sostenido. Además, rechazan negociar o apoyar aumento o creación de impuestos indirectos que consoliden la regresividad del sistema impositivo costarricense. Definieron, además, la posición del Poder Ejecutivo hasta el momento, como “zigzagueante y poco clara”.

Saquen sus conclusiones, quienes han venido siguiendo la pista de la propuesta social y productiva, por una sociedad inclusiva.

En esta labor de cierre de la primera fase del trabajo de la CMPF, habrá sesión este miércoles 25 y este jueves 26. Si no hay ningún fenómeno político imprevisto (un riesgo muy alto considerando cuál es la naturaleza del parlamento costarricense), se perfilaría un acuerdo de consenso, de grandes ventajes para la inmensa mayoría de la población costarricense: la clase media y los sectores populares.

Sería un éxito de un trabajo de incidencia política de los sectores sociales que apostamos por la vía del Pacto Fiscal; con el soporte fundamental de sectores productivos conscientes no solamente de la nueva realidad política del país, sino del fracaso de las propuesta neoliberales para Costa Rica.

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La sesión de hoy tuvo mejor suerte. Pareciera que se reabrió el camino hacia algún tipo de consenso. No obstante, hay que esperar. Es notorio que el Gobierno varió su estrategia. Se hizo presente el propio Ministro de Hacienda, Dr. Jorge Wálter Bolaños. También llegó su Viceministro de Ingresos, Sr. Carlos González y don Adrián Torrealba, Director General de Tributación, aunque éstos no hicieron uso de la palabra.

El Gobierno “aterrizó”. Fue claro. Ocupa 100 mil millones de colones para aliviar el déficit fiscal en el 2003. Sus argumentos para ello: Impedir la subida en las tasas de interés, el temor de que éstas suban en el plano internacional, aunque por ahora éstas están bajas; sin embargo, si esas tasas suben un 1 %, en Costa Rica eso representaría, 20 mil millones de colones. Por otra parte, apuntó la necesidad de colocar 450 millones de dólares como deuda externa, en las próximas semanas. Resultó notorio un mensaje de respeto hacia la CMPF, resaltando la potestad de la misma para tomar sus propias decisiones.

También habló de la diferencia entre la deuda y la calidad de la deuda. En este caso, indicó que en Costa Rica, la deuda es para atender gasto corriente (pago de salarios) y no para inversión, como sucede en los países europeos. De ahí, según él, la imperiosa necesidad de atender el problema conocido. Su propuesta en que la Asamblea Legislativa ponga el 50 % de reducción del déficit (vía nuevos impuestos y reformas tributarias) y el Gobierno el otro 50 %, vía reducción del gasto y mejora recaudatoria. También expresó la importancia de la reforma estructural, para lo cual se requiere una discusión pausada, de forma tal que ésta se posibilite con la tranquilidad que darían los recursos producto del plan de emergencia.

El escenario que presenta el Gobierno para la toma de decisiones, según el análisis del Ministro de Hacienda, sería el siguiente:

Tipo de impuesto	Estimación recaudatoria (miles de millones)
Sobretasa de 5 %, renta empresas	10 mil
Impuesto a sociedades	19 mil
Sobretasa 50 % vehículos de lujo	3 mil
Mesas de casino y terminales de apuesta	6 mil
Amnistía tributaria	3 mil
3000 colones mensuales cable	6 mil
Incrementar aranceles de registro 200 %	12 mil
1% impuesto ventas (del 13 al 14 %)	25 mil
$100.oo celulares	30 mil
Timbres de derechos de salida	2 mil
5 % adicional pensiones “de lujo”	Sin definir
Duplicación impuesto moteles	Sin definir

Si se suma ese “listado” de opciones que el Gobierno resume, da 116 millones. Es indudable que esto va a posibilitar la discusión acerca de la cuantificación exacta de un alivio fiscal y, lo que es mejor, dará espacio para que se viertan criterios ideológicos sobre el tema del déficit.

De ese listado de opciones, es nuestro criterio que lo de los celulares y la elevación de un punto en el impuesto de ventas, no tienen ambiente. En cuanto a lo de la televisión por cable, habrá que demostrar cuán extendido está su uso en los sectores populares y medios. Creemos que ello es así y tenemos valiosa documentación al respecto. En todo caso, nosotros creemos que la famosa contingencia fiscal no la debe pagar la clase media (mucho menos los sectores populares), por lo cual el cable tendría el mismo nivel de tratamiento que los celulares. Obviamente, que los impuestos directos citados, van a pasar fácilmente.

Para el Ministro de Hacienda, la lógica del proceso debería ser: 1- Selección de los impuestos por parte de la Comisión Mixta; 2- Aprobación de las medidas de emergencia relativas a las subcomisiones; 3- Redacción del dictamen; 4) Inicio de la labor de análisis del plan permanente (reformas estructurales); 5) pasar plan de emergencia al plenario legislativo.

En cuanto al apartado 2), el citado jerarca planteó, medidas legales de emergencia para el cierre de negocios por ser reincidente en no entregar factura; así como redefinición del concepto de acceso y disfrute al régimen simplificado. Y en cuanto a la administración tributaria, planteó la definición de parámetros de contratación de nuevo personal y mejoras de carácter presupuestario para los próximos dos años.

Por otra parte, es evidente que la fracción del PUSC, específicamente su jefe, el Dip. Mario Redondo, realizó una intensa labor de cabildeo en las últimas horas, luego del traspiés del pasado lunes. Tal gestión permitió generar una primera versión de texto base de discusión, partiendo del contenido de la moción PLN-PAC, agregándole el contenido de la moción PUSC (puntualización de impuestos directos). En esto estuvimos de acuerdo, porque creemos que ayudaría al éxito del trabajo, al menos en esta primera etapa. Sin embargo, no se votó hoy, sino que se dejó para el próximo lunes. Se estima que, con base en el plazo fijado para elaborar un dictamen de contingencia, 1 de octubre, la semana próxima podría haber sesiones extraordinarias de la CMPF.

En lo que a nosotros respecta, hicimos los siguientes planteamientos, invocando la legitimidad de representación de la Alianza de los Quince Puntos, para no involucrar a los sectores de la “Tercera República”.

-Considerar impuesto de contingencia a la cerveza, al licor y a los cigarrillos. Solicitamos al Sr. Ministro de Hacienda, presentar el lunes un informe de la cuestión tributaria en este aspecto. Además, propusimos la eliminación del secreto bancario, únicamente para efectos tributarios. Igualmente, reforzamos la propuesta de cobrar en la fuente los honorarios de abogados (deducción directa, como se hace con el impuesto al salario). También le solicitamos al citado jerarca, un informe del comportamiento tributario de lo que se denomina “Grandes Contribuyentes”. Indicamos que en materia de administración tributaria en contingencia, el Gobierno debe puntualizar, con toda claridad, qué ocupa y si se trata de personal nuevo, debe ser bajo el Régimen de Servicio Civil, aunque en coordinación directa con las necesidades de la Administración Tributaria. También insistimos en la cuestión de la política monetaria y las responsabilidades del Banco Central, como generador de una tercera parte del déficit en discusión.

La semana entrante, en consecuencia, será crucial sin duda alguna.

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Contrariamente, la tesis del Gobierno-PUSC era que se adoptara como texto base de contingencia fiscal, su propuesta de impuestos directos: sobretasa de renta, sociedades anónimas, casinos y apuestas electrónicas, y vehículos de lujo; amén de la amnistía tributaria. Según este planteamiento, a partir de él se podrían agregar todas las propuestas de consenso, las cuales podrían distinguirse en dos ámbitos dentro de una misma iniciativa de ley: lo normativo en materia tributaria (los nuevos impuestos), y lo recomendativo: hacia la Administración Tributaria, hacia la Comisión de Aduanas, hacia la Comisión de Gasto, hacia la Comisión de Hacendarios, etc.

El señor Jefe de Fracción del PLN, don Bernal Jiménez, fue bastante incisivo en criticar esa propuesta, pues en su criterio, no mostraba un enfoque integral para una situación de contingencia fiscal. Además, fue enfático en insistir en que en toda esta situación, el Banco Central de Costa Rica debe dar cuentas y aportar en la solución, pues es responsable de la tercera parte del déficit fiscal que tanto nos preocupa a todos.

El señor Viceministro de Hacienda, don Carlos González, le respondió a dicho legislador, indicando que el Gobierno sí tiene propuesta clara y que los informes que entregó el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, detallando estimaciones de ingresos de los impuestos propuestos, había sido elaborado, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda. Además, indicó que el Gobierno ha cedido en tres oportunidades distintas sobre el contenido de la emergencia fiscal. Todo ello muestra, según su criterio, que el Gobierno sí tiene una actitud responsable y clara del problema en discusión.

Ante el entrabamiento de la discusión y la práctica llegada a un punto muerto, el señor Jefe de Fracción del PUSC, don Mario Redondo, decretó un receso para intentar un consenso. Dicho receso, a pesar de lo prolongado que fue, no arrojó éxito. Para el PUSC, si bien le pareció aceptable la propuesta conjunta PLN-PAC, la frase en el tercer enunciado de la misma, “…el establecimiento de tributos directos transitorios, por el plazo de un año, …”, propuso un cambio que no le fue aceptado. Este cambio es de fondo y consistía en eliminar la palabra “directos”, dejando entrever la posibilidad de que en la contingencia hubiese impuestos indirectos, léase ventas.

Varios diputados y representantes de sectores sociales, nos opusimos, fuertemente, a la pretensión de PUSC. Particularmente, los legisladores don Bernal Jiménez, doña Nury Garita, don Rodrigo Alberto Carazo y doña Margarita Penón, indicaron que sería incorrecto y un desaire a la ciudadanía, aceptar, por ejemplo, cambios en el impuesto de ventas, como parte del plan de contingencia. Por supuesto que, en todo momento y en nuestro caso particular, estuvimos manifestando nuestra posición en esa dirección.

El Gobierno se aferra a su tesis de que el déficit fiscal hay que reducirlo en dos puntos del PIB, para el año 2003; por tanto, el Gobierno indica que se necesita un monto de 100-120 mil millones de colones. No ha logrado explicar, la “magia” de esa cifra de reducción. Contrariamente, se le indicó al Sr. Viceministro de Hacienda, don Carlos González, porqué no la reducción dejarla en un 1 % ó en un 1.2 % del PIB, ¿por qué específicamente 2 %?…

Nadie sabe la razón del empeño gubernamental en ello. Bueno, en teoría… ¿Obsesividad macroeconómica?; ¿fundamentalismo fiscalista?; ¿neoliberalismo puro?… Vaya usted a saber. Lo real es que muchos pensamos que el Gobierno se equivocó de representante, sin que por ello se interprete que estamos demeritando la calidad profesional del Sr. Viceministro. Es decir, el “no me defiendas compadre”, parece ser el pensamiento del distinguido Jefe de Fracción oficialista, don Mario Redondo, aunque no lo podemos asegurar.

El señor Viceministro parece “agobiado” por la reunión que en estos días tendrá con banqueros internacionales, según entendimos (personeros de las famosas “calificadoras de riesgo”). Aparentemente debe llevar buenos “resultados” y según su criterio lo que está pasando en la Comisión Mixta, no estaría satisfaciendo sus aspiraciones de mostrar que Costa Rica está haciendo su tarea fiscal “bien” (¿?). Tan es así, que dentro del tenso debate en el receso, se dejó decir que el impuesto a los celulares era prioritario para el Gobierno, pese a que sabe que tal propuesta no tiene espacio político.

Para los diputados de Gobierno, un plan de contingencia fiscal de sólo impuestos directos, no alcanzaría. Dicen que el Gobierno ha quedado “atado de manos”, que se le ha amarrado. Que habrá un colapso de la inversión social, ya de por sí paralizada. Acusaron al PLN y al PAC de temerle a la toma de decisiones, aunque representen un alto costo político… En algún lado (ciertos editoriales), hemos oído ese discurso, ¿no es cierto?… También la emprendió contra el diputado libertario, Sr. Malavassi, porque no apoya su tesis y él no ha convocado a la subcomisión que debe revisar las reformas al Código de Normas y Procedimientos Tributarios. (Valga indicar que el diputado Malavassi, no votó ninguna de las dos mociones).

Tanto éste como el dip. Jiménez Monge, se sacudieron. Este último le rechazó las críticas, indicándole que el PLN le aprobaría todos los impuestos de la propuesta de Gobierno, aún en el de los casinos (que debían rechazarse por razones morales). La diferencia es que no se deben incluir impuestos indirectos, que no es necesario reducir el déficit en un 2 % y que debe incluirse la cuestión de la política monetaria del BCCR.

También indicamos que el Sr. Ulises Blanco, representante del Foro Agropecuario, objetó la propuesta de impuestos a las sociedades anónimas, argumentando la situación de las pequeñas y de las medianas empresas. Planteó que lo más indicado sería un impuesto sobre patrimonio y no sobre capital social. A nosotros nos pareció lógica tal propuesta.

En síntesis, el Gobierno-PUSC no logró marcar el rumbo que hubiese pretendido para las definiciones en materia de contingencia fiscal. Es claro que no han renunciado a modificar el impuesto sobre las ventas, para esta coyuntura (tampoco a lo de los celulares, según parece). La alianza PLN-PAC, pareciera enrumbarse a marcar el sendero a seguir de ahora en adelante. Esta nueva coyuntura abre mucho mayor espacio para posicionar nuestras preocupaciones de cara a lograr el cumplimiento del verdadero objetivo que anima la creación de dicha comisión, así como la visión que sobre el problema tenemos importantes sectores sociales y productivos: la solución estructural al desequilibrio de las finanzas públicas. El verdadero Pacto Fiscal que necesita Costa Rica, como piedra angular, a lo mejor, del nuevo Pacto Social que nos contenga a todos dentro de una sociedad de inclusión.

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Los sectores sociales y productivos, agrupados en el proyecto “Tercera República”, por medio de Enrique Acosta, representante del Movimiento Solidarista, presentamos una adición a nuestra presentación original. En la misma indicamos nuestro respaldo a una sobretasa del 5 % de renta para empresas, profesiones liberales y salarios superiores al millón de colones; aumentar de 2 al 5 por ciento, la retención a cuenta sobre el impuesto de renta que deducen las entidades públicas en el pago de servicios por consultorías y otros; retenciones en la fuente del impuesto de la renta sobre los honorarios de abogados que sean depositados en el Poder Judicial, dentro de los procesos judiciales; 50 % de aumento a vehículos de lujo de valor superior a los 7 millones de colones; renta extraordinaria para casas, yates de recreo, aviones y avionetas no comerciales y fincas privadas de recreo, cuando su valor supere los 125 mil dólares. Además, impuesto a las sociedades anónimas, escalonadamente entre 100 y 300 dólares; 5 % adicional mensual a pensiones mayores al millón de colones; mil dólares por mesa en casinos y mil dólares por puesto en apuestas electrónicas; duplicación del impuesto a los moteles y, finalmente, amnistía tributaria.

Eso sí, insistimos en que previa a la aprobación de cualquier impuesto nuevo, la Comisión Mixta con el Gobierno deben determinar el propósito fiscal concreto y cuantificado, y restarle a ese objetivo lo producido por la reingeniería de deuda pública, del manejo adecuado de la tesorería nacional, de la mayor recaudación por el mejoramiento inmediato de la administración tributaria y aduanera, así como por la no creación de un nuevo hueco fiscal de $72 millones de dólares que representaría la privatización de la cárcel de Pococí. Así mismo, insistimos en una rendición de cuentas trimestral, durante el año que dure la contingencia, que sería 2003, pues todos esos impuestos tendrían esa temporalidad. Además, el fortalecimiento de la administración tributaria actual, para lo cual hicimos un fuerte emplazamiento al Viceministro de Hacienda, integrante de la CMPF por el Gobierno, en tal sentido; aspecto que es compartido por un elevado número de legisladores de dicha comisión.

Es evidente la presión del Gobierno-Jefatura de Fracción PUSC, para aligerar la definición del contenido de la famosa contingencia fiscal. Planteó límites al debate, para lo cual nos vimos en la necesidad de pedir la palabra y hacer una enérgica intervención, asumiendo el rol de representación de la Plataforma de los Quince Puntos, recordando cada una de las organizaciones que la componen; para indicar que nuestra tesis, impulsada desde la campaña electoral, es la de un Pacto Fiscal, con todo el significado político que ello conlleva. Indicamos que, desde una perspectiva de movimientos sociales responsables, hemos accedido a considerar la realidad de la difícil situación fiscal pero que, su atención en estos momentos debe hacerse por la vía de los impuestos directos y el fortalecimiento de la actual administración tributaria.

Además, criticamos fuertemente la imposición de la directriz presidencial de restricción de gasto en las instituciones públicas, del orden del 40%, planteando que están sufriendo una especie de estrangulamiento económico, deteriorándose, sensiblemente, los respectivos servicios públicos. En fin reiteramos que Costa Rica ocupa una verdadera revolución tributaria y que el Pacto Fiscal debería ser considerado como la primera piedra, o la piedra angular de una nuevo Pacto Social para nuestra querida Costa Rica. Don Mario Redondo nos interrumpió en el uso de la palabra, para “recordarnos” los límites de las intervenciones, lo que nos obligó a decirle que nuestra presencia no podía ser considerada como decorativa. Luego de varias intervenciones, hizo uso de la palabra el Sr. Viceministro de Hacienda, don Carlos González, cuya exposición causó cierta hilaridad en varios de los y de las presentes, pues hizo, más o menos, una reiteración de los argumentos gubernamentales, con esa visión catastrofista y casi apocalíptica de la situación fiscal nacional en estos momentos. No obstante ello, brindo varias informaciones “interesantes”.

– Que las tasas de interés han aumentado 300 puntos base este año, debido al deterioro de las finanzas públicas

– Que para el 2003, el déficit proyectado es de un 4.1 % del PIB.

– Que padecemos un excesivo endeudamiento: 6.8 billones de dólares, ¡billones!.

– Que en los últimos cinco años el monto concedido por el Estado, por los diferentes regímenes de exoneraciones, llega a ¡700 mil millones de colones. (cualquiera podría decir que eliminando la tercera parte de esas exoneraciones, arreglamos de un tirón el problema del déficit). Se trata de incentivos al turismo, los regímenes de zonas francas, incentivos al sector industrial y subsidios al sector exportador. Además, dijo que por el “régimen de privilegio” para los sectores agrícola y pesquero. Esto último fue duramente criticado por el diputado Bernal Jiménez, como ejemplo, según él, de la concepción neoliberal dominante en el país: para el turismo se trata de “incentivos”, pero para el sector agrícola, se trata de “privilegios”.

– Que nuestra carga tributaria como país es del 13.5 %, mientras que en los países desarrollados, como promedio, es del 35 %. Es decir, tenemos un sistema tributario de país sub-desarrollado pero gasto de país desarrollado.

Concluyó, indicando que para ellos este proceso debe tener tres pasos: 1) la urgente aprobación de un plan de contingencia; 2) reformas estructurales en el sistema tributario (renta, IVA, sistema recaudatorio y régimen sancionatorio); 3) reformas estructurales para el control del gasto. Es interesante anotar que plantea el origen del déficit: a) ineficiencia en la recaudación; b) ineficiencia en el control del gasto; c) base tributaria limitada; d) contribución del gobierno al desarrollo económico; e) sin descuidar el gasto social; f) falta de una cultura tributaria.

Posteriormente, el diputado-presidente de la CMPF, don Mario Redondo Poveda, presentó un nuevo texto de contingencia fiscal, por parte del Gobierno, el cual está basado en cuatro aspectos: 1) Impuesto a las personas jurídicas, desde 100 a 500 dólares; 2) Impuesto solidario sobre la renta, de 5 %; 3) Impuesto a la propiedad de vehículos de lujo, cuyo valor sea superior a los 7 millones de colones; 4) Impuesto a las mesas de casinos, de mil dólares mensuales por cada mesa de juego; así como impuesto a las terminales de computadoras en las salas de apuestas, también por igual cantidad. Además se establece una amnistía tributaria por un período de tres meses. Todos esos impuestos estarían vigentes desde la entrada de vigencia de la ley hasta el 31 de diciembre de 2003.

Como se podrá apreciar, la línea que hemos mantenido para que la famosa contingencia fiscal se enfrente por la vía de impuestos directos ha cogido fuerza. Se descartó el impuesto a los celulares y a la TV por cable. Resulta obvio decir que, como sectores sociales, una propuesta semejante debería contar con nuestro apoyo.

El Partido Liberación Nacional, que hoy llegó a la sesión con refuerzos, seis diputados, sostiene que la contingencia fiscal no es sólo un paquete de impuestos. Asumieron una posición bastante fuerte sobre las pretensiones del Gobierno y elaboraron su propia moción sobre el particular, con tres componentes: 1- Racionalización del gasto público, para que se contemplen medidas de contención del gasto en partidas no prioritarias (publicidad, viajes al exterior, gastos de transporte al exterior, gastos de recepción, de representación, entre otros). 2- Eficiencia de la Administración Tributaria: definición de acciones concretas para mejorar la eficiencia en la administración y recaudación, lo cual incluye la dotación de recursos y tecnología para mejorar la recaudación y fortalecer la institucionalidad de la administración. 3) Medidas fiscales y monetarias temporales: tributos directos transitorios, por un año; así como revisión de la política monetaria a fin de lograr su neutralidad, disminuyendo sustancialmente el elevado déficit que causa la política del Banco Central.

El PUSC quería que hoy se aprobara su propuesta como texto base para conformar el nuevo plan de contingencia fiscal; sin embargo, ante el surgimiento de la moción liberacionista, el dip. Redondo Poveda, decidió pasar para el lunes el conocimiento de ambas mociones. Valga indicar que el PLN y el PAC consideran unificar sus posiciones, a partir del texto liberacionista. Inicialmente, nosotros pensamos que este es un buen planteamiento para ser acogido. Todo lo anterior pareciera perfilar importantes puntos de convergencia que, desde nuestra perspectiva, concuerdan con las posiciones que hemos venido defendiendo como sectores sociales.

Finalmente, insistimos en la nueva convocatoria al Contralor General de la República para que se haga presente en la CMPF, dado que en este día, jueves 12, precisamente, presentaron su “libro blanco” sobre cuestiones tributarias. Se acogió nuestra tesis y seguramente irá la próxima semana. Por su parte, el Departamento de Servicios Técnicos entregó tres informes: sobre cada uno de los siguientes expedientes: “Ley de Emergencia Fiscal” y “Reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios…”; así como un informe ante consulta “Estimación del impacto de las medidas propuestas”.

Recomendamos la revisión de las actas en la página electrónica de la Asamblea Legislativa.

Pedimos disculpas por el atraso en el envío del informe anterior, pero hubo dificultades técnicas de último momento.

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Comparecieron los señores Oscar Barahona (su Presidente), Alberto Cañas, Julio Suñol, Guido Miranda, Otto Guevara, Mario Carazo, Rodolfo Silva y la señora Silena Alvarado (su Secretaria) y quien es Viceministra de Egresos de la cartera de Hacienda.

Ellos entregaron un documento, “Programa de Trabajo”, en el cual detallan cuestiones de funcionamiento formal, de funcionamiento relativas al fondo y la división temática. En este ámbito, especifican 25 “ejes temáticos”, como por ejemplo, analizar los grandes proyectos sociales de atención a la pobreza; trabajar para que el Poder judicial se descongestione “desjudicializando” ciertos asuntos; estudiar el “enorme” problema de las convenciones colectivas en el Sector Público; “colaborar” con la reforma del Estado en lo referente al gasto público; establecer un procedimiento escrito y confidencial para que grupos organizados o ciudadanos denuncien posibles irregularidades o corrupción en el Sector Público; dictar normas sobre el nombramiento de puestos políticos en la Administración Pública y su idoneidad para dichos puestos; …etc.

A partir de este planteamiento se abrió un período de preguntas para la discusión del mismo, formulándose una serie de propuestas al funcionamiento de la citada comisión.

En nuestra intervención, primeramente hicimos énfasis en que estamos en contra de una especie de corriente fundamentalista que pretende presentar todo el gasto público como algo intrínsecamente perverso; además, reiteramos que los grupos sociales y productivos que suscribimos el proyecto de la “Tercera República”, planteamos una definición estratégica clara: concebimos el gasto público como un gran dinamizador económico. En consecuencia, dijimos que nos opondremos a ese especie de “macarthismo fiscal”, acudiendo a las enseñanzas de nuestra experiencia de lucha.

Por otra parte, dentro de esta discusión, la ANEP presentó una serie de denuncias, aprovechando la presencia del pleno de esa comisión; mencionando lo siguiente: la aparente contratación de una exministra del Gobierno anterior, por parte del Consejo Nacional de Concesiones, por un monto de US$ 2.000 ¿mensuales?, como “asesora en materia de concesiones”; el presunto pago en el alquiler de unas oficinas, en un edificio lujoso, por parte de ese consejo, frente a las instalaciones de la UCR (Facultad de Derecho); el pago que tendría que realizar el erario público, por, prácticamente US$ 2.000.000 mensuales por la posible concesión de la cárcel de Pococí; así como el posible nombramiento irregular de la actual Directora de DINADECO, quien no tendría los requisitos legales para tal cargo, haciéndose una modificación reglamentaria posterior a su nombramiento, para “superar” ese escollo jurídico. Lo anterior con el fin de que se investiguen tales denuncias en el seno de esa comisión.

La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), presentó un informe escrito (su representante está en el exterior), en respuesta al planteamiento de UCCAEP sobre el plan fiscal, en donde comparte el criterio esbozado por dicha entidad empresarial en cuanto a quienes evaden impuestos y no cumplan con sus obligaciones con el Estado y sus instituciones. Se debe combatir la impunidad y debe reforzarse todo instrumento necesario para que se apliquen las sanciones respectivas incluyendo, la cárcel. No se avaló la insistencia en la propuesta de UCCAEP de la “satanización” del gasto público, pues para ellos toda inversión en desarrollo social hay que paralizarlo, lo que se opone a la propuesta hecha por las organizaciones que conforman la propuesta de la “Tercera República” que indica que todo gasto público, bien dirigido, dinamiza la economía. En síntesis se opone a la contención del gasto público por contenerlo, únicamente

También se oponen al planteamiento de frenar el crecimiento del empleo público, pues considera que es necesario el mismo para el desempeño correcto del Estado en los servicios que debe darle a la ciudadanía; así como a la no aceptación de la propuesta de “congelar” los salarios en el Sector Público, pues no es éste factor el causante del déficit fiscal, como tampoco lo es el sistema de pensiones (que no son aquellas que se podrían considerar como de lujo).

Finalmente se oponen a los impuestos indirectos como lo son los que apoya la UCCAEP en cuanto a los celulares, los servicios de cable y a los automóviles que no son los de lujo. Todo lo anterior fue respaldado por la ANEP.

Ante esta posición, la respuesta del representante de la UCCAEP fue bastante violenta y acusó al movimiento sindical representado en la comisión, de “obstruir” la puesta en marcha del proyecto de emergencia fiscal del gobierno y de no querer poner un aporte en la solución del déficit fiscal, “como si lo estaban haciendo ellos”.

Luego de esta discusión, se realizó una intervención muy interesante de don Bernal Jiménez, quien fue enfático en mencionar que no creía que el déficit fiscal fuera culpa de los salarios de los empleados del Sector Público, sino más bien de una estructura paralela que se estaba formando a la par del Estado, como lo son las contrataciones por asesorías, así como aquellos órganos con personería jurídica instrumental, los que podrían ser, entre otros, los verdaderos factores de impacto en el déficit.

Valga indicar que la ANEP, en cuanto organización sindical, prepara una documentación sobre el tema salarial del Sector Público, a fin de poner al descubierto varias falacias en tal sentido.

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En esta fecha la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) y el Partido Movimiento Libertario presentaron sus propuestas, en las personas del señor Alvaro Ramírez y del diputado Federico Malavassi, respectivamente. Se adjuntan las presentaciones respectivas que se efectuaron en la sesión de hoy.

UCCAEP llama a su propuesta “Pacto de Solidaridad Social” (PASOS). Para ellos el Estado está en crisis y no sólo el Gobierno y el problema fiscal es tan sólo una expresión de este fenómeno estructural. La solución, por tato, pasa por una necesaria y profunda reforma del Estado. Su propuesta puntualiza en principios como equidad, solidaridad, balance, transparencia, temporalidad y neutralidad. Proponen que los empresarios, los demás contribuyentes, la administración, el Gobierno y los trabajadores se comprometan a aportar impuestos solidarios y temporales; al combate frontal de la evasión; a la contención del gasto público para 2003.

Concretamente, plantean como impuestos solidarios y temporales: a) Impuesto extraordinario por una única vez, del 5 % de renta a todos los agentes económicos; b) que lo paguen empresas privadas, profesionales liberales, cooperativas y asalariados con ingresos superiores al millón de colones. Además, un aumento extraordinario, por única vez, del 50 % en la tarifa para vehículos de lujo; impuesto a pensiones de lujo y un impuesto a suscriptores de TV pagada (cabe y Direct TV), de 3 mil colones mensuales, como gravamen temporal.

Además, avalarían el impuesto de los 200 dólares a las sociedades anónimas, de 100 dólares a los teléfonos, impuesto a casinos y moteles y una amnistía tributaria.

También proponen que el Gobierno limite por un año el crecimiento de la planilla, totalmente, sin crear nuevas plazas; además, “solicitar a los sindicatos del sector público el compromiso de limitar las peticiones de ajuste salarial a la inflación (incluyendo pluses salariales)”.

Además, un compromiso del Gobierno, firmado y sellado, de que en 2003, el gasto debe reducirse al 17 % del PIB y que la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, vigile, cada tres meses, el cumplimiento de las metas de gasto.

Para ellos, la meta es reducir en 2 % el déficit fiscal. Recalcan sus tres compromisos: aportar nuevos ingresos, limitar el crecimiento del gasto y combatir frontalmente la evasión, algo en lo que enfatizaron bastante.

Por su parte, la propuesta del Movimiento Libertario, catalogada como “mítica” por el diputado Bernal Jiménez (PLN), pues no hay sociedad en el mundo que ponga en práctica algo semejante, según indicó; se resume en lo siguiente: la reactivación de la economía y la racionalización del gasto público y su manejo adecuado, allegarán más recursos a las arcas del Estado. Por tanto, no se ocupan nuevos impuestos. No obstante, aceptarían algunos impuestos siempre y cuando vayan ligados a medidas efectivas de control del gasto.

Ellos abogan por limitar constitucionalmente el gasto y el endeudamiento; modificaciones estructurales el sistema de contratación del empleo público; desregulación agresiva; venta de activos ociosos; impuesto a pensiones de lujo; reformas financieras para aumentar la competitividad; aperturas (INS, FANAL, RECOPE, ICE); bajar impuestos a vehículos automotores, repuestos y accesorios; eliminar la proliferación de diversas modalidades de contratación administrativa; frenar la política de dispersión presupuestaria (“personalidades jurídicas instrumentales”); entre otros.

Indicaron que no creen en la emergencia fiscal, que el Gobierno está haciendo una “contabilidad creativa” y que se nos está haciendo un “engaño contable”. Que el Banco Central es un banco quebrado y que debe discutirse su situación dentro del problema fiscal.

Valga indicar que el tema de la política monetaria del Banco Central de Costa Rica no fue citado por la propuesta empresarial. Don Bernal Jiménez insistió en ello y nosotros ya estamos plenamente convencidos que es más que necesario. La política monetaria y la política fiscal tienen una estrechísima relación. La Unidad indicó que su anuencia a tratar el tema, aunque no para la contingencia fiscal. El PAC ya lo había mencionado.

En términos generales, tenemos la impresión de que si tiene que haber un plan de contingencia fiscal, su base fundamental será por la vía de impuestos directos y con carácter de un año de temporalidad. Me parece que esto puede ser importante para la clase trabajadora y para los sectores medios y clases populares. La propuesta de gravar los celulares, que en nuestro criterio debe ser rechazada y la de la televisión por cable, parecieran ser las únicas de tipo indirecto, que no discriminan el ingreso de las personas. Las reformas estructurales llevarán más tiempo, corriéndose el riesgo de que el Gobierno pierda el interés en ello y se “contente” con las medidas de emergencia.

La sesión de la fecha fue consumida, prácticamente, por las presentaciones y no hubo posibilidad de mayor debate. Dejamos planteada nuestra solicitud de palabra para referirnos la próxima semana, particularmente al emplazamiento que nos lanzó UCCAEP, en cuanto sindicatos del Sector Público, en lo de los aumentos salariales del próximo año. Vamos a coordinar con los compañeros de Rerum Novarum una respuesta conjunta. La semana próxima se recibirá a la representación de la Comisión de Notables sobre el Gasto Público que nombró el Presidente de la República y, nuevamente al Ministro de Hacienda. Los servicios técnicos de la Asamblea Legislativa deberán prepara un cuadro comparativo de propuestas y arrancará el proceso de fondo.

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También se tenía previsto que hicieran su presentación la “Comisión de Notables” del Gasto Público que nombró el Sr. Presidente de la República. Estos se excusaron de asistir por problemas de “coordinación de agenda”. En todo caso, la visita del Sr. Contralor General consumió toda la sesión, hasta el mediodía.

El funcionario fue relativamente amplio en su intervención. Creemos que se pudo profundizar más. Planteó que tenemos una administración pública obsoleta, dispersa y en cuanto a su calidad, diversos regímenes laborales complican la gestión. Insistió en la necesidad de que el país defina una política sobre la contratación colectiva en el Sector Pública, con base en las obligaciones internacionales en la materia (OIT, decimos nosotros).

Se le mencionó el tema de las denominadas “personerías jurídicas instrumentales”, nueva figura jurídica para una especie de descentralización administrativa y de escape del control interno, aunque él enfatizó que tal escape no es posible. Esto fue interesante por cuanto, por un lado, él criticó tales procedimientos pero, por otro, la misma Contraloría ha recomendado buscar esas personerías vía legislación. Acotó que no hay contradicción, sólo que, en un marco de tanta confusión jurídica-institucional, para efectos de legalidad de los presupuestos, algunas entidades debían legitimar el suyo por la vía mencionada.

Dió, a este respecto, un dato interesante: cerca de 900.000 mil millones de colones, están presupuestados en entidades fuera del control centralizado del Presupuesto de la República. Le pedimos un amplio detalle de las mismas para fecha próxima.

Indicó el estudio (“libro blanco”) que se está realizando, pues esta es un área nueva de preocupación del trabajo de contraloría (el control del ingreso), y no solamente lo tradicional. Planteó que en dos semanas tendría el trabajo listo. Por iniciativa nuestra se le dejó invitado para que lo exponga, considerando que será importantísimo para el trabajo de la Comisión Mixta.

Nos llamó la atención dos datos de su parte: el 60 % del impuesto de la renta se evade y con el de ventas, el porcentaje evasor es del 35 %. Dijo que son datos de un estudio de 1997. Pero, en todo caso, dijo que lo que indicará el “libro blanco” será sumamente interesante. Aunque fue muy cuidadoso hacia qué lado será “lo interesante”; es decir, si del lado de los que decimos que se evade mucho, o del lado de los que dicen que no es tanto.

Trató diversos temas según preguntas de los diputados y de las diputadas presentes, así como de los asesores. En este último caso, el representante de la UCCAEP le preguntó sobre las SALES del ICE, respondiendo él básicamente sobre el carácter jurídico de la Ley SAL.

Por nuestra parte, le comentamos sobre el control de fondos de procedencia externa (caso COMEX, de donde se financian, presuntamente, los salarios de los negociadores comerciales). No tiene ámbito de control la Contraloría en este campo. También le preguntamos sobre PROCOMER, que tiene 5 directivos nombrados por el Sector Privado y 4 del Público. A pesar de ello, indicó que se trata de una entidad de evidente interés público, pero, tampoco está bajo el ojo contralor. Mencionó el caso del Instituto del Cáncer como otra entidad pública que no está bajo tal fiscalización.

Una situación interesante fue cuando la Sra. Doris Osterloff le preguntó sobre el rubro “Otros”, de la partida de Transferencias, incluido en el reporte de presupuesto de Contabilidad Nacional, entregado por el Ministro de Hacienda. Se trata de saltos muy grandes de un año para otro. El no supo contestar, le pidió datos a un asistente y al final intervino el propio Viceministro de Hacienda, para indicar que se trataba de los aportes al CONAVI y a FODESAF, entre otros. Lo curioso es que siendo cantidades de dinero tan enormes, no se “visibilicen”, identifiquen plenamente, en el reporte y se incluyan como “otros”. También se refirió al tema de la rendición de cuentas, sobre el que indicó que el país debe profundizar sobre el particular. En cuanto a las posibilidades de que tengamos políticas públicas centradas en una verdadera priorización de gasto, no se refirió sobre el particular.

El señor Contralor, una y otra vez, nos remitió a las memorias de la Contraloría General de la República y, por ende, a su página electrónica, como una forma de profundizar en las inquietudes transmitidas.

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