Categoría: Propuesta País

Las cuatro concesiones últimas a los “libertarios” tuvieron su efecto: éstos “bajaron” su nivel de presión y permitieron votar. Es absolutamente claro que se encontraban pagando un costo político altísimo, cayendo en un aislamiento total y apareciendo como abanderados de intereses de pequeñísimos grupos empresariales de actividades bastante “polémicas”, para decirlo con elegancia.

La gran preocupación libertaria por la reactivación económica del país, puede ser vista como una mampara, porque en realidad, esa reactivación es lo que ideológicamente ellos consideran lo que debe ser el desarrollo del país. Pretender que su particular agenda política fuese tramitada dentro de la contingencia fiscal, constituía una especie de aventurerismo político (ellos le llaman sus “condicionalidades”), contraproducente para sus fines de consolidarse como partido. Quizás estos pudo estar en la mente de algunos de sus líderes y de ahí que, del día viernes a la noche del martes, cambiaron su actitud, al menos, en apariencia. En realidad, ¿qué habrá pasado el fin de semana?; ¿hubo conversaciones con los “libertarios” de parte del Gobierno?… No lo sabemos. Indudablemente que la batalla en el plenario legislativo está por venir y no auguramos ni la más mínima “normalidad” durante el conocimiento del dictamen de esta CMPF.

Las últimas cuatro concesiones a los “libertarios”, avaladas por todas las fracciones, con el apoyo explícito y/o tácito de los sectores sociales y productivos, y con cierta reserva de parte nuestra, son las siguientes.

a. Exhortación al Poder Ejecutivo para la emisión de una directriz tendiente a la revisión de aquellas cláusulas de Convenciones Colectivas de Trabajadores, que pudieran ser consideradas excesivas en términos de racionalización del gasto público.

b. Las tarifas, precios y tasas de los servicios públicos no podrán incluir ningún componente destinado al financiamiento de gastos o de inversiones en entes públicos o privados distintos del prestatario del servicio público correspondiente.

c. Reformas a la ley reguladora del mercado de valores.

d. Instar a la Comisión Permanente Especial del Ambiente para que se dedique a la brevedad posible al análisis y dictamen del proyecto de Ley del Recurso Hídrico (¡ojo!, compañeros ecologistas).

Pese a todas estas concesiones, los “libertarios” no votaron el proyecto e indicaron la posibilidad de presentar un dictamen de minoría. “Limpiada la cancha” de las mociones libertarias de signo obstruccionista, se pasó al conocimiento de las últimas 32, algunas de las cuales fueron presentadas por otros partidos. Indicaremos algunas de las más polémicas.

-Se rechazó las siguientes mociones presentadas por los libertarios: Una para la condonación de todas las deudas del Gobierno con las entidades autónomas, incluyendo las del I.V.M. de la CCSS; otra para una ley para incentivar la construcción de marinas; otra que pretendía el congelamiento de plazas en el Sector Público, durante el 2003 y la imposibilidad de aumentos salariales mayores a la inflación incluidos los pluses. Aquí hubo opiniones discrepantes entre la UCCAEP y la ANEP. También se les rechazó y nosotros pedimos, de manera explícita, que así fuese. Otra moción en la que se dio una fuerte discusión, fue la de “Impulsar el Desarrollo del Proyecto Turístico Papagayo”, proyecto que como está planteado afecta la ecología del lugar y financia grupos extranjeros con el capital de la banca nacional, la cual también fue rechazada. Se presentaron otras tres mociones firmadas por el Movimiento Libertario, las cuales respaldaban un planteamiento del representante del Sector Agropecuario, señor Ulises Blanco: a) Obligar a JAPDEVA y a JUDESUR a destinar el 50% del su presupuesto para el desarrollo “productivo y tecnológico “de las respectivas regiones del sur del país; b) Otorgar títulos de propiedad en áreas protegidas; y c) cancelar a propietarios de las tierras de los mantos acuíferos que hayan sido declaradas zonas protegidas o acuíferos. Al notarse que se daría una discusión polémica al respecto, particularmente en el caso de JAPDEVA, el señor Ulises Blanco optó por pedir el retiro de las mismas, lo cual hizo, inmediatamente, el Dip. Malavassi.

Se conocieron dos mociones más de los “libertarios”: Una que, prácticamente, por lo extensa de la misma y por su contenido representaba un resumen de los contenidos ideológicos que promueve dicha fracción, pretendiendo que los mismos fueran la base de discusión de lo que ellos denominan “reactivación económica”. Como era de esperar, fue rechazada en forma abrumadora. La otra tenía que ver con la reducción de la deuda política y la modificación de las leyes de financiamiento de las campañas políticas. Esta generó bastante polémica y fue mejorada por una propuesta nuestra, para que analizara no sólo las contribuciones, de carácter público, a los partidos políticos, sino también las contribuciones de carácter privado. Esta moción fue aceptada, acogiendo el Dip. Malavassi nuestra inquietud.

-Se les aprobó a los libertarios una moción de excepción de impuestos de exportación al licor, impuestos a favor del IDA y del IFAM; así como otra sobre la seguridad jurídica en cuanto a cierre de negocios por supuesta evasión.

Otras mociones que generaron polémica fueron las presentadas por el diputado Luis Ramírez, de Liberación Nacional, y tenían que ver con gravar el capital de los bancos privados que operan en el país, con un impuesto de doscientos cincuenta mil dólares, considerando el lucro excesivo que han tenido estos entes financieros en los últimos años, moción que fue defendida por nosotros, aunque considerando como válido el argumento de que tal tasa impositiva no tomaba en cuenta el tamaño financiero de las entidades. Como es lógico, el Movimiento Libertario y la UCCAEP se opusieron. Al final se rechazó la moción.

Se presentó una moción muy importante que recogía el espíritu inicial que hemos defendido, en cuanto a como deben tratarse los conceptos de Racionalización del Gasto Público, Eficiencia Tributaria y Aduanera y que ordenaba la discusión de estos temas para la segunda parte del proceso de discusión en la comisión, que tiene que ver con la parte estructural. Esta fue presentada por la diputada Joyce Zurcher y fue aprobada. También el diputado José Miguel Corrales envió una moción para gravar la generación privada de electricidad, con un tributo del 30% sobre el excedente de la tarifa, moción que defendimos, pero que de nuevo chocó con los intereses de quienes representan esos sectores en la comisión. La misma fue rechazada.

Por último se conocieron dos mociones de varios diputados: una para que una vez votado el dictamen afirmativo de mayoría, se rindiera cuentas a la población de los acuerdos obtenidos, y otra que incluía a los representantes del sector cooperativo, solidarista y a las organizaciones agrarias, dentro de la “Comisión de Mejora Regulatoria”. Queda pendiente la preocupación por la iniciativa libertaria de la tasa LIBOR en deudas públicas (para decirlo, resumidamente).

Es necesario realizar las valoraciones políticas pertinentes, las cuales, como es de esperarse, vendrán permeadas por las visiones ideológicas y por la ubicación económica en la sociedad de los sectores intervinientes, directa e indirectamente. Particularmente, para la “Plataforma de los Quince Puntos”, es imprescindible hacer un análisis no solamente para valorar nuestro desenvolvimiento como entidades sociales unificadas para el impulso de una estrategia de incidencia y de movilización; sino para “reacomodarnos” de cara a la discusión en plenario de la contingencia y, lo más importante, la discusión de carácter estructural, que es lo más esencial de todo este nuevo proceso político en nuestro país: primera vez que un tema de tanta polémica y controversia, como lo es el tributario, genera un consenso de tan amplia base, política y socialmente hablando. Además, ha servido para identificar intereses y representaciones “adjuntas” a las que oficialmente se manifiestan dentro de los partidos políticos.

Agradecemos a todos nuestros lectores y a todas nuestras lectoras, la atención que se ha brindado a estos reportes. Como indicamos en una ocasión, es imposible el relato estrictamente objetivo. El nuestro ha sido desde nuestra perspectiva de movimiento social y, por supuesto, no exento de polémica. Esperamos continuar con esta práctica durante todo el desarrollo del proceso por venir. ¡Muchas gracias!.

Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)
Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del
Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE)
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Mesa Nacional Campesina (MNC)
Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos
Grupo Indígena IETSAY

La gran “concesión” que se les hizo fue no sesionar, en forma ordinaria, este jueves 10, para que durante el día se dedicaran a “tocar puertas” y buscar respaldo a sus ideas, que no son propuestas en específico. ¡Qué increíble!, hasta el día de ayer, las dieron a conocer en documento oficial, habiendo transcurrido 22 sesiones sin siquiera plantear una de ellas en “blanco y negro”:

Su tesis central es que este es el momento propicio para hacer valer su peso político y exponer sus “condicionalidades”, específicamente, de cara al Poder Ejecutivo A su juicio, todo el mundo lo hizo antes de entrar al proceso de la CMPF y dentro del mismo; así que consideran válido lo que están haciendo. Su propuesta es, prácticamente, su programa de Gobierno, cargado de tesis impregnadas de su particular ideología. Algunas propuestas pretenden modificar los acuerdos logrados como el monto de los impuestos a la banca “off shore”, a las mesas de juego (casinos) y a las terminales de apuestas por computadora, así como los vehículos de lujo (gravar a partir de diez millones de colones). Bajar el impuesto a los moteles; dejar la propuesta de sobretasa de renta, tal y como la presentó la UCCAEP; dejar únicamente dos tramos en cuanto al impuesto a sociedades anónimas; eliminar los impuestos a las bebidas alcohólicas y cigarrillos; son otros de sus planteamientos.

Quieren, además, un recorte de gasto en el presupuesto del 2003, por 35 mil millones de colones; condonar todas las deudas del Gobierno Central con las instituciones autónomas (incluyendo los bonos del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte); la reforma constitucional para limitar el endeudamiento y gasto públicos; derogar todos los regímenes de pensiones de privilegio; desjudicializar los procesos de cobro de multas de tránsito y juicios ejecutivos de todo tipo de entidad financiera. Además, no aumentar plazas en el Sector Público en ningún sector, sólo llenar vacantes; aumento salarial no superior a la inflación, incluyendo los pluses (tesis de la UCCAEP); no renegociar más convenciones colectivas en el Sector Público, salvo en cuanto a su vigencia y que el Gobierno dé marcha atrás en su decisión de impulsar la reforma constitucional al respecto.

Haríamos muy larga la lista de peticiones del “catecismo libertario”; pero, agregamos las siguientes: Legalizar la titulación de sujetos privados de la parte de tierra que exceda los 50 metros de dominio público y hasta 2 kilómetros, variando la ley que regula las zonas fronterizas o limítrofes. Autorizar al INVU para legalizar, dar escrituras de propiedad, a favor de aquellas personas que prueben la posesión de terrenos en zonas como La Capri, Los Guido, Los Cuadros, la Carpio…¡Populismo neoliberal!. También proponen modificar la Ley de ARESEP para que éste dé concesiones de aguas fluviales; crear el impuesto al espectro electromagnético para el ICE (solamente); y, modificar la ley del ambiente para determinar cuál es el tipo de proyectos que debe evaluar la SETENA; así como modificar la ley del plan regulador de Papagayo, para que sus concesiones se prorroguen automáticamente, se puedan ceder con facilidad y el cesionario pueda rediseñar o variar las características del proyecto. Todo lo anterior ellos lo conciben como “reactivación económica”. No creemos en los rechazos “ad portas”, simplemente por la fuente de procedencia de un determinado planteamiento, pero resulta obvio que el grueso de lo que quieren los “libertarios”, es de gran profundidad, son cuestiones estructurales, imposibles de concebir en un mero paquete de impuestos con medidas conexas y por tan sólo un año de duración. Entonces, en realidad, ¿qué están buscando?… La respuesta es más que obvia, ¿no creen?

Creemos que será casi imposible la aceptación de tales propuestas, no solamente porque hay bastantes definiciones políticas, según visión de país, ya debidamente planteadas; sino porque, la “tardanza” en su presentación, a esta altura del proceso, hace imposible su discusión. Hay otras propuestas que parecieran “inocuas”, en materia de desregulación y simplificación de procedimientos, pero es seguro que los libertarios considerarán poco insustancial las concesiones que reciban en tal aspecto. En todo caso, como indicamos, este jueves lo deben destinar ellos para “mercadear” sus propuestas y mañana viernes 11, transformadas en mociones, se conocerían y votarían. Ahora bien, es evidente que mostraron “flexibilidad” para darle espacio al trámite de un nuevo texto del documento base de discusión, que se aprobó anoche; pero, indicaron, que mantenían la vigencia de todas sus mociones. Es decir, este viernes promete ser un largo día de sesiones para tramitarlas.

Ayer hubo una “manifestación” de trabajadores de las “sportbooks” (así le llaman a los centros de apuestas por computadoras). Aparentemente, don Otto Guevara, líder libertario indiscutible, los convocó. A esa muchachada se le indicó que se van a quedar sin empleo. ¡Qué curioso!, los libertarios aprenden de los sindicatos. Ya están cabildeando, fuertemente, la reducción del impuesto acordado de 500 dólares mensuales por terminal de computadora. Por otra parte, es impresionante las presiones que se ejercen, con gente profesional contratada para ello, en todos los campos donde se pretende que haya tributos. Las presiones de los empresarios tabacaleros y de licores se hace notar. Ya no solamente don Carlos Francisco Echeverría, gerente cervecero, permanece en las sesiones haciendo su trabajo, sino que hasta un señor de apellido Holtermann hace muy notoria su presencia. Los cigarreros lograron que el aumento en el selectivo de consumo fuera de sólo un 5 % (de 95 a 100), en vez de 95 a 119%. Alegan que lo que denominan “gigantesco” contrabando los está llevando a la ruina. Igualmente, se espera que los cerveceros logren algo similar (una reducción del impuesto propuesto) y ya así lo anunció don Bernal Jiménez, diputado jefe de fracción del PLN, quien indicó tener algunas “inquietudes” sobre dicho impuesto. Recordemos que el señor Echeverría es también de ese partido. Para hoy jueves 10, una subcomisión de la CMPF, encabezada por el Viceministro de Hacienda, don Carlos González, analizará con los asesores de las diversas fracciones, el tema del impuesto a las casas de apuestas electrónicas. Como se puede notar, las decisiones aquí son del Gobierno, estrictamente hablando, en función de lo que inicialmente esperaban recaudar por tales impuestos (casinos, apuestas, cerveza, licores y cigarrillos), y cuánto implica para su plan de contingencia, el ceder a las presiones empresariales.

Por otra parte, ¡por fin!, el Magisterio Nacional se hizo presente en la CMPF. Con el apoyo de la señora diputada Nury Garita (PLN), objetaron la prohibición del traspaso de cuotas para pensionarse de un régimen a otro. Alegaron lesión de derechos. Tienen razón. Sin embargo, ¡qué decepción!, creimos que su manifiesto contendría posicionamientos sobre los grandes temas que se están analizando en la CMPF. Bueno, con todo respeto para nuestros compañeros dirigentes sindicales magisteriales: seguimos pensando que deberían preocuparse más allá del tema de los 200 días lectivos y su régimen de pensiones. Para suerte de ellos, su petición fue acogida.

Creemos que la moción más importante de la noche, aprobada, en forma unánime, casi al término de la sesión, es para obligar al Banco Central de Costa Rica que se establezca como meta, durante la contingencia fiscal, la reducción de sus pérdidas en un 30 %. Esto nos parece histórico, desde el punto de vista de la “intocabilidad” hasta ahora, de don Eduardo Lizano Fait, quien ha sido elevado al rango de “deidad” por los sectores políticos y económicos que comulgan con la ideología neoliberal. Don Bernal Jiménez asumió una firme posición en tal sentido, nosotros lo secundamos, apoyados por la dip. Campbell Barr. El Sr. Ministro de Hacienda, don Jorge Wálter Bolaños, muy “elegantemente” objetó la moción, aduciendo que era mejor escuchar primero al citado “gurú”, quien, precisamente, este jueves tendría una reunión con el propio don Bernal Jiménez. También, en esa dirección, se pronunció don Alvaro Ramírez, representante de la UCCAEP. Sin embargo, luego de cierta posición de duda por parte de los representantes del PUSC, al final le dieron su voto a la moción indicada, logrando ésta unanimidad. El Banco Central deberá presentar un informe al respecto y se la daría margen de “creatividad” para que diseñe el plan hacia esa reducción. Algunos comentaron, de manera jocosa, que seguramente en el BCCR, pronto habrá una plaza vacante y hasta se dijo un nombre concursante para llenarla, el Dr. Henry Mora. Nosotros, que no entendemos de economía, sí comprendimos que esa políticamente de endeudamiento del Banco Central, genera cuantiosísimas ganancias para el sector financiero, el “chineado” de don Eduardo Lizano. El citado diputado liberacionista fue claro en ese sentido. Es decir, unos cuantos, muy pocos, acumulan y acumulan gracias a esa política del BCCR y a nosotros, las grandes mayorías, nos ponen a pagar esas “tortas”. ¡Excelente momento para una rendición de cuentas del BCCR! Veremos qué pasa en próximos días.

Otra moción presentada, promovida por el sector cooperativo, es para que durante el 2003, tanto el INFOCOOP como el CNP, queden fuera del ámbito de la Autoridad Presupuestaria, considerando que ambas entidades están directamente relacionados con políticas públicas de apoyo a la producción nacional.

Finalmente, hemos concertado a lo interior de los sectores sociales de la “Tercera República” que, pase lo que pase el próximo viernes, sí debe quedarle claro al país, por medio de un acuerdo político, el alto grado de acuerdo alcanzado en cuanto al diseño de un plan integral de contingencia fiscal; acuerdo que sería rubricado, conjuntamente, con las fracciones del PUSC, PLN y PAC. Si este viernes se acaba la jornada y llega la medianoche, y todavía se están votando mociones libertarias, la ciudadanía debe comprender que la CMPF arrojó un gran acuerdo y que si no se convirtió en dictamen, según la técnica legislativa, los responsables están ya plenamente identificados así como los intereses que están representando.

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Resultó obvio que, una vez más, el dip. Malavassi mostraba interés en su estrategia obstruccionista para ganar tiempo, en aras del vencimiento del segundo plazo para la emisión de un dictamen, frustrando la salida del mismo. Fue “curiosa” su molestia por la ausencia de un reloj en el recinto de sesiones, conminando al diputado presidente para que resolviera tal problema. Don Mario Redondo, muy inteligentemente, le recordó que él, Malavassi, estaba como Presidente interino del Directorio Legislativo, razón por la cual tal situación “administrativa” resultaba de su incumbencia. Así que hicieron venir al Director Ejecutivo de la Asamblea Legislativa, don Antonio Ayales, para darle las instrucciones del caso. Poco después, en la pared, en media sesión, un obrero insertaba un clavo para luego colocar el famoso reloj que quería el dip. Malavassi. ¿Intrascendente, no les parece?… Pero, a lo mejor, en la “Inteligente” estrategia libertaria, todo se vale.

Las citadas dos subcomisiones se reunieron este lunes 7, produciendo informes y acuerdos. Los libertarios brillaron por su ausencia en ambas, haciendo tan sólo dos apariciones fugaces en la de reactivación económica. Por la mañana, dijeron que en 45 minutos estarían presentando su propuesta; por la noche, a las 08:30 p.m., pretendían que se iniciara la discusión, por el fondo, de tan grueso tema. Más que obvia resultó la molestia e indignación de quienes integraron tal subcomisión.

El dip. Malavassi se presentó en la sesión, como “víctima”, alegando que no se quiso oír el planteamiento de reactivación económica de los libertarios. Tanto la diputada Epsy Campbell, como el dip. Bernal Jiménez, lo desmintieron, reseñando su falta de interés y su poca seriedad. De la misma forma, el asesor Víctor Morales, del Movimiento Cooperativo, refrendó el rechazo a la crítica libertaria, indicando que tal legislador tuvo toda la oportunidad que quiso para presentar, en la subcomisión homóloga, su propuesta de reactivación económica. Le acusó de ser un obstaculizador de los diálogos sociales que se pueden abrir en el país; a la vez, indicó, la gran decepción que está generando todo el accionar libertario.

Por nuestra parte, sentimos la necesidad de recriminarle a los libertarios su actitud, emplazando a su líder legislativo, sobre una presunta indicación que habría girado en una reunión interna, expresando que, en la medida en que haya un empleado público menos, así se ayudará el país.

En el caso de las subcomisiones apuntadas, las mismas se definieron con la complacencia de otro libertario, Carlos Herrera, por lo cual no es válido cuestionar su trabajo o alegar que ha habido “marginación” para los libertarios. Por otra parte, le dijimos que creíamos que a los libertarios les interesaría una especie de debacle fiscal, pues de esta forma podrían despedirse muchos empleados públicos. Les emplazamos para que definan de cuál entidad y/o programa institucional, quisieran ellos que se despidiera gente. A la vez, indicamos que desde nuestra percepción sindical, los libertarios aparecen como los diputados de los casinos, de las salas de juego, de las apuestas, por su conducta legislativa ya conocida por todos. Agregamos que convendría establecer si tal situación pudiese estar asociada a la labor que hace el líder general de los libertarios, Otto Guevara, promoviendo el desarrollo turístico de la Isla San Lucas, como un megaproyecto turístico de, probablemente, muchos hoteles y casinos.

Le indicamos, además, al dip. Malavassi que estaríamos en posibilidad de investigar las sociedades, empresas y actividades en esa dirección que estuvieren realizando los libertarios. Esto le molestó mucho. Finalmente, indicamos que estamos convencidos de que debemos convocar a la movilización social, en aras de lograr un plan fiscal con equidad y justicia social. No hubo una respuesta oficial a nuestro emplazamiento. Aunque don el diputado Carlos Herrera del Movimiento Libertario lo intentó, la presidencia le llamó la atención para que se refiriera a los temas propios de los informes de las subcomisiones. Probablemente, en la próxima sesión nos respondan.

El mayor tiempo consumido por el trabajo de hoy, estuvo en la definición de la cuestión de la sobretasa de la renta, según propuesta del PLN. Ellos propusieron una especie de escalonamiento, en vez del 5 % originalmente aceptado; diferenciando entre empresas cuya renta supera los 39 millones 617 mil colones (6 %); pequeñas empresas, con rentas menores a esa cantidad (exentas, cuando es menos de 19 millones 695 mil colones; y, 3 % entre esta cifra y la de 39.617 millones). Además, se especifican los tramos de renta para personas físicas con actividades lucrativas; los tramos para personas físicas o jurídicas domiciliadas en el exterior que perciben rentas o beneficios de fuente costarricense; y, se detalla el impuesto sobre los rendimientos de títulos valores en moneda nacional y extranjera, transados en el Sistema Financiero. Finalmente, se indica un 0.5 % adicional (medio punto), a los rendimientos y ganancias de capital. Esta moción fue aprobada.

Por moción del PAC, se modificó la anterior, en este sentido: las empresas con ingresos brutos menores a los 19 millones 695 mil colones, pagarán un 2 % adicional; y las que estén entre esta cifra y los 39 millones 617 mil colones, pagarán un 4 %.

En la parte final de la sesión de hoy, se pasó a conocer los resultados del trabajo de la otra subcomisión: la revisión integral del texto base de contingencia, presentado por mociones, básicamente para corregir cuestiones de forma. En esto se quedó. La sesión terminó a las 11:30 de la mañana, para continuar, con una extraordinaria, este miércoles 9, a partir de las 7 de la noche y la última del jueves próximo.

Entre los sectores de la Tercera República se propuso que el resultado del trabajo de la CMPF se exprese en un gran acuerdo político: PLN-PUSC-PAC-Sectores Sociales y Productivos, de manera tal que la sociedad perciba que en dicha comisión ha sido posible lograr un acuerdo progresivo y justo, al menos en el diseño de la contingencia fiscal; que se diseñó una propuesta de alto consenso, favorable a los sectores populares, integral y con medidas que, en términos generales, concitan un amplio respaldo ciudadano. Esto es de suma importancia porque si Movimiento Libertario bloquea el acuerdo, quedará claro que el acuerdo es fruto de una amplia expresión política y sectorial, pocas veces vista en la historia reciente del país. No será justo hablar de fracaso y mucho menos si surge alguna alternativa que haga ineficaz el bloqueo libertario.

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Sus discursos son reiterativos, centrándose su mensaje en su prédica doctrinaria de libre mercado. Extracomisión, es el legislador Presidente de la Comisión, Dip. Redondo Poveda, quien ha estado reuniéndose con ellos y con su líder, Otto Guevara, buscando convencerlos de que desbloqueen la comisión, retirando sus mociones. Así lo hicieron este viernes, nada más que para viabilizar el debate sobre el texto definitivo del plan de contingencia fiscal. El lunes harían públicas sus propuestas y a cambio de su aceptación en el plan de contingencia, dejarán el espacio libre para la votación del dictamen; de lo contrario, en la sesión del próximo martes, volverán a presentar sus mociones, seguramente hasta multiplicadas (“24 mil”, dijo el Dip. Malavassi).

Es ya conocido lo que están pidiendo: aperturas en internet, seguros y telecomunicaciones (una verdadera locura porque viabilizar esto sería una verdadera provocación social de consecuencias impredecibles). Pero, en corrillos, se dice que se “contentarían” con desregulación de trámites (¿de qué estarán hablando?); reducción de impuestos a los casinos o discriminación de los mismos según tamaño de las empresas, congelamiento del empleo público sin excepción alguna, “reformulación” de la SETENA (¡ojo!, ecologistas), eliminación de las convenciones colectivas, límite constitucional al endeudamiento público, entre otras “peticiones”. A todo eso le llaman “reconversión productiva”.

En la sesión de este viernes 4, dada la “buena voluntad libertaria” (retiro transitorio de mociones), se procedió a empezar la lectura del texto de contingencia. Precisamente este texto mantiene algunas variaciones mínimas con el que fue pactado en principio, entre las fracciones del PAC, PLN y PUSC, así como con la representación social; pero que podrían tener una fuerte incidencia en las discusiones que se plantean para el próximo lunes. Debido un poco a estas variaciones, tanto la fracción del PAC, como la del PLN, solicitaron sendos recesos durante el trabajo del día de hoy; además que abrió espacio para que el diputado Bernal Jiménez, presionara al Presidente de la Comisión Diputado Mario Redondo, cuestionándole la ligereza de los cambios al paquete original y apuntando en la dirección de que al PLN no le gustaba el tipo de mecanismo que se había adoptado, pues significa ir conociendo de las mociones y variaciones a golpe de tambor y que de seguir así no le darían el apoyo al proyecto.

Debido a la anterior situación, el Presidente de la Comisión decidió hacer el planteamiento de crear dos comisiones de trabajo que se reunirían este lunes; una para discutir las propuestas del partido Libertario, en cuanto a “Reactivación Económica”, así como la variación al impuesto de renta (propuesta por el PLN). La otra, readecuará y ajustará el resto del articulado del plan de contingencia. Luego de esta discusión se levantó la sesión.

Es importante rescatar algunas consideraciones que deben hacernos meditar como sectores sociales y que en nuestro criterio tienen para el futuro de esta comisión serias implicaciones, como lo son; 1)- La manipulación que se tiene por parte del Movimiento Libertario, y su doble discurso, uno de cara a la ciudadanía diciendo que están defendiendo al pueblo de más impuestos (lo cual es totalmente falso); y otro, el que tienen de cara a la comisión, defendiendo claramente el gran capital, específicamente el transnacional, ligado al turismo afianzado en el capital golondrina, con los casinos y las casas de apuesta, por ejemplo. 2)- La debilidad con la que el Gobierno y fracciones responden a este manipuleo del Libertario, que podrían hacer flaquear el acuerdo original, 3)- Y lo amarrados que se pudieran sentir los sectores sociales representados en la comisión, al no tener mecanismos más claros para incidir en el resto de las fracciones, con el fin de agilizar la toma de decisiones y de acuerdos; lo que podría implicar que el único mecanismo válido para los próximos días sean la presión y la movilización de los sectores, en clara protesta por la actitud del Movimiento Libertario, frente a la Asamblea Legislativa. En tal sentido, la ANEP particularmente, va a trabajar en la dirección de promover la movilización, aspecto éste en el que han coincidencia con el CONACOOP.

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En horas de la noche de este lunes 30, se aprobó una moción para dispensar de lectura cada una de esas mociones, lo cual fue obviado por el citado legislador, dado que el reglamento legislativo le permite hablar hasta por 15 minutos en cada una de esas mociones, procediendo él mismo a darles lectura dentro de ese plazo. Eso generó un malestar general y en el caso nuestro lo hicimos verbal, originándose un intercambio de palabras con él, que llevó al presidente de la CMPF, Dip. Redondo Poveda a decretar un receso. Durante el mismo no fue posible resolver la controversia, y únicamente se logró un consenso para que durante el transcurso de este martes1 de octubre, el legislador presidente desarrolle una serie de “sesiones de trabajo”, con las fracciones políticas (incluida la “libertaria”) y los sectores sociales y productivos, buscando armar un acuerdo a fin de que en horas de la noche, a partir de las 7 p.m., se llegue al ansiado dictamen. Somos bastante escépticos de la “razonabilidad libertaria”. La verdad es que ni en los mejores tiempos de una izquierda con representación parlamentaria, habíamos notado tal nivel de dogmatismo en una fracción política con asiento en la Asamblea Legislativa.

En la sesión de la mañana, la tónica estuvo marcada por las cifras proporcionadas por el Viceministro de Hacienda, Sr. Carlos González. La verdad es que este jerarca no genera “buenas vibraciones” entre la gente de la CMPF. Los datos que da son cambiantes, a veces contradictorios y no expresan una seria sustentabilidad, amén de que se presentan con cierta informalidad. Tan es así que en la sesión nocturna tuvo que hacerse presente el propio Ministro de Hacienda, don Jorge Wálter Bolaños (al parecer, venía bajándose del avión procedente de Washington reunión del FMI, BM), presentando “disculpas” por las presentaciones de datos que se han estado dando. Aunque presentaron un nuevo esquema de cuantificación de ingresos posibles, vía contingencia fiscal, los datos contradictorios no han desaparecido del todo. Lamentablemente, la controversia por la táctica libertaria, impidió una confrontación anoche mismo, de parte nuestra, sobre el particular. Por ejemplo, contradicciones en cuanto a las cifras de recaudación de renta en el año 2001; incongruencias sobre el potencial recaudatorio para el 2003 (con base en el probable aumento del 5 % de la renta); diferencia de 6 mil millones de colones, de la mañana a la noche, en el estimado para un potencial impuesto a la cerveza.

Valga indicar que en la sesión matutina se hizo presente la señora Ministra de la Presidencia, doña Rina Contreras. Sin pena ni gloria su estadía, pues se dedicó a observar el desarrollo de la sesión.

Dentro de la presentación, bastante mediocre, por parte del Ministerio de Hacienda, se insiste en al impuesto al uso de los celulares, sólo que esta vez lo rebajan a 50 dólares y exonerando el monto de tarifa básica (algunos dicen que es 3 mil colones, otros que es 3.710). Bueno, esto fue en la mañana, ya que en la noche, presentaron una tabla impositiva, según nivel de consumo. También destaca el hecho de que de la mañana a la noche, el estimado recaudatorio del probable impuesto de mil dólares mensuales por terminal electrónica de apuestas, subiera 3 mil millones de colones (pasando de poco más de 4 mil millones, a 7.200 millones). Este “salto”, según un estudio de la “Asociación Costarricense de Apuestas Electrónicas”. Es decir, el Ministerio de Hacienda no tenía la cifra exacta en tal sentido.

Con respecto a los celulares, dimos a conocer el informe facilitado por el compañero Fabio Chaves, Coordinador del Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE). Es un estudio muy profesional, según nuestro criterio. Hay datos interesantes como por ejemplo que el 61 % de las llamadas por celular tiene motivaciones de trabajo y solo un tercio es por asuntos personales. Destaca, también, que el 68 % de los consumidores de tal servicio, pagan entre 3.710 y 9.999 colones, concetrándose en actividades generadas por pequeños y medianos negocios de diversa índole. Además, que si un impuesto de 100 dólares prosperase, el 50 % de ese 68 % de consumidores, devolvería el aparato (casi 150 mil clientes). Indudablemente que esto representaría un serio golpe al desarrollo estratégico del ICE en el futuro inmediato. Para el Gobierno, cargar a los celulares en 50 dólares promedio, representará unos 11.600 millones de colones.

Podríamos tener un error de apreciación, pero varias personas presentes en el proceso quienes creemos que dentro del propio Gobierno, quizás haya sectores que no quieren que salga algo positivo del mismo. Es vox populi que dentro del Gobierno se manifiestan tres corrientes: la abelista, la rodriguista y la calderonista y que el equilibrio interno o la unidad de equipo, es bastante endeble. Por otra parte, se comenta que si bien los diputados Redondo Poveda y Toledo Carranza, ambos del PUSC, hacen todo su mayor esfuerzo para que se saque adelante la tarea, no se puede garantizar que en el seno de esa fracción, suceda lo mismo cuando el asunto llegue al plenario legislativo. En lo que respecta a la posición de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), no acabamos de entender su comportamiento… bueno, sí lo entendemos: cada uno de sus integrantes parece una fracción en sí misma. Notamos a la Dip. Nury Garita “pegada” al libertario Malavassi, votándole sus mociones. El Dip. Carlos Ricardo Benavides, a pesar de su empuje y su energía, no alcance el perfil que le dio a la representación liberacionista en la CMPF, don Bernal Jiménez Monge (anoche mismo se hizo presente, recién llegado al país, luego de “22 horas de vuelo”, según comentaron). En cuanto al PAC, particularmente la legisladora Epsy Campbell, se esfuerza en la consecución de un acuerdo; esfuerzo que es compartido por nosotros, pues creemos que el país lo necesita, no necesariamente por su contenido (aunque sin menospreciarlo), sino por la demostración de la efectividad y del valor del diálogo y de la negociación intersectorial y multipartidaria, para avanzar hacia la construcción de un nuevo sistema de desarrollo para nuestro querido país.

Los intereses de negocios que podrían verse afectados con los nuevos impuestos, ejercen el más intenso cabildeo político. Ayer estuvo presente, el señor Carlos Francisco Echeverría, quien ocupa un alto cargo corporativo en Florida Ice & Farm (la cervecería). Los empresarios de las apuestas tienen su propia agencia de cabildeo. Al menos, los que hemos notado.

Hoy martes, a las 7 de la noche, continua el proceso. Pronóstico: reservado, pese a nuestra aspiración de certificar la validez de tales procesos para la coyuntura actual del país.

Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)
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El acuerdo surgió luego de una proposición original del PAC, para una combinación 60-40, que obligó a un gran receso en búsqueda del acuerdo. Hay que reconocer que la gente del PUSC (Redondo-Toledo), mantienen una actitud de apertura para encontrar el consenso. En todo caso, desde nuestra propia perspectiva, ello es más que necesario; no solamente para demostrar lo equivocado que están quienes adversan el proceso, sino que la propia institucionalidad del país debe certificar que los acuerdos político-sectoriales, funcionan en el marco de la búsqueda de nuevos parámetros integradores para propiciar un sistema de desarrollo inclusivo. Vamos a ver qué pasa de aquí al lunes.

En cuanto a los nuevos tributos, el consenso va enfilado hacia lo siguiente: impuesto a las personas jurídicas (19 mil millones de colones); impuesto solidario sobre la renta (10 mil millones); impuesto a la propiedad de vehículos de lujo (3 mil millones); mesas de casinos y terminales de computadoras de los sistemas de apuestas (6 mil millones); banca “off shore” (2 mil millones, se subió de 250.000 dólares anuales a 300 mil). Sin embargo, según el Gobierno, estos nuevos tributos aún no llegan al tope de los 65 mil millones, sugiriendo, en determinados momentos de las negociaciones en los recesos, la consideración del impuesto a los celulares (bajaron de 100 dólares a 50 dólares); un impuesto a la propiedad de todos los vehículos sin importar su valor; un nuevo impuesto al consumo de cervezas, licores y cigarrillos (esta última tesis surge de nuestra propia inquietud, cuando planteamos analizar el escenario tributario actual en que se desempeñan estos artículos).

Evidentemente, tal y como ha sido nuestra tesis, apoyada por varios legisladores de la CMPF, en contingencia fiscal no se pueden aceptar el establecimiento de impuestos que refuercen la regresividad del sistema tributario costarricense. Todo lo contrario. Por eso no es aceptable el impuesto a los celulares, ni mucho menos, el que se pretendió por los carros, ¡hasta las cacharpitas!, se pretendía gravar. Mucho menos con lo de RITEVE. En cuanto a los celulares, la tesis de que ya no es un lujo, es más que evidente para todos. Un estudio que nos proporcionó el FIT-ICE, nos muestra, por ejemplo, que el 61 % de las llamadas telefónicas celulares, están relacionadas con asuntos de trabajo-negocios.

Se ha convocado para el lunes, tanto ordinaria como extraordinariamente (en la noche). La carrera por llegar a los famosos 65 mil millones será de película.

Entre otros asuntos considerados en las sesiones de la fecha, están la aprobación de tres mociones de modificación al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, sobre el régimen simplificado y sobre el cierre de negocios en caso de reincidencia. Estas medidas tienen a darle más potestades a la Administración Tributaria para el combate a la evasión. También se votó la normativa para la aplicación de la amnistía tributaria.

Gran discusión generó, en la mañana, la noticia publicada en el periódico Al Día, sobre el pago de horas extras a dirigentes sindicales de JAPDEVA, amparados en un artículo de su Convención Colectiva de Trabajo. Por nuestras propias convicciones, en cuanto sindicalistas, expresamos nuestra posición al respecto, en el sentido de que son abusos, irracionalidades y prácticas que no van con la ética del movimiento laboral, a nuestro entender. Esas cosas desprestigian el máximo instrumento laboral del Derecho Colectivo de Trabajo y alimentan a los sectores que, de una vez por todas, quisieran acabar con el mismo.

Este reporte lo elaboramos en a primera hora de este viernes, tratando de que quienes nos hacen el honor de leer lo que percibimos del proceso descrito, tuvieran información de primera mano durante el fin de semana. Así que está bastante escueto, aunque creemos que, en términos generales, recoge lo esencial de este agitado jueves en la famosa CMPF.

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Esta es una opinión muy personal y en lo más mínimo compromete a las restantes agrupaciones que estamos representando en esa comisión y mucho menos, a aquellas con las cuales estamos en alianza (“Tercera República”).

Dentro de tales iniciativas, presentadas como mociones y luego aprobadas, están: a) la contingencia fiscal debe terminar el 31 de diciembre del 2003; b) los vehículos de lujo gravables serán los que valga 7 millones de colones o más (se rechazó una iniciativa del PLN, para que fuera a partir de los 10 millones); c) se definió cómo serán las reglas para la amnistía tributaria (incluyendo la posibilidad de que quienes tengan procesos abiertos en sede administrativa por evasión, puedan desistir de los mismos aceptando pagar lo que deben); d) una exhortación al Poder Ejecutivo para regular el monto de los gastos de representación de los jerarcas, en una suma igual a lo que perciben, mensualmente, los ministros (67 mil colones mensuales); e) el congelamiento de aumentos salariales en el 2003 para quienes ganen más de 1.5 millones mensuales (aunque suena a inconstitucionalidad, se aprobó para evidenciar cuál jerarca llevaría esto a Sala IV).

En este punto, se dio a conocer datos como los siguientes, en tal materia: el Presidente de la República está recibiendo 270 mil colones mensuales; los diputados, 305 mil; la Presidenta del IMAS, 840 mil; la del PANI, un millón; el de JAPDEVA, casi un millón cuatrocientos mil). Son los datos que dio a conocer la legisladora Epsy Campbell.

Igualmente, se aprobó elevar el impuesto a las operaciones financieras conocidas como “off shore”, de 125 mil dólares anuales, a 250 mil dólares. Personalmente, pedimos la palabra para que se le diera al voto a esta iniciativa, obteniendo al final 6 votos (votó el contra el libertario Alfaro, quien llegó en sustitución del Sr. Malavassi). Aquí hicimos la salvedad que no queríamos comprometer a los otros grupos de la Tercera República, pero estamos seguros que los que conforman la Plataforma de los Quince Puntos, nos avalarán. Valga indicar que tanto como CADEXCO como UCCAEP, indicaron su posición de que hubiese sido mejor escuchar, previamente, los criterios técnicos de la Dirección General de Tributación y del propio Sr. Viceministro de Hacienda. Cuando al final éste obtuvo la palabra, su intervención fue bastante tibia, alegando que habría que valorar los riesgos de perder competitividad para los diez grupos financieros que hay en el país dedicados a esas actividades. En algún momentos, el Dip. PUSC, Redondo Poveda, quiso posponer la votación de esta moción, sin embargo, la vehemencia de la Dip. PAC, Campbell Barr, de que este tema estaba ya hace tiempo dentro del debate político, no era válido hacer dilaciones en la toma de decisión. AL final, los diputados Redondo, Toledo, Penón, Barr, Benavides y Garita (ambos del PLN), votaron la moción explicada.

Por otra parte, gran controversia generó una moción del PLN, para que quedara definido que el monto global del plan de contingencia a aprobarse, debía ser de 120 mil millones, divididos en partes iguales: 50 % producto de contención de gasto, medidas no tributarias, mejoramiento de la recaudación, control de la evasión y similares; el otro 50 %, producto de nuevos ingresos. Sobre el particular, conversamos con la representante de CADEXCO, la Sra. Osterlof, en el sentido de que creíamos que tan moción constituía un gran error político: darle la razón a la tesis gubernamental sobre su concepción del déficit fiscal: reducción drástica de un 50 % en tan solo un año. Ambos coincidimos en que no era conveniente definir el monto de reducción del déficit a partir de una determinada visión fiscalista, tan reducida. En el entretanto, un fuerte cruce de intervenciones se dio entre el diputado Redondo Poveda (PUSC), y los legisladores del PLN, Carlos Ricardo Benavides y Nury Garita. Jamás dudaríamos de sus buenas intenciones pero, pareció notoria la ausencia orientadora de su Jefe de Fracción, en toda esta discusión, don Bernal Jiménez, quien está fuera del país. Tal fue el cruce de palabras, que obligó a la Sra. Osterlof, a llamar fuertemente la atención, no solamente sobre el rumbo que tomaba la discusión, sino sobre el irrespeto para con las representaciones sociales y productivas, en el sentido de que ni siquiera, por cortesía, nos daban copias de las mociones puesta a la mesa de discusión. Al final, el PLN acogió la exhortación que se le formulara, para que tal moción fuera retirada.

Valga indicar que en este orden, la presentación de mociones, quizás nos ha faltado iniciativa al no comprender todavía, en el amplio sentido del término, la dinámica y el juego parlamentario, en sus más específicos detalles. Aunque contamos con valiosa documentación y con sugerencias específicas, por ejemplo, las elaboradas por el Dr. Henry Mora de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, cree que hemos carecido de cierta agresividad en esta parte del debate. Procuraremos corregir, especialmente en cuanto a la posibilidad de un gravamen por contingencia a cerveza, licores y cigarrillos; así como a disposiciones que fortalezcan la potestad antievasora de la Administración Tributaria.

También es necesario indicar que en determinado momento, hicimos uso de la palabra para responder al emplazamiento que en otras sesiones nos formuló, específicamente a los sindicatos, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), para que en el 2003, hubiésemos el “sacrificio” de no hacer demandas salariales superiores al índice de inflación, contemplando el tema de los pluses salariales. En tal sentido, dijimos que no aceptaríamos esa tesis, considerando (entre otras razones), la constricción salarial de los últimos años; el aumento en la concentración del ingreso, certificado por entidades tan prestigiosas como el Estado de la Nación y el INEC; los pluses han sido una especie de muro de contención para evitar la desprofesionalización, la destecnificacion y el abandono laboral del Sector Público (casos del campo de la informática, donde hubo que decretar un sobresueldo de 25 % para contener la huida de personal especializado hacia el Sector Privado). Además, el verdadero caos laboral y salarial en la Administración Pública (con personal de primera, segunda, tercera y hasta cuarta categoría); sin contar que, por ejemplo, para las demandas salariales semestrales, nunca exigimos el cómputo de la devaluación del color y que la metodología de cálculo del IPC, no nos genera la debida confianza. Indicamos que el país urge de una definición estratégica de política salarial, tanto para el Sector Privado como para el Público, que enlace la misma con un determinado sistema de desarrollo, como por ejemplo, el repunte del mercado interno y la potenciación de la pequeña y la mediana empresa. Finalmente, indicamos que las últimas negociaciones salariales, son verdaderos calvarios, indignantes procesos de “peseteo”, para conseguir, al menos, un aumento igual al índice semestral oficial de inflación. Sentimos que la gran crítica de la UCCAEP es por el más reciente incremento del Sector Público, 4.38 %, que igualó la cifra otorgada al Sector Privado. En todo caso, dejamos constancia que no creíamos que tan crítica estaba impregnada de mala fe.

Por su parte, don Rodrigo Aguilar de la CTRN, dio valiosos datos acerca de la drepreciación salarial en las últimas administraciones. Resaltó, además, que en materia de salarios de los altos cargos gerenciales del Estado, los organismos técnicos, como la denominada Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, no tienen incidencia alguna. En nuestro caso pensamos que sería conveniente una regulación legal para establecer una política única que defina el tema salarial en la máxima cúpula estatal del país. Vamos a promover esta discusión dentro del proceso de definiciones estructurales del Pacto Fiscal.

Es bueno indicar que al inicio de la sesión, don Ulises Blanco, representante del Foro Agropecuario, pidió la palabra y solicitó un receso (el cual le fue concedido), para, con gran vehemencia y a viva voz, criticar que su intervención de la sesión no quedara registrada en actas (grave error técnico, así reconocido por la encargada); pero, más enfático aún, lanzando fuertes críticas al Gobierno (al Presidente Pacheco, particularmente) y a su fracción legislativa, por la negativa de cumplir lo pacto con dicho foro, para el establecimiento de una comisión política de alto nivel que analizar los problemas graves que enfrenta el agro costarricense; particularmente, la tardanza en la definición política del concepto de banca de desarrollo. En determinado momento de su vehemente intervención le cedió la palabra al compañero Marcos Ramírez, del Consejo Campesino Justicia y Desarrollo (entidad integrante del Foro Agropecuario), quien, también en el mismo tono, fue enfático en indicar el incumplimiento gubernamental-legislativo; así como el anuncio de que pasarán de la propuesta a la protesta y que se seguirán haciendo presentes a las barras de la Comisión Mixta para presionar porque se honre lo pactado. Indudablemente que tales reclamos cuentan con nuestro mayor respaldo y ojalá todos los sectores sociales que comprenden cuál es la naturaleza del proceso actual que está viviendo el país, se hicieran presentes en las sesiones de la CMPF.

Para este jueves 26, aparte de la sesión ordinaria de la mañana, se dará una extraordinaria en horas de la noche, probablemente a partir de las 7 p.m. Los objetivos son obvios por parte de la fracción oficialista. Vislumbran un plan de contingencia no satisfactorio según su definición de lo que esperan en cuanto a reducción del déficit fiscal para el 2003. Creemos que hasta el final lucharán para obtener el impuesto a los celulares y el aumento del impuesto sobre las ventas en un 1 %. Esperamos que ni el PLN ni el PAC, “se rajen” al final.

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En dicho informe se apunta que las transformaciones estructurales en materia de Administración Tributaria, no tienen posibilidad de realizarse en contingencia fiscal. Por tanto, en tal caso, se dispone que se debe “realizar una reasignación presupuestaria tendiente a dotar de recursos suficientes a la Administración Tributaria para cubrir las necesidades evidenciadas en materia de plataforma tecnológica, recursos humanos (que incluya una plaza para la Auditoría de Control y Gestión de procesos), Recursos Humanos y capacitación al personal”.

El Ministerio de Hacienda debe presentar, previamente, a la Subcomisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, un plan de inversión; indicando objetivos de cada área, estimación presupuestaria e impacto que tiene sobre la Administración Tributaria, en términos de cumplimiento de los fines y competencias institucionales. Además, se deberá proyectar un Plan de Rendición de Cuentas, que contemple el cumplimiento de objetivos, montos recaudados y dificultades encontradas, con carácter trimestral. Tal rendición de cuentas se deberá hacer ante la Comisión de Gasto y ante la CMPF, ambas de la Asamblea Legislativa.

Además, se incluyen recomendaciones en materia de Recursos Humanos, creación de una Auditoría de Control y Gestión, un plan de Sistema Integrado (Direcciones de Tributación, Aduanas y Policía Fiscal) y la posibilidad (dentro del plan estructural segunda fase del proceso en desarrollo), de un incentivo salarial (“plus”) para el personal correspondiente, “…el cual se supedite estrictamente al cumplimiento de objetivos”.

Se recomienda a la Dirección General de Servicio Civil elaborar un diagnóstico del mercado salarial, en esos puestos típicos de la Administración Tributaria, para generar una nueva escala salarial para dicho personal, “en el marco de la equidad, justicia y posibilidades del Estado para asumirlo”.

También se recomienda que los altos mandos tributarios, sean plazas de carrera administrativa, pero la permanencia en el puesto será producto de una valoración anual de rendimiento.

Por otra parte, se aprobaron otras mociones de trascendental importancia. Una de ellas fue la que en un principio presentó la fracción del PUSC (puntualización de impuestos directos transitorios), con dos agregados o secciones: una sobre racionalización del gasto y otra sobre eficiencia de la Administración Tributaria. Se votó unánimemente. Esta moción será considera como texto base de discusión para la elaboración del plan de contingencia fiscal que iría al plenario legislativo, a partir del 1 de octubre. Sobre tal texto base, se harían, vía moción, las adiciones y/o modificaciones que sugieran las fracciones políticas y los sectores productivos y sociales con asiento en la CMPF.

La fracción del PLN, por su parte, presentó una moción (también aprobada unánimemente), para que en la sección de racionalización del gasto, el Gobierno presente sus propuestas de decreto ejecutivo, para la racionalización de partidas no prioritarias, tanto en la Administración Central como en las entidades sujetas al control de la Autoridad Presupuestaria. Igualmente, cuál es la propuesta gubernamental en medidas no tributarias y la propuesta para reducir las pérdidas del Banco Central. Todo en un plazo de quince días, a partir de esta fecha.

En el mismo plazo, el Gobierno deberá indicar su propuesta de plan de acción contra la evasión fiscal en aduanas, renta y ventas; así como las medidas que mejorarían la eficiencia de la recaudación tributaria. Y algo no menos importante, definir la propuesta del Poder Ejecutivo para racionalizar las exoneraciones vigentes.

La fracción del PAC no se quedó atrás. Una moción para que las cantidades que se indicarían en dólares en el proyecto de contingencia, se expresen en la moneda nacional, colones, al tipo de cambio de 380 por dólar; fue acogida con un único voto en contra, el del libertario Malavassi, pues dijo que él está de acuerdo con la dolarización.

Otra moción también importante, presentada por el PAC, indica el establecimiento de una comisión “encargada de recibir, tramitar y dar seguimiento a denuncias de habitantes del país sobre hechos de evasión tributaria”. La integrarían dos funcionarios hacendarios, tres personas de la sociedad civil representada en la CMPF, así como por un representante de la Defensoría y otro de la Contraloría. Generó bastante polémica, según un criterio de “paralelismo administrativo” en gestión tributaria y por el riesgo de una “cacería de brujas” en materia de evasión (criterios del libertario Malavassi). A pesar de ser objetada, se votó entendiéndose como una recomendación para el Poder Ejecutivo.

También del PAC se acogió una moción más. Por un lado, el plan de continencia debe cuantificarse: cuánto se espera por nuevos ingresos, cuánto se estima en racionalización de gasto y cuánto en aumento recaudatorio por medidas no tributarias. Por otro lado, se establece que, mensualmente, el Poder Ejecutivo debe informar a la CMPF, monto de impuestos recaudados, mejoras del sistema recaudatorio, acciones relevantes de combate a la evasión, especificación de los efectos racionalizadores del gasto, resultados de la reestructuración de la deuda, indicaciones de las comisiones de Gasto (Poder Ejecutivo) e interventora de aduanas, detalle de las mejoras en prácticas aduaneras.

Como se podrá apreciar, se perfila un plan de contingencia de carácter integral de amplio consenso: impuestos directos, medidas no tributarias, reforzamiento de la administración tributaria, rendición de cuentas permanente por parte del Poder Ejecutivo, política monetaria.

Valga indicar que tanto el PLN como el PAC, indicaron que en plenario no se votará nada, sin el cumplimiento del Poder Ejecutivo de las directrices de la CMPF en los puntos y plazos apuntados; en ámbitos como racionalización, definición de planes de acción en medidas no tributarias, rendición de cuentas y hasta las definiciones que deberá presentar el Banco Central en materia de política monetaria.

Es importante anotar que tanto el PLN como el PAC hablan ya de “racionalización de gasto” y “partidas no prioritarias”. Los términos “reducción”, “disminución”, así a secas, han sido descartados. Son resultados del trabajo de incidencia. Los representantes del PUSC (Redondo y Toledo), han apoyado este importante cambio conceptual (casi ideológico), sobre el tema del gasto público.

Finalmente, el PAC entregó un comunicado de prensa, definiendo que cree en el gasto público como motor de desarrollo y equidad social; rechazan la tesis neoliberal de déficit cero, considerando que la misma atenta contra las posibilidades de desarrollo, y en particular, de un desarrollo humano sostenido. Además, rechazan negociar o apoyar aumento o creación de impuestos indirectos que consoliden la regresividad del sistema impositivo costarricense. Definieron, además, la posición del Poder Ejecutivo hasta el momento, como “zigzagueante y poco clara”.

Saquen sus conclusiones, quienes han venido siguiendo la pista de la propuesta social y productiva, por una sociedad inclusiva.

En esta labor de cierre de la primera fase del trabajo de la CMPF, habrá sesión este miércoles 25 y este jueves 26. Si no hay ningún fenómeno político imprevisto (un riesgo muy alto considerando cuál es la naturaleza del parlamento costarricense), se perfilaría un acuerdo de consenso, de grandes ventajes para la inmensa mayoría de la población costarricense: la clase media y los sectores populares.

Sería un éxito de un trabajo de incidencia política de los sectores sociales que apostamos por la vía del Pacto Fiscal; con el soporte fundamental de sectores productivos conscientes no solamente de la nueva realidad política del país, sino del fracaso de las propuesta neoliberales para Costa Rica.

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La sesión de hoy tuvo mejor suerte. Pareciera que se reabrió el camino hacia algún tipo de consenso. No obstante, hay que esperar. Es notorio que el Gobierno varió su estrategia. Se hizo presente el propio Ministro de Hacienda, Dr. Jorge Wálter Bolaños. También llegó su Viceministro de Ingresos, Sr. Carlos González y don Adrián Torrealba, Director General de Tributación, aunque éstos no hicieron uso de la palabra.

El Gobierno “aterrizó”. Fue claro. Ocupa 100 mil millones de colones para aliviar el déficit fiscal en el 2003. Sus argumentos para ello: Impedir la subida en las tasas de interés, el temor de que éstas suban en el plano internacional, aunque por ahora éstas están bajas; sin embargo, si esas tasas suben un 1 %, en Costa Rica eso representaría, 20 mil millones de colones. Por otra parte, apuntó la necesidad de colocar 450 millones de dólares como deuda externa, en las próximas semanas. Resultó notorio un mensaje de respeto hacia la CMPF, resaltando la potestad de la misma para tomar sus propias decisiones.

También habló de la diferencia entre la deuda y la calidad de la deuda. En este caso, indicó que en Costa Rica, la deuda es para atender gasto corriente (pago de salarios) y no para inversión, como sucede en los países europeos. De ahí, según él, la imperiosa necesidad de atender el problema conocido. Su propuesta en que la Asamblea Legislativa ponga el 50 % de reducción del déficit (vía nuevos impuestos y reformas tributarias) y el Gobierno el otro 50 %, vía reducción del gasto y mejora recaudatoria. También expresó la importancia de la reforma estructural, para lo cual se requiere una discusión pausada, de forma tal que ésta se posibilite con la tranquilidad que darían los recursos producto del plan de emergencia.

El escenario que presenta el Gobierno para la toma de decisiones, según el análisis del Ministro de Hacienda, sería el siguiente:

Tipo de impuesto	Estimación recaudatoria (miles de millones)
Sobretasa de 5 %, renta empresas	10 mil
Impuesto a sociedades	19 mil
Sobretasa 50 % vehículos de lujo	3 mil
Mesas de casino y terminales de apuesta	6 mil
Amnistía tributaria	3 mil
3000 colones mensuales cable	6 mil
Incrementar aranceles de registro 200 %	12 mil
1% impuesto ventas (del 13 al 14 %)	25 mil
$100.oo celulares	30 mil
Timbres de derechos de salida	2 mil
5 % adicional pensiones “de lujo”	Sin definir
Duplicación impuesto moteles	Sin definir

Si se suma ese “listado” de opciones que el Gobierno resume, da 116 millones. Es indudable que esto va a posibilitar la discusión acerca de la cuantificación exacta de un alivio fiscal y, lo que es mejor, dará espacio para que se viertan criterios ideológicos sobre el tema del déficit.

De ese listado de opciones, es nuestro criterio que lo de los celulares y la elevación de un punto en el impuesto de ventas, no tienen ambiente. En cuanto a lo de la televisión por cable, habrá que demostrar cuán extendido está su uso en los sectores populares y medios. Creemos que ello es así y tenemos valiosa documentación al respecto. En todo caso, nosotros creemos que la famosa contingencia fiscal no la debe pagar la clase media (mucho menos los sectores populares), por lo cual el cable tendría el mismo nivel de tratamiento que los celulares. Obviamente, que los impuestos directos citados, van a pasar fácilmente.

Para el Ministro de Hacienda, la lógica del proceso debería ser: 1- Selección de los impuestos por parte de la Comisión Mixta; 2- Aprobación de las medidas de emergencia relativas a las subcomisiones; 3- Redacción del dictamen; 4) Inicio de la labor de análisis del plan permanente (reformas estructurales); 5) pasar plan de emergencia al plenario legislativo.

En cuanto al apartado 2), el citado jerarca planteó, medidas legales de emergencia para el cierre de negocios por ser reincidente en no entregar factura; así como redefinición del concepto de acceso y disfrute al régimen simplificado. Y en cuanto a la administración tributaria, planteó la definición de parámetros de contratación de nuevo personal y mejoras de carácter presupuestario para los próximos dos años.

Por otra parte, es evidente que la fracción del PUSC, específicamente su jefe, el Dip. Mario Redondo, realizó una intensa labor de cabildeo en las últimas horas, luego del traspiés del pasado lunes. Tal gestión permitió generar una primera versión de texto base de discusión, partiendo del contenido de la moción PLN-PAC, agregándole el contenido de la moción PUSC (puntualización de impuestos directos). En esto estuvimos de acuerdo, porque creemos que ayudaría al éxito del trabajo, al menos en esta primera etapa. Sin embargo, no se votó hoy, sino que se dejó para el próximo lunes. Se estima que, con base en el plazo fijado para elaborar un dictamen de contingencia, 1 de octubre, la semana próxima podría haber sesiones extraordinarias de la CMPF.

En lo que a nosotros respecta, hicimos los siguientes planteamientos, invocando la legitimidad de representación de la Alianza de los Quince Puntos, para no involucrar a los sectores de la “Tercera República”.

-Considerar impuesto de contingencia a la cerveza, al licor y a los cigarrillos. Solicitamos al Sr. Ministro de Hacienda, presentar el lunes un informe de la cuestión tributaria en este aspecto. Además, propusimos la eliminación del secreto bancario, únicamente para efectos tributarios. Igualmente, reforzamos la propuesta de cobrar en la fuente los honorarios de abogados (deducción directa, como se hace con el impuesto al salario). También le solicitamos al citado jerarca, un informe del comportamiento tributario de lo que se denomina “Grandes Contribuyentes”. Indicamos que en materia de administración tributaria en contingencia, el Gobierno debe puntualizar, con toda claridad, qué ocupa y si se trata de personal nuevo, debe ser bajo el Régimen de Servicio Civil, aunque en coordinación directa con las necesidades de la Administración Tributaria. También insistimos en la cuestión de la política monetaria y las responsabilidades del Banco Central, como generador de una tercera parte del déficit en discusión.

La semana entrante, en consecuencia, será crucial sin duda alguna.

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Contrariamente, la tesis del Gobierno-PUSC era que se adoptara como texto base de contingencia fiscal, su propuesta de impuestos directos: sobretasa de renta, sociedades anónimas, casinos y apuestas electrónicas, y vehículos de lujo; amén de la amnistía tributaria. Según este planteamiento, a partir de él se podrían agregar todas las propuestas de consenso, las cuales podrían distinguirse en dos ámbitos dentro de una misma iniciativa de ley: lo normativo en materia tributaria (los nuevos impuestos), y lo recomendativo: hacia la Administración Tributaria, hacia la Comisión de Aduanas, hacia la Comisión de Gasto, hacia la Comisión de Hacendarios, etc.

El señor Jefe de Fracción del PLN, don Bernal Jiménez, fue bastante incisivo en criticar esa propuesta, pues en su criterio, no mostraba un enfoque integral para una situación de contingencia fiscal. Además, fue enfático en insistir en que en toda esta situación, el Banco Central de Costa Rica debe dar cuentas y aportar en la solución, pues es responsable de la tercera parte del déficit fiscal que tanto nos preocupa a todos.

El señor Viceministro de Hacienda, don Carlos González, le respondió a dicho legislador, indicando que el Gobierno sí tiene propuesta clara y que los informes que entregó el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, detallando estimaciones de ingresos de los impuestos propuestos, había sido elaborado, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda. Además, indicó que el Gobierno ha cedido en tres oportunidades distintas sobre el contenido de la emergencia fiscal. Todo ello muestra, según su criterio, que el Gobierno sí tiene una actitud responsable y clara del problema en discusión.

Ante el entrabamiento de la discusión y la práctica llegada a un punto muerto, el señor Jefe de Fracción del PUSC, don Mario Redondo, decretó un receso para intentar un consenso. Dicho receso, a pesar de lo prolongado que fue, no arrojó éxito. Para el PUSC, si bien le pareció aceptable la propuesta conjunta PLN-PAC, la frase en el tercer enunciado de la misma, “…el establecimiento de tributos directos transitorios, por el plazo de un año, …”, propuso un cambio que no le fue aceptado. Este cambio es de fondo y consistía en eliminar la palabra “directos”, dejando entrever la posibilidad de que en la contingencia hubiese impuestos indirectos, léase ventas.

Varios diputados y representantes de sectores sociales, nos opusimos, fuertemente, a la pretensión de PUSC. Particularmente, los legisladores don Bernal Jiménez, doña Nury Garita, don Rodrigo Alberto Carazo y doña Margarita Penón, indicaron que sería incorrecto y un desaire a la ciudadanía, aceptar, por ejemplo, cambios en el impuesto de ventas, como parte del plan de contingencia. Por supuesto que, en todo momento y en nuestro caso particular, estuvimos manifestando nuestra posición en esa dirección.

El Gobierno se aferra a su tesis de que el déficit fiscal hay que reducirlo en dos puntos del PIB, para el año 2003; por tanto, el Gobierno indica que se necesita un monto de 100-120 mil millones de colones. No ha logrado explicar, la “magia” de esa cifra de reducción. Contrariamente, se le indicó al Sr. Viceministro de Hacienda, don Carlos González, porqué no la reducción dejarla en un 1 % ó en un 1.2 % del PIB, ¿por qué específicamente 2 %?…

Nadie sabe la razón del empeño gubernamental en ello. Bueno, en teoría… ¿Obsesividad macroeconómica?; ¿fundamentalismo fiscalista?; ¿neoliberalismo puro?… Vaya usted a saber. Lo real es que muchos pensamos que el Gobierno se equivocó de representante, sin que por ello se interprete que estamos demeritando la calidad profesional del Sr. Viceministro. Es decir, el “no me defiendas compadre”, parece ser el pensamiento del distinguido Jefe de Fracción oficialista, don Mario Redondo, aunque no lo podemos asegurar.

El señor Viceministro parece “agobiado” por la reunión que en estos días tendrá con banqueros internacionales, según entendimos (personeros de las famosas “calificadoras de riesgo”). Aparentemente debe llevar buenos “resultados” y según su criterio lo que está pasando en la Comisión Mixta, no estaría satisfaciendo sus aspiraciones de mostrar que Costa Rica está haciendo su tarea fiscal “bien” (¿?). Tan es así, que dentro del tenso debate en el receso, se dejó decir que el impuesto a los celulares era prioritario para el Gobierno, pese a que sabe que tal propuesta no tiene espacio político.

Para los diputados de Gobierno, un plan de contingencia fiscal de sólo impuestos directos, no alcanzaría. Dicen que el Gobierno ha quedado “atado de manos”, que se le ha amarrado. Que habrá un colapso de la inversión social, ya de por sí paralizada. Acusaron al PLN y al PAC de temerle a la toma de decisiones, aunque representen un alto costo político… En algún lado (ciertos editoriales), hemos oído ese discurso, ¿no es cierto?… También la emprendió contra el diputado libertario, Sr. Malavassi, porque no apoya su tesis y él no ha convocado a la subcomisión que debe revisar las reformas al Código de Normas y Procedimientos Tributarios. (Valga indicar que el diputado Malavassi, no votó ninguna de las dos mociones).

Tanto éste como el dip. Jiménez Monge, se sacudieron. Este último le rechazó las críticas, indicándole que el PLN le aprobaría todos los impuestos de la propuesta de Gobierno, aún en el de los casinos (que debían rechazarse por razones morales). La diferencia es que no se deben incluir impuestos indirectos, que no es necesario reducir el déficit en un 2 % y que debe incluirse la cuestión de la política monetaria del BCCR.

También indicamos que el Sr. Ulises Blanco, representante del Foro Agropecuario, objetó la propuesta de impuestos a las sociedades anónimas, argumentando la situación de las pequeñas y de las medianas empresas. Planteó que lo más indicado sería un impuesto sobre patrimonio y no sobre capital social. A nosotros nos pareció lógica tal propuesta.

En síntesis, el Gobierno-PUSC no logró marcar el rumbo que hubiese pretendido para las definiciones en materia de contingencia fiscal. Es claro que no han renunciado a modificar el impuesto sobre las ventas, para esta coyuntura (tampoco a lo de los celulares, según parece). La alianza PLN-PAC, pareciera enrumbarse a marcar el sendero a seguir de ahora en adelante. Esta nueva coyuntura abre mucho mayor espacio para posicionar nuestras preocupaciones de cara a lograr el cumplimiento del verdadero objetivo que anima la creación de dicha comisión, así como la visión que sobre el problema tenemos importantes sectores sociales y productivos: la solución estructural al desequilibrio de las finanzas públicas. El verdadero Pacto Fiscal que necesita Costa Rica, como piedra angular, a lo mejor, del nuevo Pacto Social que nos contenga a todos dentro de una sociedad de inclusión.

Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)
Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del
Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE)
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Mesa Nacional Campesina (MNC)
Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos
Grupo Indígena IETSAY