Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

PRIMERO: El proyecto Ley Marco de Empleo Público representa, en el caso de los gobiernos locales costarricenses, una involución y un retroceso de siete décadas en el desarrollo de la institucionalidad democrática y republicana de las municipalidades. “Se debe desligar a las municipalidades-como cuerpos elegidos por el pueblo- de las influencias del Poder Ejecutivo.” (palabras de un constituyente de 1949).

SEGUNDO: El proyecto Ley Marco de Empleo Público somete a las municipalidades a las decisiones circunstanciales de la Casa Presidencial de turno, en materia de gestión estratégica e integral de Recursos Humanos; y, por ende, invade los espacios autónomos de ejecución administrativo-financiera según las necesidades comunales. Se abre, así, un portillo de consecuencias insospechadas, pero temibles.

TERCERO: El proyecto Ley Marco de Empleo Público, sienta las peligrosas bases para abrirle paso a un modelo de Estado de corte autoritario-totalitario, excesivamente verticalista; modelo de Estado que existía antes de los dolorosos acontecimientos de la Guerra Civil entre costarricenses, ocurrida en marzo-abril de 1948, lo cual contribuyó o fue una de las causas de ese conflicto armado que le quitó la vida a, al menos, 2000 compatriotas de entonces.

CUARTO: El proyecto Ley Marco de Empleo Público contiene groseras violaciones a nuestra Carta Magna del 7 de noviembre de 1949. Está plagado de ocurrencias, de inconsistencias, de improvisaciones irresponsables. Muestran su contenido esencial y sus torpes mociones consecutivas un desprecio profundo de la jurisprudencia constitucional en materia de gestión ejecutiva y de relaciones obrero-patronales a nivel del Estado; un desdén caprichoso y soberbio por los informes previos de gran contenido histórico-jurídico y de solvencia moral internacional, preparados por valiosos especialistas.

QUINTO: El proyecto Ley Marco de Empleo Público es profundamente ideológico, al responder a los intereses de los sectores de mayor poderío económico, los cuales resienten la tardanza en la apropiación privada de las más relevantes empresas públicas propiedad de todo el pueblo costarricense; concibiendo esta perversa legislación como un paso fundamental en la ruta egoísta que le quiere imponer al país la plutocracia reinante.

SEXTO: Gran parte de las motivaciones fundamentales que impulsa el proyecto Ley Marco de Empleo Público han sido generadas por la insana práctica de periodismo de odio, mediando matrices mediáticas que han intoxicado a la ciudadanía, con la ejecución de la más perversa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológica jamás desplegada contra grupo social alguno de personas costarricenses, en lo que va de lo que denominamos Segunda República. Una campaña propagandística que mandó al cajón de la basura las elementales reglas de un periodismo decente y equilibrado.

SÉTIMO: Las municipalidades están destinadas a ampliar su red de servicios públicos, fortaleciendo los que actualmente gestionan y asumiendo otros no menos relevantes; mismos que se brindan desde un Estado central colapsado por el pago exorbitante de los intereses de la deuda pública y de la deuda misma; razón por la cual los gobiernos locales deben ser fortalecidos en las más diversas dimensiones para que potencien el desarrollo más integral a nivel de la comunidad; propiciando más empleo, más gestión de micro, pequeños y medianos negocios-empresas y actividades de economía social solidaria. Más programas de prevención social e integración ciudadana; más atención a la juventud; más apoyo a las madres jefas de hogar, más atención a la población adulta mayor, ya creciente; más fortalecimiento para el pequeño y mediano productor agropecuario en los cantones donde corresponda; más recreación y cultura, más deporte y sano esparcimiento.

OCTAVO: El proyecto Ley Marco de Empleo Público castra, de raíz, los indicados y otros aspectos del potenciamiento del desarrollo futuro de los gobiernos locales; con lo cual se va a acrecentar los peligrosos niveles de exclusión económica y de desigualdad social que sufrimos en nuestros cantones y de los cuales, como personal municipal, hace que afrontemos a diario el dolor, las congojas y el sufrimiento de nuestros vecinos y de nuestras vecinas.

NOVENO: Los gobiernos locales nunca debieron ser considerados para incluírseles en esa nefasta legislación de empleo público; por demás, un proyecto que nunca fue exigencia o requisito para que el Fondo Monetario Internacional (FMI), le dé un préstamo al país por 1.750 millones de dólares que Costa Rica no los necesita, pues las alternativas internas sobran para atender el problema de las finanzas públicas; problema que ninguna persona trabajadora municipal del país, ni nuestras respectivas autoridades en los gobiernos locales jamás generó.

DÉCIMO: La población trabajadora del sector municipal, como personas asalariadas honestas que laboran para este sistema institucional, el cual es esencia misma de la Democracia, se han comprometido desplegar todos los esfuerzos necesarios, en los más diversos ámbitos, tanto en lo local como en lo nacional, así como en lo internacional, para salvaguardar una de las herencias más sensibles de nuestra institucionalidad actual: la Constitución Política de 1949 y su constitucional régimen municipal.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

¿Fin del neoliberalismo? ¡Por supuesto que no! Sí está llamando mucho la atención varios anuncios de nuevas políticas fiscal-tributarias, sociales y salariales que ha venido formulando el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden; decisiones ejecutivas que tendrán que pasar por el congreso de ese país pero que, sin duda, alguna, están generando diversas reacciones en el mundo de la política, de la economía, de la sociedad y del imperio mediático dominante, tanto dentro de ese país como fuera de él. Él pronunció su primer discurso como Jefe de Estado estadounidense ante el congreso en pleno: la cámara de representantes y el senado.

Pero, ¿qué está diciendo el presidente Biden al punto de que, a nivel del mundo sindical y social continental, se estén destacando sus anuncios, los cuales (como era lógico suponer), no están siendo objeto de atención de prensa, al menos en profundidad, por parte de los mass media ideológicamente hegemónicos alineados con el neoliberalismo. No podía ser de otra manera.

Anunció el mandatario estadounidense un aumento del salario mínimo a 15 dólares la hora (unos 9.300 colones), por una jornada semanal de 40 horas; que ninguna persona trabajadora estadounidense debe estar bajo el umbral de pobreza. Evidentemente, aquí se plantea aumentar el poder de compra, el poder adquisitivo de los salarios con miras, de seguro, a fortalecer el mercado interno gringo.

Habló el presidente Biden en su primer mensaje al congreso de Estados Unidos de impulsar una legislación para la equidad salarial, buscando más y mejores oportunidades para las mujeres. Además, fue enfático en que los Estados Unidos debe reactualizar su ley de violencia contra las mujeres.

También, algo que no se había escuchado por boca de un político estadounidense de tan alto nivel, tiene que ver con la cuestión tributaria fiscal. Hay que resaltar esto si consideramos que muchas personas y entidades estudiosas y serias de esta materia, en varias partes del mundo, nos dicen que estamos viviendo la época de la mayor desigualdad de la historia de la Humanidad.

Dijo el presidente Biden de que ya es hora de pedir que paguen (tributen) lo justo al 1% de la población más rica de Estados Unidos; y, por el contrario, que ya no se van a poner más cargas impositivas a la clase media, la cual ya ha tributado lo suficiente. Resaltó que 650 multimillonarios estadounidenses incrementaron en tiempos de pandemia, lo que ya de por sí eran sus extraordinarias riquezas antes de la aparición de la misma.

Aquí reseñamos este increíble comentario del presidente Biden (traducción libre), en cuanto a que Wall Street no construyó Estados Unidos, sino que fue la clase media la que construyó a los Estados Unidos y fueron los sindicatos los que construyeron esa clase media.

Como sabemos, hablar de Wall Street es mencionar el corazón fundamental del circuito financiero global del capitalismo neoliberal imperante, sin control alguno, en el planeta.

Por cierto, el presidente Biden ya había indicado en otro escenario lo siguiente, con relación al derecho obrero a sindicalizarse libremente: “… Y no debe existir ninguna intimidación, ninguna coerción y ninguna propaganda anti-sindical. Ningún supervisor debe confrontar a los trabajadores en relación con sus preferencias sindicales. Todo trabajador debe tener una justa y libre cuota de permanecer a un sindicato. La ley garantiza esta escogencia. Y es su derecho, no del patrono. Ningún patrono puede privarlos de ese derecho”.

Que la atención médica debe ser un derecho y no un privilegio es, a nivel del pueblo costarricense, un asunto que consideramos consustancial a nuestras vidas en este país. Pese a todos los riesgos que lo amenazan, el derecho a la salud como derecho humano fundamental para los y las costarricenses, lo materializamos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la más importante entidad de propiedad pública de las que todavía nos quedan.

Pero que sea el presidente estadounidense el que esté diciendo eso, que la atención médica es un derecho y no un privilegio, sin duda alguna, es de ponerle cuidado, habida cuenta que dentro del conglomerado del poder real en ese país (y a nivel global), las casas farmacéuticas jamás aceptarán tal postulado.

¿Los “novedosos” anuncios del presidente Biden en materia tributario-fiscal, social y laboral podrían considerarse como señales del fin del neoliberalismo? ¡No lo creemos! Sin embargo, a nivel de la militancia sindical con sentido político-estratégico no los podemos dejar pasar desapercibidos.

¿Quiere Biden darle al capitalismo imperante en su país, una dosis de humanismo, para tratar de detener el descenso de Estados Unidos como potencia planetaria ahora que su liderazgo ha dejado de ser monopólico? Podría ser…

Lo que sí es real, es que la tesis extremista del todo mercado-nada Estado, la del mercado total, implementada por el neoliberalismo fundamentalista del capital financiero; no solamente ha generado que esta sea la época más desigualdad de toda la historia de la Humanidad, sino que, está acabando con la Humanidad misma. ¿Será que Biden y sus asesores, como el senado Bernie Sanders, se han puesto a pensar en ello con seriedad?…

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Con base en el informe más reciente en la materia, emitido por la Contraloría General de la República (CGR), ente fiscalizador de hacienda pública nada amigable con el empleo público, la impagable (en criterio nuestro), deuda pública ha llegado, al terminar el año pasado 2020, a los TREINTA BILLONES DE COLONES. En cifras, hay que escribir el número 30 seguido de 12 ceros (30.000.000.000.000).

Es ésta la verdadera y profunda causa de los serios problemas fiscales del país; los cuales se agravan porque esa gigantesca e impagable deuda pública está demandando, al inicio del presente año 2021, la no menos gigantesca carga de 230 millones colones, por hora, en pago de sus intereses, calificados como obscenos en las mismas esferas de la hegemonía económica dominante, que es la del fanatismo neoliberal.

Treinta billones de colones de deuda pública (30.000.000.000), nos indican que cada persona costarricense viva en estos momentos (bebé, infante, niño-niña, adolescente, persona joven, adulto joven, adulto y de tercera edad), está “debiendo” 6 millones de colones.

Treinta billones de colones de deuda pública (30.000.000.000), convertidos en dólares estadounidenses, promediando un valor de 615 colones de tipo de cambio, indican que equivalen a 48 mil 780 millones de $ (exactamente, 48.780.487.804, 87). Para mejor comprensión, de manera redondeada, la deuda pública es de 50 MIL MILLÓNES DE DÓLARES: 50.000.000.000.

En consecuencia, con una población costarricense de 5 millones de personas, la deuda pública, per cápita, en moneda estadounidense, es de 10 mil dólares.

Esta monstruosidad de las cifras de deuda pública, al cerrar el año pasado 2020, aunada a la espantosa circunstancia de un pago de intereses por hora de 240 millones de colones (al inicio del 2021), es la base fundamental del problema fiscal nacional; por ende, no es el empleo público. ¡No lo es y nunca lo ha sido!

He aquí la gran patraña, la más grande manipulación de la opinión pública desde la fundación de la denominada Segunda Pública, en 1949, de que el empleo público era la razón de todos los males, fiscales y no fiscales, del país.

Si gigantesca es la magnitud de la deuda pública al término del 2020, como su pago obsceno de intereses por el orden de los 240 millones de colones cada 60 minutos, también lo es; políticamente hablando, estamos presenciando y sufriendo la gigantesca irresponsabilidad de la mayoría mecánica que en la Asamblea Legislativa no abordan este tema; y, por el contrario, siguen impulsando la Ley Marco de Empleo Público, plagado de inconstitucionalidades y otras aberraciones jurídicas; proyecto que, ni en lo más mínimo, aportará a superar el problema más que gigante del endeudamiento público.

Por el contrario, lo realmente urgente es, por una parte, emitir una ley para la realización de una Auditoría Ciudadana de la deuda pública y, a la vez, entrarle con fuerza a su renegociación, a su reingeniería, a su redimensionamiento. Por otra parte, mediando un gran pacto nacional de fuerzas políticas y sociales, fomentar una revisión integral de todos los aspectos y contenidos de la situación fiscal-tributaria nacional.

Con plena seguridad, ninguna de las precandidaturas presidenciales hablará con contundente puntualización de este grave problema. ¿Por qué razón? Pues el déficit, la deuda impagable y su abusivo pago de intereses es un suculento negocio para el grupo plutocrático que tiene el poder en la Costa Rica de la actualidad.

Téngase en cuenta que, por ejemplo, el abusivo pago de intereses de la deuda pública está golpeando la calidad de servicios públicos fundamentales, precarizándolos al máximo; que está dificultando la reactivación económica y que está empobreciendo, de manera acelerada, a amplios sectores de las capas medias a las cuales se les está exigiendo más cargas tributarias.

A la vez, es sabido que el mismo déficit, la propia y su pago de intereses está representando un extraordinario negocio financiero que enriquece a una minoría plutocrática, ya de por sí con amplios márgenes de acumulación.

El pueblo trabajador, más allá de quienes deben reaccionar con urgencia, que es el sector laboral del empleo público, debe movilizarse en todos los niveles posibles; considerando que urge el establecimiento sobre la marcha de una coalición cívica urgente y para la acción, antes de que nos terminen aplastando la actual camarilla gobernante, neoliberalmente desalmada.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

La secta ideológico-política, de corte fundamentalista-extremista, que controla la Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa, con el apoyo de los medios de comunicación colectiva especializados en la práctica insana y enfermiza del periodismo de odio, insisten en imponernos un “convenio” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), partiendo de tres medidas sustentadas en una grosera manipulación que, sin duda alguna, merece la más enérgica condena.

Primero: es absolutamente falso que la gente del FMI pidiera una ley de empleo público. Segundo: igualmente, es absolutamente falso que solicitaron la aprobación de un paquete de impuestos; y, mucho menos, que éste fuera en contra de las golpeadas capas medias y en contra de la gente pobre. Tampoco, la gente del FMI vino a exigir “venta de activos”, como suele definirse a la privatización abierta de las más rentables empresas públicas que todavía quedan en manos del pueblo costarricense.

Mienten, de la manera más descarada y vil, ejecutando una conjura de falsedades, una larga lista de amanuenses, presentadores de noticias, opinólogos y similares, editorialistas y columnistas que están acosando a la sociedad en el sentido de que, si no hay convenio con el FMI, Costa Rica se muere. ¡Nada más ruin!, por una parte.

Por otra, que el proyecto de empleo público, actualmente en trámite legislativo, sea condición indispensable para tal convenio, es una de las más repudiables mentiras de esa política sucia de agresión psicológica y de terrorismo ideológico que la secta política dominante está desplegando contra la gente, en estos momentos de gran tensión social.

Criterios altamente especializados provenientes de diversas fuentes de pensamiento sociopolítico y económico, han venido fundamentando la tesis de que Costa Rica no ocupa de convenio alguno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Existen una buena cantidad de propuestas del más diverso orden que apuntan para una solución nacional al grave problema de las finanzas públicas, si fuese la búsqueda y la promoción del bien común la inspiración central de la acción gubernativa.

La corriente sindical en la cual militamos, misma que ha acumulado un valioso acervo de propuesta alternativa al modelo excluyente de sociedad que se nos viene imponiendo, está convencida, desde el mismo inicio de la campaña pro-FMI, de que el país no ocupa un convenio con esta entidad financiera internacional.

En tal sentido, hemos estado actuando de manera consecuente y hemos estado procurando aportar para que haya un fuerte sector social de múltiples componentes organizacionales, que haga de necesario contrapeso al bloque político-ideológico de la secta que ha venido controlando los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Dicho bloque político-ideológico construido por la secta dominante de ambos poderes, no acepta argumentos de ninguna clase que no sean aquellos que sustenten su visión extremista del problema fiscal nacional. Tienen, además, un profundo menosprecio por el conocimiento acumulado por la sociedad en cuanto a las cuestiones de la integración social con inclusión económica; amén de que desprecian las opiniones expertas de alta calificación científico-técnica que les dice que ese fundamentalismo macro-económico y fiscal, solamente da base para escenarios de confrontación en diversos escenarios.

Así planteado tal estado de cosas en la realidad costarricense del momento, la acción sindical con fuerte sesgo corporativista-gremialista, no solamente representa un enfoque tremendamente egoísta e impropio para los altos niveles de exclusión social y económica que enfrentamos; sino que, fortalece el posicionamiento contra la sociedad que ha venido teniendo tal secta dominante al recibir ésta “oxígeno” político desde el lado obrero, el cual, por supuesto, no ocupa. Algunos, de nuestro lado, no quieren entender que los neoliberales no negocian, imponen; y lo que corresponde es pasarse del lado de la gente, de la ciudadanía excluida o a punto de serlo. Es éste el camino por el cual hemos optado en la corriente sindical que ocupa nuestro esfuerzo todos los días.

Albino Vargas Barrantes. Secretario General (ANEP)

Aprovechamos el valioso espacio que nos concede El Guardián para expresar una opinión semanal acerca de la realidad político-económica y social del país, desde la perspectiva del concepto de Sindicalismo Sociopolítico, en el cual creemos y en cuyo seno militamos; para compartirles las 15 razones que motivan al Movimiento Rescate Nacional a volver a la protesta social, el próximo 15 de febrero en curso y según lo han dado conocer sus representantes. Se citan esas 15 razones copiadas de un folleto impreso que ya están circulando en sus bases. Tal documento contiene esta significativa frase final: “Porque el pueblo es el Soberano y debe ser escuchado”.

1. Porque es un derecho constitucional en ejercicio ante un gobierno insensible, represivo, incapaz, teñido de corrupción y que gobierna para las clases económicamente poderosas.

2. Porque el Gobierno y la Asamblea Legislativa se empeñan en imponer la agenda complementaria con el Fondo Monetario Internacional, que generará más endeudamiento, aumento de impuestos, desempleo, más pobreza y mayor desigualdad; iniciativa que fue rechazada en las calles por el Movimiento Rescate Nacional en el 2020, ya que existen otras alternativas para resolver el déficit fiscal.

3. Porque lejos de atacar la evasión, la elusión fiscal, el contrabando aduanero y la corrupción, el gobierno se ensaña contra el pueblo trabajador, el sector productivo y nuestro Estado de Derecho.

4. Porque los partidos políticos, Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Acción Ciudadana, Restauración Nacional y otros, avanzan con proyectos para gravar a la clase media y baja con más impuestos y con el aumento del IVA; mientras grandes empresas declaran cero ganancias o gozan de exoneraciones como las zonas francas que deben pagar impuestos de forma solidaria.

5. Porque el país requiere de un verdadero plan de reactivación económica.

6. Porque el impuesto a bienes inmuebles, disfrazado para casa de lujo, recaerá sobre las propiedades, incluyendo los terrenos o fincas de la mayoría de los costarricenses, ya que el valor fiscal lo establecerá Hacienda de manera antojadiza y no ajustado al valor real de la adquisición del bien, lo que hará que muchos costarricenses vean sus propiedades rematadas.

7. Porque el proyecto de renta global que grava los ingresos a trabajadores del sector privado y público, generará más recesión económica al congelar salarios; mientras los bienes y servicios como canasta básica, electricidad, combustibles y otros aumentan día con día y se pierde el valor adquisitivo del salario.

8. Porque la reducción del gasto público no se aplica a contrataciones de obra pública, asesorías, altos salarios de jerarcas, pensiones de lujo, alquiler de edificios, dietas de juntas directivas, gastos de representación; sino al recorte de programas sociales.

9. Porque la venta de la cartera de CONAPE elimina la posibilidad de financiamiento de carreras a estudiantes de escasos recursos a intereses accesibles.

10. Porque los ricos deben pagar impuestos como ricos y los pobres como pobres; las cooperativas y las asociaciones solidaristas no se deben gravar porque ahí ahorra la clase obrera media y baja y eso significa un impuesto indirecto más al salario de la clase trabajadora.

11. Porque este gobierno insiste en desaparecer la clase media y gobernar para el empresariado de las grandes riquezas.

12. Porque no aceptamos la venta de activos del Estado, la privatización del agua, o la aprobación de una nueva ley de semillas que acabaría con la producción de semillas criollas.

13. Porque el sector agropecuario, pesquero, turismo, transporte y comercio en general, urgen de refinanciamiento y de una moratoria de pagos y de medidas que limpien su record crediticio para acceder a crédito.

14. Porque el Gobierno debe dar cuentas en qué se gastaron los 504 millones de dólares del primer desembolso del FMI y quiénes son los beneficiarios o tenedores de deuda de los 196 millones de colones por hora, o sea, casi 5 mil millones de colones diarios que se pagan por intereses de la deuda pública.

15. Porque los delitos contra la hacienda pública no deben prescribir y se deben pagar con cárcel y con el patrimonio.

La corriente sindical en la cual militamos ha expresado, de manera oficial, su identificación y su convergencia con la agenda de lucha del Movimiento Rescate Nacional.