-Emplazamiento público a Oscar Arias, a Laura Chinchilla y a Francisco Jiménez (exministro del mopt de ambos y expresidente de japdeva): ¡salgan a dar la cara!
-ANEP hace un llamado a especialistas jurídicos patrióticos para llevar el caso al Ministerio Público
¡Inmoral!, ¡Antiético!, ¡Vulgar! Son los más
apropiados calificativos que encontramos, al hacerse público ya, para
calificar el proceso de “renegociación”, a la baja, de las
altísimas tarifas de operación portuaria que, complacientemente, le fueron
concedidas al emporio transnacional APM-Terminals, al cual le fue otorgada la
operación de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), hasta hace poco operada
por JAPDEVA; mediante un proceso de concesión tan controversial como
cuestionado, en su momento, por los sindicatos SINTRAJAP y ANEP y otros
sectores de la ciudadanía patriótica costarricense, alertando de manera
preventiva y en su momento lo que ya es una realidad: una concesión fallida que
está golpeando (y que golpeará todavía más), el bolsillo del pueblo trabajador.
Efectivamente, tanto SINTRAJAP como ANEP
desplegamos una rotunda oposición, técnica y profesionalmente fundamentada, a
esa concesión, abusiva y expoliadora del patrimonio público nacional, en manos
de JAPDEVA. Hoy, con la frente muy en alto, decimos: ¡TENÍAMOS RAZÓN! Con
JAPDEVA se hacía mejor y era más barato.
En los últimos meses hemos visto al gran
empresariado exportador-importador rasgarse las vestiduras, llorar lágrimas de
cocodrilo, al sentir en carne propia la voracidad tarifaria de AMP-Terminals,
cuando en aquel momento vilipendiaban las posiciones sindicales responsables y
patrióticas que denunciábamos lo que finalmente ocurrió: el expolio de JAPDEVA
y la entronización de una especie de saqueo legalizado a las golpeadas finanzas
de la gente. Particularmente ha sido tan fuerte la gritería de los exportadores
bananeros y piñeros que Carlos Alvarado Quesada les abrió la mesa de la
“renegociación”. El político del PLN, también gran empresario del banano,
Antonio Álvarez Desanti, salió a dar, de manera farisea, también su lamento
testimonial.
Los términos de la “renegociación” ya están
dados: Se trata de una “renegociación” entreguista como lo fue la propia
concesión. APM-Terminals no perderá un solo centavo de dólar y será el Estado,
el pueblo costarricense, el que le repondrá cualquier rebaja tarifaria, por
mínima que ésta sea.
Las alternativas para que APM, si accede a
rebajar tarifas, no pierda un centavo son las siguientes: a) ampliar el plazo
de concesión, a más de los 33 años inicialmente otorgados; b) reducir el aporte
que la transnacional debe dar para el desarrollo de Limón; c) que el Estado le
construya obras adicionales y/o que le compre equipo para una mejor
operatividad; d) que el Estado le gire dinero, fondos, directamente a favor de
APM, es decir, que el pueblo todo, a través de los impuestos que paga, le
subsidie a los exportadores-importadores su actividad en los muelles del
Atlántico.
Así fue pactado en el contrato de concesión
que negociaron en su momento Oscar Arias Sánchez y Laura Chinchilla Miranda, en
su condición de ocupantes de la Presidencia de la República, al dar la
viabilidad política pertinente; junto al señor Francisco Villalobos, ocupante
en ambos gobiernos de la cartera ministerial de Obras Públicas y Transportes
(MOPT), así como también de la Presidencia Ejecutiva de JAPDEVA. ¡Salgan a dar
la cara!
ANEP hace un llamado a connotados
especialistas jurídicos de naturaleza patriótica para que analicen la
posibilidad de llevar a estas personas al Ministerio Público, pues son las
responsables directos de un contrato tan perjudicial para el patrimonio público
del país y tan perversamente dañino para los bolsillos del pueblo
costarricense, que ya ha sido sumamente explotado con esta leonina concesión;
sin hablar de lo que ya está sufriendo la comunidad limonense y lo que todavía
le espera a ésta si esta barbaridad contractual se consolida todavía más.
Dejamos constancia explícita de nuestro
respetuoso anhelo para que las fuerzas vivas y sanas de la comunidad limonense
asuman, ahora, un renovado papel de responsabilidad cívica ante esta vergonzosa
e indignante circunstancia con este, repetimos, inmoral, antiético y vulgar
proceso de “renegociación” de las abusivas tarifas que se están cobrando en las
tarifas de Moín por parte de la transnacional APM Terminal; especialmente en
estos momentos en que el propio Ministro de Obras Públicas y Transportes
(MOPT), don Rodolfo Méndez Mata está admitiendo, cínicamente, que esta
concesión fue un error.
Como la capacidad de soñar no tiene límite,
tal vez sí sea ésta la ocasión en que el pueblo limonense se levante y demande
un real respeto de parte de los gobernantes a tanta burla reiterada por parte
de las sucesivas autoridades ejecutivas y legislativas del ya tripartidismo
reinante en la cosa pública del país.
“Si es sumamente
grave que aventureros extraños se atrevan a comprar la Patria, es mucho más
grave e ignominioso, que hijos del país de bruces se la vendan”: apelamos a este extraordinario pensamiento cívico del gran patriota
costarricense, don Joaquín García Monte, para reiterar el llamado vehemente a
que don Óscar Arias, a doña Laura y don Francisco Jiménez, para que salgan a
dar la cara; y, ojalá, tengamos la oportunidad de ver que dan la cara en
estrados judiciales.
San José, viernes 3 de enero de 2020.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
