La ANEP y el Sindicato de Empleados del Tribunal Supremo de Elecciones (SETSE) firmaron un acuerdo de cooperación bilateral en temas de información y comunicación, capacitación y formación laboral-sindical, entre otros.
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Requiem al derecho de huelga
Por: Albino Vargas Barrantes
Ante la inminente aprobación legislativa del proyecto popularmente denominado “ley mordaza”, cuyo nombre oficial es Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”, expediente legislativo No. 21.048; dado que el pasado viernes 9 de agosto, se aprobó en comisión parlamentaria, con una especie de “mayoría mecánica” de 5 votos a 1, han de escribirse muchas líneas, párrafos, páginas y libros.
Con el valor que da tener criterios de la más alta especialización en la materia, nuestras primeras impresiones ante esa nueva realidad político-social que se está abriendo paso, le compartimos a usted algunas impresiones, compartiéndoles que nuestro nivel de indignación es de tal calibre, como el nivel de resistencia que ejecutaremos en defensa de la Democracia misma.
El expediente aprobado, 21.049, incorpora los contenidos de su “gemelo”, el 21.097, el de la prohibición del ejercicio constitucional de huelga en la práctica totalidad de los servicios públicos que se estaba tramitando de manera paralela. Se fusionaron en uno solo.
El proyecto fusionado, como sus versiones originales paralelas, parte de un enfoque autoritario de las relaciones laborales, el cual concibe la huelga como una actividad antisocial que debe ser reducida a su mínima expresión, imponiéndole una serie de medidas represivas y sancionatorias.
Desde este enfoque, el proyecto lo que propone es profundizar el esquema prohibicionista de la huelga ya vigente en el Código de Trabajo; sometiendo el ejercicio de este derecho fundamental a un sinfín de requisitos y condicionamientos que no son otra cosa que verdaderos impedimentos que hacen nugatorio el derecho.
El ensañamiento contra este derecho de los trabajadores es tan encarnizado que no han quedado por fuera las medidas tendentes a criminalizar a las organizaciones sindicales por actos de huelga, estableciendo una serie de causales de disolución para los sindicatos que organicen movimientos de huelga.
Del contenido del proyecto destaca la prohibición a las huelgas contra políticas públicas, buscando con ello la criminalización del derecho ciudadano a la protesta.
Se refuerza la incorporación de una extensísima lista de actividades consideradas servicios públicos esenciales, en las que se cercena por completo el derecho que tiene los trabajadores de ejercer la huelga.
Para donde no llega la prohibición absoluta del derecho, se crea una categoría novedosa de servicios llamados de “trascendental importancia”en los que se incorporan una larga lista de actividades donde la huelga queda sujeta a fuertes limitaciones, para que en caso de darse su manifestación sea absolutamente inofensiva a los intereses del patrono y, por ende, ineficaz para la defensa de los derechos de los trabajadores.
Los condicionamientos que el proyecto de ley impone para el ejercicio de la huelga son tantos y tan abigarrados que hacen imposible a los trabajadores lograr que una huelga sea declara legal; pero por si acaso tal cosa llega a darse, no se permite que la huelga legal en servicios públicos dure más de 8 días.
Algo parecido sucede con la huelga en el sector educación. En este caso con la venia de los sindicatos del Magisterio Nacional, la huelga de los trabajadores de la educación pasa a ser un remedo de protesta que sujetada a servicios mínimos y se limita a 21 días naturales de duración, es decir, a tan solo 15 días efectivos, cumplidos los cuales todos los docentes deben, sí o sí, reincorporase a sus puestos, so pena de despido sin responsabilidad patronal y desde luego, rebajándoles el salario.
El proyecto no deja resquicio alguno a través del cual los trabajadores vean la luz del derecho de huelga.
En definitiva, el texto de este nuevo proyecto supone la muerte del derecho de huelga en Costa Rica.
Este proyecto de ley constituye una afrenta a los valores y principios democráticos que inspiran el sistema político del país, razón por la cual nos oponemos a su aprobación; ya no solo desde nuestra posición sindical sino desde nuestra posición ciudadana, esto es, como ciudadanos de un país libre y democrático, habituados a las reglas de convivencia social propias de este sistema.
Con este proyecto de ley, los señores diputados no sólo limitan o coartan la libertad sindical y el ejercicio del derecho de huelga. También restringen las libertades públicas básicas y elementales del sistema democrático. Esta es en definitiva la labor que llevan a cabo el sicariato político-parlamentario, liderado por el señor legislador Carlos Ricardo Benavides Jiménez.
Pronunciamiento del Encuentro Social Multisectorial sobre el acuerdo del Gobierno con sindicatos de la CCSS
Camino equivocado
Al Encuentro Social Multisectorial (ESM), instancia formada por diversos actores sociales, tanto del sector productivo y laboral, como de la sociedad civil y de distintas regiones del territorio nacional, nos preocupa sobremanera el discurso duro, retador y ofensivo que algunos dirigentes del sector empresarial de los grandes consorcios corporativos de nuestro país, han venido utilizando en los últimos meses a través de sus medios de comunicación (emisoras de radio, periódicos y televisoras tradicionales).
No solamente están errados con el contenido de sus discursos, sino que la forma en que lo hacen es impropia para una sociedad con espíritu democrático maduro; para una sociedad que ha sabido, hasta ahora, leer en forma adecuada las coyunturas del entorno mundial, para plantearse desde adentro, a la tica, sus propias soluciones.
Cuestionar el arreglo que el Gobierno de la República hizo con el sector laboral de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), puede ser tolerable; pero exigirle al Gobierno que lo revierta es indebido a todas luces; pues ustedes, los notables líderes de ese gran empresariado y como personas del sector dominante, también deben respetar nuestro Estado Social de Derecho.
El arreglo acude a los tribunales, forma inteligente de encontrar solución a los conflictos, en una sociedad donde toda la ciudadanía debe apegarse a los procedimientos vigentes.
Respetados señores empresarios que hacen el berrinche: ustedes entienden perfectamente que una ley impulsada a la fuerza del capital (combo fiscal) , sin ningún sustento popular y cuyo contenido lesiona a las grandes mayorías, tendrá diferentes aristas que rosan contra la estabilidad de sectores e instituciones; por lo tanto, acudir a los tribunales para dirimir las diferencias es asunto que debemos aplaudir, es asunto que debemos verlo como un gesto maduro de quienes estaban buscando una solución a sus conflictos.
Si en verdad están preocupados por las finanzas públicas, los invitamos a que demos una lucha conjunta para que se legisle en función de evitar las evasiones fiscales, los contrabandos, las exoneraciones, el dudoso pago de alquileres, el abuso en las contrataciones (ya sea de obra pública, de venta de bienes y servicios que el sector privado le ofrece a nuestro Estado), el manejo oculto y dudoso de la deuda pública, etc., etc., etc.
Allí si podemos encontrar mecanismos no lesivos para la sociedad costarricense que eliminarían de una vez por todas, el déficit fiscal de nuestra querida Costa Rica.
Disparar con bravura cortinas de humo para ocultar las verdaderas soluciones que debemos poner en práctica, es seguir usando al Estado costarricense como instrumento para aumentar sus capitales sin ninguna retribución al resto de la sociedad costarricense.
No se olviden: el país es de todos y todos sabemos dónde y quienes somos las mayorías.
ENCUENTRO SOCIAL MULTISECTORIAL.
Ulises Blanco Mora
Secretario Técnico
San José, jueves 16 de agosto de 2019
Campaña regional de la CSA sobre cadenas globales de producción
La Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas – CSA – desde su fundación en marzo del 2008 – identificó como un desafío central la actuación frente a las empresas trasnacionales; sea desde el punto de vista de la atención a la organización y defensa de las/os trabajadoras/es de la región con relación directa de dependencia de las mismas para alcanzar los derechos fundamentales en el trabajo, así como para enfrentar el poder corporativo expresado, entre otros, en los cambios en la estructura y organización del mundo del trabajo a nivel global, modelo que atenta contra la inclusión, igualdad y justicia social.
Folleto – ESP by Yariela Novo on Scribd
Cartilla CGP Version Final (1) by Yariela Novo on Scribd
Seccional ANEP-PANI compareció ante Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa
La Seccional ANEP- PANI expuso ante la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, la problemática interna institucional, entre ellas se encuentra la falta de personal, acoso laboral y hacinamiento.
Una de las críticas más fuertes de la Seccional, es que las anteriores presidencias ejecutivas y la actual, tienen conocimiento del abordaje inadecuado que hacen las jefaturas con sus subalternos, lo que ocasiona no solo una violación de los derechos al funcionario sino también afecta el servicio que se debe dar a los menores de edad; al no existir un coordinador con habilidades de líder crea ambientes laborales insanos lo que lleva a toda una gestión institucional al declive en todas las áreas.
Actualmente, no existe una política de sensibilización o capacitación para el abordaje de funcionarios que denuncian ser víctimas de acoso laboral. De hace muchos años lo que se estila en las personas que denuncian acoso laboral es la constante de que son revictimizados por la administración se le estigmatiza al punto de minarlos en todas las áreas físicas, emocional, social y profesionalmente al funcionario.
El Departamento de Recursos Humanos y de las autoridades en general, no promueven el autocuidado o la motivación de sus funcionarios y mucho menos promover políticas necesarias en las personas que trabajan con problemas de tanto impacto emocional como los que se atienden en la institución.
Hace dos años cuando fue instaurada la Comisión que veía las denuncias por acoso laboral, iniciaron con 12. Sin embargo, las denuncias han aumentado y muchas han sido elevadas a sede judicial, ya que en sede administrativa ninguna de las denuncias ha sido acogida como tal. Esto se debe a un sin fín de omisiones que entraban los procesos, aunque existan pruebas contundentes que demuestran el acoso.
Uno de los aspectos importantes de mencionar es que el PANI no cuenta con directrices claras sobre niñez y adolescencia para que los trabajadores puedan orientar las funciones y decisiones en la búsqueda del interés superior de la persona menor de edad. Desde el año 2008, la Seccional ANEP- PANI ha hecho del conocimiento a todas las Presidencias Ejecutivas sobre todas las problemáticas institucionales.
Por otra parte, los albergues del Patronato Nacional de la Infancia cuentan con capacidad máxima para 10 personas menores de edad cada uno. Sin embargo, datos al 1º de julio del 2019, demuestran que existen albergues que funcionan con hacinamiento, por ejemplo, los albergues de Estrellitas de Luz aloja a 18 personas menores de edad, Hogar del Sol con 13, Moravia Dos con 17 y el de Orquídeas con 14 personas menores de edad.
Los funcionarios de oficinas locales del PANI trabajan bajo presión y preocupación personal ante las posibilidades reales de evitar el maltrato y proteger efectivamente a los niños, niñas y adolescentes, en medio de tantas limitaciones. Además, viven con incertidumbre, frustración, debido a que no pueden estar al día con el trabajo por la excesiva carga laboral y la falta de personal.
Trabajar en el PANI es sinónimo de laborar con estrés crónico y esta condición, predispone el desarrollo de múltiples problemas de salud física y psicológica de todos los funcionarios.
Pese a reunión con diputada persisten dudas con el proyecto Nº20.968
Partes definen establecer un equipo de trabajo para corregir redacción del artículo que se reformaría en el Código Municipal.
Representantes municipales de 17 seccionales de ANEP, se reunieron con las diputadas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Aracelly Salas Eduarte y María Inés Solís Quirós, para aclarar dudas sobre el proyecto de ley 20.968. Sin embargo, las dudas siguen rondando dicho proyecto de ley.
Así lo manifestaron los diversos representantes municipales de la ANEP quienes en la reunión cuestionan las potestades que tendrían los alcaldes para generar despidos con este proyecto de ley.
Ante este escenario, las partes acordaron definir en próximas horas un equipo de análisis del proyecto de ley para corregir la redacción del artículo que se reformaría en el código municipal. Dicho equipo estaría conformado por dos asesores municipales de la ANEP y dos asesores de la diputada Aracelly Salas.
El artículo en cuestión indica: “La municipalidad podrá finalizar los contratos de trabajo con responsabilidad patronal, fundamentada en estudios técnicos relacionados con el cierre de programas, la reducción forzosa de servicios por falta de fondos o la reorganización integral de sus dependencias que el buen servicio público exija. Para estos efectos el alcalde municipal podrá ajustar y aprobar modificaciones funcionales y de dependencia jerárquica en procesos de trabajo, ya incorporadas en el manual de organización institucional, siempre y cuando se respeten las estructuras generales de la organización, sus pesos y contrapesos, potestades y límites de acción o, los derechos fundamentales y estatutarios de las personas servidoras”.
Roy Chaverri, Asesor Municipal de la ANEP, agradeció el espacio otorgado, sin embargo, recalcó los cuestionamientos que continúan sobre el proyecto de ley.
“Quedamos insatisfechos con las respuestas que nos dieron, argumentamos que el proyecto de ley facilita y otorga poderes a los alcaldes facilitando y flexibilizando los despidos masivos, basándose en un supuesto criterio técnico. Nosotros que venimos del sector municipal sabemos que la buena voluntad no se siempre se aplica en los municipios.”, dijo Chaverri.
Para Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, la conformación del equipo de trabajo será esencial para corregir “el error que se habría cometido con dicho proyecto de ley”
“Se debe corregir en función para darle tranquilidad y estabilidad laboral a los trabajadores municipales, en atención a eventuales restructuraciones que podrían darse incluso hasta en elecciones municipales”, dijo Vargas.
Durante la reunión los representantes de la ANEP, también solicitaron el apoyo al proyecto de ley N21.430 “Ley de fortalecimiento de la autonomía constitucional del régimen municipal”, presentado por la ANEP con el respaldo del diputado Walter Muñoz y otros diputados.
En la manifestación del día de hoy en San José participaron trabajadores municipalidades de Heredia, Alajuela, San Isidro (Heredia), Escazú, Santa Ana, Curridabat, Tibás, San José, Belén, Moravia, Goicoechea, Aserrí, Flores, San Rafael (Heredia) y Coronado.
Mesa Sindical de Mujeres repudia voto de UCCAEP, oponiéndose a la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo
La clase trabajadora mundial y por supuesto la costarricense celebra con mucho regocijo la adopción del Convenio número 190 y su Recomendación 206 “sobre la Eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”; hecho que se realizó en la recién pasada 108 Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del 10 al 21 de junio del presente año, en Ginebra, Suiza.
En dicha Conferencia participaron 190 países pertenecientes a Naciones Unidas, en donde asistieron las representaciones de los gobiernos, empleadores y trabajadores. Uno de los objetivos primordiales fue la adopción del Convenio 190 y su Recomendación 206, lo que se logró exitosamente.
Sin embargo, para Costa Rica ha sido un logro a medias, ya que el sector de los empleadores ha dado una bofetada a toda la clase trabajadora de nuestro país, oponiéndose a dicha adopción. Ha imperado en ellos el egoísmo, el deseo de continuar explotando a la clase trabajadora, en donde los cuatro postulados del Trabajo Decente no son de acato ni de interés para dicho sector.
La Mesa Sindical de Mujeres (MSM), conformada por las
Secretarías de Género de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP-ANEP), la
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), la Central del Movimiento
de Trabajadores Costarricenses (CMTC) y la Confederación Única de Trabajadores
(CUT), hace una denuncia pública a la delegación de los empleadores,
representada por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector
Empresarial Privados (UCCAEP), por ser uno de los 7 votos en contra por la
adopción de este importante instrumento jurídico internacional, para
garantizar, entre otros aspectos, el derecho de toda persona a un mundo de
trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón
de género.
La violencia y acoso en el mundo del trabajo es uno de los flagelos que azota a las y los trabajadores en el mundo y Costa Rica no escapa a esta cruda realidad.
Así mismo, denunciamos la forma tergiversada en que esta organización empresarial, con apoyo del aparato mediático que responde a sus intereses, han anunciado la adopción de este Convenio y su Recomendación; indicando que se trata de un Convenio para atender las víctimas de violencia doméstica, cuando en realidad se trata, como su nombre lo indica claramente es sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Por lo tanto, hacemos un llamado a la UCCAEP, para que reflexionen y den un paso atrás y pueda nuestro país entonar con lo que se pregona ante el mundo, Costa Rica, un país donde se respetan los Derechos Humanos Fundamentales, donde la Democracia es nuestro estandarte de lucha y libertad.
San José, 28 de junio de 2019.
María Laura Sánchez Rojas
CSJMP-ANEP
Rose Mary Rodríguez Bustos
CTRN
Tatiana Otto Golovina
CUT
Olga Serrano Serrano
CMTC
Mesa Sindical de Mujeres (MSM)
Mesa Sindical de Mujeres repudia voto de UCCAEP, oponiéndose a la eliminación de la violencia y el acoso en… by EugenioGuerrero on Scribd
Trabajadores de la Municipalidad de San José piden mayor seguridad tras sufrir agresiones en las calles
Déficit fiscal: escandaloso desastre vial multimillonario
¿Quién le pondrá el cascabel al gato? Una de las tareas cívicas de mayor postergación y que más urgen en materia de transparencia de la gestión institucional y de manejo de los recursos públicos, tiene que ver con la multimillonaria suma de dinero que, anualmente, se destinan vía el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), para construcción y manteniendo vial.
La magnitud de este dineral, cerca de 3 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), ¡por año!, no ha emergido con potencia en el marco de la discusión del problema fiscal del país.
Con toda seguridad, debido al mega-poder que representan las cuatro-cinco corporaciones privadas que, actuando como oligopolio, tienen un desproporcionado poder de incidencia política que el pueblo costarricense ni se imagina.
Demasiadas son las situaciones en este campo que, repetimos, en su monumentalidad fiscal, siguen siendo invisibilizadas, con evidente intencionalidad política de por medio.
¡Cómo nos viene a decir ahora que hay que pagar 4 millones de dólares para el mantenimiento y la vigilancia a la parte que ya está construida de la carretera a San Carlos en su tramo central! Parte que, por cierto, estaría mal construida o que no sirvió del todo.
Esa parte es de 30 kilómetros en total. Entonces, atenderlos cuesta 133.333.333 dólares por kilómetro, lo que equivale en colones, a 78 millones 666.666 colones; o, de otra forma, a 78 mil 666 colones por metro. ¿Es esto caro? ¿Qué dicen los especialistas?
Según nos informamos, esos 30 km., median entre los pueblos de La Abundancia de Ciudad Quesada y Sifón de San Ramón, cuya construcción demandó 300 millones de dólares, es decir, 177 mil millones de colones (177.000.000.000). ¡Por Dios Santo!
Prácticamente, estamos hablando de medio punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB), 0.50%, en tan sólo 30 kilómetros.
Cada uno de esos 30 kilómetros costó, entonces, 5.900 millones de colones; y, cada metro construido, entonces, costo 5 millones 900 mil colones. ¿No creen ustedes que esto merecería un proceso de auditoraje político-público con urgencia?
¡Aquí no termina todo! Todo ese montón de plata “no alcanzó”. Según el Gobierno apenas se construyó el 80 por ciento de esos 30 kilómetros. O sea, estarían faltando 60 millones de dólares, es decir, unos 35 mil 400 millones de colones más. ¿Hay o no hay razón para pegar el grito al cielo? Algo se habría construido mal, repetimos y según nos cuentan. ¿Y los responsables?…
Ahora resulta que todo esto no es suficiente. Según dice el MOPT, el proyecto es llevar la carretera desde Sifón de San Ramón hasta San Miguel de Naranjo y, ¿adivinen qué? Que se requieren OTROS 300 MILLONES DE DÓLARES. Lo hemos puesto en letras mayúsculas procurando resaltar la magnitud de los dineros públicos en juego. ¡Quedamos, sinceramente, atónitos!
Otros 300 millones de dólares, haría que la inversión en esta obra pública vial ascendiera a un 1% del PIB, adicionándose unos 15 kilómetros más para alcanzar el punto final de destino, San Miguel de Naranjo. Hablamos que, de manera equivalente, esta obra representaría un 0.83% de todos los dineros que pretende recoger el combo-fiscal, ya ley de la República, No. 9635.
¿Quién se opone al progreso? ¡Nadie! Menos nosotros, sabiendo que de por medio en este tipo de construcciones de infraestructura pública media empleo. Sin embargo, somos del criterio de que estos procesos merecen gran auscultación pública.
Los fondos manejados por el Conavi a lo largo de los últimos tiempos, los poderosísimos intereses mega-corporativos relacionados con ellos y la necesaria función auditora real que se requiere, es parte de un todo integral de la discusión nacional del tema del déficit fiscal; misma que no se ha dado y que ocupa de un potenciamiento político del poder popular que sabemos que existe, pero que no está materializado ante la ausencia de conciencia plena de las personas responsables en cada faceta organizativo-política en la cual el mismo está latente.
Este escandaloso desastre vial multimillonario es una pequeña muestra de esa gigantesca parte del problema fiscal del país a la cual no se le quiere entrar pues, precisamente, ha de dejar en evidencia la naturaleza del perverso crimen social que ha significado la intensa y maléfica campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico que ha representado el ataque virulento y descomunal contra el empleo público.
Convocatoria oficial Asamblea General Nacional Extraordinaria
Atención Anepistas: La Junta Directiva Nacional (JDN) está convocando a los afiliados y a las afiliadas a nuestra organización, tanto del Sector Público como del Sector Privado, a Asamblea General Nacional Extraordinaria, para las 8 horas del SÁBADO 29 DE JUNIO DE 2019, en Primera Convocatoria, en el auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), Calle 20, de esta ciudad de San José.
PUNTO ÚNICO: MODIFICACIÓN DE LA CUOTA DE MEMBRECÍA
Así fue acordado, mediante ACUERDO FIRME Y UNÁNIME, tomado por la actual JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA ANEP, período 2017-2021, en su Sesión No. 2137, de carácter ordinario, del pasado viernes 7 de junio de 2019.
De no contar con el quórum requerido, la segunda convocatoria será a las 08:30 a.m. del mismo día y en el mismo lugar; y de persistir la falta de quórum, la tercera convocatoria se realizará con la cantidad de personas asistentes, a las 09:00 a.m. del mismo día y en el mismo lugar de las anteriores convocatorias. Lo anterior de acuerdo a lo estipulado en nuestros actuales estatutos en su artículo 16.
