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Costa Rica: Apuntes para un Programa Económico Urgente frente la crisis del Covid-19

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Por: Luis Paulino Vargas Solís, EconomistaDirector Centro de Investigación en Cultura y DesarrolloCICDE-UNED

Las condiciones que se viven:


1)    El Covid-19 plantea un desafío sanitario de dimensiones no vistas en generaciones.
2)    El tipo de medidas que es indispensable aplicar para frenar el contagio, tienen severas consecuencias económicas que, principalmente (aunque posiblemente no de forma exclusiva), tienen el aspecto de un abrupto “choque de demanda”, con una fuerte reducción de las ventas en diversos sectores de la economía, algunos de los cuales quedan cerrados del todo.
3)    Esto lanza a la economía a territorio negativo, y provoca un decrecimiento económico, el cual podría ser, al menos durante un tiempo, realmente agudo.
4)    Pero, por sobre todo, esto provoca desempleo y agravamiento de la pobreza, o sea, conlleva un costo humano y social, que debe ser atendido con sentido de urgencia y máxima prioridad.
5)    Razonablemente puede suponerse que una crisis sanitaria con estas características dure unos meses, después de lo cual debería haber una estabilización de la situación y un paulatino retorno a la normalidad. El proceso de recuperación será seguramente difícil, no solo desde el punto de vista económico, sino también social y cultural.


Las prioridades: su ordenamiento en el tiempo


1)    Durante la fase aguda de la crisis sanitaria, la prioridad absoluta es el combate al contagio, y la defensa de la salud de la población y la vida de las personas.
2)    Al mismo tiempo debe haber un gran esfuerzo nacional encaminado a reducir al mínimo posible las implicaciones humanas de la contracción de la economía, o sea, preservar los empleos tanto como se pueda; apoyar de forma especial a las micro, pequeñas y medianas empresas y los emprendimientos de la economía social y solidaria; y brindar apoyos a las personas pobres y más vulnerables, así como a quienes se quedan sin empleo.
3)    Avanzar rápidamente hacia la planificación de un programa de recuperación de la economía y el empleo, que se debe poner en marcha tan pronto como sea posible y, como mínimo, tan pronto como las condiciones sanitarias se estabilicen.


Fondo Nacional de Solidaridad Social


1)    Objetivo: atender y aliviar las implicaciones humanas y sociales derivadas del deterioro de la economía, y atenuar la contracción económica que se sufra.
2)    Aprovechar la baja del precio de los combustibles: el economista, Dr. Olman Segura (Segura Bonilla 2020), de la UNA ha formulado una propuesta para la constitución de un fondo que ayude a preservar el empleo en micro, pequeñas y medianas empresas, aprovechando para ello la baja en el precio del petróleo, de forma que ésta no se  traslade a los precios. El diferencial correspondiente permitirá  alimentar ese fondo. Segura estima que ello rendiría alrededor de ₡7000 millones al mes, lo que permitiría beneficiar a unas 70.000 personas con un subsidio de ₡100.000 mensuales, de forma que, cumpliéndose algunas otras condiciones, se preserve el empleo de estas personas. Me parece una idea absolutamente pertinente y necesaria.
3)    Recargo temporal solidario: establecer un recargo temporal (6 meses) a diversos impuestos: impuesto sobre la renta (tanto personas físicas como jurídicas, e incluyendo tanto ingresos del trabajo como los provenientes del capital), impuesto sobre rentas y ganancias de capital, impuesto sobre casas de lujo y automotores, graduado según una escala progresiva que garantice máxima justicia y equidad en el reparto de las cargas. El Ministerio de Hacienda debería estudiar un diseño de este recargo temporal progresivo, con el objetivo de que, en lo posible, rinda un monto de al menos ₡20 mil millones mensuales, y de esa manera beneficiar con un subsidio de ₡100.000 mensuales al menos a unas 200.000 personas. Según el grupo de trabajo FES-OES (Friedrich Ebert Stiftung, Observatorio Económico y Social UNA 2020), hay estimaciones del exviceministro de Hacienda José Francisco Pacheco, según las cuales un recargo del 10% al impuesto al salario, aplicado por una sola vez, daría un monto aproximado de ₡13 mil millones. Esto sugiere que el monto de ₡20 mil millones mensuales que propongo es viable, pero, además, esta propuesta que formulo, que responde a la misma motivación, es de alcances más amplios y, al cabo, más justos y equitativos, ya que hace partícipes ingresos de fuentes diversas (no solo del trabajo) y algunos recursos patrimoniales de carácter privilegiado. Es lo que corresponde en vista de las circunstancias excepcionales que hoy vivimos.
4)    Programa “Proteger”: todos los recursos que pudieran obtenerse a partir de lo indicado en los dos puntos anteriores se sumarían a los fondos, por un billón de colones, que el gobierno ha contemplado en su programa “Proteger” (Oviedo 2020) a fin de ampliar la cobertura, y apoyar a más personas en condiciones difíciles y a las micro, pequeñas y medianas empresas, y emprendimientos solidarios, que pudieran enfrentar problemas.
5)    Meta propuesta: con base en los recursos provenientes de las diversas fuentes mencionadas, se tratar de hacer llegar un subsidio mensual de ₡100.000 a un número de personas que, deseablemente, pudiese llegar a las 400.000. Esto no solo representaría un alivio necesarísimo para la vida de muchas familias, sino que además apuntalaría la economía en un momento en que ésta lo requiere de forma especial.
6)    Agresiva acción internacional: los diversos organismos internacionales se muestran hoy día muy dispuestos a conceder financiamiento en condiciones favorables, con el objetivo de aliviar los efectos económicos y sociales de la crisis.  Incluso esos organismos proponen posponer los pagos de deuda externa, al menos en el caso de los países más pobres. El gobierno debe aprovechar al máximo estas posibilidades, tanto para obtener fondos adicionales como para aliviar las obligaciones de la deuda externa, y así fortalecer los programas de auxilio a las personas y sectores más vulnerables, mantener la estabilidad del tipo de cambio y, al menos en parte, financiar un vigoroso programa de recuperación económica, una vez la emergencia haya sido superada.


Ahorrar en los pagos por intereses


1)    Intervención del Banco Central: dada la excepcionalidad de la situación, el Banco Central debe estar dispuesto a participar activamente en los mercados secundarios de la deuda pública, con un objetivo prioritario: lograr una reducción significativa de las tasas de interés de los bonos del gobierno y, por esa vía, una significativa reducción en los gastos por intereses, a fin de aliviar la situación fiscal y liberar recursos que puedan destinarse a fines de más provecho y urgencia.
2)    Pagos excesivos: los datos de gastos por intereses de la deuda pública correspondientes al año 2019, sugieren que, en promedio, durante ese año se pagó una tasa del 8,3%. Este dato coincide plenamente con el dato el promedio histórico ponderado que publica el Ministerio de Hacienda en su página web. Entretanto, la Tasa Básica Pasiva, un indicador de las tasas a las que los bancos y otras entidades financieras captan recursos del público, cayó por debajo del 6% en julio de 2019, y concluyó el año en 5,75%. En el momento en que escribo esto, se sitúa en 4,35%.
3)    Injustificable: no hay ninguna razón sensata que permita justificar esa enorme diferencia (que en diferentes momentos ha oscilado entre 2,5 y hasta 4 puntos porcentuales), entre las tasas que paga el Ministerio de Hacienda y las que pagan los bancos por la captación de ahorros de la gente.
4)    Ahorro significativo: cada punto de menos en las tasas que se pagan por la deuda interna, reporta un ahorro de aproximadamente unos ₡160 mil millones anuales. Hacer bajar las tasas en 3 o 4 puntos, reportaría un ahorro total en el orden de entre ₡500 mil a ₡600 mil millones de colones en un año.
5)    El Banco Central puede hacerlo: posee las herramientas técnicas, y también al autorización legal, según el artículo 52, incisos c) y f) de su Ley Orgánica.
Plan Nacional de Producción de Alimentos
1)    Reparar un error histórico: los grupos que han conducido el país durante los últimos 35 años, han hecho que el país incurra en un grave error, al abandonarse la agricultura que produce alimentos, y con el maltrato sistemático y reiterado contra nuestras productoras y productores. Esta coyuntura de crisis desnuda que esa estrategia política ha sido realmente criminal, puesto que nada infundiría más tranquilidad en momentos tan duros como los actuales, que el poder disponer de una provisión segura de alimentos.
2)    Aprovechar recursos externos: una parte del financiamiento que se obtenga en el exterior debería destinarse a crear un fondo que, con carácter de urgencia, se destine a promover la producción de alimentos básicos, agrícolas, pecuarios y del mar. Su ejecución quedaría a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
3)    Subsidios: si, por ejemplo, se formase un fondo de ₡50 mil millones de colones, se podrían dar subsidios directos a pequeños productores y productoras, eventualmente un subsidio que oscile entre ₡1 y 1,5 millones, que beneficie a unos 35 a 40 mil productoras y productores, con la expresa finalidad de promover la producción alimenticia.
4)    Condiciones complementarias: a fin de dar eficacia a la propuesta, deben satisfacerse una serie de otras condiciones complementarias:

a.     Deudas: llevar a cabo una concienzuda reestructuración de las deudas, que amplíen los márgenes de maniobra para que productores y productoras reinicien sus proyectos productivos, con tranquilidad y certidumbre.
b.    Comercialización: garantizar canales de comercialización que pongan en contacto directo a productoras y productores con las masas consumidoras urbanas, sin la influencia distorsionante de intermediarios.
c.      Cadenas de suministro: garantizar el acceso a los insumos requeridos para el normal desenvolvimiento de la producción.
d.    Compras públicas: el Estado garantizará la compra directa, por medio del Consejo Nacional de la Producción, de una parte de la producción (podría ser alrededor de un 20%), la cual se entregará como subsidio alimentario a las familias más pobres.
Programa de recuperación económica
1)    Compromiso patriótico: El país, en forma generosa, dialógica y muy patriótica, debe acordar un ambicioso programa de recuperación económica, una especie de Plan Marshall criollo, para recuperar la economía y el empleo, el cual se empezará a ejecutar tan pronto como se pueda y, al menos, una vez la crisis sanitaria se haya superado.
2)    Fondos externos: de los recursos provenientes de las diversas fuentes de financiamiento externo a las que se pueda recurrir durante la presente crisis sanitaria, más los fondos ya disponibles (incluidos los $1.500 millones obtenidos mediante la emisión de eurobonos) y una vez cubiertas las necesidades perentorias que ésta plantea, se reservará tantos recursos como sea posible para financiar un amplio programa de inversión pública. Deberíamos fijar una meta en el orden del 4-5%, como proporción del PIB, de recursos que se reservarán y destinarán a este fin.
3)    Acuerdo nacional: reconociendo las múltiples trabas y obstáculos que hoy dificultan la ejecución de obra pública, debe avanzarse en un gran acuerdo nacional, que permita simplificar al máximo los procesos y trámites, incluyendo un compromiso explícito, tanto por parte del sector público como del privado, para no interponer obstáculos a esos procesos.
4)    Prioridades: en una primera etapa, y con carácter urgente, se priorizarán proyectos de fácil ejecución que generen muchos empleos y que de manera explícita procuren incorporar a las mujeres y favorecer las regiones más empobrecidas y rezagadas del país. Por ejemplo, para la reparación, ampliación y mejora de centros educativos; clínicas y dispensarios de salud; reparación de calles, carreteras, aceras, puentes, parques y espacios públicos, entre otras posibilidades. También mejoría, reparación y ampliación de la infraestructura necesaria para las labores de cuido, así como ampliación de los servicios, incluyendo comedores escolares y centros de cuido de niños, niñas y personas mayores, entre otras opciones similares que es urgente explorar.
5)    Plazos más largos: debe contemplarse un amplio programa que relance la infraestructura y la productividad, de forma incluyente y equitativa. Las prioridades deberían estar en áreas como las siguientes: energías alternativas; acueductos; transporte público; tratamiento de aguas residuales y recuperación de ríos contaminados; fibra óptica; un programa nacional de vivienda que, mediante avales y subsidios, le dé acceso a casa propia a familias cuyos ingresos se ubiquen por debajo del percentil 70; laboratorios de investigación en universidades públicas, comprometidos con la generación de conocimiento y tecnologías que favorezcan a micro y pequeñas empresas, cooperativas, emprendimientos sociales y solidarios y,  en general, empresas de capital nacional.

Ni patadas ni ideología, solidaridad e inteligencia ante la emergencia

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Por: Dr. Leiner Vargas Alfaro

En una muy reciente columna publicada por el periódico “La Nación” se demanda a gritos medidas para salvar el empleo y proteger al sector privado ante la crisis económica del Coronavirus, que compartimos será un antes y un después de la realidad económica y social de muchos países, incluyendo por supuesto, Costa Rica. La inteligencia de las propuestas no superó el hígado y sus claros prejuicios ideológicos, aunque ha tenido mucho eco entre los fieles de dicha parroquia. Para estos economistas que dirigen los editoriales el mencionado periódico, comúnmente en debate por sus faltas a la hacienda pública, la solución a la crisis del empleo es ponerse parejo, agarrando a patadas al Estado y sus instituciones, ni que decir de sus empleados, de antemano culpables de las atrocidades situaciones que vivimos, incluso parece aludir que del propio coronavirus.

Pero claro, si por alguna razón estos distinguidos señores o sus estimables familiares fueran presa del coronavirus, seguro estoy, que estarían en la fila de ingreso a nuestros hospitales públicos, atendidos mejor que en casi cualquier parte del planeta, tomando “una sopa de su propio chocolate”. Pidiendo a los médicos, enfermeras, internistas y por supuesto, a todos los trabajadores de la salud que hoy se juegan la vida y se parten el alma trabajando por Costa Rica, compromiso y solidaridad. Parece que se les olvida a tan destacado grupo de profesionales de la ciencia económica, la experiencia de Chile o la reciente y muy clara derrota del sistema americano de salud pública, puesta en evidencia en esta epidemia global. Pero claro, cuando la ideología priva a sus ideas de lucidez, la inteligencia de sus propuestas  pierde todo sentido común.

La solidaridad que proponen deberían recetársela a los banqueros que comúnmente les pagan por sus conferencias y consultorías, solicitando bajar de inmediato las tasas de interés de sus créditos usureros, mismos que tienen a casi un millón de costarricenses al borde de la quiebra. También deberían de recordar sus constantes influencias y lobby para condonar deudas de bancos y grandes empresas deudoras de impuestos, incluyendo el medio de comunicación al que representan. La misma solidaridad que reclaman deberían proponerla para cuando por casi 35 años eximen de impuestos a las grandes empresas exportadoras o los conglomerados que se dedican a vender a zonas francas, incluyendo a las grandes cooperativas, por sus puesto estos no son los causantes del gran hueco en las finanzas públicas para los connotados profesionales que firman ese artículo.  Dado que veo les encanta los dichos populares, déjenme decirles uno que también les cae muy bien a ustedes y su artículo, “el burro hablando de orejas”. Parece que se les olvida que tienen el techo de vidrio, cuando en materia de solidaridad se dejan proponer los señores editorialistas de “La Nación”.

Una propuesta solidaria debería de pensarse rescatando al empleo, impulsando un salvamento de empresas y no de bancos, como han propuesto y quieren imponer ustedes. Se debería sustentar en instrumentos que propicien mayor equidad y una mejora en la estructura de la propiedad del capital de las empresas, para democratizar la propiedad y no concentrarlas como se proponen quienes quisieran dejar a la libre el proceso. Es por eso que el fondo de solidaridad para salvar empresas debería contar con dos condicionalidades, que las empresas se abran al capital, generando una capitalización directa y no un crédito, pero al mismo tiempo que se comprometan a no despedir sus trabajadores. Este último elemento es vital para sostener la demanda interna en la economía en tiempos de crisis, evitar una catástrofe social y prevenir un desastre de magnitud impensable en la seguridad ciudadana en tiempos por venir.

Empero, empezamos por la MIPYMES, luego las medianas y de último, las grandes empresas. Es claro que no todos están en las mismas condiciones o podrían ser objeto de tan importante fondo de salvamento. Empezamos por las empresas más lejanas del valle central y que necesariamente requerirán de una inyección del capital mayor, dado el problema de facturación que tendrán y que históricamente han quedado en el olvido. En tiempos de crisis, capitalizar a los banqueros y dejarles salvar a su criterio, sólo permitirá limpiar sus carteras sucias, dejando a las MIPYME´s productivas fuera de sus intereses, empresas que nunca han estado en la agenda de los bancos en tiempos recientes y que no lo estarán en un marco de salvamento.

Limitar o reducir los salarios o el empleo público en tiempos de crisis de demanda es la mejor receta para la recesión económica, medida que agrava el desempleo y provocaría otro desastre adicional, tan o más grande que el que proponen resolver, los iluminados referidos. Las patadas que proponen tan destacados profesionales, parecen más una rabieta ideológica que un plan para salvar a nadie, son claramente inaceptables. Por el contrario a su propuesta, urge un fondo de solidaridad para las personas, seres humanos que producto de la crisis, deberán generar mayores gastos en cuido, salud y sobre todo, atender la nueva situación de especulación de precios que algunos comercios empiezan a crear en nuestro sistema económico para aprovecharse de la pandemia. Dicha solidaridad debería venir de los bancos, no aumentando la deuda con intereses usureros, sino bajando en serio la tasa de interés, o es que ustedes banqueros están inmunes al virus.

Dejar el hígado y la ideología al lado señores de “La Nación” y proponer cosas inteligentes debería ser el fundamento de las propuestas de todos, para lo cual deberían ver 360 y no a los 45 que han venido mirando en los últimos años.  Mirar al norte, al sur, al este y al oeste y veremos que en momentos de crisis priva la inteligencia y la solidaridad, no la ideología y la improvisación. Las medidas ante la crisis son pragmáticas no ideológicas, protegiendo y no eliminando empleos y salarios que en esencia son la sabia que provoca el consumo y que mueve la economía.

Deberían ustedes agradecer que tenemos al ICE poniendo banda ancha en nuestros hospitales y asegurando la electricidad en todo el país, a RECOPE distribuyendo combustible con seguridad y a precios no especulativos, a FANAL produciendo alcohol para des-infectarnos sin cobrar exageraciones, a las Universidades Públicas produciendo ciencia y profesionales de las ciencias médicas para atender la emergencia, a la CCSS que da la cara ante la crisis a pesar de tantas patadas anteriores que ese mismo medio han propiciado y difundido, al CNP que asegura la provisión de alimentos a los costarricenses, etc. Podría seguir la lista de nuestro estado social pero supongo que para ustedes todo eso es un gasto, nunca una inversión.  Más y mejor Estado para mejorar los resultados del imperfecto mercado, esa debería ser la verdadera medida ante la crisis.

Dr. Leiner Vargas Alfaro

Economista y profesor universitario.

COVID-19: 5500 millones de colones diarios para la crisis

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Dada la circunstancia sociohistórica tan especial que estamos viviendo a raíz de la pandemia global Covid-19, se requieren tomar medidas atípicas, excepcionales; especialmente medidas que rompan tabúes y dogmas, sobre todo macroeconómicos y fiscales, tal y como lo están haciendo ya algunos gobiernos enfrentados, como el de Costa Rica, a esta pandemia.

Constas en nuestras publicaciones, algunas en este prestigioso medio de comunicación, que hace tiempo venimos planteando que la deuda pública costarricense es, prácticamente, impagable; y que se requiere una auditoría ciudadana para manejarla hacia futuro pues, según la ideología neoliberal, estamos llegando a un punto “catastrófico”: 60% puntos del Producto Interno Bruto (PIB), aunque en este momento (se dice), vamos por el 58,5%. Sin embargo, nadie nos ha explicado por qué el 60% es el punto apocalíptico; por qué no el 61%, por qué no el 62%, por qué no el 70%, etc.

Ahora bien, lo que nos interesa destacar en este momento es la circunstancia de que, según el presupuesto de la República para este año 2020, tal y como fuera aprobado por la Asamblea Legislativa; se contempla una erogación por concepto de intereses de la deuda pública, de unos 2 billones de colones; mismos que divididos entre los 366 días de este año, implica que cada 24 horas el Ministerio de Hacienda tiene que desembolsar alrededor de cinco mil quinientos millones de colones (5.500.000.000.oo).

¿Se imaginan ustedes lo que esa cantidad de dinero, al día, podría ayudar a que la gente se preparara mejor para enfrentar las consecuencias diversas de la epidemia del Covid-19; en lo sanitario, en lo económico, en lo social, etc.? Y es que cada semana que dure la emergencia, el gobierno dispondría de treinta y ocho mil quinientos millones de colones (38.500.000.000.oo): ¿cuántas microempresas podría el gobierno auxiliar a la semana con esta cantidad de dinero?

No vengan a salirnos con el cuento de que no se puede. No vengan con la excusa de que si no se honran los compromisos financieros derivados de la deuda pública se mandaría una “mala señal” a los mercados financieros. La mayoría del volumen de la deuda pública del país, ha sido contraría con acreedores internos. Son acreedores internos de mucha solvencia que no se van a ir a la quiebra por una moratoria en el pago de sus intereses, durante tres meses, seis meses, y hasta un año. Esa sí sería una decisión de un gobierno con pantalones, que piensa en el bienestar de las mayorías por encima de los intereses de pequeños grupos. A muchos en Costa Rica los deslumbran “los goces de Europa”, bueno, ahí tienen lo que está decidiendo el presidente francés, Emmanuel Macron; o su colega español Pedro Sánchez.

Las propuestas que está haciendo Alvarado Quesada y su gobierno para que Costa Rica enfrente la pandemia del Covid-19, en todos los ámbitos en que ya se está manifestando, especialmente en el área del empleo y de la sostenibilidad de las empresas, no darán los frutos esperados sino se le entra duro al problema de la deuda pública del país y su obsceno pago de intereses. Están pretendiendo sortear la tormenta con una sombrillita para infantes; y además, con el agravante de que lo recibido habrá que devolverlo.

Finalmente, la pandemia del Covid-19 se ha encargado también de contaminar al sagrado dogma del mercado como está siendo constatado; y lo dejó al desnudo ante su incapacidad de atender la emergencia social. Para eso está el Estado; y la parte más sucia del mercado, que es la financiera, deberá pagar el precio, no la gente. Lo que está en juego es la Humanidad. 

Suspenden a subjefe policial 22 días sin goce salarial por acoso laboral a oficial de policía en su tiempo de lactancia

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), a través de su Unidad de Asesoría Jurídica, logró demostrar ante el Departamento Disciplinario Legal del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el acoso laboral que sufría una oficial de apellido Ortega Fallas durante su periodo de lactancia, por parte del Encargado de Sub grupo Operativo Policial de la Delegación de Acosta.

Según la denuncia, los hechos se remontan a abril de 2017 aproximadamente, y se habrían extendió hasta junio del 2018, fecha en la que la afectada, con la asesoría de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP, presentó la denuncia contra el Encargado de Subgrupo de apellidos Solano Mora ante el MSP.

Dentro de los hechos probados durante el proceso administrativo, llevado a cabo en el Departamento Disciplinario Legal del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) contra Mora Solano, se determinó que:

La Hostigaba al molestarse con la denunciante, cuando ésta se retiraba al cuarto de la delegación policial de Acosta, para extraerse la leche materna, lo cual hacía dos veces al día. Además, de que el ahora sancionado manifestaba que sólo tenía derecho a la hora de lactancia y, que no existía ningún documento que autorizara para sacarse leche dándole permiso por humanidad.

Otro de los hechos comprobados fue negarle a la ofendida que se retirará de la delegación en el tiempo de almuerzo, para darle de mamar a su bebé, indicándole en presencia de sus compañeros de escuadra que no era posible, porque no podía salir de la delegación, aunque estuviera en su tiempo de almuerzo.

Además, se comprobó que Mora Solano, interrumpía el tiempo de extracción de leche materna de la ofendida, lo cual realizaba durante su periodo de almuerzo y cuando apenas habían transcurrido 35 minutos, así como llamarla insistentemente para que cubriera incidencias o saliera a dejar detenidos.

Estos hechos llevaron al Departamento Disciplinario Legal del Ministerio de Seguridad Pública a emitir una sanción en contra de Mora Solano, con 22 días de suspensión sin goce de salario. Además, se le apercibió que, de cometer cualquier otro tipo de falta, podrá ser sancionado de forma más drástica.

David Estrada de la Unidad de Asesoría Jurídica sobre resolución del caso

En ANEP defendemos Derechos Humanos. En los últimos años hemos sido los abanderados por la dignificación de derechos en los Cuerpos Policiales del país.

Este caso fue llevado por el abogado David Estrada Zeledón de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP.   

Por tanto del Departamento Disciplinario Legal del MSP

Seccional de bibliotecólogos y afines piden a Servicio Civil recalificación de funciones

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La Seccional ANEP-Bibliotecólogos y afines solicitó en una reunión con representantes del Servicio Civil una recalificación de las funciones en la profesión de bibliotecología.

Karla Torres Vargas, presidenta de la Seccional de ANEP explicó que en el encuentro se analizaron dos aspectos importantes; uno está relacionado con las funciones que se están dando bajo el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SINABI) y el otro, es de aquellos profesionales que también trabajan en educación para el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Torres agregó de que son varios factores los que influyeron para que se generara ese cambio de funciones en los bibliotecólogos, por lo tanto, solicitan un reajuste por el recargo adicional a las labores que anteriormente realizaban.

Además, lucharán para que se resuelva un nuevo problema con el cambio de funciones, ya que muchos debieron estudiar una segunda carrera para acoplarse a los cambios implementados, sin embargo, no reciben reconocimiento por ello.

El Ministerio de Educación Pública cuenta con alrededor de 960 bibliotecas en todo el territorio nacional y 389 Bibliocra (Centros de Recursos para el Aprendizaje).

Afiliados eligen al Órgano Fiscalizador y a la Comisión Electoral de ANEP

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Afiliados a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP eligieron el pasado 8 de febrero, a los representantes del Órgano Fiscalizador y a los de la Comisión Electoral del sindicato.

La elección fue realizada durante la Asamblea General de Medio Periodo y quedó conformado por:

Fiscal: Guido Fallas.

Fiscalía Adjunta Primera: Carmen González.

Fiscalía Adjunta Segunda: Carlos Alfaro.

Este Órgano Fiscalizador tendrá una vigencia de cuatro años y es un órgano colegiado de absoluta independencia de la Junta Directiva Nacional.

Además, durante la Asamblea fue nombrada la Comisión Electoral de ANEP y su objetivo principal es efectuar y supervisar todo el proceso de elección de la Junta Directiva Nacional en el 2021 conforme al Reglamento Electoral del sindicato.

Los integrantes de la Comisión Electoral de ANEP  son Gerardo Monestel, Elizabeth Salas Rodríguez, Belma Kung Palacios, Sonia Vargas Araya y Rolando Fonseca Gutiérrez.

¿Cuáles temas se trataron en la reunión de la Seccional de la ANEP con el Director de la Policía Profesional de Migración?

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La Junta Directiva de la ANEP en la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) se reunió el pasado miércoles con el Director de la PPME, Steven Madden y el Subdirector, Alonso Soto, en la cual se resaltaron algunos logros y evacuaron dudas de los trabajadores.

¿Cuáles fueron los temas que se trataron en la reunión?

Deportaciones: En el tema de deportaciones debe verse como un proceso de experiencia para los funcionarios y las funcionarias que asisten las custodias, se ven perfiles de deportados y se procura tomar en cuenta regionales y operaciones.

Vacaciones profilácticas: La administración procurará que, una vez solicitadas a tiempo, se respete el derecho para ser otorgadas.

Capacitaciones: Es necesario la comunicación con la Escuela Nacional de Policía para que los cursos de ascensos sean impartidos a oficiales interesados(as).  Se requiere rehacer un Curso Básico específico con elementos migratorios definidos. La Seccional está a la espera de que se facilite la planificación para el 2020.

Alimentación: Se analizó la posibilidad de que se facilite la alimentación a los oficiales, la vialidad de este aspecto depende de la valoración de las condiciones presupuestaria. Además, de lograr acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) para el uso de las instalaciones.

Dormitorios: Realización de un estudio para que funcionarios y funcionarias de zonas alejadas los ocupen previo a un operativo. No obstante, actualmente es utilizado para los Cursos Básicos que se imparten.

Licencia de estudio: La administración y el sindicato discutieron sobre el tema de licencias de estudio, a pesar que el reglamento lo faculta, la falta de personal niega ese derecho y es posible hacer cambio de horarios laborales con otros oficiales de manera que no afecte la operación, se recomienda matricular de día quienes laboran de noche. El día después de gira o deportación si debe un funcionario presentarse a laborar, se espera respuesta ante consulta legal.

Además, se conversó sobre los oficiales que no tienen visa americana para hacer custodia, se enviará una consulta a la Embajada de Estados Unidos para determinar si es recomendable uso de pasaporte ordinario o el uso de pasaporte de servicio.

Mientras que, ante la consulta de la Regional de Puntarenas, se buscará una pronta solución para que el armero cubra todo el tiempo la custodia de armas y sobre todo que haya asistencia previa a los operativos conjuntos.