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Este es nuestro cuarto comentario sobre este asunto y aunque indicamos que será “final”, no vamos a dejar de hablar de él en fechas próximas, pues se contiene en ese informe una buena parte de la ruta que deberíamos seguir como sociedad si, en verdad, nos propusiéramos evitar que nos lleven al precipicio de la exclusión, de la desigualdad y de la violencia.

No es difícil explicarse cómo es posible que el Informe Final del expediente legislativo No. 19.973, fechado 30 de marzo de 2017, emitido por la Comisión Especial Investigadora de la Asamblea Legislativa sobre el caso de Los Papeles de Panamá, haya sido completamente invisibilizado; y de manera maligna, no se haya convertido en prioridad político-estratégica en un momento histórico tan delicado para nuestro país, como el actual en que vamos hacia una polarización total en materia de distribución de la riqueza y de los beneficios del crecimiento económico.

Evidentemente, los dueños del real poder político-económico, controladores de los gobiernos sucesivos del PLN, de PUSC y del PAC, quedan retratados de cuerpo entero en cuanto a sus tropelías jurídicas de todo tipo para no honrar su compromiso ético-moral con la sociedad: tributar, proporcionalmente hablando, de acuerdo a sus ingresos; o bien, no hacerlo del todo mediante una amplia gama de alternativas evasoras de corte legal, unas; ilegales, otras.

Repetimos que toda persona comprometida con la Democracia, cualquier ciudadano abrumado por el rumbo equivocado que le han impuesto a este país la clase hegemónicamente dominante; así como esa gran parte de la ciudadanía que hoy se siente defraudada, enojada e indignada; debería considerar leer (al menos), y ojalá, estudiar este documento.

Este es nuestro cuarto comentario sobre este asunto y aunque indicamos que será “final”, no vamos a dejar de hablar de él en fechas próximas, pues se contiene en ese informe una buena parte de la ruta que deberíamos seguir como sociedad si, en verdad, nos propusiéramos evitar que nos lleven al precipicio de la exclusión, de la desigualdad y de la violencia.

Las sociedades europeas nórdicas han sido realmente exitosas con base en la existencia de modelos tributarios progresivos que, de un modo u otro, dieron sostenibilidad a sus sistemas de inclusión social y de relativa igualdad.

Dentro de los aspectos más valiosos contenidos en este documento, al revisar la parte denominada Recomendaciones frente a vacíos legislativos, nos permite constatar el verdadero crimen social que ha representado la naturaleza perversa del sistema tributario costarricense: su injusta regresividad.

19 vacíos legislativos fueron señalados y, como es lógico suponer, el real poder no tiene el menor interés en abordarlos.

Los citamos todos seguidamente y noten ustedes cuál es la profundidad de los cambios que requiere el sistema tributario nacional; gigantesco desafío que solamente mediante la llegada un gobierno poderoso volcado hacia el bien común y hacia la inclusión social, podría asumir semejante tarea y con obligada movilización ciudadana de abierto apoyo.

• Mantenimiento del sistema de renta territorial y el uso de sociedades offshore para eludir o evadir el pago de tributos.
• Opacidad y frágil regulación de personerías jurídicas y fideicomisos.
• Exoneraciones del impuesto sobre la renta disponible entre sociedades costarricenses.
• Falta de regulación de los aportes extraordinarios de capital.
• Carencia de un impuesto a las ganancias de capital.
• Debilidades del actual Impuesto General sobre las Ventas que facilitan la evasión (eso se agravaría con la entrada en vigencia del IVA pues nada de esas debilidades se corrigieron).
• Débil régimen de sanciones y supervisión de asesores fiscales.
• Limitaciones en definición de tipo penal del delito de legitimación de capitales.
• Falta de regulación de precios de transferencias.
• Debilidades en la definición del delito de defraudación fiscal.
• Falta de regulación de las entidades financieras sin fines de lucro.
• Ausencia de marco legal que facilite la supervisión consolidada de entidades financieras.
• Débil protección de socios minoritarios
• Transparencia y acuerdos de intercambio de información
• Carencia de normas de subcapitalización que sancionen los endeudamientos ficticios.
• Falta de una cláusula anti-elusiva general.
• Falta de normas anti-paraíso fiscal.
• Legislación insuficiente para normar el riesgo de evasión o elusión por parte personajes públicos o políticamente expuestos.
• Legislación sucesoria y para la regulación de fundaciones desactualizada.

Cada uno de esos 19 vacíos legislativos tiene sus respectivas recomendaciones que nos permitirían acometer la urgente tarea de, por un lado, atajar el crecimiento de la desigualdad; y, por otro, sentar las bases para un renacimiento de una Costa Rica realmente inclusiva y solidaria, como en su momento la pensaron patriotas que, de estar vivos hoy, estarían encabezando revueltas cívicas contra los actuales detentadores del poder real que nos han impuesto un modelo económico que hace aguas por todo lado.

Por: Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

La irresponsabilidad de la tradicional y actual clase gobernante del país ha llegado a niveles que podrían ser catalogados como de crimen social contra toda la colectividad nacional, cuando nos enfocamos en la gravedad y en la profundidad del problema tributario y fiscal del país, porque no se atreven a enfrentarlo abiertamente.

Esa clase gobernante está hoy, básicamente, aglutinada en los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana; matriculados los tres con una agenda ideológica idéntica en cuanto a que la priorización fundamental no es ni la promoción del bien común, ni la inclusión social, ni la reactivación económica; ni, mucho menos, la reducción de la desigualdad.

Con contundencia se puede afirmar lo anterior si nos centramos en el accionar de esa clase política en lo que respecta a la responsabilidad de la misma en proceder con la implementación de las recomendaciones vertidas en el informe de la comisión parlamentaria de Los Papeles de Panamá

Ese informe fue enfático en puntualizar en ocho expedientes legislativos de urgencia para la sociedad y los catalogó “como prioritarios y temáticamente atinentes como posibles soluciones legislativas de la problemática detectada”.

Como lo apuntamos en nuestra entrega anterior, para nosotros la “problemática detectada” no es otra cosa que empezar a tomar medidas político-legislativas serias para que el país enfrente a la criminal mafia organizada del robo de impuestos y del fraude fiscal en Costa Rica.

Pues bien, de los ocho proyectos catalogados como prioritarios, solamente uno ha sido puesto en real tramitación parlamentaria: es el expediente legislativo No. 19.571, denominado “Ley especial de extinción de dominio”, que generaría la pérdida de bienes originados por actividades ilícitas o delictivas, resolviéndose por medio de sentencia en firme y declarándose la titularidad a favor del Estado sin contraprestación ni compensación alguna para la persona afectada”.

Una ley más que necesaria en un país como el nuestro que tiene una estructura tributaria que no permite el combate a los flujos ilegales de capital, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), en su reciente informe Desafíos fiscales estructurales de Costa Rica: más allá de la reforma fiscal de 2018, emitido en febrero pasado.

Hoy estamos notando la feroz oposición de grandes sectores del capital y su prensa afín a que se apruebe tal legislación, lo cual podría ser una pista de que esos flujos ilegales de capital tienen ya fuerte expresión política organizada como para bloquear este tipo de legislación tan urgente para el país.

Los otros siete proyectos de ley jamás fueron de interés político real, ni por parte del gobierno anterior ni por parte del actual, en cuanto a ponerlos a despacho de trámite parlamentario en los períodos extraordinarios de sesiones legislativas.

Es decir, para el Partido Acción Ciudadana (PAC), cabeza del Poder Ejecutivo en los últimos cinco años, las transformaciones tributarias estructurales que ocupa el país y que serían congruentes con su discurso filosófico-político original, nunca fueron de su interés real.

Y como es de lógica conclusión, tampoco este tipo de transformaciones ya no son ideológicamente congruentes ni para el otrora partido socialdemócrata PLN, ni tampoco para el autoproclamado como socialcristiano Unidad.

Veamos, seguidamente, para qué se ocupan esas siete leyes. El expediente legislativo 19.645, Ley de creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada en Costa Rica. El 18.213, Levantamiento del velo de la personalidad jurídica. El 19.639, para que no se necesite autorización judicial para el requerimiento de información de transcendencia tributaria solicitada a entidades financieras. El 19.951, Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. El 19.282, ley para la supervisión consolidada de los grupos financieros. El 19.640, ley con el objetivo de mejorar la conceptualización de los obligados tributarios, mejorar la definición de la responsabilidad solidaria y adicionar la definición de responsabilidad subsidiaria. El 19.679, ley para la modernización del actual impuesto sobre la renta, eliminando portillos que permiten evadir obligaciones tributarias, gravando las ganancias de capital y haciendo más progresivo el impuesto sobre pequeñas y medianas empresas.

Se puede notar, en consecuencia, que no habrá forma alguna de que la clase gobernante actual del país se disponga a la ejecución de la tarea más relevante de nuestro tiempo, la de la transformación tributaria estructural; si no media una gigantesca y estratégica fuerza sociopolítica de signo contrario a la hegemonía político-ideológica que priva en el seno de esa clase.

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), por medio de su fracción parlamentaria, nos anunció con bombos y platillos que van a fiscalizar la labor del Gobierno.

Así fue anunciado por doña María Inés Solís Quirós y por don Pedro Miguel Muñoz Fonseca, quienes fungen como las nuevas jefaturas legislativas de ese partido en el actual Parlamento.

Una mezcla de risa, de indignación, de enojo y de repudio generó tal anuncio en amplios sectores de la ciudadanía activa de este país, especialmente la de acción militante en los movimientos sociales.

A la vez, conocemos de gente honesta afín a dicho partido, pues creen en los principios y los valores del Humanismo Cristiano, cuyo enojo e indignación ahora es mayúsculo; en grado superlativo con relación a las emociones que sintieron cuando Alvarado y Piza anunciaron su pacto electoral para la segunda vuelta de la votación presidencial del año pasado.

Pero, debemos preguntarnos en voz alta: ¿qué clase de tontos cree esta gente que somos? ¿Es que acaso, aunque fuera por mera apariencia, no merece mejor y mayor respeto, de parte de estas personas, quienes votaron por ellas, permitiéndoles tener esos escaños legislativos desde los cuales legislan de manera contraria al interés de sus propios electores?

¡Pruebas sobran! Ahí está el grave daño que ya está causando la mal denominada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el detestado combo fiscal, ferozmente combatido por el Movimiento Sindical y otros sectores sociales y productivos. Ahora se nos dice: “ustedes tenían razón”.

Doña María Inés y don Pedro Miguel (el PUSC, pues), nos indican que, ¡ahora!, este partido conformará un “gabinete a la sombra”, impulsando una (según nuestro pensar), operación política lava manos, dado que se han ensuciado demasiado siendo co-gobierno, compartiendo gestión presidencial (y parlamentaria), en el último año de accionar ejecutivo con los partidos Liberación y Acción Ciudadana.

Desde el pasado 8 de mayo de 2018, el PUSC está en el co-gobierno, ejerciéndolo con figuras de gran peso político y enorme responsabilidad por el desastre económico en desarrollo: Rodolfo Piza Rocafort, Ministro de la Presidencia; Edna Camacho Mejía, Ministra-Coordinadora del Equipo Económico; André Garnier Kruse, Ministro-Coordinador del accionar del gran empresariado con el gobierno; y la señora Patricia Vega Herrera, como Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

El accionar de estos cuatro casos de jerarcas políticos del PUSC en el presente gobierno, arroja un balance sumamente negativo, en cuanto a lo que está sucediendo con el bienestar de la mayoría ciudadana del país.

Piza, responsable político máximo (aparte de Alvarado), de agravar más la situación económica de miles de familias trabajadoras asalariadas, tanto del empleo público como del sector privado.

La cruzada político-ideológica de ambos en defensa militante del injusto paquete de impuestos, ya en vigencia, tiene en enorme estrés y enojo no solamente a la mencionada población; sino a una enorme cantidad de personas dedicadas a la actividad productiva en el plano de la micro-pequeña y mediana empresa, como los comercios, especialmente en las zonas rurales.

La señora Camacho Mejía no ha atinado en cuanto a medidas efectivas de reactivación económica, realmente de impacto. No es exagerado colegir que en cada rótulo de un local comercial que diga, en estos momentos, un “se vende” o un “se alquila”, se muestre plenamente el fracaso de la gestión del PUSC en la persona de esta señora.

En lo que respecta al señor André Garnier Kruse, empresario de mucho poderío económico, parece ser que su paso por este co-gobierno no estará exento de controversia.

Ya un diputado de orientación evangélica le acusó de que, presuntamente, actividades de negocios en las cuales estaría él involucrado (directa o indirectamente), serían beneficiadas con una ampliación de la ruta nacional 27; precisamente, en momentos en los cuales fue designado él, por parte de Alvarado, como gerente político de esa ampliación.

La pregunta que surge es qué tipo de coordinación empresarial ejecuta el señor Garnier Kruse, mediando su oficina en la Casa Presidencial y su cargo de ministro de Estado.

Que el desempleo esté en crecimiento, que ya hemos llegado a la cifra del millón de compatriotas en el mercado informal, que no haya incremento alguno en el poder de compra de los salarios, que estén muchos locales comerciales en venta y/para alquilar como una “epidemia”; que haya ya alarma por el impacto del impuesto al valor agregado -IVA-, en la actividad empresarial misma; no solamente indican un fracaso continuado de los cinco años de gobierno PAC, sino que siendo que en el último de éstos la conducción económica es color PUSC, resulta patético que nos vengan a decir ahora que van a hacer un “gabinete en la sombra”. ¿A quién pretenden engañar…?