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Centrales sindicales proponen 2.13% de reajuste salarial para el sector privado

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Las Confederaciones Sindicales abajo firmantes en representación de varias federaciones y una importante proporción de sindicatos a nivel nacional, regional y local, y de la clase trabajadora del país, agradecemos las invitación hecha a través del oficio DS-156-2016 del 18 de mayo del presente año para que nos pronunciemos ante este importante órgano tripartito en torno al ajuste a los salarios mínimos que deberá hacerse para el segundo semestre del presente y que mandata el Decreto Ejecutivo No. 39370-MTSS publicado en la Gaceta N° 239, Alcance Digital N°111 del 09/12/2015, y que rigen desde el 1º de enero de 2016

Creemos importante recordar que hace un año hicimos referencia a la necesidad de revisar la fórmula aprobada en octubre 2011, pero lamentablemente no encontramos avances en esa revisión, a pesar que reconocemos que el tema se ha tratado, pero no se ha consolidado ningún tipo de acuerdo, en torno a este importante mecanismo de ajuste incluso en el voto salvado que la delegación sindical dejó constando en el acta Nº 5364 del 28 de octubre de 2015, expresamos entre otros aspecto lo siguiente: En primer lugar, destacamos que como organizaciones, se planteó la urgencia que tiene el país de reactivar la economía, siendo la mejora salarial un paso importante para ese propósito., En segundo lugar, propusimos salirnos de la fórmula, por cuanto la misma debió revisarse en el transcurso del año y no se hizo. En tercer lugar la propuesta del sector empresarial consistía en un ajuste prácticamente imperceptible, y si bien es cierto, el Gobierno planteo la inaplicación de la cláusula de salida en torno a la consideración del crecimiento del PIB Per cápita, se debió haber propuesto entonces la aplicación del límite superior de la banda del 40% del promedio, y no el inferior como se hizo (20%), Por otra parte, en el párrafo final se expresó: ”Además dejamos constancia que es urgente retomar el tema de la revisión integral de la fórmula, la cual desde nuestra perspectiva ha generado una deuda desde enero 2015, y que expondremos en dicha discusión”.

Para las organizaciones sindicales es difícil hacer una propuesta sujetándose a una fórmula que no ha sido revisada y que requiere de ajustes, no solo en las cláusulas de salida, sino en la propia conceptualización sobre el tema de costo de vida, que si bien es cierto, fue concebida en un marco de un proceso de crecimiento inflacionario, no se previno situaciones con respecto a un proceso de deflación, donde perfectamente podrían existir mecanismos para fortalecer el valor real de los salarios, además del previsto en la utilización del crecimiento del PIB.

Además de ello, desde nuestra perspectiva existe una deuda, la que se generó en el primer semestre 2015, la cual es del 2.13% en virtud de que la inflación del primer semestre 2014 fue superior a la proyectada para ese mismo semestre la que debió compensarse a partir de enero 2015.

Reiteramos que mientras no se revise la fórmula del aprobada en octubre 2011, seguir utilizándola, no es procedente, por lo que solicitamos, que hasta que no se proceda a su revisión, no se aplique la misma para revisar los salarios del segundo semestre 2016.

Solicitamos a este Consejo que se cancele la diferencia producida en el primer semestre 2014.

Por tanto, proponemos:

a- Un ajuste general para todas las categorías ocupacionales, del decreto en el 2.13%, correspondiente a la deuda generada según se explica en párrafos anteriores

b- Un ajuste del 2.5% adicional a las siguientes categorías específicas contempladas en el inciso c) del artículo Iº del Decreto: servidoras domésticas, kilo de coyol, cajuela de café, y a las tarifas establecidas para estibadores por caja de banano, tonelada y movimiento

Sepultado! Expediente legislativo 19.923

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Prácticamente está constatado: el Expediente Legislativo No. 19.923, llamado por nosotros “Ley para aniquilar el sector público”, será enterrado en próximas horas.

Así se desprende de declaraciones brindadas a los medios de comunicación por el jefe de fracción del Partido Frente Amplio, Edgardo Araya Sibaja, luego de que la “lápida” de esta confrontativa iniciativa de ley, fuera colocada por las declaraciones del diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Humberto Vargas Corrales, quien atinadamente desenmascaró las perversas concepciones ideológicas contrarias al bien común que esa iniciativa contemplara.

Es más, este legislador ha “partido” al último partido político que faltaba “por partir” (el PUSC), en el actual escenario parlamentario de fragmentación total que muestra la Asamblea Legislativa, al inicio de su tercera legislatura 2016-2018.

La disposición firme de las diversas corrientes sindicales en contra de esta iniciativa ha resultado fundamental para esta primera derrota política de ese conciliábulo político gestado en las sombras que pasó a dirigir el directorio legislativo a partir del pasado 1 de mayo.

La abierta actitud obrera del sector Público de asumir el reto de una Huelga General, ha resultado estratégica para enfrentar esta primera parte del ataque al empleo público, del ataque a los servicios públicos y del ataque a las personas usuarias de los mismos, por lo general, compatriotas de los sectores medios y de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

Desde la corriente sindical en la cual se desarrolla nuestra lucha social directa, el Colectivo Sindical Patria Justa, si bien nos sentimos satisfechos de haber puesto nuestro aporte para derrotar el Expediente Legislativo No. 19.923, aclaramos que apenas se trata de la mitad de la tarea en esta materia de defensa del Empleo Público y de los Derechos Laborales de nuestros representados y de nuestras representadas en las diferentes organizaciones de Patria Justa.

El aporte de Patria Justa, junto al invaluable soporte que ha representado la unidad en la acción con las centrales sindicales (Confederación de Trabajadores Rerum Novarum CTRN, Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses CMTC, Confederación Unitaria de Trabajadores CUT y Central Social Juanito Mora Porras CSJMP), además con la unidad en la acción del estratégico Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), está dando grandes resultados a favor de la clase trabajadora.

Queda pendiente pues constituye la parte más neurálgica y esencial de la lucha que se está dando, derrotar la incorrecta tesis de que los culpables del déficit fiscal son los salarios del sector Público, de que el déficit es culpa de la clase trabajadora, en general, y esto está sumamente demostrado que no es así.

La iniciativa de ley “gemela” del proyecto 19.923, el expediente legislativo No. 19.506 que viene promoviendo la diputada liberacionista Sandra Piszk Feinzilber, nos debe poner en guardia, nos debe llamar a encender todas las alarmas, nos debe dar más ímpetu para estar a la altura del llamado a Huelga General que se viene formulando desde diversos espacios intersindicales.

Tal iniciativa, la 19.506, está contaminada con eso de que el déficit fiscal es culpa de los Empleados Públicos y, por tanto, exige una vigilancia política minuto a minuto, toda vez que la arbitraria vía rápida a tal expediente podría serle aplicada en medio de alianzas intraparlamentarias insospechadas e intransparentes de último minuto.

Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y desde el mismo Colectivo Sindical Patria Justa, propondremos, con respeto, a las corrientes sindicales colegas (SEC y Centrales Sindicales), una línea de acción político-sindical en tal sentido,

Todas estas agrupaciones se reunirán la tarde de este martes 17 de mayo, a partir de las 2 p.m., en la sede del sindicato SEC, en Vargas Araya, San Pedro.

Respetuosamente, hacemos un vehemente llamado a toda la clase trabajadora del sector Público (incluida la municipal), a mantenerse en pie de lucha, tal y como ha sido constatado en el proceso intergremial y multidiverso de sensibilización y de concientización que han venido realizando todas las agrupaciones sindicales. De nuestra parte, el llamado y la convocatoria a Huelga General se mantiene sin retroceder un milímetro.

Además, reiteramos el más sincero y transparente llamado a la mayor unidad sindical en la acción, clamor generalizado en las bases sociolaborales de las diferentes corrientes sindicales.

Sala Constitucional ordena a director de la PCD brindar información pública a ANEP

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La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por la seccional ANEP-Fuerza Pública contra Allan Solano Aguilar, Director de la Policía Control de Drogas (PCD) por negarse a brindar información pública al sindicato.

En el fallo la Sala ordena a Allan Solano en condición de Director de la PCD y en un plazo de 15 días brindar la siguiente información: el nombre de los Jefes Regionales de la PCD, el manual de puestos de la PCD, copia certificada de folios del Libro de Oficialía de la PCD, así como el Libro de Novedades del Sub Departamento de Peñas Blancas y los atestados académicos y de carrera policial que tiene Solano como Director de la PCD.

Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública explicó que el recurso de amparo se interpuso después de reiteradas solicitudes de información al Director de la PCD y la negativa de este por brindarla, aduciendo “que estábamos realizando un uso excesivo del derecho de petición, sin embargo la Sala (Constitucional) nos da la razón”.

La ANEP aclara que lo solicitado es información pública y no atenta contra la seguridad de funcionarios y operativos-acciones de seguridad de la PCD.

“La información solicitada es de algunos funcionarios que desempeñan cargos de mando dentro de la PCD para constatar que cumplen con los requisitos del puesto y descartar irregularidades en el proceso de concurso. Precisamente eso es lo que deseamos revisar junto a otras situaciones con el objetivo de verificar si se está realizando el uso debido de los recursos públicos; si no es así presentaremos las denuncias respectivas ante las instancias correspondientes”, finalizó Anchía.

Resolución Sala Constitucional P.C.D by Yariela Novo on Scribd

Alerta general para el sector Público

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El Partido Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y los diputados “cristiano-evangélicos” pactaron entre sí y con Otto Guevara Guth, repartirse los puestos del directorio legislativo 2016-2017, lo que ocurrió el pasado domingo 1 de mayo. Este directorio lo encabeza el reconocido gran empresario bananero y diputado Antonio Álvarez Desanti, del PLN, como su Presidente.

En la vicepresidencia del parlamento dicho pacto puso al diputado José Alberto Alfaro Jiménez, del partido de Otto Guevara Guth. El señor Alfaro Jiménez fundó la compañía Unión Nacional de Porteadores S. A. (Unaporte), en el 2004, la cual tiene cerca de 800 permisos para porteo. Su esposa, de apellido Cordero, es quien preside la sociedad anónima luego de que él resultara electo legislador. Ella figura como asesora suya en el congreso.

Este pacto generó el proyecto “LEY PARA RACIONALIZAR EL GASTO PÚBLICO”, que más bien debe llamarse “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO”. Se trata del Expediente Legislativo No. 19.923, mismo que le adjuntamos electrónicamente y que usted puede conocer visitando nuestro sitio web: www.anep.cr

ANEP lleva meses y meses denunciando, por diversas vías y fuertemente, que LOS EMPLEADOS PÚBLICOS NO SOMOS LOS RESPONSABLES DEL DÉFICIT FISCAL. Hoy todo el Movimiento Sindical Costarricense, sin excepción, ha hecho suya esta consigna. Esto nos alegra muchísimo porque indica que no solamente hemos hecho lo correcto sino que lo que hemos estado denunciando ha sido acertado.

Este domingo 8 de mayo de 2016, conocimos por medio de campo pagado, los pronunciamientos de los dos primeros colegios profesionales que se manifiestan defendiendo a sus correspondientes agremiados, en la misma dirección: los salarios públicos no son los culpables del déficit fiscal: Colegio de Enfermeras de Costa Rica y Colegio de Médicos y Cirujanos. Esperamos que en próximos días más colegios profesionales se pronuncien en igual sentido.

Es más, instamos a todos y a todas las profesionales del sector Público para que, respetuosamente, exhorten a sus respectivos colegios a pronunciarse en igual sentido.

La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” ataca duramente el régimen de la Dedicación Exclusiva y el de la Disponibilidad. Ambos pluses se reducen al máximo, no se otorgarán como hasta hoy en día se viene haciendo, se pueden quitar de improviso y se otorgarán restringidamente.

La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” hace radicalmente drástico la obtención del reconocimiento por anualidad, pues solamente la recibirán quienes alcancen la “máxima calificación” en la evaluación del desempeño anual. Quienes no alcance esa “máxima calificación” no solamente no recibirán anualidad sino que quedan expuestos al despido por no obtener esa “máxima calificación”.

La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” también incluye algo tan gravísimo son las brutales “Reglas de responsabilidad fiscal” que es la otra parte esencial de este aberrante proyecto de ley. Sinceramente no encontramos las palabras adecuadas ni las frases realmente correctas para describir cómo sería trabajar en las instituciones bajo esas “Reglas de responsabilidad fiscal”. Si en muchas de ellas hay ya condiciones precarias con incidencia negativa en la calidad del servicio, presupuestariamente hablando; la brutal, descomunal y extremista política del recorte del gasto que presuponen esas “Reglas de responsabilidad fiscal” convertirá en una tortura la circunstancia de trabajar para el sector Público

Las políticas fiscales de Otto Guevara Guth, adoptadas por el viejo y detestado bipartidismo “PLUSC” (Liberación-Unidad), representan un verdadero “homicidio institucional generalizado”; es decir, que nos llevarán a extremos nunca vistos de recorte presupuestario que ni siquiera imaginamos.

La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” , además, con sus brutales “reglas fiscales” llevará a la “institucionalización” del congelamiento salarial e, incluso, a la reducción-rebaja forzosa de los salarios.

La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” puede ser aprobada por la “vía rápida”, por eso en ANEP estamos lanzando esta ALERTA GENERAL porque estamos de cara a una real EMERGENCIA LABORAL. ¡Alístese!

La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” al incluir a las municipalidades, violenta la Constitución Política abiertamente. También contiene otros artículos que presentan aberrantes inconstitucionalidades.

La , “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” aniquila, contundentemente lo decimos, las Convenciones Colectivas de Trabajo lo que, aparte de ser inconstitucional, viola los tratados internacionales suscritos por Costa Rica y ratificados por la propia Asamblea Legislativa, con la mismísima Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” , incluye las Convenciones Colectivas de Trabajo del sector de las municipalidades del país, de todas las municipalidades.

La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” hace que Costa Rica reniegue de su pertenencia a la OIT. Así, “en dos platos”.

La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” mediando una componenda política del Partido Liberación Nacional (PLN), no incluyó al Magisterio Nacional. ANEP se alegra de ello. Pero, ¿y los demás?

La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” , podemos derrotarla mediando una gran unidad sindical y con movilización laboral profundamente unitaria. ANEP apuesta a ello. ¡Esté atento! Grandes acontecimientos están por venir!

Patria Justa entrega queja contra ARESEP ante la OIT

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El Colectivo Sindical Patria Justa entregó la mañana de este lunes, a la Representante de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), Carmen Moreno, una denuncia sobre la intromisión de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) en las Convenciones Colectivas, misma que violenta la Constitución Política, los convenios internacionales y toda la legislación laboral costarricense.

Se trata de una queja oficial contra el Estado costarricense debido a la resolución de ARESEP que afecta directamente a los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines (SITRAPEQUIA), al Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (SINTRAJAP) y al Sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y Telecomunicaciones (SITET).

La solicitud hecha a la Representante de la OIT, es que el Comité de Libertad Sindical acoja la queja y se pronuncie al respecto.

“Estamos ante una reforma de facto del Estado Social de Derecho, sin que mediara una reforma constitucional, ni ningún fallo de un tribunal superior”, aseguró el asesor legal de Patria Justa, Esteban Calvo.

La representación de la OIT se comprometió a tramitar la queja e informar a las partes de que el trámite está en curso.

¿Realmente quién tiene acceso a información tributaria: el Presidente de la UCCAEP ó el Secretario General de la ANEP?

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Se está revelando en las últimas horas que el Presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), tiene o tuvo un contrato empresarial para custodiar documentación del Ministerio de Hacienda, como parte de sus negocios.

El líder corporativo debe hablar claro al país dando a conocer todos los detalles de tal contratación.

Esta circunstancia deja en evidencia contundente de que si hubo alguna persona con acceso a información tributaria debió ser el Presidente de la UCCAEP.

Por el contrario, las acusaciones de los opositores al establecimiento del registro de accionistas de que quien sí tenía acceso a ese tipo de informaciones, era el Secretario General de la ANEP, han quedado rotundamente desvirtuadas, constatado de manera contundente su carácter falaz y mostrando una gran debilidad argumental para oponerse a tal registro.

Por otra parte, el Presidente de la República debe decirle al país la naturaleza del acuerdo con el Presidente de la UCCAEP para que se establezca ese registro de accionistas de las sociedades anónimas con “condiciones”.

¿Cuáles condiciones? ¿Que el empresariado privado afiliado a UCCAEP sea el custodio de tal registro de accionistas? ¿Qué sean las empresas de sus líderes, como don Ronald Jiménez Lara, que mediante contrato con el Estado, custodien ese registro?

En todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), este tipo de registros se manejan en el lugar correcto donde deben estar: el sistema tributario nacional del respectivo país. Otra cosa muy distinta son las regulaciones para mantener la confidencialidad de los datos de este tipo de registros.

Sin embargo, ya vemos cómo no necesariamente se protegen tales datos en la actualidad si es una firma privada, vía contrato con el Estado, la cual podría tener acceso a ellos. No es un sindicalista el que podría conocer de esa información. Es la propia empresa del máximo líder actual de la UCCAEP quién tiene que explicarle al país mucho a este respecto.

Salarios de altos cargos públicos deben ser revisados y regulados

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La renuncia de la Intendenta de Pensiones, Marjorie Jiménez Varela, y el escandaloso salario que devengaría de 11 millones 400 mil colones mensuales, le da una nueva dimensión a la discusión sobre tema del Empleo Público y a las remuneraciones de los mismos, especialmente tratándose de los máximos cargos de la alta cúpula política-tecnocrática del Estado, en toda su institucionalidad.

Para Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP es urgente la promulgación de una ley general para regular los salarios al más alto nivel de toda la cúpula “político-tecnocrática y burocrática del Estado”, estableciendo que ningún salario debería estar por encima del que se asigne al máximo cargo público del Estado, que es el de Presidente de la República y que, “además, se llega a él por decisión soberana del pueblo, mediante las elecciones cuatrienales”.

“Particularmente, deben ventilarse, públicamente, la naturaleza actual del régimen salarial en todos los entes del sistema financiero público, de las superintendencias, los bancos del Estado, los organismos reguladores, rectores y contralores”, dijo Vargas.

Para la ANEP los salarios que se pagan en las altas jerarquías de la Superitendencia de Pensiones (Supen), en la Superintendencia de Valores (Sugeval), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), en la Superitendencia de Seguros (Sugese), en la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugese), en la Superitendencia de Telecomunicaciones (Sutel), están completamente ajenos a la realidad salarial media y baja del sector Público; puestos que ya están, prácticamente, con salario congelado.

“Valdría contrastar estas realidades salariales con la que tiene el personal del Ministerio de Salud que combate, en las peores condiciones, el zika, la malaria, el dengue, la chikungunya; la de nuestros policías de todas las fuerzas del Poder Ejecutivo, con un quehacer cada día más peligroso; tan sólo para mencionar dos de los más emblemáticos casos de grupos del empleo público injusta y perversamente atacados como culpables del déficit fiscal”, señaló el Secretario General de la ANEP.

La ANEP hace un llamado público al propio Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera para que reviera su desafortunada declaratoria de impotencia y oriente a su especializado equipo asesor, la redacción de un proyecto de ley para regular y unificar el régimen salarial de todo el empleo público en la alta cúpula política tecnocrática y burocrática del Estado, pero sin dejar ninguna entidad por fuera, aunque implique en algunos casos impulsar alguna reforma constitucional.

Vargas finalizó indicando que también realizan una exhortación vehemente a los diputados y a las diputadas para que paren” la fiesta salarial” en esos altos niveles del aparato estatal. “¡La fiesta salarial del sector Público está en las alturas de tal tipo de entidades y otras de similar naturaleza!”.