Categoría: Sin categoría

Acaba de presentarse para la tramitación parlamentaria, un proyecto de ley para retrasar-postergar por dos años, la entrada en vigencia la Ley de la República No. 10.159, denominada Ley Marco de Empleo Público (LMEP); es decir, que se aplique hasta el 10 de marzo de 2025 y no desde el día 10 del mes que viene.

Creemos que es una iniciativa más que oportuna, es necesaria. Y por ello, por esta vía (y por otras), solicitamos con vehemencia y con respeto, que la voten afirmativamente las 57 personas diputadas.

Desde un principio, calificamos a la LMEP de perversa: fue concebida e ideada con mucha maldad, conscientemente; o disfrutando de ello, incluso. Las personas asalariadas empleadas públicas fueron satanizadas, criminalizadas, basureadas, estigmatizadas; mediando una operación mediática de periodismo-propaganda de odio, como nunca antes se había manifestado en décadas.

Ello no permitió, ni por un solo instante, un debate comedido, participativo, con bases de sólida fundamentación técnico-profesionales objetivas. Fue la histeria mediática, la manipulación ideológica, la conjura política y la infamia lo que determinó los contenidos esenciales y accesorios de la ley.

Las consideraciones anteriores nos dieron la sustancia para calificar a la LMEP como «perversa». Obviamente, hay bastantes otras que se quedan sin plantear.

Ahora bien, esa perversidad se ve agigantada con el concepto-calificativo de «oscura» que va unido a dos más: «confusa» y «ambigua».

Así de contundente es la opinión de la Procuraduría General de la República (PGR), al calificar la propuesta de reglamento que formuló el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).

A este respecto, nos interesa centrarnos en la «oscuridad» de la reglamentación de la ley que propone ese ministerio.

Si ya la ley tiene una connotación inmanente que es su perversidad; la oscuridad de su propuesta de reglamentación nos lleva a concluir que la LMEP pretende la instauración de un sistemático y sistémico autoritarismo institucional; un disciplinamiento del ejercicio de la cosa pública en la cotidianeidad; y un verticalismo de gestión ejecutiva ignorando-pisoteando la legalidad ya instituida.

Finalmente, como vemos, no es la transparencia la motivación característica fundamental de esta perversa y oscura LMEP.

Y alguien–algunos en la penumbra del real poder, decidieron la implementación del autoritarismo en Democracia, a plena luz del día.

Grande es la tarea democrática que tenemos por delante. Más grande es la férrea voluntad de asumir esa tarea. En la razón está la fuerza.

Se supone que cada persona trabajadora que labora de manera asalariada con empleo formal para el sector privado de la economía, recibirá un 6.62% más en su salario mensual a partir del próximo 1 de enero de 2023.

Así lo dispuso el Consejo Nacional de Salarios (CNS), luego del «ritual» (antes semestral, ahora anual), en que se hace un simulacro de negociación tripartita (Gobierno-empresarios-sindicatos), para imponer, en la realidad política, determinado monto de reajuste por variaciones en el costo de la vida al salario mínimo).

Decimos simulacro por cuanto adolecemos, como país, de una real política salarial que se estructure a partir de variables como la desigualdad, la concentración de la riqueza, la necesidad de reactivación económica del mercado interno en asocio con la recuperación del poder de compra-adquisitivo del salario; así como la consideración de lo que denominan parque productivo del país es muy grande a nivel de micro-pequeñas y medianas empresas sin tratamiento tributario diferenciado, hasta donde tenemos entendido.

Por otra parte, hoy día el salario mínimo está muy lejos de guardar congruencia con lo indicado en el artículo 57 de nuestra Constitución Política. Éste ordenó que el salario mínimo debe garantizarle a la persona trabajadora bienestar y existencia digna.

Nada más alejado de la realidad. Es de tal calibre el proceso sostenido de empobrecimiento salarial que ese 6.62% definido para aplicarse a partir del 1 de enero de 2023, aunque suene «bueno», no significa camino de corrección alguno hacia una nueva política salarial para una plena garantía de bienestar y existencia digna.

Otro factor adicional es el alto grado de indefensión obrera para una efectiva fiscalización de que ese 6.62 se aplicará, realmente.

Sabemos que no pocos patronos privados argumentan que su correspondiente personal trabajador, ya está recibiendo sus respectivos salarios por encima del mínimo, razón por la cual ese 6,62 no les será aplicado.

Este aspecto es de gran debilidad estructural en la concepción imperante acerca de los niveles salariales en el sector privado de la economía: quien devenga algo más que el mínimo ordenado para su correspondiente categoría ocupacional, no tiene porqué recibir el reajuste por costo de vida. Así piensan muchos patronos que escamotean su responsabilidad para con el trabajo decente de su personal.

Dos factores adicionales complican la realidad salarial de la clase trabajadora del sector privado.

Uno tiene que ver con la política pública inspectiva a cargo del Estado, debilitada muy marcadamente en los últimos tiempos. No es posible para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social constatar que el cumplimiento del pago del salario mínimo se observa en todo el conglomerado empresarial del país, o en gran parte de él, al menos.

A la hegemonía política dominante, no le interesa la existencia de un Ministerio de Trabajo fuerte.

Por otra parte, la inexistencia de una consistente organización sindical en el sector privado de la economía, es una grave lesión en el tejido democrático que limita la capacidad obrera para defenderse a sí misma.

Estamos en un proceso involutivo económico-social, sin duda alguna. Hay un modelo económico fracasado que tiene en la cuestión salarial una de sus más crueles manifestaciones.

A pesar de ello no ha de parar la lucha y es éste el único camino posible, a pesar de todas las adversidades, para la restauración integral del bienestar pleno en el seno de la clase trabajadora.