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Se supone que cada persona trabajadora que labora de manera asalariada con empleo formal para el sector privado de la economía, recibirá un 6.62% más en su salario mensual a partir del próximo 1 de enero de 2023.

Así lo dispuso el Consejo Nacional de Salarios (CNS), luego del «ritual» (antes semestral, ahora anual), en que se hace un simulacro de negociación tripartita (Gobierno-empresarios-sindicatos), para imponer, en la realidad política, determinado monto de reajuste por variaciones en el costo de la vida al salario mínimo).

Decimos simulacro por cuanto adolecemos, como país, de una real política salarial que se estructure a partir de variables como la desigualdad, la concentración de la riqueza, la necesidad de reactivación económica del mercado interno en asocio con la recuperación del poder de compra-adquisitivo del salario; así como la consideración de lo que denominan parque productivo del país es muy grande a nivel de micro-pequeñas y medianas empresas sin tratamiento tributario diferenciado, hasta donde tenemos entendido.

Por otra parte, hoy día el salario mínimo está muy lejos de guardar congruencia con lo indicado en el artículo 57 de nuestra Constitución Política. Éste ordenó que el salario mínimo debe garantizarle a la persona trabajadora bienestar y existencia digna.

Nada más alejado de la realidad. Es de tal calibre el proceso sostenido de empobrecimiento salarial que ese 6.62% definido para aplicarse a partir del 1 de enero de 2023, aunque suene «bueno», no significa camino de corrección alguno hacia una nueva política salarial para una plena garantía de bienestar y existencia digna.

Otro factor adicional es el alto grado de indefensión obrera para una efectiva fiscalización de que ese 6.62 se aplicará, realmente.

Sabemos que no pocos patronos privados argumentan que su correspondiente personal trabajador, ya está recibiendo sus respectivos salarios por encima del mínimo, razón por la cual ese 6,62 no les será aplicado.

Este aspecto es de gran debilidad estructural en la concepción imperante acerca de los niveles salariales en el sector privado de la economía: quien devenga algo más que el mínimo ordenado para su correspondiente categoría ocupacional, no tiene porqué recibir el reajuste por costo de vida. Así piensan muchos patronos que escamotean su responsabilidad para con el trabajo decente de su personal.

Dos factores adicionales complican la realidad salarial de la clase trabajadora del sector privado.

Uno tiene que ver con la política pública inspectiva a cargo del Estado, debilitada muy marcadamente en los últimos tiempos. No es posible para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social constatar que el cumplimiento del pago del salario mínimo se observa en todo el conglomerado empresarial del país, o en gran parte de él, al menos.

A la hegemonía política dominante, no le interesa la existencia de un Ministerio de Trabajo fuerte.

Por otra parte, la inexistencia de una consistente organización sindical en el sector privado de la economía, es una grave lesión en el tejido democrático que limita la capacidad obrera para defenderse a sí misma.

Estamos en un proceso involutivo económico-social, sin duda alguna. Hay un modelo económico fracasado que tiene en la cuestión salarial una de sus más crueles manifestaciones.

A pesar de ello no ha de parar la lucha y es éste el único camino posible, a pesar de todas las adversidades, para la restauración integral del bienestar pleno en el seno de la clase trabajadora.

En el año 2024, el Instituto Nacional de Seguros (INS), llegará a sus 100 años de existencia. Un siglo de trayectoria en la seguridad social costarricense, la cual, lamentablemente, hoy está más amenazada que nunca.

La actual ofensiva ideológico-político en contra del INS, de corte neoliberal, es la más reciente intentona de los grupos financieros por apropiárselo. Como sabemos, estos grupos vienen ostentando la supremacía en la definición de las políticas públicas de los últimos gobiernos.

El “delito” que ha cometido el INS en estos tiempos de desigualdad, es haber salido fortalecido de su más reciente prueba de fuego: la apertura del mercado impuesto por el tratado de “libre” comercio con los Estados Unidos. Continúa el INS siendo la empresa pública de seguros comerciales más importante de toda la zona mesoamericana.

El INS y todo lo que representa debe continuar como propiedad pública estatal. A las puertas de su centenario, tenemos un INS en medio de una Costa Rica que ya es, oficialmente, una sociedad totalmente desigual; de modo que esta noble institución se convierte en una necesidad estratégica para la sobrevivencia social de una población trabajadora asalariada cuyo empobrecimiento es una dolorosa realidad.

En lo específico, el sistema de Riesgos del Trabajo (RT), y su excepcional servicio de atención médica en caso de accidentes laborales y, también, de medicina del Trabajo (algo único en Latinoamérica); debe concebirse como estratégico dentro del escaso grupo de políticas públicas con sentido de bien común y de inclusión social que van quedando en el país, imprescindibles para la propia estabilidad democrática nacional.

La propuesta presidencial de privatizar el 49% de un INS convertido en capital accionario, prácticamente parecería un suicidio social, considerando que a los fondos de pensiones les rodea una atmósfera de poca transparencia y de incierto futuro a raíz de las aventuras financieras en el exterior en que han sido sumidos.

El presente gobierno, haciendo gala de una grotesca improvisación, primero alegó que el dinero de la venta-privatización del 49% del INS sería para destinarlo al pago de una deuda pública que, para nosotros, es impagable: avanza ya hacia los 30 billones de colones (30.000.000.000.000). Luego, que sería plata para construcción de infraestructura vial, hoy por hoy, hecha añicos.

Tanto para enfrentar la monstruosa deuda pública como para una ofensiva de inversión pública en infraestructura, existen alternativas de hondo contenido político que no pasan por la venta de activos; que no pasan por la venta del Banco de Costa Rica ni por la del INS, específicamente.

A todas las organizaciones sociales, cívicas, políticas, religiosas y patrióticas que queremos una Costa Rica mejor y más justa, desde ya les decimos y las llamamos a prepararse para enfrentar la venta de activos públicos, particularmente del INS y del BCR.

A las señoras diputadas y a los señores diputados, desde ya nuestro llamado respetuoso a no perder su valioso tiempo y trabajo, en proyectos de ley de venta de activos que, claramente, todos sabemos no tendrán el apoyo del pueblo y que lejos de armonizar nuestra sociedad, generará descontento, enfrentamiento social e inestabilidad en general.

A raíz de la dolorosa tragedia de Cambronero, y más allá de la polémica en desarrollo sobre si el ministro del MOPT es responsable político directo de la misma o no lo es; una cosa quedó clara: la soberanía del Estado costarricense cedió al lucro privado con la privatización de la importante infraestructura vial como la autopista de la ruta 27.

Es humillante, como costarricense, ver a nuestro gobernante actual implorando la “misericordia” de la empresa Global Vía, para que ésta se condoliera de la delicada situación nacional que estamos viviendo por el cierre de la ruta nacional que pasa por Cambronero, por razones obviamente dolorosas; a fin de que esta empresa privada dejara de cobrar peajes y permitir así una mayor fluidez, por la ruta 27, en momentos en los cuales el tránsito vehicular producto del largo del fin de semana creció enormemente.

Nunca se debió pasar a manos privadas, y mucho menos extranjeras, la infraestructura vial estratégica del país. La lógica del lucro mercantil cedió al interés público y aunque la empresa, finalmente, se condolió de la congoja nacional, tan solo fue por unas pocas horas. Sin embargo, el poder de imperio de lo privado sobre lo público se expresó, crudamente, en esta circunstancia.

Hoy estamos constatando el estado desastroso de las principales carreteras nacionales. La ideología extremista del todo mercado sacó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), de la construcción directa, con su propio personal, de la infraestructura vial; y, qué tenemos ahora: riesgo de muerte a cada instante en rutas estratégicas entregadas al capital privado, pese a que éste recibió miles de miles de millones de colones para la construcción y el mantenimiento vial de tales vías.

Por otra parte, esta indignante circunstancia nos lleva a relacionarla con lo que está pasando con los muelles privatizados de Limón: las tarifas portuarias se triplicaron, y hasta cuadruplicaron, una vez que el Estado (Japdeva), fue sacado del ejercicio directo de tal actividad.

Al constatar lo que hoy día, a cada rato, está pasando en esos muelles con los decomisos de cargamentos de cocaína (lo mínimo que se confisca), viene a nuestra mente de que la operación portuaria de Limón con Japdeva era más eficiente, más barata y más segura. Sin embargo, en nuestra clase dominante privó lo ideológico: que tal operación la haga el mercado, aunque sea más ineficiente, más cara y más insegura.

Por el lado del Pacífico, también ha ido revelándose el fracaso de la inversión privada, extranjera como la del Atlántico.

El país entregó sus dos fronteras marítimas estratégicas, no hubo abaratamiento alguno de las correspondientes operaciones portuarias y el pueblo trabajador no tuvo ninguna disminución en el costo de los productos que por ambos puertos ingresan al país.

Pongámonos a imaginar qué nos pasará con la privatización prevista y perversamente planeada de las principales y grandes empresas públicas estratégicas que todavía no han podido apropiárselas. Como dice el refrán, “si por la víspera se saca el día”, vale la pena seguir resistiendo, con toda la fuerza cívico-patriótica, para impedir que se dejen el INS, el BCR, el ICE, la FANAL, el AyA, la CCSS, el CNP, la JASEC, la ESPH, Correos, el Banco Nacional y otros servicios públicos estratégicos pensados para el bien común.

Algo contundente para finalizar: el mercado fracasó en infraestructura vial y en operación portuaria. Las circunstancias y los datos hablan por sí solos.