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Se supone que cada persona trabajadora que labora de manera asalariada con empleo formal para el sector privado de la economía, recibirá un 6.62% más en su salario mensual a partir del próximo 1 de enero de 2023.

Así lo dispuso el Consejo Nacional de Salarios (CNS), luego del «ritual» (antes semestral, ahora anual), en que se hace un simulacro de negociación tripartita (Gobierno-empresarios-sindicatos), para imponer, en la realidad política, determinado monto de reajuste por variaciones en el costo de la vida al salario mínimo).

Decimos simulacro por cuanto adolecemos, como país, de una real política salarial que se estructure a partir de variables como la desigualdad, la concentración de la riqueza, la necesidad de reactivación económica del mercado interno en asocio con la recuperación del poder de compra-adquisitivo del salario; así como la consideración de lo que denominan parque productivo del país es muy grande a nivel de micro-pequeñas y medianas empresas sin tratamiento tributario diferenciado, hasta donde tenemos entendido.

Por otra parte, hoy día el salario mínimo está muy lejos de guardar congruencia con lo indicado en el artículo 57 de nuestra Constitución Política. Éste ordenó que el salario mínimo debe garantizarle a la persona trabajadora bienestar y existencia digna.

Nada más alejado de la realidad. Es de tal calibre el proceso sostenido de empobrecimiento salarial que ese 6.62% definido para aplicarse a partir del 1 de enero de 2023, aunque suene «bueno», no significa camino de corrección alguno hacia una nueva política salarial para una plena garantía de bienestar y existencia digna.

Otro factor adicional es el alto grado de indefensión obrera para una efectiva fiscalización de que ese 6.62 se aplicará, realmente.

Sabemos que no pocos patronos privados argumentan que su correspondiente personal trabajador, ya está recibiendo sus respectivos salarios por encima del mínimo, razón por la cual ese 6,62 no les será aplicado.

Este aspecto es de gran debilidad estructural en la concepción imperante acerca de los niveles salariales en el sector privado de la economía: quien devenga algo más que el mínimo ordenado para su correspondiente categoría ocupacional, no tiene porqué recibir el reajuste por costo de vida. Así piensan muchos patronos que escamotean su responsabilidad para con el trabajo decente de su personal.

Dos factores adicionales complican la realidad salarial de la clase trabajadora del sector privado.

Uno tiene que ver con la política pública inspectiva a cargo del Estado, debilitada muy marcadamente en los últimos tiempos. No es posible para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social constatar que el cumplimiento del pago del salario mínimo se observa en todo el conglomerado empresarial del país, o en gran parte de él, al menos.

A la hegemonía política dominante, no le interesa la existencia de un Ministerio de Trabajo fuerte.

Por otra parte, la inexistencia de una consistente organización sindical en el sector privado de la economía, es una grave lesión en el tejido democrático que limita la capacidad obrera para defenderse a sí misma.

Estamos en un proceso involutivo económico-social, sin duda alguna. Hay un modelo económico fracasado que tiene en la cuestión salarial una de sus más crueles manifestaciones.

A pesar de ello no ha de parar la lucha y es éste el único camino posible, a pesar de todas las adversidades, para la restauración integral del bienestar pleno en el seno de la clase trabajadora.

En el año 2024, el Instituto Nacional de Seguros (INS), llegará a sus 100 años de existencia. Un siglo de trayectoria en la seguridad social costarricense, la cual, lamentablemente, hoy está más amenazada que nunca.

La actual ofensiva ideológico-político en contra del INS, de corte neoliberal, es la más reciente intentona de los grupos financieros por apropiárselo. Como sabemos, estos grupos vienen ostentando la supremacía en la definición de las políticas públicas de los últimos gobiernos.

El “delito” que ha cometido el INS en estos tiempos de desigualdad, es haber salido fortalecido de su más reciente prueba de fuego: la apertura del mercado impuesto por el tratado de “libre” comercio con los Estados Unidos. Continúa el INS siendo la empresa pública de seguros comerciales más importante de toda la zona mesoamericana.

El INS y todo lo que representa debe continuar como propiedad pública estatal. A las puertas de su centenario, tenemos un INS en medio de una Costa Rica que ya es, oficialmente, una sociedad totalmente desigual; de modo que esta noble institución se convierte en una necesidad estratégica para la sobrevivencia social de una población trabajadora asalariada cuyo empobrecimiento es una dolorosa realidad.

En lo específico, el sistema de Riesgos del Trabajo (RT), y su excepcional servicio de atención médica en caso de accidentes laborales y, también, de medicina del Trabajo (algo único en Latinoamérica); debe concebirse como estratégico dentro del escaso grupo de políticas públicas con sentido de bien común y de inclusión social que van quedando en el país, imprescindibles para la propia estabilidad democrática nacional.

La propuesta presidencial de privatizar el 49% de un INS convertido en capital accionario, prácticamente parecería un suicidio social, considerando que a los fondos de pensiones les rodea una atmósfera de poca transparencia y de incierto futuro a raíz de las aventuras financieras en el exterior en que han sido sumidos.

El presente gobierno, haciendo gala de una grotesca improvisación, primero alegó que el dinero de la venta-privatización del 49% del INS sería para destinarlo al pago de una deuda pública que, para nosotros, es impagable: avanza ya hacia los 30 billones de colones (30.000.000.000.000). Luego, que sería plata para construcción de infraestructura vial, hoy por hoy, hecha añicos.

Tanto para enfrentar la monstruosa deuda pública como para una ofensiva de inversión pública en infraestructura, existen alternativas de hondo contenido político que no pasan por la venta de activos; que no pasan por la venta del Banco de Costa Rica ni por la del INS, específicamente.

A todas las organizaciones sociales, cívicas, políticas, religiosas y patrióticas que queremos una Costa Rica mejor y más justa, desde ya les decimos y las llamamos a prepararse para enfrentar la venta de activos públicos, particularmente del INS y del BCR.

A las señoras diputadas y a los señores diputados, desde ya nuestro llamado respetuoso a no perder su valioso tiempo y trabajo, en proyectos de ley de venta de activos que, claramente, todos sabemos no tendrán el apoyo del pueblo y que lejos de armonizar nuestra sociedad, generará descontento, enfrentamiento social e inestabilidad en general.

A raíz de la dolorosa tragedia de Cambronero, y más allá de la polémica en desarrollo sobre si el ministro del MOPT es responsable político directo de la misma o no lo es; una cosa quedó clara: la soberanía del Estado costarricense cedió al lucro privado con la privatización de la importante infraestructura vial como la autopista de la ruta 27.

Es humillante, como costarricense, ver a nuestro gobernante actual implorando la “misericordia” de la empresa Global Vía, para que ésta se condoliera de la delicada situación nacional que estamos viviendo por el cierre de la ruta nacional que pasa por Cambronero, por razones obviamente dolorosas; a fin de que esta empresa privada dejara de cobrar peajes y permitir así una mayor fluidez, por la ruta 27, en momentos en los cuales el tránsito vehicular producto del largo del fin de semana creció enormemente.

Nunca se debió pasar a manos privadas, y mucho menos extranjeras, la infraestructura vial estratégica del país. La lógica del lucro mercantil cedió al interés público y aunque la empresa, finalmente, se condolió de la congoja nacional, tan solo fue por unas pocas horas. Sin embargo, el poder de imperio de lo privado sobre lo público se expresó, crudamente, en esta circunstancia.

Hoy estamos constatando el estado desastroso de las principales carreteras nacionales. La ideología extremista del todo mercado sacó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), de la construcción directa, con su propio personal, de la infraestructura vial; y, qué tenemos ahora: riesgo de muerte a cada instante en rutas estratégicas entregadas al capital privado, pese a que éste recibió miles de miles de millones de colones para la construcción y el mantenimiento vial de tales vías.

Por otra parte, esta indignante circunstancia nos lleva a relacionarla con lo que está pasando con los muelles privatizados de Limón: las tarifas portuarias se triplicaron, y hasta cuadruplicaron, una vez que el Estado (Japdeva), fue sacado del ejercicio directo de tal actividad.

Al constatar lo que hoy día, a cada rato, está pasando en esos muelles con los decomisos de cargamentos de cocaína (lo mínimo que se confisca), viene a nuestra mente de que la operación portuaria de Limón con Japdeva era más eficiente, más barata y más segura. Sin embargo, en nuestra clase dominante privó lo ideológico: que tal operación la haga el mercado, aunque sea más ineficiente, más cara y más insegura.

Por el lado del Pacífico, también ha ido revelándose el fracaso de la inversión privada, extranjera como la del Atlántico.

El país entregó sus dos fronteras marítimas estratégicas, no hubo abaratamiento alguno de las correspondientes operaciones portuarias y el pueblo trabajador no tuvo ninguna disminución en el costo de los productos que por ambos puertos ingresan al país.

Pongámonos a imaginar qué nos pasará con la privatización prevista y perversamente planeada de las principales y grandes empresas públicas estratégicas que todavía no han podido apropiárselas. Como dice el refrán, “si por la víspera se saca el día”, vale la pena seguir resistiendo, con toda la fuerza cívico-patriótica, para impedir que se dejen el INS, el BCR, el ICE, la FANAL, el AyA, la CCSS, el CNP, la JASEC, la ESPH, Correos, el Banco Nacional y otros servicios públicos estratégicos pensados para el bien común.

Algo contundente para finalizar: el mercado fracasó en infraestructura vial y en operación portuaria. Las circunstancias y los datos hablan por sí solos.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

“El seguro es un problema de solidaridad humana. Su monopolio por el Estado equivale a la asociación mutualista de la población del país, realizando el propósito de prevención por medio de la solidaridad de los habitantes”. Tomás Soley Güell, 1924.(Citado por don Carlos Monge Alfaro, en Nuestra Historia y los Seguros)

Al llegar a los 100 días de gobierno, el Sr. Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles, anunció sus previsibles intenciones de vender el 49% del Instituto Nacional de Seguros (INS). A sus 98 años de fundado, estos son antecedentes que no debemos olvidar.

El 30 de octubre de 1924 se promulgó la Ley Nº 12, denominada “Ley de Monopolio y del Instituto Nacional de Seguros”. En ésta se dispuso que el contrato de seguros sobre riesgo de cualquier género sería en lo sucesivo monopolio del Estado y se encargó su administración al Instituto Nacional de Seguros (INS), institución que fue creada en esa misma ley.

El 22 de mayo de 1926, mediante la promulgación del Decreto Ejecutivo Nº 16, se le asignó al Instituto Nacional de Seguros la administración del seguro sobre accidentes del trabajo. Y sólo ese hecho, es un hito histórico en el devenir de la seguridad laboral del país, hasta la fecha.

Lo conocemos como Régimen de Riesgos del Trabajo o por las siglas RT; hasta hoy ejemplo mundial, sí, ¡mundial! De eso podemos presumir. Lo tenemos, existe y funciona de manera exitosa porque es público, social, solidario, universal y forzoso; porque lo opera el INS y porque lo hemos protegido.

El RT (además del Seguro Obligatorio Automotor, siglas SOA, desde 1973, y del cual hablaremos en otra entrega), se sustenta en la RED DE SERVICIOS MÉDICOS DEL INS en todo el país: consultorios médicos y clínicas regionales, Hospital del Trauma (HT), campañas permanentes de medicina laboral preventiva y riesgos del trabajo; la Salud Ocupacional como instrumento preventivo, educativo y formativo; desarrollo de terapias especializadas para traumas de diversa índole y otros servicios.

Y esto, pese a que en agosto 2008 se rompe el monopolio de seguros. A las compañías privadas de seguros no les ha interesado RT, porque el margen de “utilidad” que establece la ley es un 6%. Al privatizar el INS, querrán eliminara la ley que regula tal utilidad. Es decir, convertir una actividad de enfoque social, en comercial. Y los patronos o empresarios, que creen que las tarifas RT bajarán. ¡No señores, despierten!

Desde la Doctrina Social de la Iglesia Católica, la lucha política del General Jorge Volio Jiménez (1920-30), por proponerle a la Costa Rica rural un seguro de accidentes de trabajo con carácter universalista, que no se concentrara únicamente en dar protección a los artesanos y obreros de las ciudades, sino que incluyera a los obreros agrícolas y campesinos; fue la base para que estadistas y políticos visionarios, -contra los intereses de la consabida élite comercial y los terratenientes de la época-, comprendieran que era posible el desarrollo de un monopolio de seguros con carácter social.

PARTE II

Por esos días de 1924, el Secretario de Hacienda, don Tomás Soley Güell, en su crítica a los economistas liberales y a quienes se oponían al monopolio de seguros, destacó algunos elementos que aún hoy día tienen plena vigencia.

Al respecto, don Carlos Monge Alfaro, ilustre historiador costarricense, en su obra maestra “Nuestra Historia y los Seguros”, relata, citando a Don Tomas Soley Güell (Editorial Zúñiga y Carvajal. San José, Costa Rica. 1994. 2° Edición), lo siguiente:

“…El seguro dentro de una sociedad que se quiere equitativa tiene una función social: ‘Los economistas clásicos tienen este aforismo: «El Estado no debe hacer lo que la industria privada puede realizar». Pero, la industria privada no puede realizar la función social del seguro, sino sólo la función mercantil… El monopolio de seguros es la única organización económica que permite desarrollar la función social del seguro…’”.

Estas citas de Tomás Soley Güell nos muestran lo siguiente: es posible un tratamiento solidario de los seguros como mecanismo de política social.

Este preclaro enfoque del fundador del INS, don Tomas Soley Güell, deja en evidencia, hoy, que la línea clásica neoliberal (todo el mercado, nada el Estado), se ha de seguir fomentando en el Gobierno actual del presidente de la República don Rodrigo Chaves Robles. La descabellada idea de privatizar el INS (así como otros valiosos activos públicos) es ideológica, no económica; y, además, como muchas otras cosas, improvisada.

Si fuese económica, se darían cuenta que es un pésimo negocio para el Estado vender al INS y otros. No les bastó con la Ley 8653, Ley Reguladora del Mercado de Seguros, de agosto 2008, que rompe el monopolio de seguros en Costa Rica. El TLC de entonces, lo impuso.

Les duele que, a 14 años de esa ley, el INS siga holgadamente liderando la actividad mercantil de seguros, con poco más del 72% del mercado y creciendo, y además generando más de 140 mil millones de ganancia neta al año. 

Ellos quieren todo. Ellos son esos grupos internos de gran poder económico, de carácter plutocrático, aliados a empresas extranjeras a las cuales les sirven. Estuvieron hegemonizando los gobiernos inmediatamente anteriores al actual y dentro de este manifiestan ya gran incidencia; no precisamente para beneficiar a los ciudadanos de a pie, o a quienes viven en la pobreza. Mucho menos al trabajador público o privado parte de la gran clase media, que vería cercenados sus derechos a la salud, al debilitarse sensiblemente el régimen de RT y áreas sociales y entidades a las que el INS apoya con recursos.

Desde 1924 se viene acumulando todo el patrimonio del INS, que hoy es de todo el pueblo costarricense. Más de cinco generaciones hemos forjado ese patrimonio. Por ello nos parece ocurrente que el Sr. Presidente Chaves Robles pretenda disponer del patrimonio del INS, como si fuera de él y de su gobierno. No lo es y por mucho.

Los pueblos que olvidan su historia están destinados a repetir sus yerros y perpetuar la desigualdad socioeconómica, la injusticia social y la miseria. Que no nos pase a nosotros, los y las costarricenses. Continuará…

PARTE FINAL

En el año 2024, el Instituto Nacional de Seguros (INS), llegará a sus 100 años de existencia. Un siglo de trayectoria en la seguridad social costarricense, la cual, lamentablemente, hoy está más amenazada que nunca.

La actual ofensiva ideológico-político en contra del INS, de corte neoliberal, es la más reciente intentona de los grupos financieros por apropiárselo. Como sabemos, estos grupos vienen ostentando la supremacía en la definición de las políticas públicas de los últimos gobiernos.

El “delito” que ha cometido el INS en estos tiempos de desigualdad, es haber salido fortalecido de su más reciente prueba de fuego: la apertura del mercado impuesto por el tratado de “libre” comercio con los Estados Unidos. Continúa el INS siendo la empresa pública de seguros comerciales más importante de toda la zona mesoamericana.

El INS y todo lo que representa debe continuar como propiedad pública estatal. A las puertas de su centenario, tenemos un INS en medio de una Costa Rica que ya es, oficialmente, una sociedad totalmente desigual; de modo que esta noble institución se convierte en una necesidad estratégica para la sobrevivencia social de una población trabajadora asalariada cuyo empobrecimiento es una dolorosa realidad.

En lo específico, el sistema de Riesgos del Trabajo (RT), y su excepcional servicio de atención médica en caso de accidentes laborales y, también, de medicina del Trabajo (algo único en Latinoamérica); debe concebirse como estratégico dentro del escaso grupo de políticas públicas con sentido de bien común y de inclusión social que van quedando en el país, imprescindibles para la propia estabilidad democrática nacional.

La propuesta presidencial de privatizar el 49% de un INS convertido en capital accionario, prácticamente parecería un suicidio social, considerando que a los fondos de pensiones les rodea una atmósfera de poca transparencia y de incierto futuro a raíz de las aventuras financieras en el exterior en que han sido sumidos.

El presente gobierno, haciendo gala de una grotesca improvisación, primero alegó que el dinero de la venta-privatización del 49% del INS sería para destinarlo al pago de una deuda pública que, para nosotros, es impagable: avanza ya hacia los 30 billones de colones (30.000.000.000.000). Luego, que sería plata para construcción de infraestructura vial, hoy por hoy, hecha añicos.

Tanto para enfrentar la monstruosa deuda pública como para una ofensiva de inversión pública en infraestructura, existen alternativas de hondo contenido político que no pasan por la venta de activos; que no pasan por la venta del Banco de Costa Rica ni por la del INS, específicamente.

A todas las organizaciones sociales, cívicas, políticas, religiosas y patrióticas que queremos una Costa Rica mejor y más justa, desde ya les decimos y las llamamos a prepararse para enfrentar la venta de activos públicos, particularmente del INS y del BCR.

A las señoras diputadas y a los señores diputados, desde ya nuestro llamado respetuoso a no perder su valioso tiempo y trabajo, en proyectos de ley de venta de activos que, claramente, todos sabemos no tendrán el apoyo del pueblo y que lejos de armonizar nuestra sociedad, generará descontento, enfrentamiento social e inestabilidad en general.

Este lunes 12 de setiembre, información de prensa nos da cuenta de que, en los primeros seis meses del presente año 2022, la cuasi-catastrófica deuda pública aumentó en un billón seiscientos cuarenta mil millones de colones. En cifras así: 1.640.000.000.000. ¡4 puntos PIB!

En verdad, cuesta creer esto: en estos seis meses, la deuda estuvo creciendo a razón de 9 mil 111 millones de colones diarios.

Según los datos que comentamos, al terminar el pasado año 2021, la deuda pública llegó a los 27 billones 270 mil millones de colones: 27.270.000.000.000.

Con el crecimiento de 1 billón 640 mil millones que tuvo en el primer semestre del 2022, la deuda pública llegó hasta los 28 billones 910 mil millones de colones. ¡Unos 45 mil millones de dólares!

Ahora bien, dice el Presidente don Rodrigo Chaves Robles que por la venta que su gobierno propone del Banco de Costa Rica (BCR), se recogerían 1 billón 300 mil millones de colones (en el mejor de los casos), para destinarlos a abonar a la deuda de los casi 30 millones de millones de colones, como lo expresan los datos que venimos indicando.

¡Ridículo! Veamos: Se vende el BCR en 1.3 billones de colones, pero ya el primer semestre del 2022 “se los tragó”, porque la deuda pública creció en 1.6 billones; y, todavía “quedamos por dentro” con 300 mil millones de colones (0.75 del PIB). ¡Pésimo negocio para el país la venta del BCR!

¿Y qué pasará en el segundo semestre del 2022? ¿Se vende el Banco Nacional?… O, ¿cuál otro activo?

¡Muy mal! El monstruoso, dantesco, escalofriante, catastrófico y sideral problema de la deuda pública tiene, y debe tener, otras alternativas para abordarlo integralmente.

Si la Asamblea Legislativa no quiere entrarle a este grave problema, debemos hacerlo desde la denominada sociedad civil, apoyándonos en las mentes brillantes que producen pensamiento de rigor en las universidades públicas, por ejemplo.

En el actual parlamento, la propuesta de que se instale una comisión legislativa especial que investigue en problema de la deuda pública, no parece tener futuro.

Pareciera que la seguridad económica que les da el salario a las 57 personas diputadas, les impide calibrar lo que está sucediendo en múltiples servicios públicos, por una parte; y, por otra, comprender la naturaleza cruel del drama socioeconómico que viven las familias trabajadoras cuyas jefaturas de hogar laboran en esos servicios públicos.

Por otra parte, y esto es bueno resaltarlo, no parecen existir buenos aires a la descabellada propuesta presidencial de venta del BCR para abonar a la deuda pública. Esperamos que se consolide el frente parlamentario opositor a dicha temeridad.

En tal sentido, razón de más, para considerar la instalación de la comisión parlamentaria que investigue el tema de la deuda pública y que genere las alternativas de solución sin mediación de entrega de activos públicos ni mayor expoliación a los ingresos de los sectores medios y bajos de nuestra población. Todavía tenemos fe.