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No es que el “sistema esté roto”… ¡Es que ya no funciona!

Publicada el 01/09/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

¡Por favor! Lea cuidadosamente las siguientes frases: 1) 71% piensa que la economía está amañada en favor de los ricos y poderosos. 2) 68% piensa que los partidos y políticos tradicionales no se preocupan por la gente común. 3) 65% piensa que los expertos locales no entienden las vidas de la gente trabajadora. 4) 64% quiere a “un líder fuerte que le quite el país a los fuertes y poderosos”. 5) 44% quiere a “un líder fuerte dispuesto a romper las reglas”.

Pregunta: ¿No le parece a usted que las anteriores cinco afirmaciones son ya, en estos momentos, criterios muy generalizados entre la población costarricense integrante de la clase trabajadora en todas sus clasificaciones (empleada con salario fijo y trabajo formal, la que está en la informalidad, la que está desempleada, la que está pensionada por la Caja, por ejemplo); y, en general, entre los diferentes grupos de las capas medidas?

Ahora, lea las siguientes afirmaciones: 6) 81% piensa que los políticos siempre terminan encontrando maneras de proteger sus privilegios. 7) 72% piensa que la élite política y económica no se preocupa por las personas trabajadoras. 8) 70% piensa que la principal división en nuestra sociedad es entre personas comunes y la élite política y económica. 9) 62% cree que los políticos deberían poder decir lo que piensan independiente de lo que opine el resto. 10) 60% dice que los temas políticos más importantes deberían ser decididos directamente por la gente a través de referéndums, no por quienes tienen cargos electos. Al leer las 10 afirmaciones anteriores, muy probablemente se sienta usted identificado con todas o con la casi totalidad de ellas. Pues eso le pasó a quien esto escribe.

La firma de consultoría y encuestas de carácter internacional Ipsos, fundada en Francia, en 1975, afirma ser “la tercera empresa de Insights and Analytics más grande del mundo”, con presencia en 90 mercados y que emplea a más de 18.000 personas; acaba de dar a conocer los resultados de una encuesta que efectuó en 25 países, Ipsos Global Advisor, entrevistando a varios miles de personas. La investigación se denomina Sentimiento de Sistema Roto en 2021 (Populismo, Anti-elitismo, y Navitismo).

Esta firma transnacional de datos, de investigaciones de mercado y de encuestas, indica, con respecto a su investigación periódica en la materia lo siguiente: “El Índice Ipsos de Sistema Roto está altamente correlacionado con los índices de corrupción y de progreso social de la organización Transparencia Internacional”.

Sin duda alguna, esta firma es de prestigio y tiene credibilidad; sin embargo, ideológicamente está matriculada con el neoliberalismo y la matriz política del todo mercado.

A pesar de ello, los Hallazgos Clave de tal investigación (de los cuales, citamos diez líneas arriba de este artículo), para quienes estamos y luchamos desde este lado de la acera (Ipsos, obviamente, está en la acera de enfrente), son determinantes para concluir con contundencia que el neoliberalismo ha fracasado, con base en los postulados fundamentales de la justicia social, de los Derechos Humanos (DD.HH.) y del humanismo (incluyendo el de inspiración cristiana).

La investigación de Ipsos, realizada en 25 países, no incluyó a Costa Rica. Sin embargo, resulta impresionante constatar que varios de los más impactantes Hallazgos Clave de la misma, están calzando como anillo al dedo, a la realidad sociopolítica y económica de la Costa Rica del Bicentenario.

Efectivamente, es innegable que una gran cantidad de la población tica de la actualidad piensa que: a) la economía está amañada a favor de los ricos y poderosos; b) que los partidos y políticos tradicionales no se preocupan por la gente común; c) que los expertos locales no entienden las vidas de la gente trabajadora; d) que los políticos siempre terminan encontrando maneras de proteger sus privilegios; e) que la élite política y económica no se preocupa por las personas trabajadoras; f) que la principal división en nuestra sociedad es entre personas comunes y la élite política y económica.

La encuesta de Ipsos con sus Hallazgos Clave nos aporta un nuevo arsenal de argumentos potenciadores de la campaña PASAR FACTURA, la cual, desde la corriente sindical en la cual militamos pretende que la persona ciudadana votante de las elecciones del domingo 6 de febrero de 2022 y que se decidió a emitir el sufragio para la designación presidencial y diputadil del período constitucional 2022-2026 tenga presente, por lo menos, lo siguiente:

¿Cuál o cuáles partidos políticos, con las decisiones impulsadas desde los poderes Ejecutivo y Legislativo, le arruinaron su negocito; le congelaron y/o le rebajaron el salario; le han amenazado su empleo; o, peor aún, le hicieron perder su trabajito; le han incrementado su nivel de endeudamiento; le han dejado sin liquidez salarial alguna; le tienen con hambre en su hogar; le hicieron perder su cosecha y su siembra; le tienen a sus hijos o hijas jóvenes sin empleo?

El sistema está “roto”, dice Ipsos; entonces, ¿será cuestión de “repararlo”? Sin embargo, nosotros y nosotras creemos es que el sistema ya “no funciona”, por tanto, necesitamos una nueva Democracia con plena justicia social, respeto absoluto de los DD.HH. y un Humanismo real.

Costa Rica, ¿a merced del narcotráfico?

Publicada el 25/08/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Mainor Anchía Angulo, Presidente Seccional ANEP- Fuerza Pública

Al escuchar las declaraciones de varios funcionarios, jerarcas o exjerarcas del Ministerio Público, quienes a viva voz, relatan que el sistema anti-lavado es incapaz de detectar capitales ilícitos, o sea, lavado de dinero; no me queda la menor duda de que nuestro país se encuentra a merced del crimen organizado. Extracto de una de las declaraciones: “Por eso señores diputados y señoras diputadas, comprenderán que en esta materia existen más sinsabores que alegrías (…)”.

Para nadie es un secreto que el lavado de dinero tiene una estrecha relación con la producción, venta y distribución de drogas ilícitas (narcotráfico). Por ello, podríamos considerar, a partir de las declaraciones antes transcritas, que no hemos golpeado al narcotráfico como lo hace ver el actual Ministro de Seguridad Pública, con cada decomiso de drogas; por el contrario, vamos perdiendo por goleada y estamos sacando agua del bote.

Esa presunta incapacidad para detectar dinero de dudosa procedencia, podría estar relacionada con la falta de voluntad política tendiente a fortalecer los mecanismos de control; aunque surge la duda con relación a que pueda ser algo premeditado. Al menos, se deja ver con claridad la falta de interés.

Paralelamente, el desinterés por fortalecer la lucha contra el crimen organizado, se concatena con el desmejoramiento paulatino de las condiciones laborales de los cuerpos policiales. Entre otras cosas que muestran su deterioro, podemos citar, falta de calzado policial (vemos policías en tenis, zapatillas, o en botas de hule); es notoria la falta de mantenimiento y repuestos para la flotilla vehicular; la infraestructura es deficiente en la mayoría de los casos, etc. Todo eso se ve agudizado con la regresividad salarial de los últimos años (los cuerpos policiales fueron incluidos en la Ley Fiscal; ahora están incluidos en la Ley Marco de Empleo Público, con lo cual verán también congelados sus paupérrimos salarios). Contrario sensu, el crimen organizado, tiene mucho dinero y todos los recursos a su disposición.

¡Sí!, el narcotráfico opera en todo el país. Ya, aquel discurso de que los problemas de inseguridad se encontraban focalizados en algunos sectores urbano-marginales, es cosa del pasado.

Lo mismo vemos homicidios, asaltos, narcotráfico, en Puntarenas, Limón, San José, o la Zona Sur. Hablando de la Zona Sur del país, Punta Burica es un sector utilizado por el crimen organizado para trasegar drogas. Nuestra frontera con Panamá no cuenta con la seguridad requerida, necesaria y pertinente; no tiene el recurso humano y logístico para operar con mayor efectividad.

Para el año 2019, según datos de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Seguridad Pública, la Policía de Fronteras contaba con 390 funcionarios, los cuales se distribuyen en turnos, así como en distintas regiones del territorio nacional. Esa cantidad de funcionarios (390), debería ser mínimo el que atienda la Frontera Sur.

En ese mismo sentido, estrechamente ligado con el tema fronterizo, la Policía de Migración, como lo constatan varios reportajes del Diario Extra, muestra las paupérrimas condiciones que enfrenta dicho cuerpo policial. Al efecto, el funcionario y dirigente sindical, Gerardo Mora Ordoñez, clama, de manera incansable, por la inyección de recursos que les permita operar de una mejor manera; pero, una vez más, no parece haber voluntad política, en momentos en que, por cierto, vivimos una situación delicada con la constante llegada de población migrante a suelo nacional.

El panorama luce oscuro, al menos, así lo vemos quienes nos movemos en la llanura. Al parecer, nuestros gobernantes tienen otra perspectiva. En más de una ocasión me he cuestionado: ¿será falta de voluntad política, o más bien es producto de una confabulación con algunos grupos que, de repente han apoyado campañas políticas con bolsas de dinero? Lo anterior se fundamenta en la falta de acciones concretas; la “sordera” de nuestros legisladores es pasmosa. En varias oportunidades les hemos señalado la necesidad de fortalecer el trabajo de los cuerpos policiales, hemos advertido que no es oportuno afectar sus condiciones laborales, mucho menos provocar en las personas que los integran, una disminución en sus pocos ingresos.

Nuestro territorio viene siendo “tomado” por el narcotráfico, y el crimen organizado, mientras tanto, seguimos careciendo de una verdadera estrategia nacional sobre drogas, así como de una Política de Estado que procure articular acciones, mitigar o dar contención al ilícito negocio de los estupefacientes.

Extrañamente, la policía especializada, la Policía de Control de Drogas (PCD), sigue trabajando con las uñas, continua sin incrementar el recurso humano, de manera tal que pueda fortalecer sus investigaciones y, por ende, la lucha contra el flagelo que carcome nuestras comunidades. Para el año 2019, la PCD contaba con 169 funcionarios, siendo el segundo cuerpo policial con más bajas por renuncia, superado únicamente por la Fuerza Pública.

Nuestros gobernantes parecen desconocer, que los cuerpos policiales son la primera línea de prevención, por ende, son también los que tienen el primer contacto con los grupos delictivos, a la hora de enfrentarlos para brindarle seguridad al país. Inexcusablemente, para mejorar el combate a la criminalidad, es preciso dignificar su trabajo; así mismo, urge robustecer su capacidad operativa. Pero, para ello, se requiere voluntad política, una que hasta ahora parece inexistente.

¡Nos lo impusieron! Préstamo FMI: más endeudamiento y más pobreza

Publicada el 21/07/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La plutocracia reinante, nuevamente, se sale con la suya. Su coalición parlamentaria co-gobernante, con Alvarado Quesada a la cabeza del Poder Ejecutivo, votó en segundo debate el préstamo, de amplio rechazo popular, con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por 1.778 millones de dólares.

Recordemos que esta coalición co-gobernante con Alvarado Quesada está compuesta, a nivel parlamentario, por los partidos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana (ambos, popularmente, denominados el PLUSC); más, Acción Ciudadana (PAC) y los dos partidos religiosos (Restauración Nacional y Nueva República).

Por supuesto que todavía quedan “partículas” de decencia político-legislativa, como lo han sido las 7 personas diputadas que votaron contra este préstamo del FMI, en segundo debate.

Merecen que sus nombres los tengamos presente: Dragos Dolanescu Valenciano, Daniel Ulate Valenciano, Shirley Días Mejías, José María Villalta Florez-Estrada, Wálter Muñoz Céspedes, Sylvia Villegas Álvarez y Melvin Núñez Piña.

Tales partidos, con mucho camino recorrido (los tres principales), en cuanto a estafa política se refiere (han sido gobierno en los últimos 20 años), tienen una profunda comunidad ideológica con lo que conocemos como la plutocracia reinante; es decir, el poder real en la sociedad que está por encima de la institucionalidad democrático-formal de la República.

Esa plutocracia reinante, está compuesta por personas de carne y hueso como usted que lee esto, con la diferencia de que tienen muchísimo dinero acumulado, poseen grandes capitales que (por lo general), esconden en paraísos fiscales y, además, son grandes evasores-elusores de impuestos.

De manera reciente, dos personas integrantes de esa plutocracia reinante han salido mucho en los medios de comunicación colectiva del país: Carlos Cerdas Araya y Mélida Solís Vargas, dueños de las mega-empresas constructores MECO y HSOLÍS, respectivamente.

Hoy, ambos están en prisión preventiva por sus implicaciones en las presuntas multimillonarias operaciones delictivas con los negocios de construcción de infraestructura vial, calificadas por el Ministerio Público como crimen organizado. Hablamos, por supuesto, del caso Cochinilla.

La plutocracia reinante logró hacerse con el control político-ideológico de, básicamente, los partidos Liberación, Unidad y PAC, así como también de los religiosos. Éstos, aunque todavía no han sido administración gobernante, han sido piezas relevantes del accionar parlamentario que promueve legislación a favor de los mega-intereses corporativo-empresariales de esa plutocracia reinante.

Estas gentes del real poder en nuestra sociedad, con su coalición parlamentaria co-gobernante con Alvarado Quesada y sus sucesivas administraciones gubernativas en los últimos 20-25 años; son responsables directas del estado actual de nuestra amada Costa Rica, ubicada en los primeros diez lugares de los países más desiguales del planeta.

Ninguna necesidad había de endeudar más al país con este nuevo empréstito de 1.778 millones de dólares que, dada la naturaleza perversa del sistema tributario costarricense -que es injusto y que es corrupto-, terminará siendo pagado por la clase trabajadora y por los sectores medios de la sociedad; en particular, las micro-pequeñas y medianas empresas de las más diversas actividades.

Nosotros insistimos en que la ciudadanía no sabe, con total exactitud, la realidad de la deuda pública del país. La verdad es que los gobiernos del PAC son especialistas en maquillar el estado verdadero de las finanzas públicas. Y el pago de los intereses que esa deuda pública demanda es más que monstruoso.

El último dato en nuestro poder y según cifras oficiales (con datos oficiales de dudosa credibilidad), es que se está pagando un promedio diario, ¡sí!, cada 24 horas, de 11 millones de dólares.

Por eso el principal timo político de la plutocracia reinante y de su coalición parlamentaria-cogobernante con Alvarado Quesada a la cabeza del Poder Ejecutivo, para imponernos este préstamo FMI, por 1.778 millones de dólares es para cambiar deuda cara por barata.

Este argumento no tiene la menor credibilidad por cuanto, repetimos, el estado real del endeudamiento público es un misterio para el grupo de la población costarricense. Esto, por una parte. Por otro lado, los partidos políticos y sus sucesivos gobiernos al servicio de la plutocracia reinante, nunca han aceptado la tesis cívico-popular de la realización de una auditoría ciudadana de la deuda pública costarricense; planteamiento que ha sido reiterado muchas veces en el seno de la corriente sindical en la cual militamos y, también, en otros sectores sanos de la sociedad costarricense actual.

Finalmente, la desastrosa política tributario-fiscal y económica-productiva que nos ha sido impuesta por parte de la plutocracia reinante, operativizada mediante sus partidos políticos a lo largo de las últimas administraciones gubernativas; pero, especialmente, agravada tal circunstancia por las medidas legislativas de la coalición parlamentaria co-gobernante con Alvarado Quesada a la cabeza; tiende a profundizarse ante la ausencia de un contra-poder civil y político social que todavía no surge, dada la desunión de los diversos sectores sociales componentes de la abrumadora mayoría del pueblo costarricense, especialmente los organizados en una amplia diversidad de entidades. Es ésta la tarea histórica pendiente, hoy más urgente que nunca.

La corrupción sin control obliga a la autodefensa civil

Publicada el 30/06/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Un telediario sacó nota de prensa con este título: “Medidas cautelares contra los investigados por el caso Cochinilla aumentó la desconfianza de los ticos en el Poder Judicial, en el gobierno y en los partidos políticos”.

¡Exacto! Pero digámoslo con mayor contundencia y en mayúsculas: LA CLASE POLÍTICA TRADICIONAL (la vieja y la recién llegada a esta categoría) ESTÁ CORRUPTA; y las excepciones (porque todavía hay personas dentro de la misma que son honestas) solamente confirman que nuestros y nuestras gobernantes, ubicados en los distintos niveles de la institucionalidad, se pudrieron.

Les transcribimos algunos comentarios de personas ciudadanas que, con motivo de la indicada noticia, escribieron lo siguiente:

“No podemos seguir dormidos, esperando que alguien robe y robe tantas oportunidades de jóvenes. Necesitamos un líder de verdad, alguien que esté dispuesto por los pobres y la clase trabajadora”.

“Cuánta gente no tiene trabajo en este país, con problemas de pagar alquiler de su casa, de su comida; pero solo hablamos. Tenemos que despertar”.

“Necesitamos un… Bukele… Para extirpar tanta lacra política neoliberal y lacra judicial servil a los neoliberales políticos corruptos. Basta ya de tanto engaño y tanta m…”.

“Siervos menguados que solo para el berreo somos buenos. Pendejos que no salimos a las calles a luchar por un país más justo y equitativo”.

“Porque tiene plata todo lo puede comprar y con la plata del pueblo. Si fuese un pobre ni siquiera finanza le ponen”.

“Eso ya se resolvió: una fianza que da vergüenza y cada uno a gastar sus millones que de por sí este pueblo es tonto”.

“Todo pinta a impunidad una vez más”.

Las anteriores opiniones, de una manera u otra, reflejan un amplísimo criterio ciudadano generalizado. El hartazgo, el enojo, la molestia, la ira, la rabia y hasta el odio, efectivamente, tienen que ver con el impactante aumento de la desconfianza de los ticos en el Poder Judicial, en el gobierno y en los partidos políticos; agréguele la Contraloría, el TSE, la Fiscalía, el Consejo de Transporte Público, etc., etc.; y del Conavi, ¡ni hablar!

¡Ah, bueno! Y para peores, la resolución final en el caso Cochinilla puede durar diez años o más. Todo parece indicar que, nuevamente, nos arrastran al perverso lodazal de la impunidad.

En este mismo espacio, el miércoles 28 de marzo de 2018, hace 3 años y 3 meses, escribimos un artículo-propuesta que titulamos el Consejo Cívico contra la Corrupción, algo que parece ser de gran urgencia en estos momentos, considerando que es irrefutable la realidad de que “aumentó la desconfianza de los ticos en el Poder Judicial, en el gobierno y en los partidos políticos”, entrando ya a lo que pareciera ser un punto de no retorno.

En esa ocasión, indicamos lo siguiente: “La corrupción, con ropaje legal o sin él, en el seno de la institucionalidad pública costarricense ha estado impactando al pueblo costarricense de manera muy dramática en los últimos gobiernos, incluido el que está por terminar. Es de enorme notoriedad la constatación pública de que, pese a la honestidad abrumadora con la cual se ejecuta la actividad empresarial privada, los más impactantes casos de corrupción tiene en el primer nivel a hombres de negocios de, hasta un determinado momento, “intachable prestigioso, como los ya célebres casos del cemento y del plástico”.

Cuando hablamos de “en los últimos gobiernos, incluido el que está por terminar”, hacíamos alusión al de Luis Guillermo Solís Rivera; y, al escribir en ese artículo “pese a la honestidad abrumadora con la cual se ejecuta la actividad empresarial privada, los más impactantes casos de corrupción tiene en el primer nivel a hombres de negocios de hasta un determinado momento, ‘intachable prestigioso, como los ya célebres casos del cemento y del plástico’”; estábamos indicando los casos de Juan Carlos Bolaños Rojas y de Samuel Yankelewitz Berger.

Hoy, otro hombre de negocios de intachable prestigio, se adiciona a ese club de magnates involucrados en presuntos casos de corrupción monumental a los cuales se les da casa por cárcel; pero para que haya equidad de género, aparece involucrada una mujer empresaria, de apellido Solís.

Y en cuanto a la participación de personas funcionarias públicas en estos casos de corrupción, apuntamos lo siguiente: “Nadie, quien hace las cosas honestamente, debe sentirse ni molesto ni aludido por cuanto indiquemos que esta sintomatología corrupta y su patología social está en el sistema aduanero, está en la salud y la seguridad social, en el sistema de gestión de infraestructura vial, en el seno de la diversidad de la prestación de servicios de seguridad ciudadana, en el ámbito municipal, en el ámbito penitenciario, en el bancario, en el turístico, etc.”.

Ese artículo, “El Consejo Cívico contra la Corrupción”, del miércoles 28 de marzo de 2018, empezó con este párrafo: “El señor diputado don Mario Redondo Poveda ha venido planteando que la corrupción en nuestro país, estaría representando un 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), basándose en datos que está proporcionando el gobierno de los Estados Unidos, en su International Narcotics Control Strategy Report (Volumen I: Drug and Chemical Control), emitido con fecha marzo de 2018, por el Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, del United States Department of State (página 141 para el caso de Costa Rica)”.

Saque sus propias conclusiones, pero es incuestionable que la corrupción está sin control lo que obliga a la autodefensa civil.

Acción cívica ante la sala constitucional

Publicada el 29/06/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

De gran valor histórico-cívico, le compartimos el contenido fundamental de la acción cívica ante la Sala Constitucional, acaecida este pasado lunes 28 de junio de 2021, en la cual una importante cantidad de ciudadanos y de ciudadanas, integrantes del gran grupo de patriotas que representan, hoy, lo más lúcido de las conciencias militantes de orden popular en favor de la Democracia y de la Constitución; con ocasión del análisis a que está siendo sometido en el más alto tribunal de la República (la denominada Sala Cuarta), el Expediente Legislativo No. 21.336, Ley Marco de Empleo Público, se planteó SOLICITUD ANTE LA SALA CONSTITUCIONAL DE PARTE DEL PUEBLO DE COSTA RICA POR ACCION POPULAR; DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 9 DE LA CONSTITUCION POLITICA.

CONSULTA DE CONSTITUCIONALIDAD. Señores Magistrados y señoras magistradas Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. De conformidad con el artículo 9 de la Constitución Política que establece:

“El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí: El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias…”;

los y las abajo firmantes todos y todas costarricenses en ejercicio de nuestro poder Soberano; así como representantes de organizaciones sindicales y comunales y de la sociedad civil, nos apersonamos ante esta sala a Exponer la preocupación que nos embarga con la aprobación en primer debate del nefasto proyecto Ley Marco de Empleo Público, Expediente Legislativo 21.336, hoy día en consulta ante esta Sala Constitucional.

Por ello, como pueblo soberano nos sentimos con derecho a exigir ante un ente como el que ustedes representan, y cuya razón de ser es garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional y comunitario vigente de la República, su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución Política, y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica (art. 1 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).

QUE CUMPLAN SUS ILUSTRES AUTORIDADES CON SU SAGRADO DEBER DE RESGUARDAR Y VELAR POR EL ABSOLUTO RESPETO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, declarando inconstitucional ese nefasto proyecto que, disfrazado de “ley de empleo público”, tiene como fin oculto y perverso acabar con la democracia en Costa Rica al violentar el PRINCIPIO DE DIVISION DE PODERES.

El Poder Judicial es un poder de la república que tiene independencia, autonomía funcional y este proyecto de ley tiene múltiples normas, donde se le da al Poder Ejecutivo o a órganos del Poder Ejecutivo, la posibilidad de entrometerse en aspectos medulares del funcionamiento del Poder Judicial. Por otra parte, se violenta la Constitución Política al darse esa misma intromisión en las universidades públicas que gozan, según ésta, de autonomía; así como también se violentan en el indicado proyecto de ley, las autonomías de las municipalidades y de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Por otra parte, hacemos un vehemente llamado al magistrado FERNANDO CASTILLO VÍQUEZ y a la magistrada NANCY HERNÁNDEZ LÓPEZ, ambos de la Sala Constitucional, a efecto de que se inhiban de conocer la Consulta de Constitucionalidad interpuesta por 15 diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa en contra del proyecto de Ley Marco de Empleo Público.

LEGITIMACIÓN. Como ciudadanos costarricenses al amparo del artículo 9 de la Constitución Política en ejercicio de nuestro poder soberano, nos asiste la legitimización para interponer la presente recusación.

MOTIVOS. Se interpone la presente recusación con base en los siguientes hechos:

Contra NANCY HERNANDEZ LÓPEZ: Con fecha del 27 y 28 de enero del 2021, los medios de comunicación informan que la señora magistrada será candidata a jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Hecho que fue ratificado el día 29 de enero por la página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; y, el mismo 27 de enero, por la página de la Presidencia de la República.

No cabe la menor duda de que quien propone la candidatura de la magistrada Hernández López es el Poder Ejecutivo, específicamente el señor Presidente de la República, lo que hace suponer que la promoción de dicha candidatura requiere una amplia y estrecha comunicación entre la señora magistrada y el señor Presidente de la República, quien es el promotor directo e interesado en que el mencionado proyecto de ley resulte finalmente aprobado, como parte del compromiso adquirido con el FMI para la aprobación del préstamo de 1.750 millones de dólares; lo que evidencia la existencia de un conflicto de intereses para la señora magistrada, por cuanto existen circunstancias especiales que han dado motivo en la ciudadanía costarricense para tener graves dudas acerca de la imparcialidad y objetividad con que pueda ser tratado y resuelta esta consulta por la magistrada Hernández López.

Por otro lado, existe ya un precedente en el cual la misma magistrada Hernández López solicitó a la presidencia de la Sala Constitucional, poder inhibirse de varios procesos contra el señor Presidente de la República, por las mismas razones expuestas en esta solicitud de inhibitoria.

Contra FERNANDO CASTILLO VÍQUEZ: Porque su hija María Fernanda Castillo Calvo, cédula 1-1234-0534, según ha quedado demostrado en diferentes medios de difusión nacional y consta en el Registro Civil, trabaja en el Departamento Legal de Casa Presidencial, es decir que es una persona muy cercana al Presidente de la Republica, principal promovente de que esta ley sea aprobada y eso debería ser motivo suficiente para inhibirse.

FUNDAMENTO LEGAL. El principio de imparcialidad y transparencia que dimana del artículo 11 de la Constitución Política, y complementado por los numerales 230 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial.

También, la Procuraduría General de la República, como órgano Asesor Jurídico ha dicho: «que el principio de imparcialidad, conjuntamente con el de independencia en la gestión pública, constituye el pilar en el que se asienta toda la legislación sobre incompatibilidades. En efecto, para obviar los conflictos de intereses y salvaguardar el interés público, el legislador ha elaborado un conjunto de reglas éticas que deben ser observadas por los funcionarios en el ejercicio de la función pública. Entre tales reglas están las referentes a la abstención y recusación (artículos 230 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública).» (dictámenes C-079-2000 de 24 de abril del 2000 y C-062-2002 de 26 de febrero del 2002; así como la O.J.-105-2002 de 22 de julio del 2002; y en sentido similar, el dictamen C-127-2002 de 24 de mayo del 2002).

También ha dicho: “Ergo, las causales de impedimento, excusa o recusación, tienen el común denominador de ser situaciones o circunstancias que comprometen la imparcialidad de la persona encargada. El régimen de las inhibiciones, recusaciones y excusas tiene su razón de ser en la consecución de una justicia objetiva, imparcial, independiente y cristalina, propia de regímenes democráticos y de derecho.” (OJ-260-2003 del 12 de diciembre del 2003)”.

PETITORIA. Por lo expuesto anteriormente, como ciudadanos y ciudadanas costarricenses solicitamos

Se respete la Constitución Política y se declaren todas las inconstitucionalidades que contiene el proyecto de empleo público.

Se aparten de conocer de esta consulta los magistrados NANCY HERNANDEZ LOPEZ Y FERNANDO CASTILLO VÍQUEZ por cuanto los costarricenses y representantes de diversas agrupaciones sindicales y sociales no confiamos en su objetividad para resolver este asunto por los lazos que los unen con el presidente de la republica principal promovente e interesado en la aprobación de esta nefasta ley

Suscribimos la anterior nota para ser entregada a la Sala Constitucional los siguientes ciudadanos y ciudadanas de Costa Rica, con fecha lunes 28 de junio del 2021.

El planteamiento que usted acaba de leer fue elaborado por las personas expertas en la materia, integrantes de la Alianza Sindical del Poder Judicial, que fue la entidad gremial promotora de esta Acción Cívica ante la Sala Constitucional; iniciativa que fue respaldada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), por la Asociación Sindical de Empleados de la Energía y las Telecomunicaciones (ASDEICE), y por la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (FECTSALUD). A nivel de entidades civiles de lucha popular, fue apoyada por el Movimiento Rescate Nacional y por Mujeres en Lucha Social.

El proyecto de Ley de Empleo Público en la mira de la OIT

Publicada el 09/06/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Por Manuel Hernández

Publicado en: semanariouniversidad.com

A propósito del último informe de la CEACR/OIT/2021

En el último informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR), presentado en el marco de la Conferencia Internacional de Organización Internacional del Trabajo (OIT), N° 109 (junio/2021), la Comisión examinó las observaciones de varias organizaciones sindicales, relacionadas con el impacto que tiene la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635, y el Proyecto Marco de Empleo Público, Expediente N° 21336, en el ejercicio de los derechos garantizados en el Convenio N°98 OIT, sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, ratificado por Costa Rica.

Este novísimo informe, que no puede pasar inadvertido, constató las reiteradas denuncias de los sindicatos acerca de las restricciones del derecho de negociación colectiva en el sector público.

La CEACR le solicitó al Gobierno que informe “(…) sobre la evolución del mencionado proyecto de ley de empleo público, y confía en que en el marco de este se tomarán plenamente en cuenta las garantías del Convenio.”

Es necesario señalar que el Gobierno prefirió, a falta de toda argumentación para desvirtuar las múltiples infracciones que contiene el proyecto, hacerse de la vista gorda y, en consecuencia, no presentar, en su momento, ninguna información complementaria a la Comisión.

A raíz de esta desatención del Gobierno, la CEACR reiteró sus comentarios del Informe de 2019, los cuales son de extraordinaria importancia y plena actualidad.

En estos comentarios, la CEACR recordó -para que nadie lo olvide- que, desde hace muchos años, viene examinando una serie de obstáculos en la plena aplicación del artículo 4 del Convenio N°98, en el sector público del país.

La CEACR subrayó que los servidores públicos, tales como los empleados de empresas públicas, municipalidades, empleados de entidades descentralizadas, docentes, personal de transportes, entre otros, “deben gozar del derecho de negociación colectiva, inclusive con respecto a las remuneraciones.”

Finalmente, indicó que confía en que el Gobierno, en consulta con las organizaciones sindicales, tomará las medidas para reforzar el derecho de negociación colectiva en la función pública, y pide que se comunique a la OIT toda acción al respecto.

Así de claras y contundentes han sido las advertencias del organismo internacional, que no hay más que pedir.

No obstante, el Gobierno y la Asamblea Legislativa lanzaron al tarro de la basura estas rigurosas observaciones de la OIT al promover frenéticamente el proyecto de ley de empleo público como moneda de cambio de un desaguisado préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo proyecto violento palmariamente el Convenio N° 98, por los siguientes motivos:

1.- El proyecto de ley suprime, de un solo mazazo, el derecho de negociación colectiva en la Administración Pública, comprendiendo los tres poderes del Estado, instituciones descentralizadas, instituciones autónomas, municipalidades, universidades, la Caja Costarricense de Seguro Social y empresas públicas.

2.- Como si lo anterior fuera poco, la destrucción del derecho de negociación colectiva se remata imponiendo la prohibición expresa –para que no quede la menor duda- de la negociación de las remuneraciones y cualquier otro extremo laboral que tenga alguna implicación económica en los presupuestos institucionales.

3.- Además, se violentó la legislación internacional, porque el proyecto se tramitó unilateralmente, de manera antidemocrática, excluyendo el Diálogo Social y toda instancia consultiva de participación de las organizaciones representativas de los trabajadores.

No es ocioso traer a colación, para que la memoria no nos juegue una mala pasada, que ya la OIT, en el consistente y amplio Memorando que rindió el Departamento de Normas Internacionales y de Gobernanza (2020), a solicitud de la propia Comisión de Gobierno y Administración que dictaminó el proyecto de ley, precisó que el proyecto contenía un cúmulo de normas que no concordaban, no solamente con el Convenio N°98, sino además, como en feria, con otros convenios, entre ellos el C100, C111, C156 y C159 OIT.

Pero, no fue solo que las observaciones que contiene el Memorando fueron totalmente ignoradas por la comisión legislativa, sino que después, en sentido contrario a las recomendaciones de OIT, en una abierta afrenta a los cuestionamientos del organismo internacional, el proyecto tuvo un giro más antisindical, una vuelta de rosca más regresivo y autoritario, hasta configurar el monstruoso e impresentable Frankenstein que se fue armando y someterá a primer debate en los próximos días.

De esta manera, queda retratado, de cuerpo entero, el constante desprecio gubernamental y legislativo de los pronunciamientos de la OIT, lo cual significa una burla de los compromisos que nuestro país tiene asumidos con este prestigioso organismo internacional.

32 mil 820 millones de dólares ($32.820.000.000)

Publicada el 02/06/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

32 mil 820 millones de dólares estadounidenses ($ 32.820.000.000), es el dato que el Banco Central de Costa Rica (BCCR), registra como “depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales en moneda extranjera-en millones de dólares”), al 30 de setiembre de 2018.

Nos preguntamos: 32 meses después, al término de mayo 2021, ¿cuál será la cantidad en ese registro BCCR en estos momentos? ¿Habrá disminuido? ¡No lo creemos!…

32 mil 820 millones de dólares USA, si tomamos como tipo de cambio 620 colones, más o menos a hoy, en moneda nacional equivalen a 20 billones 348 mil 400 millones de colones (20.348.400.000.000).

¿De dónde tomamos semejante dato? A solicitud de la ANEP, el anterior Gerente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), don Eduardo Prado Zúñiga, emitió el oficio GER 0337-2018, fechado 14 de diciembre de 2018, respondiendo una serie de inquietudes que, con asesoría experta, le formulamos sobre varios aspectos delicados, estratégicos y relevantes del accionar del BCCR en el manejo de las responsabilidades que la ley le ha otorgado en el campo económico y fiscal-monetario.

Ese dato, 32 mil 820 millones de dólares estadounidenses ($32.820.000.000), se desagrega en dos segmentos:

12 mil 351 millones 200 mil dólares ($12.351.200.000), catalogados como “Depósitos del público en moneda extranjera en los bancos”. En colones: 7 billones 657 mil 744 millones de colones (7.657.744.000.000).

20 mil 468 millones 800 mil dólares ($20.468.800.000), catalogados como “Tenencia de los bancos de activos en moneda extranjera”. En colones: 12 billones 690 mil 656 millones de colones (12.690.656.000.000).

Esta danza de miles de millones de dólares en depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales en moneda extranjera, que nos reportó el BCCR, como dato oficial al 30 de setiembre de 2018, causó nuestra profunda estupefacción al darnos cuenta de la existencia de tantísima plata en el país. ¿Quién o quiénes la tienen?

Tal estupefacción es más fuerte todavía, si hacemos la comparación de esos mismos datos, pero al 31 de diciembre de 2010, según la información en nuestro poder extractada del mismo oficio. Veamos:

Depósitos del público en moneda extranjera en los bancos: Al 31 de diciembre de 2010, estaba en 7 mil 711 millones de dólares y al 30 de setiembre de 2018, en 12 mil 351 millones 200 mil dólares. Es decir, en 8 años (poco menos), este rubro tuvo un salto de 4 mil 640 millones de dólares. Dicho de otra forma, este rubro creció en 580 millones de dólares, cada uno de esos 8 años.

“Tenencia de los bancos de activos en moneda extranjera”: Al 31 de diciembre de 2010, estaba en 10 mil 222 millones 900 mil dólares y al 30 de setiembre 2018, en 20 mil 468 millones 800 mil dólares. Es decir, en 8 años (poco menos), este rubro tuvo un salto de 10 mil 245 millones 900 mil dólares. En cada uno de esos 8 años, este rubro creció en 1.280 millones 737 mil 500 dólares.

Para no “intoxicarnos” con tantos números, lo que nos interesa resaltar es lo siguiente:

a) Al 30 de setiembre de 2018 (a 18 meses antes de la llegada de la pandemia), el sistema financiero-bancario costarricense tenía “embodegados”, 32 mil 820 millones de dólares estadounidenses ($ 32.820.000.000). En colones: 20 billones 348 mil 400 millones de colones (20.348.400.000.000).

b) 8 años antes, diciembre de 2010, la cantidad “embodegada” era 17 mil 933 millones 900 mil dólares ($17.933.900.000). Es decir, entre el 31 de diciembre de 2010 y el 30 de setiembre de 2018, se dio un crecimiento de 14 mil 886 millones 100 mil dólares ($14.886.100.000), por concepto de “depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales en moneda extranjera”, en el sistema financiero-bancario costarricense.

c) En el período comprendido entre 31 diciembre 2010-30 setiembre 2018 (a 18 meses de la llegada del covid-19 al país), estos capitales, “depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales en moneda extranjera-en millones de dólares”), crecieron en un ¡83%! Sencillamente espectacular y espeluznante. Cada uno de esos 8 años, el promedio anual de aumento en este rubro fue de mil 869 millones, 750 mil dólares ($1.869.750.000).

Conclusión: la pandemia llegó en un momento en que el sistema bancario-financiero del país estaba inundado de plata, según este rubro: “depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales en moneda extranjera-en millones de dólares”. Prácticamente, una gigantesca e incomprensible cantidad de 34 mil 680 millones 750 mil dólares ($ 34.680.750.000); agregando para el año 2019, la cifra promedio anual de crecimiento entre 2010-2018.

Tal cifra, 34 mil 680 millones 750 mil dólares, viene a ser, en colones (620 promedio, tipo de cambio), 21 billones 502 mil 065 millones de colones (21.502.065.000.000). ¿Verdad que son cifras sumamente difíciles de creer y de comprender?

Que sepamos nosotros, la clase trabajadora asalariada de ingresos medios y bajos difícilmente tenga “depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales en moneda extranjera-en millones de dólares”. La clase media, ¡tampoco! Y si hay sectores medios (¡que los hay!), con plata como para tenerla depositada en el sistema financiero-bancario del país, no creemos que sea en las escandalosísimas cifras que nos dio el Banco Central de Costa Rica (BCCR), en la carta dirigida a la ANEP que hemos comentado (usted la puede tener visitando www.anep.cr). La concentración del capital en el país es inconmensurablemente inobjetable. ¿Quiénes son los ricos y los súper-ricos ticos? ¿Será producto, tanta plata, del dinero narco? ¿Quién puede explicar de dónde vino la cantidad de $1.869.750.000 (casi mil 900 millones de dólares), por cada uno de los años comprendidos entre 2010-2019? El poderío político que genera esta plata nos ayuda a explicarnos bastantes situaciones de la Costa Rica actual.

La destrucción logístico-operativa y estratégica de la seguridad ciudadana

Publicada el 01/06/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El máximo jerarca institucional del cuerpo de oficiales de la Policía de Tránsito de Costa Rica manifestó, en recientes declaraciones de prensa, que se ocupan de, al menos 600 y hasta 1.200, personas nuevas que ingresen a laborar en este importante servicio de la Seguridad Ciudadana que es la Policía de Tránsito. Dio a entender que ejecutan su estratégica labor en medio de gran precariedad y con muchas dificultades, apelando a forzadas (diríamos nosotros), maniobras y coordinaciones inter-institucionales para la delicada tarea de velar por la vida de las personas en las carreteras del país.

Su dramático llamado que, por cierto, nada nuevo es, se hace eco de una reiterada labor de denuncia responsable que, desde hace ya bastante tiempo, se formula con la voz gremial, policial-institucional en tal sentido, en cada uno de los cuerpos policiales nacionales.

Notorio resulta aprovechar el reclamo del indicado jerarca, para resaltar la intensa labor de denuncia que, acerca del debilitamiento paulatino y sostenido de los diferentes cuerpos policiales del país, vienen desplegando destacados líderes sindicales de base ubicados en los mismos y/o con responsabilidad en la materia; especialmente personas dirigentes que destacan en la corriente sindical en la cual militamos.

Las seccionales sindicales de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en Fuerza Pública, en la Policía Profesional de Migración y Extranjería, en la Policía Penitenciaria, en la de Tránsito, en la de Control de Drogas (PCD), en la Aeronáutica y en la de Fronteras; tanto en la Ecológica (que es como nos gusta llamar al personal de guardaparques), como en la Fiscal; llevan muchísimo tiempo alertando al país, a las autoridades gubernativas actuales (y a las anteriores), de una especie de conjura política tácita tendiente a la destrucción logística y operativa, y hasta estratégica, de los servicios públicos policiales ligados de manera directa a la Seguridad Ciudadana.

El clamor incesante, constante, documentado, sólidamente argumentado de estas personas valientes, dirigentes sindicales policiales, se estrella contra el muro del fanatismo fiscalista; contra el muro del recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable y hasta irracional, registrándose ya dos vergonzosos episodios en los cuales es la propia Asamblea Legislativa (por falta de conocimiento, de estudio y también por fundamentalismo fiscalista), la que se ve obligada a corregir gravedades de recorte presupuestario-policial, pues las autoridades fiscales centrales del Ejecutivo caen en extremismos ilógicos y peligrosos.

Esta especie de operación encubierta que nos conduce hacia la destrucción logística y operativa, y hasta estratégica, de los servicios públicos policiales ligados de manera directa a la Seguridad Ciudadana; se manifiesta en momentos en los cuales la ciudadanía contempla estupefacta, ya no solamente el avance del poder del narcotráfico y del crimen organizado, sino el crecimiento cualitativo y cuantitativo de la violencia criminal delincuencial común, sin hablar de los delitos de cuello blanco que se siguen cometiendo en los gobiernos del partido político de la transparencia.

Como si ello no bastase, nuestros cuerpos policiales, subvalorados profesional y salarialmente, se enfrentan a las consecuencias negativas del crecimiento de la desigualdad social y de la exclusión económica. En su diario quehacer, las personas con las cuales tienen relaciones de conflicto son, precisamente, las caras o los rostros de esa desigualdad y de esa exclusión. Sin duda alguna, hay factores psicoemocionales en las tareas policiales que no han sido debidamente ponderados.

A esta altura de las muestras contundentes del avance de la criminalidad y del crimen organizado; de las muestras contundentes del estado precario multidimensional de los cuerpos policiales del país (empezando por su faltante de personal en cada uno); del crecimiento, cualitativo y cuantitativo, de la exclusión social y de la desigualdad económica, uno podría concluir que mientras la ley y la justicia retroceden, el crimen y la corrupción es lo que avanza.

Corresponde, en tal sentido, que de cara al proceso electoral nacional ya en desarrollo, las fuerzas gremiales policiales se aglutinen y potencien sus más que autorizadas y calificadas voces gremiales de denuncia, de propuesta y de lucha. Como ya lo hemos vivido, las ofertas electorales en torno a los temas de Seguridad Ciudadana, no dejarán de presentarse, con su carga de demagogia y de nueva estafa electoral. Es el momento, en consecuencia, para que emerja la voz policial unidad y articulada. Es la policía la que le pone el pecho a las balas… no son los políticos.

Aumento en la edad de jubilación, igual a “policías con bastón”

Publicada el 24/05/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Por: Mainor Anchía Angulo, Directivo Nacional de ANEP

Al mismo tiempo que en la Seccional ANEP-Fuerza Púbica, le hemos solicitado a los señores diputados y a las señoras diputadas una reforma que permita la jubilación anticipada de las personas trabajadoras integrantes de los cuerpos policiales; la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), nos quiere aumentar la edad de retiro a los sesenta y cinco años (65), tanto hombres como mujeres. Se aduce problemas de sostenibilidad en el régimen de pensiones; lo que no se dice, es cuáles son las razones de esa dificultad.

En relación con la edad de jubilación, existen estudios técnicos que demuestran que el desgaste físico y emocional, así como el deterioro en la salud, en general, de las personas trabajadoras de cuerpos policiales, es mayor al que sufren las que se vinculan con otras labores. El trabajo del o de la policía es una ocupación de alta exigencia, responsabilidad y expectativa social con respecto a su servicio y rol, por tanto, se califica como una ocupación altamente estresante, así es, basta ponerse el uniforme para sentir esa presión que conlleva la función policial.

Criterios técnicos señalan que, “Es un proceso de desequilibrio entre las demandas y la capacidad de respuesta de la persona que se enfrenta a ellas, dado que entran en juego multitud de factores (personales, de la situación y de las relaciones interpersonales), entre los que destaca la percepción que la persona tenga sobre si sus recursos (personalidad, experiencia, capacidad, etc.) son suficientes o no para hacer frente a los requerimientos que se plantean.”

Estos estudios han demostrado que la edad de jubilación de un policía no debe exceder los cincuenta y cinco años de edad.

El INFORME TÉCNICO DE-ST-ITE-3-2017, del Consejo de Salud Ocupacional (CSO), del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), determinó que la función policial es insalubre y peligrosa. Aunado a ello, entre los argumentos que se presentan en los estudios mencionados se rescatan los siguientes:

– La complicada trayectoria de la vida policial genera enfermedades que, por su naturaleza, repercuten fuertemente a determinada edad, lo cual atenta contra la eficiencia del servicio de seguridad ciudadana.

– El policía es especialmente propenso a desarrollar padecimientos tales como: hipertensión arterial derivada del frecuente estrés, estados de vigilia constantes, comidas rápidas ingeridas en su propio lugar de trabajo, falta de actividad física, etc.

– Insuficiencias y enfermedades cardíacas, trastornos vasculares periféricos causados por las extensas jornadas en las que debe permanecer de pie.

– Perturbaciones digestivas y enfermedades respiratorias derivadas de sus largas horas a la intemperie.

– Accidentes laborales producto del quehacer preventivo o represivo.

– Deterioro de la columna vertebral, motivado por osteoporosis propia de la edad o por la portación cotidiana del equipo de protección (chalecos antibalas, armas de reglamento, vara policial, botas, radio de comunicación y otros).

– El nivel de tensión emocional que la persona policía maneja acelera el quebranto de su estado de salud en general, y es propenso a desarrollar patologías psiquiátricas por cuadros de ansiedad, depresión, agotamiento físico, y separación familiar en muchos casos.

– Desde la óptica psicológica, el policía sufre un desgaste gradual por la exposición a eventos extremos, fatiga mental acumulada por los pesados horarios de trabajo, sensación de inseguridad constante en el policía y sus familiares directos ante probables represalias y acciones de venganza por parte de la delincuencia, etc.

En Colombia, por ejemplo, las y los oficiales, así como los miembros del nivel ejecutivo se pueden retirar por solicitud propia, siempre y cuando tengan 20 años de servicio a la Policía Nacional, y hayan cumplido 55 años de edad los hombres y 50 años de edad, las mujeres.

La función policial se relaciona estrechamente con la vida. Las personas que trabajan como guardianes del orden, se saben expuestas a enfrentarse, en cualquier momento, con un criminal, teniendo que jugarse el físico, ya sea para repeler una agresión ilegitima o para evitar la comisión de un delito.

Para nadie es un secreto que la criminalidad cada día es más sofisticada, más preparada, más atrevida; por ello, resulta un riesgo para la seguridad común mantener a personas de más de sesenta años en labores de seguridad ciudadana. Eso, amén, de la injusticia que representa para quienes exponen su vida constantemente y ven pasar los años lejos de sus hijos e hijas, perdiéndose de graduaciones, cumpleaños, navidades, etcétera.

En momentos de mayor criminalidad, sabidos de la penetración del crimen organizado en nuestro país, resultaría peligroso, grosero y hasta inhumano, retardar la jubilación de nuestros y de nuestras policías. De ser así, la delincuencia posiblemente sacará provecho, al enfrentarse con personas adultas mayores, en algunos casos; a policías que, por su edad y el desgaste que provoca la función policial, se harán acompañar de un “bastón”.

Lic. Mainor Anchía Angulo

Abogado

Directivo Nacional de ANEP

Policías solicitan a diputados mejoras en sus condiciones laborales

Publicada el 08/04/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Las peticiones son las siguientes:

• Compra de armas no letales.
• Póliza que cubra al policía 24 horas y 7 días a la semana.
• Exclusión del Proyecto Ley Marco de Empleo Público.
• Reforma al sistema de pensiones.