La ANEP junto a representantes de la Seccional ANEP-AyA se reunieron con la Presidenta Ejecutiva de AyA, Yamileth Astorga para aclarar la situación con respecto a la situación actual que viven trabajadores jornales ocasionales de la institución. Seguimos en lucha, así como denunciamos esta situación, continuamos buscando la estabilidad de estos trabajadores.
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Histórico: SITRAP logra acuerdo de Convención Colectiva en empresa bananera
¡Histórico!. Es la mejor forma de describir el acuerdo alcanzado de convención colectiva por el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP) en la finca bananera Duacari Cuatro en la zona Caribe de nuestro país.
Esta Convección Colectiva es la primera que se firma en este tipo de empresas desde 1981. Pasaron 38 años para que este hecho histórico se volviera a repetir en las paginas de la historia costarricense de lucha obrera.
Para los trabajadores de la Finca Duacarí Cuatro este instrumento va a mejorar su calidad de vida laboral con una serie de cláusulas que respaldan sus derechos y los faculta para que el sindicato los represente ante los patronos ante cualquier eventualidad.
Esta convención colectiva abre el camino para que otras empresas bananeras y piñeras reconozcan y respeten los derechos laborales de sus trabajadores.
Desde la ANEP felicitamos a SITRAP y los trabajadores de la Finca Duacari Cuatro por este hecho histórico, que sin duda quedará marcado en las páginas de lucha social costarricense.
Sala Constitucional acoge recurso de amparo de ANEP contra Ministerio de Hacienda
La Sala Constitucional acogió la petición de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP), mediante recurso de amparo, con el cual se pretende que el Ministerio de Hacienda suministre el nombre de las 96 empresas a a las que se les inició el cobro y el monto que cada una debe pagar.
El pasado 5 de diciembre del 2018, el Ministerio de Hacienda realizó una conferencia de prensa en donde se informó sobre la lista de empresas que habían reportado cero ganancias o utilidades en los últimos 10 años. Además, indicó que había 96 empresas a las cuales la Dirección de General de Tributación realizó el cobro de ¢560.000 millones, sin dar más detalles.
Para nuestra organización sindical es de suma importancia la transparencia en el tema de evasión, elusión y cobro de impuestos. Por eso mediante Oficio DGT-1905-2018 del 19 de diciembre de 2018, el Director General de Tributación contestó de manera negativa, indicando como fundamento que la información solicitada es confidencial en su totalidad.
“(…) se encuentra impedida de proporcionar la información requerida pues esta reviste el carácter de confidencial, siendo que nuestros funcionarios están impedidos de divulgar en forma alguna la cuantía u origen de las rentas así como ningún otro dato que figure en las declaraciones de los contribuyentes, por ello, revelar el nombre de las empresas que han tenido utilidad cero o pérdida en el impuesto de utilidades, violenta el sigilo profesional y vulneraría la confidencialidad que ostentan las declaraciones juradas presentadas por los obligados, siendo que la información perseguida se fundamenta en éstas últimas.”, indica el documento.
A la ANEP le queda claro que la información específica de cada declaración de renta que realizan las empresas son confidenciales. Sin embargo, el recurso o la solicitud está direccionada solamente a que la administración tributaria suministre los nombres de las 96 empresas en las que se ha determinado diferencias en la declaración sobre el impuesto de la renta.
En el recurso de amparo, la ANEP destaca el voto 2018-18694 de la Sala Constitucional, en el cual Magistrado Castillo Víquez, considera que “resultan plenamente aplicables para el caso de los impuestos, pues no cabe duda que la evasión fiscal, el no pago oportuno de los impuestos y otras prácticas indebidas desde el punto de vista ético y jurídico, socavan las bases del Estado social de Derecho, toda vez que con ello se impide que la Administración Pública financian con ingresos corrientes los gastos corrientes que conlleva la prestación servicios públicos de calidad; además, contribuye a agravar la situación fiscal del gobierno central. Por consiguiente, todo lo relativo al nombre de los contribuyentes y los responsables, al monto que pagan por concepto de tributos, así como a su morosidad, es asunto que tiene un marco interés público y constituye información pública; información que en manos de los ciudadanos constituye una importante herramienta para el ejercicio de la democracia participativa en una materia que afecta a todo el colectivo social”.
Seccionales de ANEP Joven y Secretaría de Juventud se reúnen con el Movimiento Estudiantil de Secundaria
Como parte de las acciones enfocadas a sumar esfuerzos, representantes de las seccionales de ANEP Joven y la Secretaría de Juventudes de ANEP se reunieron, esta mañana, con el Movimiento Estudiantil de Secundaria.
«Es la primera vez que nos reunimos con el movimiento estudiantil, nosotros como seccional joven estamos enfocados en el ámbito laboral- sindical y nos parece de suma importancia que los jóvenes en general vayan conociendo de los movimientos sindicales; los cuales les dará la capacidad de promover proyectos entre ellos y la movilización social. Nos interesa que nos vean no sólo como sindicato, sino como un grupo que también participa en temas a nivel social, ambiental, de equidad, entre muchos otros», comentó Yajaira Mongrillo, integrante de la Junta Directiva de ANEP-Joven.
Por su parte, Eduard Miranda Hernández, representante del Movimiento Estudiantil de Secundaria, indicó que el acercamiento con la seccional surge por la necesidad de comenzar a trabajar por la defensa de los derechos de los estudiantes.
«Hemos visto mucha afectación hacia los estudiantes, el Gobierno y la sociedad han dejado de lado los derechos de las juventudes. En este momento requerimos del apoyo cooperativo para comenzar a trabajar en los sectores más propensos de la juventud. Queremos aprender de cómo movilizar a este sector y cómo trabajar por ellos», dijo Miranda.
La seccional ANEP- Joven se mantiene siempre anuente a los acercamientos con grupos de la sociedad civil y otros grupos sindicales con la finalidad de luchar por el bien común.
ANEP pide celeridad en investigación por supuesto mal manejo de fondos en el Teatro Nacional
- La organización sindical presentó una denuncia penal por la administración de ¢1500 millones en el Teatro Nacional
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicita al Ministerio Público celeridad ante la denuncia penal presentada para que se investigue la supuesta mala administración de ¢1500 millones en el Teatro Nacional.
“Lo que nos interesa sobremanera, como ANEP, es que el Ministerio Público en cuyas manos dejamos una fuerte denuncia por presuntas irregularidades en el manejo de fondos en el Teatro Nacional intervenga con celeridad y así evitar cualquier traspié que pueda (de alguna manera) enturbiar la investigación”, explicó Albino Vargas, Secretario General de la ANEP.
De acuerdo con el documento, una de las actuaciones más graves por parte de la administración son los pagos abusivos en consultorías jurídicas a profesionales en Derecho, así como el abuso en las contrataciones “outsourcing”.
En el caso de la contratación de servicios vía “outsourcing”, se creó una licitación (2015LN-000111-03300) bajo la modalidad de entrega según demanda.
Sin embargo, dichas contrataciones las han hecho para funciones permanentes las cuales pueden ser realizadas por los mismos trabajadores públicos. Con ello, crearon una planilla paralela donde los administradores del Teatro Nacional eligen a “dedo” a dicho personal, aun existiendo una licitación para que una empresa ajena al teatro se encargue de la suplencia de personas por trabajos temporales.
Cabe destacar que, anteriormente a la licitación antes mencionada, existía una que sólo era para el nombramiento de acomodadores y encargados de puerta del Teatro Nacional. Pero con los cambios implementados, se contrata personal para siete posiciones laborales: encargado de puerta, personal de apoyo, personal grado administrativo, personal artístico, personal grado artístico, personal nivel técnico y personal nivel operativo.
“En total se han generado órdenes de compra por un total de ¢270.539.240”, resalta la denuncia.
En cuanto a la contratación de abogados externos, la ANEP denunció que se han pagado ¢346 millones por servicios profesionales en derecho y que ningún caso se ha ganado.
“Pero lo curioso de todo esto es que las facturas de estos abogados no tienen detalle de qué se les paga, sino que se pone sólo “servicios profesionales” y se pasan.
“No hay control en ese contrato, las facturas mensuales son de ¢5 millones o ¢9 millones y no especifican qué se les paga, solamente dicen “servicios profesionales”, agregó Vargas.
“Por eso queremos que intervengan rápido porque podría dar pie a eventuales separaciones transitorias de cargos relevantes o incluso para resguardar documentación física o tecnológica importantísima para esclarecer la verdad real de los hechos”, indicó el sindicalista.
ANEP denunció irregularidades como la realización de un contrato para una remodelación que no se enmarca en la figura adecuada de contratación; la omisión de mantener a funcionario laborando pese a que una investigación arrojó el despido; y el contrato para un festival al margen del sistema de compras del Estado.
Además, se suma el pago de vacaciones del auditor institucional, el contrato del ingeniero y una empresa constructora para mejora del Teatro por casi dos años y aún no culminan los trabajos; contratación al ICE sin pasar por el sistema de contratación, y, por último, el mal manejo del impuesto sobre espectáculos públicos.
La clase trabajadora de cara a grandes tensiones sociales
Al iniciarse el año 2019, el deterioro del poder de compra de los salarios públicos y privados, habrá de llevar más angustia y congoja a las familias de la clase trabajadora costarricense.
Particularmente, la ruta de la reducción salarial en el empleo público ya comenzó con la entrada en vigencia de la ley del combo fiscal, No. 9635.
Para agravar la situación sociolaboral y social en el sector Público, es de esperar cero reajuste por costo de vida para el primer semestre del 2019; o, en el “mejor” de los casos una fijación unilateral, por decreto, pues el Gobierno PLUSC-PAC eliminó la comisión salarial del sector Publicó.
Por otra parte, hay mucha incertidumbre acerca de si se respetará el pago del Salario Escolar, considerando que la opción de su eliminación está en la agenda neoliberal del equipo económico del confrontativo Gobierno Alvarado-Piza.
Para la clase trabajadora asalariada del sector Privado con empleo formal, el grave problema del salario mínimo, en un país tan caro para vivir como el nuestro, sigue acentuándose, precarizando más el empleo privado.
A ambos sectores obreros les golpeará más el debilitamiento salarial, con la rebaja del 0.50 que implicará el aumento de la cuota obrera para el régimen de pensiones de la CCSS; la reducción del 60 al 55 por ciento del salario a recibir como pensión; y que la más baja quede en un 40 por cierto del salario mínimo. La condena al pueblo obrero es contundente: pensionarse es empobrecerse… aun más!
En la Asamblea Legislativa, por su parte, nada bueno le espera al pueblo trabajador organizado en sindicatos: proyectos de ley como el de la liquidación-disolución de los sindicatos; darle un “golpe de Estado” a las actuales dirigencias para que no puedan reelegirse; y, anular en la práctica el derecho de huelga generalizando (entre otros factores), la categorización de “servicios esenciales”; son clara señal de que se le ha declarado la guerra al movimiento popular, en general, pues los sindicatos son su parte más organizada.
El cierre de instituciones públicas, el relanzamiento neoliberal de privatizaciones “sustanciales” y reglas para el empleo público que no tocarán a las “burocracias doradas”; expresan potenciales fuentes de confrontación social crudas y dolorosas.
El más grande segmento de la población, las clases medias y los sectores pauperizados y excluidos; seguirán sufriendo la agresion económica de llevar la máxima responsabilidad tributaria del país; pues no muestra Alvarado y su equipo férrea disposición política para confrontar la espantosa magnitud del robo de impuestos que está minando a la Democracia misma; situación revelada en este 2018 como nunca antes había ocurrido, gracias a la lucha popular.
Por si ello no fuese ya lo suficientemente grave, Alvarado y su grupo PLUSC-PAC, pretenden endeudarnos como país por 6 mil millones de dólares más; llevando el endeudamiento público a niveles de impacto económico-negativo indescriptibles
La pretensión de Alvarado-Piza y su grupo de tomar los dineros de los fondos de pensiones para compra de los bonos “basura” (ya casi) de la deuda pública, debe ser bien calibrada por la sociedad trabajadora que corre el riesgo de quedarse sin esas pensiones complementarias. Estoy hay que detenerlo.
La urgencia nacional de una AUDITORÍA CIUDADANA DE LA DEUDA PÚBLICA, es más que imprescindible y debe ser un reto para los sectores populares y patrióticos.
La crucial circunstancia de la unión sindical, social, popular y cívica, es más que indiscutible
Las vías para el diálogo social y político, de amplia y real base, con negociación efectiva, se abrirán mediante la movilización popular que supere las anteriores, incluida la de la Huelga Patriótica contra el Combo Fiscal
En la ANEP y en el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, formulamos un sincero y vehemente llamado en tal sentido: la unidad popular para enfrentar la más reciente ofensiva neoliberal contra el pueblo trabajador.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Coordinador
Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
