Seccional ANEP-INA advierte que la institución está careciendo de prácticas sanas de administración

Con mucha preocupación la Seccional ANEP-INA, se dirige a la opinión pública dejando constancia y evidenciando una serie de irregularidades que están sucediendo en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). 

Y es que, siendo conscientes como personas funcionarias, de que esta noble institución, requiere de modernización para poder evolucionar, ser competentes en el mercado y lograr de manera objetiva, así como cumplir con la misión y visión del INA, los hechos que acontecen, están muy lejos de lo que se plasma en el papel, la institución está perdiendo su norte, su razón de ser, para muestra un botón.

Existe un oficio, emitido el pasado mes de mayo 2025, mediante el cual, el Presidente Ejecutivo, Christian Rucavado Leandro, de forma, en apariencia, sigilosa, instruyó a unidades estratégicas de la institución, para que incluyeran dentro de la formulación del presupuesto 2026, la “módica” suma de más ₵900.000.000,00 (novecientos millones de colones), para atender la “iniciativa del inglés”, producto del “estudio” de demanda nacional de inglés que se promoviera desde la misma Presidencia Ejecutiva del INA. A esta fecha no se conoce, al menos no ésta Seccional, la ruta que se llevó a cabo para estimar dicho monto.

Surgen paralelamente, otras preguntas ¿quién o quiénes son los interesados en que el INA esté inmerso en el tema del inglés? ¿cuáles son las verdaderas intenciones detrás de todo esto?, ¿por qué razón no se impulsa con la misma fuerza las demás áreas productivas a las que la institución no debe, ni puede dejar de atender?

Se viene observando, como una y otra vez, en cada período presupuestario, los presupuestos de la institución, no se direccionan para fomentar y reforzar las verdaderas áreas prioritarias, prueba de ello y ya conocido en el Plenario Legislativo, existe desabastecimiento de materiales,  afectando a estudiantes y docentes, estos últimos, también, sin recursos para desplazarse a atender los cursos asignados, existe insatisfacción en la demanda a falta de docentes,  sencillamente por escasez de estos, al no existir interés claramente por contratar más, o bien, porque no se encuentran al100% capacitados y esto último, no porque ellos así lo hayan preferido o sugerido, sino porque, así están dadas las “líneas estratégicas”.

Tenemos un presidente ejecutivo ausente, que fue enviado a la institución, en apariencia, única y exclusivamente para acatar órdenes superiores y que para infortunio del INA, no son las mejores y mucho menos las más transparentes.

Qué decir de las personas que recién se suman a puestos Gerenciales, unos sin experiencia en la institución y otros “amigos del Gobierno de Turno”, ¿qué se puede interpretar de esto? sencillo, entre más llano esté el camino, más fácilmente logran su cometido, o sea, otra forma más de dañar a la institución no importa el costo, el perjuicio va.

Por otro lado, no menos preocupante, figura quien ocupa el cargo de Auditor Interno y de las personas Encargadas de Jefatura que lo acompañan, no cuestionan lo que está sucediendo en el INA y no se interprete esto, que se requiere que el Auditor Interno, sea un coadministrador, papel que presuntamente también lleva a cabo, sino más bien, haciendo y ejerciendo el rol que le corresponde, entre otros, siendo vigilante del uso de los recursos públicos.

Como representantes de esta Seccional, hemos en infinidad de ocasiones, señalado ante las instancias externas correspondientes, que la institución está careciendo de prácticas sanas de administración, propiciando entre otros aspectos, desprotección a las demás áreas técnicas productivas del país, que sabemos, nos demandan y que, evidentemente nos necesitan. En este particular, se desconoce si existió un muestreo probabilístico, si ha sido validado técnicamente o en su defecto contiene un sesgo de autoselección.

El INA se nos está escapando de las manos y a quienes tratan desesperadamente de hacer algo para salvarla de lo casi inevitable, simplemente, los apartan del camino, de una u otra manera, en algunos casos, ha mediado hasta la persecución.

Freddy Bonilla García, presidente Seccional ANEP-INA.

Fallo constitucional permitirá conocer los nombres de personas o empresas que hacen fraude fiscal

  • Acción de inconstitucionalidad fue presentada por ANEP a finales del 2019.
  • Morosos recurrían al Tribunal Contencioso Administrativo, presentaban acción y se aseguraban que no se pudiera dar a conocer información públicamente.

La Sala Constitucional le dio la razón a la ANEP tras la resolución de la acción de inconstitucionalidad bajo el expediente 19-011237-0007-CO en donde nuestra organización pidió que se declarara inconstitucional y se anulara el quinto párrafo del artículo 18 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que generaba obstáculos para poder conocer a los contribuyentes morosos.

El párrafo consignaba lo siguiente: “En el caso de los sujetos morosos, los nombres y montos podrán ser suministrados por el Ministerio de Hacienda, siempre que las deudas se encuentren firmes en sede administrativa y que estos no hayan acudido a la jurisdicción contencioso-administrativa, en el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, en cuyo caso el contribuyente estará en la obligación de informar a la Administración Tributaria de esto último, a más tardar tres días hábiles luego de haber interpuesto la acción judicial correspondiente”.

Esto permitía que las personas acudieran al Tribunal Contencioso Administrativo, presentaba una acción y ya con eso quedaban blindadas en que no se pudiera dar a conocer su nombre públicamente.

Dentro de los argumentos presentados por el Licenciado David Estrada Zeledón, de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP, está que el quinto párrafo del artículo 18 bis «incluye una protección excesiva que sobrepasa los alcances del artículo 24 constitucional».

El recurso fue presentado a finales de 2019, con el objetivo de poder llamar con nombre y apellido a esas personas físicas o empresas que tanto daño le hacen al país en temas tributarios. En total, fueron 4 votos contra tres, los que definieron fallar en favor de ANEP.

ANEP, es la organización sindical que más ha luchado contra todos los males provocados por la evasión, fraude y elusión fiscal, pues todo este tipo de acciones repercuten en la recaudación e inversión estatal, en donde, durante el último tiempo, la política social del país es la mayor sacrificada para poder cumplir con los altísimos pagos de los intereses de la deuda pública.

A partir de este histórico fallo se podrá señalar y emplazar a esas grandes corporaciones, bufetes, grupos económicos y similares que implementan sus maniobras jurídicas para no tributar como tiene que ser.

Nuestra organización sindical, sigue firme en su tesis sobre un cambio radical del sistema tributario costarricense, pues es propicio para que muchas personas o empresas se aprovechen y no cumplan con sus obligaciones fiscales, tal cual, lo demanda la ley.

Auditoría Interna de la CCSS confirma denuncias de la ANEP sobre implementación de programa ERP

La Auditoria Interna de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), mediante informe AD-AFINPE-0038-2025, del pasado viernes 6 de junio del presente año, en poder de la ANEP, confirma las denuncias de nuestra organización sobre las afectaciones e implicaciones que ha sufrido la institución por la implementación del sistema digital ERP-SAP, desde el pasado 2 de junio.

Según el informe de la Auditoría Interna “se logró evidenciar situaciones de riesgo relacionadas con la gestión de pagos ordinarios que debe realizar la institución tras la salida en vivo del ERP-SAP, especialmente identificada en casos que han paralizado o retrasado procesos esenciales como el pago a proveedores, incapacidades, viáticos y obligaciones judiciales”.

Según lo analizado por la Auditoría Interna, estos problemas derivan de la no integración efectiva de los sistemas legados, así como otros aspectos relacionados con la integridad de las pruebas efectuadas, una posible capacitación insuficiente del personal y una gestión administrativa con incertidumbre ante decisiones y procedimientos operativos diarios.

“Lo anterior ha generado una acumulación de obligaciones pendientes de procesar por montos significativos y con el riesgo institucional que podría representar en términos financieros lo relacionado con el pago de multas e intereses ante el posible incumplimiento de las condiciones jurídicas pactadas con proveedores y usuarios por la continuidad de servicios y beneficios”, indica el informe.

Desde la entrada en operación del sistema ERP, el pasado 2 de junio de 2025, la ANEP ha denunciado una serie de afectaciones. Estas han sido, ahora, identificadas por la Auditoria Interna de la Institución; lo que ha provocado dificultades operativas relacionadas con:

•La ejecución oportuna de pagos a proveedores, acumulando saldos pendientes por más de $11 millones.

• El pago de las licencias e incapacidades se suspendió desde el 3 de junio de 2025, restableciéndose hasta que se logre el 100% de la integración del RCPI con el ERP. A la fecha se tienen 20,127 casos por un monto estimado de 1,324.5 millones de colones pendientes de pago.

• Además, el proceso de pago de incapacidades asociadas al reconocimiento del salario escolar conforme la directriz N 019-MTSS emitida por la Presidencia de la Republica y el Ministerio de Trabajo para los funcionarios del sector público, a la fecha están suspendidos los desembolsos para 78 mil casos por un monto de 1,212 millones aproximadamente.

•Suspensión temporal en el pago de viáticos institucionales.

•Inconvenientes en la integración con sistemas legados como SIPE, RCPI, SICO y SICERE.

•Atrasos en desembolsos críticos del Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR, con posibles afectaciones contractuales.

En el informe también se detalla que mediante oficios GF-1647-2025 del 27 de mayo de 2025, firmado por el Lic. Gustavo Picado Chacón, Gerente Financiero y el oficio GL-0921-2025 del 26 de mayo de 2025 de la Gerencia de Logística, se señalaron y describieron las afectaciones descritas anteriormente con la salida en vivo del ERP, programada para el 02 de junio.

A pesar de estas advertencias, mediante el artículo 12° de la sesión ordinaria N° 9524, celebrada el 29 de mayo, y lo instruido por Mónica Taylor Hernández, presidenta ejecutiva de la CCSS, en el oficio PE-2270-2025 del 30 de mayo del 2025, se solicita corregir la situación. Y contandose con tan solo dos días para que el sistema entrara en operación.

Esto fue lo acordado por la Junta Directiva, detalla el informe “Instruir a la Gerencia de Logística y a la Gerencia Financiera, para que-ante lo manifestado en los oficios GF-1647-2025 y GL-0921-2025-, dado que de lo allí indicado se desprende que se trata de aspectos técnicos y administrativos propios de esas dependencias, procedan a tomar todas las acciones técnicas operativas de rigor, elaborando un plan de contingencia para asegurar y garantizar la operación e implementación exitosa del ERP y de la continuidad de los servicios, sin que existan riesgos, o de existir los mismos para la institución o terceros, que estos sean mitigados. Lo anterior en coordinación con la Dirección del Proyecto ERP-SAP.”

Desde la ANEP y desde el mismo principio de toda esta controvercia, denunciamos las diversas afectaciones que estaba causando la implementación de este sistema a la institución, reportados por los mismos trabajadores; por lo cual reiteramos nuestra solicitud a la Junta Directiva de la CCSS de suspender su operación mientras se corrigen las situaciones denunciadas.

Otra de las situaciones que llama la atención del informe, es que en algunas unidades, las personas capacitadas ya no están trabajando ahí, lo que ha causado problemas; y pese a que se están proporcionando videos y acompañamiento directo para ayudar a las unidades a utilizar el sistema, sin embargo hay temor en la población laboral en cometer errores.

La ANEP, también solicitó a la Auditoria Interna de la CCSS, abrir un a investigación en la fase previa de la implementación del sistema, ante un posible nombramiento irregular durante el proyecto, manipulación del mismo, equivocaciones graves en su aplicación, así como posibles pagos irregulares a la empresa desarrolladora.

En ANEP, aclaramos que no estamos en contra de la innovación tecnológica en la institución, entendemos la necesidad y estamos de acuerdo de que este proyecto se implemente, siempre y cuando no afecte a la CCSS y a los intereses de la población asegurados.

Desde el 3 de junio ANEP denunció posible nombramiento irregular de la Presidenta de la CCSS

Desde el pasado martes 3 de junio, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), denunció ante la auditoría interna de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el posible nombramiento ilegal de la Presidenta Ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández.

Compartimos la denuncia presentada:

Desde la organización sindical que nos honramos en representar, y en nuestro rol de defensores de la Seguridad Social costarricense, tenemos el deber de denunciar lo que consideramos un aparente nombramiento irregular de la Sra. Mónica Taylor Hernández, actual Presidenta Ejecutiva de la CCSS. En este sentido, hacemos un llamado urgente a que se investigue con rigurosidad y hasta las últimas consecuencias lo siguiente:

1. La Sra. Taylor posee un nombramiento en propiedad en el Ministerio de Hacienda, donde se desempeña como abogada. Esta información es de acceso público y fácilmente verificable.

2. La Ley Constitutiva de la CCSS en su artículo 7, establece de manera expresa que no podrán formar parte de la Junta Directiva: “los miembros o empleados de supremos poderes o empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social”.

3. El Ministerio de Hacienda forma parte del Poder Ejecutivo, el cual es uno de los supremos poderes de la República.

4. Si bien la Sra. Taylor se encuentra actualmente con permiso sin goce de salario, esta condición no elimina su vínculo como funcionaria del Poder Ejecutivo.

5. La Procuraduría General de la República, mediante el oficio C-019-2021 del 22 de enero de 2021 (adjunto), emitido en respuesta a una consulta de la CCSS sobre el nombramiento de miembros de Junta Directiva, estableció criterios que resultan sumamente preocupantes para esta organización y que deben ser considerados con seriedad en este caso:

“Es de particular importancia denotar que tal, y como se dijo en el dictamen C-142-2008, el principal efecto de la suspensión del contrato consiste en el natural y necesario cese de las labores o actividades prestadas por el trabajador, pero que, sin embargo, en atención al contenido ético del contrato, éste siempre subsiste.

Contrario de lo anterior, el hecho de que un funcionario se encuentre disfrutando de un permiso sin goce de salario, no implica que se haya desligado ni de su plaza ni de la institución empleadora, subsistiendo, entonces las incompatibilidades éticas que ese vínculo suponga. Esta posición ha sido expuesta, con toda claridad, en la sentencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia N.° 155-2008”

A la luz de lo expuesto y con fundamento en el marco normativo vigente, consideramos que existe una evidente incompatibilidad legal para el ejercicio del cargo por parte de la actual Presidenta Ejecutiva de la CCSS. Ante esta situación, se visualizan únicamente dos salidas que podrían corregir dicha condición:

1. Que la señora Mónica Taylor Hernández proceda a renunciar de manera definitiva a su plaza en propiedad en el Ministerio de Hacienda, con lo cual se eliminaría la restricción legal que actualmente le impide integrar la Junta Directiva de la institución.

2. En su defecto, que presente su renuncia al cargo de Presidenta Ejecutiva de la CCSS, en resguardo del orden jurídico y del principio de legalidad que debe regir el accionar institucional

Ecologistas de Costa Rica llevan a Juicio a Bayer S.A. y al Servicio Fitosanitario del Estado por haber liberado un algodón transgénico en Guanacaste

 · Los ecologistas señalan que Costa Rica es parte del centro de origen de algodón, y que liberar algodones transgénicos representa un riesgo para la biodiversidad del país.

·  Acusan al Servicio del Estado de tener una actitud laxa, complaciente y permisiva con las transnacionales que siembran transgénicos en Costa Rica.

Este jueves 05 y viernes 06 de junio, en el Tribunal Contencioso Administrativo, da inicio la recta final de 10 años de un proceso contencioso administrativo, en el cual ecologistas de Costa Rica llevan a Juicio a la empresa transnacional Bayer S.A. y al Servicio Fitosanitario del Estado por haber liberado un algodón transgénico en Guanacaste.

La demanda es liderada por las asociaciones Red de Coordinación en Biodiversidad y Comunidades Ecologistas La Ceiba Amigos de la Tierra Costa Rica. Los académicos en ciencias agrícolas Fabián Pacheco y Jaime García serán los testigos principales por parte del movimiento ecologista costarricense. Años atrás ellos eran los representantes ante la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) en la evaluación de riesgos realizada para proceder a autorizar o denegar la siembra de organismos transgénicos en Costa Rica.

En este caso específico se plantea que la liberación del algodón transgénico apilado se realizó sin poder analizar información faltante, así como información adicional que el Doctor en Ciencias Agrícolas, Jaime García, y el Máster en Agrobiología Ambiental, Fabián Pacheco, solicitaron en calidad de integrantes de la CTNBio.

“Comparecemos en representación y como testigos de las asociaciones Red de Coordinación en Biodiversidad y Comunidades Ecologistas La Ceiba Amigos de la Tierra Costa Rica, para solicitar la anulación de la autorización de liberación al ambiente del algodón transgénico COT102, en calidad de evento apilado, por haber sido emitida en violación flagrante del Principio Precautorio, el marco de bioseguridad vigente, violentando el Protocolo de Cartagena del cual Costa Rica es firmante, así como el derecho de la ciudadanía a participar de forma informada en decisiones que afectan profundamente nuestra biodiversidad”, indicó Jaime García.

Por su parte Fabián Pacheco indicó: “Este no es un caso técnico o burocrático. Este es un caso que pone a prueba si Costa Rica cumple con su deber constitucional de proteger un ambiente sano para las presentes y futuras generaciones. Lo que aquí ocurrió fue una aprobación exprés, opaca, carente de estudios realizados en condiciones agroecológicas iguales o similares al área de liberación, así como de otro tipo de información relevante que fue solicitada formalmente.”

Para los ecologistas, es claro y evidente que dichas solicitudes de información fueron ignoradas por parte del Servicio Fitosanitario del Estado, en complacencia de los negocios con organismos transgénicos de las transnacionales.

“Se autorizó la liberación de un algodón modificado genéticamente (transgénico) apilado sin demostrar científicamente que no implica riesgos para la biodiversidad, o los ecosistemas locales. Esto esto es aún más grave si recordamos que Costa Rica ha ratificado el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, que exige expresamente que ante la falta de certeza científica, se aplique el Principio de Precaución. Este tratado internacional es vinculante, y debe prevalecer sobre cualquier resolución administrativa.” Aseveró Pacheco.

En el marco de la celebración del Día Mundial del Ambiente este 5 de junio, las y los ecologistas señalan que celebran este día en pie de lucha esperando muy positivamente que sea demostrado que en Costa Rica el Estado Social de Derecho funciona y protege al ambiente y a sus pobladores. Es un buen día para estar pidiendo justicia para con la naturaleza que nosotros seguiremos defendiendo para esta y las futuras generaciones.

Defensa del acceso al agua potable y exigencia de transparencia en el uso de fondos públicos

San José, 4 de junio de 2025

Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y su seccional en AyA, manifestamos nuestra satisfacción ante la decisión de la Sala Constitucional (Expediente 25-015818-0007-CO) de suspender de forma cautelar el corte del servicio de agua potable en el cantón de Paraíso, Cartago, ordenado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Esta medida representa un importante paso en la protección del derecho fundamental de la ciudadanía al acceso al agua potable, un derecho reconocido por nuestra Constitución Política y respaldado por la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional.

Reconocemos que la resolución responde al clamor de más de 4.200 personas, comercios, centros educativos y de salud, cuya vida cotidiana se habría visto gravemente afectada por esta suspensión.

Como organización sindical comprometida con la justicia social y la defensa de los servicios públicos, nos preocupa profundamente la gestión administrativa y financiera detrás de esta crisis. En particular, cuestionamos:

  • ¿Por qué no se abordó con oportunidad la deuda de más de ₡3.400 millones que, según el AyA, mantiene la Municipalidad de Paraíso desde 1997?
  • ¿Qué gestiones puntuales ha realizado la Administración del Presidente Ejecutivo Juan Manuel Quesada?
  • ¿Por qué se busca ejecutar ahora un cobro urgente, a través de una medida extrema que pone en riesgo derechos humanos esenciales? Si el mismo presidente ejecutivo en uno de sus discursos reconoció que los abonados realizaron sus pagos.

Asimismo, solicitamos a las autoridades competentes, tanto del AyA como de la Municipalidad, que informen de manera clara y transparente sobre el destino real de los fondos recaudados.

La ciudadanía y el personal institucional, tienen derecho a saber si estos también recursos que pretende cobrar AyA, serán utilizados para:

•   Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores públicos.

•   Invertir en infraestructura hídrica que solvente la escasez de agua en los barrios más afectados.

•   Renovar instalaciones públicas en condiciones precarias.

O si, por el contrario, se destinarán a gastos suntuarios y no prioritarios, como vehículos, remodelaciones innecesarias o campañas publicitarias asociadas a fines electorales.

Desde ANEP exigimos la rendición de cuentas, la auditoría de los fondos recaudados y una planificación institucional que priorice el bienestar común.

Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los servicios públicos, el respeto a los derechos laborales y el acceso equitativo a recursos vitales como el agua. Seguiremos vigilantes ante cualquier acción que comprometa estos principios fundamentales.

ANEP solicita a la Auditoría Interna de la CCSS investigar el proyecto del sistema ERP

• Denuncia se presenta ante posible nombramiento irregular durante el proyecto, manipulación del mismo, equivocaciones graves en su aplicación, así como posibles pagos irregulares a la empresa desarrolladora.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó, este lunes 2 de junio, ante la Auditoría Interna de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), una denuncia contra el nuevo proyecto del Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP), ante una serie de irregularidades.

Según la denuncia presentada por la ANEP, en el año 2022, “la Junta Directiva de la CCSS acordó elegir al Director del Plan de Innovación; sin embargo, la Presidenta Ejecutiva de ese momento, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, al parecer, habría realizado presuntas gestiones no muy transparentes, terminado con una elección a dedo de un funcionario que no tendría las capacidades técnicas para dicho proyecto, pero con una posible alta afinidad política a los designios de la citada hoy exjerarca”.

“El proyecto, al parecer, habría estado manipulado por Juan Ignacio Monge, ex directivo de CCSS, por Manuel Montillano, ex Director del Proyecto de Innovación y por la misma Esquivel Rodríguez, al punto de lograr expulsar de forma grotesca y con tintes de presunto hostigamiento y persecución laboral, a las personas de experiencia que estaban apoyando el proceso, pero que no mostraron ser dóciles a ciertos enfoques”, indica la denuncia.

Otro de los puntos que nuestra organización pide sea investigado, es una serie de yerros que condujo a potenciar nuevas equivocaciones de distinto tipo que, como siempre, terminan debilitando lo estructural- institucional, esto debido a una reconstrucción del proyecto con el nombramiento de Héctor Arias Mora como Director del Plan de Innovación.

“Llama poderosamente la atención que el Lic. Héctor Arias, indicó en su oficio GG- PIMG-1978-2024, que todo estaba listo, pero, pese a eso, no se salió en enero 2025 y se mantuvo a más de 100 personas trabajando, aspecto a indagar, entre otros”.

Desde la ANEP, entendemos la necesidad y estamos de acuerdo de que este proyecto se implemente en la institución, siempre y cuando no afecte a la CCSS y los intereses de los asegurados.

Otro elemento que debe revisarse, según nuestra organización, es si la Caja ha pagado a las empresas de tecnologías por productos que no satisfagan los intereses institucionales por estar incompletos. Adicionalmente, debe revisarse con especial cuidado la participación de la empresa PwC, si cumplió el objetivo de ser una contraparte técnica y bien los motivos reales de terminación de su contrato.

También, la ANEP solicita, que la Auditoría, entre otros aspectos, se avoque a revisar la ejecución contractual con la empresa implementadora del ERP, para que luego “no broten a la luz sorpresas que arrojen más oscuridades en este tema”.

“De igual forma, se solicita revisar el producto que inició en enero 2025, relativo a proyectos, para ver si los mismos son de utilidad pues en principio parece que la CCSS podría estar pagando por productos en principio inservibles”, indica la denuncia.

Desde la ANEP, se insta a la Auditoría, de forma vehemente, a que revise los elementos asociados a este tan cuestionado proyecto y emitan las advertencias, informes o similares, para arrojar alta transparencia, probidad y ética en todo lo relativo al cuestionado sistema ERP.

Finalmente, la ANEP respalda, los criterios que han emitido diversas instancias de la institución contrarios a la implementación de este proyecto y rogamos a la Auditoría proceder con la más contundente celeridad que el caso amerita.

Denuncias de ANEP sobre situación del PANI llevan a apertura de investigación por parte de la Asamblea Legislativa

Luego de que la ANEP se reuniera con algunos diputados de la Asamblea Legislativa, entre estos la independiente Johana Obando y Jonathaa Acuña del Frente Amplio, para denunciar gaves situaciones a lo interno del PANI, es que la Comision de la Juventud, Niñez y Adolescenciad ordenó la apertura de una investigación.

Comunicado seccional ANEP–Policía Profesional de Migración: sobre el plan piloto «Bus Seguro» anunciado por el Gobierno.

La Seccional ANEP–Policía Profesional de Migración (PPM), expresa su preocupación ante el reciente anuncio realizado por el Gobierno en conferencia de prensa desde Casa Presidencial, en relación con el plan piloto que exonerará del pago de pasajes en buses a los Oficiales de la Fuerza Pública.

Este convenio, denominado informalmente como «Bus Seguro», establece que los oficiales deberán portar su uniforme completo y el carné de identificación policial para acceder al beneficio, con el argumento de que su presencia aumentará la percepción de seguridad entre los usuarios del transporte público. No obstante, la medida excluye a los Oficiales de la Policía Profesional de Migración, pese a que estos también desempeñan funciones esenciales de seguridad y forman parte del cuerpo policial del país.

Según palabras del propio Ministro de Seguridad, esta es «una primera etapa» y «luego vendrán las otras fuerzas policiales». Sin embargo, no se ha proporcionado una fecha concreta ni compromisos verificables respecto a la inclusión de los demás cuerpos policiales, lo cual genera incertidumbre y malestar entre nuestros afiliados.

Inconvenientes del uso del uniforme en buses:

ANEP-PPM considera necesario advertir sobre las siguientes inconveniencias y riesgos de viajar uniformado en el transporte público:

1. Exposición innecesaria: Portar el uniforme en lugares públicos puede convertir a los oficiales en blanco de agresiones, asaltos o represalias, especialmente cuando no se encuentran en servicio activo.

2. Confusión de roles: Aunque se afirma que los oficiales serán “pasajeros más”, el hecho de portar el uniforme crea expectativas sociales y legales de que deben intervenir ante cualquier incidente, lo cual podría generar consecuencias disciplinarias si no actúan o si lo hacen sin los recursos adecuados.

3. Riesgos operativos y legales: Algunos oficiales deben dejar sus armas en las armerías al finalizar su turno. ¿Qué ocurre si un incidente requiere respuesta armada? Además, no se ha informado sobre actualizaciones en las pólizas del INS que respalden al oficial en caso de eventualidades mientras porta el uniforme sin portar chaleco antibalas, lo cual actualmente es una condición de cobertura en ciertas situaciones.

4. Carga simbólica y funcional: Decir que esto no significa “más trabajo” para el oficial no se ajusta a la realidad. Estar uniformado conlleva una obligación tácita y pública de ejercer autoridad, aún fuera del horario laboral.

Reivindicaciones Justas:

Reconocemos que cualquier medida que procure mejorar las condiciones de vida de los policías es bienvenida, pero insistimos en que el enfoque debe ser integral, justo y equitativo.

Lo que realmente urge es descongelar los salarios policiales y aplicar los aumentos que por ley corresponden, reconociendo de forma concreta el esfuerzo y sacrificio diario de quienes arriesgan su vida por la seguridad nacional.

Exigimos claridad, equidad y respeto para todos los cuerpos policiales, sin distinciones arbitrarias.

Atentamente,

Gerardo Mora Ordoñez

Directivo Nacional de ANEP

Presidente Seccional ANEP–Policía Profesional de Migración

Auditoría Interna del MAG confirma denuncias de la ANEP sobre falta de transparencia y escasos controles en nombramientos

La Seccional ANEP-MAG ha venido denunciado una posible red de cuido en el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Integrantes de la Seccional sufren acoso laboral tras las denuncias realizadas.

La Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) detectó una serie de falencias y escasos controles en el proceso que sigue la Unidad de Gestión de Empleo (UGE) de la institución para el nombramiento de personal, luego de varias denuncias presentadas por la ANEP, según se desprende del informe MAG-AI-INF-002-2025, denominado: “Auditoría de cumplimiento de la Gestión de Empleo”.

Este informe se da luego de la solicitud de investigación realizada por Contraloría General de la República (CGR), ante las denuncias presentadas por la seccional ANEP-Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), ante una serie de anomalías en los nombramientos de personal, que incluyen falta de atestados o incluso nombramientos por consanguinidad.

Dentro de la investigación realizada por la Auditoría Interna, según indica el documento, se examinó la suficiencia, pertinencia y cumplimiento de los controles establecidos en la UGE, mediante la verificación del Sistema de Control interno, así como la actividad de determinación de riesgos. Además de la normativa interna emitida para la Unidad de Gestión de Empleo, con el fin de determinar si consideran todos los criterios para regular el proceso reclutamiento y selección de personal.

También se revisó si los movimientos de personal efectuados por la UGE, observaron el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. Asimismo, se ejecutaron pruebas para validar si la gestión realizada por la UGE, se encuentra debidamente documentada y cuenta con la evidencia respectiva que permita establecer la trazabilidad del proceso de selección y reclutamiento de personal, efectuado.

Dentro de los hallazgos detectados por la Auditoría Interna del MAG, indica el informe, se encuentran; debilidades en el sistema de control interno (novato), que pueden entorpecer la consecución de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la toma de decisiones.

Así como la ausencia de una actividad de evaluación, determinación y seguimiento de riesgos, enfocado a minimizar la materialización de eventuales riesgos, y por lo tanto, velar por la consecución de los objetivos.

También detectaron carencia de normativa interna que regule la totalidad del proceso y, por lo tanto, garantice la correcta rendición de cuentas de la gestión efectuada.

A esto se suma, una ausencia de un respaldo documental (archivo) formal, reglamentado y normado que garantice la confiabilidad de la información.

Finalmente, el informe detecto una imposibilidad para establecer la trazabilidad de gestión ejecutada por la Unidad de Gestión de Empleo y, por lo tanto, impedimento para determinar la transparencia del proceso.

Los hallazgos de la Auditoría Interna del MAG, confirman las preocupaciones que han surgido por parte de la seccional.

“La misma auditoría concluye que los procedimientos por los cuales se están nombrando  las personas dentro del MAG carecen de transparencia, por cuánto no hay respaldo documental de los mismos. No hay que tener dos dedos de frente para cuestionarse de por qué no se guardan los respaldos documentales o si es que se está cuadrando una red de cuido”, manifestaron desde la Seccional.

Denuncias de la Seccional

La Seccional ANEP-MAG, ha venido recibiendo una serie de denuncias referentes al procedimiento para el nombramiento en plazas interinas y ascensos en propiedad, donde se habrían realizado

“En muchos de los procesos falta transparencia, ya que no se informa a los participantes de cada concurso de los resultados y cuales han sido las causas para no tomarlos en cuenta o como mejorar para futuros concursos”, indican en la seccional.

Para los integrantes de la seccional ANEP-MAG, causa preocupación, que se publiquen concursos internos en donde los oferentes son muy reducidos o casi de una persona. Asimismo, los procedimientos para la elección de las personas que han concursado a un puesto, varían de acuerdo al lugar y no está claro, cuáles son los parámetros analizados.

Persecución tras denuncias.

Desde la ANEP, también se denuncia una persecución contra los Integrantes de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-MAG, luego de las denuncias presentadas. 

“Hay compañeros y compañeras que ya han experimentado reubicaciones, así como cierto tipo de acoso y en algún momento hasta recibieron un tipo de coacción para que renunciaran a formar parte de la seccional”, denunció Jonathan Flores Mata, Asesor Sindical de la ANEP.

Para el Asesor Sindical, este tipo de situaciones, son un elemento más, para seguir cuestionando; “si los nombramientos en realidad no son tan apegados a la normativa y o sí está escogiendo gente a dedo. Incluso la misma auditoria interna señala la falta de transparencia y controles en los procesos”.

Desde la ANEP ya analizan las diversas medidas, incluso legales, a tomar ante el acoso y la persecución a los integrantes de la seccional tras las denuncias. 

Se está a la espera del informa total de la Auditoría Interna.

Compartimos resumen de la Auditoría Interna del MAG