Lucha de ANEP da resultado: Ministerio de Hacienda ordena respetar el salario mínimo inembargable

La ANEP ha venido realizando una serie de gestiones en varias vías para la defensa del salario mínimo inembargable y este lunes el Ministerio de Hacienda comunicó mediante circular CIR-TN-017-2022 del 13 de junio, que se debe respetar dicho salario, dándole la razón a nuestra organización.

Según la circular del Ministerio de Hacienda “de conformidad con el Acta de Inspección y prevención, con código # SJ-IF-05995-21 y acta adicional Caso SJ-IF- 04176-21, ambos de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante los cuales advierte entre otros: “…que los rebajos o deducciones de salarios no autorizados por la ley son absolutamente ilegales. En este sentido deberá la empresa garantizar a sus trabajadores el salario mínimo inembargable y eliminar cualquier práctica que limite ese derecho. Lo anterior obliga a cancelar de inmediato el salario incompleto a los siguientes trabajadores en la lista anexa a esta nueva acta de revisión y además a todo aquel trabajador que a la fecha se encuentre en similar o condición salarial a la prevenida…”. Por otra parte; se tienen interpuestos ante la Tesorería Nacional, más de 1200 reclamos administrativos de los trabajadores, solicitando acoger dicha instrucción del Ministerio de Trabajo, así como lo dispuesto en la Sentencia No. 2022-000656 de la Sala II de la Corte Suprema de Justicia en este mismo sentido del respeto al “Salario Mínimo Inembargable”.

Además indica “Por esta razón, este Ministerio de Hacienda, previa confirmación con el MTSS, procederá a realizar los ajustes en los Sistemas de Pago de salarios y de aplicación de deducciones, para respetar el monto del “Salario Mínimo” a los trabajadores del Gobierno Central que se pagan mediante la Tesorería Nacional, a partir de la primera quincena de julio del 2022”.

Dentro de las gestiones realizadas por la ANEP se presentaron acciones de inconstitucionalidad, defensa legal de nuestros afiliados ante estos rebajos ilegales, así como una demanda contra el Estado ante el Juzgado de Trabajo por la afectación al salario mínimo de al menos 3 mil funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública, entre otras.

Incluso, en las municipalidades de San José, Tibás y Curridabat, ya se respetaba dicho salario mínimo inembargable tras acuerdos con nuestra organización.

Texto sustitutivo de jornada laboral 4×3 presentado por el Gobierno es más regresivo

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), enviamos el día de hoy al Gobierno de la República, el análisis sobre el texto sustituto al expediente legislativo Nº21.182 que busca instaurar la jornada laboral denominada 4×3, manifestando el rechazó a tal planteamiento; a la vez, indicamos que no asistiremos a la reunión en Casa Presidencial, este jueves 16 de junio, por no considerarlo necesario.

Para ANEP y SITRAP la propuesta contenida en el texto sustitutivo en nada subsana el problema medular que tiene el proyecto de ley por violación al artículo 58 de la Constitución Política. La nueva propuesta pretende permitir el uso de las jornadas ampliadas (extenuantes), de doce horas diarias en una serie de actividades productivas de denominación genérica y, por ende, de alcance general como lo es la manufactura tecnificada, considerada como cualquier proceso productivo que requiera de maquinaria para su producción y que se ejecuten en procesos continuos e ininterrumpidos de 24 horas; en la industria de implementos médicos y en los servicios de apoyo para atender ambas actividades; así como también en todos los servicios corporativos que por su naturaleza requieran procesos continuos e ininterrumpidos de 24 horas a fin de garantizar su operación en las diferentes zonas horarias geográficas.

Similar situación ocurre con la denominada jornada anualizada. En este caso, el texto sustitutivo propone que este tipo de jornada se pueda utilizar de manera generalizada en los sectores turismo, comercio, construcción, agricultura y agroindustria. La propuesta omite, incluso, definir cuáles serían los supuestos de excepción muy calificada que haría posible el uso de la jornada anualizada en estos sectores.

Insistimos en señalar que el proyecto de ley, tanto en su versión anterior como en la que recoge el texto sustitutivo propuesto por el Gobierno de la República, adolece de serios vicios de inconstitucionalidad. La regulación contenida en el artículo 145 bis para la implementación de la llamada “jornada excepcional ampliada” (jornada 4 x 3), no respeta el condicionamiento de orden constitucional previsto en el artículo 58 de nuestra Constitución

Política, conforme al cual los límites de las jornadas ordinarias que fija esa norma constitucional, sólo pueden desaplicarse en casos de excepción muy calificados que determine la ley.

En anteriores ocasiones hemos hecho ver que la expresión que recoge el artículo 58 de la Constitución Política en la frase de “excepción muy calificada”, deja claramente evidenciado el interés del legislador de dar una protección constitucional reforzada a los límites de las jornadas ordinarias en función del interés superior que representa el bienestar de los trabajadores en el equilibrio de intereses que recoge la ecuación capital- trabajo.

La redacción que se propone en el texto sustitutivo para los artículos del artículo 145 bis y 145 ter en nada se ajusta al condicionamiento de excepcionalidad muy calificada que exige el artículo 58 de la Constitución Política. Los supuestos de aplicación de la jornada ampliada y de la jornada anualizada que se establecen en el texto del proyecto de ley, lejos de constituir excepciones de orden muy calificada como lo ordena la Constitución Política, son reglas de alcance general que permitirían el uso de este tipo de jornadas de manera prácticamente generalizada.

Por otro lado, vemos con preocupación que en el texto sustitutivo del proyecto de ley se introducen algunas modificaciones que afectan aún más a los trabajadores. Tal cosa ocurre por ejemplo en el artículo 2.3, en el que se establece que la definición del día de descanso absoluto será facultad unilateral de la parte empleadora, cuando el texto del proyecto dictaminado establece que la definición del día de descanso se hará por mutuo acuerdo.

De igual forma, en el texto sustitutivo se está eliminando la obligación que tendrían las empresas que se acojan a la jornada ampliada de brindar la alimentación que se encuentra contemplada en el artículo 9 del proyecto dictaminado.

También se elimina la salvaguarda -aunque limitada-, que el texto dictaminado tiene para que las personas que tienen algún fuero de protección se puedan eximir de laborar una jornada ampliada.

Mucho más preocupante es ver que en el texto sustitutivo (art.7), se esté contemplando la posibilidad de que los trabajadores puedan laborar por requerimiento de la empresa alguno de los días libres, doce horas adicionales, con lo cual, se está habilitando la posibilidad de una jornada de hasta 60 horas por semana. Esta propuesta viene a introducir una nueva modalidad de jornada que bien podríamos denominar 5 x 2, esto es laborar 5 días doce horas diarias con un descanso de 2. Desde nuestra perspectiva una propuesta como esta es impensable y, por ende, inaceptable.

Finalmente, la previsión que se propone en el texto sustitutivo para la promoción de programas de cuido y atención de la niñez y personas dependientes, es claramente insuficiente. Al respecto, el proyecto se limita en establecer que será el Ministerio de Trabajo

el que con otras instituciones (no se indica cuáles), deberá promover este tipo de programas, pero no se establece ni siquiera como referencia, nada respecto al financiamiento de estos programas ni de los alcances reales que estos tendrían, como tampoco se hace referencia alguna a acciones específicas que aseguren la efectividad de los mismos. Con el debido respeto debemos decir que se trata de una siempre declaración de buenas intenciones, desprovista de toda eficacia práctica.

En definitiva, creemos que el texto sustitutivo no solamente no subsana en nada los graves vicios e inconvenientes que tiene el texto dictaminado; sino que agrava el perjuicio para las personas trabajadoras y acentúa el desequilibrio de los intereses que la propuesta tiene claramente definidos a favor del sector empresarial en perjuicio de los trabajadores y de las trabajadoras del país.

En otro orden de ideas, nos parece que la justificación del proyecto con un enfoque centrado en la productividad y en la promesa incierta de más fuentes de empleo, pero en desatención de la salud de la persona trabajadora, en detrimento del equilibrio diario de actividades y en ampliación de la jornada, concebida como el tiempo de duración del trabajo diario, es un ejercicio de regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales.

Cabe destacar que el ejercicio de intercambio de pareceres sobre la temática abordada, con la participación de una notable diversidad sectorial y político-partidista, en un único espacio físico, resultó interesante.

Agradecemos la invitación que se nos formuló y consideramos que, con este tercer documento, las autoridades del Gobierno tienen absoluta claridad y contundencia de que es imposible para la corriente sindical que representamos avalar las pretensiones abusivas de la propuesta de legislación comúnmente denominada “jornada 4/3”.

Documento enviado al Gobierno de la República

Hospital de Alajuela detalla las modificaciones que ha debido hacer ante incumplimientos del CNP

Los faltantes en los pedidos de alimentación por parte del Consejo Nacional de Producción han puesto a correr a varios centros médicos, en este caso le presentamos todo lo que han tenido que hacer en el Hospital San Rafael de Alajuela para evitar afectaciones considerables en los pacientes y el personal.

ANEP celebra revisión del monto del salario mínimo en el sector privado

  • El 9 de mayo anterior, la ANEP lo planteó en una carta enviada al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.
  • ANEP considera necesario volver a realizar los reajustes por costo de vida cada seis meses.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) celebra la intención del Consejo Nacional de Salarios (CNS) de someter a discusión la revisión del monto actual del salario mínimo, considerando la brutal e indetenible alza en el costo de la vida, sobre todo en los productos y servicios básicos que ocupa la clase de trabajadora de ingresos medios y bajos.

La ANEP lo había planteado en su carta al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, con fecha del 9 de mayo anterior: “Que se emita una revaloración general del valor actual de los salarios mínimos para hacerlos congruentes con el dictado del Artículo 57 de la Constitución Política: debe procurar bienestar y existencia digna. Hoy en día no lo está haciendo”, menciona el documento.

“Nosotros planteamos como primeros puntos en la carta enviada al presidente algunos aspectos relacionados con la política salarial del sector privado, ya la población sufre por el alto costo de la vida y el crecimiento de la desigualdad”, agregó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP.

Nuestra organización sindical, ANEP, espera recibir la convocatoria de rigor para presentar ampliamente los argumentos sobre la necesidad de una fijación extraordinaria de los salarios. Además, de reforzar la pretensión de que los reajustes por costo de vida en materia de salarios mínimo vuelvan a ser semestrales y no anuales.

Otra de las peticiones es que se restablezca la protección de una cantidad mínima del salario inembargable en el sector privado.

En ANEP existen muchas personas trabajadoras afiliadas del sector privado, entre ellos choferes de autobús, trabajadores de las plantaciones agrícolas, de vigilancia privada, entre otros sectores de la economía.

Libro “El destructor de vidas y sueños” marca un nuevo inicio para los afectados en el colapso de Aldesa

Para la autora, Flora Fernández Amón,  este libro marca el inicio de una nueva etapa en esta pesadilla que empezó hace tres años y tres meses, llevándose consigo muchas vidas, sueños e ilusiones de decenas de personas. En donde la justicia parece vendarse los ojos.

A pesar de represalias patronales seccional de chóferes de autobús de Guadalupe continúa creciendo

A pesar del miedo que se ha generado por parte de la empresa en cuanto a afiliarse a un sindicato, el personal trabajador sigue agremiándose a la ANEP ya que se encuentran cansados de los constantes atropellos a los que han sido sometidos.

Seccional y presidencia ejecutiva buscan rescatar de las ruinas al Sistema Nacional de Radio y Televisión

Tras ocho años de pésima administración, la seccional en el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) busca, junto con el nuevo presidente ejecutivo rescatar a la institución utilizando diversas estrategias.

Jerarcas del Ministerio de Justicia y ANEP conversaron sobre los retos en el Sistema Penitenciario

Representantes sindicales de ANEP fueron recibidos por el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos y otros jerarcas de la institución donde se expusieron las necesidades, retos y desafíos de los policías penitenciarios, personal técnico, profesional y administrativo.

Ley Marco de Empleo Público debe desecharse y no debe entrar en vigencia

Tan sólo una razón: La estandarización institucional en materia de política y gestión de Recursos Humanos y la salarial que impone, aparte de que no hay capacidad instalada,  presupone una anarquía caos en el devenir cotidiano de la gestión pública.

Se requiere:

  1. Instalar una comisión de especialistas, de procedencia multisectorial, misma que debe determinar la certeza del impacto fiscal real de dicha ley en el escenario fiscal integralmente comprendido a mayo de 2022. No confiamos en las cifras de Mideplan generadas durante la atropellada tramitación parlamentaria de esta ley.
  2. Una comisión de especialistas, de alta solvencia moral, también de procedencia multisectorial, debe puntualizar las evidencias de potencialidades inconstitucionalidades presentes en esta ley. Además, debe esclarecerle al Gobierno de la República los riesgos de diverso orden para el Estado, producto de la acción de miles de litigantes en el escenario internacional de los tribunales de Derechos Humanos.
  3. Debe plantearse al FMI que se les “embaucó” por cuanto la estabilidad fiscal que les preocupa no pasa por los salarios de las personas trabajadoras asalariadas estatales, de sus estratos medios y bajos, que componen la mayoría del empleo público. Además, debe indicarse lo que en materia de ajustes fiscales severos impone la sujeción del país a las obligaciones de los tratados suscritos y ratificados en materia de DD.HH., totalmente inobservadas en las leyes fiscales que se han aprobado: 9635, 9808 y 10159.
  4. Debe establecerse una auditoría ciudadana de la deuda pública, mediando ley de la República, para definir (entre otros aspectos), alternativas de renegociación de su grosero, diario y obsceno, pago de intereses; y, por supuesto, nuevos manejos de escenarios fiscales partiendo de la realidad de que “el bolsillo izquierdo del Estado le debe al bolsillo derecho del Estado repleto de plata”.
  5. Deben establecerse metas de reales ingresos frescos para el fisco vía combate al fraude fiscal y a las exenciones-exoneraciones, sustitutos de los escuálidos recursos esperados de la LMEP.
  6. Debe establecer como Política de Estado los contenidos de la Opinión Consultiva 5-27 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte – IDH), para lo cual la entidad líder debe ser el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
  7. Mideplan, liderando el proceso, debe asumir la tarea, con participación ciudadana, de establecer los ámbitos de política pública que han sido debilitadas en materia de empleo público, por una parte; y que, por el contrario, ocupan de nuevos empleos públicos para atacar al dantesco escenario de desigualdad social creciente y de desestabilización de la Democracia misma, que implica la exclusión económica en desarrollo.
  8. El Derecho de la Constitución y la institucionalidad republicana vigente abre espacio para construcciones sociopolíticas compartidas acerca del futuro de las relaciones de empleo del Estado con sus personas trabajadoras asalariadas.
  9. La estandarización salarial abusiva con violencia fiscal en contra de los principios universalmente aceptados de las democracias republicanas en lo que respecta a la división de poderes, no representa garantía de calidad y de eficiencia y de eficacia; máxime que las especificidades, la naturaleza estratégica de delicados quehaceres profesionales conspira contra la misma estabilidad democrática, pues jamás un mero aspecto fiscal debe ser la piedra angular para justipreciar la magnitud de una tecnocracia político-jurídica imprescindible para la paz.
  10. Hay que desechar, radicalmente, la pretensión de un congelamiento salarial por 10-12 años, lo cual no solamente es alimentar un estallido social de imprevisibles consecuencias; sino que, conspira con las posibilidades de un proceso sostenido de reactivación económica que tiene en el mercado interno, enorme potencial pero en relación directa con el poder de compra-adquisitivo de los salarios. Además, es éticamente imposible de justificar, partiendo de que la clase trabajadora asalariada del sector Público (y también su homóloga del sector privado), no es evasora de sus responsabilidades tributarias.

Compartimos el docuemento entregado a la Ministra de Planificación y Política Económica, Laura Fernández Delgado en el marco de la «Mesa Técnica de Escucha de la Ley Marco de Empleo Público»

ANEP 1-2022-LMEP-Documento Completo-Evento Mideplan-6 de Junio de 2022 by EugenioGuerrero on Scribd