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Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

¡Atención, señores del FMI que están de visita en el país en estos momentos!: 6 mil 300 millones de dólares ($6.300.000.000) es el monto aproximado del robo de impuestos en Costa Rica, de la evasión fiscal en todas sus variables y de la elusión tributaria en sus más “creativas” formas.

Fue el propio y actual presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles, la persona que nos proporcionó ese impactante dato. Ocurrió el pasado jueves 12 de mayo, en reunión con varios representantes sindicales y en la mismísima Casa Presidencial. Quien escribe esto estuvo ahí. Estaban cuatro señoras ministras de Estado: las de Presidencia, de Trabajo, de Educación y de Planificación.

Además, quienes ocupan las dos vicepresidencias del país y uno de los viceministros de la Presidencia.
6 mil 300 millones de dólares anuales en robo de impuestos, señores del FMI, representan, en promedio 300 millones de dólares por mes; o bien, unos 10 millones de dólares diarios.

Y en esa reunión, el actual mandatario costarricense nos indicó que en cuanto a exenciones y exoneraciones impositivo-tributarias, las cifras son parecidas.

Es decir que, al juntar las cifras de evasión fiscal y de elusión tributarias, con las de las exenciones y exoneraciones, mínimamente, estamos hablando de 14 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

¡Atención señores del FMI! Ustedes fueron “embaucados” por el estafador político que estaba en la Presidencia de la República cuando el gobierno de éste y su camarilla de extremistas neoliberales propusieron la ahora Ley Marco de Empleo Público como “piedra angular” de un ajuste fiscal para que se desembolsara el primer tracto del famoso préstamo de 1.778 millones de dólares que el FMI le daría al país para evitar un inminente “default”.

Deben saber ustedes que los salarios de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público nunca han sido responsables del déficit fiscal. Está más que demostrado. Nos hemos encargado de ello en los últimos tiempos. Por eso estamos demandando que tan perversa legislación no entre en vigencia.

Primero, porque no representa mayor impacto en el problema del déficit fiscal, mucho menos en el corto plazo. Segundo, porque comete graves injusticias y generará mayores niveles de empobrecimiento y de exclusión económica, dándole un lamentable impulso a la entronización definitiva de la desigualdad en el país la cual viene en ascenso. Y, tercero, porque expone al Estado costarricense a una enorme cantidad de demandas individuales y/o colectivas en las cortes internacionales de Derechos Humanos, lo que podría generar multimillonarias sumas de recursos fiscales en indemnizaciones.

Deben tener presente ustedes, señores del FMI, que la ahora Ley Marco de Empleo Público fue la culminación de una operación plutocrático-mediática de lo que hemos denominado el periodismo de odio, desplegándose la más infame campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico jamás desplegada contra grupo social alguno, desde la fecha de entrada en vigencia de la actual Constitución Política de Costa Rica, el 7 de noviembre de 1949.

Deben ustedes saber señores del FMI que al nuevo Gobierno le hemos planteado lo siguiente: “Instalar una comisión de especialistas, de procedencia multisectorial, misma que debe determinar la certeza del impacto fiscal real de dicha ley en el escenario fiscal integralmente comprendido a mayo de 2022. No confiamos en las cifras de Mideplan generadas durante la atropellada tramitación parlamentaria de esta ley”. Estamos esperando respuesta.

Finalmente, hay que reiterar que voces públicas muy autorizadas siempre argumentaron, con planteamientos sólidos, que Costa Rica nunca debió haber sido “embarcada” con un convenio con el FMI.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

¡Lo planteamos de manera contundente! La Ley Marco de Empleo Público debe desecharse. No debe entrar en vigencia. Así se lo planteamos a la representación gubernamental con ocasión del evento denominado “Mesa Técnica de Escucha sobre las implicaciones legales de la Ley Marco de Empleo Público 10.159”, convocado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).

Esto ocurrió el pasado lunes 6 de junio.

Solamente tuvimos diez minutos de exposición. Sin embargo, entregamos un documento elaborado con seriedad y con responsabilidad. Pese a ello, demasiados argumentos hemos planteado desde que, por vez primera, de manera pública, empezamos a abordar el tema, allá por 2014, cuando nos percatamos de que la tal reforma del Empleo Público venía contaminada de contenidos antiobreros y potenciada por las principales matrices mediáticas del periodismo de odio.

Desde el propio principio de la indicada conjura antiempleo público, hemos respondido con visión de clase, de clase trabajadora, contraria a la visión totalitaria y totalitarista del neoliberalismo.

En el evento en mención resaltamos, en tan corto lapso, diez requerimientos fundamentales si, en verdad, hubiese voluntad política de construir el futuro del empleo público en Costa Rica sin las ataduras ideológicas de un enfoque de extremismo fiscal, como lo representa esta perversa Ley Marco de Empleo Público, No. 10.159. Por ejemplo: Instalar una comisión de especialistas, de procedencia multisectorial, misma que debe determinar la certeza del impacto fiscal real de dicha ley en el escenario fiscal integralmente comprendido a mayo de 2022. No confiamos en las cifras de Mideplan generadas durante la atropellada tramitación parlamentaria de esta ley.

Se requiere la conformación de una comisión de especialistas, de alta solvencia moral, también de procedencia multisectorial, la cual debe puntualizar las evidencias de potencialidades inconstitucionalidades presentes en esta ley. Además, debe esclarecerle al Gobierno los riesgos de diverso orden para el Estado, producto de la acción de miles de litigantes en el escenario internacional de los tribunales de Derechos Humanos. En este sentido, ANEP se viene preparando con mucho cuidado y con la asesoría experta requerida.

Hay que desechar, radicalmente, la pretensión maligna de esta ley de imponer un congelamiento salarial por 10-12 años, lo cual no solamente es alimentar un estallido social de imprevisibles consecuencias, sino que conspira con las posibilidades de un proceso sostenido de reactivación económica que tiene en el mercado interno enorme potencial, pero en relación directa con el poder de compra-adquisitivo de los salarios. Además, es éticamente imposible de justificar, partiendo de que la clase trabajadora asalariada del sector Público (y también su homóloga del sector privado), no es evasora de sus responsabilidades tributarias. Debe establecer como Política de Estado los contenidos de la Opinión Consultiva 5-27 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), relevante instrumento del Derecho Internacional y de obligada observancia y cumplimiento para Costa Rica que resalta los estratégicos roles democráticos de la Libertad Sindical y de la Negociación Colectiva, para lo cual la entidad líder debe ser el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

La entrada en vigencia de esta perversa ley está señalada para el 9 de marzo de 2023. Pensamos que algo tiene que pasar antes para evitarlo.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

“La deuda pública es el negocio más grande en el país y me atrevería decir que no hay uno privado más rentable”, comentó el economista Fernando Rodríguez Garro en Semanario Universidad.

En los últimos cuatro meses de este año 2022 (enero, febrero, marzo y abril), la deuda pública aumentó en 1 billón 400 mil millones de colones (1.400.000.000.000). Es decir, creció a razón de ¡11 mil 666 millones ₡ diarios!

Al mes de mayo, la deuda pública estará en, prácticamente, 43 mil millones de dólares ($43.000.000.000). Consideremos que ya estamos a 700 colones por dólar, entonces esa gigantesca cantidad en moneda estadounidense, equivale a 30 billones 100 mil millones de colones costarricenses: 30.100.000.000.000. ¡Una verdadera locura!

Ahora, tomemos en cuenta que ya somos 5 millones 300 mil costarricenses; entonces, cada persona viva tica, sin importar su edad, estaría “debiendo” unos 5 millones 680 mil colones (₡5.680.000).

La cuantía de lo que a usted “le toca pagar” de esa deuda pública crecerá, día con día, no solamente porque nos van a seguir llevando por esa perversa vía; sino que, al subir el precio del dólar con relación al colón, la deuda pública “suya”, también aumentará.

Si al momento de que usted lea este comentario, está naciendo un nuevo compatriota en algún centro de salud del país, ya viene esta personita con ese monto de “deuda pública” en sus espaldas.

El problema empezó a generarse hace unos 40 años. Ocho son las sucesivas administraciones gubernativas responsables de semejante desastre. Del año 1982 al 2022 tuvimos 3 gobiernos del Partido Liberación Nacional (PLN), 3 del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), así como 2 del Partido Acción Ciudadana.

Es muy necesario establecer cómo fue evolucionando la deuda pública en cada uno de esos ocho gobiernos. Al menos, nosotros no tenemos ese detalle y agradeceríamos si alguna persona o entidad (pública o privada), lo posee para que nos lo comparta.

Ahora volvamos al comentario del ya citado economista con el cual iniciamos este artículo: “La deuda pública es el negocio más grande en el país y me atrevería decir que no hay uno privado más rentable”. ¿Quién o quiénes han estado ganando con este negocio? ¿Cuál es la poderosa razón por la cual las sucesivas administraciones gubernativas citadas eluden entrarle, de fondo, al problema? ¿Cómo fue que llegamos hasta aquí, al borde del precipicio?

Es más que obvio que si el fraude tributario-fiscal anual, en todas sus manifestaciones y modalidades, es del orden de los 3 mil 600 millones de dólares (cifra que nos dio, personalmente, el propio Presidente Chaves), entonces aquí está una de las razones fundamentales del problema de la deuda pública.

Hablamos de 300 millones de dólares al mes, es decir, 210 mil millones de colones (210.000.000.000); o sea, un medio punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB). ¡6 puntos PIB al año!

Llevamos tiempo insistiendo en este grave problema y, particularmente, en la necesidad de que se efectúe una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública.

El ahora Presidente de la República, como candidato, indicó en su oferta de campaña que disminuiría los intereses de la deuda pública. El pago diario de los mismos es de una cuantía realmente obscena, a juicio de la “zarina” del sistema financiero costarricense, la señora Rocío Aguilar Montoya.

Todo esto de la deuda pública, incluyendo su obsceno pago diario de intereses es el más importante tema de la política nacional de corte tradicional. Pero es un tema tabú al que hay que entrarle muy fuertemente. Por eso es que el economista don Fernando Rodríguez Garro dijo que no hay negocio privado más rentable en la Costa Rica de hoy que el de la deuda pública.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El altísimo precio de los combustibles, especialmente el de la gasolina y del diésel, está golpeando durante las economías familiares de los hogares de la clase trabajadora, asalariada o no asalariada; tanto como las actividades productivo-comerciales, especialmente las de las micro, pequeñas y medianas empresas. Estas conforman la mayoría de lo que se conoce como el parque productivo del país.

Acabamos de decir una verdad del tamaño de la catedral. Nada nuevo bajo el sol. Todo el mundo lo sabe. Sin embargo, desde nuestra perspectiva obrero-social, la raíz fundamental del altísimo precio de los combustibles es por la carga tributario-impositiva que pesa sobre los mismos. Un impuesto radicalmente injusto por su carácter regresivo. ¡No es Recope!

Es decir, en la bomba suministradora de combustibles, el dueño del carrito-cacharpita, el del auto más o menos bonito o bueno, el propietario del vehículo de carga fundamental para su trabajo cotidiano; pagan el mismo precio del litro de gasolina o de combustible que el propietario de un lujosísimo automóvil, de esos que circulan por las carreteras del país, exhibiéndose como una de las muestras más claras y contundentes de la sociedad desigual costarricense de la actualidad.

Además de tal circunstancia, el impacto que implica para el valor de cada litro de combustible el impuesto único es, por supuesto, diametralmente opuesto en uno o en otro caso. Hasta aquí, nadie podrá estar en desacuerdo de lo que hemos planteado.

Entonces, ¿cómo atacamos tanta desigualdad y tanta injusticia que se muestra en cada bomba de combustibles del país? Pero, atacándolas de raíz. Los diputados y las diputadas de la actual Asamblea Legislativa deben derogar, ¡sí!, eliminar el impuesto único a los combustibles; y, a la vez, fijando las fuentes alternativas para que el Gobierno reciba la misma cantidad de plata que tal tributo le produce al día, al mes y al año, pues, efectivamente, llevan razón las actuales autoridades ejecutivas del país que pegan el grito al cielo reclamando cómo repondrán esos dineros que, de manera inmisericorde, le han venido quitando a la gente común, especialmente la del sector trabajador, hace ya bastantes años.

La plata que “perdería” el Ministerio de Hacienda si se deroga el impuesto único a los combustibles se puede coger de estas fuentes “vírgenes”:

Uno: De los 3 mil 600 millones de dólares que, al año, se roban en impuestos en el país en las actividades corporativo-productivas y financieras de los sectores empresariales de gran poderío económico. Esta cifra es dada por el propio Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles. La actual Asamblea Legislativa puede desempolvar el informe Los papeles de Panamá, emitido en el período parlamentario 2014-2018, el cual cita, una a una, medidas para recuperar parte de esa plata. Y no significa crear nuevos impuestos, ni siquiera para los súper-ricos.

Dos: Cada mes, el Ministerio de Hacienda debe desembolsar 240 mil millones de colones (240.000.000.000), por el pago de los intereses obscenos de la deuda pública (se pagan 8 mil millones de colones diarios). En el Programa de Gobierno que el hoy mandatario Chaves ofreció a la ciudadanía para que le eligieran, este asunto quedó planteado. En este caso de la gravedad socioeconómica que amenaza la paz social, como lo es el alto precio de los combustibles, se justifica, política y moralmente, entrarle a este tubo abierto de las finanzas públicas para, coger recursos (vía renegociación del pago de esos intereses), que sustituyan los que se eliminarían si desaparece el detestado impuesto único.

Pero, ¿Cuánto recauda el gobierno por tal tributo? En promedio, 60 mil millones por mes, ¡apenas un 25% de la carga mensual de los intereses obscenos de la deuda pública! Y, más o menos, un 30% del monto mensual del robo de impuestos. ¡Hay soluciones! Pero falta voluntad política y, por supuesto, se necesita muchísima fuerza social.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Ante la crisis social y económica que está en desarrollo en nuestro país, derivada de los altísimos precios de los combustibles, producto de la alta carga tributaria (impuesto único), que pesa sobre los mismos, el Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles, indicó que se va a eliminar el subsidio al asfalto que venía favoreciendo a las diversas empresas constructoras, especialmente las involucradas en el sonado caso “Cochinilla”.

Estamos seguros de que la inmensa mayoría de personas propietarias de todo tipo de vehículos ni idea tenían de que, cada vez que iban a la bomba de gasolina y compraban combustible, el precio a pagar incluía 8 colones por cada litro adquirido; dineros que se destinaban para financiar la compra de asfalto para empresas constructores como MECO y H Solís.

El respetado y prestigioso medio de prensa Semanario Universidad, al informar sobre la indicada decisión presidencial, muy acertada, por cierto, recordó que ya había denunciado esta situación desde el mes de julio del año pasado 2021.

Universidad denunció que ambas empresas recibieron tal tipo de financiamiento por una cantidad anual de casi 5 mil millones de colones (4.780 millones para ser exactos), mediante ese impuesto de 8 colones incluido en el valor de cada litro de combustible que usted, honorable persona lectora de este comentario, pagaba en la bomba, como propietaria de un vehículo.

La indicada publicación nos dice que en el período comprendido entre los años 2017 y 2020, la cuestionada medida que el propio Presidente dice, ahora, que debe desaparecer, alcanzó un monto de subsidio superior a los 18 mil millones de colones (18.000.000.000). Es decir, tal cantidad de dinero y en ese período, se la sacaron a usted, en la bomba de suministro de combustibles, cada vez que acudía a llenar el tanque.

Tal cifra, según Universidad, es elaboración propia con base en datos aportados por el Ministerio de Ambiente y Energía y por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Fue en la administración gubernativa de Luis Guillermo Solís Rivera que tal impuesto se decretó, en enero del año 2016.

Ahora bien, ¿cuál es nuestro punto central aquí): Que el denominado impuesto único a los combustibles es de los más inequitativos de la perversa estructura tributaria costarricense; y, “compite” en injusticia con el impuesto al valor agregado (IVA), establecido en el 2018, dentro de la no menos injusta ley del combo fiscal.

Que el sencillo automovilista, integrante del amplio conglomerado mayoritario de la población costarricense (los sectores populares, trabajadores y la clase media); subsidiaria la actividad empresarial de las mega-constructoras mencionadas, en esto de la compra de asfalto, es un acto de gran inmoralidad política, más allá de la injusticia.

Nos preguntamos: ¿es que un mínimo resarcimiento ético para tanto compatriota agredido, económicamente, por ese subsidio, no merecería que la actual Asamblea Legislativa llame a dar explicaciones políticas al hoy exmandatario Luis Guillermo Solís Rivera y a su ministro del MINAE, co-firmante del decreto que lo estableció, el señor Edgar Gutiérrez Espeleta?

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

3 mil 600 millones de dólares es la cifra aproximada que, ¡por año!, se roban en Costa Rica las personas y las empresas que roban impuestos. ¡Sí!, roban impuestos porque la evasión tributaria y el fraude fiscal no es más que eso: vulgar robo de impuestos que, desde un punto de vista sociológico, es un crimen social. 3 mil 600 millones de dólares, en cifras se escribe así: $3.600.000.000.

3 mil 600 millones de dólares convertidos a colones, al tipo de cambio de la actualidad, 671 colones por dólar, nos indica esta monstruosísima cantidad: 2.415.600.000.000. ¿Le costó leerla? ¡A mí también! Es así: 2 billones 415 mil 600 millones de colones.

Si tomamos esta gigantesca cantidad de plata y la relacionamos con la categoría económica denominada Producto Interno Bruto (PIB), tenemos que, en la práctica, 6 puntos PIB al año, se va en robo de impuestos; 6 puntos PIB al año es la plata que no llega a las arcas del Estado-Ministerio de Hacienda. Hablamos de que, al término del año 2021, un punto PIB equivalía a unos 400 mil millones de colones (400.000.000.000). Datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

3 mil 600 millones de dólares de robo de impuestos, ¡al año!, es dato que nos dio el mismísimo Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles, durante la reunión que con él sostuviéramos, en Casa Presidencial, el pasado jueves 12 de mayo. ¡Mejor fuente no se podía tener! Sus antecedentes profesionales como funcionario de la banca internacional le dan la credibilidad necesaria. Pero, además, ya se venía hablando de este estratosférico fraude tributario hace ya bastante tiempo (en cuenta, nosotros mismos).

Pero, los que han podido actuar para corregir este crimen social, nunca han hecho nada. Nunca han querido hacer nada. Hoy, al inicio del presente gobierno, hay que lanzar la más fuerte acusación cívica jamás formulada en contra de la corrupta clase política que durante las últimas ocho administraciones han sido cómplices de este crimen social.

Tal clase política corrupta ha tenido bajo su control a 3 gobiernos del Partido Liberación Nacional (Arias Sánchez, Figueres Olsen y Chinchilla Miranda); a 3 gobiernos del Partido Unidad Social Cristiana (Calderón Fournier, Rodríguez Echeverría y Pacheco de la Espriella); a 2 gobiernos del Partido Acción Ciudadana (Solís Rivera y Alvarado Quesada).

Son 32 años de fraude fiscal, son 32 años de evasión de impuestos de manera descarada, son 32 años de podredumbre en las aduanas del país, son 32 años de un sistema tributario doblemente perverso (corrupto e injusto); y, son 32 años de crecimiento de la deuda pública que hoy nos tiene al borde del precipicio.

Vienen aprobando leyes anti-obreras, vienen promoviendo legislaciones para destruir las herencias del denominado Estado Social de Derecho, vienen satanizando a las personas empleadas públicas al punto de exponerlas como criminales mediando sus violentos reportajes cargados de periodismo de odio; vienen pisoteando la mismísima Constitución Política del 7 de noviembre de 1949.

La Asamblea Legislativa que acaba de concluir sus gestiones (2014-2018), la más anti-obrera de las últimas siete décadas, no hizo algo al respecto. Se deleitó en promulgar legislación contra los derechos laborales que son Derechos Humanos y se dedicó a endeudar más el país. Terminó su gestión con un proyecto perverso de quitarle los derechos de cesantía a las personas trabajadoras cuando concluyen su vida laboral y pretenden pensionarse.

La que empezó el pasado 1 de mayo, va por el mismo sendero anti-obrero: pretende acabar con la histórica jornada de 8 horas, que tanta sangre costó para dar paso a un mayor nivel de intensidad de explotación obrera. ¡Estamos mal, pero muy mal!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

En primer término, considero necesario aclarar lo siguiente. Ni en primera ni en segunda ronda electoral de las pasadas elecciones presidenciales, quien esto escribe votó por los candidatos finalistas. La persona que mereció mi voto no pasó de la primera vuelta. Para la segunda, “gané”: es que no fui a votar. Me sumé al “partido abstencionista” que tuvo más “votos” que el señor Rodrigo Chaves Robles y que el señor José María Figueres Olsen. Finalmente, según las reglas constitucionales para este tipo de elecciones, don Rodrigo se dejó la Presidencia de la República.

En los dos pasados gobiernos del Partido Acción Ciudadana (PAC), especialmente para el segundo, la clase trabajadora asalariada del sector Público sufrió el ataque mediático más cruel que grupo social alguno haya sufrido en Costa Rica, desde los tiempos de la llamada Segunda República.

Varios medios de prensa se conjuntaron y se conjuraron, en lo que nosotros mismos llamaríamos después como periodismo de odio, para desplegar una feroz campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico contra aquellas personas trabajadoras (y sus familias) ocupantes de puestos en los más diversos servicios públicos estatales.

Tales medios practicantes del periodismo de odio, fanáticos del dogma ideológico-neoliberal “todo mercado-nada Estado”, querían que la opinión pública (o la opinión publicada, como suele aclararnos al respecto el político ecuatoriano don Rafael Correa Delgado); se “convenciera” de que el desastre de las finanzas públicas llamado déficit fiscal, se debía a los salarios devengados por quienes laboran en el sector Público, construyendo así una cortina de humo para esconder las verdaderas razones del déficit fiscal.

¡Fracasaron en su empeño! Luego de mucho confrontar a ese periodismo de odio en este asunto, se logró determinar las reales causas del problema fiscal del país que, en esencia, no se deben a los salarios pagados en el sector Público. Sin embargo, como el asunto es ideológico, el periodismo de odio, sigue en su enfermiza obsesión “todo mercado-nada Estado”.

Al llegar a la campaña electoral del 2022, el tripartidismo clásico, Liberación-Unidad y Acción Ciudadana, tutelado por ese periodismo de odio, decidió bloquear el ascenso de un recién llegado a la política doméstica con aspiraciones serias, al notar que sus candidaturas presidenciales preferidas sufrían el desgaste de ocho administraciones consecutivas de este tripartidismo; desgaste que exhibe cifras y resultados desastrosos, en todos los órdenes, para las mayorías populares.

De nuevo, el periodismo de odio se conjuntó y se conjuró en contra del señor Rodrigo Chaves Robles, a partir de situaciones de orden personal sumamente publicadas y de amplio conocimiento de la gente. Y, aunque desde nuestra perspectiva político-sindical la consigna ideológico-neoliberal del “todo mercado-nada Estado” no está en peligro sustancial con la llegada de él a la Presidencia de la República, es obvio que no representa su estadía en Casa Presidencial algo de lo cual debe alegrarse el periodismo de odio.

Ya en la silla presidencial, considerando la posición del nuevo Gobierno sobre el tema de la pandemia del covid-19, el periodismo de odio volvió a atacar en cuadrilla al ahora nuevo Presidente de la República. Las señales son claras: el periodismo de odio nunca quiso y no quiere al señor Chaves Robles en la Casa Presidencial.

En la superficialidad de un análisis nada riguroso, alguien podría decir que el Presidente y los sindicatos del sector Público, al tener el mismo “enemigo común” (el periodismo de odio), deberían “unirse”. En realidad, se pueden poner en mesa visiones relativamente parecidas en cuanto a la naturaleza real del déficit fiscal y su relación directa con la defraudación tributaria en todas sus expresiones y modalidades, para citar tan sola una posibilidad de acercar posiciones. Si las del mandatario son bien fundamentadas como lo han sido las sindicales (al menos, las de la corriente en la cual militamos), “¡quien quita un quite…!”.

Nos dimos a la tarea de leer el texto completo del discurso del señor Rodrigo Chaves Robles al asumir la Presidencia de la República, el pasado domingo 8 de mayo y no encontramos, por ningún lado, la palabra salario. Le leímos por segunda vez, y la palabra salario no apareció en renglón alguno, en párrafo alguno. Para cerciorarnos de que nuestra vista no nos estaba pasando una mala jugada, una compañera de lucha hizo su propia lectura. ¡Tampoco!

Y es que, en el contexto de unas políticas macroeconómicas y fiscales con determinada ideología, como las imperantes en los gobiernos del tripartidismo PLN-PUSC-PAC, la distribución de los beneficios del crecimiento económico no se concibe vía ampliación de la capacidad de compra de los salarios. La señal enviada en esta línea por parte del partido ahora en el gobierno, no deja lugar a dudas.

Y es que el neoliberalismo depredador y socialmente criminal, no estima, vía salarios, la distribución de la riqueza que genera el crecimiento económico vía explotación obrera. La concentra en grado extremo. Miles y miles de compatriotas sufren a diario por ello.

Las principales posiciones políticas del nuevo gobierno en el ámbito de la economía, en lo financiero y en lo tributario- fiscal van a seguir bajo control de la misma gente del citado tripartidismo. Tal control se ha hecho tan férreo que el mismísimo Presidente Chaves, en su mensaje inaugural, advirtió que el país se encuentra en las cercanías de un “desmoronamiento”, aunque nosotros decimos al borde de un estallido social (sectorial, regional, nacional; o una vinculación entre sí).

Al hacer honor a uno de los principales fundamentos de la lucha sindical genuina, desde el domingo 1 de mayo (ocho días antes del mensaje presidencial), dejamos constancia de un fuerte clamor obrero-social por el gravísimo problema del empobrecimiento obrero-laboral ante el estancamiento de los salarios ante el ascenso cotidiano en los precios de los productos básicos de la subsistencia de la clase trabajadora, asalariada o no.

En particular, proclamamos y demandamos, considerando a la clase trabajadora que todavía tiene empleo formal y salario fijo, en el ámbito del sector privado, lo siguiente (en lo que respecta al problema salarial en el sector Público, es otra la historia):

1) Que se decrete con urgencia una fijación salarial extraordinaria al salario mínimo, emitida por el Consejo Nacional de Salarios (CNS), de manera inmediata; al menos para la clase trabajadora de la producción agrícola en el banano, la piña y la caña de azúcar; tanto como para los choferes de autobús, las personas trabajadoras de la seguridad privada y del comercio. 2) Que se vuelva a una fijación salarial semestral por reajustes en el costo de la vida al salario mínimo, dado que el anterior y nefasto gobierno, impuso un solo incremento de este tipo al año. 3) Que se emita una nueva valoración del monto actual del salario mínimo para hacerlo congruente con el postulado constitucional de nuestra Carta Magna, misma que en su artículo 57 ordena que el salario mínimo garantice bienestar y existencia digna. Los miles de personas trabajadoras que apenas ganan el salario mínimo, saben que ese postulado constitucional está lejos de su realidad sociofamiliar y económica. 4) Que se legisle y/o sentencie con contundencia que hay una parte del salario mínimo que es inembargable por deudas, que es sagrada, que no se puede tocar por parte de los acreedores, dado que así está conceptuado como un Derecho Humano fundamental. Hemos de proceder en consecuencia y por varias vías.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El discurso del nuevo Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles, permite diversas interpretaciones según el cristal con que se esté mirando la realidad nacional actual de nuestro país. El cristal nuestro, el obrero-social y sindical, no podía ser la excepción.

La frase que da título al presente comentario, está incluida en el mensaje de asunción del cargo del nuevo mandatario ejecutivo del país: “…Si una vez más la clase política falla, el país se podría desmoronar”.

El Presidente Chaves Robles lanza una advertencia muy fuerte y de potente contundencia: el país colapsará si su clase gobernante, su clase política falla de nuevo. Y, ¿cuántas veces ha fallado esa clase política?

Desde la Caída del Muro de Berlín, en 1989, a la fecha de la más reciente elección presidencial, han pasado ocho gestiones legislativas y ocho gestiones ejecutivas, todas conducidas y hegemonizadas por esa clase política.

A nivel de Poder Ejecutivo, los tres partidos políticos tradicionales han estado “aportando” para que el desmoronamiento del país esté cada vez más cerca: Liberación Nacional, tres gobiernos (Figueres Olsen, Arias Sánchez y Chinchilla Miranda); Unidad Social Cristiana, tres gobiernos (Calderón Fournier, Rodríguez Echeverría y Pacheco de la Espriella); y, Acción Ciudadana, dos gobiernos (Solís Rivera y Alvarado Quesada).

No parece necesario puntualizar en la naturaleza perversa de esas ocho gestiones gubernativas en los más diversos órdenes; especialmente los de carácter social y los que se refieren al desarrollo económico con integración social. Costa Rica ha retrocedido, al menos, unos 40 años; y, ahora se tiene la deshonrosa distinción de ser uno de los diez países más desiguales del planeta. Sobran las palabras.

Al parecer, la gestión gubernativa que acaba de iniciar don Rodrigo Chaves Robles, por decisión de él mismo, habría que considerarla como la “última” oportunidad de la clase política para que el país no llegue al cataclismo.

Es más, esa frase, así como fue planteada, nos indica que él se siente como el recién llegado al ambiente de esa desprestigiada clase política, muchos de cuyos integrantes se coluden con la corrupción y hasta con el narcotráfico, para salvarla.

Sin embargo, si esta es la última oportunidad de la actual clase política antes de que termine de desmoronarse; entonces, para que no pase esto habría que hacer las cosas radicalmente distintas de cómo se han venido haciendo, si nos atenemos a la sentencia política del señor Presidente: “…Si una vez más la clase política falla, el país se podría desmoronar”.

¿Cuáles son esas nuevas cosas que hay que hacer para evitar que el país termine de desmoronarse?

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Carlos Alvarado Quesada termina su nefasta gestión gubernativa de cuatro tormentosos años, este próximo domingo 8 de mayo de 2022. Resaltamos algunos de los aspectos que le llevaron a ser el mandatario peor evaluado por la ciudadanía, el más detestado por el pueblo trabajador, desde que se hacen encuestas que miden la credibilidad y la aceptación presidencial.

1) Pulverizó, política y electoralmente hablando, al partido que lo llevó a la Casa Presidencial. Al cometer la estafa política más relevante de los últimos tiempos, dejó al PAC sin una sola diputación.

2) Se va con el más alto número de causas judiciales, de carácter penal, abiertas en su contra y en proceso de tramitación.

3) Deja a la clase trabajadora asalariada y no asalariada en mayores niveles de pobreza, de exclusión económica y social, de altísimo endeudamiento personal y familiar y con salarios totalmente precarizados.

4) Facilitó que los sectores económicamente poderosos, se hicieran más ricos de lo que ya acumulaban cuando él entró a ejercer la presidencia. La concentración de la riqueza se volvió incontrolable. Tan es así que ahora, al irse, advierte que el crecimiento de la desigualdad se volvió peligroso para el país. ¡Qué cinismo!

5) En materia de derechos laborales, que son Derechos Humanos, se convirtió en violador de los mismos. Por ejemplo, le pasó por encima, con la complicidad de partidos políticos como Unidad y Liberación, así como con la connivencia de la Sala Cuarta, a este artículo de la Constitución Política de 1949: “Artículo 34. – A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas”.

6) Persiguió, hostigó, impulso el despido, mandó a tribunales y hasta impulsó cárcel a una serie de dirigentes sindicales de base, militantes de las organizaciones laborales que no se le alinearon como él quería. Esto representó una grave violación al Derecho de Libertad Sindical que es un Derecho Humano Fundamental, así sentenciado por la Opinión Consultiva de mayo de 2021, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

7) Acuerpó, estimuló e impuso, igualmente con la complicidad de partidos como Liberación y Unidad (y el suyo propio), la más represiva legislación contra el Derecho Humano de Huelga, contra el Derecho Constitucional de Huelga; generándose una legislación que “compite” con disposiciones similares en tiempos de dictadura en diversos países latinoamericanos.

8) La deuda pública del país la llevó hasta niveles insostenibles cercanos al 70 % del Producto Interno Bruto (PIB); obligando al pueblo trabajador a un pago diario de intereses (especulativos, obscenos y criminalmente sociales), de unos 8 mil millones de colones; pues le tuvo miedo, miró para otro lado y hasta se volvió cómplice por inacción, con el inconmensurable fraude tributario fiscal y aduanero; mismo que obliga al país a endeudarse sin fin para no quebrar del todo. De hecho, no pocos pensamos que deja al país muy cercano a una caída libre en cuanto a esto.

9) Se matriculó con una política de extremismo orden ideológico-neoliberal para cuestiones fundamentales de la inversión pública, especialmente en lo social: la regla fiscal. El fanatismo y el dogmatismo de la misma no solamente le obligó a impulsar exclusiones institucionales de último momento; sino que deja altísimamente vulnerados una serie de programas precisamente previstos para enfrentar el altísimo grado de pobreza que su gestión gubernativa generó.

¡Qué va! Nos faltó espacio. Su gestión gubernativa terminó de fragmentar a la sociedad costarricense. No puede uno dejar de pensar en que “sembró”, fuertemente, el germen pernicioso de estallidos sociales por venir; sectoriales, regionales y hasta nacionales.