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A las nuevas autoridades legislativas y ejecutivas del país: ante el altísimo costo de la vida, ante la abusiva concentración de la riqueza, ante la creciente desigualdad y exclusión social y económica,  ante la corrupción que amenaza a la democracia misma.

PROCLAMOS Y DEMANDAMOS:

01- Que se decrete con urgencia, una fijación extraordinaria al salario mínimo, emitida por el Consejo Nacional de Salarios (CNS), de manera inmediata; al menos para la clase trabajadora de la producción agrícola bananero-piñera y cañera; a los choferes de autobús, a quienes laboran en seguridad privada y en comercio.

02- Que se vuelva a la fijación semestral de reajuste por costo de vida al salario mínimo para la clase trabajadora del sector privado.

03- Que se emita una revaloración general del valor actual de los salarios mínimos para hacerlos congruentes con el dictado del Artículo 57 de la Constitución Política: debe procurar bienestar y existencia digna. Hoy en día no lo está haciendo.

04- Que se restablezca la protección de una cantidad mínima inembargable al salario, legislando con urgencia al efecto. Ya salió la primera sentencia judicial en tal sentido.

05- Que se restablezca la Comisión de Negociación de Política Salarial para el Sector Público: analizando con urgencia la precariedad salarial en programas sociales y de seguridad: CEN-CINAI, control de plagas, cuerpos policiales, por ejemplo.

06- Que se pague la deuda pendiente del reajuste salarial por costo de vida para el sector Público correspondiente al año 2021, arbitrariamente retenida por el saliente gobierno pese a tener contenido presupuestario debidamente financiado.

07- Que se pague la deuda por reajustes pendientes de costo de vida ante la pérdida de poder adquisitivo a las personas trabajadoras pensionadas del régimen de IVM-CCSS, 80 % de las cuales ni siquiera tiene un monto de pensión igual al actual valor del salario mínimo que, por cierto, ya no está procurando ni bienestar ni existencia digna.

08- Que se instale, con urgencia, una mesa de discusión, no amañada y transparente, para analizar lo que está pasando con la sostenibilidad financiera del régimen IVM-CCSS: las razones del faltante en sus arcas de casi 50 billones de colones (50.000.000.000.000); y de la cruel decisión, aún no puesta en práctica, de elevar la edad para pensionarse, de reducir la cuantía al jubilarse y de, eventualmente, un nuevo aumento en la cotización obrera.

09 – Que se descarte toda viabilidad política, por mínima que sea; y, que, por el contrario, se manifieste un rotundo rechazo al perverso proyecto para eliminar el pago de prestaciones-cesantía al momento en que la persona trabajadora asalariada se pensione. Hablamos del expediente legislativo No. 23.078, presentado por el partido PUSC (a través de ahora exdiputado Pedro Muñoz Fonseca).

10 – Que se le dé aprobación legislativa y ejecutiva, con urgencia, al Convenio No. 190, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, Expediente Legislativo No. 22.569.

11- Que se establezca un proceso político, serio y transparente, de diálogo participativo y de análisis riguroso sobre la aberrante Ley Marco de Empleo Público.

12- Que se restauren las autonomías constitucionales, derogadas por la especie de golpe de Estado parlamentario que tal ley dio, al régimen municipal, a la CCSS, al Poder Judicial, al TSE, a las universidades públicas.

13- Que se fortalezcan, de manera estratégica e integral las valiosas empresas públicas fundadas para la promoción del bien común y para la integración social; descartándose las intentonas de desmantelamiento y de privatización. Hablamos de la CCSS, del A y A, del ICE, del INS, del CNP, de FANAL, de Correos, de Recope, del INA, del INDER, de Japdeva, entre otras.

14- Que se derogue la perversa REGLA FISCAL diseñada para evitar el colapso radical de importantes servicios públicos que tienen que ver con política social (ejemplos: IMAS, PANI, Comedores Escolares-Educación Pública, CNE, CEN-CINAI, por una parte; y, por otra, impiden la inversión pública para la reactivación económica y atentan contra la estabilidad de las históricas y exitosas empresas públicas costarricenses.

15- Que se proceda a impulsar una Transformación Tributaria Estructural, empezando por una real discusión política del archivado expediente legislativo acerca de Los papeles de Panamá;en aras de corregir un sistema tributario que es doblemente perverso: es cruelmente injusto y está corrupto.

16- Que se proceda a legislar con la finalidad de emitir una ley para una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública cuyo pago abusivo y obsceno de intereses (casi 8 mil colones DIARIOS), le está sacando del bolsillo a cada persona trabajadora costarricense que está viva sin importar su edad ni sus posibilidades de ingreso, en promedio, 45 mil colones mensuales para pagarlos.

17- Que se pase a tomar decisiones urgentes, tanto ejecutivas como legislativas, en el ámbito de la Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutritivas, ante las cada vez más claras amenazas de escasez mundial de alimentos y de hambrunas en perspectiva, considerando la guerra en desarrollo en territorio europeo que puede volverse mundial.

18- Que se tomen todas las medidas, tanto ejecutivas, como judiciales y legislativas, para respetar y aplicar en todos sus alcances, la sentencia-Opinión Consultiva No. 27, de 5 de mayo de 2021, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDN), sobre Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Derecho de Huelga con Perspectiva de Género.

19- Que la Presidencia de la República establezca un despacho en Casa Presidencial, con una autoridad con el carácter de comisionada, para presentarle todo tipo de denuncia de presunta corrupción y de irregularidades con fondos públicos y con tráfico de influencias que se hayan dado o que estén por darse en todas las instituciones del Estado, especialmente cuando se da la sucia connivencia de empresarios privados con funcionariado corrupto.

20- Que se derogue de inmediato, la ley derivada del Expediente Legislativo No. 20.799 diseñada para establecer fuerte mordaza de prensa con relación a la ventilación en público de casos de corrupción de todo tipo.

San José, domingo 1 de mayo de 2022.

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Asociación Sindical de Empleados de la Energía y de las Comunicaciones (ASDEICE)

Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP)

Sindicato de Trabajadores y de Trabajadoras del Poder Judicial (SITRAJUD)

Sindicato de la Defensa Pública (SINDEPU)

Sindicato de la Judicatura (SINDIJUD)

Sindicato de Trabajadores del Tribunal Supremo de Elecciones (SETSE)

Sindicato de Trabajadores del CNP y FANAL (SIPRO-CNP)

Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)

Un total de 320 millones 765 mil 277 colones ¡por hora! Redondeémoslo: 321 millones de colones (321.000.000) cada 60 minutos. Esto equivale a 5 millones 350 mil colones el minuto. 

También, 7 mil 698 millones 366 mil 666 colones cada 24 horas. ¡Sí! Diarios. Igual, procedamos a redondear: 7 mil 700 millones de colones (7.700.000.000), ¡al día! ¡Sí!, 7 mil 700 millones de colones diarios.

Además, 1.500 colones al día es la cantidad que cada costarricense-persona viva en estos momentos (recién nacido, infante, adolescente, adulto joven, adjunto mayor), debe “poner” para reunir esos 7 mil 700 millones de colones que cada 24 horas hay que dará a los acreedores de la deuda pública del país.

¡Por Dios Santo! ¿Cuántos compatriotas ni siquiera tienen 1.500 colones para sobrevivir diariamente; o tienen enormes dificultades para lograrlo? O esos 1.500 colones diarios con costos son los pasajes de autobús para ir al trabajo (si tienen la “suerte” de tener empleo y salario fijo). ¿Es eso “dejar la casa en orden”?

¿Qué son estos datos? Esos números corresponden al abusivo y obsceno pago de intereses de la deuda pública durante los tres primeros meses del presente año 2022 (enero, febrero y marzo). Son cifras oficiales que dio a conocer recientemente el Ministerio de Hacienda. 

En total, en esos 3 meses (31 días de enero, 28 de febrero y 31 de marzo; 90 días en total), se pagaron a las personas y entidades acreedoras de la deuda pública del país 692 mil 853 millones de colones. En cifras, así: 692.853.000.000. ¡Y solamente en el primer trimestre del presente año 2022!

Alvarado está gritando a los cuatro vientos que su gobierno “deja la casa en orden”. Pero de esto no habla nada. Guardó silencio.

Esos 692 mil 853 millones de colones en pago de intereses de la deuda pública correspondientes al primer trimestre del año en curso equivalen a 1.62% del Producto Interno Bruto (PIB). ¡Por Dios Santo! ¿Y si pasa lo mismo en los restantes tres trimestres que faltan para terminar el 2022? Entonces, podríamos llegar a pagar intereses por el orden de los 6,48 puntos PIB.

¿Se imaginan? ¡Es una verdadera locura! Se llegaría a la inimaginable cantidad de, solamente en pago de intereses, 2 billones 771 mil 412 millones de colones: 2.771.412.000.000.

El país está quebrado. El Estado está quebrado. Unos dicen que “técnicamente”. Nosotros decimos que políticamente. Llevamos tiempo en la corriente sindical, en la cual militamos, hablando de esto. Y, sepan ustedes, quienes son parte del pueblo trabajador, que nunca se nos podrá acusar de no haberlo advertido si llega el cataclismo de, efectivamente, lo que llaman una cesación de pagos o “default”. 

A pesar de nuestro empirismo en las cuestiones de la cuestión macro-fiscal del país, hemos sido absolutamente responsables en hablar y escribir del asunto, repetimos, hace ya muchísimos meses, informándonos debidamente.

La ya designada jefa de fracción parlamentaria del partido oficialista a partir del próximo 8 de mayo, doña Pilar Cisneros Gallo, le ha indicado al próximo mandatario, el todavía presidente electo don Rodrigo Chaves Robles, que haga una cadena de radio y televisión para que le hable al pueblo con total transparencia, aunque tenga que decir criterios rudos. Nos unimos al criterio por ella emitido y exhortamos al mandatario Chaves a “agarrar el toro por los cuernos” y nos diga toda la verdad de la deuda pública y de su obsceno pago de intereses. 

Porque en este asunto hay mucho secretismo, hay gran complicidad política en los sectores del real poder de la Costa Rica actual: especialmente, el bancario-financiero y las matrices mediáticas dominantes que sirven a sus intereses (por cierto, algunas de ellas grandes perdedoras de la pasada elección presidencial). Señor Presidente electo: “debe usted comerse esta bronca”.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El nuevo Gobierno de la República debe, de manera ineludible, poner una seria y sólida atención al grave problema que representa para la clase trabajadora la creciente distancia entre el alto costo de la vida y el retroceso en el poder de compra de los salarios, tanto el que devengan quienes laboran en el sector privado como el que se ganan las personas trabajadoras estatales de ingresos medios y bajos.

Hay cuatro consideraciones fundamentales en este asunto que no admiten discusión alguna pues resultan verdades irrefutables: 1) La Costa Rica que recibirán las nuevas autoridades políticas, legislativas y ejecutivas es ya una sociedad golpeada por la desigualdad a todo nivel. 2) Tenemos un costo de la vida de los más altos de la América Latina, agravado por los acontecimientos bélicos que están ocurriendo entre Rusia, Ucrania y la OTAN (liderada por Estados Unidos). 3) No existe una política salarial, debidamente consensuada, técnicamente sustentada y, sobre todo, estratégicamente diseñada para aportar en la reducción de la desigualdad. 4) Unas finanzas públicas carcomidas por la corrupción tributaria, por el alto endeudamiento público y por el abusivo y obsceno pago de intereses diarios.

Así las cosas, es imprescindible que el nuevo mandatario, el señor Rodrigo Chaves Robles, tenga presente lo siguiente: A) Urge la realización de una revisión estructural con relación al salario mínimo para determinar si su nivel actual está en correspondencia directa con lo que ordena la Constitución Política de Costa Rica en su Artículo 57: “Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna”. Preguntémosle a una persona trabajadora agrícola, de plantaciones bananeras o piñeras si su salario mínimo actual le procura bienestar y existencia digna. Hagámosle la misma pregunta a un chofer de autobús, o a un vigilante de seguridad privada, o a una empleada de comercio. Por otra parte, se debe volver a la fijación semestral por ajuste de costo de vida. Gran error se cometió en el seno del Consejo Nacional de Salarios (CNS), cuando el gobierno actual impuso la fijación anual en tal sentido.

B) Para el caso de la clase trabajadora asalariada del Estado, es preciso lo siguiente: Pagar inmediatamente el reajuste por costo de vida impuesto, de manera unilateral, por el Gobierno saliente para el año 2021. Este lo decretó, lo presupuestó, lo financió, pero lo tiene retenido. ANEP tiene ya en sede judicial este problema, pero las nuevas autoridades pueden, actuando de buena fe, honrar tal compromiso político. Esto, para empezar. Por otra parte, hay grupos de personas servidoras públicas del Gobierno con salarios-base realmente miserables, tales como cuerpos policiales, programa CEN-CINAI y de Control de Manejo de Vectores, vigilancia y seguridad en centros educativos, entre otros. Hay que revisar esto y, a la vez, establecer una política salarial para el cuatrienio 2022-2026.

En este caso del Sector Público, el tema candente es, sin duda, la Ley Marco de Empleo Público, misma que deberá entrar en vigencia el 9 de marzo de 2023. El todavía Presidente electo ha anunciado su disposición a una negociación. Hay un grave problema salarial en perspectiva, entre otros factores que vulneran el servicio público en cuanto a su fuerza laboral. Pero, sin duda alguna, habrá que poner en mesa llegado el momento este pilar fundamental de la actual Carta Magna del país: “ARTÍCULO 34.- A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas”.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

El destructor de vidas y sueños es el libro que ha escrito la ciudadana costarricense, empresaria y luchadora social Flora Fernández Amón. En la portada leemos: “Un libro basado en historias reales de las personas despojadas por el descalabro de la Corporación ALDESA”. En fecha próxima se hará la correspondiente presentación pública, es decir, su lanzamiento.

La ciudadana Flora Fernández Amón se ha preocupado en los últimos tiempos por hacernos del conocimiento de lo que ocurrió en esa firma empresarial de inversiones, luchando ella contra viento y marea, acompañada de otras estimables personas ciudadanas afectadas por cuanto, prácticamente, sus propios ahorros personales de muchos años, ya se dan por perdidos.

Las matrices mediáticas dominantes, las que están al servicio de la hegemonía político-económico neoliberal, se han encargado de ocultarle al gran público nacional, no solamente las verdaderas dimensiones financieras, pero especialmente sociales, de este escándalo; que, si bien estaría dentro de la esfera de lo privado, deja completamente al desnudo los errores, las complacencias y hasta la complicidad del sistema de política pública que debe ejercer la supervisión financiera cuando dineros del público se invierten en empresas como ALDESA.

Y es que gracias a la heroica y titánica tarea de Flora (así, coloquialmente mencionada como a ella le gusta que le llamen), hemos podido identificar a varias de las más connotadas personas involucradas en el descalabro de ALDESA; y, “curiosamente”, se trata de ciudadanos con vínculos, directos o indirectos, con esas matrices mediáticas dominantes y, por ende, con elementos de la clase política tradicional pues, incluso, son parte de la misma.

¡Debemos leerlo! Para quienes hemos estado en los diversos escenarios de la lucha social que se ha venido dando todos estos años, contrariando a un modelo económico altamente concentrador de riqueza, expoliador al máximo de los ingresos de los sectores trabajadores y de los sectores de la otrora pujante clase media, incluyendo personas dedicadas a la actividad empresarial micro-pequeña y mediana (como lo es el caso de Flora); este libro, verdadero documento histórico-denuncia, nos permite ahondar en el mundillo de la especulación financiera, uno de las características más notables de ese modelo económico concentrador de riqueza y arruinador-empobrecedor de las mayorías.

El libro escrito por Flora, El destructor de vidas y sueños, es presentado por el destacado intelectual costarricense, catedrático de las universidades de Costa Rica y Nacional, don Óscar Aguilar Bulgarelli. Ello es indicativo de la solidez argumentativa y de denuncia de este documento, pues don Óscar ha concitado un gran prestigio en la sociedad costarricense, lo cual eleva la calidad del libro en comentario.

La contraportada del libro nos provoca adentrarnos en su contenido dado que se señala con el dedo acusador a las entidades supervisoras del sistema financiero dominante, las cuales, tuvieron un débil y, prácticamente, nulo papel en prever los “malos caminos” que habría estado transitando ALDESA Puesto de Bolsa, arriesgando el dinero de las y de los inversionistas como doña Flora. Tales entidades tendrán, en algún momento, que ser sometidas al juicio de la historia y el libro de ella abona en tal dirección. Se habla del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y de Superintendencia General de Valores (Sugeval).

Felicitamos a Flora. Su libro, El destructor de vidas y sueños, ingresa al documental histórico de la resistencia en contra del desmantelamiento total del Estado Social de Derecho que nos fuera heredado y que se concretara en los textos sociales incorporados en la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, hoy amenazada de muerte por ataques de diversa procedencia hasta de su propio olimpo guardián.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Don Célimo Guido Cruz y doña Xinia López Quesada, dos de los rostros más visibles del Movimiento Rescate Nacional, han recibido una sentencia de sobreseimiento definitivo de la acusación penal que, por orientación política fundamental de Carlos Alvarado Quesada, sufrieran a raíz de las acciones cívicas en el marco del concepto Democracia de la Calle, mostrando la fuerte oposición popular en contra del pacto del gobierno saliente con el Fondo Monetario Internacional (FMI); acontecimiento que tuvo lugar durante varios días de los meses de setiembre y de octubre del año 2020, en varios puntos del país.

También han resultado absueltos los ciudadanos que a continuación nombramos, destacados participantes del Movimiento Rescate Nacional: José Francisco Villalobos Rojas, Manuel Alfonso Porras Porras, José Miguel Corrales Bolaños, Edgar Arturo Porras Quirós, José María Oviedo Chaves y Óscar Gerardo Campos Chavarría (citados según orden de mención en la sentencia judicial).

Sobreseimiento significa terminar un proceso por considerar evidente la irresponsabilidad del inculpado o por falta de pruebas. Y en el caso que comentamos, ¡es definitivo!

Estamos de cara a una victoria del ejercicio democrático de la resistencia cívica, bajo el concepto sociopolítico de Democracia de la Calle, toda vez que en la sentencia judicial que comentamos se reconoce que el Movimiento Rescate Nacional organizó la propuesta popular enjuiciada “…contra distintas políticas públicas de carácter social y económico (Análisis de ventas de activos del Estado, negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, etc.”); y no motivados por las barbaridades que los acusadores pretendieron endilgarle a los hoy costarricenses sobreseídos definitivamente.

Alvarado y su camarilla neoliberal (que incluye al diputado saliente Carlos Ricardo Benavides Jiménez; así como a los principales medios practicantes del periodismo de odio), adujeron que se habían cometidos delitos tales como: asociación ilícita, apoyo y servicios para el terrorismo, intimidación pública y/o apología del delito.

Lo más relevante es que esta sentencia reconoce que la manifestación pública es un Derecho Humano fundamental que no requiere de permiso previo; como tampoco lo necesita el Derecho Humano fundamental de Libre Expresión.

Este párrafo de la sentencia es estratégico y fundamental y ayudará para traernos abajo la ley mordaza o ley anti-huelgas:

“Por lo tanto considera esta autoridad que la planificación de un movimiento social pacífico en la cual implica que se impidiere, obstruyere o dificultare, en alguna forma, el tránsito vehicular o el movimiento de transeúntes escapa de la aplicación del numeral 263bis (además que no existe en la administración un oficina para solicitar un permiso previo para manifestarse) sino que se está en el ejercicio legítimo de un derecho humano resguardado a nivel constitucional como supraconstitucional, y por lo tanto no se configuran los elementos del tipo penal investigado”.

Por el contrario, el principal acusador político del Movimiento Rescate Nacional, Carlos Alvarado Quesada, acumuló 17 causas penales entre el 2018 e inicios del presente año. Según la Fiscalía General de la República, se trata de investigaciones por los supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho propio, incumplimiento de deberes, prevaricato, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, malversación y nombramientos ilegales. ¿Se dará a la fuga?

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El Partido Liberación Nacional (PLN) pagó caro el precio de respaldar la gestión ideológico-política de Carlos Alvarado Quesada. Es más, en las urnas le cobraron su cogobierno con el hoy, prácticamente, extinto Partido Acción Ciudadana (PAC).

Acaba de perder su tercera elección consecutiva, producto de su paulatino pero sostenido proceso de degeneración política al pasarse a las tiendas del neoliberalismo; renunciando al pensamiento socialdemócrata clásico, especialmente el de su principal fundador, don José Figueres Ferrer, el célebre Don Pepe.

La corriente sindical en la cual militamos impulsó una campaña, realmente exitosa, en redes sociales, denominada Pasar Factura, con ocasión de las votaciones del pasado domingo 6 de febrero.

Por supuesto que el resultado final de las mismas no puede atribuirse solamente a la circunstancia del proceso Pasar Factura, pero, sin duda, aportó para que: a) el PAC no obtuviera una sola diputación y su candidato presidencial fuera, electoralmente, “exterminado”; b) ni Fabricio, ni Lineth ni, mucho menos, Cruickshank, pasaran a la segunda ronda; y, c) el señor Figueres lo logró, pero “dejando los pelos en el alambre”. Al final, se le derrota en la segunda ronda… Y se terminó de Pasar Factura.

Sin duda, la campaña Pasar Factura caló hondo. Como gestores de la misma, no la retomamos para la segunda ronda para no ser acusados de promotores o apoyadores de la victoria del hoy Presidente electo, el señor Rodrigo Chaves Robles. Continuar la campaña Pasar Factura en segunda ronda, era más que obvio que se estaría abogando por el hoy triunfador y en contra del hoy perdedor.

Optamos por preservar el carácter independiente, no alineado del pensamiento y de la acción que venimos generando e impulsando a lo largo de estos tiempos de los TLC, en los cuales la hegemonía ideológico-política y económica de corte neoliberal sigue dominando la escena política del país. Pero, sin duda, el espíritu de Pasar Factura jugó papel relevante en el resultado final de segunda ronda de las elecciones presidenciales del pasado domingo 3 de abril.

Pasar Factura tuvo como base el repudio, el rechazo, la ira popular en contra de tres legislaciones adoptadas por la Asamblea Legislativa ya próxima a terminar su gestión, el próximo 30 de abril: la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, conocida como combo fiscal, impuesta en el 2018; la Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, No. 9808, conocida como ley anti-huelgas, impuesta en el 2020; y, finalmente, la Ley Marco de Empleo Público, No. 10159, impuesta en este 2022.

En la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se tramitan acciones de inconstitucionalidad contra las leyes 9635 y 9808. A la 10159 le espera una lluvia de acciones judiciales en la misma línea. Sin esperanza alguna, pues la Sala Cuarta, en su mayoría, está alineada con el poder económico reinante. Sin embargo, es necesario pasar por ella antes de ir al litigio internacional que tenemos previsto ya.

Fue el Partido Liberación Nacional (PLN), con su actual fracción parlamentaria el líder gestor, articulador y manipulador para que esta tríada de legislación anti-obrera se convirtiera en ley de la República; cargada de inconstitucionalidades, de violaciones de Derechos Humanos, con un contenido de odio de clase muy peligroso, particularmente, en contra de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público.

Las bases del liberacionismo honesto, ese que sigue siendo leal al pensamiento de Don Pepe, de don Rodrigo Facio Brenes, de don Daniel Oduber Quirós, deberán siempre tener presente estos nefastos nombres que propiciaron la tercera derrota electoral consecutiva del PLN: Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Yorleny León Marchena, Silvia Hernández Sánchez, Roberto Thompson Chacón.  ¡Y se terminó de Pasar Factura!, pero la lucha social organizada debe continuar.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Poco más de millón y medio de compatriotas, con pleno derecho cívico a votar en las pasadas elecciones presidenciales de segunda ronda, no fueron a votar: el 44%, la cifra más alta de abstencionismo de las últimas seis décadas.

Aunque el candidato ganador, ahora Presidente electo, don Rodrigo Chaves Robles, obtuvo un millón de votos, el “partido abstencionista” superó el caudal electoral del nuevo mandatario en un 50%. Es el abstencionismo, por tanto, el verdadero ganador de las elecciones presidenciales del 2022.

Es imposible que el fenómeno abstencionista no se aborde con la gravedad que reviste y deje de asumirse como un dato meramente estadístico de preocupación coyuntural.

El abstencionismo tiene diversas explicaciones sociopolíticas y hasta económicas, sin duda alguna.

El alto abstencionismo en las pasadas elecciones presidenciales de segunda ronda de este domingo 3 de abril, marca que sigue creciendo la distancia entre el estamento de la clase política gobernante y todos sus partidos, con la gente gobernada, los y las de abajo.

Dato más que relevante es que el abstencionismo se marca de manera más dramática en zonas geográficas del país mayormente afectadas por la exclusión económica y social, en sus distintas expresiones; tales como, alto desempleo, precariedad salarial, violaciones de Derechos Humanos, vivienda en condiciones indignas, deterioro de la calidad de los servicios públicos, altísimo costo de la vida por la transportación de mercancías, entre otros flagelos sociales de la otra Costa Rica; la que nos es la de la Gran Área Metropolitana (GAM), aunque dentro de ésta los males de esa otra Costa Rica se muestran, también de manera dolorosa, en la marginalidad urbana.

Al considerar el abstencionismo en crecimiento tenemos que asociarlo con la imposición de un modelo económico centrado en los valores del mercado como objetivo estratégico, de tal suerte que las políticas sociales de integración han venido siendo arrinconadas, desfinanciadas, segmentizadas, al punto de conceptuarlas como muy cercanas a una institucionalización de la caridad como política pública.

En tal sentido, el abstencionismo tiene un fuerte contenido ideológico pues el ejercicio democrático de la elección de las autoridades supremas del país, no le da tal posibilidad, en sentido real, a quien solamente está centrado en el día a día de la dura sobrevivencia de la pobreza y de la estrechez económica.

Ideológico pues el todo mercado–nada Estado solamente ocupa de las formalidades electorales para la elección de su nuevo cuerpo operador en la gestión ejecutivo-legislativa de la cosa pública, bastándole para ello una porción del padrón electoral para renovar su legitimación y seguir en la hegemonía económica de la acumulación de capital y de concentración de la riqueza.

En tal sentido podemos afirmar que el abstencionismo seguirá creciendo en la medida en que el modelo neoliberal del todo mercado-nada Estado siga avanzando, lanzando cada vez a más personas al abismo de la marginación de la distribución de los beneficios del crecimiento económico.

Otra parte del abstencionismo tiene que ver con las injustas reglas del juego electoral que facilita la participación en la medida en que se tenga respaldo financiero, de tal manera que, como lo acabamos de ver en esta elección, solamente avanzan aquellas propuestas partidarias que logren apoyo millonario. El sistema electoral costarricense no es verdaderamente democrático.

En síntesis, el abstencionismo va de la mano de un modelo económico que ha matado la movilidad social y de un sistema electoral donde es el gran capital el que determina la participación político-partidista.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Unos 8 mil 500 millones de colones al día (8.500.000.000), es el obligado pago de intereses de la deuda pública, si nos atenemos a un informe financiero-tributario dado a conocer por el Ministerio de Hacienda, que expresa los principales datos fiscales de los meses de enero y de febrero de este 2022.

El tema de la deuda pública con su elevada carga de pago de intereses diarios, aparece mencionado, “tímidamente”, en los documentos oficiales-propuesta de programa de Gobierno que ambos candidatos presidenciales de la segunda ronda electoral de este domingo 3 de abril, han dado a conocer.

La corriente sindical en la cual militamos viene planteando, hace ya bastante tiempo, que Costa Rica ocupa una auditoría ciudadana de la deuda pública: una reestructuración, una reingeniería, una auscultación fuerte de las entidades acreedoras; así como un desenmascaramiento del mercado bolsista para determinar quién está haciendo jugosas ganancias con las necesidades cotidianas de recursos de un Estado que, en su parte de Gobierno Central, está prácticamente quebrado.

Don José María Figueres Olsen (citado de primero por ser el más votado en la primera ronda), plantea lo siguiente: “Fortalecimiento en la gestión de la deuda pública, particularmente, la interna, para abrir el espacio fiscal necesario”. Don Rodrigo Chaves Robles expresa la propuesta de “disminución de intereses de la deuda pública”. Extraemos estos criterios, derivados del análisis que en el campo fiscal hicimos en las respectivas propuestas de programa de Gobierno.

La de don Rodrigo se expresa más directa y contundente: “disminución de intereses”. La de don José María, al indicar que hay que abrir el “espacio fiscal necesario”, pareciera “medir” la naturaleza del poderío político-económico de la hegemonía financiero-bancario que está detrás del pago de intereses de la deuda pública, al cual hay que desafiar abiertamente, estimamos nosotros.

Lo que sí queremos resaltar, tanto en uno como en otro caso, es que las personas diputadas ya electas que responden a los intereses de uno y de otro candidato, bien podrían impulsar, de manera conjunta, alguna medida política, estratégicamente hablando, para abrir un debate nacional, de amplia transparencia y contundencia en el tema de la deuda pública y su abusivo pago de intereses.

En tal empeño, de seguro, habría interés de otras fracciones integrantes del parlamento que inicia funciones el 1 de mayo próximo.

Paralelamente y, por otra parte, el que gane debe llamar a los sectores sociales, productivos y académicos con interés y con conocimiento en el tema, para abrir un espacio político de acción colectiva, con apoyo gubernamental, con la finalidad de materializar lo que, en uno u otro caso, indicaron en sus correspondientes programas de Gobierno en este delicado asunto.

El gran patriota latinoamericano, el libertador Simón Bolívar, formuló esta profética advertencia, allá por 1823:

“En fin, lo haremos todo, pero la deuda nacional nos va a oprimir…”. Y siguió diciendo: “La deuda pública es un caos de horrores, de calamidades, y de crímenes.” Y terminó apuntando: “Cualquiera que sea el partido que se tome con esta deuda, es horrible: si la reconocemos dejamos de existir, sino … el oprobio de esta nación” (1823). Así nos lo recordó el distinguido ciudadano don Manuel Hernández Venegas.

La próxima administración, sea cual sea, debe entrarle muy fuerte al tema. Esa deuda pública y su obsceno pago de intereses, es moral y éticamente inaceptable. Se volvió ilegítima y perversa al golpear a quienes menos tienen.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Tal y como está previsto en la legislación, este próximo domingo se desarrollará la segunda ronda de votación de las elecciones presidenciales que habrá de determinar el nombre de quién será el próximo Presidente de Costa Rica, entre el 8 de mayo de 2022 y el 8 de mayo 2026.

Hemos considerado de gran relevancia puntualizar, nuevamente, cuáles son los elementos fundamentales de nuestra agenda de lucha, desde el punto de vista de una organización obrero-laboral que se proclama como practicante del Sindicalismo Sociopolítico; agenda de lucha dada a conocer desde el pasado 15 de setiembre de 2021, ocasión en la cual se conmemoró el Bicentenario de la Independencia Patria como respecto a España.

El Guardián ya nos había facilitado abordar el tema, meses atrás. Ahora, con la campaña electoral llegando a su culminación, tenemos que insistir, con su venia, en el asunto, el cual conceptuamos integralmente como el Decálogo Sindical del Bicentenario.

I. Por la defensa de la institucionalidad pública diseñada para y por el bien común, respetando los valores y principios de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949.

II. Por una reestructuración de la deuda pública y su obsceno pago de intereses.

III. Por una transformación tributaria estructural con el fin de quitarle al actual sistema tributario, su naturaleza injusta y corrupta.

IV. Por una verdadera reactivación económica, centrada en el potenciamiento y apoyo a diversas formas de emprendimientos productivos a nivel de micro-pequeñas y medianas empresas; encadenada a una política salarial que incremente el poder adquisitivo de la gente trabajadora; y, específicamente, por un nuevo salario mínimo.

V. Por la recuperación del Derecho Constitucional y Humano de la Huelga.

VI. Por la protección de la Ecología y por una política del buen vivir como ha sido planteado por el Papa Francisco en su discurso ante las Naciones Unidas.

VII. Por la vigencia plena de los Derechos Humanos integralmente conceptuados.

VIII. Por el combate frontal a todas las formas de corrupción con fondos públicos mediante la colusión de los intereses corporativos privados con los de la clase gobernante corrupta; así como también con fondos privados que perjudican a las personas inversionistas, especialmente pequeñas y medianas.

IX. Por un Movimiento Sindical cercano a la comunidad, a la gente y a la ciudadanía, aportando así para la construcción del nuevo sujeto histórico que requiere la Democracia real y participativa.

X. Por la democratización del acceso de la gente a la comunicación colectiva, mediante el uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico que son de propiedad estatal.

La Asociación Sindical de Empleados de la Energía y las Comunicaciones (ASDEICE), nos ha venido acompañando en este proceso.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

El distinguido ciudadano economista, don Luis Paulino Vargas Solís, académico universitario de gran respetabilidad, se pregunta: “¿Es sostenible la ruta fiscal por la que transita Costa Rica?” Desde un punto de vista obrero-social, la contundente respuesta es ¡NO!

Según documento-oficio del Ministerio de Hacienda, DM-0238-2021, fechado 23 de marzo del 2021, la deuda total del Gobierno Central, a ese momento, era de 24 billones 289 mil 926 millones 710 mil colones: 24.289.926,710.000: un 67.50% del Producto Interno Bruto (PIB).

Para mayor comprensión, redondeemos esa cifra: 25.000.000.000.000 (25 billones de colones). Y si somos unos 5 millones de costarricenses, cada persona tica sin importar su edad, estaría “debiendo” 5 millones de colones.

Según las cifras fiscales a febrero del presente año 2022, la deuda pública ascendió a 27 billones 728.805 millones de colones: 27.728.805.000.000; o sea, en un año (marzo 2021-febrero 2002), aumentó esa deuda pública en 2 billones 728 mil 805 millones de colones. ¿Cómo estarán estas cifras al final del presente año?

En realidad, estamos hablando de cantidades de gigantesca dimensión, difícilmente comprensibles para el común de las personas. Esa deuda genera pago de intereses y es tan alto el mismo que, como bien lo afirma el ilustre economista don Luis Paulino, “…la proporción o porcentaje de los intereses en el PIB crece año con año, lo que hace imposible bajar el déficit fiscal, excepto que se recurra a medidas draconianas de recorte en renglones esenciales como la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la atención a la pobreza, las políticas de vivienda o el cuido de los parques nacionales”. Ya eso lo estamos viviendo, sintiendo, experimentando y sufriendo.

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda indicó que durante los dos primeros meses de este año 2022, la recaudación de impuestos llegó muy cerca del millón de millones de colones (1.000.000.000.000). Sin embargo, casi la mitad de esa cantidad, cifra cercana a los 500 mil millones de colones, se fue en el pago de intereses de la deuda pública.

Esto nos lleva a destacar que, durante cada uno de los 31 días del mes de enero anterior, y de los 28 días de febrero recién pasado, 59 días en total, se cancelaron intereses de deuda pública por unos 8 mil 500 millones de colones ¡diarios!

Don Luis Paulino nos instruye a este respecto del obsceno pago de intereses de la deuda pública: “La cuestión va así: cuando uno revisa las cifras totales del año 2021, claramente detecta que el déficit del gobierno se origina, casi en su totalidad, en el pago por intereses. Estos representan el 94% del déficit total, y la parte de intereses asociada específicamente a la deuda interna, por sí sola representa el 82% del déficit total”.

Poco a poco, la cruel realidad de que el país está quebrado se impondrá. La monstruosa mentira-calumnia-infamia de que el déficit fiscal era producto de los salarios estatales, ha quedado completamente desnudada. Las draconianas leyes de combo fiscal, anti-huelgas y marco de empleo público tienen finalidades ocultas como precisamente esta: la de impedir que la ciudadanía tome plena conciencia de que si el país está al borde del precipicio es por la deuda pública y su inmanejable pago de intereses. ¡Nada más!

Esta ha sido la más grande patraña del gobierno por terminar, el del nefasto Alvarado y su tutor político-partidario por excelencia: el Partido Liberación Nacional (PLN).