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32 personas diputadas votaron de manera afirmativa, en primer debate, el proyecto Ley Marco de Empleo Público, Expediente Legislativo No. 21.336, mismo que contiene 35 vicios de inconstitucionalidad, según fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, emitido casi a la medianoche del pasado sábado 31 de julio de 2021.

Siempre afirmamos que, por las pretensiones estratégicas contenidas en este proyecto, así como por la posición político-ideológica de sus principales personas defensoras, tanto a lo interno del Poder Ejecutivo como de la Asamblea Legislativa; se trataba de dar un Golpe de Estado parlamentario a la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949.

Es más, este proyecto ha estado representando el más serio ataque que nunca antes se había dado en contra de la Carta Magna que, todavía, aunque maltrecha por tanta burla, sigue plenamente vigente; aún más, para estas épocas de exclusión social, de desigualdad estructural e institucionalizada, y del desarrollo de poderes fácticos que pretenden gobernar el país sin participar en elecciones.

Ya podemos hablar de intentona golpista pues, en este punto, el del pleno respeto a las autonomías constitucionales establecidas con base en la Carta Magna del 7 de noviembre de 1949, la Sala Cuarta los frenó.

Los y las golpistas integrantes del actual parlamento, junto a Alvarado Quesada y su grupo plutocrático-mediático de poder, soñaban con un poderoso ministerio, un súper-ministerio, controlador (“rector”, eufemísticamente le llamaban), de todo el empleo público estatal y todo lo que se deriva de ese control en su dinámica cotidiana.

Soñaron que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), hasta hoy debilucho y deslucido, pasase a ser una monstruosa entidad de poder real, absoluto, de corte autoritario-totalitario y con tendencias a lo dictatorial; totalizante, a tono con los contenidos del modelo ideológico y político-económico del todo mercado-nada Estado.

Las pretensiones totalitarias de control gubernamental-central absoluto del aparato estatal, se estrellaron contra el fallo constitucional y si bien éste puede presentar ranuras y rendijas como para que estos afanes de dictadorzuelo tercermundista, sigan intentando imponer su afán totalizante a toda la sociedad, recibieron contundente rechazo del guardián jurídico de la Constitución: la Sala IV.

¡Bueno! La Sala IV se vio entre la espada y la pared. La contundencia de las argumentaciones de toda naturaleza y procedencia a favor de la naturaleza originaria, constitucionalmente hablando, de las autonomías, fueron inobjetables al punto de que no quedaba más remedio que declarar inconstitucionales las pretensiones del golpismo parlamentario en contra de las autonomías establecidas en la Carta Magna de 1949.

La Sala IV se jugaba su credibilidad y su legitimidad. La salvó a medias quedando bastante maltrecha pues la cohonestación ideológica de que la situación fiscal del país puede “tolerar” violaciones a los Derechos Humanos, como ya lo dijo antes, está latente en este pronunciamiento.

Los y las golpistas pretendieron el control del Poder Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), del régimen municipal, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como de las universidades público-estatales.

Copiado del resumen-comunicado de prensa que emitió la Sala Cuarta sobre su fallo con relación al proyecto Ley Marco de Empleo Público, en lo que interesa, tenemos:

• Por unanimidad se evacua la consulta, en el sentido de que el artículo 2 inciso a) no es por sí mismo inconstitucional, en cuanto incluye al Poder Judicial y al Tribunal Supremo de Elecciones en un marco regulatorio general de empleo público, pero sí lo es por sus efectos, porque algunas de sus normas vacían de contenido el principio de separación de poderes.
• Por unanimidad se evacua la consulta, en el sentido de que el artículo 6 es inconstitucional en cuanto somete a las universidades públicas a la potestad de dirección del Poder Ejecutivo.
• Por unanimidad se evacua la consulta, en el sentido de que el artículo 6 es inconstitucional, en cuanto somete a la CCSS a la potestad de dirección del Poder Ejecutivo.
• Por unanimidad se evacua la consulta, en el sentido de que el artículo 6 es inconstitucional en cuanto somete a las municipalidades a la potestad de dirección del Poder Ejecutivo.

Desde una perspectiva cívico-patriótica y de lucha social, esta intentona del golpismo parlamentario, con apoyo de Alvarado Quesada y su grupo plutocrático-mediático de poder, no debe quedar impune.

Y si no es factible entablar un proceso judicial para pedirles cuentas a los y a las golpistas diputadiles que dieron su voto al proyecto de ley más peligroso jamás tramitado contra la Constitución de 1949, debemos citar sus nombres para los registros históricos. Los y las golpistas fueron:

DEL PLN: 12 GOLPISTAS. Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Silvia Hernández Sánchez, Wagner Zúñiga Jiménez, Karine Niño Gutiérrez, Roberto Thompson Chacón, María José Corrales Chacón, Luis Fernando Chacón Monge, Ana Lucía Delgado Orozco, Jorge Luis Fonseca Fonseca, Aida Montiel Héctor, Gustavo Viales Villegas, Yorleny León Marchena.

DE RESTAURACIÓN: 5 GOLPISTAS. Carlos Avendaño Calvo, Xiomara Rodríguez Hernández, Mileydy Alvarado Arias, Eduardo Cruickshank Smith, Giovanny Gómez Obando.

DE NUEVA REPÚBLICA: 5 GOLPISTAS. Harllan Hoepelman Páez, Ignacio Alpízar Castro, Jonathan Prendas Rodríguez, Carmen Chan Mora, Marulin Azofeifa Trejos,

DEL PAC: 8 GOLPISTAS: Nielsen Pérez Pérez, Víctor Morales Mora, Enrique Sánchez Carballo, Carolina Hidalgo Herrera, Luis Ramón Carranza Cascante, Mario Castillo Méndez, Laura Guido Pérez, Catalina Montero Gómez.

DEL PUSC: 1 GOLPISTA. María Vita Monge Granados.

INDEPENDIENTE: 1 GOLPISTA. Zoila Rosa Volio Pacheco.

A estas 32 personas diputadas golpistas, se les debería abrir un juicio político-jurídico. De parte de las corrientes sanas de la lucha social, debemos señalarles con el dedo acusador y denominarlos GOLPISTAS.

Menospreciaron, se burlaron, pactaron a escondidas de los procedimientos parlamentarios; invisibilizaron gran cantidad de sólidas argumentaciones que les advertían de los graves atentados a la Constitución que tenía ese proyecto de ley.

Además, traicionaron su juramento constitucional y se entregaron a las órdenes políticas de un poder político-mediático fáctico que nunca ha participado en una elección. Los y las golpistas, las diputaciones golpistas merecen el deshonor de la Patria.

De los temas macro-fiscales y de los atentados a los derechos laborales internacionales que tal fallo constitucional contiene, eso es para otros escritos, también igual de relevantes. Lo que nos interesa a partir de ahora, es poner la palabra-concepto golpista antes del nombre de cada una de esas personas diputadas a las cuales debamos citar o nombrar por diversas razones.

Tres ejemplos: el golpista diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez, la golpista diputada Yorleny León Marchena, el golpista diputado Víctor Morales Mora.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, emitió un documento de trascendental importancia, política e histórica, que establece un vínculo estratégico entre los derechos fundamentales de la clase trabajadora, la actividad de los sindicatos y los propios Derechos Humanos (DD.HH.).

Se trata de la Opinión Consultiva sobre los Derechos a la Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Huelga, y su relación con otros derechos, con Perspectiva de Género. Según las normas del Derecho Internacional, el cual debe obedecer un país como Costa Rica, la legislación costarricense deberá corregirse en todo aquello que contradiga lo indicado en dicha Opinión Consultiva de la Corte IDH. 

Si las autoridades políticas gubernamentales deciden rebelarse en contra de las indicaciones de este documento que, repetimos, es de obligado acatamiento para los Estados que reconocen la supremacía jurídica en materia de Derechos Humanos de la Corte IDH; entonces el Estado costarricense será acusado y será sometido a un proceso, a un litigio internacional, para el cual la corriente sindical en que militamos se ha venido preparando.

De los contenidos sustanciales de la Opinión Consultiva sobre los Derechos a la Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Huelga, y su relación con otros derechos, con Perspectiva de Género que ha emitido la Corte IDH, sin duda alguna, es de la huelga el que más está llamando la atención; dado el ataque a este derecho, constitucional y humano, por parte del grupo gobernante actual, el de Alvarado Quesada y la coalición parlamentaria que lo ha venido sosteniendo: los partidos Liberación, Unidad, PAC y los religiosos.

Según el Resumen Oficial emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la indicada Opinión Consultiva, en el apartado de Huelga se indica lo siguiente: “El derecho de huelga es uno de los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras, y de sus organizaciones, pues constituye un medio legítimo de defensa de sus intereses económicos, sociales y profesionales. Los Estados deben tener en consideración que, salvo las excepciones permitidas por el derecho internacional, la ley debe proteger el ejercicio del derecho de huelga de todos los trabajadores y las trabajadoras”.

Además, la Corte IDH sentenció: “De esta forma, las condiciones y requisitos previos que la legislación establezca para que una huelga se considere un acto lícito, no deben ser complicados al punto de producir que en la práctica resulte imposible una huelga legal”.

Alvarado Quesada y su coalición parlamentaria gobernante cometieron uno de los más graves atentados al derecho de huelga que, como irrefutablemente ha quedado sentado, es uno de los derechos fundamentales de la clase trabajadora, con el rango de derecho humano.

Recordemos que impusieron Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, No. 9808, sobre la cual pesa una Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la corriente sindical en la cual militamos. Popularmente, a esta ley 9808 se le conoce como ley anti-huelgas.

Las prohibiciones y restricciones que contiene tal legislación 9808 tienen tal contenido autoritario y totalitario que, definitivamente, está en abierta contradicción con lo que establece la Corte IDH en materia de huelga.

No tiene Costa Rica otra alternativa al respecto que no sea corregir esa perversa ley y restaurar, sí, restaurar, el derecho humano fundamental a la huelga que tal legislación abolió.

Los promotores de esta ley 9808, contaminados con un odio de clase nunca antes visto, y cegados por la soberbia asumida que les da la circunstancia de ser operadores políticos de la plutocracia reinante, convirtieron todos los servicios públicos en esenciales, tratando de que en estos nunca más se manifestase una huelga.

La monumental ignorancia en materia de Derechos Humanos les llevó a desconocer que la huelga en los servicios públicos esenciales sí se puede hacer, en el tanto estos movimientos no pongan en peligro, INMINENTE y EVIDENTE, la vida, la salud, la seguridad y la libertad de las personas. Noten ustedes estos dos conceptos que pusimos en letras mayúsculas.

Esta es la fórmula internacional conforme a los lineamientos del Comité de Libertad Sindical de la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como los emitidos por la misma Opinión Consultiva de la Corte IDH, para que se pueda dar una huelga en los servicios públicos esenciales: que no se ponga en peligro INMINENTE y EVIDENTE, la vida, la salud, la seguridad y la libertad de las personas; y, en todos los demás servicios públicos, la huelga se pueda dar sin problemas con observancia de los procedimientos para invocarla.

Los aprendices de dictadorzuelos, esos politicastros (políticos inhábiles, rastreros, mal intencionados, que actúan con fines y medios turbios), tendrían que sacar a Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para evitar que el derecho humano y fundamental a la huelga se restaure plenamente. Y, aunque las huelgas son fenómenos político-sociales que cuando prenden en las masas involucradas mediando causas justas, siempre se darán (con ley o sin ley), lo real es que el Derecho Internacional y, en específico, los Derechos Humanos establecidos a nivel interamericano y los procedimientos para defenderlos y restaurarlos cuando han sido violentados, nos brindan el camino jurídico para lograr esa restauración plena, en el caso que nos ocupa, del derecho humano fundamental a la huelga. En eso estamos.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Con humildad, estamos resaltando que hemos estado en el lado correcto de la historia, cuando uno de los ejes que marcamos para la práctica del Sindicalismo en el marco de las fuertes tendencias totalitario-autoritarias que se están desarrollando en la Costa Rica del Bicentenario, por parte de la plutocracia reinante y su aparato gobernante; debe ser una estratégica línea de trabajo que articule, de manera estructural, la lucha por la defensa y promoción de los Derechos Humanos (DD.HH.), la lucha por la real Justicia Social y la lucha por la entronización en la sociedad de un verdadero Humanismo (incluyendo, al de inspiración cristiana).

Por eso les compartimos nuestra alegría al conocer el crucial documento que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (conocida como Corte IDH), con sede en San José, fechado el pasado 20 de julio de 2021; oficialmente denominado “Opinión Consultiva sobre los Derechos a la Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Huelga, y su relación con otros derechos, con Perspectiva de Género”.

Este histórico documento lo hemos conocido hasta hace algunas horas y, por supuesto, merece un profundo análisis por parte de las personas realmente interesadas en el desarrollo de la Democracia, no importa su profesión y/o quehacer.

Y, por supuesto, debe ser de obligada lectura y conocimiento para quienes estamos en la lucha sindical y social cotidiana, de manera honesta, en contra del depredador neoliberalismo y su “cultura” de hambre y de muerte; pero, también perversamente impregnado de tendencias totalitario-autoritarias en el ejercicio de la Democracia, al punto de convertirla en una mera formalidad, vaciada de total contenido.

Según el comunicado oficial emitido por la Corte IDH, ésta se ha pronunciado en cuatro aspectos fundamentales (copia textual)

a) El alcance de los derechos a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, su relación con los derechos a la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho de reunión y el derecho al trabajo y a sus condiciones justas, equitativas y satisfactorias;

b) El contenido del derecho de las mujeres de ser libres de toda forma de discriminación y violencia en el ejercicio de sus derechos sindicales;

c) El deber del Estado para proteger la autonomía sindical y garantizar la participación efectiva de las mujeres como integrantes y lideresas sindicales; y

d) El alcance de las obligaciones del Estado respecto a garantizar la participación de los sindicatos en el diseño de las normas y políticas públicas relacionadas al trabajo en contextos de cambios en el mercado de trabajo mediante el uso de nuevas tecnologías.

Particularmente, para las mujeres trabajadoras esta Opinión Consultiva de la Corte IDH, es de extraordinaria relevancia para el ejercicio de ellas en cuanto a los derechos sindicales y contra toda forma de discriminación y de violencia por invocarlos; algo sumamente relevante en las sociedades latinoamericanas, caracterizadas por el machismo y por la misoginia. La sociedad costarricense no escapa a este mal cultural y, en cuanto a los propios sindicatos costarricenses, las conclusiones han de ser contundentes al respecto.

Realmente, el siguiente párrafo que les vamos a compartir de esta Opinión Consultiva Corte IDH, es de monumental relevancia, si consideramos cómo ha sido el comportamiento anti-obrero del gobierno de Carlos Alvarado Quesada y su coalición co-gobernante a nivel parlamentario, compuesta por los partidos Liberación, Unidad, Acción Ciudadana y los religiosos (Restauración Nacional y Nueva República).

El ataque brutal a los derechos sociales, económicos y laborales de la clase trabajadora costarricense por parte de esta gente es innegable; y, tiene expresión concreta en tres legislaciones que para nosotros y nosotras han sido atentados directos a la Justicia Social, a los Derechos Humanos y al propio Humanismo Cristiano. Hablamos de la ley del combo fiscal (2018), la ley anti-huelgas (2019) y la ley marco de empleo público (2021).

Este es el párrafo que queremos que usted lo lea con cuidado:

“El Tribunal destacó que la libertad sindical debe garantizarse a los trabajadores y trabajadoras públicos y privados, lo que incluye que estos gocen del derecho de creación y afiliación a las organizaciones que consideren convenientes, a una adecuada protección en el empleo contra todo acto de coacción directa o indirecta tendiente a menoscabar el ejercicio de la libertad sindical, y a desarrollar actividades sindicales. Asimismo, consideró que el derecho a la negociación colectiva constituye un componente esencial de la libertad sindical, en tanto comprende los medios necesarios para que los trabajadores y las trabajadoras se encuentren en condiciones de defender y promover sus intereses, por lo que los Estados deben abstenerse de intervenir en los procesos de negociación. Respecto al derecho de huelga, señaló que es uno de los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras y de sus organizaciones, pues constituye un medio legítimo de defensa de sus intereses económicos, sociales y profesionales, por lo que los Estados deben proteger el ejercicio de este derecho a través de la ley.”

En el seno de la corriente sindical NO ALINEADA, en la cual hemos venido desarrollando una fuerte resistencia al fortísimo fenómeno político en desarrollo de un totalitarismo-autoritario impulsado por la plutocracia reinante, por su operadores político-mediáticos y por la coalición parlamentaria co-gobernante con Alvarado Quesada; esta “Opinión Consultiva sobre los Derechos a la Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Huelga, y su relación con otros derechos, con Perspectiva de Género”, no podía llegar en mejor momento. En el seno del mundo obrero costarricense tenemos razones para renovar nuestro compromiso de lucha. Es innegable que debemos volver sobre el tema.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Nos encontramos, en diccionarios digitales, estas dos definiciones de lo que significa la palabra plutocracia. La primera nos dice: “Forma de gobierno en que el poder está en manos de los más ricos o muy influido por ellos”. La otra, nos habla de “clase social formada por las personas más ricas de un país, que goza de poder o influencia a causa de su riqueza”.

Plutocracia, entonces, viene a ser una forma de oligarquía en la que una sociedad está gobernada o controlada por la minoría formada por sus miembros más ricos, según nos lo enseña la popular enciclopedia Wikipedia.

Uno de los aspectos más relevantes del denominado caso Cochinilla es que dejó en evidencia las identidades y los rostros de dos de los más importantes personajes integrantes de la plutocracia costarricense en la actualidad: Carlos Cerdas Araya y Mélida Solís Vargas.

Las revelaciones periodísticas de los últimos días, a propósito de ese gigantesco fraude, muestra a las claras el poder de influencia en la cosa pública que lograron los dueños, respectivamente hablando, de las empresas MECO y HSOLÍS, en sus relaciones político-corporativas con personajes de los gobiernos de los partidos de la corrupción: Liberación, Unidad y Acción Ciudadana.

La agobiante situación socioeconómica que aqueja a la mayoría del pueblo costarricense, especialmente su clase trabajadora, tiene que ver con el altísimo grado de concentración de la riqueza que ha experimentado el país, precisamente, en los años en que la plutocracia incrementaba el control ideológico-hegemónico de los gobiernos del tripartidismo neoliberal del PLUSC-PAC.

Y, particularmente, es en la actual gestión gubernativa de Carlos Alvarado Quesada, donde esa plutocracia muestra, más abiertamente que nunca antes, su cínico control de los poderes Ejecutivo y Legislativo, sin dejar de lado lo que está sucediendo a lo interno del Judicial (en cuyo seno parecen delinearse dos corrientes: la que sigue creyendo en los valores y principios de la Constitución política del 7 de noviembre de 1949; y la otra, más afín a la ideología macroeconómico-fiscal inherente al desarrollo del poder de influencia de la plutocracia).

Desde que Carlos Alvarado Quesada (el presidente peor calificado por la gente en los tiempos de la Segunda República), traicionó su mensaje de campaña y colocó -entre otras nefastas decisiones-, al hoy exministro André Garnier Kruze (otro connotado plutócrata), a su lado en la Casa Presidencial, quedó clarísimo cuál es real poder en la Costa Rica actual; y, por el contrario, dejó en evidencia el gigantesco reto que tienen los sectores cívico-populares y patrióticos, para ir hacia la construcción del contra-poder que haga de contrapeso al de la plutocracia.

Nuestra sociedad es hoy una de las diez más desiguales del planeta y la espantosa desigualdad reina llevando enorme sufrimiento a miles de hogares costarricenses.

La plutocracia y su mega-corporativismo empresarial (mucho del cual está inmerso en la corrupción, si vemos los últimos grandes escándalos como Aldesa, la trocha, Yanber, cementazo y ahora MECO-HSOLÍS -entre otros-), se encuentra lista para controlar e influir un nuevo período presidencial-legislativo (2022-2026); pues su poder económico le permite apostar tanto al PLUSC-PAC como a los partidos religiosos, tal y como lo vimos en las elecciones del 2018.

Ni Liberación, ni la Unidad, ni el PAC, ni los partidos religiosos (no importa las candidaturas presidenciales o diputadiles que se presenten en la boleta de votación del domingo 6 de febrero de 2022), van a romper con la plutocracia; es más, van a seguir controlados por ella.

El comportamiento político que hemos visto desde las elecciones del 2018 a la fecha, tanto el de Alvarado Quesada como el de la mayoría legislativa que coordina con él, el ataque a la gente; muestra gran congruencia en las cuestiones estructurales de la política económico-fiscal del país para sostener un orden que no es ni el de la promoción del bien común, ni el de la inclusión social y económica, ni el de las transformaciones tributarias estructurales que se ocupan para atajar el crecimiento de la desigualdad, ni mucho menos el que tiene que ver con el pavoroso endeudamiento público del país y su obsceno pago de intereses diarios (a razón de 11 millones de dólares cada 24 horas).

Ellos, la plutocracia, sus operadores políticos en los últimos gobiernos del tripartidismo corrupto, así como los soportes mediáticos del periodismo de odio que reproducen la visión de país que le sirve a esa plutocracia; han fracaso estrepitosamente en cuanto a generar una sociedad de reales oportunidades, de alto empleo, de integración económica de verdad. En realidad, no lo podían generar pues no está en su ADN de clase.

Por el contrario, los gobiernos controlados por la plutocracia en los últimos 20 años dejan al país, repetimos, en el top ten de los países más desiguales del planeta; dejan un país (entre otros fenómenos de injusticia), invadido por el crimen organizado y el negocio sucio del narcotráfico; dejan un país con una juventud desempleada y desesperanzada; dejan un país con alto niveles de corrupción mediando una alianza de negocios turbios público-privada (especialmente, en este caso, la del megacorporativismo empresarial). La gran pregunta es qué hacer por parte de la abrumadora mayoría ciudadana que ni somos integrantes de la plutocracia, ni a ella le servimos. El gran reto es cómo articularnos quienes no somos alineados, pero sí insumisos.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

En estos mismos momentos en que usted nos hace el honor de leer este artículo, en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la conocida Sala Cuarta, se examina la denominada Consulta Facultativa de Constitucionalidad promovida por varios señores diputados y por varias señoras diputadas, sobre el proyecto denominado Ley Marco de Empleo Público, expediente legislativo No. 21.336. Se trata de un voluminoso documento de 247 páginas.

Como ciudadano costarricense que soy, le comparto a usted un sentimiento muy extendido entre amplios sectores de nuestra comunidad nacional, acerca del contexto sociopolítico en que el indicado alto tribunal de la República entra al análisis de la mencionada consulta legislativa. Se trata de consideraciones que, con respeto y con sinceridad, dejamos plasmadas en el presente comentario.

Desde este lado de la acera estamos convencidos de que la Sala Cuarta está analizando el expediente más delicado y sensible desde que ella misma fue establecida, en 1989; incluso, mucho más sensible que el proyecto de ley que comúnmente fue conocido como combo fiscal, que tuvo que analizar a finales del año 2018.

Bastantes personas, sectores, gente muy bien informada y documentada; juristas de mucho talante en materia de Democracia y de división de poderes e, incluso, especialistas en Derecho Internacional en el campo de los Derechos Humanos y de los conceptos filosófico-ideológicos e históricos en materia democracia representativa; han estado alertando de que este proyecto, Ley Marco de Empleo Público, representa (en palabras y conceptos nuestros), un Golpe de Estado parlamentario a la Constitución de 1949.

Sin embargo, para el primer debate que dio la actual Asamblea Legislativa a tal proyecto, 32 personas diputadas desoyeron toda la amplia gama de criterios sólidamente fundamentados, que alertaban de la colección de inconstitucionalidades que el mismo contiene; sin que se dieran argumentos del mismo peso y talante a su favor, como los esgrimidos por la oposición sociopolítica y civil al expediente legislativo 21.336.

Vistas así las cosas, muchos tememos que se repita la historia en cuanto a que la lucha de poder en el seno de la alta magistratura incida en el pronunciamiento de la Sala Cuarta, tal y como pasó con el proyecto de combo fiscal. Siguen existiendo dos bandos en las alturas del olimpo judicial del país y esto no es ninguna novedad. Por el contrario, es un secreto a voces.

Uno de ellos, está firme en cuanto a considerar que la piedra angular de la estabilidad política del país sigue siendo la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949. El bando pro-Constitución es el que, precisamente, estima que la Constitución de 1949 debe estar por encima de lo fiscal, pues son los Derechos Humanos y el Humanismo cristiano lo que da fundamentación a nuestra actual Carta Magna.

El otro bando cree que es la estabilidad macroeconómica-fiscal de signo neoliberal, lo que permite que el país “flote”, aunque haya miles y miles de personas ahogadas por la desigualdad social y por la exclusión económica. Para este bando, la Constitución de 1949 está en segundo plano pues es lo fiscal lo que controla el todo de la sociedad.

En ocasión del conflicto sociopolítico nacional con el proyecto del combo fiscal (hoy ley 9635, ampliamente repudiada en los más diversos sectores sociales), creímos que, luego del pronunciamiento de Corte Plena, en el sentido de que el combo fiscal le afectaba en cuanto a la organización y al funcionamiento del Poder Judicial; creímos que (repetimos), que la Sala Cuarta diría que se ocupaban 38 votos, mayoría calificada, para convertir en ley al expediente legislativo 20.580, en ese entonces. ¡No resultó así! La magistratura constitucional dijo que no era necesario tal mayoría calificada y el combo pasó, en segundo debate, con 34 votos diputadiles. Lo fiscal de signo neoliberal se impuso a lo constitucional de signo humanista.

¿Influirá esta pugna político-ideológica al momento de la emisión del pronunciamiento constitucional a la consulta diputadil con relación al proyecto Ley Marco de Empleo Público? El ciudadano que escribe esto que usted está leyendo piensa que sí.

Se nos dio cuenta de que durante la tramitación legislativa del indicado proyecto mucho de su contenido llegó extraparlamentariamente. Hubo reuniones secretas, espuriamente denominadas “sesiones de trabajo”, en las cuales se dio línea acerca de cómo debía ser redactado ese proyecto Ley Marco de Empleo Público (o, al menos, los artículos más sensibles del mismo).

Un amanuense que se percibe a sí mismo como el único capaz de interpretar la verdad contenida en la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, ejecutó una especie de sicariato ideológico en contra de la misma a la hora de la tramitación de tan perversa iniciativa. Sus criterios, lamentablemente, fueron incluidos en la misma pues la base de su imposición fue la ignorancia diputadil en no pocos casos.

Ahora está pretendiendo hacer lo mismo con la Sala Cuarta, mediando mensajes teledirigidos a la misma, sin descartar que haya otras formas comunicacionales secretas para lograr que le pase al proyecto Ley Marco de Empleo Público lo mismo que pasó con el combo fiscal: el totalitarismo fiscalista de signo neoliberal se impuso a la forma costarricense de organizar constitucionalmente su vida en sociedad.