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Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Debemos condenar la torpe y malintencionada decisión tomada por el Gobierno de Alvarado y su ministro del MOPT de aplicar un abusivo recorte presupuestario del aporte estatal para la construcción de caminos, calles y vías vecinales, que promueven y ejecutan las municipalidades del país.

Se trata de un recorte abusivo contra el desarrollo local, por una parte. Por otra, vaticina dolorosos despidos de personal obrero, técnico y profesional, agravando más la situación de caos social en que han sumido al país esas políticas macroeconómico-fiscales de sesgo dogmático y extremista que continúan profundizando la polarización en el seno de la comunidad nacional; políticas perversamente intensificadas en el marco de la tragedia de salud de la pandemia.

El recorte de 41.500 millones de colones pudo ser evitado, si no mediase una posición tan fanática y extremista en quienes hegemonizan las políticas del Ministerio de Hacienda, por un lado; por otro, se pudo haber obtenido esa cantidad tan solo quitándole un poquito a las impresionantes sumas multimillonarias en infraestructura que se vienen invirtiendo y que, por cierto, aumentan descomunalmente las fortunas del oligopolio de las constructoras cuyo peso político en el actual gobierno es, también, descomunal.

Por otra parte, nos preguntamos: ¿habrá algún cobro de factura ideológico, encubierto, por la reciente legislación que sacó a las municipalidades de la regla fiscal y que tanto molestó a los extremistas del déficit bien afincados en una cartera ministerial como la de Hacienda?

Hacemos un llamado a las más conscientes autoridades políticas de las municipalidades para que cuestionen en sede constitucional la decisión abusiva de la Dirección de Planeamiento y Programación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). 

Desde un punto de vista formal-institucional no puede, en nuestro criterio, un departamento de segundo nivel irse contra la majestad de una ley de la República y, mucho menos, agrediendo de paso la autonomía constitucional de las municipalidades.

Debe la población trabajadora municipal que gestiona el desarrollo de caminos, calles y vías vecinales, con base en los recursos que el Estado central debe estar obligado a proveer a las municipalidades por imperativo legal, tomar medidas para organizarse y para que defiendan la continuidad del significativo programa de la Red Vial Cantonal; así como para que defiendan sus propios empleos y el sustento económico familiar. Y aún en tiempos de pandemia, la organización para la movilización inteligente es perfectamente posible.

Los desafíos inauditos que en materia de desarrollo económico y de exclusión que nos están explotando en la cara producto del coronavirus Covid-19 muestran a las claras el reto mayúsculo de la sociedad costarricense en los tiempos por venir, con pandemia o sin ella; reto gigante centrado en la potenciación del papel de las municipalidades en cuanto a atajar el crecimiento de las desigualdades y, por ende, en darle nuevos bríos a una maltrecha democracia que muestra un agotamiento peligroso.

Este recorte en cuanto a los aportes del Estado central para la red vial cantonal deben asumirse como una muestra de desprecio de quienes están tomando decisiones macroeconómicas ya no solamente en función de una coyuntura fiscal radicalmente adversa a la integración social que las municipalidades nunca generaron; sino que el empleo (dentro y fuera de las mismas) es un asunto irrelevante para las autoridades políticas fiscalistas, pues parece ser que la integración social no cuenta ya más en las políticas públicas imperantes en estos momentos que, como lo hemos indicado múltiples veces, no son las del bien común.

Hoy queremos hacer una instancia pública a las entidades que conjuntan los esfuerzos de la institucionalidad de las municipalidades con la finalidad de establecer una mesa de trabajo en la cual, la parte política y la parte obrera promovamos un ejercicio de reflexión conjunta en torno a un objetivo que, creemos, es de amplio consenso: el fortalecimiento municipal ante estos tres grandes retos: a) la recuperación nacional para la post-pandemia; b) la sostenibilidad presupuestaria de los gobiernos locales en el corto-mediano plazo de cara a una crisis fiscal y de endeudamiento público que parece colapsar a la sociedad; c) fortalecimiento de la democracia en el nivel local considerando que es la municipalidad el gobierno más cercano a la gente. Ojalá podamos juntarnos al respecto.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

El neoliberalismo maximizó la capacidad de reproducir el dinero sin que medie el trabajo. Lo logra a través de la especulación financiera. Hoy el sistema bancario reproduce el dinero sin necesidad de crear puestos de trabajo. Es tiempo de un debate sobre el rol del sistema financiero y de las finanzas éticas y solidarias.

El anuncio realizado por las autoridades del BAC-Credomatic no debiera sorprender. Obedece a su misión e inescrupuloso afán de lucro. Su razón de ser no es el servicio, es la maximización de las ganancias a cualquier precio.

El caso en particular es revelador de la naturaleza mercantil a ultranza y el profundo valor antisolidario que motiva su presencia en el mercado. La pandemia no ha movido ni un ápice su naturaleza. Por el contrario, ha permitido mostrar qué los alimenta, cómo ven la vida en sociedad y qué poco les importa el bienestar de la población.

Ahora queda también muy clara la complicidad de todos los voceros, incluyendo al presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), al Superintendente de Entidades Financieras (SUGEF) y a los medios de comunicación que levantaron la voz contra la regulación de la tasa de usura.

Por otra parte, una evaluación ciudadana sobre los comportamientos tributarios del BAC-Credomatic queda o quedará pendiente. Hace tiempo que sobre el sistema financiero pesen fuertes críticas y cuestionamientos con relación a su papel fiscal en materia impositiva dada la acumulación que han venido atesorando.

Con datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), habrían llegado al momento en que apareció la pandemia en el país, a una cifra superior a los 30 mil millones de dólares.

Hoy se hace necesario reflexionar y actuar (en la realidad real), sobre la necesidad del fomento y promoción de una auténtica y ética banca pública y de un fortalecimiento de las cooperativas de Ahorro y Crédito, de las Asociaciones Solidaristas, de la Caja de Ahorro y Préstamo de ANDE, así como demás fondos solidarios mutualistas, como complemento de la presencia pública en el mercado financiero.

Somos del criterio de que la ley de usura tal cual quedó, no erradicó el problema del negocio a partir del expolio abusivo de las necesidades crediticias de la gente. 39% como tope máximo de cobro de intereses, sigue siendo usura.

Sin embargo, ese “pellizco”, logrado con base en gigantescos esfuerzos de sus promotores, los legisladores Welmer Ramos González y David Gourzong Cerdas, abre expectativas con relación a que resulta posible abrir fisuras en el seno del bloque neoliberal político-hegemónico y egoísta expoliador. Nosotros reconocemos el esfuerzo de estos dos señores diputados y de sus colegas del parlamento que les secundaron.

Se ha generado un problema, sin embargo: las personas pobres con ingresos líquidos de 200 mil colones o menos no serían sujetas del mercado financiero “oficial”, lo cual puede llevar a esas personas a caer en manos del prestamista garrotero y del agiotismo ilegal.

Esa liquidez obligada de ahora en adelante para ser sujeto de crédito de, al menos, 200 mil colones, es excesiva, de tal suerte que surge la necesidad ahora de un nuevo sistema financiero, con base en principios éticos y solidarios, que diseñe los mecanismos de inclusión de todas estas personas, básicamente trabajadoras asalariadas de los sectores público y privado que, por altos endeudamientos ya no contarán más para el sistema formal de créditos legales.

Sin duda alguna, estamos de cara a un nuevo frente de lucha para el cual hay muchas personas de buena fe, de sensibilidad social y de holgura ética dispuestas a aportar en esto que podemos denominar como la cruzada civil por la democratización del sistema financiero.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

3 mil 800 millones de dólares, conservadoramente hablando y por lo bajito, es el monto anual del gigantesco robo de impuestos por la vía de la descarada evasión tributaria y de la no menos sucia elusión fiscal, del cual somos víctima la población costarricense y, en especial, su mayoritario segmento, la clase trabajadora.

3 mil 800 millones de dólares equivalen a 2 billones 166 mil millones de colones (¢2.166.000.000.000), los cuales mensualmente desagregados nos indican de una cantidad de 72 mil 200 millones de colones (¢72.200.000.000) cada 30 días.

Estamos hablando de, aproximadamente, 6,18 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) de ingresos, potencialmente frescos, que deja de percibir el fisco. Sin embargo, para otras personas y entidades de enorme seriedad en el tema tributario, el robo de impuestos en Costa Rica es mayor, del orden del 8-8,5 puntos PIB anuales.

El medio de comunicación digital El Faro ha dado a conocer una interesantísima entrevista al señor Rodrigo Chaves Robles, hasta hace poco ministro de Hacienda, quien indicó esa cifra de los 3 mil 800 millones de dólares anuales en materia de evasión-elusión tributarias, haciendo la salvedad de que hay otras fuentes que, repetimos, plantean cifras muy superiores en esto del robo de impuestos.

Como sabemos, don Rodrigo Chaves Robles fue expulsado del gobierno de Alvarado Quesada, mediando una pifia política de su parte; pero, a la vez, porque pudo haber cometido dos graves herejías políticas que son imperdonables para un jerarca político de su nivel y, mucho menos, en una cartera ministerial como la de Hacienda.

Él se dejó decir, en el seno de la propia Asamblea Legislativa, sus datos sobre el robo de impuestos arriba indicado; y, lo que es más grave aún, se pronunció porque en nuestro país se legislara para abrir el secreto bancario y poder detectar más el manejo sucio de capitales y fortunas, acumuladas ya sea por defraudación fiscal y/o por dinero sucio producto del crimen organizado y del negocio más que turbio del narcotráfico.

Este señor parece que les salió “güero” a los detentadores del poder real en Casa Presidencial y en el gobierno de facto que existe paralelo al formal, pues como venía de trabajar durante 25 años en el Banco Mundial no pensaron que la magnitud del déficit fiscal que él se encontró, más el desastre institucional del Ministerio de Hacienda en cuanto a su papel contralor de la evasión fiscal, pudieron llevar al señor Chaves Robles a husmear demasiado y haber constatado la espantosa red de corrupción que media en este asunto de la evasión fiscal en todas sus derivaciones y presentaciones; siendo la más vergonzosa e ignominiosa esa de los grandes contribuyentes que no declaran impuestos porque declaran cero ganancias.

En la indicada entrevista digital (y que usted puede conseguir en www.anep.cr), el exministro de Hacienda, Chaves Robles, afirmó que tal cifra de evasión fiscal, pese a que como indicamos es bajita, 3 mil 800 millones de dólares, es muy superior a la que implica el monto del préstamo “stand by” (convenio de estabilización de las finanzas públicas o de ajuste estructural), que nos quieren imponer con el Fondo Monetario Internacional (FMI), 2 mil 250 millones de dólares; a cambio de que se le ponga más impuestos a la gente (incluyendo subir el IVA al 15% o más), y a cambio de la tal venta de activos que no es más que la privatización abierta, pura y dura, de las principales empresas públicas que todavía quedan en manos de la sociedad.

Jamás podemos aceptar, dócilmente, esa imposición fondomonetarista y, mucho menos, aceptar más impuestos para seguir haciendo más ricos todavía a los evasores fiscales. El verdadero ajuste estructural que le urge a Costa Rica es el de su sistema tributario y aduanal. No habrá ninguna sostenibilidad fiscal posible si casi 4 mil millones de dólares ¡al año! no llegan a las arcas del Estado, producto de leyes de impuestos que ya están establecidas.

Considérese además que otro gigantesco ámbito del problema fiscal del país está políticamente “inmaculado”: el de las exenciones-exoneraciones, mismas que andan por los 6 puntos PIB anuales.

Haber llegado hasta aquí, como corriente sindical que ha tenido como una de sus luchas fundamentales el abordaje, serio y responsable, del grave problema fiscal-tributario del país, representa una enorme satisfacción. Que un exfuncionario del Banco Mundial, por 25 años, que es costarricense y que fue ministro de Hacienda esté ahora certificando que siempre hemos estado con razón y del lado correcto en esta parte de la lucha social de los últimos 25 años nos da una legitimidad más que sobrada para aportar e impulsar la otra parte de esta historia: el ajuste estructural del sistema tributario costarricense.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Honorable señor, Lic. Eduardo Cruishank Smith, Presidente de la Asamblea Legislativa: la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como de su Junta Directiva Nacional (JDN), le comunica lo acordado recientemente por nuestra organización en punto a la Defensoría de los Habitantes de la República:

“Que la actual titular de la importante institución pública de servicio ciudadano, la Defensoría de los y de las Habitantes de la República, la señora Catalina Crespo Sancho, ha venido desarrollando un accionar político contraproducente para los importantes fines de defensa social de tal entidad, disminuyendo la credibilidad ciudadana en la misma; así constatado al verse ella misma envuelta en situaciones de orden político-partidista que impulsan el sendero de pérdida de confianza que ha venido experimentando la Defensoría de los y de las Habitantes de la República en los últimos tiempos y por diversos factores; llegándose al punto máximo de intolerancia cívica de su propio papel y el de la institución en cuanto tal en el controversial asunto del escándalo público conocido como la UPAD. La recuperación de la confianza plena de los y de las habitantes en su Defensoría, especialmente en estos tiempos de incesante desigualdad y exclusión social y económica pasa, necesariamente por que la señora Catalina Crespo Sancho deje libre ese cargo.

Confiamos en que, por su intermedio, sea comunicado el contenido de la presente al honorable plenario legislativo, a la brevedad posible y en su literalidad.

Esperamos, igualmente, que las fracciones legislativas se hagan eco de nuestras solicitudes y recomendaciones, no sólo por la importancia de acudir en rescate de esa instancia auxiliar de la Asamblea Legislativa y su legitimidad frente a la ciudadanía, a la que se debe más ampliamente: a los y a las Habitantes; sino porque se le haría un flaco favor a la credibilidad del Congreso, sosteniendo a quien hoy es tenida como la “Defensora de los Políticos”, la señora Catalina Crespo Sancho, de quien los sectores sociales ya no esperamos nada y a quien tampoco reconoceremos, en adelante; perdiéndose así un espacio que en condiciones normales estaría llamado a mediar y facilitar diálogos sociopolíticos constructivos, máxime en tiempos tan difíciles para nuestra coexistencia democrática, como sabemos y como debería ser del interés de todas las personas diputadas.

En caso de que la Asamblea Legislativa deje pasar esta oportunidad para devolverle el fuste y brillo a una institución con tan enorme potencial constructivo, desaprovechado hasta ahora según nuestro criterio, veremos pasar de lejos una institución que estimaremos cooptada por el poder político y servicial a intereses manidos, claramente identificables.

Ha quedado claro, no sólo para ustedes como legisladores o legisladoras, o para nosotros y nosotras como integrantes del sector social y sindical; sino para todo habitante de la República medianamente atento al debate público, que la señora Crespo Sancho no contaba con las capacidades, la experiencia, formación ni el nivel requeridos para un cargo tan complejo como el que le aseguró su patrocinador oficial, el ciudadano Rodolfo Piza Rocafort, con quien mantuvo una cercanía político-electoral harto conocida y, por lo demás, absolutamente inconveniente.

Finalmente, y en seguimiento a éste, nuestro acuerdo unánime, subrayamos nuestra intención de no desatender este tema, para nosotros sensible y urgente, ni mucho menos permitir esta vez, que si se abre el espacio para nombrar a un verdadero Defensor o Defensora de los Habitantes, nos aseguraremos de que no sólo se observen las formas en la Comisión de Nombramientos; sino y sobre todo, de que el pueblo de Costa Rica cuente con alguien valiente y firme, independiente y honesto, pero sobre todo: apolítico. En una palabra: del pueblo, en vez de permitir la tradición con alguien de los políticos.

Dejamos así constancia de nuestra respetuosa, pero firme y oportuna instancia, solicitándole ponerla a despacho para que sean ustedes como personas legisladoras bajo su presidencia, quienes corrijan su error al haber nombrado a Catalina Crespo Sancho en un cargo que debería servir a los y a las Habitantes.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Notarán lo curioso del título del presente artículo. Son dos cantidades: 9000 y 2250. Lo pusimos así tratando de que esto pudiera llamar más la atención de quienes, semana a semana y en este prestigioso diario de negocios, La República, nos honran con su lectura de los artículos que estamos publicando por este medio, todos los viernes.

El número 9000 hace referencia a la cantidad de millones de dólares que están al resguardo del Banco Central de Costa Rica (BCCR), bajo la categoría de reservas internacionales, en dólares, esencialmente. Esos 9 mil millones de dólares son propiedad del Estado costarricense, es decir, de toda la población habitantes de nuestro país nacida en él o nacionalizada. En realidad, es un poco menos de esos 9 mil millones, por ahí de los 8.700 millones; pero, para efectos de mejor comprensión del mensaje que le queremos dejar a usted, hemos redondeado la cifra.

El número 2250 nos habla de los 2 mil 250 millones de dólares que el país recibiría a cambio de firmarle, prácticamente, un cheque en blanco al Fondo Monetario Internacional (FMI), para que este organismo multilateral de crédito de dudosa reputación en cuanto a las consideraciones sociales y humanitarias de su política de préstamos; le otorgue a Costa Rica un crédito (¡otro más!), bajo la modalidad de convenio de estabilización, conocido por su vocablo en idioma inglés como “stand by”.

Y esos 2250 millones de dólares se lo darían a Costa Rica en tres tractos, a razón de 750 millones de dólares cada uno. A cambio, el país debe asumir una serie de compromisos macroeconómicos y fiscales con el fin de ordenar sus finanzas públicas, las cuales presentan (entre otros problemas), dificultades enormes como el alto déficit, las obligaciones diarias del pago de intereses de la deuda pública y los abonos a la deuda misma; así como el tamaño de la misma con relación al Producto Interno Bruto (PIB).

Como es lógico suponer, dada la supremacía ideológica dominante en lo fiscal, nada se plantea dentro de tales compromisos, con relación a la urgente y siempre postergada, transformación tributaria estructural que la misma preservación de la Democracia está exigiendo hace tiempo.

De lo que públicamente se ha estado divulgando (pues el secretismo y la opacidad han caracterizado el proceso “negociador” del gobierno de Alvarado Quesada con el FMI), es que tales compromisos incluyen, por ejemplo: a) subir el impuesto al valor agregado (IVA), hasta el 15% o más; b) empezar el proceso de rebajas salariales para quienes laboran en el sector Público (que no es lo mismo que congelamiento salarial pues éste ya está operando, en la práctica); c) impuestos a la propiedad; y d) venta de activos: lo que queda de las empresas públicas patrimonio estatal que presentan atractivo rentable para el capital privado. Por ejemplo, las ya anunciadas Bicsa y Fanal; y ahora, muy probablemente, el Banco de Costa Rica, el ICE, el INS… para empezar.

Cada uno de los tópicos anteriores, cada uno por sí mismo, da para un abordaje extenso, profundo, diverso, multifacético. Por supuesto que esto no es posible en una única columna de opinión. Tampoco lo pretendemos en este momento.

Sin embargo, sí queremos ser enfáticos en lo siguiente. Los 2.250 millones de dólares que al país le prestaría el Fondo Monetario Internacional (FMI), apenas representan un 25% del total de las reservas monetarias que tiene en resguardo el Banco Central de Costa Rica (BCCR), que no son “propiedad particular” de éste (al que, ideológicamente, le han venido dado el concepto de “república independiente”), sino de toda la sociedad; reservas monetarias que estarían ya llegando a los 9 mil millones de dólares.

Por tanto, cabe preguntarse: ¿serán capaces los extremistas ideológicos que hegemonizan el control de la política económico-fiscal del país, dentro y fuera del presente gobierno, de someternos a un altísimo estrés social, a una confrontación social abierta, dada la necesaria y obligada respuesta civil organizada que habrá que darle a las condiciones del crédito “stand by” con el FMI; préstamos que apenas representa un 25% del total de las reservas monetarias internacionales propiedad del país y que custodia el BCCR?

¿Valdrá la pena confrontarse con una sociedad en camino tormentoso hacia una gran precariedad, altamente enojada y molesta; brava por el impacto negativo del combo fiscal (sobre todo la aplicación del IVA); y, para peores, con las graves consecuencias negativas sociales y económicas de la pandemia? ¿Están dispuestos a correr ese riesgo? ¿Serán capaces de fomentar el caos social que podría ser superior a los eventos de calle de los años 2018 y 2019, con tanto ingrediente “explosivo” que se ha estado adhiriendo desde entonces a la caldera del descontento popular?…

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La doble moral de Costa Rica en materia de Derechos Humanos ha quedado completamente al desnudo con las revelaciones públicas de las precarias y pésimas condiciones de trabajo a que son sometidas cientos de personas trabajadoras, básicamente nicaragüenses en situación migratoria irregular dentro de nuestras fronteras, en algunas plantaciones de producción piñera en la Zona Norte del país, especialmente en los cantones de San Carlos y de Los Chiles.

Y ha tenido que ser a propósito de la explosión de casos sanitarios de contagio del Covid-19 para que las máximas autoridades políticas del país tomaran nota y dejaran de hacerse de la vista gorda (aunque fuera por apariencia), de que esas condiciones de trabajo esclavo han estado por mucho tiempo en la Zona Norte del país; contándose con la complicidad de algunas autoridades de las diversas entidades públicas que, de un modo u otro y en función de sus respectivas responsabilidades legales, debieron de haber sido tajantes, desde un inicio, en cuanto a fiscalizar las regulaciones de seguridad social, obrero-laborales, de salud de las personas y de protección ambiental.

Nada de eso venía ocurriendo y no se puede descartar de que, en no pocos casos, la compra de conciencias y el pago de sobornos haya mediado para que el Estado estuviese mirando para otro lado, mientras la explotación laboral piñera de carácter esclavo producía ganancias excesivas a cierto empresariado inescrupuloso que venía haciendo clavos de oro con ello, perjudicando a aquella actividad productiva que sí se ha venido haciendo de manera legal.

Efectivamente, sabemos de la existencia de un importante grupo de empresarios honestos que en esa misma región han venido sufriendo las consecuencias de una competencia desleal debido a que sí han venido observando las estipulaciones jurídico-legales del propio Código de Trabajo y de responsabilidad patronal para con la Seguridad Social del país (particularmente, lo concerniente a la Caja Costarricense de Seguro Social -CCSS-); conciencias productivas limpias que, hoy, sienten que sus propias actividades podrían desaparecer, es decir, arruinarles, si la producción piñera con base en el trabajo esclavo no se extermina.

No creemos en que deba darse ningún tipo de amnistía, de perdón, de tregua, de borrón y cuenta nueva, a esos empresaurios (concepto este acuñado para distinguir del empresario que juega limpio), que, sorprendidos en la ilegalidad y en la inmoralidad de la explotación piñera en condiciones de trabajo, prácticamente, esclavo, ahora están derramando lágrimas de cocodrilo, planteándole al Gobierno y a las autoridades locales (algunas de ellas con su transparencia en todo esto bastante cuestionada), “bola al centro”. 

Gente de la comunidad todavía no contaminada, fuerzas vivas productivas y cívicas sanas de esa región, se muestran sumamente desconfiadas del veredicto gubernamental emitido con ocasión de la gira de inspección de representantes institucionales que se efectuó en estos días, acerca de que el 80% de la producción piñera y agrícola de estas regiones “observan” las condiciones sanitarias obligadas en materia de combate al Covid-19. 

Y es que, según tenemos entendido, las cantidades de dinero que se juegan en todo esto pesan muchísimo a la hora de imponer una fuerte política pública de saneamiento total para que el ciento por ciento de la producción piñera en la Zona Norte del país sea laboral, social y ambientalmente sostenible; condiciones estas que parecen observar algunas conciencias empresariales limpias que, precisamente, saben que el país requiere de que en los mercados estadounidense y europeo se tenga plena certeza de que la piña costarricense es generada por una producción también limpia.

No menos preocupante es empezar a tomar conciencia de que en ciertos ámbitos de esa producción piñera que ha venido empleando trabajo esclavo, podría haber capitales productivos de dudosa procedencia; secreto a voces en los ámbitos político-económicos de la zona (en los que todavía están limpios y en los que ya no lo están); de suerte que ante las debilidades de inspección y control estatales (algunas muy sospechosas), pudiéramos estar presenciando la entronización de un Estado fallido en el plano regional; estado fallido que, poco a poco, pareciera que también empieza a tomar fuerte cuerpo y poder en la zona portuaria atlántica de nuestro país desde la cual salen hacia Europa, cada vez con más frecuencia, cargamentos ilegales de drogas no menos ilegales, potenciando un comercio ilícito casi imposible de controlar por el Estado. 

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Nuevamente emerge con fuerza el tema de la perversidad del sistema tributario costarricense, su profunda injusticia e inequidad, a propósito de la gestión emprendida por el señor diputado don José María Villalta Flórez-Estrada, quien emplazó al Ministerio de Hacienda para conocer la lista de las empresas catalogadas como Grandes Contribuyentes Nacionales y como Grandes Empresas Territoriales, las cuales declararon CERO IMPUESTOS en sus correspondientes Declaración de Utilidades, para los períodos fiscales 2018 y 2019. Solamente caben dos palabras para calificar la respuesta de dicha entidad ministerial: Escándalo e indignación.

Y, nuevamente, resalta la gran vitalidad política del concepto que hemos acuñado desde este lado de la acera, EMPRESAURIO (así, en mayúscula para resaltarle), y su relación profunda con la naturaleza regresiva del perverso sistema tributario nacional.

Recordemos parte de la definición nuestra de EMPRESAURIO: “Dícese de una persona empresaria (por lo general, del sexo masculino), sumamente adinerada, de negocios multimillonarios, con conexiones políticas al más alto nivel (a veces, son co-gobernantes, de facto), de dudosa reputación tributaria, declarante de “cero” ganancias y/o “pérdidas”. Evasor-elusor fiscal…” (https://anep.cr/empresaurios/)

Ahora que se nos está amenazando, como sociedad trabajadora, con la eventual suscripción de un convenio draconiano, “stand by”, con el Fondo Monetario Internacional (FMI), centrado en elevar el impuesto al valor agregado (IVA) y en congelamiento total (preludio de las rebajas salariales, crudas y duras), de los salarios públicos; se impone la imperiosa necesidad de una fuerte resistencia cívica de amplia base, misma que tendría abundantes argumentos para potenciar-obligar a que la clase política gobernante se vaya por otros caminos a fin de enfrentar la crisis fiscal del país que, por más grave que sea, no puede responsabilizarse de la misma al pueblo trabajador.

Al respecto, debemos confesar que las esperanzas son pocas. Sin embargo, ciudadanías activas y en fuerte movilización han puesto en jaque a gobiernos que, descaradamente como los nuestros de las últimas administraciones, ejecutan accionar estratégico en favor del alto corporativismo empresarial, mucho del cual tienen comportamientos de corte empresaurial ya, abiertamente, cínicos y descarados.

La más profunda indignación se apodera de nuestras conciencias al revisar la lista de los Grandes Contribuyentes Nacionales que, en su Declaración de Utilidades reportaron CERO IMPUESTOS en el período fiscal 2018, y encontrar en ella nombres de firmas corporativas de renombre, conocidas ampliamente en sus correspondientes mercados de negocios; e, imposibles de la menor pizca de credibilidad en cuanto a que no tuvieron ganancias como para declarar CERO IMPUESTOS.

Tanto tiempo abordando esta temática de la inenarrable perversidad de un sistema tributario, nos lleva a la contundente conclusión de que su naturaleza regresiva y fraudulenta, es la principal explicación de la profundidad del déficit fiscal que está ahogando al país en estos momentos y que lo tiene al borde de la quiebra y del default (imposibilidad de atender las obligaciones de la deuda pública); esto, por un lado.

Por el otro, una sofisticada red de corrupción, con base legal y/o sin ella, mediante la más vergonzosa colusión de los intereses privados con los públicos, permite que la defraudación fiscal-tributaria llegue a cinismos políticos tan descarados que ni la menor pizca de sonrojo asoma por los máximos niveles del Ministerio de Hacienda, del presente y de los anteriores gobiernos, como para decirle el país este es el abc del adecentamiento tributario que urge la maltrecha Democracia costarricense, en estos momentos históricos en que, pandemia incluida, la desigualdad y la exclusión socioeconómica hace daños de tal magnitud que podrían ser irreparables.

En el entretanto, el empresauriado anidado en los segmentos de Grandes Contribuyentes Nacionales y Grandes Empresas Territoriales, pueden seguir su “fiesta”.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

La Confederación Sindical Internacional (CSI), ha dado a conocer su Índice Global de los Derechos 2020, con la preocupante situación de que se trata del mayor número de violaciones en siete años. La corriente sindical nacional que representamos está adscrita a la CSI y, por eso, estimamos valioso que este importante señalamiento sobre Libertades Sindicales a nivel global se sepa en nuestro país.

La ruptura del contrato social queda expuesta en el Índice Global de los Derechos de la CSI 2020, con el mayor número de violaciones de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en siete años.

Se ha intensificado la tendencia por parte de Gobiernos y de empleadores, a restringir los derechos de los trabajadores limitando la negociación colectiva y el derecho de huelga, y excluyendo a los trabajadores de los sindicatos, con un aumento del número de países que bloquean el registro de sindicatos.

Un incremento en el número de países que deniegan o limitan la libertad de expresión viene a demostrar la fragilidad de las democracias, mientras que el número de países que restringen el acceso a la justicia ha seguido siendo inaceptablemente elevado, al mismo nivel que el año anterior.

Una nueva tendencia identificada en 2020 guarda relación con escándalos respecto a la vigilancia gubernamental de dirigentes sindicales, en un intento de instigar temor y presionar a los sindicatos independientes y sus miembros.

La Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow, declaró que: “Estas amenazas hacia los trabajadores, nuestras economías y la democracia eran endémicas en los lugares de trabajo y en distintos países ya antes de que la pandemia del COVID-19 viniese a trastocar vidas y medios de subsistencia. En muchos países, la represión existente contra los sindicatos y la negativa de los Gobiernos a respetar los derechos y entablar el diálogo social ha dejado expuestos a los trabajadores a la enfermedad y la muerte, dejando a los países totalmente incapaces de combatir la pandemia de manera efectiva”.

“Con la vista puesta en la recuperación y la construcción de economías resilientes, el Índice Global de los Derechos de la CSI 2020 constituye una referencia que utilizaremos para pedir cuentas a gobiernos y empleadores. Como si los datos del Índice no fuesen suficientemente chocantes, estamos viendo que algunos países van incluso más lejos. Con la excusa de las medidas adoptadas para combatir la pandemia del coronavirus, están avanzando con su agenda contra los derechos de los trabajadores. Es una tendencia que debe frenarse y revertirse”.

Agrega la declaración de la compañera Sharan Burrow:” El Índice Global de los Derechos pone de manifiesto la ruptura del contrato social entre Gobiernos y empleadores y la gente trabajadora. Se registra una tendencia a restringir los derechos en el trabajo mediante violaciones de la negociación colectiva, privando a los trabajadores del derecho de huelga y excluyéndolos de los sindicatos.

“Pero el Índice es algo más que una simple lista de violaciones. Constituye un claro reflejo del déficit de derechos que hemos de corregir para construir el nuevo modelo económico que necesita el mundo cuando se recupere de la pandemia de COVID-19. Deberá ser una economía global resiliente, que se apoye en un Nuevo Contrato Social: un nuevo compromiso con los derechos en el trabajo, inversiones renovadas cumpliendo con el Estado de derecho, y sentar las bases para la democracia en el lugar de trabajo”.

La región de Oriente Medio y Norte de África es la peor región del mundo para los trabajadores y trabajadoras por séptimo año consecutivo, debido a la persistencia de inseguridad y conflictos en Palestina, Siria, Yemen y Libia, a lo que se suma el hecho de ser la región más regresiva en lo que respecta a la representación de los trabajadores y los derechos sindicales.

Los diez peores países para los trabajadores y las trabajadoras en 2020 son Bangladesh, Brasil, Colombia, Egipto, Filipinas, Honduras, India, Kazajstán, Turquía y Zimbabwe.

La séptima edición del Índice Global de los Derechos de la CSI clasifica a 144 países en función del grado de respeto hacia los derechos de los trabajadores/as. Entre las principales conclusiones figuran:

En el 85% de los países se ha vulnerado el derecho de huelga.

En el 80% de los países se ha vulnerado el derecho de negociación colectiva.

El número de países donde se impidió el registro de sindicatos ha aumentado.

Tres nuevos países han entrado en la lista de los diez peores países para los trabajadores y trabajadoras: Egipto, Honduras, India.

El número de países que denegaron o reprimieron la libertad de expresión se ha incrementado, pasando de 54 en 2019 a 56 en 2020.

Los trabajadores se vieron expuestos a actos de violencia en 51 países.

Los trabajadores no tienen acceso a la justicia, o lo tienen restringido, en el 72% de los países.

Se registraron arrestos y detenciones de trabajadores en 61 países.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

“Es más que notorio que la Uccaep exige responsabilidades, pero no asume ninguna responsabilidad. El mensaje implícito que transmite es el de que se considera una clase social aparte y superior, una especie de estamento aristocrático al que Costa Rica entera ha de rendirle tributo y pleitesía”.

Así de tajante es la categorización sociopolítica que le merece al respetado grupo de ciudadanos que se presentan al país como Grupo Economía Pluralista, la propuesta que el más grande sindicato patronal del país, la Uccaep, ha dado a conocer con el pomposo nombre de Un pacto por el empleo.

Para nosotros es contundente el sesgo esclavista de la propuesta de Uccaep y su comportamiento de clase en el juego democrático: ellos y el resto. Ellos ordenan, los demás obedecen. Es más, ellos no proponen, imponen. 

El Grupo Economía Pluralista puntualiza, con gran acierto, las áreas de política pública que Uccaep desea sabotear con su propuesta: a) quieren la flexibilidad laboral (acabar con la histórica jornada de las 8 horas, por ejemplo); b) el debilitamiento financiero de las instituciones de la seguridad social (a Uccaep le molesta la existencia de la Caja); c) el debilitamiento de la normativa ambiental; d) los esfuerzos (que, por cierto, son poco, débiles y hasta ridículos) para el control de la evasión y de la elusión tributarias. Sin estas piedras angulares de una sociedad que se precie de democrática, entonces qué pretende la Uccaep: ¡una sociedad esclavizada!

Las voces expertas del Grupo Economía Pluralista resaltan que la propuesta de este tipo de empresariado “en vez de una propuesta progresiva destinada a elevar la productividad, se opta por un camino de tono predominantemente regresivo, que busca ‘aplanar’ los costos para hacerlos compatibles con una economía ineficiente y de baja productividad”.

Y no solamente buscan “una economía ineficiente y de baja productividad”, la Uccaep pretende una clase trabajadora sin derechos laborales, prácticamente; sin seguridad social (especialmente, en materia de salud); y sin mayor capacidad salarial que le otorgue real poder adquisitivo. Y como si todo esto no fuese poco para la acumulación desenfrenada que anhelan, ojalá sin ninguna responsabilidad fiscal-tributaria de por medio. Nuevamente, el sesgo esclavista de la propuesta de Uccaep es innegable.

Solamente reparemos en las recientemente “descubiertas” condiciones sociolaborales y ambientales de producciones piñeras en la Zona Norte, donde la naturaleza inhumana y anticristiana de una especie de trabajo esclavo ha alimentado la propagación del coronavirus. Aunque todo el mundo sabía de esta cruda realidad y el Estado estaba mirando para otro lado, la situación de la explotación obrera por parte del capital empresarial comprometido en esa extracción productiva puede darnos una luz de cuál es el ideal de sociedad que quiere la Uccaep con su propuesta Un pacto por el empleo.

Este sesgo esclavista de la propuesta de la Uccaep está alimentado con una carga de cinismo político pocas veces vista en la historia nacional: platean sentirse “acosados”. Veamos cómo nos lo plantea el cívico Grupo Economía Pluralista: “Aducir que propuestas legislativas o disposiciones de política pública, destinadas a proteger el medio ambiente y la salud de la población, vigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias o el respeto de los derechos humanos, son ‘acoso’ contra el empresariado, constituye una exigencia de impunidad, y un total desapego a las más elementales normas de convivencia en democracia”.

Nuestro artículo de la semana pasada catalogó de corte totalitario el documento Una propuesta por el empleo que está formulando el sindicato patronal Uccaep. En el presente ese sesgo totalitario se remarca con lo que denominamos una tendencia esclavista de las relaciones obrero-patronales que estas gentes empresarias (algunas ya muy contaminadas de conductas empresauriales), quieren imponerle a la sociedad costarricense. 

El mundo obrero organizado y la sociedad civil deben alarmarse y empezar a tomar serias medidas de contrapeso: Uccaep tiene un total desprecio por “las más elementales normas de convivencia en democracia”, tal como nos lo alerta el Grupo Economía Pluralista.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

“Subir impuestos a los más ricos reducirá la desigualdad sin dañar el crecimiento”. Este es el criterio de la señora Kristalina Georgieva, Directora-Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), asunto que ya venimos mencionando pero que necesitamos insistir mucho más en este punto y por los más diversos medios. Ella publicó este artículo recientemente y nosotros leímos la nota del caso en el sitio web estrategiaynegocios.net, el cual, a su vez, lo consignó de un relevante sitio internacional de noticias del capital y de los negocios denominado Business Insider. Así que las fuentes son cualquier cosa, menos pro-sindicales.

En esa misma dirección, otro artículo llegó a nuestras manos y nos causó tremendo impacto: “Reino Unido: avanza el impuesto a los ricos con fuerte aval de la población”. Se nos indica, además, lo siguiente: La iniciativa gana terreno en la gestión de Boris Johnson, y cuenta con el apoyo del 61% de los británicos. Digite baenegocios.com y se encontrará esta interesante nota de prensa: “… una encuesta de YouGov publicada a mediados de mayo mostró que el 61% de los británicos estaban a favor de un nuevo impuesto sobre el patrimonio para las fortunas de más de 750,000 libras”.

“Portugal cobrará tasa solidaria a los bancos para atender crisis del covid-19”, otro artículo en la misma línea: está en esta dirección digital: elperiodicocr.com/Portugal: “En Europa Portugal es uno de los países que mejor control ha tenido de la pandemia del Covid-19 y sigue implementando medidas públicas que muchos aplauden y otros no, pero los resultados son eficientes. Ese país anunció que cobrará una tasa solidaria a la banca pública y estatal para responder a la crisis por el nuevo coronavirus”.

Solidaridad tributaria: ¡Ahora le toca a los superricos! Al momento de la detección del primer caso del coronavirus covid-19 en el país, el 6 de marzo, el sistema financiero-bancario costarricense tenía en depósitos del público en moneda extranjera, unos 35 mil millones de dólares. ¿De cuál público estamos hablando?

Del millón de personas desempleadas a esa fecha, ¡no creemos! de las micro-pequeñas y medianas empresas asfixiadas por la imposición del impuesto al valor agregado (IVA), con la ley del combo fiscal, ¡tampoco! ¿De las personas trabajadoras asalariadas del Estado? Tal vez, una reducidísima cantidad, pero no creemos que tuvieran depósitos del público en moneda extranjera en cantidades astronómicas. ¿Y qué decir de las miles de personas trabajadoras asalariadas del sector privado, gran parte de las cuales solamente gana el salario mínimo de ley o, ligeramente por encima del mismo, sin hablar de las que se quedaron sin ingresos producto del covid-19? ¿Creen ustedes que estas personas tengan en el sistema bancario-financiero del país depósitos del público en moneda extranjera?

Debemos repetirlo de manera insistente: hasta unos 35 mil millones de dólares estaban como depósitos del público en moneda extranjera en el sistema financiero-bancario del país a la llegada del covid-19. Si ninguno de los segmentos sociales indicados en el párrafo anterior tenía para esa fecha, 6 de marzo de 2020, depósitos del público en moneda extranjera en esa cantidad, entonces, ¿quién los tenía? ¡Los superricos!

Es que no es posible aceptar que la inmensa mayoría de la población costarricense siga siendo la sacrificada mediando la continuación de un modelo económico que ha sido tan explotador que permitió que esa inmensa cantidad de millones de dólares, 35 mil millones de dólares, estuviera como depósitos del público en moneda extranjera al momento del primer caso del covid-19 en el país.

No puede el presente gobierno ni las actuales personas diputadas pretender que la gente acepte, dócilmente, más impuestos: ni aumentar el IVA, ni impuesto al salario escolar, ni a la canasta básica, ni más impuestos indirectos (los que paga todo el mundo sin discriminar capacidad de ingreso). Tenemos que rebelarnos, de manera inteligente y cívica, ante estas funestas iniciativas.

Gran parte de esa millonada en dólares que se catalogan como depósitos del público en moneda extranjera debe tener orígenes diversos, algunos éticamente correctos y otros no tanto; en este caso, de seguro es la mayoría. Con un empresauriado evasor y elusor de impuestos, con un sistema de robo tributario anual superior a los 8 puntos PIB, con un sistema de exenciones-exoneraciones igual a los 6 puntos PIB; con una impresionante cifra del dinero sucio procedente del crimen organizado y del negocio del narcotráfico, ¿cómo no explicarnos que hubiese 35 mil millones de dólares a la llegada de la pandemia en depósitos del público en moneda extranjera? Es a estos grupos/personas de los superricos a los cuales les toca ahora, al menos, una solidaridad tributaria frente a la crisis en desarrollo. ¡No a la gente!