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No tenemos el texto completo pero un matutino consignó una frase de la carta de renuncia al Partido Liberación Nacional (PLN), del actual alcalde de Alajuela y aspirante a ser reelecto en ese cargo, don Humberto Soto Herrera; frase que citamos de seguido, la cual constituye una acusación muy grave contra dicho partido que según el denunciante presenta: “un distanciamiento de sus raíces socialdemócratas” y muestra “falta de cohesión ideológica”.

Es obvio que don Humberto respira por la herida por cuanto en el PLN, la cúpula que manda lo dejó fuera de la candidatura a la reelección por esa bandera partidaria; por tanto, él decide salirse y, de seguro, seguirá promoviendo su candidatura con algún partido-taxi que le acoja para la contienda municipal verdadera. Esto de los partido-taxi, por cierto, ya es muy común en la política electoral costarricense.

También es más que obvio que la acusación al PLN de haberse distanciado de sus raíces socialdemócratas y de tener falta de cohesión ideológica, suena a oportunismo político y a una pose electorera, dado que don Humberto lanza dardos envenenados en contra de la colectividad partidista que le hizo alcalde, hasta ahora, cuando ésta le dio la espalda; con razón o sin razón, lo cual no corresponde a nosotros determinarlo. Lo real es que lo dijo, aunque sea por pose, resentimiento, venganza, dolor.

Lo importante aquí es que, efectivamente, hace ya mucho tiempo que el PLN se distanció de sus raíces socialdemócratas y se alejó de tener una cohesión ideológico congruente con esas raíces.

Tan es así que todavía quedan personas militantes del PLN que, según afirman, dan fuerte lucha interna para que el PLN vuelva a su redil. Y uno siente que es así, con posiciones honestas y consecuentes. De la misma manera, en la actual fracción parlamentaria liberacionista hay algunas personas diputadas que, merecedoras de nuestro mayor respeto y consideración, afirman ser la conciencia crítica socialdemócrata de que, efectivamente, las últimas tres derrotas electorales del PLN a nivel presidencial, precisamente, tienen que ver mucho con la renuncia ideológica a los principios que animaron a los padres fundadores del PLN en sus orígenes.

Y no les será nada fácil un reposicionamiento del PLN como alternativa socialdemócrata en estos tiempos de gran concentración de riqueza, creciente desigualdad y de dramáticas y dolorosas exclusiones sociales y económicas.

En este sentido y en ese marco, las actuaciones parlamentarias del PLN en el período constitucional 2018-2022 resultan imposibles de ser olvidadas: hicieron viable el gobierno de Carlos Alvarado Quesada y le dieron los votos a la tríada de legislación anti-obrera más cruel desde la fundación de la denominada Segunda República: leyes 9635 (combo fiscal), 9808 (anti-huelgas) y Marco de Empleo Público (10.159). Además, dejó en la corriente parlamentaria, mediando toda su fracción de ese cuatrienio, el proyecto de ley contra la histórica jornada de las 8 horas; el cual, precisamente en la presente legislatura, fueron votos PLN de su actual fracción, con notables excepciones, los que garantizaran su aprobación en primer debate.

Un nuevo episodio de eso que don Humberto calificó como “un distanciamiento de sus raíces socialdemócratas” y una muestra “falta de cohesión ideológica”, es el voto al proyecto dizque para sacar a Costa Rica de la lista gris de países no cooperantes del fraude fiscal que elabora la Unión Europea (UE); iniciativa que no nace de un sentimiento nacionalmente genuino por librarnos de la dictadura del fraude y de la evasión fiscal, sino porque esa potencia económica nos puso contra la pared.

Con admiración y respeto para quienes luchan todos los días por lo que podríamos llamar algo así como el “rearme de la socialdemocracia liberacionista”, fuera y dentro del parlamento, valga la siguiente cita tomada de la publicación denominada Nueva Socialdemocracia, del economista y político español Manuel Escudero:

(https://www.infolibre.es/cultura/nueva-socialdemocracia_1_1209479.html)

“Pusimos el dedo en la llaga al afirmar que, a pesar de la existencia de un Estado de bienestar, nuestra sociedad es cada día más desigual porque se está produciendo en términos de renta y de riqueza una polarización entre una minoría a la que las cosas le van muy bien, y una mayoría que se ha estancado o retrocedido. La lucha contra las desigualdades en renta y riqueza se ha convertido en un elemento central de la búsqueda de la justicia social en el proyecto político socialista”.  ¡Semejante reto tiene quienes quieren “refundar” el PLN!

Con el título de Propuesta para un mejor futuro-Construyendo una hoja de ruta para avanzar en el desarrollo de Costa Rica, don Jorge Vargas Cullell, Director del Programa Estado de la Nación, participará en la presentación de este documento elaborado por el think-tank costarricense Academia de Centroamérica; en acto solemne a celebrarse en el Salón de Jefes de Estado, Presidentes y Presidentas de la Asamblea Legislativa, el próximo miércoles 20 de setiembre de 2023.

También, en el panel de presentadores-comentaristas de esta actividad, estará la investigadora del Programa Estado de la Nación, la señora Natalia Morales Aguilar.

El evento será presidido por el propio Presidente del parlamento, don Rodrigo Arias Sánchez, a quien nosotros catalogamos como uno de los rostros visibles del conjunto plutocrático del real poder en la Costa Rica actual.

Por supuesto, el Presidente de la Academia de Centroamérica y el asociado a la misma, señores Ricardo Monge González y Federico Villalobos Carballo, respectivamente, estarán entre los expositores.

Como se puede colegir, de los contenidos del documento nada más sabemos su título y subtítulo, aunque está clarísimo cuáles podrían ser los mismos si se sabe bien la matrícula ideológica de la Academia de Centroamérica, siempre del lado del todo mercado-nada Estado. Y, ¿es que esto debe ser censurable, criticable? ¡En lo absoluto! Es la democracia del libre pensar y de la exposición de las ideas.

Lo que nos llamó poderosamente la atención es la participación, con rango oficial y explícito, del Programa Estado de la Nación, habida cuenta de su siempre reiterada y proclamada posición de neutralidad ante el conflicto social costarricense de estos tiempos, caracterizado por una dramática concentración del ingreso y una dolorosa exclusión social y económica.

El Programa Estado de la Nación nos tiene acostumbrados a su riguroso diagnóstico anual de nuestras penurias como sociedad y a algunas advertencias, cuidadosamente redactadas, de que el camino del desarrollo del país de los últimos tiempos no es el correcto. Aun así, ha logrado un posicionamiento de prestigio en la sociedad con no pocas reservas.

Ahora aparece el Programa Estado de la Nación en un foro en el cual su protagonista central, la Academia de Centroamérica, defiende un ideario que, a nuestro atender, por un lado, es co-responsable de la intrusión de un pensamiento en la política pública costarricense altamente pernicioso para una democracia con inclusión; y, por otro, las denuncias diagnósticas anuales del equipo de don Jorge Vargas Cullell parten, precisamente de la implantación en la sociedad de los contenidos centrales defendidos por el indicado think tank.

Desde la sensibilidad de quienes hemos estado militando en la acera que ha venido defendiendo las Garantías Sociales, la Constitución Política de 1949, el Estado Social y Democrático de Derecho; así como la importancia estratégica para la Democracia de la Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.) sus tratados internacionales en la materia firmados y ratificados por nuestro país con su obligatoriedad y vinculatoriedad absolutas; consideramos que en la Academia de Centroamérica se forja el pensamiento fundamental que ha venido consolidando el poder de la plutocracia en el seno de nuestra alicaída democracia y su, hoy muy atacada, institucionalidad republicana.

Por ello nos sentimos con la atribución de hacer este señalamiento al Programa Estado de la Nación pues su participación en la indicada actividad nos genera enorme duda acerca de su ruta neutral en el análisis diagnóstico de la realidad nacional.

Hasta la fecha hemos entendido esa ruta neutral,considerando que el Programa Estado de la Nación, con la alta capacidad diagnóstica que tiene, reconocida por tirios y troyanos, si se decidiese a formular propuestas concretas, posiblemente chocaría con los intereses mezquinos de la plutocracia en el poder. Juntándose con uno de los think tank que ésta tiene como proveedor de ideología, no le hace nada bien al grupo investigador académico de don Jorge Vargas Cullell; ya de por sí, aunque en carácter personal, columnista permanente del medio emblema de esa plutocracia.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.

¿Cómo es posible que, en la actual Asamblea Legislativa, prácticamente, a ninguna persona legisladora le esté importando que al pueblo trabajador costarricense le saquen de sus estrujados y apretados bolsillos, la espantosa cantidad de casi 16 mil millones de colones al día (16.000.000.000), para atender lo que denominan el servicio de la deuda pública, en especial el pago obsceno y vulgar de los intereses de la deuda pública?; los cuales, por cierto, son, de los más altos del mundo?

El Ministerio de Hacienda acaba de remitir al parlamento lo que se conoce como el Presupuesto Nacional 2024, el cual solamente representa cerca del 40% de la totalidad de la estructura financiera del Estado (Gobierno Central, en esencia). En realidad, debería denominarse “presupuesto parcial” pues el 60% no se tramita en la Asamblea Legislativa, sino ante la Contraloría General de la República (CGR).

De ese mal llamado “presupuesto nacional”, cuya totalidad es 12 billones 600 mil millones de colones (en cifras, así: ₡12.600.000.000.000), casi la mitad, el 46%, debe destinarse a lo que denominan servicio de la deuda pública, lo cual incluye el pago diario, escandaloso y obsceno, de los intereses de la deuda pública.

Ese 46% representa la enorme cantidad de 15 mil 928 millones 767 mil 123 colones, al día, c/24 horas, para la deuda pública; en cifras redondeadas, 16 mil millones de colones por día: ₡16.000.000.000.

En total, para los doce meses del próximo año 2024, el pueblo trabajador costarricense debe sacar de sus, financieramente, estresados bolsillos, para esa deuda pública, casi los 6 billones de colones; con exactitud, 5 billones 814 mil 600 millones de colones: ₡5.814.600.000,000.

Esta cruel y criminal, socialmente hablando, realidad se viene repitiendo durante todos estos años sin que la clase política tradicional, la vieja y la nueva, alce ni la más tímida voz de alarma o de denuncia; considerando que cada vez son más graves, las afectaciones-recortes al financiamiento de las diversas políticas públicas que desde el Gobierno Central están obligadas a atender programas de Seguridad Social (Educación, Salud y Seguridad Social, Eco-ambientales, Cultura, Infraestructura Vial, Seguridad Ciudadana, combate estratégico al crimen organizado y al narcotráfico, entre otros).

Como bien lo vienen afirmando y demostrando personas estudiosas de la academia y del pensamiento social costarricense, dedicados a la defensa de los bienes comunes (como lo son, por ejemplo, los de la seguridad social y los de los ecosistemas); la deuda pública y su escandalosísimo y súper-usurero pago diario de intereses está minando las bases de la Democracia misma.

¡Así es! La deuda pública, casi cercana a los 29 billones de colones, ligada a ese aplastante pago diario de intereses, guarda relación intrínseca y perversa con la permanencia de un sistema tributario injusto y corrupto; el cual tiende a profundizarse por las ilegales maniobras del macro-empresariado evasor-elusor fiscal nacional que, como gran “moda”, está trasladando sus lucrativas empresas al régimen de zonas francas, desnaturalizándolo y prostituyéndolo, pues el mismo siempre fue destinado para atraer inversión extranjera, no para abusar de él como mecanismo de evasión tributaria.

Esta realidad corrupta ameritaría, al menos, la conformación de una comisión legislativa para entrarle al asunto con gran seriedad y quitarle el amplio manto que cubre tanta operación tributario-fiscal sucia; proceso que caería como anillo al dedo a propósito de la tramitación parlamentaria del mal llamado presupuesto nacional 2024. Creemos que, ni siquiera, habrá una persona diputada que plantee algo así en las actuales circunstancias.

En el propio Día de la Madre, el pasado 15 de agosto de 2023, 32 personas diputadas le dieron primer debate al repudiado proyecto popularmente denominado Jornadas 4-3; convirtiéndose así en el más grave ataque que ha sufrido el Código de Trabajo desde que éste fuera promulgado en 1943. Hablamos del ataque a la histórica jornada de 8 horas que tanta sangre, sudor y lágrimas costó a la clase obrera internacional y también a la costarricense.

Exactamente, 12 días después de ese cruel “regalo” legislativo a las madres trabajadoras del país, a las personas trabajadoras, el pasado domingo 27 de agosto de 2023, nuestro Código de Trabajo llegó a sus 80 años de vida; acontecimiento este que para toda la oficialidad gobernante del país pasó desapercibido. Otra crueldad.

De nada valieron una serie de pronunciamientos de distintas procedencias los cuales puntualizaron muchos aspectos en contra de esa iniciativa de ley, formulando argumentaciones sólidas y técnicamente sustentadas.

Imperó una especie de consigna de orden dogmático y de carácter antiobrero porque la esencia del proyecto jornadas 4-3 persigue un único objetivo estratégico: abaratar la mano de obra eliminando el pago de horas extra; para, especialmente, beneficiar al empresariado corporativo que se cobija bajo el régimen de zonas francas.

Como sabemos, el proyecto jornadas 4-3 se encuentra en el proceso de consulta constitucional antes de que le den el segundo debate; resultando muy oportuno que se esté dando a conocer en estos momentos, un criterio de carácter internacional sumamente calificado, como lo es el informe del Relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre formas de esclavitud modernas, el señor Tomoya Obokata.

El informe del Sr. Obokata tiene un considerable peso moral y ético, aparte de político, que ninguna de esas 32 diputaciones está en capacidad de rebatir; como son las posibles afectaciones a la salud de las personas trabajadoras que serán sometidas a dichas jornadas, tal y como fue señalado por instancias nacionales con sobrado criterio al respecto.

Dijo el señor Obokata: “Las largas jornadas laborales pueden agravar más rápidamente la fatiga y la pérdida de concentración de las personas trabajadoras, lo que a su vez puede desencadenar accidentes laborales y lesiones».

Fue categórico el informe ONU al señalar que “las largas jornadas de trabajo diarias propuestas por Costa Rica siguen yendo más allá del principio general de 8 horas diarias”, pues se afecta el derecho a la salud física y mental según se establece en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, importantísimo tratado de Derechos Humanos (DD.HH.) del cual Costa Rica forma parte.

Siempre hemos afirmado que este proyecto de ley ha avanzado en la Asamblea Legislativa como parte del pacto de los Rodrigo: Rodrigo Chaves Robles y Rodrigo Arias Sánchez; el primero a la cabeza del Poder Ejecutivo y el segundo, presidente legislativo.

Al llegar nuestro Código de Trabajo a su 80 aniversario, no tenemos más alternativa que intensificar nuestros esfuerzos para evitar que este ataque del capital a su corazón, la histórica jornada de 8 horas, se consolide. Si lo aprueban en segundo debate, iremos a la Sala Constitucional a defenderla y si ésta no lo hace, habrá que ir al escenario internacional el cual incluye dos posibles vías.

Acaba de desarrollarse la Primera Cumbre Ministerial para una “Tributación Global Incluyente, Sostenible y Equitativa”, en la ciudad de Cartagena, Colombia. Ministros de Hacienda y personal de alto nivel de gobiernos de 15 países de América Latina y del Caribe participaron.

Como comprenderán, este acontecimiento nos llamó poderosamente la atención dado que en la corriente sindical en la cual militamos, la agenda de lucha que nos motiva todos los días tiene en su máxima posición lo que denominamos la Transformación Tributaria Estructural del sistema de distribución de la riqueza de nuestro país.

Y el propósito de la indicada cumbre ministerial para una “Tributación Global Incluyente, Sostenible y Equitativa”, nos certifica nuestra concepción de que en Costa Rica el sistema tributario es doblemente perverso.

Por una parte, pagan más los que tienen menos (la clase trabajadora asalariada y no asalariada, por ejemplo); mientras que los deberían pagar lo que les corresponde, no lo hacen del todo: evaden, eluden, hacen fraude fiscal a todo nivel y esconden la plata fuera del país. Por la otra parte, hay mucha corrupción: el sistema aduanero y tributario está muy sucio.

Así las cosas, es fácil comprender la no participación de Costa Rica en tan relevante evento. Es más, es algo completamente lógico considerando que la plutocracia reinante mantiene un control total de la cuestión tributaria no importa cuál partido esté en el Poder Ejecutivo y cuál sea la conformación de la Asamblea Legislativa de turno. Esta circunstancia nos lleva a la afirmación de que en nuestro país el tema tributario es subversivo.

En el comunicado de prensa oficial del evento se consignan lo siguientes datos que son dolorosos, espeluznantes, indignantes; y que llaman a una acción militante, al menos, desde el ámbito del sindicalismo sociopolítico en el cual depositamos nuestros sueños por un mejor mañana.

América Latina y el Caribe es una de las áreas más desiguales del mundo, donde el 10% más rico concentra el 77% de la riqueza total de los hogares, mientras que el 50% inferior de la distribución ni siquiera posee el 1%. Los países de la región comparten un arraigado sistema fiscal regresivo, reflejo de una deficiencia histórica en la tributación de las rentas altas, en particular de las rentas del capital. Además, los países de la región pierden el equivalente al 6,1% del PIB total debido a fraude, evasión y elusión fiscal (según datos de la CEPAL), mientras el 27% de la riqueza de la región se encuentra offshore (según el economista Gabriel Zucman).

La documentación disponible sobre los contenidos de este evento es extraordinaria para nuestros anhelos de real justicia social en un país como el nuestro que ya, lamentablemente, ha implantado una desigualdad de tal calibre que va potenciando su carácter sistémico. Y, por supuesto, desde estas prestigiosas páginas digitales y en la medida de lo posible, seguiremos planteando el problema y sus diversas perspectivas. Seguiremos, subvirtiendo el orden tributario dominante. Por ahora, les compartimos, seguidamente, las diez recomendaciones para las reformas tributarias en la región; y, por supuesto, aunque Costa Rica no estuvo en esa cumbre, tienen gran relevancia para nuestra corrupta e injusta realidad tributaria. Veamos:

Incorporar el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos y en asuntos ambientales como principios generales que guíen e informen la toma de decisiones tributarias.

Promover la progresividad y la equidad de los sistemas tributarios de la región.

Promover reformas de la tributación corporativa, en especial de las empresas multinacionales, que consideren y protejan los intereses de la región.

Tomar medidas orientadas a incrementar la transparencia fiscal.

Promover tributos que busquen la protección del ambiente, especialmente con relación a la transición energética y la respuesta a la crisis climática.

Revisar beneficios tributarios con criterios de transparencia y equidad, eliminando privilegios y priorizando los beneficios que generan crecimiento inclusivo, desarrollo sostenible y justicia social.

Fomentar una gobernanza tributaria global verdaderamente inclusiva y respetuosa de la soberanía nacional.

Incorporar el enfoque de género en la política fiscal.

Descolonizar los estándares sobre tributación y transparencia internacional.

Asegurar la participación genuina de la sociedad civil en la nueva plataforma.

Cayó en nuestras manos el artículo titulado Sudamérica en disputa: la nueva guerra de las materias primas, escrito por Segalés Juan José Bautista (https://herramienta.com.ar/sudamerica-en-disputa-la-nueva-guerra-de-las-materias-primas). Aunque corto, es un interesante análisis a partir de declaraciones de la señora Laura Richardson, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos en las cuales se nota una reformulación de la clásica Doctrina Monroe, ante lo que el gobierno de la potencia del norte de nuestro continente estima como su más relevante desafío de estos tiempos: la contención de la expansión china y de la emergencia de un poder militar de otro carácter que, dice el artículo, hace imposible impedir el tránsito global hacia un nuevo orden multipolar.

Lo que nos interesa destacar para efectos de este comentario es este concepto del autor: “Porque el neoliberalismo, más allá de ser solamente un modelo económico es, en realidad, una racionalidad radicalizada del liberalismo que destruye las bases mismas de la democracia, desde que lo político se somete a lo económico.”.

Y este otro: “…El Estado desplaza su esencia política y se convierte en una empresa fantasma, que solo administra la garantía del máximo valor del capital que financia y sostiene su conservación. Los objetivos del Estado dejan de ser políticos y se hacen gerenciales. Cuando todo ámbito de la vida humana es reducido a su carácter mercantil, la lógica empresarial invade todo y las necesidades sociales, los bienes comunes, las reivindicaciones populares, etc., etc., son comprendidos como proyectos gerenciales, es decir, son cotizados desde criterios de rentabilidad, donde los pobres son sacrificados en un mundo hecho sólo para ricos”.

Terminamos las citas con esta: “Por ello la racionalidad neoliberal pervierte las bases mismas de la democracia, una vez que introduce sus lógicas en la médula de lo político. Si las desigualdades se hacen extremas es imposible, no sólo mantener la soberanía estatal, sino sostener toda la comunidad política. Si el demo es desplazado, el kratos es el puro capital y lo que se genera es una sutil pero radical transformación de la política y la democracia desde dentro”.

En nuestro criterio, la caracterización del escenario político que se está desarrollando en nuestra querida América Latina, con fuerte impulso en unos casos desde las esferas gubernativo-ejecutivas y, en otros, con resistencias de diverso calibre e intensidad en otras esfuerzas de igual carácter; ya lo estamos viviendo en Costa Rica.

Si nos llevan, si nos están conduciendo por esa perversa senda, ¿quién podría pensar que hay que dar una respuesta desde el centro? ¡No, señores y señoras! ¡El “centro” ya no existe más! (¿Alguna vez existió…?

Consideremos estos eventos sociohistóricos de nuestra vida republicana (por supuesto, que nos quedan por fuera otros más de relevancia idéntica). Desde el establecimiento del Instituto Nacional de Seguros (INS), la promulgación del Código de Trabajo, pasando por la fundación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), las medidas de política pública inspiradas en el bien común dictadas en la Junta Fundadora de la Segunda República, la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, e incluyendo el nacimiento de la actual Constitución Política del país, el 7 de noviembre de 1949; hoy día, todo está cuestionado según esa lógica dominante según la cual “…todo ámbito de la vida humana es reducido a su carácter mercantil, la lógica empresarial invade todo y las necesidades sociales, los bienes comunes, las reivindicaciones populares, etc., etc., son comprendidos como proyectos gerenciales, es decir, son cotizados desde criterios de rentabilidad”. Ni más ni menos como nosotros mismos lo venimos planteando: “todo mercado-Nada Estado”.

Asumir una posición crítica y de defensa activa de esas conquistas-valores que tienen que ver con la promoción del bien común, con la inclusión social y con la reactivación económica para el desarrollo de la Democracia misma, se debe hacer, con sabiduría y con militancia, con una táctica y con una estrategia de amplia base; desde el otro lado de la acera, que es el nuestro.

¡El centro ya no existe más! Fue abolido por la imposición de este paradigma del mal: “…todo ámbito de la vida humana es reducido a su carácter mercantil…”.

La magia de la construcción civil necesaria que ocupa el actual momento sociohistórica de nuestra Patria, para enfrentar el desafío del “todo mercado-nada Estado”, radica en comprender que, en este lado de la acera, las diversas sensibilidades a conjuntarse tienen más puntos en común de lo que imaginamos. Fueron ellos mismos que nos llevaron a este punto: ¡el “centro” ya no existe más!

En realidad, son 4 millones 51 mil 51 colones por minuto (₡4.041.051). Son, por hora, 243 millones 63 mil 75 colones (₡243.063.075).

Cada 24 horas, ¡por día!, el Ministerio de Hacienda debe destinar 5 mil 833 millones 513 mil 812 colones (₡5.833.513.812), para pagar intereses, ¡sólo intereses!, de la deuda pública del país.

Del 1 de enero al 30 de junio del presente años 2023 han transcurrido 181 días, y del bolsillo del pueblo trabajador costarricense, tanto público como privado, han salido en este primer semestre, un billón 55 mil 866 millones de colones (₡1.055.866.000.000).

Los datos anteriores, provenientes del Ministerio de Hacienda indican que, al 30 de junio de 2023, la deuda pública del país ascendía a 28 billones 600 mil millones de colones (₡28.600.000.000.000). Ellos dicen que representa un 61.1 puntos del Producto Interno Bruto (PIB). ¡Vaya usted a saber si nos mienten!

Pero, ¿a quién le importa? Segurísimos estamos de que, a lo que denominamos clase política tradicional (vieja y desgastada), así como a la recién llegada (mentirosa y manipuladora), esta realidad no les importa para nada.

¿Y cómo le va a importar, por ejemplo, a partidos como Liberación y Unidad, si en sus correspondientes gobiernos “aportaron” para que esa monstruosa deuda pública esté acabando con el país? Si se coludieron con el fraude fiscal y la evasión tributaria a gran escala; estimulándolo, tolerándolo, fortaleciéndolo.

En nuestros dos artículos inmediatamente anteriores al presente, hablamos del tema del congelamiento salarial socialmente criminal que ha venido afectando, que está afectando y que seguirá afectando a miles de personas trabajadoras asalariadas del sector Público.

Explicamos que, al terminar el 2023, serán ya cuatro años consecutivos de ese calvario socioeconómico, individual y familiar; y que, al consolidarse la perversa Ley Marco de Empleo Público (LMEP), No.10.159, el número de años de congelamiento podrá ir más allá de una década, al menos.

La gente trabajadora asalariada que labora para el Estado está siendo víctima de la más grande injusticia jamás cometida contra grupo social alguno, desde la entrada en vigencia de la actual Constitución Política de Costa Rica, el 7 de noviembre de 1949.

De esto hemos hablado y escrito mucho en los últimos tiempos y hemos afirmado que debemos seguirlo haciendo hasta que, ¡ojalá!, se genere una conciencia militante que ponga a este país de cabeza.

Tenemos que comprender que esta razón del monstruoso y obsceno pago diario de intereses de la deuda pública, explica muy bien las razones para el congelamiento salarial socialmente criminal que venimos denunciando un día sí y otro también.

Explica también, por ejemplo, el deterioro del sistema de educación pública; explica el paulatino deterioro de los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y, por ende, el impulso privatizador que se viene dando desde sus adentros.

También, explica la reducción de las becas de Avancemos y de los programas de asistencia social del IMAS y del PANI; que no haya plata para carreteras, que no haya fortalecimiento de la Inspección Laboral, etc., etc.,

Liberación, Unidad, el extinto PAC, el gobierno Chaves Robles-Cisneros Gallo (y los partidos turecas en que se están “metamorfoseando”), los grupos políticos de Fabricio Alvarado Muñoz y de Eliécer Feinzaig Mintz; todos, todos sin excepción, están de acuerdo con ese orden fiscal que está provocando una desestabilización social que amenaza a la misma Democracia. ¡Hay que pararlos antes de que terminen acabándonos!

Principios éticos fundamentales de la militancia y de la lucha sindical obrero-social, nos obligan a realizar todos los esfuerzos posibles y en todos los escenarios necesarios, para aportar a salvaguardar el sagrado derecho de la clase trabajadora asalariada a seguir teniendo la jornada ordinario-laboral de las ocho horas.

El más grave ataque del capital costarricense a la misma desde la promulgación misma del Código de Trabajo, en 1943, se acaba de dar en el seno de la Asamblea Legislativa con la aprobación, en primer debate, de lo que se ha dado en llamar las jornadas 4 x 3 mismas que, desde un punto de vista político-ideológico, significa la derogatoria (por ahora, parcialmente), de esa histórica y sagrada jornada de las 8 horas.

Por cierto, el día de esa votación fue el pasado martes 15 de agosto, conmemoración muy sentida por el pueblo costarricense como lo es el Día de la Madre; una acción legislativa más que macabra para tal fecha, si pensamos en las madres trabajadoras asalariadas.

Aprobación que, seguros estamos, obtuvo los 32 votos de mayoría mediando presiones externas de gran poderío millonario, económico-financieramente hablando, por una parte; y, por la otra, exhibiendo una ignorancia mayúscula acerca de todos los entornos sociohistóricos, tanto nacionales como internacionales, de cómo la clase trabajadora ha tenido acceso durante tantas décadas a que se le respete la jornada de 8 horas.

Si particularizamos al respecto, uno está muy seguro al afirmar que de esas 32 diputaciones que legislaron del lado del capital para derogar la jornada de 8 horas, son poquísimas las que conocen el significativo episodio de la lucha histórica mundial de la clase obrera conocido como Los mártires de Chicago. Y, para el caso costarricense, tampoco creo que tengan la más mínima noción histórica de cómo fue que en nuestro país se dio el establecimiento la jornada de las 8 horas.

Esta está en la mayor legislación del país: la Constitución Política, la cual nació a la vida jurídico-republicana del país, el 7 de noviembre de 1949. Y, por supuesto, es parte esencial y fundamental de la mayor ley de nuestra mayor ley laboral: el Código de Trabajo. Esas 32 diputaciones que se pusieron del lado del capital dándole primer debate a la ley de las jornadas 4-3, violentaron ambas piedras angulares de la institucionalidad jurídico social-laboral del país.

Por otra parte, si ya esa transgresión jurídica es muy grave, más lo es lo que implica en materia de la tradición costarricense de proclama y de defensa de los Derechos Humanos (DD.HH.). La jornada de 8 horas tiene un poderosísimo estatus jurídico dentro del Derecho Internacional en esa materia, los Derechos Humanos. He aquí un camino que vamos a tener que transitar.

Por ejemplo, lo que plantea la Organización Internacional del Trabajo (OIT), nada más y nada menos que en su Convenio No. 1, precisamente el de las 8 horas y promulgado en 1919, año de fundación de esta entidad y de la cual Costa Rica es Estado miembro. También, lo que se norma en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), tratado internacional en materia de DD.HH. firmado por Costa Rica y ratificado por nuestra Asamblea Legislativa, de suyo cumplimiento y observancia estricta el país no puede obviar.

El proyecto jornadas 4 x 3 únicamente persigue un objetivo estratégico para el capital que lo está imponiendo: derogar el pago de horas extras, para incrementar así la explotación obrera de la clase trabajadora que estaría sujeta a ese tipo de jornadas.

Llama la atención el jolgorio que por su aprobación está exhibiendo el ente corporativo Asociación de Zonas Francas (Azofras), dado que es en las zonas francas donde se ha venido utilizando este tipo de jornadas, de manera ilegal y con la complicidad del propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS; ilegalidad que ahora dejaría de serlo si se consuma la aprobación de este proyecto de ley.

El empresariado de las zonas francas verá incrementada sus ganancias pues, como ya disfruta de diversas exenciones impositivas, ahora lo que deberá invertir en salario obrero será menos y, por tanto, sus rentas corporativas subirán. Es de esta forma como nos explicamos las desmedidas presiones políticas de este grupo empresarial, por medio de sus agentes diputadiles en el parlamento, para imponer esta ley de las jornadas 4 x 3. Afortunadamente, esta lucha apenas está empezando.

El socialmente criminal congelamiento salarial es por partida doble: lo va a institucionalizar la perversa Ley Marco de Empleo Público (LMEP), No. 10.159.

Mientras el nivel de la deuda pública con relación al Producto Interno Bruto (PIB) no baje de 60 puntos, no habrá un centavo, literalmente, no habrá un centavo por reajuste por costo de vida en cada uno de los años en que esa relación se mantenga arriba de los 60 puntos PIB; disposición brutal que ya está rigiendo desde el pasado 10 de marzo de 2023, aunque pesa sobre la misma una Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la corriente sindical en la cual militamos y reforzada por varias acciones jurídico-coadyuvantes de la misma.

Esta perversa LMEP pretende consolidar lo que se conoce como Regla Fiscal, la cual ya se incluyó en la Ley No. 9635, popularmente conocida como Combo Fiscal; y, por tanto, es lo que ha impedido que se honre la deuda salarial de los 7.500 colones a la base, que está acumulándose desde el pasado 1 de enero de 2020 y de lo cual hablamos en nuestro artículo de la semana pasada.

Tal Regla Fiscal hará que quienes ya están con la “condena” de que no se les honre la deuda salarial individual de 7.500 per cápita; tenga una nueva “condena” encima pues en la perversa Ley Marco de Empleo Público (LMEP) cualquier reajuste por costo de vida a lo futuro, está supeditado a que la deuda/PIB baje de 60 puntos.

Es más, el sector obrero-social de las municipalidades se había “escapado” de esta regla fiscal incluida en la Ley 9635. Sin embargo, el Gobierno-Mideplán pretende imponerles el salario global indicado en la perversa LMEP, con lo cual sus históricas negociaciones salarial semestrales por costo de vida, desaparecerán.

Recordemos que las personas ya doblemente “condenadas” por este congelamiento salarial socialmente criminal, así como las “nuevas” que son llevadas a esa barbarie neoliberal, son de los siguientes segmentos laborales: cuerpos policiales, Magisterio Nacional, CCSS y Seguridad Social, los ministerios con sus diversos programas y entidades adscritas, el Poder Judicial, las instituciones autónomas-semiautónomas y casi todas las empresas públicas; y, ahora, las municipalidades.

Imaginemos, por un instante, que los liderazgos sindicales, gremiales, sociales y profesionales que representan a todas esas personas trabajadoras logran un gran acuerdo de acción coordinada en los más variados niveles, incluido el de La Calle; para crear una articulación sociolaboral de fuerte peso y sólido músculo, a fin de que ese socialmente criminal congelamiento salarial se derogue.

Ese socialmente criminal congelamiento salarial no solamente es contrario a la Constitución Política de Costa Rica; sino que, igual de grave es su roce con los Derechos Humanos. Y, peor aún, sigue indefinido como lo vemos en el horizonte. Ya la misma Sala IV lo advirtió: “El congelamiento indefinido en el tiempo afectaría ilegítimamente situaciones jurídicas consolidadas a futuro y constituiría un abuso estatal ad infinitum, ya que no solo perjudicaría el salario del funcionario, sino otros derechos como la jubilación.” (Voto 17098-2021). De ello hablaremos en nuestra próxima entrega de este tema.

De manera concomitante, un poder social de tal calibre podría poner en la mesa las reales y específicas razones del problema estructural de las finanzas públicas; de tal suerte que esas miles de voluntades obreras, actuando al unísono, le hagan el más grande bien a la sociedad costarricense desde la fundación de la Segunda Pública, cual es el de la Justicia Tributaria real.