¿Por el camino de Ecuador?

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El diccionario de la Real Academia Española define así al término narcopolítica: “Actividad política en que las instituciones del Estado están muy influidas por el narcotráfico”.

Nutriéndonos de fuentes alternativas diversas, constatamos que la narcopolítica impera en la hermana nación latinoamericana de Ecuador, además de estarla sumiendo en el caos. Sabemos bien, por otra parte, qué clase de potencia tiene la narcopolítica en otros países de nuestro continente.

El asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio se da en ese escenario de narcopolítica y tiene en conmoción total a esa nación, aunque, según entendidos, el fenómeno empezó a aparecer hace unos 30 años, pero lo dejaron pasar. A la clase política de Ecuador, a la misma sociedad civil organizada el agua le llegó al cuello y, sin un milagro de por medio, parece que se ahogarán.

En nuestro país, el fenómeno de la narcopolítica ya no nos es ajeno. Algunas voces autorizadas han planteado que, por ejemplo, la infiltración narco ya está en los tres poderes de la República: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El ya desaparecido don Wálter Espinoza, Director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), lo denunció en la propia Asamblea Legislativa.

El problema del narcotráfico en nuestra sociedad costarricense, ya como un factor más de la convivencia cotidiana, lleva sus años. Más de 30, decimos nosotros. Y, aunque no parece que nos hemos ahogado tanto como la sociedad ecuatoriana en él, cada vez más somos más gente que estima que el Estado tico está perdiendo el control; o bien, que es el narcotráfico el que está ganando la partida.

Por otra parte, según nuestras fuentes, en Ecuador el 30 % de su Producto Interno Bruto (PIB) corresponde al lavado de activos. En el caso costarricense, una información del Banco Central de Costa Rica (BCCR), a la cual tuvimos acceso, nos indicó que, bajo la figura de depósitos del público en moneda extranjera en los bancos comerciales, se contabilizaron hasta no hace poco 38 mil millones de dólares.  ¿Habrá dinero sucio incluido en esta astronómica cantidad? Nosotros pensamos que es muy posible que sí lo haya.

En cuanto a las campañas electorales nacionales, la sospecha de que en las mismas ingresa dinero sucio producto de actividad del narcotráfico, ha tomado gran fuerza en toda clase de círculos sociopolíticos del país.

Seguimos recordando que, por ejemplo, en el periódico más antiguo, vocero oficial del gran capital de nuestro país, en su página digital correspondiente al 13 de marzo de 2019, apareció esta nota:

“Dinero en efectivo llegaba en ‘bolsas’ a sede de campaña de Fabricio Alvarado. Informe en manos de Fiscalía: excolaboradores del comando de Restauración relatan que el dinero se contaba en mesas en fajos de $1.000 y se entregaba en billetes a empleados y proveedores; además, se agendaban cenas de recaudación, aunque el partido no reportó mayor cosa en donaciones al TSE”.

  La información anterior presentó una foto con esta indicación: En el expediente que tiene el Ministerio Público consta esta imagen, en la cual aparece una bolsa plástica con fajos de billetes, al parecer, de la campaña de Restauración Nacional”.

Por supuesto que de nuestra parte no estamos afirmando nada ni acusando a nadie. Pero sí tenemos que reseñar lo llamativo de la circunstancia y la ausencia de explicación oficial, completamente cierta, de parte del Ministerio Público a la fecha, a poco más de cuatro años, de qué fue eso, en realidad. O, por el contrario, es que estamos totalmente despistados y no nos dimos cuenta de que esa cuestión habría quedado más transparente que el agua clara de un manantial montañoso.

La narcopolítica ya está en desarrollo en Costa Rica. Es doloroso reconocerlo. De la nada, de la noche a la mañana, han aparecido, están apareciendo y aparecerán más ofertas electorales que dejan una estela de enorme duda de dónde salió la plata que las financia.

La narcopolítica en Costa Rica cuenta con muchas facilidades para hacerse sistémica:  hay gente de la clase política tradicional y recién llegada a este nivel de élite, dispuesta a jugársela actuando en ese escenario. Por otra parte, hay otra clase de gente dispuesta a jugarse su propia vida para ver qué agarra; mediando la realidad de una sociedad de exclusión, de descarte, de expolio desenfrenado controlado por una plutocracia en cuyo interior la narcopolítica está encontrando amplio espacio.

Y, dolorosamente, están los que están muriendo a balazos en las calles pues fue el cruel escenario de actuación que les tocó en esta entronización de la narcopolítica en nuestra sociedad, como única fuente para atacar el hambre y las ansias, más que legítimas, aunque por equivocados caminos y erradas decisiones, de tener una mejor calidad de vida.

Desigualdad: Ganancias bancarias abusivas

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Nos llegó la siguiente información que, por supuesto, jamás podrá ser conocida por el gran público costarricense, considerando la ideología de las matrices mediáticas dominantes en nuestro país.

Les contamos que la leímos y releímos dado que nos pusimos a pensar en nuestra realidad socioeconómica de la Costa Rica actual.

¡Por favor, lea usted con detenimiento!: Europa Press. El Consejo de Ministros de Italia ha anunciado la introducción de un 40% de impuesto para ingresos extraordinarios de la banca del país, cuya recaudación se destinará a ayudar a los hipotecados y a rebajar la carga fiscal de los ciudadanos.”

Que yo sepa, en Italia no hay en desarrollo ningún proceso revolucionario de izquierda, si consideramos que, según lo tradicional en el mundo de la política, tal tipo de medidas son impensables desde una perspectiva de gobiernos pro-capital y pro-mercado, como suele catalogarse a lo que, comúnmente, se denomina derecha política. Por lo menos, de derecha ha sido catalogado el actual gobierno italiano encabezado por la señora Giorgia Meloni.

Sigamos leyendo esta otra medida tributaria de corte revolucionario:El Consejo de Ministros aprobó una regla de equidad social que es un gravamen sobre las ganancias bancarias extra en 2023“.

Eso lo anunció el vicepresidente del Gobierno de Italia y ministro de Transportes e Infraestructuras, Matteo Salvini. También dijo él que todos los ingresos procedentes del nuevo impuesto se destinarán a ayudas para las primeras hipotecas de vivienda y a recortes de impuestos.

Estima el gobierno italiano que es de derecha pero que está tomando medidas de izquierda (podríamos decir, de izquierda socialdemócrata consecuente), que se deben utilizar parte de las millonarias ganancias de los bancos para ayudar a las familias y a las empresas que, por ejemplo, se ven afectadas por la subida de los tipos de interés.

La magnitud de los problemas sociales de Italia, “potencia económica” integrante del selecto Grupo de los 7 (G7), fuente principal de la propagación política global de las ideas del neoliberalismo, deben haber motivado al gobierno de la señora Giorgia Meloni a adoptar las medidas de justicia tributaria aquí comentadas.

No se cuestiona la propiedad privada, no hay expropiaciones a la usanza de una revolución proletaria; sino, simplemente, una especie de racionalidad política elemental para que la sociedad de mercado no colapse, no se siga desnaturalizando-desprestigiando más; sino, todo lo contrario: potenciar, con verdadero impacto, los mecanismos de una mejor distribución de la riqueza y de auxilio a los damnificados sociales y económicos del exceso de esa sociedad de mercado y su expolio descontrolado.

Como que la fórmula de sentido común y de racionalidad política del gobierno italiano podría decir algo así: hay que distribuir más y mejor para salvar a la democracia misma y sistema de mercado.

La plutocracia costarricense, en cuyo seno la hegemonía bancario-financiero tiene gigante peso, debería aprender, al menos, un poquito, de esa lógica política de sentido común del gobierno italiano de derecha que sigue siendo pro-capital, pro-mercado y que de socialismo de izquierda no tiene ni un pelo.

Los banqueros ticos siempre se las ingeniado para que ningún partido político “se les salga del canasto”, con ideas “comunistas” como las del gobierno italiano de la señora Meloni.

El socialmente criminal congelamiento salarial

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Al terminar el presente año 2023, la práctica totalidad de la clase trabajadora asalariada del empleo público (con excepción de las municipalidades), llegará al cuarto año de congelamiento salarial absoluto: 2020-21-22 y 2023.

Ni un cinco partido por la mitad, por concepto de reajuste en el costo de la vida en los indicados años, han recibido los y las policías, el personal de Educación Pública, el del sector Salud y Seguridad Social (a excepción del personal CCSS), el funcionariado de los ministerios y entes adscritos a los mismos, así como quienes laboran en una serie de instituciones públicas dentro del Poder Ejecutivo y más allá de él; por ejemplo, instituciones autónomas y semiautónomas (con algunas excepciones).

El co-gobierno que hubo en el período constitucional 2018-2022, el de Carlos Alvarado Quesada (integrante del hoy casi extinto PAC), con el sostén político-ideológico del partido Liberación y del partido furgón de cola de los últimos gobiernos, la Unidad; se encargaron de imponer ese socialmente criminal congelamiento salarial en el empleo público que se está manifestando en dos modalidades.

Valga indicar que el actual Gobierno, Chaves Robles-Cisneros Gallo, tiene plena identificación con esas decisiones de política pública de carácter neoliberal en contra de la clase trabajadora asalariada estatal y las respaldan completamente.

Hoy les comentaremos la primera (más coyuntural), para la semana próxima abordar la segunda (más estructural). Ambas, perversas, por supuesto.

La primera: Se niegan a pagar el último reajuste por costo de vida para el sector público que se decretó en diciembre de 2019: 7 mil 500 colones a la base, que debió hacerse efectivo desde el 1 de enero de 2020. A la fecha, no ha sido cancelado a cada una de las personas trabajadoras que laboran para las entidades indicadas en el primer párrafo de este artículo. La propia Procuraduría General de la República dictaminó que ese dinero, aunque no se haya pagado, es propiedad de cada persona empleada pública; que ya está incorporado al patrimonio personal, aunque el Estado no lo haya honrado a la fecha.

Por ejemplo, si usted es policía y lee este artículo tenga en cuenta que al terminar el 2023, el Estado ajusta 48 meses de 7.500 colones cada uno, de deuda a su favor; más, lo que corresponda a aguinaldo, salario escolar y otros sobresueldos por cada uno de esos 4 años de este congelamiento salarial socialmente criminal. Podríamos estar hablando de entre 400-500 mil colones de deuda per cápita. Y así, a cada persona integrante del Magisterio Nacional, de otros ministerios, etc.

La corriente sindical en la cual militamos está tramitando todo un proceso judicial a favor de que se honre esa deuda y habrá noticias al respecto en fecha próxima. No obstante, vamos a tener que acudir a la Democracia de la Calle para garantizar verdadera justicia.

Este congelamiento salarial socialmente criminal (tanto el que hoy comentamos como el otro del cual hablaremos la semana próxima), tienen una misma base-raíz totalmente falsa e ideológicamente perversa: responsabilizar-culpabilizar a la persona trabajadora empleada pública del desastre de las finanzas públicas del país. Nosotros -y otros-, hemos demostrado la infame maldad de tal acusación política.

Estas dos modalidades de congelamiento salarial socialmente criminal se incluyeron en las perversas leyes del combo fiscal (2018) y de empleo público (2022), ambas con acciones de inconstitucionalidad en trámite, pues en nuestro criterio contienen groseras violaciones a la Carta Magna de 1949 y a los tratados de Derechos Humanos firmados y ratificados por Costa Rica.

Los 65 millones de dólares del lío Baruch

Abro comillas: “Quiero anunciar que me pongo a las órdenes del Ministerio Público para declarar sobre todo lo que sé al respecto de la empresa Beta Matrix que utiliza Leonel y sobre el traspaso de 65 millones de dólares que se hizo a Panamá, entre otras cosas”. Cierro comillas.

Esas manifestaciones son de la señora Yafit Ohana Beladel, esposa del reconocido y hoy más afamado que nunca, banquero don Leonel Baruch Goldberg. Ambos sostienen una controversia familiar que ya es de amplio conocimiento público. Ella hizo tales manifestaciones del total dominio público por las redes sociales y han circulado por diversos medios de comunicación colectiva.

Don Leonel es, sin lugar a dudas, un personaje de renombre en el mundo de las finanzas costarricenses. Un caballero inmerso en los vaivenes del capital financiero nacional y, por ende, tiene muchísimo conocimiento del teje y maneje del mismo.

Como se habrán dado cuenta las personas lectoras que nos honran leyendo nuestros más recientes comentarios aparecidos en esta prestigiosa publicación de libre expresión que es La Revista; estamos convencidos de que en Costa Rica el poder político real de nuestra sociedad, tiene en el capital financiero-bancario su corazón.

Y, sostenemos también, que este capital financiero tiene un sobredimensionado poder sobre la institucionalidad formal de la República, como lo es la Asamblea Legislativa, la Casa Presidencial y hasta el mismísimo Poder Judicial.

Aunque don Leonel, como hombre de empresa que es, ha incursionado en otros ámbitos de actividad lucrativa como lo es el negocio de las noticias, lo real es que se sabe que la preponderancia de su quehacer lucrativo-mercantil lo es el ámbito financiero-bancario.

A raíz de la denuncia pública que ha hecho su señora esposa, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y Aduaneros, la está llamando para que declare, a la mayor brevedad posible todo lo que ella sabe acerca de “… el traspaso de 65 millones de dólares que se hizo a Panamá, entre otras cosas”, que dice ella habría realizado don Leonel.

En la Costa Rica de hoy, la de la profunda desigualdad y de la cruel exclusión económica, el gran problema de las responsabilidades fiscales-tributarias de los que más tienen, debería ser un tema estratégico de la agenda nacional. ¡No lo es! Y, precisamente, estimamos nosotros, para que no lo sea, se debe al excesivo poder e influencia de los personajes que manejan el capital bancario-financiero nacional.

La corriente sindical en la cual militamos tiene muchos años de estar hablando del tema de la evasión fiscal y tributaria que, a gran escala, ocurre en este país.

La clase trabajadora en todas sus clasificaciones (con empleo formal y salario fijo, en la informalidad, en el desempleo -abierto o encubierto-, en el cuentapropismo… en la desesperanza), es víctima directa de ese crimen social que es la evasión fiscal en Costa Rica; la cual, tiene estrecha relación y vínculo estratégico con un sistema tributario cruelmente injusto.

Y, también estamos convencidos de que a las ganancias del capital financiero-bancario nacional, ese que tiene un sobredimensionado poder político real, no las abarca un sistema tributario de carácter progresivo, sencillamente porque éste no existe en Costa Rica.

Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Principio constitucional y de derecho fundamental. No nos corresponde juzgar la conducta tributario-fiscal de don Leonel

A lo que sí tenemos derecho es a no dejar pasar desapercibido el comentario público de su señora esposa, con relación a esta afirmación: “sobre el traspaso de 65 millones de dólares que se hizo a Panamá, entre otras cosas”.

Si la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y Aduaneros está interviniendo de oficio, es imposible quedarse viendo los toros desde la barrera puesto que las manifestaciones de doña Yafit Ohana Beladel abre un sinnúmero de interrogantes y de especulaciones.

Por ejemplo, ¿se habrían dado otros traspasos de millones de dólares a Panamá?; ¿a qué se refiere ella con esa frase “entre otras cosas”; ¿qué son esas otras cosas? Y, ¿existirán otros banqueros que hacen esos traspasos y esas otras cosas…?

Lastimosamente, con el tipo de Asamblea Legislativa que tenemos en estos momentos, tales preguntas, ¡jamás!, puede uno esperar a que serían respondidas. La esperanza parece ser la Fiscalía… Permítanme ustedes que lo ponga en duda…

Sindicalismo obrero bananero-piñero: nueva época

Nos atrevemos a afirmar que el pasado domingo 30 de julio de 2023, en Siquirres y en la sede del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), dio comienzo lo que podemos llamar una nueva época en la ya legendaria lucha del sindicalismo bananero costarricense, misma que en la actualidad cubre a la población trabajadora asalariada que labora para la producción piñera.

Ese día, el SITRAP, junto a la rama sindical obrero-bananera y piñera de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), compartieron con una importante cantidad de líderes y de lideresas de base de las dos organizaciones, el resultado final de un largo, sostenido, responsable y serio proceso de reflexión y de análisis conjunto realizado entre ambas agrupaciones, acerca de los desafíos actuales de una lucha sindical articulada obrero-bananera y piñera.

Se persigue alcanzar más altos niveles de reivindicación integral de la persona trabajadora obrera que labora en este tipo de cultivos de tanta rentabilidad para la economía del país.

Pocas horas después de este evento, la prensa del capital daba a conocer que, en el primer semestre del presente año 2023, el valor de las exportaciones de banano creció un 19%, mientras que las de piña, en 13%, comparándose ambos datos con lo que sucedió en el mismo período del año pasado 2022. Pero, ¿cuánto crecieron los salarios de la clase trabajadora ocupada en tales actividades, bastante lucrativas para los capitales invertidos en la misma?

La alianza SITRAP-ANEP, con carácter estratégico, definió 12 puntos que, como articulados que son, dan pie a esta nueva época de la lucha obrero-bananera y piñera:

La defensa de la histórica jornada de 8 horas, el establecimiento de un nuevo monto al salario mínimo para revalorizar la dura tarea del trabajo bananero-piñero, así como el retorno de las fijaciones por reajustes en el costo de la vida a períodos semestrales; son tres elementos vitales de una política integral de salario justo y digno.

La vinculatoriedad de Costa Rica para lo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en materia de Libertad Sindical y Negociación Colectiva, por ejemplo; junto a la política de Trabajo Decente comprometida por el país con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dan marco estructural a la alianza SITRAP-ANEP en cuanto a la dignificación plena del trabajo bananero-piñero; amén de levantar la bandera por el fortalecimiento de la inspección de Trabajo en el marco del planteamiento de Naciones Unidas para erradicar las formas de esclavitud moderna que se dan en Costa Rica; y, lograr el pase directo al INS de la persona trabajadora accidentada.

Punto clave de la alianza SITRAP-ANEP es fortalecer las relaciones directas del sindicato con los supermercados (especialmente europeos), que compran banano y piña producido Costa Rica, a fin de que estos sepan de nuestra propia voz, sin intermediarios, sobre las condiciones de trabajo, de manera que las empresas no puedan ocultar las violaciones a los derechos humanos en que incurren.

Finalmente, se intensificará la política de alianzas en el plano nacional, en el regional (Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros -COLSIBA- y en el de la Unión Europea (UE) con entidades de sociedad civil que se dedican a la vigilancia y fiscalización de un trabajo realmente decente y digno en este tipo de plantaciones. Sin duda, una nueva época en este tipo de sindicalismo.

¡¡¡Retrocedemos!!!

En estos días, informaciones de prensa nos dieron a conocer varias situaciones que tienen que ver con la cuestión política del momento y con asuntos relacionados con la economía y con la sociedad.

Leer tales informaciones sobre estas determinadas situaciones lo llevan a uno a definir una única conclusión, acerca de lo que está ocurriendo en el país en estos momentos, mediando el empleo de un único vocablo en medio de signos de admiración y lo escribimos con mayúsculas: ¡RETROCEDEMOS!

Para efectos del presente comentario destacamos las siguientes situaciones que nos tiene conmocionados.

Las pruebas nacionales estandarizadas aplicadas a estudiantes de los últimos años lectivos en primaria y en secundaria, no dan fundamento para que en el Ministerio de Educación Pública (MEP), puedan determinar, a ciencia cierta, el real estado actual de la educación costarricense.

Impresiona constatar que la exclusión económica y la desigualdad social que están entronizadas en nuestro tejido social, “van de la mano” con la cruda realidad de que no sepamos en qué estado se encuentra el sistema educativo público a cargo de la formación de nuestra niñez y de nuestra juventud. Esto es trágico y nos lleva a certificar que ¡RETROCEDEMOS!

¡Vergüenza ante el mundo! El Censo Nacional 2022 fue un fracaso. ¿Qué dirán los organismos financieros internacionales ante un país que no tiene la menor idea de la cantidad de gente que está dentro de su territorio? Y esto solamente para citar uno de los puntos fundamentales para encuestar por dicho censo.

Y, en lo que podríamos calificar como uno de los más cínico-monumentales reconocimientos, jamás antes escuchados, de la mediocridad y de la irresponsabilidad en el ámbito de política pública, en este caso de este desastre que es el Censo Nacional 2022, en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), atinan a explicarlo de esta forma: “No es el resultado que queríamos, pero es el resultado que tenemos”. ¿Es o no es válida y acertada nuestra calificación de que, como sociedad, ¡RETROCEDEMOS!

“Costa Rica perdió 80 mil empleos en primer año de Rodrigo Chaves, es la mayor cifra de las últimas cuatro administraciones”, es el titular de prensa de Semanario Universidad, en publicación del 19 de julio de 2023.

Viene a nuestra mente un anuncio presidencial, de esos que se hacen con bombos y platillos, cargados de demagogia populachera, efectuado en diciembre de 2022, que le anunció al país que durante los cuatro años de administración Chaves Robles, se crearían 48 mil nuevos empleos.

Noten ustedes qué paradoja más cruel: 48 mil empleos en cuatro años, a razón de 32 diarios; y, por el contrario, solamente en el primer año de su gestión, se dio una pérdida de 219 empleos al día.

Este asunto tan sensible del empleo es, si se quiere, la principal y más sangrante herida de nuestra sociedad, democráticamente vulnerada, por un modelo económico que, con énfasis, excluye a las personas (o, como dice el Papa Francisco, descarta), arrojándolas a la crueldad de una miserable existencia. ¿¡RETROCEDEMOS!? ¡Por supuesto que sí!

Después de toda una vida de esfuerzo y de trabajo, cuando supuestamente llega el momento del merecido descanso con dignidad, se nos dice que el 27% de las personas adultas de nuestro país vive en condiciones de pobreza.

189 mil personas trabajadoras mayores de 65 años, no cubren lo básico, no comen ni se alimentan bien, no pueden vivir en paz. Estas personas sufren desnutrición, se deteriora su autoestima y se acelera su proceso de envejecimiento. ¿Cómo comprender esta circunstancia de otra manera que no sea una señal clarífica de que ¡RETROCEDEMOS!

Hay un crimen social en desarrollo de múltiples facetas y de dolorosas consecuencias. Detener el incremento, la extensión y la profundización de ese crimen social, es algo políticamente posible. Sobran las fórmulas, los diagnósticos, las propuestas y la variedad de acciones posibles. El cómo hacerlo parece ser la gran piedra en el camino.

Capital financiero: nadie quiere hablar de ello

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Ya olvidamos la cantidad de veces en las cuales, por diversos medios y en muchas circunstancias y durante demasiado tiempo, hemos hablado del pago de intereses de la deuda pública; un pago que lo consideramos verdadero crimen social, amén de obsceno, escandaloso y perverso.

Efectivamente, este tema es recurrente en nuestra acción práctica cotidiana de lo que denominamos como Sindicalismo Ciudadano.

Creemos que al asunto habría que darle un abordaje político de más amplio espectro. Es decir, que el pago de intereses de la deuda pública es parte de un entramado de relaciones de orden político-económico y al más alto nivel, del cual la y el ciudadano de a pie no tiene la más mínima noción.

Al convencernos de que el tema del pago diario de intereses de la deuda pública es apenas una parte de ese entramado, no encuentro mejor manera de definir a éste como el conjunto de relaciones en el seno del capital financiero nacional que, todos los días y desde diversos ámbitos y medios, ejerce un sobredimensionado poder en nuestra sociedad.

Según nuestro modesto entender, para entrarle al asunto, lo mínimo que se debe hacer es citar las nomenclaturas al interior de ese capital financiero (al menos, las principales), según la institucionalidad diseñada para su propio funcionamiento, su reproducción y su control político de la sociedad.

En este mismo espacio adelantamos algo al respecto en nuestro artículo de la semana, titulado El poder real necesita un poder civil que lo contrapese;de tal suerte que el concepto capital financiero, por una parte; y, por la otra, el concepto oligopolio, están íntimamente relacionados.

Es decir, que el capital financiero nacional opera en condiciones oligopólicas lo que le permite concentrar poder político sobredimensionado; que el mismo es intimidante, ejerce miedo, a los gobernantes y a los partidos políticos de turno en el Ejecutivo, incluido el actual. Ni qué decir de las diputaciones sucesivas en la Asamblea Legislativa.

Tal poder, por ejemplo, impide, bloquea, veta, transformaciones tributarias estructurales para que tengamos un sistema impositivo justo; o, para que se pueda recuperar, para el bien común, algunos puntos de los 8 PIB que, al año, se evaden debido a la gran corrupción del sistema tributario-administrativo nacional.

Diseccionar a lo interior del oligopólico capital financiero costarricense, nos obliga a poner en objetivo, para un análisis multi-factorial a entidades como éstas:

  • Asociación Bancaria Costarricense (ABC).
  • Cámara de Bancos de Instituciones Financieras de Costa Rica.
  • Cámara de Intermediarios Bursátiles y Afines.
  • Cámara de Emisores de Títulos Valores.
  • Cámara de Fondos de Inversión.
  • Asociación Costarricenses de Operadoras de Pensiones.

Por ejemplo, nos preguntamos: ¿es el poder político sobredimensionado del oligopólico capital financiero costarricense el que impide que se busque una reestructuración del pago diario de intereses de la deuda pública? ¡Por supuesto que sí!

¿Cómo se llaman cada una de las personas que forman los grupos dirigentes en cada una de las arriba mencionadas entidades? ¿Se repiten nombres? ¡Seguramente que sí!

¿Esas personas se han matriculado en campañas electorales, presidenciales y/o diputadiles, apostando a varias banderas partidarias para mantener el control político de la sociedad? ¡No lo dude!

En este momento en que escribo esto, viene a mi mente el nombre del señor Nogui Acosta Jaén, actual Ministro de Hacienda en el gobierno de Rodrigo Chaves Robles, pero que tuvo un cargo parecido, Viceministro de Hacienda, en el anterior de Carlos Alvarado Quesada.

¿Y qué tenemos con eso? Continuidad estratégica, de un gobierno a otro, en el manejo del pago de la deuda pública y su obsceno pago de intereses que tanto desvelo causa en el seno del oligopólico capital financiero costarricense.

Anhelo la conformación de un grupo de costarricenses que, con vocación patriótica real y sin finalidad electoral partidista, se dedicara con lupa cívica a auscultar las intimidades del oligopólico capital financiero costarricense y detectar los hilos que, de manera cotidiana, le permiten el control político real de nuestra sociedad actual, a fin de iniciar un histórico proceso cívico de transparentar la Democracia.

PAC: ¡ya pa’ qué!

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Nos enteramos, de casualidad que el, para muchísima gente de este país, extinto Partido Acción Ciudadana (PAC), celebró el pasado domingo día 23 de julio, la asamblea plenaria de lo que dieron en denominar “III Congreso Ciudadano”.

Al parecer, una mayoría de las presencias delegadas congresales, se preocuparon por dejar “constancia crítica” de las perversas leyes anti-obreras tramitadas en el gobierno PAC-Carlos Alvarado Quesada: la reforma fiscal y la de empleo público. “Olvidaron” la tercera: la anti-huelgas.

 Al parecer a los y a las congresistas PAC les dio un “mea culpa” pequeñito y calificaron que esas dos legislaciones (combo fiscal y empleo público), violentaron sus “principios partidarios” y que generaron “dolor” a sus integrantes y a sus aliados. Autocrítica debilucha y bien manchada de cinismo político.

 Mejor, pongamos los puntos sobre las íes y recordemos la realidad perversa del gobierno PAC-Alvarado Quesada, con Otón Solís Fallas como su “ideólogo” principal.

Ese nefasto período constitucional 2018-2022 fue, en realidad, un co-gobierno. Fue el Partido Liberación Nacional (PLN), el principal sostén político de Alvarado Quesada. La fracción legislativa PAC de entonces fue, tan solo, furgón de cola de Carlos Ricardo Benavides Jiménez, diputado liberacionista, líder de la más perversa cruzada ideológica anti-obrera de los últimos tiempos, que fue esa tríada de leyes neoliberales: 9635 (combo fiscal), 9808 (anti-huelgas) y 10.159 (empleo público). 

Y que no se “esconda” el Partido Unidad que, como escudero de los gobiernos de turno, fue pieza legislativa importante en ese período, con el innombrable Víctor Morales Mora.

La “violación” a los principios partidarios del PAC al ser co-gobierno (furgón de cola) con el Partido Liberación Nacional, el electorado se los cobró de manera impresionante, con ocasión de las elecciones de 2022: una votación de un ridículo 0.66% en la votación presidencial y no sacaron un solo diputado. Y, por cierto, también fueron castigados el PLN y el PUSC.

Otón Solís Fallas no desaprovechó la oportunidad para expresar, nuevamente, el odio que siempre ha manifestado en contra de las personas trabajadoras asalariadas del empleo público: lo que él siempre llamó “exceso en los privilegios que ostentan los empleados públicos”.

Su generalización, cargada de odio, sirvió para fundamentar y darle base a la más perversa campaña mediática jamás antes desplegada, ejecutada por el periodismo de odio, de agresión psicológica y de terrorismo ideológico, en contra de miles de familias del empleo estatal, de ingresos medios y bajos, hoy “castigadas” brutalmente con el congelamiento salarial total impuestos por esas leyes de las cuales el PAC afirma que “violaron” sus principios. Sinceramente, cinismo político al cubo.

La alianza anti-obrera del período constitucional 2018-2022 es uno de los episodios más nefastos, al menos para las mayorías populares y para los sectores medios, de la historia república costarricense de las últimas décadas.

Carlos Alvarado Quesada, Otón Solís Fallas, Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Yorleny León Marchena, Víctor Morales Mora, Silvia Hernández Sánchez, son las personas políticas de mayor visibilidad política en ese período 2018-2022, el del golpe parlamentario a la Constitución. Tienen pendiente un gran juicio histórico.

Se nos queda en el tintero, hablar del papel de las figuras líderes del periodismo de odio en ese período; curiosa y básicamente, denominadas por el actual gobernante, como prensa canalla. ¿Coincidencias en la divergencia?…

La Corte IDH y el sindicalismo (parte 2)

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario Genral ANEP

Ojo a esta palabra la cual vamos a escribir dividida en sílabas y la ponemos en mayúsculas: VIN-CU-LA-TO-RIEDAD. ¡Leyó usted bien!: Vinculatoriedad.

Al buscar el significado de la palabra-concepto vinculatoriedad, lo encontramos en el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico y dice textualmente: “Principio rector de la jurisdicción constitucional que dispone que las decisiones del Tribunal Constitucional y las interpretaciones que adoptan o hagan los tribunales internacionales en materia de derechos humanos constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”.

Este diccionario es un esfuerzo conjunto de la Real Academia Española, la Cumbre Judicial Iberoamericana y de la Asociación de Academias de la Lengua Española, por tanto, tiene una autoridad y una legitimidad incuestionable.

Nuestro país, nuestro Estado, nuestras instituciones están obligadas a observar la más estricta vinculatoriedad con relación a la Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte IDH, cuya sede está en nuestro propio país, acerca del Derecho a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de género.

Tan es así que el fundamento jurídico de la vinculatoriedad de todas las resoluciones de la Corte IDH en nuestro ordenamiento jurídico, se contempla en el artículo 27 de la Ley 6889, de 1981 (la ley que aprobó el acuerdo de la Sede de la Corte IDH en Costa Rica).

El citado artículo indica: “Las resoluciones de la Corte y, en su caso, de su Presidente, una vez comunicadas a las autoridades administrativas o judiciales correspondientes de la República, tendrán la misma fuerza ejecutivas y ejecutorias que las dictadas por los tribunales costarricenses.”

En la corriente sindical en la cual militamos, que es la de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se ha dado un giro estratégico en nuestro accionar cotidiano de defensa obrero-social, hacia el establecimiento de una relación, intrínsecamente estratégica, entre el fomento y el desarrollo de la organización sindical con la doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.).

Se está considerando ya no solamente la indicada Opinión Consultiva 27/21 de la Corte IDH, sino la amplia gama de tratados en la materia firmados por Costa Rica a lo largo de las últimas décadas; tratados que el país ha convertido en leyes de la República mediante la intervención de la Asamblea Legislativa y que han sido protocolizados, uno a uno, para que el país se someta a sus contenidos y dictados.

Por ejemplo, invocando las obligaciones-país con respecto a los Derechos Humanos y ese principio doctrinal de la vinculatoriedad, logramos que la Sala Constitucional acogiera para su estudio nuestras acciones de inconstitucionalidad contra leyes tan perversas como la No. 9808, conocido como ley anti-huelgas, así como la 10.159, la perversa Ley Marco de Empleo Público, de candente actualidad en estos momentos.

Por tanto, debe quedar claro que la doctrina de los Derechos Humanos y, en lo específico, la Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte IDH, acerca del Derecho a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de género, cobran vigencia estratégica de primerísimo orden en la acción sindical para estos tiempos de desigualdad, de exclusión económica, de empobrecimiento salarial, de persecución sindical y hasta de desempleo.

Escáneres, soberanía, APM y la presión internacional

Con gran pompa y teatralidad, bajo un nombre rimbombante, Operación Soberanía, el Presidente Chaves se presentó en Limón para la inauguración-instalación de dos escáneres, específicamente en el Puerto de Moín.

Y es que le tocó a él la parte más dura, más intensa, más conflictiva de la presión internacional a fin de que el país procediera con tal medida, habida cuenta de que la imagen exterior de Costa Rica había alcanzado ya, peligrosísimos niveles de deterioro porque se nos había conceptuado como el principal centro distribuir de cocaína de las Américas y de otros estupefacientes hacia, principalmente, los mercados europeos y norteamericanos.

Incluso, el país fue amenazado de que ya no se recibirían en terminales portuarias europeas más embarques de piña y de banano, si el puerto-narco en que se convirtió APM Terminals, seguía operando, cínica y descaradamente, en el trasiego de estupefacientes.

La presencia en el acto presidencial de las embajadoras de Estados Unidos y de España (Unión Europea), confirma que “el ya no aguantamos más”, que el ultimátum que Costa Rica recibió para que procediera a la instalación de los escáneres, llegó a un punto tal que superó a las fuerzas políticas internas que venían conspirando a lo largo de los últimos gobiernos para que no se instalaran esos escáneres.

Incluso, recordamos la fuerte gritería de las cámaras empresariales que objetaron el cobro de 25 dólares por furgón escaneado, alegando -como siempre lo hacen-, que “pobrecitos” los consumidores que tendrían que hacerse cargo de esa nueva carga en el precio final de los productos que pasan por esos puertos ahora “escaneados”.

Admitimos que Chaves habló de esto en campaña electoral y, por supuesto, ya empezó él la capitalización político-personal de semejante hazaña. Sería muy mezquino no reconocer el calibre de su decisión, pero el mérito no va a estar completo y podría ser, como dice nuestro pueblo, un “alegrón de burro”, sino se impulsa otro tipo de decisiones terremoteadoras conexas e integrales para liberar a Limón de la categoría de plaza mercantil de la coca, del crimen organizado y de la violencia criminal sin control.

Por ejemplo, ¿se quedará impune APM-Terminals? Si desde que le fueron entregados los puertos de Limón y de Moín, el trasiego de droga creció en un 1.300 por ciento, ¡sí!, un 1.300 % a juicio de los especialistas; ¿no es esto causa suficiente para iniciar un proceso de rescisión de contrato?

Con contundencia hay que plantearlo: es inmoral que el Estado llegue a hacerse cargo de un servicio de seguridad para el cual, presuntamente, la transnacional concesionaria lo presupuestó como parte de sus propios costos de operación.

¿Tendrá el Presidente Chaves las agallas suficientes para enfrentarse a la transnacional e indicarle a ésta que, al menos, deberá incrementar el aporte al canon que la paga a Japdeva dado que será ahora el propio Estado que da la seguridad estratégica en esos puertos que ella mismo no pudo y para lo cual se comprometió en el contrato de concesión?

Paralelamente, el Gobierno debe tomar la decisión estratégica de permitirle a Japdeva entrar a competir en el manejo de contenedores para lo cual sus técnicos y sus especialistas han argumentado, sólidamente, su capacidad para hacerlo.

Por otra parte, es evidente que deberán darle las mejores condiciones de salud ocupacional, de alimentación, de jornadas que no caigan en sobre-explotación laboral, de pago tiempo extra, al honorable personal de la Fuerza Pública que ha sido comisionado para hacerse cargo del combate al trasiego de droga en esos puertos, ante el fracaso estrepitoso de AMP-Terminals. Desde el plano sindical, tenemos una obligación moral de actuar, próximamente, en consecuencia.

 Esa Operación Soberanía en condiciones de precariedad salarial y ocupacional como vive en la actualidad el grueso del personal policial de la Fuerza Pública de Costa Rica, podría volverse vulnerable.

En el plano de la integración social y económica del pueblo trabajador limonense, a fin de reducir los crueles niveles de exclusión que vive, deben tomarse medidas.

Al respecto, la agenda de lucha del Bloque Cívico Social Limonense debe ser abordada con seriedad y sin el más mínimo contenido de burla y de demagogia. Esa agenda, tiene el apoyo de la corriente sindical en la cual militamos, la cual, está procediendo a impulsar un agrupamiento civil bajo nuestra sigla que sume su aporte a la necesaria reivindicación plena del pueblo de Limón.

 Habrá que estar más activos que nunca en lo que respecta a la fiscalización civil en el sentido de que el rimbombante anuncio presidencial de la Operación Soberanía, llegue a cumplirse en un ciento por ciento de la oleada de escáneres que se dicen serán instalados por todos los puestos fronterizos del país.

Como corriente sindical que llevamos mucho tiempo planteando este estratégico asunto, nos consideramos con suficiente autoridad moral para realizar nuestra fiscalización sindical con perspectiva ciudadana