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Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Una oportunidad histórica para el desarrollo de la Democracia en lo que respecta al mundo laboral organizado de la clase trabajadora, tanto pública como privada, lo representa la Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte IDH, cuya sede está en nuestro propio país, acerca del Derecho a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de género.

Emitida por la Corte IDH el 5 de mayo de 2021, la Opinión Consultiva OC-27/21 tiene para nuestro país una vinculatoriedad imposible de soslayar dada la naturaleza histórica de los compromisos de Costa Rica para con la Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.) y los correspondientes tratados que se han suscrito en la materia, que se han ratificado por parte de la Asamblea Legislativa y que por disposiciones de la Constitución Política tienen potencia jurídica superior a las leyes ordinarias.

Para que tenga usted una idea del calibre obligante para el país de esta histórica decisión de la Corte IDH, póngase a pensar que el establecimiento en el país del matrimonio igualitario, el matrimonio civil entre personas del mismo sexo fue, también, producto de una Opinión Consultiva de este Máximo Tribunal de los Derechos Humanos en el Continente Americano, que es la Corte IDH.

Esta Opinión Consultiva OC 27/21 de la Corte IDH llega para quedarse, definitivamente, insertada en el sistema jurídico costarricense el cual tendrá, sí o sí, que hacer las adaptaciones y modificaciones que correspondan para ajustarse en esos contenidos estratégicos de la Democracia para que ésta llegue a plenitud al mundo del trabajo asalariado costarricense.

Establece la Corte IDH que quien se dedique en el día a día a la actividad sindical cotidiana, abogando por los derechos laborales y económico-sociales de sus iguales de clase en todo tipo de centros de trabajo, públicos o privados, deben ser considerados como personas defensoras de Derechos Humanos. Y, por tanto, las autoridades político-ejecutivas del país deben brindarles no solamente las facilidades para su actividad sino para garantizarles protección al respecto.

Por otra parte, la Asamblea Legislativa de Costa Rica debe proceder a derogar/modificar la perversa ley anti-huelgas, No. 9808, impuesta por el co-gobierno 2018-2022 de los partidos Liberación, Unidad y el hoy extinto PAC con el non-grato Carlos Alvarado Quesada, a la cabeza.

La Negociación Colectiva, mediante el establecimiento de las Convenciones Colectivas de Trabajo, al adquirir la categoría de Derecho Humano Fundamental, van a adquirir un protagonismo fortísimo en el establecimiento de condiciones plenas de trabajo decente; y, por ejemplo, a nivel del sector Público, dejarán en total obsolescencia las antidemocráticas regulaciones impuestas en la perversa Ley Marco de Empleo Público, hoy cuestionada sólidamente en la propia Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Hoy, que las conciencias democráticas costarricenses estamos celebrando el retorno de Diario Extra; las conciencias democráticas del mundo obrero-social nos sentimos esperanzadas ante los alcances y la profundidad de la Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte IDH para un potenciamiento de la actividad sindical al instituirse que la misma es una lucha por los Derechos Humanos.

En los últimos días, la pretensión obsesiva de “los Rodrigo”: Rodrigo Arias Sánchez (Presidente de la Asamblea Legislativa) y Rodrigo Chaves Robles (Presidente de la República), para imponer a como dé lugar, el más que desacreditado proyecto de ley conocido como las Jornadas 4×3; ha llegado a niveles irracionales que solamente merecen el calificativo de que se trata de un afán enfermizo-explotador.

En los últimos días, varias entidades con autoridad moral y propiedad ética para referirse a este proyecto, han emitido criterios y pronunciamientos que resultan imposibles de no reparar en los mismos. Solamente, repetimos, una pretensión obsesiva y un afán enfermizo-explotador, está explicando el alto desgaste político que están sufriendo de “los Rodrigo” en imponerle a la clase trabajadora esa legislación.

Impresionante resulta el criterio de los señores obispos integrantes de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), que manifiestan que las jornadas de 12 horas no solamente van a precarizar el trabajo, sino que, igual de grave, van a minar las bases de la familia. Y, destacan la naturaleza central del proyecto al afirmar lo siguiente: “el valor principal que tendrían para el sector empleador las jornadas laborales extendidas radica en la disminución del costo salarial de lo que hasta ahora legalmente se consideran horas extras”. ¡Exacto! El afán enfermizo-explotador del proyecto jornadas 4×3 lo tiene muy bien claro el obispado católico costarricense.

Categórico fue el pronunciamiento de la Defensoría de los y de las Habitantes de la República: ¡este proyecto es un retroceso en los derechos laborales! Y, en la misma línea que la CECOR, Jornadas 4×3 lo que busca es “transformar una jornada extraordinaria en ordinaria, siendo que las principales beneficiadas serían las empresas porque no incurrirían en el pago de las hornas extras a las personas trabajadoras”.

Dice la Defensoría que el proyecto Jornadas 4×3 ya no solamente significa un retroceso en los derechos laborales, sino que, más grave todavía, violenta el principio de progresividad de los Derechos Humanos.

Adicionalmente, el pronunciamiento de la Defensoría nos orienta para desenmascarar la supuesta “voluntariedad” que tendría la persona trabajadora de aceptar o de rechazar someterse a la imposición patronal de la jornada 4×3 una vez aprobada. No hay tal “voluntariedad” y certifica que, en nuestro criterio, es ésta la parte más demagógica, más tramposa y más engañosa del proyecto.

Otro criterio en contra de este anti-obrero proyecto de ley, por demás contrario a los Derechos Humanos, lo expresó una entidad civil sumamente autorizada para fundamentar lo pernicioso del mismo: el Colegio de Profesionales en Psicología señala que las jornadas extendidas afectan la salud de las personas trabajadoras sometidas a las mismas.

Este colegio profesional indica que jornadas más largas aumentan riesgo de enfermedades cardiovasculares y cerebro vasculares, mayor depresión y ansiedad, estrés psicológico, consumo de alcohol, e inactividad física, disminución de las horas y calidad del sueño, accidentes y lesiones laborales. Casi que podemos afirmar que el proyecto Jornadas 4 x 3 “mata” paulatinamente.

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

¿Cuáles serán los rostros, las caras de las personas que, de seguro, ostentan gran riqueza y poder económico que mueven los hilos, cual titiriteros, de esos señores diputados y de esas señoras diputadas que haciendo “gala” de una enfermiza obstinación, insisten a rajatabla en la aprobación del proyecto de ley que violenta la sagrada jornada laboral de 8 horas para imponer la que denominan 4 x 3 con el fin, único y exclusivo, de eliminar el pago de horas extra trabajadas para así incrementar la explotación obrera?

Habrá que esperar a la votación del caso para identificar, con toda claridad, esas personas diputadas que ingresarán con enorme deshonor a las páginas de la historia del anti-obrerismo costarricense; aunque ya hay dos suficientemente claras para señalarlas con el dedo acusador de la clase trabajadora: Rodrigo Arias Sánchez y Pilar Cisneros Gallo.

Ese proyecto de jornadas 4 X 3, prácticamente, carece de legitimidad real. Es decir, extra-muros parlamentarios la práctica totalidad de las diversas corrientes sindicales han manifestado su rotunda oposición. A nivel del sector agropecuario, las principales entidades del mismo, dieron a conocer su rechazo total. Al considerar que estas organizaciones juegan un importante papel en la democracia costarricense por las amplias bases sociales que representan, las citamos de seguido: Corporación Hortícola Nacional (CHN), Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPA Nacional), Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses (UNAG) y Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV).

Acaba de hacerse público que tres ciudadanos costarricenses con trayectoria amplia en el acontecer sociopolítico nacional, se pronunciaron en contra: don Manuel Mora Salas, don Rafael Ángel Calderón Fournier y don José María Figueres Olsen, estos dos últimos expresidentes de la República, se pronunciaron contra ese mamotreto de proyecto de jornadas 4 X 3.

Los tres son hijos de relevantes personajes de la historia costarricense, los cuales, de un modo u otro, tuvieron un distinguido papel en la gestación, preservación y ampliación de lo que todavía conocemos como Estado Social de Derecho: Manuel Mora Valverde, Rafal Ángel Calderón Guardia y José Figueres Ferrer.

Decidieron en la Asamblea Legislativa la comparecencia de importantes entidades que defienden derechos de las mujeres, lo cual hicieron a “regañadientes”. Tenemos la certeza de que serán contundentes en que este proyecto golpeará a las mujeres trabajadoras asalariadas, de manera sumamente cruel.

Es importante que sepamos de los argumentos que darán estas agrupaciones: Mujeres en Acción, Foro de las Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica, Mujeres por Costa Rica y la Alianza de Mujeres Costarricenses.

Como se podrá notar, la base civil, social y laboral y hasta ciertos niveles políticos relevantes, repudian el proyecto de jornadas 4 X 3. Quienes lo defienden como “los Rodrigo” y doña Pilar no muestran algo parecido; es más, ni siquiera han dado el nombre de una sola de las supuestas empresas que “hacen fila” para invertir en el país si tan perversa legislación se concretara. Por cierto, recordamos que de suceder vamos a cuestionarla en Sala Constitucional.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

¡Otra vez los recortes presupuestarios “triple i”: irreflexivos, irresponsables e irracionales! ¡Sí! En otras ocasiones hemos tocado este punto pues hay un contenido ideológico fundamental que se mantiene a lo largo de los últimos gobiernos del PLUSC-PAC y en este también: primero, el pago de los intereses abusivos, criminales (socialmente hablando) y obscenos de la deuda pública por sobre cualquier otra necesidad de intervención de la política pública; y, como corolario, la aplicación salvaje de los recortes presupuestarios “triple i”: irreflexivos, irresponsables e irracionales.

Al menos, ya están visibles dos recortes “triple i” que están provocando condena, preocupación y rechazo: el de los 4 mil millones de colones que ataca uno de los emblemas más relevantes de la cultura nacional: la Orquesta Sinfónica Nacional; y, el de los 2.350 millones de colones en contra de la estabilidad financiera, ya precaria, por cierto, del sistema de parques nacionales y áreas silvestres protegidas.

Relevante es destacar, además, lo que al respecto le está sucediendo y le pasará a otro emblema de la cultura nacional: el Archivo Nacional. Y ya tenemos señales de alarma en lo que respecta a una entidad pública que, con solamente citar su nombre, ustedes supondrán la naturaleza de su rol estratégico actual para nuestra convivencia social: hablamos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), el cual será azotado por el recortismo presupuestario extremista “triple i”.

Estamos en la tarea cívica de gran responsabilidad social que es determinar otros programas sujetos a esta especie de exterminio paulatino para, al menos, denunciarlos ante la opinión pública y, especialmente, ante los segmentos ciudadanos directamente afectados por estos extremismos fiscalistas de corte fundamentalista neoliberal. En ambos casos estamos hablando de sectores de la política pública costarricense de los cuales el país se ha venido ufanando ante el mundo: la cultura y la ecología; pretendiendo ver una imagen de una Costa Rica que sabemos, lamentablemente, no existe más.
Y, en lo que respecta al tema del crimen organizado, del narcotráfico, de la droga, esa política del recortismo presupuestario extremista “triple i” ha dañado la imagen internacional del país de una manera muy fuerte, dado que estamos mostrando ante el mundo perfiles de “Estado fallido”.

Estos recortes presupuestarios “triple i”, necesariamente nos llevan a volver a la denuncia política de la catastrófica política macroeconómica fiscal-tributaria de los gobiernos de los últimos gobiernos de los partidos Liberación, Unidad y PAC, esencialmente.

Esos gobiernos toleraron, fortalecieron, promovieron, se hicieron de la vista gorda del desastroso sistema tributario que, injusto y corrupto, obligó a un endeudamiento público infernal que impone ese pago diario de intereses, lo cual está fulminando una gran cantidad de programas de política pública de gran necesidad para miles de compatriotas, pues determina, de una manera draconiana, esos recortes presupuestarios extremistas “triple i”: irreflexivos, irresponsables e irracionales.

Y con relación al actual Gobierno, ¿qué? Si bien es cierto se encontró con ese escenario fiscal infernal, no está proponiendo nada radicalmente distinto que indicase un cambio de rumbo en esa perversa lógica fiscal-tributaria, que incluye esa política del recortismo presupuestario extremista “triple i”, pues su prioridad ideológica es el pago abusivo y socialmente criminal de los intereses de la deuda pública, tanto como lo fue en los gobiernos del PLUSC-PAC. Su promesa electoral con relación del tema del pago de intereses de la deuda pública sigue siendo eso: promesa.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

¿Cómo se conquistó en Costa Rica la jornada de 8 horas? Hace unos días, el reconocido y prestigioso historiador nacional, don Vladimir de la Cruz de Lemos, hizo circular en redes sociales un oportuno e interesante comentario acerca de cómo fue que en nuestro país se adoptó la histórica jornada de 8 horas:

“En Costa Rica la movilización obrera, cada 1 de mayo, se empezó a realizar, desde entonces, en 1913 y, la jornada de 8 horas diarias se aprobó, como resultado de luchas y huelgas que se dieron en 1920, cuando a finales de enero se inició esta lucha en trabajadores del sector público, que se generalizó a otras actividades laborales, y en diciembre de 1920, el Presidente Julio Acosta García, mediante un Decreto reconoció el derecho de organización sindical, el derecho de huelga y el establecimiento de la jornada de trabajo en 8 horas diarias, junto con un aumento de salarios”.

¡Nada le ha sido regalado a la clase trabajadora! Ni a nivel mundial ni a nivel nacional. Sangre, sudor y lágrimas ha habido para que tengamos, como derecho sagrado, la jornada de 8 horas; desde que el movimiento obrero internacional y, particularmente, el estadounidense, inició esta gran cruzada de humanización del trabajo, en 1886.

La autorizada voz de don Vladimir nos refresca la memoria acerca de lo que pasó en nuestro país cuando se logró la jornada de 8 horas: a) fue en 1920; b) en el gobierno del Presidente don Julio Acosta García; c) mediante la presión organizada, incluso mediando la huelga; d) impulsada esta lucha por clase trabajadora empleada pública; y e) esa lucha generó, además, el reconocimiento de la organización sindical, el derecho de huelga y hasta un aumento de salarios.

Así que, señorones del capital, ¡con nosotros no cuenten! No vamos a ser cómplices de este nuevo asalto a la Constitución Política de 1949, pues la jornada de 8 horas está incluida como derecho pétreo en nuestra Carta Magna; no vamos a entregarla, prácticamente, piedra angular del Código de Trabajo que la incluyó, en medio de las grandes jornadas de movilización obrera y social en la primera mitad de la década de los años 40 del pasado siglo XX; no vamos a avalar derogatorias flagrantes que tenemos como país en este sentido, de la jornada de 8 horas, con relación a compromisos jurídicos de alcance mundial, como el Convenio No. 1 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como los diversos tratados de Derechos Humanos que, como Estado-Parte de los mismos, hemos jurado respetar, aplicar y someternos a sus dictados. Algunas personas, cuya buena intención recocemos, plantean que se derogue la jornada de 8 horas para que se aplique la jornada 4×3 solamente en zonas francas. ¡Por Dios Santo!

Algunos de esos esos señorones del capital han venido abusando, usurpando y desnaturalizando lo que, en principio, fue el objetivo estratégico de las zonas francas: atracción de intervención extranjera. Han venido trasladando sus consorcios de negocios a tal régimen, para evadir el pago de impuestos. Hasta una denuncia penal al respecto está planteada ante el Ministerio Público por ello. 

El objetivo fundamental de este proyecto de Jornada 4×3 es eliminar el pago de horas extra. Punto. Ya nadie engaña a nadie.

Finalmente, la responsabilidad política fundamental a nivel parlamentario es la del PLN. Doña Laura Chinchilla Miranda dice que en el Parlamento la verdadera oposición es el Frente Amplio. ¡Cierto! El PLN ha renunciado a ello pese a algunas voces socialdemócratamente consecuentes. Viene la prueba de fuego: Si les dan a los votos a Chaves Robles para “su” proyecto jornadas 4×3, se hundirán sin remedio.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Pocos días antes de que tomara posesión del cargo presidencial el señor Rodrigo Chaves Robles, recibió una carta de la corriente sindical en la cual militamos. En ese documento, y entre otras temáticas, abordamos el tema de la política salarial y su relación con la reactivación económica para el mercado interno. Nunca recibimos respuesta (la verdad es que nunca creímos que la daría).

En ese documento (disponible en www.anep.cr), indicamos la urgencia de que esa reactivación económica con énfasis en el mercado interno, pase por una revaloración integral del salario mínimo; comprendiendo que esto es de urgente definición e implementación para ampliar su poder de compra, para aportar en la reducción del crecimiento de la desigualdad y para evitar la precariedad salarial que no posibilita salir de la pobreza.

Los gobiernos de los últimos tiempos, por supuesto, no han considerado para nada un cambio estructural de la política salarial, especialmente, la del salario mínimo, para vincularla con una línea de mejoramiento de la distribución del ingreso. Suele hacerse bulla con relación a cifras de crecimiento, pero en las esferas del poder político, tanto el real como el formal, aumentar la capacidad adquisitiva del salario mínimo es un tema tabú.

Leímos la siguiente frase en la publicación digital El Banco Mundial en Costa Rica: “Un sólido desempeño económico en 2021 y la disciplina del gasto permitieron una consolidación fiscal más rápida de lo esperado y permitieron una mejora en los resultados sociales y en el mercado laboral. El Producto Interno Bruto (PIB) se recuperó un 7,8 por ciento en 2021 después de la mayor caída en cuatro décadas en 2020”. (https://www.bancomundial.org/es/country/costarica/overview#:~:text=El%20Producto%20Interno%20Bruto%20(PIB,en%20cuatro%20d%C3%A9cadas%20en%202020).

Ni siquiera reportes de este calibre, mueven a una discusión de fondo sobre el tema de la política salarial en cuanto a salario mínimo, y la conexión de la misma con redistribución de la riqueza y de la reducción de las desigualdades.

En estos momentos la Asamblea Legislativa está “ardiendo” por la discusión de un proyecto de ley que, en nuestro criterio, apunta en la dirección incorrecta: más precarización salarial, más explotación de la fuerza obrera, menor aporte patronal a la seguridad social, más discriminación laboral por género, menos productividad, más deterioro de la salud ocupacional y más autoritarismo en la relación capital-trabajo. Hablamos de la jornada 4×3.

La modificación a, si se quiere, la máxima conquista de la clase obrera internacional, la jornada de las 8 horas, nos lleva a repudiar un abordaje tan parcial de lo que es el empobrecimiento de la fuerza asalariada que está sujeta a la “dictadura” del salario mínimo.

Aparte de haber ya planteado nuestra contundente oposición a la traición al legado histórico-obrero, conquistado a sangre y fuego, que significa modificar la jornada de 8 horas; valga la ocasión para señalar que cualquier intento partidista por apegarse a los valores de la socialdemocracia clásica de justicia social, no solamente implican la defensa de tal legado, sino que obligan a reflexionar sobre y corregir el estado de postración y de precariedad sociolaboral y familiar a la que ha estado sometido la clase trabajadora dependiente del salario mínimo.

Y digo “cualquier intento partidista”, sin referirme a ninguna colectividad política en particular, pues creemos que la Socialdemocracia, especialmente la clásica, hoy está más huérfana que nunca en este país.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

A 110 años de tan sublime ocasión, si pensamos que fue en 1913 la vez primera que en nuestra patria se conmemoró la gesta histórica del Primero de Mayo, nos juntamos, una gran diversidad organizacional y sectorial, este pasado lunes en el Parque La Merced, en el marco de una Costa Rica prácticamente irreconocible: totalmente desigual con grandes sectores excluidos, de manera radical, de los beneficios del crecimiento económico.

Nos encontró el Primero de Mayo con una Costa Rica que convirtió a la concentración de la riqueza en su problema número uno por la preservación de un sistema tributario injusto y corrupto.
Llegó el Primero de Mayo y encontró a la clase trabajadora asalariada (pública y privada), con salarios congelados y precarizados, altísimamente endeuda y con severos problemas de liquidez; además, con un sector agropecuario nacional a punto de su liquidación y extinción total.

Este Primero de Mayo de 2023 nos muestra un centro de poder real constituido por una escandalosa colusión de intereses públicos y privados, formadora de una élite banquero-financiera controladora de los poderes públicos. También, este Primero de Mayo nos encontró con un endeudamiento público colosal y su correspondiente y más que obsceno pago de intereses que desequilibra los programas de bienestar y asistencia social.

Llegó este Primero de Mayo y constatamos que la violencia criminal y delincuencial y su parte más descarnada, el ilegal negocio organizado del tráfico de drogas, sigue poniendo en jaque a la propia institucionalidad republicana con su sostenido proceso de infiltración, que ya no solamente abarca los Poderes Ejecutivo y Legislativo, sino también al Judicial.

Conmemoramos este Primero de Mayo y, nuevamente, hemos sido testigos de un nuevo y perverso ataque artero a la misma democracia: los pactos políticos “de los de arriba”; los cuales siguen vulnerando la confianza de la ciudadanía trabajadora en sus gobernantes y asoma, con toda crueldad, el carácter de una nueva estafa política.

La vieja y la “nueva” clase gobernante con la repudiable práctica del pacto y de la componenda, asesta un nuevo golpe a la moral obrera y ciudadana: El Pacto de los Rodrigo en contra de un pilar hasta hoy sagrado de las conquistas obreras universales y nacionales, la jornada de 8 horas. Cruzaron la línea para abrir la ofensiva del capital neoliberal en contra de la esencia misma del Estado Social de Derecho y varias de sus instituciones legales, sociales y republicanas más emblemáticas, como la propia Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

No podía darse una más macabra respuesta político-patronal por mayor justicia obrera y social que esta: que se dé en el marco de la conmemoración histórica del Primero de Mayo la decisión del ataque a la más que sagrada conquista de las 8 horas.

Hoy más que nunca está más que transparente el desafío de los sectores sociales, laborales, cívicos y patrióticos: construir una gran unidad, al menos, en la acción.

Hoy en día, hay muchas más razones para la unidad y esa gente, “los y las de arriba”, nos las viene indicando con su accionar de los últimos tiempos. Al respecto, es alentador: este Primero de Mayo nos encontró pensando en que es más lo que nos une que lo que nos separa.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

¡Y llegó el Primero de Mayo! Este próximo lunes, en el Parque La Merced, participaremos de la más sagrada conmemoración obrero-social de la clase trabajadora mundial: el Primero de Mayo. De seguido, como marchante le quiero compartir lo que consideramos es la más relevante motivación para participar, en nuestro propio criterio. 

Es esta: “Con base en nuestras propias evaluaciones… el mayor problema que reviste la Costa Rica actual, es la brutal concentración del ingreso que se viene generando año tras año…”. Así lo consignamos en el documento que la corriente sindical en la cual militamos preparó con motivo de una nueva visita de los ‘mega-supervisores financieros’ de la economía costarricense”: la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Además, le indicamos: “…el coeficiente de Gini, antes de impuestos y después de impuestos, no muestra cambio significativo y está en ascenso anualmente, debido a que la fiscalidad está enfocada en las pymes y en los trabajadores y en las trabajadoras, únicamente. Al respecto, Costa Rica muestra el Índice de Gini más alto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”. El Coeficiente de Gini es el método más adecuado para medir la desigualdad de ingresos y la riqueza: puede tener valores entre 0 y 1; entre más cerca del 0 (cero), este un país, menor será la desigualdad que sufre. En Costa Rica, nos vamos acercando al 1 porque la desigualdad es brutal.

Esa gran desigualdad, que hoy está amenazando la paz social y la propia estabilidad democrática del país, tiene una poderosa explicación dada la persistencia de un sistema tributario altamente corrupto y completamente injusto. Sobre esto, a FMI le indicamos como ejemplo, lo siguiente: “…el Régimen de Zonas Francas se está utilizando como un mecanismo de erosión de la base tributaria, ya que se permite que empresas que siempre ha sido parte del régimen tributario definitivo, se trasladen a ese régimen especial, con solo cambiar de personería jurídica; sin que el país aumente la inversión o el empleo, pero sí que se genere una caída importante en la tributación y la consecuente competencia desleal para las empresas pymes que producen los mismos bienes desde el régimen definitivo”.

Le denunciamos al FMI, entre otros aspectos que dan sustento a ese perverso sistema tributario que “… el oligopólico e ineficiente mercado financiero hace que los y las costarricenses y el Estado, paguen tasas de interés promedio y comisiones muy por encima de países con un nivel de desarrollo semejante, consecuencia de un mercado financiero altamente oligopólico y colusionado, el cual tiene demasiados mecanismos comunicantes, expresamente ideados para coordinar acciones y estrategias que han imperado libremente, pero que eliminan tácitamente la competencia. Sólo veamos unos ejemplos de los mecanismos de articulación: Asociación Bancaria Costarricense (ABC), Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica, Cámara de Intermediarios Bursátiles y Afines, Cámara de Emisores de Títulos Valores, Cámara de Fondos de Inversión, Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones, entre otras”.

Contra el congelamiento salarial: A nivel del sector Público, el 2023 representa el cuarto año consecutivo de un congelamiento salarial total para la abrumadora mayoría de quienes prestan sus servicios al Estado. A esta parte de la clase trabajadora asalariada, la hegemonía dominante la responsabilizó del desastre de las finanzas públicas del país, lo cual nunca fue real, tan sólo sirvió para desprestigiar la función pública. Uno pensaría que esta es una gran motivación para participar en la marcha obrero-social del Primero de Mayo y de esta manera, mandar un fuerte mensaje colectivo de repudio a las leyes anti-obreras que se han venido imponiendo contra el bien común de las familias asalariadas estatales.

El salario mínimo, el cual se aplica en el sector privado de la economía requiere, al menos, de dos modificaciones fundamentales: que se vuelva al sistema de revisión y reajuste por costo de vida, dos veces al año, cada semestre. Estuvo vigente la fijación semestral hasta que en el nefasto gobierno PAC-Alvarado, se impuso el sistema de una única fijación por año, en el mes de octubre. Por supuesto que esto agravó la recuperación del deterioro del poder de compra del salario mínimo.

La otra modificación fundamental que requiere el salario mínimo es una redefinición de su cuantía, de conformidad con el elevado costo de la vida que tiene el país; y, a partir de esa nueva cuantía seguir con los reajustes por costo de vida cada semestre. Es bien sabido que, por la vía de salarios justos y dignos, se mejora la distribución de la riqueza y se ayuda a atajar-desacelerar el crecimiento de la desigualdad.

Hay otra parte de la clase trabajadora que está sufriendo demasiado: la que no tiene empleo y/o la que tiene que jugársela, a diario, en la informalidad/en el cuenta-propismo, o como gusta denominarse en el lenguaje oficial, trabajo independiente. Sin exageración, asumida de manera conjunta, se puede afirmar que está ya en un porcentaje tan alto como decir que es la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA) del país.

Todas estas modalidades de la población trabajadora del país (incluyendo en ella la migrante), tienen un denominador común: para su salud y la de sus respectivas familias, dependen de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), modelo de servicio público de salud único en el mundo.

Es categórica la afirmación de que, a nivel de toda la clase trabajadora, la Caja significa la vida misma; o, el pueblo trabajador no sabe lo que es vivir sin ella. Tiene ya 83 años de fundada y está viviendo, en nuestro criterio, el momento más difícil de toda su historia. Salir a defenderla, a luchar contra sus poderosos enemigos (internos y externos), es un tarea obrero-social de primer nivel para la actual generación de personas trabajadoras. Por eso es que creemos que esto es fuerte estímulo para demostrarle a la clase hegemónicamente dominante, mediante la marcha del Primero de Mayo nuestra gran disposición de defenderla.

Nunca como antes el mundo que nos tocó vivir es la etapa más desigualdad de la historia de la Humanidad. Personas y entidades prestigiosas, de las más diversas nacionalidades así lo plantean. Esta monstruosidad no termina de impactarnos cada vez que la leemos en las más diversas publicaciones que tratan el tema de la desigualdad: el 1% de los seres humanos (un puñado de personas, sobre todo hombres), tienen tanta riqueza acumulada como la tiene, el 99% restante de la población del planeta, sumada toda junta.