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Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

¡Es una trampa! Así catalogamos la insistencia tiránica del Gobierno mediando el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), de imponer en el sistema laboral de las municipalidades costarricenses, el denominado salario global.

Es una trampa por cuanto se está “endulzando” a la población trabajadora del Régimen Municipal de Costa Rica, con el espejismo de un “incremento” en el nivel salarial base, supuestamente a partir de la entrada en vigencia del salario global; sin advertirles, sin hablarles con toda claridad y transparencia, acerca del vínculo de ese salario global con la evolución de la relación entre el monto porcentual de la deuda pública del país con relación al Producto Interno Bruto (PIB).

La municipalidad que adoptase para su respectivo cuerpo laboral el salario global, expone al mismo a la desaparición, prácticamente absoluta, de la negociación salarial semestral por costo de vida; pues se está haciendo una renuncia tácita y explícita a la histórica política de diálogo obrero-patronal en el nivel municipal con relación a las remuneraciones salariales.

Mideplan, con tan nefasto propósito, tiene el respaldo, lamentable, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), entidad que abjuró de su compromiso ético y jurídico-político de luchar por el fortalecimiento del régimen municipal costarricense; el cual, hoy por hoy, está atravesando el momento más crítico de toda su historia republicana.

Si el sistema del salario global se instaura y consolida en una municipalidad, en ésta habrá nuevos reajustes por costo de vida hasta que la deuda pública con relación al PIB esté por debajo del 60%; esto, por una parte.

Y, por la otra, si así sucediera, cada municipalidad deberá esperar a que el Gobierno Central (Hacienda-Mideplan), establezca, mediante decreto, el monto de ese reajuste por costo de vida.

¿Cuántos años han de pasar para que tengamos un nivel deuda-PIB menor a 60%? Y mientras tanto, el costo de la vida seguirá variando de semestre en semestre, pero hacia arriba, siempre, en detrimento del poder de compra del salario.

Es decir, ni el concejo, ni la alcaldía, ni el sindicato de una municipalidad con salario global, tendrá ni la más mínima oportunidad de negociar un reajuste propio, particular, por costo de vida. ¿Notaron en qué consiste la trampa del salario global?

Por el contrario, hay alternativa y sumamente sólida, jurídicamente hablando, para evitar la trampa del salario global.

Efectivamente, sin salirse de la legalidad, en cada municipalidad, mediando el diálogo social interpartes (concejo-alcaldía-sindicato), cada gobierno local puede definir su propia política salarial apelando a dos instrumentos jurídicos sumamente poderosos y sólidos que no pueden ser puestos en duda, por más radicalismo extremista-neoliberal que exhiba Mideplan.

Al apelar a fallos constitucionales emitidos por la propia Sala Cuarta, por una parte; y, por otra, con base en la Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la municipalidad que decida ir por este camino, no solamente se podrá continuar el salario compuesto, sino que pueden permanecer o establecer nuevos rubros salariales-sobresueldos en el entre tanto éstos correspondan a un empleo racional de los fondos públicos.

Y, por supuesto, la misma doctrina de los Derechos Humanos y la serie de tratados en la materia ratificados por Costa Rica, fortalecen el transitar por ese camino alterno al de la tiranía del salario global. 

Es más, a otros niveles de la institucionalidad pública del país, que no es la de las municipalidades, su respectivo personal trabajador también puede acudir a la vía alterna, legalmente sólida, que estamos recomendando para el personal trabajador de los gobiernos locales.

El devenir correcto de nuestro sistema republicano-institucional debe comprender el fortalecimiento de los gobiernos locales. La Municipalidad es el gobierno más cercano a la ciudadanía, a las personas, a la gente.

La intrusión del Mideplan en la política de empleo y de salarios de las municipalidades es solamente la avanzadilla hacia el control hacendario del Gobierno Central de las finanzas-presupuestos de los gobiernos locales. Es un primer paso para que éstos, finalmente, queden sin autonomía de ninguna especie.

Finalmente, debemos ser enfáticos en insistir en que la perversa Ley Marco de Empleo Público, No. 10.159, con su no menos perverso concepto de salario global, representa un severo retroceso en materia de derechos laborales, económicos y sociales; sino que, en cuanto a los Derechos Humanos (DD.HH.) y la serie de tratados firmados por nuestro país, dentro de los cuales está el principio estratégico-fundamental de la vinculatoriedad; el cual, por ejemplo, nos obliga para con los contenidos de la Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte IDH.

– Los trabajadores con deudas vienen soportando con impotencia el asfixiante aumento de sus cuotas por créditos por el aumento de las tasas de interés, y ya es hora de dejarlos respirar.

Por: Msc. David Esteban Estrada Zeledón, Abogado sindical

La tasa de política monetaria es la tasa de interés que establece el banco central de un país para regular la oferta monetaria y controlar la inflación.  Cuando el Banco Central aumenta la tasa de política monetaria, esto significa que se está haciendo más costoso pedir prestado dinero, ya que los bancos comerciales tendrán que pagar más interés al Banco Central para obtener fondos. Por lo que los bancos comerciales aumentan las tasas de interés que cobran a los prestatarios.

Esto quiere decir, cuando el banco central sube la tasa de política monetaria, los préstamos y las tarjetas de crédito se vuelven más caros, lo que significa que los deudores tienen que pagar más intereses sobre sus préstamos y deudas; y al contrario, cuando ésta baja, los deudores tendrán que pagar menos intereses sobre aquellos créditos.

En Diciembre del 2021 teníamos una tasa política monetaria del 0.75%, y desde ahí el Banco Central comenzó a aumentarla gradualmente para combatir la inflación, con aumentos especialmente más agresivos en Abril y en Junio del 2022 que llevaron la tasa hasta 7.5% en ese mes. Pero ese no fue el fin de los aumentos, ya que en Setiembre 2022 la tasa alcanza el 8.5% y en Noviembre se llega hasta el 9%, un nivel que no se veía desde Agosto del 2010, cuando todavía se afrontaban los efectos de la crisis económica mundial, llamada “de las hipotecas” en el año 2008.

Durante todo este tiempo, los trabajadores con deudas han tenido que soportar con impotencia el asfixiante aumento de sus cuotas por créditos, ya que desde que empezó a subir la tasa de política monetaria para los bancos, éstos han tenido que aumentar respectivamente la tasa básica pasiva que regula los créditos con sus clientes.

¿Y han servido estas medidas para contrarrestar la inflación? Según datos del Banco Central, las tasas de variación interanual máximas pasaron de entre 12,1% y 7,0% en Agosto del 2022, a entre 5,6% y 4,8% el pasado Febrero. En otras palabras, si, la inflación ha bajado.

Entonces el pasado 15 de Marzo de 2023, el Banco Central decide que se puede volver a bajar la tasa de política monetaria, pero la fijaron en un 8.5%, el mismo nivel que se tenía en Setiembre de 2022. Tasa que se mantendría por lo menos hasta el mes de Abril.

¿Será que esta reducción es acorde al nivel de inflación que se está manejando ahora? En un momento económico donde la inflación y el dólar siguen a la baja; y los empresarios amenazan con verse obligados a despedir más de mil personas, pareciera que una tasa de política monetaria tan alta podría mas bien ser perjudicial para muchos.

Ya es hora de exigirle al Banco Central un respiro para la clase trabajadora deudora, es hora de que bajen la tasa de política monetaria, para que todos los que tienen su salario comprometido por deudas, puedan mejorar su liquidez, ya que de nada sirve que baje la inflación si igualmente no tienen para comer… ni respirar.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

 Hemos considerado conveniente, aprovechando el maravilloso espacio semanal que nos da esta prestigiosa publicación digital que es El Guardián, reproducir el mensaje del señor Gustavo Gutiérrez Espeleta, Rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), el pasado 28 de noviembre de 2022, con ocasión de un evento denominado “Foro por el futuro: encuentro de movimientos sociales”.  Lo transcribimos tal cual fue pronunciado, por considerarlo atinadísimo en momentos en los cuales estamos viviendo la Costa Rica de la desigualdad.

La situación que nos convoca hoy es una continuidad de un ciclo de amenazas a la democracia y a la institucionalidad pública que inició hace años.

Mientras se continúan implementando reformas económicas regresivas, postergando decisiones urgentes en materia de cambio climático y vulnerando los Derechos Humanos de distintas poblaciones, también se continúan dejando de lado las medidas para combatir la elusión y el fraude fiscal; así como mermando la educación pública y debilitando las instituciones públicas que juegan un papel fundamental en el desarrollo de nuestro país desde la segunda mitad del siglo XX.

Empezaron con una regla fiscal que no tenía otro objetivo que convertir a la institucionalidad pública en cascarones sin recursos para brindar los servicios que les fueron encomendados; continuaron con una severa legislación que impedía que las personas trabajadoras pudieran protestar contra políticas que debilitaran la democracia y la institucionalidad pública; y finalizaron con una ley que pretendía que, desde el Ministerio de Planificación, la Presidencia de la República recuperara un poder absoluto para politizar a todo el funcionariado público, como era costumbre antes de la Constituyente de 1949. Hoy pretenden profundizar esta ruta, vender bancos estatales, atacar la ciencia y debilitar la educación pública costarricense.

También es cierto, y debemos decirlo autocríticamente, que buena parte de estas políticas fueron aprobadas con una pasividad preocupante por el entonces Consejo Nacional de Rectores. Hoy podemos tener diferencias entre las universidades públicas. Discrepar es universitario, pero en el fondo, este CONARE que tenemos tiene absolutamente claro que no podemos permanecer ajenos a cualquier ataque contra la institucionalidad pública. Nunca más un CONARE indiferente a la defensa y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.

Sin embargo, así como en las universidades sabemos que debemos hacer a un lado nuestras diferencias, respetuosamente les pedimos que hagan a un lado las diferencias entre movimientos y organizaciones, en favor de defender las instituciones que han marcado el desarrollo de nuestro país y que han mejorado las condiciones de vida de nuestro pueblo.

No se trata de defender las instituciones como un fin en sí mismo, tenemos claro que las políticas públicas y las instituciones no pueden existir en función de sus funcionarios y funcionarias, sino en función de todas las personas. Son instrumentos para lograr el bien común, el desarrollo sostenible. Sabemos que la burocracia pública y privada genera problemas; hemos cometido errores, pero continuamos trabajando todos los días para resolverlos.

No vamos a defender ningún privilegio, pero sí salarios dignos en el sector público y en el sector privado. Vamos a apoyar la cooperación entre la institucionalidad pública y el sector productivo nacional, porque quienes nos antecedieron y pensaron en grande, pensaron en un Estado fuerte, con una institucionalidad que conectara con el empresariado nacional.

La pregunta no es cómo recortamos cargas sociales, la pregunta es qué condiciones se requieren para que todas las personas gocen de estos derechos, elevando la productividad del país y la dignidad de la gente. Eso sí, en un equilibrio ambientalmente sostenible. Esta es una consigna infranqueable.

Permítanme volver al tema de las universidades y su relación con los movimientos sociales y el desarrollo nacional. En Latinoamérica, al menos, las federaciones de estudiantes han sido un actor fundamental de este vínculo, que ha fungido como una conciencia para las instituciones de educación superior. No en vano la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica hoy tiene un papel protagónico en este acto.

Tal y como lo señaló el expresidente chileno Salvador Allende, en un discurso en la Universidad de Guadalajara: “es útil que la juventud, y sobre todo la juventud universitaria, que no puede pasar por la Universidad al margen de los problemas de su pueblo, entienda que no puede hacerse del balbuceo doctrinario la enseñanza doctrinaria; de entender que el denso pensamiento de los teóricos de las corrientes sociológicas o económicas requiere un serio estudio… Que tiene que mirar lo que pasa dentro de su país y más allá de la frontera, y comprender que hay realidades que deben ser meditadas y analizadas”.

Esa juventud que hoy abunda en nuestras universidades marcó la era post-COVID con una democrática, pacífica y alegre manifestación el pasado 16 de agosto. Fue impresionante cómo decenas y cientos de jóvenes salieron del Pretil y de las otras universidades, el primer día de clases después de un fin de semana largo, a decirle al Gobierno de la República que tenían derecho a un futuro, un futuro que les quería robar. Esto es lo que nos convoca hoy a todos y todas, no es solamente el futuro de una Universidad, es también el presente y el futuro de un país.

Si esos miles de jóvenes salieron a marchar fue porque el personal de la Caja los recibió al nacer en un hospital público, es porque el ICE iluminó sus hogares y comunicó a sus familias, es porque han estudiado gracias a la educación pública, es porque en algunos casos el poder judicial les resolvió una pensión alimenticia, es porque en muchos casos un banco del Estado les financió la vivienda; y así podría seguir con otras instituciones públicas.

Lo que quiero decir es que, en esa marcha del 16 de agosto, no solo vimos a miles de jóvenes, vimos a un entramado institucional que permite que esos jóvenes lleguen sanos y en condiciones de vida dignas a formarse profesionalmente y a servir a su país cuando se gradúan.

Justo por esta razón es que participar y acompañar las luchas por defender y fortalecer el Estado Social de Derecho no puede ser ajeno a ningún universitario o universitaria. Por esta razón impulsaremos la propuesta que dentro de unos momentos les vamos a presentar.

Me permito reiterarles nuestro agradecimiento por acompañarnos y acudir al llamado de esta convocatoria. Les recalco la importancia de que hagamos a un lado nuestras diferencias en favor de esta causa patriótica. Ya me referí a lo que dijo un expresidente extranjero, ahora permítanme cerrar con lo que dijera el expresidente Rodrigo Carazo: “Mientras haya Universidad de Costa Rica, y agrego, Universidad Pública, habrá Costa Rica”. Muchas gracias.

Mainor Anchía Angulo, Directivo Nacional ANEP

El 7 de noviembre se celebra el Día del Policía (así declarado), al mismo tiempo se da la celebración de los 72 años de existencia de la Fuerza Pública. En vísperas de una nueva elección presidencial, es preciso analizar la historia de estos 72 años de olvido.

Art. 12- Constitución Política “Se proscribe el Ejército como institución permanente.  Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias.”

“Sólo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares; unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil: no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva.”

A partir de la abolición del ejército surgen los cuerpos de policía, otrora conocidos como Guardia Civil, y Guardia de Asistencia Rural (GAR). En 1994 se promulgó la Ley General de Policía y con ella nacieron las competencias de los distintos cuerpos policiales que en ella fueron incluidos. La GAR y la GC, dejaron de existir para dar paso a la Fuerza Pública, Policía de Fronteras, Servicio de Vigilancia Aérea, Policía de Control de Drogas, Policía de Tránsito, Servicio Nacional de Guardacostas, la Policía Penitenciaria y la Policía de Migración. Se ha considerado que tal segregación se dio con la finalidad de evitar que un mando único pudiera tomar el poder por la fuerza.

Han pasado 72 años desde la abolición del ejército, 27 desde la promulgación de la Ley General de Policía, cuerpo normativo que estableció la carrera policial; la citada Ley establece lo que se transcribe. Art. 2 Para la vigilancia y la conservación de la seguridad pública, existirán las fuerzas de policía necesarias. Sus miembros son funcionarios públicos, simples depositarios de la autoridad. Deberán observar y cumplir, fielmente, la Constitución Política, los tratados internacionales y las leyes vigentes.

La Constitución y la Ley les dan a nuestros cuerpos policiales una condición civilista, a sus miembros se les considera funcionarios públicos, simples depositarios de la autoridad (Poder de imperio del Estado), sin embargo, la Sala Constitucional ha venido sosteniendo en su línea jurisprudencial que los cuerpos policiales están dentro de un régimen de excepción, lo cual se ha interpretado por un sector del alto mando, como la posibilidad de menoscabar la dignidad, los derechos laborales y los derechos fundamentales de las personas que integran algún cuerpo de policía. La excepcionalidad que ha definido la Sala Constitucional se debe entender como aquella que hace a los trabajadores parte de una función esencial, desde esa perspectiva es claro que sí, nuestros policías desempeñan una labor esencial, misma que conlleva proteger la soberanía, la paz social, brindar seguridad, proteger la vida y los bienes de todos nosotros. 

Esa excepcionalidad mal entendida, hace que a nuestros policías no se les reconozca la jornada nocturna, como si sucede con otros sectores laborales que también forman parte de los denominados esenciales. Por eso, según el máximo tribunal constitucional no aplica para nuestros abnegados uniformados, “funcionarios públicos, simples depositarios de la autoridad” lo señalado en el numeral 58 de nuestra Carta Magna.  

Tal como he citado líneas arriba, la Ley General de Policía vino a definir las competencias, además de crear la denominada carrera policial, en la cual se incluyeron los incentivos por el crecimiento académico, la trayectoria, la antigüedad en el servicio, entre otros incentivos que fueron afectados de manera regresiva con la entrada en vigencia de la Ley 9635.

Muchos gobiernos han pasado en estos 72años, sin que veamos la añorada dignificación y profesionalización de la función policial. Por el contrario, se viene dando una precarización constante en las condiciones socio laborales de nuestros policías. Delegaciones insalubres siguen funcionando sin ver mejoras en su infraestructura, escasean los insumos, se reduce la logística, vemos polcas en tenis, con uniformes deteriorados, faltan muchas cosas, pero, sobre todo, falta empatía, asertividad y liderazgo en muchas de las personas que están al mando.

72 años de olvido, se reflejan en la regresividad salarial que tiene a cientos de policías sin los recursos para atender sus necesidades básicas, algunos renunciando, otros posiblemente trabajando cabizbajos. Falta voluntad política para reconocerles su altruismo, su mística, su entrega y su valor para asumir el riesgo de protegernos todos los días. En mi caso, seguiré haciendo lo posible por visibilizar la vulneración de sus derechos fundamentales.

Por Rodrigo Arias López, Actuario Matemático

(Parte 2)

Recordemos que en el año 2018 la Junta Directiva de la CCSS (JD-CCSS) -luego de más de 70 años de dejar en el olvido una adecuada gestión de IVM- decidió, para que IVM no colapsara dos años antes de lo previsto, que  tenía que evitar que las pensiones más bajas llegaran a ser iguales al 50% del salario mínimo, sin importar que el balance neto para la CCSS fuera negativo (Ver https://surcosdigital.com/la-logica-de-la-junta-directiva-de-la-ccss-fauleadas-154807-pensiones-bajas/?fbclid=IwAR0D2piMsP5i5WodNR47bI6NEn4f4m2ePREfFBZHA6si6SnIdiqmxT4Lu50). A ese grupo formado por más de la mitad de los pensionados de IVM con pensiones por debajo de medio salario mínimo, lo llamaré “Fauleados en 2018”, sin descartar que vuelva a ser zancadilleado en los próximos tres meses con el anuncio reciente de la JD-CCSS, para darle cuidados paliativos al paciente que ella misma dejó sin atender durante más de 7 décadas. Al grupo restante, que también podría ser invitado a “darle oxígeno” al moribundo, como seguro serán llamados los 3 millones de afiliados actuales y los futuros, le llamaré “A faulear en 2021”.  En el Cuadro N° 1 se presentan ambos grupos distribuidos según quinquenios en que sus integrantes se pensionaron, por riesgo (Invalidez, vejez, viudez, orfandad, padres y hermanos). Los datos corresponden a la planilla de noviembre de 2020; en el caso de muerte los datos son estimados, pues no dispongo de la información completa.

En este cuadro queda claro que en 2018 la JD-CCSS eliminó la expectativa de crecimiento de la zanahoria que con bombos y platillos anunció en el año 2005, cuando engañó a la población diciéndole que le había dado oxígeno a IVM hasta el año 2045, orientada por los expertos de la Organización Internacional del Trabajo. Me pregunto si en esta ocasión esos consejeros que hoy se esconden, han sido reemplazados por expertos de la OCDE para hacernos creer que las mentiras son verdades (Ver https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/451359/ocde-tras-pensi-n-a-los-67-a-os).

No me extrañaría que el perfil del grupo de fauleados que hoy recibe la pensión mínima en IVM, sea el ejemplar idóneo que doña Rocío Aguilar Montoya anhela para convalecer al enfermo y completar el proyecto de quienes viven de las cuentas individuales (Ver Cuadro N° 2 y “Fijemos la ruta para el futuro de las pensiones” en La Nación del 9/5/2021). Si mi sospecha se materializa -espero que no- el 100% de los pensionados de IVM, incluyendo los futuros, podría estar en el grupo de los fauleados.

Recordemos que con la zancadilla de marras la JD-CCSS se “ahorrará” unos 42 mil millones de colones en 2021, cifra que representa un 15% del gasto anual en pensiones de los fauleados (ver Cuadro N° 3); un 4% del gasto anual del grupo que espera ser gorreado y un 3% del gasto total. Esa es la lógica que prevalece en los directivos que integran la JD-CCSS; pero con ello le recordaron al grupo más débil que debe seguir de rodillas en primera línea, similar a quienes dependen de los fondos de FODESF.

Los datos sobre cuotas y salarios promedio de referencia de IVM anteriores al año 2001 no están completos debido a que la CCSS no cuenta con toda la información anterior al año 1975. Además, no dispongo de suficiente información sobre fallecidos activos y pensionados de IVM. Por tales motivos en el Cuadro N° 4 solamente presento información de quienes se pensionaron por invalidez y por vejez a partir del año 2001.

Para comprender mejor los datos del Cuadro N° 4 es necesario tomar en cuenta lo siguiente. 1) En el período 2001-2005 se aplicó obviamente el reglamento vigente antes de la reforma de 2005. 2) De 2006 a 2010 se aplicó principalmente el reglamento de antes de 2005, y el retiro anticipado con 300 cuotas. 3) De 2011 a 2015 se aplicaron los dos reglamentos, con mayor intensidad el de la reforma de 2005. 4) En el período 2016-2020 básicamente entró a funcionar la reforma completa de 2005 y la eliminación del retiro anticipado acordada en 2015 por la JD-CCSS. 5) Las tasas de reemplazo (Monto de pensión inicial / Monto del salario promedio de referencia) no pueden comparase unas con otras de manera directa, porque el salario promedio de referencia cambió y se han aplicado dos reglamentos.

Teniendo claro lo anterior las principales conclusiones que se derivan del Cuadro N° 4 sobre quienes se pensionaron en 2001-2020, son las siguientes. 1) La JD-CCSS fauleó principalmente a los pensionados más viejos, que aportaron menos cuotas y obviamente a quienes tenían pensiones más bajas. 2) Los pensionados por invalidez fauleados cotizaron 15 años en promedio y los de vejez 22 años; con tasas de reemplazo promedio de 73% y 75% en promedio, respectivamente; se pensionaron a los 55 años y a los 65 años de edad en promedio, respectivamente y actualmente tiene 65 años y 71 años de edad, en promedio, respectivamente. Los valores respectivos para quienes esperan ser fauleados son: 25, 35, 60%, 64%, 53, 62, 62 y 69. 3) Con la reforma de 2005 prácticamente al 100% de aplicación en 2016-2020, tanto los fauleados como los que están a la espera de zancadilla, tuvieron una tasa de reemplazo del 61% en caso de vejez; en invalidez estos valores son 63% y 57%, respectivamente. Los fauleados en caso de vejez se retiran a los 65 años de edad con 21 años cotizados en promedio; los aún no fauleados se retiran a los 62 años con 35 años cotizados en promedio.

Sin menospreciar el buen entendimiento ni la inteligencia de los lectores de Surcos, me permito mencionar que la RAE define claramente lo que es un “faul” (como podría ser una zancadilla) y lo que significa “transparente” (de transparencia), el primero muy utilizado y el segundo muy rara vez usado. La RAE define “Faul: En una competición deportiva, infracción del reglamento consistente en una entrada brusca de un jugador contra un rival”. Todo apunta a que las cifras presuntamente maquilladas que tuvo la JD-CCSS la nublaron, por lo que se alistó sin pensarlo dos veces para un match no avisado y sin árbitro contra el equipo más débil.  ¿Recuerdan los lectores lo que dice el Artículo 29 del Reglamento de IVM en conjunto con el acuerdo del año 2013 de la JD-CCSS? ¿Será un faul aún más brusco y artero el que la JD-CCSS ocasionará a pensionados y afiliados cuando juegue el segundo tiempo, esta vez anunciado para dentro de tres meses? ¿Se jugará sin árbitro? Recordemos que los asegurados pagamos ₡5 mil millones anuales para que la Auditoría Interna de la CCSS revise que los fondos y reservas que administra la CCSS se gestionen conforme a la normativa legal vigente, con transparencia y para la satisfacción del interés público, como lo ordena el artículo 3 de la “Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública” que dice lo siguiente:

“Artículo 3º-Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público.  Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.”.

Nadie dudaría que un árbitro pite en contra de quienes anualmente con sus aportes pagan su salario; mucho menos que permita zancadillas arteras o goles fuera de fuego que todos los espectadores pueden ver.

La RAE define “Transparente: Que se deja adivinar o vislumbrar sin declararse o manifestarse. Claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad”.  Sobre un asunto tan importante como la transparencia de la información para la toma de decisiones, como en el caso de IVM, muchos se preguntarán: ¿Antes de tomar las decisiones que ya tomó y las que tomará en tres meses, la JD-CCSS ha sido transparente? ¿Le ha mostrado a la población estadísticas como las que se presentan en esta humilde publicación? ¿Ha dicho la verdad a los asegurados en el tema de las proyecciones actuariales? ¿Cuál es la suficiencia de los montos de las pensiones y la condición de pobreza de los pensionados de IVM? ¿El envejecimiento de la población, la reducción de las tasas de fecundidad y el aumento de la informalidad son los verdaderos responsables de llevar a la bancarrota al IVM?

En la página 15 de la obra “El derecho de acceso de los Ciudadanos a la Información Pública” su autor Alejando Fuenmayor nos comunica lo siguiente (Descargar en https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQlN_P7IHxAhVpnuAKHcgTDg8QFjAAegQIAxAD&url=http%3A%2F%2Fportal.unesco.org%2Fes%2Ffile_download.php%2F561ff4bc2719856c5184270296fc48f5EL%2BDERECHO%2BDE%2BACCESO%2BDE%2BLOS%2BCIUDADANOS%2BA%2BLA%2BINFORMACION%2BPUBLICA.pdf&usg=AOvVaw1KbDFr9NURa1Na79SBunof):

“En este orden de ideas, también se puede apreciar la definición sobre el derecho de la información de los autores Jean Marie Auby y Robert Ducos-Ader, quienes lo conciben como el conjunto de reglas jurídicas aplicables a la información en su sentido activo y pasivo; es decir, tanto la difusión de la información como la recepción por sus destinatarios. Este derecho frente al público consiste en reconocer a los individuos no solamente el derecho a recibir la información existente, sino además la aptitud jurídica de ser beneficiario de una información “efectiva” y conforme a lo que establece la propia noción de información “objetiva”. Los citados autores consideran que la noción de información implica “la neutralidad” en todo lo concerniente a su finalidad, y “la objetividad” en lo concerniente a su contenido. La doctrina del derecho a la información es la base fundamental para el ejercicio del derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública del Estado.”

Si bien la Ley 7410, en el numeral 2, señala que los funcionarios policiales son funcionarios públicos, simples depositarios de la autoridad, por una parte; y, por otra, nuestra Carta Magna establece en el artículo 12 la prescripción del ejército como institución permanente; lo cierto es que nuestras fuerzas de policía tienen un modelo de corte militar, con un mando vertical que, inclusive, establece sanciones para los funcionarios de escala básica que no cumplan con la “obligación” de hacer el saludo militar al momento de cruzarse con un funcionario de rango.

Lo anterior, se ve correlacionado con una serie de prohibiciones en el ámbito laboral, que no es acorde con el salario que perciben nuestros uniformados.

Por ejemplo: Se les prohíbe la celebración de una convención colectiva de trabajo, no pueden obtener un segundo trabajo para mejorar sus ingresos, no les asiste el derecho de pago de jornada nocturna establecido en el Código de Trabajo, tampoco lo establecido en el numeral 58 de nuestra Constitución Política; en torno con la jornada laboral de ocho horas, o sea, su jornada ordinaria tanto diurna como nocturna es de doce horas.

Pero todo esto no termina ahí. Tampoco le asiste el derecho a la familia, estipulado en el artículo 51 constitucional, porque al ser policía se “renuncia” a todo, inclusive a la familia. “Bienvenido a la Fuerza Pública”, fue la frase que alguna vez escuché.

Como si lo anterior no fuera suficiente, a nuestros policías, funcionarios públicos, simples depositarios de la autoridad, tampoco se les permite participar del derecho al sufragio, aunque se encuentren en tiempo libre, o sea, no les alcanzan los artículos 54, 90, 91 y 93 de nuestra Constitución Política.

ARTÍCULO 54.- Se prohíbe toda calificación personal sobre la naturaleza de la filiación.

ARTÍCULO 90.- La ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes políticos que corresponden a los costarricenses mayores de dieciocho años.

ARTÍCULO 91.- La ciudadanía sólo se suspende:

1)  Por interdicción judicialmente declarada;

2)  Por sentencia que imponga la pena de suspensión del ejercicio de

     derechos políticos.

ARTÍCULO 93.- El sufragio es función cívica primordial y obligatoria y se ejerce ante las Juntas Electorales en votación directa y secreta, por los ciudadanos inscritos en el Registro Civil.

Inclusive, quedan fuera nuestros policías de lo indicado en la Convención Americana de Derechos Humanos:

Artículo 1- Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que éste sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.

Por cierto, hace falta voluntad política para dotar a nuestros cuerpos policiales de una póliza de vida que les brinde cobertura las veinticuatro horas del día, porque en la actualidad la póliza únicamente cubre si se da un evento dentro de la jornada laboral. Pero, así como a nuestros policías se les establece la condición de autoridad las veinticuatro horas del día, el riesgo les persigue durante esa misma cantidad de horas, por ello, la cobertura de la póliza debe ser 24/7.

Entre los pocos derechos que aún pueden ejercer nuestros uniformados, son el de asociación sindical y el de manifestación pacífica en tiempo libre, no obstante, es tal el nivel de “adoctrinamiento”, que de manera tacita se renuncia a ellos. Por último, el llamado régimen de excepción que se aplica a nuestros cuerpos policiales, debería concederles algunos derechos que permitan compensar el que sean excluidos de Derechos Humanos Fundamentales, como los supra indicados.

Lic. Mainor Anchía Angulo

Seccional ANEP Fuerza Pública