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Lic. Benjamín Sevilla García, Secretario Nacional Juventud ANEP

Algunos autores deciden utilizar el término desigualdad en lugar de desigualdades, nada hay de inocente en esta decisión. No obstante, es preferible utilizar el plural para profundizar con mayor certeza sobre los problemas sociales, sin que, por ello, se le deba restar importancia a las intenciones de aquellos autores que prefieren el concepto único de “desigualdad”.

Los datos numéricos que ofrecen regularmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y algunas universidades estatales tienden a coincidir respecto de la distribución de los ingresos y la imperiosa necesidad de aplicar sistemas más justos. Economistas de diferentes partes de la región plantean el asunto del 1 y el 99% y los datos generan una especie de preocupación sin que se atenúen los afectos adversos de las desigualdades.

Quienes hacen de la política una actividad consciente de politiquería no estarán interesados en otra cosa más que en la desigualdad de oportunidades, esa idea clásica de que todas las personas deberían iniciar su carrera desde una misma línea independientemente de las circunstancias, el esfuerzo y las características propias. La idea dominante es que, lo que realmente importa es que las personas tengan un punto de partida igual, sin reparar en los resultados. Esto les da muy buenos insumos para el discurso y la pantomima.

Pese a lo anterior, algunos estudiosos de la materia como Anthony B. Atkinson de manera sutil plantean algunas objeciones a este tipo de análisis. Primero, porque no es correcto que una vez que las personas inician desde un mismo punto de partida se ignore que puede haber circunstancias aleatorias que en el transcurso del camino las condene a un retroceso o aun cruel estancamiento y requieran el abordaje adecuado. Atkinson indica que, “la razón por la que los resultados importan es que no podemos ignorar a aquellos para los que el resultado es la privación – aún si la igualdad de oportunidad ex ante existiera-.”

Por otra parte, analizar detenidamente la desigualdad de resultado es importante por el concepto mismo de competitividad. Suponiendo que todos partimos de un mismo punto, pareciera lógico creer que todos vamos a tener resultados similares, no obstante, y siguiendo la lógica de los juegos, la recompensa no es la misma para todos. Hay quienes podrán servirse con cuchara grande y otros que, por más que se esfuercen sólo lograrán subsistir. Acá podemos analizar el tema de la distribución, que en nuestro caso es altamente desigual.

Tampoco se puede ignorar el impacto de la desigualdad de resultado para las nuevas generaciones, sobre todo por la relación directa sobre la igualdad de oportunidades que va a tener, aspecto que ya se refleja en las personas jóvenes de nuestro país, quienes no logran tener claro el panorama para su futuro. Algunos líderes sociales señalan que, durante su adolescencia y juventud, observaban una Costa Rica que les prometía la oportunidad de desarrollo en unas condiciones moderadamente equitativas, pero que en la actualidad hay una realidad inversa. Notan a las juventudes en una condición de total desesperanza.

De manera que, quienes coincidimos en la necesidad de reducir tanto la desigualdad de oportunidades, como la de resultado, comprendemos que es la manera más efectiva de reducir ciertos tipos de actividades delictivas y la terrible falta de cohesión social.

Según abogado (Diario Extra).

Un grupo de ciudadanos con pasado político (figuras públicas), entre ellas José Miguel Corrales y Célimo Guido, convocaron mediante conferencia de prensa a una huelga (manifestación). Al efecto, amprensa.com, publico la siguiente nota: “Un grupo planea una manifestación indefinida para el próximo 20 de agosto, con el objetivo de «quitar» del gobierno a Carlos Alvarado y su equipo”. “Se trata de un grupo con el nombre Q-Anon Costa Rica, el cual promociona la protesta que tiene como segundo objetivo, «no más corrupción» en el país”.

Por su parte, el medio digital elmundo.cr publicó “Varias publicaciones en redes sociales están llamando a participar en una «marcha masiva» para pedir la renuncia del presidente de la República, Carlos Alvarado”. “Además, el Movimiento de Rescate Nacional liderado por José Miguel Corrales y Célimo Guido para el 25 de agosto hacen un llamado al pueblo a «parar a los opresores».

Ahora bien, he leído comentarios de diversas personas, entre ellas un economista, pero, llamó mi atención la del abogado consultado por Diario Extra, el cual aseguró que la Fuerza Pública no puede tomar fotografías. “El Estado está violentando el derecho a la imagen y la integridad de las personas que se están manifestando de forma pacífica en Casa Presidencial, lo que están haciendo es tachándolos de delincuentes y el Estado abusa de su poder intimidándolos para que no puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión que tiene todo costarricense en un país social y de derecho”, adujo. La negrita y el subrayado son nuestros.

Sobre el particular es oportuno traer a colación lo que indica el Código Civil; “La fotografía o la imagen de una persona no puede ser publicada, reproducida, expuesta ni vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que la reproducción esté justificada por la notoriedad de aquélla, la función pública que desempeñe, las necesidades de justicia o de policía, o cuando tal reproducción se relacione con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público (…)” La negrita y el subrayado no son del original. Al efecto, puede ser que se vea extraño, inclusive desde la perspectiva de estrategia el que uniformados hagan registro fotográfico del evento, sin embargo, el interés de la policía administrativa se circunscribe al ámbito de la vigilancia tal cual lo establece el Código Civil.

Sigue diciendo en su declaración el abogado consultado por Diario Extra: “Cabe señalar que los artículos 24 y 29 de nuestra Constitución Política expresan: “Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones”. Además, “todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca”.

“Como se logra observar la Fuerza Pública abusa de su poder, tomando las fotografías de los manifestantes, seguro para perseguirlos o no se manifiesten contra las arbitrariedades del gobierno de Carlos Alvarado, generando una inseguridad jurídica en la libertad de expresión y la libertad de manifestación de los costarricenses e imagino pretendiendo que el pueblo sea siervo menguado”, dijo Rivera.

“La Fuerza Pública abusa de su poder, tomando las fotografías de los manifestantes, seguro para perseguirlos o no se manifiesten”, el “seguro” que utiliza el licenciado Rivera, es un supuesto que surge de la imaginación, no de la ciencia probatoria, por ello, carece de todo fundamento. Las personas pudieron manifestarse, inclusive muchas de ellas colocaron imágenes en sus perfiles del Facebook, mostrando que participaban de la misma, lo cual quiere decir que no hubo ningún impedimento para ejercer ese derecho.

Bien se dice que el derecho es de interpretación, por ello, debo decir con el respeto que merece el Lic. Rivera, que no estoy de acuerdo con sus criterios, lo cual voy a fundamentar de la siguiente manera:

La manifestación se da en la vía publica, es liderada por figuras políticas, ex diputados y diputados de la actual legislatura, los medios de comunicación dan cobertura y muestran en prensa escrita y televisiva todo lo relacionado con la actividad, o sea, es un evento público, no privado como pareciera lo interpreta al citar el artículo 24 que cita: “Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones”. Seguidamente cita el artículo 29 de nuestra Carta Magna: “Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca”.

Por otro lado, nuestra Constitución Política cita en el Art. 12: “Se proscribe el Ejército como institución permanente.  Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias”. Al efecto, se debe desarrollar ampliamente el término “vigilancia”, que involucra la tecnología que permita posteriormente identificar actos vandálicos y/o delictivos, así que, el que no la debe no la teme. En ese orden de ideas, las empresas públicas y/o privadas utilizan cámaras de monitoreo en sus instalaciones, ello con la finalidad de “vigilar” el desempeño de su personal, así mismo, como una medida de seguridad de sus instalaciones, lo cual sirve para efectos de denuncia en caso de sufrir algún daño o delito contra su propiedad. Puede ser que al personal no le guste esa medida de seguridad y control, pero nuestra legislación lo permite, con algunas excepciones puntuales.

Así las cosas, en mi criterio, el que oficiales de la Fuerza Pública tomen fotografías del evento que se desarrolló en la vía pública, que fue anunciado por diversos medios, no constituye ninguna violación de la intimidad, mucho menos de los demás presupuestos señalados en los numerales citados por el abogado consultado por Diario Extra.

Por último, mi artículo se basa únicamente en aspectos legales y de competencias, no se relaciona con la legitimidad de la actividad como tal, por cuanto entiendo el malestar popular del momento, además, he participado en muchísimas marchas y manifestaciones, lo haré cada vez que lo crea justo, conveniente y necesario.

Al igual que lo he dicho otras veces, al leer mi artículo usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo, únicamente le agradezco ser respetuoso (a) en caso de que quiera comentar.

Lic. Mainor Anchía Angulo

Seccional ANEP Fuerza Pública

Jonathan Flores Mata, Criminólogo / Directivo Nacional de ANEP

No es una novedad hablar del tema de la pérdida de confianza de muchos costarricenses en la administración del sistema de justicia de nuestro país. Y si nos centramos en el Poder Judicial, como institución encargada de tal función, las circunstancias cuestionables se incrementan.

Los factores que originan tal percepción sientan sus bases en variadas situaciones, que se han dado a conocer a la opinión pública por medio de redes sociales y medios de comunicación. Así es, lamentablemente, la dama de la justicia en Costa Rica ha sido desnudada en variadas ocasiones, por la exposición de diferentes hechos que dan mucho que pensar sobre la vulnerabilidad y transparencia del Poder Judicial.

En esta ocasión, me gustaría enfocarme en aquel factor que considero más peligroso, la influencia política. Y es que, desde el momento en que vemos el sistema de elección de los magistrados de las distintas salas de la Corte Suprema de Justicia, nos damos cuenta de la forma en que la clase política comienza a fabricar favores que cobran en el momento que más lo requieran (no por nada se pelean por elegir específicamente los de Sala III-penal).

¿Por qué estoy seguro que la política influencia las decisiones de las altas magistraturas? Muy sencillo: Además de que son ubicados en sus puestos por políticos: ¿Han visto el ataque sistemático que ha sufrido la clase trabajadora en este país en los recientes años? Pues justamente, muchos de los golpes a los bolsillos de las y los trabajadores, han contado con la venia de las Salas de la Corte.

Refresquemos nuestra memoria con la resolución de Sala Constitucional, que prácticamente dio un argumento político para dar luz verde a la Ley 9635 (combo fiscal). A eso le podemos sumar el coincidente y curioso cambio de criterio de mucha jurisprudencia laboral, como en lo referente al cobro de tiempo extraordinario y diferencias salariales, por ejemplo (ojo, esto se las trae).

Por supuesto, no es posible olvidar la forma en que los procesos que son ventilados en medios de comunicación avanzan con más rapidez que los de la ciudadanía común. Tampoco se puede obviar la preocupante impunidad que afronta el país en temas de delitos de cuello blanco, corrupción en la función pública y legitimación de capitales.

Sí, para el suscrito, igual que para gran parte de la población, es muy difícil decir que confía en la transparencia del Poder Judicial, cuando escenarios como los antes indicados evidencian que hay un terrible tráfico de influencias de la clase política. Ahora bien, si dentro del Poder Judicial se promueven acciones bajo dicha influencia, y sabemos de sobra que la política está dominada por grandes empresarios neoliberales (de esos que evaden, eluden, se llevan las grandes licitaciones del Estado y ponen plata para comprar votos), entonces, podemos concluir que estos sectores económicamente poderosos también mandan en la institucionalidad judicial. (JCB fue solo un pequeñísimo ejemplo).

Hace unos meses testificamos como al máximo referente en materia sindical del país, Albino Vargas Barrantes, se le emitió en tiempo récord, una orden de captura en su contra, por parte de las autoridades judiciales del sector Caribe, gracias a la solicitud de una autoridad política del lugar. Recientemente, nos damos cuenta, por medios de comunicación, que curiosamente, se enteran primero que las partes del proceso, de las decisiones judiciales; que el caso seguido contra el Secretario General de la ANEP, por supuesta instigación durante la huelga del 2018, se elevará a juicio.

Así es, mientras cientos de expedientes abiertos por robos, estafas y hasta homicidios, se extinguen bajo los criterios “objetivos” de la fiscalía, que no encuentra suficientes elementos de prueba para llevar la causa a instancias mayores, curiosamente, en este proceso si hay acusación. No es mi intención ofender, pero solo dar una rápida lectura a la acusación inicial es suficiente para saber que la misma estaba plagada de percepciones subjetivas, apoyadas en elementos probatorios risibles.

Si hacemos el sencillo asocie de que Albino Vargas es prácticamente un enemigo declarado de los poderosos neoliberales que acumulan riqueza de manera desigual; con el hecho de que son estos empresarios quienes mueven los políticos que influencian el Poder Judicial, entonces se podría señalar que este proceso está siendo empujado, y será manipulado, por intereses que van más allá de la institucionalidad. En pocas palabras, cuando el acusado difiere de los intereses de la clase con el poder económico, como Albino Vargas, el sistema si actúa eficientemente.

Como ciudadanos debemos preocuparnos, este es el primer antecedente de represión gubernamental, como títeres de las clases que realmente representan, a la libertad de expresión. Sin duda, un espeluznante precedente que nos muestra no solo los alcances que la corrupción y el tráfico de influencias tienen en nuestras autoridades (ni siquiera me quiero imaginar lo que puede estar pasando con el crimen organizado), sino también la forma en que se debilitan los pilares de nuestra democracia.

¿Nos vamos a cruzar de brazos mientras pasa?

Por: Mainor Anchía Angulo, Seccional ANEP Fuerza Pública, abogado y ex policía.

Hace poco más de un año, fuimos sorprendidos por la noticia que daba cuenta de la muerte de tres integrantes de la Policía de Fronteras, en el sector conocido como el Concho de Pocosol. En aquel momento, no salíamos del asombro, cuando en medios de comunicación electrónica se hacía mención de un audio presuntamente del Ministro de Seguridad, en el cual aseveraba que uno de los uniformados sería el autor responsable de dos homicidios y que posteriormente se habría quitado la vida (no es el mismo que ahora es señalado por el Ministerio Público).

En dicho audio se pudo escuchar lo siguiente:

“De acuerdo al análisis uno de ellos tiene un, el que muere en el Hospital tiene un disparo de contacto en la cabeza al lado derecho, parece que este se auto elimina, porque el arma de él, en apariencia, la utilizaba, ya que los otros dos tienen las armas en el cinto, entonces parece que esta es la que se utiliza, le dispara a los otros dos en la cabeza y el posteriormente se auto elimina, no hay disparos externos todo ocurre dentro de la cabina en apariencia y eso es lo que OIJ nos está dando de momento (…)”.

Sigue llamando poderosamente la atención, que se describiera que “dos de los efectivos tenían sus armas en el cinturón”, porque según se supo uno de ellos no portaba su arma de reglamento, aunque era al que en principio estaban señalando como el homicida, aunado a ello, no conocemos antecedentes de agresión entre uniformados. Todos recordamos el caso de la embajada de Chile, aquella vez la egresión fue dirigida contra personas que en apariencia venían lesionando la dignidad del oficial, el cual luego terminaría por perder el control y cometer los homicidios.

Sobre lo sucedido en el Concho de Pocosol, también se hizo mención de una aparente situación de violencia doméstica, y la atención psicológica que habría recibido uno de los funcionarios, lo cual, al parecer habría sido determinante en los lamentables hechos acaecidos aquel domingo 26 de mayo del 2019.

Le seguiré llamando “el misterio de Crucitas”. La unidad que reporta el incidente, según lo consignado en el libro de novedades indicó lo siguiente: “Se observa una móvil de esa unidad código 2662 volcada en la vía pública, así mismo tres oficiales de la policía de fronteras tirados sobre la vía pública (…), se observa sangre en cantidad considerable”. ¡Nos habían dicho que la agresión se dio en la cabina, y las imágenes de prensa mostraron que uno de los compañeros estaba con medio cuerpo dentro de la cabina!

Sobre el particular, al haber desempeñado la función policial, concatenado con nuestra labor en ANEP, tengo constancia de que nuestros uniformados tienen una gran fortaleza para soportar los gritos de algunos mandos, que en algunos casos reciben tratos altaneros y traslados abusivos. Sumado a lo anterior, tienen capacidad para manejar la presión y el estrés propios de la función policial; que incluye la mayoría de las veces, trabajar en condiciones adversas, en delegaciones insalubres.

Finalmente, siendo que se resuelve sobreseimiento definitivo contra el supuesto autor responsable de dos homicidios (por estar fallecido), toda la responsabilidad vendría a recaer sobre el Estado, así como eventualmente de manera solidaria sobre los funcionarios con poder de decisión, que teniendo conocimiento del riesgo no lo atendieron (lo cual no es nuevo), porque habrían faltado al principio “in vigilando”, así como al deber de buen padre de familia, claramente sigue obviándose que nuestros uniformados son seres humanos con necesidades.

Que difícil resulta decirle al que manda, que está haciendo las cosas mal, pero peor aún, que lo sepa y que no quiera rectificar.

Mainor Anchía Ángulo, Directivo Nacional ANEP

El ejercicio sindical tiene rango universal de Derecho Humano fundamental; de la misma estatura jurídica que es el tener derecho a la nacionalidad, a la propiedad, a la libertad de pensamiento, así como de otros derechos y libertades establecidas en nuestra Carta Magna. Al efecto, cita el numeral 60 de nuestra Constitución Política: “Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales”.

La Ley Laboral establece en el numeral 363.- “Prohíbense las acciones u omisiones que tiendan a evitar, limitar, constreñir o impedir el libre ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores, sus sindicatos o las coaliciones de trabajadores”.

“Cualquier acto que de ellas se origine es absolutamente nulo e ineficaz y se sancionará, en la forma y en las condiciones señaladas en el Código de Trabajo, sus leyes supletorias o conexas para la infracción de disposiciones prohibitivas”.

No obstante lo anterior, en días recientes fue de conocimiento público la detención de uno de los líderes sindicales de mayor exposición mediática, el que posiblemente resulta más incómodo para los sectores dominantes de nuestro país, me refiero a don Albino Vargas.

La detención de un personaje como don Albino Vargas Barrantes (amado por unos y odiado por otros), no podría pasar desapercibida, muchísimo menos por aquellos sectores que, de manera abierta y pública, adversan su pensamiento ideológico, así como sus posiciones en torno con algunas decisiones políticas.

Uno de ellos, posiblemente, sea el ministro de Seguridad Pública, don Michael Soto, el cual, al mismo tiempo en que se mantenían las diligencias en Talamanca, estaba brindando “detalles” en un programa de radio incurriendo, por cierto, en algunas imprecisiones sobre lo que sucedía en la zona Atlántica.

Transcribo parte de sus declaraciones: “Recibimos una llamada del alcalde Talamanca donde pide la presencia de la Fuerza Pública, ya que cinco personas, dentro de las cuales va el sindicalista este señor, ingresan según la versión del alcalde, abruptamente a la oficina, tienen una discrepancia que aparentemente termina a los golpes entre el grupo de sindicalistas y funcionarios de la municipalidad, y resultan algunos con golpes. “Llega la Fuerza Pública para la situación, se van para el comando, la policía ahí del comando del sector y entrevistan a testigos, escuchan las versiones de ambas partes y el Ministerio Público local, el fiscal se llama Johnny Rojas si mal no recuerdo, basado en la versión de los testigos decide detener a este señor y a los acompañantes, son cinco detenidos”. (El subrayado es nuestro).

El jerarca de la cartera de Seguridad Pública fue, una vez más, impreciso en sus declaraciones, tal y como sucedió con la muerte de tres compañeros policías de la Policía de Fronteras en el sector de Crucitas, aunque después adujo que uno de sus colaboradores filtró el polémico audio.  

Dice el ministro: “entrevistan a testigos y demás, escuchan las versiones de ambas partes y el Ministerio Público local, el fiscal basado en la versión de los testigos decide detener a este señor y a los acompañantes, son cinco detenidos”. ¡Ojo! Según esas declaraciones, los compañeros de la Fuerza Pública hicieron entrevistas de testigos, escucharon la versión de ambas partes y luego el Ministerio Público decide detener a don Albino Vargas, y sus compañeros; sin embargo, del informe policial se desprende que el fiscal habría recibido el mismo al ser las 16:02 horas del día, casi cuatro horas después de haber ordenado su detención. Además, en el mismo no se recoge la versión de don Albino y de sus compañeros, o sea, únicamente se escuchó una de las versiones, a pesar de lo confuso de la situación.

Al efecto, establecen los artículos 37 y 39 de nuestra Constitución Política lo siguiente:

ARTÍCULO 37.- “Nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito, y sin mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden público, excepto cuando se tratare de reo prófugo o delincuente infraganti; pero en todo caso deberá ser puesto a disposición de juez competente dentro del término perentorio de veinticuatro horas”. El subrayado y la negrita son nuestros.

Artículo 39.- “A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad. (…)”. El subrayado y la negrita son nuestros.

Ahora bien, el informe policial presenta una serie de inconsistencias que permiten arribar en alto grado de presunción, que tanto a don Albino como a quienes le acompañaban les fueron vulnerados derechos fundamentales; además, de que pudieron ser victimas de un montaje, o lo que, en la jerga policial se conoce como un “cuadronazo”. El líder sindical, Albino Vargas, no es parte de una organización criminal, parece por ello extraño que el ministro Soto no solamente manejara detalles de su detención, sin que el informe estuviera redactado, sino que, además, los hiciera públicos en un programa de radio. 

El informe policial, que no parece establecer una secuencia de hechos de manera cronológica, cita en el ítem número 3). “A las 11:44 horas se aprehende a Albino Vargas Barrantes”. No obstante, eso no pudo suceder (a menos que no se le hubiera comunicado), porque al medio día don Albino estaba dando declaraciones ante un medio de comunicación nacional, justamente en ese momento, se da la orden del fiscal de Talamanca, de detenerlo y ponerlo a la orden del Ministerio Público ¿Coincidencia?…

Lo cierto es que don Albino había anunciado con antelación su visita a la municipalidad de Talamanca. Luego, me parece particularmente extraño que, en momentos en que los costarricenses estamos agobiados por el Covid 19, el desempleo, la paralización de la economía, y la creciente inseguridad ciudadana, el ministro de seguridad pública, estuviera en una entrevista (por casualidad), en la cual parecía muy satisfecho con la detención de un dirigente sindical, como si tal se hubiera detenido al líder de los carteles de la droga que operan en nuestro país.  

Benjamín Sevilla García, Secretario Nacional de Juventud, ANEP

La detención de Albino Vargas Barrantes, reconocido sindicalista a nivel nacional y quizá, como menciona el constitucionalista Pablo Barahona, la cara más visible de los movimientos sociales, no toma por sorpresa a ningún auténtico defensor de derechos humanos. La expresión “auténtico” no busca generar roces con aquellas personas que tienen un solo tema de defensa y que genuinamente dan la lucha por ello. Más bien, está dirigida a esos engreídos intelectuales que cegados por el pseudo-progresismo creen tener la decencia suficiente para relativizar los derechos humanos, para decirnos “cuáles sí y cuáles no”.

Las personas que ejercen una función auténtica en la defensa de estos derechos saben que hay una realidad que supera la politiquería, una que nos advierte la regresividad de ciertos derechos humanos y lo que esto implica para la continuidad efectiva de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. Las reformas al Código de Trabajo y las constantes amenaza a las justas conquistas de las personas trabajadoras, no les es suficiente. La criminalización de la protesta ya no les da resultado, con la detención del señor Vargas Barrantes se aclaran algunas dudas: el siguiente paso, al parecer, es acallar las voces disidentes, silenciar la real oposición.

La detención de Albino Vargas, en las condiciones en las que se dio, no le puede generar alegría a ningún ser humano decente y civilizado. Las serias discrepancias que con él podamos tener por su forma de expresarse, o por el contenido de sus argumentos, deben llevarse al plano del debate, ahí donde somos fuertes contra las ideas con ideas, pero sin desprendernos del carácter humano. Se debe comprender que el tiempo en el que las actividades sindicales eran tratadas con barbarie y con la complicidad de funcionarios de Estado pasó, que las llamaditas telefónicas para arreglar la detención de líderes de oposición debe quedar en la faceta más oscura de nuestra historia.

Lo anterior no quiere decir que los dirigentes sindicales estén exentos de enfrentar procedimientos judiciales cuando actúen de manera ilegal. Lo que no se puede admitir es que en el ejercicio legítimo de sus funciones sean agredidos o estigmatizados, como hasta hoy ha sucedido con el reconocido sindicalista, cuyo nombre evitan mencionar quienes carecen de liderazgo.

Creo que como país tenemos que plantearnos algunos asuntos relativos al honor de las personas, los líderes sindicales y Albino Vargas en concreto, siempre han tenido que lidiar con una serie de amenazas, de ofensas y de ataques a su honor. Una forma reiterativa de violencia por parte de quienes se esconden en perfiles falsos o se escudan detrás de algunas redes sociales. Y de forma más directa, por el mensaje de odio construido de manera permanente y maliciosa por un sector de la prensa.

Concluyo indicando que, pese a las adversidades mencionadas, tanto en la Fuerza Pública como en el Poder Judicial hay un enorme grupo de personas -la mayoría- honestas que no responden a las presiones externas. Eso nos da la confianza suficiente para saber que este asunto en contra del sindicalista Albino Vargas no prosperará.

Lic. Benjamín Sevilla García, Secretario Nacional de Juventud ANEP

Una sociedad con menos enemigos es posible, no porque pueda constituir la idea de un anciano trasnochado o la utopía de un joven desprovisto de realismo. Es que verdaderamente existe esa posibilidad y las personas como seres racionales estamos en el deber de trabajar por alcanzarla.

Si los seres humanos “nacemos buenos y la sociedad nos corrompe” hay que procurar una sociedad distinta. Si “las personas somos por naturaleza eminentemente malas y sólo la voluntad podría hacernos diferente” hay que unir buenas voluntades. Si, por el contrario, tanto la naturaleza como las circunstancias sociales nos niegan la oportunidad de ser cien por ciento buenos o cien por ciento malos, podemos sacar la mejor versión de nosotros mismos.

En una sociedad con menos enemigos es posible el auge respetuoso del ejercicio de prensa. Si logramos tomar distancia del populismo y del morbo que gira en torno al “otro como enemigo”, estaremos obligando a la industria periodística a decidirse por informar. Es decir, si dejamos de consumir las noticias sensacionalistas, cargadas de violencia y de promoción de odio, el profesional en periodismo es provocado a informar con mayor grado de objetividad, respetando su audiencia y en última instancia, la propia dignidad humana.

En una sociedad con menos enemigos se desarrolla con mayor eficacia el hábito y el sentido de escucha, el sentimiento de inseguridad y el temor de ser traicionado pasa a un segundo plano, y los proyectos políticos fructifican. Como parte del grupo social, nos sentiríamos tentados a apoyar a quien democráticamente fuera elegido, con el valor para confrontarlo cuando se requiera, pero con la suficiente decencia para procurar el bien común.

El problema que atravesamos en Costa Rica es que, el único momento en el que los políticos escuchan a las mayorías es cuando piden su voto, toman partido -el que les garantice la tranquilidad ante sus intereses personales- y luego, dividen la sociedad entre “buenos y malos”, entre oficialismo y oposición. El escenario político se vuelve en un campo de batalla y por eso se sobredimensionan los mínimos consensuados. Cuando en realidad el oportuno consenso y el rápido entendimiento entre los distintos actores sociales debería ser parte poco novedosa de un Estado moderno que apunta al pleno desarrollo.

El discurso que promueve al otro como enemigo casi siempre inicia con epítetos y con estrategias que socaban el honor, la vida privada y sin reparar en ello, la propia institucionalidad del país. La clase política olvida que una mejor idea, en público como en privado, con promoción o sin ella, siempre genera buenos resultados.

El país debe reparar sobre la realidad que vivimos, si nos vemos como enemigos la desconfianza, la confrontación y el odio nos va a cegar. Cuando los gobiernos muestren debilidad estratégica o intelectual, el pueblo debe ser culto para pasar el mal momento. La mejor alternativa que tenemos como democracia es saber elegir, no podemos ser reiterativos en los errores.

Concluyo indicando que la base de una democracia no son los partidos políticos, es el pueblo. La división que vivimos como costarricenses es la que nos permite tener la calidad de políticos del momento, buenos o malos han sido nuestra elección. La cobardía disfrazada de exceso de prudencia en las personas estadistas e intelectuales que verdaderamente tienen capacidad para gobernar, tampoco ha ayudado. Y las juventudes pensantes y progresistas, que siempre fueron parte importante de las transformaciones sociales de nuestro país, hoy como única guía de acción se muestran encantadas con los conceptos superficiales y sesgados del pseudo-progresismo.

Jonathan Flores, Directivo ANEP

Aunque para la sociedad, la importancia de los Cuerpos Policiales debería estar presente, lo cierto es que, es producto de la difícil situación actual que se ha hecho conciencia de la relevancia con la que se revisten. A pesar de que la seguridad ciudadana se ubica siempre en el podio de tópicos que preocupan a la población, en realidad, la atención que le dedicamos es muy superficial.

Cuando se levanta la vista al accionar de la clase política queda en evidencia una casi absoluta desatención a los elementos técnicos que deben imperar en la toma de decisiones. Siendo los mismos reemplazados por acciones de corte populista, con los que se busca congeniar con la opinión de las masas.

Lamentablemente, para nuestro marco de convivencia diaria, los políticos tradicionales, y los no tanto, han sabido identificar esos aspectos que generan una buena acogida del público en general. Por eso, las noticias que escuchamos son siempre iguales, sin importar el gobierno de turno. Ejemplos claros son: “nos donaron tantas patrullas, o lanchas patrulleras; abrimos tantas causas, para limpiar de corrupción la institución; se han hecho tantos operativos; se dio un fuerte golpe al narcotráfico, con este decomiso” …entre muchas otras.

No debemos como costarricenses dejarnos engañar por información inflada, ni sucesos de importancia somera que no vienen a aportar nada, verdaderamente significativo, para la realidad a la que sobrevivimos. Le toca a esta generación, y las subsiguientes, permanecer mejor informadas y ser más enérgicas con la demanda de un servicio de seguridad ciudadana, que trabaje en los problemas diarios, con bases científicas, no revolviendo las cosas para lanzar cortinas de humo.

Cuestionémonos un segundo: ¿Si el camino tomado hasta ahora es correcto, porqué las calles se tiñen cada vez más de sangre, y siguen en aumento progresivo los delitos contra la propiedad?

Si me lo permiten, hago un ligero paréntesis aclaratorio, pues no faltará quien diga que hay más crímenes porque existen más dificultades económicas. Recordemos que el delito es una conducta de origen multifactorial, atribuir su existencia a esa razón no solo es un error titánico e ingenuo, sino también equivale a criminalizar la pobreza, lo que también es discriminatorio (sin mencionar todos los fallos técnicos que esta excusa conlleva).

Prosigo. Solo hace falta que le prestemos un poco más de atención al tema de seguridad, así como lo hacemos con la economía o el deporte. Porque debemos entender que esto es fundamental, el hampa se puede llevar no solo nuestras cosas, sino también nuestra vida, o la de nuestros seres queridos.

Hay que estar informado, para demandar que necesitamos de una vez por todas la aplicación de políticas de seguridad ciudadana preventivas (no andar por ahí reventando bunker o molestando a los indigentes). Tenemos la obligación como ciudadanos de conocer lo que está pasando con el crimen organizado, y no ser tan ingenuos de creer que el decomiso de una tonelada de cocaína es un “fuerte golpe al narco”, porque esas “pérdidas” ya están presupuestadas por estas estructuras (incluso a veces funcionan de carnada para pasar otros cargamentos más grandes).

Bajo esta óptica es que debemos ser vehementes con nuestros gobernantes, y exigir no solo que se nos informe sin mentiras o exageraciones, sino también que los intereses políticos se dejen de lado y se actúe con fundamento técnico.

Concordante con ello, debemos ser vigilantes con el dinero destinado a la seguridad ciudadana, en el que no se puede escatimar, pues es una inversión para proteger a las y los costarricenses. Observar noticias como las que han circulado días atrás, que aseguran que la Fuerza Pública está teniendo problemas presupuestarios, para mantener en circulación las patrullas, debe indignarnos a todos. Porque en un país que tiene claras las prioridades se buscaría primero resguardar la seguridad de la población, antes que malgastar el dinero pretendiendo ingresar a un club de países ricos, o un trencito nuevo (por solo dar dos ejemplos).

Si nuestras autoridades salen a la caza de donaciones a nivel internacional, sería bueno que comuniquen a los bien intencionados colaboradores, que las delegaciones policiales se están cayendo, plagadas de alimañas y en algunas ni siquiera se cuenta con servicios públicos. Costa Rica no necesita carros blindados, necesita infraestructura digna, capacitación de calidad, y, sobre todo, que le enseñen a tratar bien a sus servidores y servidoras policiales.

Estimada (o) lector (a) la única forma de detener este engaño en el que nos tienen enfrascados, en torno a la seguridad ciudadana, es prestarle más atención, e informarnos por diversas fuentes. Esto a su vez obligará a la clase política a estudiar con seriedad el tema, dejar de lado los estribillos populistas, y las gastadas promesas de: “ocupamos más policías y mejor equipados…” por ideas integrales, innovadoras y con verdadera proyección preventiva.

La batalla contra el narcotráfico la perdimos en esta generación, que la siguiente, y las que siguen no corran el mismo destino, depende de tener policías, políticos, y, sobre todo, una ciudadanía más comprometida. No permitamos que la inseguridad se cole en nuestros hogares, atente contra nuestras familias, ni derrame la sangre de nuestros hijos o nietos. Atención, costarricenses, la seguridad es cosa de todos, si no nos preocupamos y ocupamos ahora, después no valdrá de nada quejarse.

Benjamín Sevilla García, Secretario de Juventud ANEP

La crisis que atraviesan nuestros países en la región constituye una enérgica invitación a las juventudes. Una invitación a expresar la solidaridad, el compañerismo y la prudencia.

Con cierta frecuencia escuchamos decir que las personas jóvenes somos agentes de cambio. Esta frase bonita, que al resto de la población le podría resultar excluyente, porque se le adjudica casi de manera exclusiva a un grupo de personas, debería ser una realidad en las distintas áreas de acción en las que nos desenvolvemos. Y para despejar las disconformidades respecto de una posible discriminación generacional, me alío a Douglas Mac Arthur: “La juventud no es una época de la vida sino un estado del espíritu, un efecto de la voluntad, una cualidad de nuestra imaginación, una consecuencia de nuestro entusiasmo”.

Una vez más nos enfrentamos a un enorme desafío global, uno que no admite como solución el populismo, la politiquería ni el “revanchismo”. Las juventudes estamos llamadas a la solidaridad, no podemos mostrarnos indiferentes ante las necesidades de las demás personas. Es momento de cuidar a nuestros adultos mayores, de compartir responsabilidades en el hogar, de contribuir con los programas de ayudas que organizan las distintas comunidades. Sin dejar de lado, que el sólo hecho de atender las medidas recomendadas por el Ministerio de Salud y de nuestras autoridades sanitarias en general, constituye un acto de solidaridad.

Por otra parte, el compañerismo es una expresión de una juventud soñadora, no podemos caer en el bajo juego de quienes desde la politiquería nos han dividido. La crisis social, económica y política nos plantea un nuevo desafío, valorarnos como compañeros. El “otro como enemigo” no funcionó ni como estrategia política ni como política criminal. Creo que este es un buen momento para que las personas jóvenes que ejercemos cierto liderazgo trabajemos en unidad, en un proyecto de ideas. La emergencia nos está indicando que es momento de escucharnos, de acercarnos con una visión fresca y desprovista de los sesgos tradicionales de la política.

Tampoco se debe olvidar que una de las expresiones más acertadas en el seno de nuestras juventudes debería ser la prudencia. Para nadie es un secreto que las personas jóvenes son las que más tiempo dedican al uso de redes sociales y de las tecnologías de la comunicación. Un mensaje bien dirigido genera entusiasmo y promueve el desarrollo de buenas acciones, motiva a las personas para unirse a una buena causa.

Es cierto que las personas jóvenes encontramos en los medios alternativos de comunicación un espacio para la reflexión, para expresarnos y para generar opinión. Incluso, lo vemos como una oportunidad para señalar con valentía los errores de ciertas políticas públicas. No obstante, la prudencia es fundamental, sobre todo cuando se trata de conducirnos con apego a la verdad y cuando lo que está en juego no son las ideas, sino las personas.

Finalmente, las expresiones de una juventud que sueña no son más que aspiraciones y anhelos de hombres y mujeres comunes, que guardan la esperanza en la posibilidad de un mundo mejor. Es la creencia firme de que las personas podemos escucharnos, dejar los protagonismos individuales y trabajar unidos. Es abandonar los falsos progresismos y las propuestas superficiales y volver la mirada a las ideas.