Autor:

Gran triunfo se apuntaron el día 14 de setiembre las organizaciones ambientales que se enfrentan al Estado y a la minera Industrias Infinito en el Tribunal Contencioso Administrativo. Con un equipo jurídico de primera integrado por la abogada Gabriela Cuadrado de CEDARENA, en representación del demandante Jorge Lobo, y los abogados Edgardo Araya de UNOVIDA, y Bernal Gamboa de APREFLOFAS y con la presencia de Gino Biamonte Presidente de esta última agrupación; las organizaciones sociales se opusieron con maestría y profesionalismo a cada una de las argumentaciones esgrimidas por la Procuraduría General de la República, el SINAC y la empresa minera.

El resultado más importante de esta audiencia preliminar es que todos los intentos de Industrias Infinito por frenar el proceso fueron derrotados, de igual manera los alegatos de la Procuraduría y el SINAC de que ya había cosa juzgada material por haber sido resueltos los amparos por la Sala IV, fueron rechazados por el Tribunal Contencioso.

Otro elemento importante es que las partes demandantes están exigiendo como parte de las pruebas, que el Gobierno de la República entregue el informe y documentación precisa con la cual llegó a la conclusión de que en una eventual demanda internacional el Estado debía indemnizar a la minera con Us$1.700 millones.

La minera deberá esperar ahora que el Tribunal resuelva el proceso contra el Estado costarricense por el otorgamiento ilegítimo de la concesión de explotación, así como por la promulgación ilegal del decreto de Conveniencia Nacional, así como por todas las irregularidades con que fue aprobado el Estudio de Impacto Ambiental y dada la Viabilidad Ambiental.

Cabe mencionar que la Contraloría General de la República acaba de señalar la gran cantidad de inconsistencias, errores e irregularidades con que viene operando la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) por lo que se espera un desenlace final favorable a la causa de los movimientos sociales y ambientales costarricenses.

Por su parte acaba de conocerse que la empresa Industrias Infinito invertirá siete millones de dólares (US$7.000.000) más en propaganda dirigida a centros de estudio, escuelas y colegios con el propósito de intentar quebrar la férrea oposición nacional a este nefasto proyecto minero. Ya no se conforman solo con distribuir propaganda en los casilleros de profesores y estudiantes universitarios, sino que además se disponen a invadir escuelas y colegios con la supuesta venia del Ministerio de Educación Pública.

Los movimientos sociales y ambientales opuestos a la minería de oro a cielo abierto hacen un llamado a la ciudadanía para que se mantenga firme en su oposición a esta nefasta actividad y se sume activamente a las distintas acciones que se irán desarrollando hasta lograr que la la Presidenta Laura Chinchilla derogue el decreto de conveniencia nacional y cancele la concesión a Industrias Infinito; así como para que el Congreso apruebe la urgente reforma al Código de Minería y se prohíba de una vez por todas la minería metálica a cielo abierto en nuestro país.

Fuente informativa: San José. FANCA

Compañeras y compañeros:

Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René cumplen doce años de injusto y cruel encierro en prisiones norteamericanas. Injusto, porque no cometieron delito alguno, no causaron daño a nadie y por el contrario sacrificaron los mejores años de su juventud para salvar a su pueblo evitando acciones criminales, luchando contra peligrosos bandidos y lo hicieron sin armas, sin emplear la fuerza ni la violencia. Cruel, porque el perverso castigo lo sufren lejos de su Patria y sus familias que enfrentan muchas limitaciones para visitarlos y en los casos de Gerardo y René son privados de reunirse con sus esposas.

Contra ellos fueron formuladas acusaciones completamente falsas, carentes de toda prueba o fundamento. Los sometieron a una sórdida farsa judicial en Miami, nido de terroristas que controlan esa ciudad, sus medios de prensa y gran parte de su actividad económica y política. Una ciudad que se hundió en desvergüenza, exactamente entonces, cuando una chusma arrogante secuestró a un niño de seis años, Elián González y pisoteó las leyes y provocó el caos para impedir la devolución a su padre del niño secuestrado.

Pretender que allí, en ese ambiente de odio y violencia contra Cuba podrían ser juzgados con imparcialidad cinco patriotas cubanos que hasta allá habían ido para luchar contra esa mafia, era un insulto al sentido común y a la decencia. Pero esa fue la terca demanda de Washington. Un Gobierno inmoral, que sabía lo que hacía, exigió que los Cinco fueran juzgados en Miami, en ninguna otra parte sino en Miami. En realidad se trataba de un gesto cínico que buscaba congraciarse con la turba delirante que asombró al mundo y había salido tan maltrecha moralmente del caso de Elián.

En el año 2005, en el único fallo justo de todo este litigio, el Panel de la Corte de Apelaciones, unánimemente, decidió anular todo el proceso y ordenar un nuevo juicio, porque con muy buenas razones, sólidamente argumentadas en un fallo histórico, demostró que el juicio había violado la Constitución norteamericana, precisamente, por haberse realizado en Miami.

En una acción sin precedentes el Gobierno presionó a la Corte de Apelaciones para que echara atrás la determinación de sus jueces.

Desde entonces la lucha legal ha continuado pero en condiciones muy difíciles y que reducen cada vez más las posibilidades de una solución por esa vía.

Les pido disculpas. No debo agobiarlos con explicaciones legales y ásperos tecnicismos.

Sólo quiero que ustedes se pregunten ¿por qué este caso tiene esa aparente dificultad?

La respuesta es muy simple: quienes se supone divulguen la información, en este caso se han dedicado a ocultarla.

Lo que hasta ahora he dicho son datos que debieron ocupar los primeros planos de la atención de los llamados medios de información. Pero no lo fueron. No lo son todavía, ahora, doce años después.

El juicio más prolongado de la historia de Estados Unidos no fue reflejado en los grandes medios; ni los testimonios que ante el tribunal ofrecieron generales, almirantes y asesores de la Casa Blanca; ni la confesión de sus fechorías que allí hicieron una larga fila de malhechores, algunos luciendo sus atuendos de guerra; ni la defensa ardorosa del terrorismo que, con total descaro, hizo la Fiscalía durante siete meses; ni su solicitud de que se impusiera a los acusados los peores castigos de cuatro cadenas perpetuas más 77 años de prisión; ni su insistencia en que, además de las desmesuradas condenas, se tomaran medidas para impedir cualquier intento futuro que pudiera molestar a los grupos terroristas; ni la actitud de la Jueza que accedió a todas esas insólitas peticiones del Gobierno. Nada de eso fue noticia.

Se repetía la historia. Hace casi un siglo en un caso que aún se recuerda como flagrante injusticia dos inmigrantes italianos, Sacco y Vanzetti, fueron condenados y ejecutados arbitrariamente. Su inocencia, por cierto, fue reconocida no hace mucho cuando ya era demasiado tarde. Pero entonces, en aquellos tiempos lejanos, cuando aún era posible rescatar la justicia, un eminente jurista norteamericano trató de salvarlos. Su generoso afán se concentró en una frase: “Please, read the transcripts” (“Por favor, lean las actas”).

Porque quien hubiese leído los papeles de aquel proceso se habría dado cuenta de que Sacco y Vanzetti eran inocentes.

Ahora es igual. Todo consta por escrito. Quien quiera saber la verdad solo tiene que visitar el sitio oficial de la Corte del Distrito Sur de la Florida y buscar el caso “Estados Unidos contra Gerardo Hernández et al.” Quien lo haga se dará cuenta de que Gerardo y sus compañeros son inocentes, que nunca debieron ser detenidos, ni acusados, que jamás debieron ser encarcelados, que han sido y son víctimas de un descomunal atropello. Comprenderán además que la infamia ocurrió porque el Gobierno de Estados Unidos quiso proteger a los grupos terroristas anticubanos que engendró y cobija. Se escandalizarán al descubrir que ese Gobierno, en una palabra, es culpable de practicar el terrorismo.

Quien lo haga podrá leer que Washington admitió formalmente, por escrito, que no tenía pruebas para acusar a Gerardo del cargo más grave por el que sufre una doble condena a perpetuidad; podrá conocer que el pleno del Tribunal de Apelaciones reconoció que ninguno de los Cinco hizo nada que amenazara la seguridad de Estados Unidos, que ninguno hizo nada que se pareciera, ni de lejos, al espionaje.

Pero sucede que la gente, mucha gente, depende de los grandes medios de comunicación, la prensa escrita y la televisión, para supuestamente conocer lo que pasa en el mundo. Y esos medios están bajo el control del Imperio.

Debemos ser capaces de crear nuevas formas de comunicación para que la verdad llegue a todas y todos. Algunos subiendo a las crestas de los montes, otros con el poema, la pintura, la canción, todos valiéndonos de cuanto artilugio ofrecen las nuevas tecnologías.

Día y noche, sin tregua ni cansancio. No olvidar jamás que Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René sacrificaron sus vidas por nosotros. Y que son ellos los que verdaderamente encabezan esta lucha por liberarlos.

Recientemente, cuando tuvo que acceder a algunas reducciones parciales de las sentencias que pesaban sobre Ramón, Antonio y Fernando, la Fiscalía reconoció que su propósito era tratar de contener el creciente movimiento que en todo el mundo exige la libertad de nuestros compañeros.

¿Qué mejor prueba de la necesidad de multiplicar, ampliar y profundizar las acciones solidarias?

Comprometámonos a hacerlo. Que se alce, incontenible, la solidaridad, que sean millones los que reclamen al Presidente Obama que haga lo que puede y tiene que hacer: ponerlos en libertad inmediatamente y sin condiciones. A todos y cada uno de ellos, a los Cinco, sin excluir a ninguno.

Muy pronto el Gobierno de Obama deberá pronunciarse respecto a la petición de habeas corpus a favor de Gerardo a quien no le queda ya otro recurso en el sistema norteamericano. Nuestro compañero está en esa situación como consecuencia de que la Corte Suprema se negó a revisar su caso como le habían solicitado que lo hiciera diez Premios Nobel, varios Parlamentos y centenares de parlamentarios, juristas y personalidades e instituciones religiosas y defensoras de los derechos humanos de todo el planeta en una acción cuya amplitud no tuvo precedente. Lamentablemente la Corte prefirió ignorar la opinión universal porque así se lo pidió la representante de la Administración. Exijámosle que no repitan semejante muestra de desprecio al mundo.

Compañeras y compañeros:

En el sitio digital del Tribunal miamense se describe con dos palabras el estado de Gerardo: “Caso cerrado”.

A nosotros nos toca abrirlo. Con la denuncia constante, con la movilización permanente, con nuestras voces a las que habrá que sumar muchas otras, hasta que él y sus cuatro hermanos regresen libres a la Patria y se unan a nosotros en un concierto perdurable.

Juremos no desmayar en esa lucha hasta la Victoria Siempre.

Juventud Rebelde
digital@ juventudrebelde. cu
11 de Septiembre del 2010 23:13:28 CDT

Autor: Oficina de Comunicación y Relaciones de la ILC

En el evento participaron representantes religiosos, líderes sociales y comunales quienes tuvieron la oportunidad de dialogar y hacer sus preguntas en relación a la función de la Iglesia en el tema del Medio Ambiente y Cambio Climático.

En su discurso el Arzobispo Anders nos comenta que ha sido un placer estar en Costa Rica y muy especialmente encontrarse con la Iglesia Luterana Costarricense con quienes ha existido una larga trayectoria de hermandad.

“_Estamos aquí para ratificar nuestro compromiso de cooperación y el aprendizaje mutuo, mediante la firma de un convenio. Es interesante ver el ejemplo de la Iglesia Luterana Costarricense, que a pesar de ser una iglesia pequeña busca la forma de trabajar y seguir el mensaje cristiano en las comunidades de Costa Rica_” .enfatiza el Arzobispo Anders Wejryds

La Iglesia sueca ha venido reflexionando sobre el Cambio Climático y el Medio Ambiente en donde uno de los puntos fundamentales ha sido la idea de que los cristianos no estamos aislados de la sociedad, ni la naturaleza, sino que todos y todas somos parte y con nuestros conocimientos y experiencias podemos aportar mucho positivo a la vida.

El Obispo Melvin Jiménez de la Iglesia Luterana Costarricense destacó que verdaderamente fortalecemos nuestro compromiso y presencia en las comunidades marginadas, en donde a pesar de nuestros limitados recursos vamos a seguir acompañando procesos y esta relación con la Iglesia Sueca nos permitirá tener una voz de interlocución internacional que vendrá a fortalecer el diálogo, la hermandad y una gestión en pro del Medio Ambiente.

El Arzobispo Anders se refirió a que: “La creación es un proceso que aún continúa, que sigue vigente. Esta idea nos da una mejor perspectiva a la mayordomía de la naturaleza y nos hace concientes de que somos parte de ella y por consiguiente llevamos la responsabilidad de protegerla“.

Es posible tener una vida digna y de calidad sin tener que recargar la naturaleza, pero es de gran importancia para la iglesia participar en el debate público e incidir en las esferas sociales y políticas para lograr “_Otro Mundo es Posible_”.

Para la Iglesia Luterana el compromiso con el Medio Ambiente por supuesto incluye una espiritualidad, una dimensión teológica basada en el proyecto del Dios de la Vida, que nos instruye para generar acciones que permitan a la naturaleza recuperarse rápidamente a pesar de las presiones y tensiones que la sociedad causa. La tierra no es una mercancía, sino más bien un sujeto que responde de una manera eficiente y objetiva a los problemas de alimentación, recreación y salud.

Es por esta y muchas otras razones que la Iglesia Luterana Costarricense ha venido haciendo esfuerzos para incentivar a las comunidades a cuidar de su propio territorio y defender sus recursos naturales y contribuir a la conservación de la vida, las fuentes de agua de los suelos, la flora, la fauna y especialmente hábitos saludables de alimentación.

El Arzobispo Anders Wejryds se refirió a un gran desafió para la Iglesia es la recuperación de la cultura y el uso de la energía en una manera diferente, que permita el desarrollo de técnicas y procesos sustentables.

Un invitado a la conferencia expresó que: “ha sido muy importante haber participado en este diálogo, precisamente por tratarse del tema Cambio Climático. En nuestras iglesias, en su acción pastoral este tema no se ha considerado y para mi es la primera vez que una confesión religiosa trata este pastoralmente y yo felicito a la Iglesia Luterana.”

Fuente: ILCO

Hoy, 19 de setiembre de 2010, en horas de la mañana, luego de revisar su equipaje y pasar los controles respectivos, cuando ya se encontraba en la puerta 15 para aborar el avión que lo conduciría a San José, Costa Rica, el compañero Saúl Méndez fue retenido por agentes del Servicio Nacional de Migración quienes, sin comunicarle las causas, les informaron que no podía abandonar el país.

Saúl Méndez es el nuevo Secretario General del Sindicato Unico Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS), miembro de la Dirección Nacional del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO) y representante de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) en la supuesta mesa de diálogo sobre la Ley 30.

Luego de pasado un tiempo, los agentes comunicaron al compañero Saúl que los motivos para impedir su viaje se basaban en los expedientes amañados abiertos contra 17 dirigentes sindicales en momentos en que se dio las Masacre de Bocas del Toro y en el Artículo 11 de la repudiada Ley 30 o Chorizo, donde se establece que por “sospecha razonable” las autoridades pueden impedir las salida de cualquier ciudadano del país lo que es en si una flagrante violación a la libre circulación de los panameños y a las garantías ciudadanas.

El compañero Saúl debe viajar, junto a otros compañeros, para asistir a una importante reunión de la Internacional de la Construcción y la Madera (ICM) que se celebrará en San José, Costa Rica a partir de mañana lunes 20 de septiembre.

En consultas realizadas por los abogados, estos han afirmado que la Fiscalía Auxiliar ha reiterado que ese despacho no ha ordenado ningún impedimento de salida para Saúl Méndez ni para ninguno de los involucrados dentro de los expedientes amañados. De hecho, ya varios compañeros han viajado antes sin restricción alguna.

Siendo así, todo indica que el único fundamento del Servicio Nacional de Migración adscrito al Ministerio de Segridad Pública que dirige uno de los casrniceros de la Masacre de Bocas del Toro, José Raúl Mulino, es el artívculo 11 de la Ley Chorizo.

La restriucción de salida del compañero Saúl, se da horas antes del juicio por el asesinato del obrero Luiyi Argüelles, hercho ocurrido el 16 de agosto de 2007 en Isla Viveros, el cual debe celebrarse a partir de mañanna lunes 20 de septiembre. Argüelles fue asesinado por el sargento de la Policía, Manuel Moreno.

Esta misma tarde de hoy domingo 19 de septiembre, a las 4:00 p.m., en el Aeropuerto de Tocumen, el compañero Saúl Méndez, junto a Genaro López y otros compañeros invitados a la reunión de la ICM, intentarán abordar otro vuelo a San José, Costa Rica.

Desde ya responsabilizamos a José Raúl Mulino, a Ricardo Martinelli y a las autoridades del Servicio Nacional de Migración, de cualquier situación contraria a la integridad física de los compañeros Saúl Méndez, Genaro López y demás miembros del SUNTRACS, y de las violaciones en que se incurra a sus garantías fundamentalers.

Lo ocurrido con el compañero Saúl, reafirma la necesidad de que se derogue una vez por todas esta nefasta Ley, tal como lo demanda ampliamente el pueblo panameño.

A continuación transcribimos el Artículo 11 de esta aberración jurídica conocida como Ley Chorizo.

Artículo 11. El Consejo Nacional de Seguridad podrá proporcionar información sobre pasajeros que sean buscados por autoridades nacionales o extranjeras, que estén bajo investigación o que exista sospecha razonable de que están involucrados en actividades delictivas de cualquier naturaleza, a las aerolíneas panameñas o extranjeras que reciban vuelos en territorio panameño para que impidan que aborden en dichos vuelos. De igual forma, las aerolíneas deberán informar de inmediato al Consejo Nacional de Seguridad sobre cualquier actitud sospechosa de los pasajeros a bordo de sus vuelos nacionales o internacionales.

Al respecto, los abogados de los trabajadores en la demanda de inconstitucionalidad interpuesta, argumentasron lo siguiente:

C.-) En cuanto a la frase “para que impidan que aborden en dichos vuelos”, contenida en el artículo 11 de la Ley 30 de dieciséis (16) de junio de 2010, copiado arriba:

1) El artículo 22 de la Constitución Política, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 22. Toda persona detenida debe ser informada inmediatamente y en forma que le sea comprensible, de las razones de su detención y de sus derechos constitucionales y legales correspondientes. Las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa. Quien sea detenido tendrá derecho, desde ese momento, a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales.
La Ley reglamentará esta materia.”

Concepto de la infracción:

Según esta norma, el Consejo de Seguridad puede proporcionar información sobre pasajeros a las aerolíneas, cuando exista “sospecha razonable” de que ellos están involucrados en actividades delictivas de cualquier naturaleza, para que le impidan que aborden en dichos vuelos. En otras palabras, sin que exista orden de autoridad competente, ya sea del Ministerio Público o del Órgano Judicial, el Consejo de Seguridad tiene facultad, según esta norma, para presumir la culpabilidad de un pasajero hasta el punto de impedirle que aborde un vuelo para lo cual antes ha pagado su pasaje aéreo. De esta manera, la simple sospecha “razonable” del Consejo de Seguridad puede constituir causa suficiente para impedirle a un pasajero que ha pagado su pasaje aéreo, para que aborde su respectivo vuelo.

Como resulta obvio, esta norma, que impone una sanción sin juicio previo, por una supuesta “sospecha razonable”, viola, en concepto de violación directa, por acción, la presunción de inocencia contenida en el artículo 22 de la Constitución Política.

2) El artículo 32 de la Constitución Política, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 32. Nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria.”

Concepto de la violación:

La sanción consistente en impedirle abordar a un pasajero su avión, luego de haber pagado su pasaje aéreo, por la simple sospecha razonable del Consejo de Seguridad, concede a este organismo público la facultad de imponer a cualquier persona una sanción sin juicio previo ante autoridad competente, razón por la cual estimamos que el artículo 32 del texto fundamental ha sido violado en concepto de violación directa, por acción.

3) El artículo 27 de la Constitución Política, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 27. Toda persona puede transitar libremente por el territorio nacional y cambiar de domicilio o de residencia sin más limitaciones que las que impongan las leyes o reglamentos de tránsito, fiscales, de salubridad y de inmigración.”

Concepto de la infracción:

Al disponer la norma legal acusada que la simple sospecha razonada del Consejo de Seguridad Nacional pueda impedir que un pasajero de una aeronave pueda abordar y concluir su vuelo, se está vulnerando el derecho que tiene toda persona a transitar libremente por todo el territorio nacional y a salir y a entrar al país, sólo con las limitaciones que impone el texto constitucional citado como vulnerado, por lo cual el mismo se violado, en concepto de violación directa, por acción.

________________________________________________

ANEP REPUDIA ACCION DE MARTINELLI

Estimados compañeros y estimadas compañeras de FRENADESO-SUNTRACS: Esta noticia nos dejó atónitos. Es inneblable el carácter autoritario y antidemocrático del régimen de Martinelli, en Panamá. Condenamos con toda nuestra energía, con toda vehemencia, este acto en contra de los Derechos Humanos del compañero colega sindicalista Saúl Méndez, insigne personalidad del movimiento obrero y cívico de nuestra hermana República de Panamá; luchador incansable, dignísimo representante del pueblo trabajador de Panamá, a quien se le admira y respeta muchísimo allende las fronteras de su país. Compartimos con FRENADESO-SUNTRACS una visión conjunta de la cuestión socioeconómica y políticas de los pueblos centroamericanos, en el seno del espacio Plataforma Sindical Común Centroamericana (PSCC), por lo que la agresión al compañero Méndez es una agresión para todos y para todas cuantos nos sentimos incluidos e identificados en la PSCC.

Exigimos el respeto a su libertad de tránsito; exigimos el cese del acoso parapolicial y militaroide a que él es sometido; exigimos la plenitud del respeto por el ejercicio universalmente reconocido de la Libertad Sindical, así reconocido como Derecho Humano Fundamental.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Presidente, CENTRAL SOCIAL JUANITO MORA PORRAS (CSJMP)
COSTA RICA