Ministerio de Hacienda obstaculiza acción sindical

San José, 22 de enero del 2008.
S.G. 07-09-0268-08
¡URGENTE!

Licenciado
Guillermo Zúñiga Chaves
Ministro
Ministerio de Hacienda
Su Despacho
Asunto: Licencia sindical para la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Hacienda

Estimado señor Ministro:

Con respeto, le expresamos un atento saludo de parte de nuestra organización.

Con fecha 1 de agosto de 2007, enviamos a su despacho nuestro oficio S.G. 07-09-0002-07, acreditando ante su autoridad a la representación oficial de la ANEP para el Ministerio de Hacienda, luego de la recién conformada Junta Directiva Seccional ANEP-Hacienda. Igual gestión hicimos, según lo manda la ley, ante el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), mediante nuestro oficio S.G. 07-09-0011-07. De esta gestión ante su despacho, señor Ministro, nunca tuvimos respuesta.

Posteriormente, con fecha 21 de agosto de 2007, nuevamente acudimos ante su autoridad no solamente con relación al tema anterior; sino que, de manera oficial en esta nueva comunicación de ANEP (S.G. 07-09-0041-07), hicimos formal solicitud para que a las personas integrantes de la Junta Directiva Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda, se les dieran facilidades de gestión atinentes a sus responsabilidades de representación sindical; concretándose nuestra petición en una licencia con goce salarial para los días jueves de cada semana. De esta nueva carta de la ANEP a su autoridad, tampoco se tuvo respuesta.

Una tercera carta sobre el tema apuntado, la constituyó el oficio SEC-ANEP-HDA-002-07, fechado 2 de octubre de 2007, esta vez firmado por el compañero José Manuel Gómez Sánchez, en su condición de Presidente de la Seccional ANEP-Hacienda. Tampoco su autoridad respondió, aunque se recibió nota firmada por la señora Jenny Phillips Aguilar, Viceministra de Ingresos del Ministerio de Hacienda, planteando una argumentación contraria a nuestras pretensiones totalmente fuera de contexto y que, en definitiva, no resolvió el fondo de la cuestión.

Se dio una cuarta gestión escrita al respecto. Esta vez fue ante el Lic. Juan Carlos Gómez Sánchez, en su momento Director Administrativo y Financiero del Ministerio de Hacienda. Fue a través de otro oficio nuestro, el S.G. 07-09-0165-07, fechado 6 de noviembre de 2007. El citado jerarca indicó que su despacho tendría posibilidades de atender nuestro reclamo; sin embargo, tampoco él dio respuesta alguna y entendemos que, ahora, ya no ocupa ese puesto.

Finalmente, es bueno reseñar aquí que, en dos o tres oportunidades en que su autoridad ministerial nos recibió en su despacho, tanto para propósitos gremiales y reivindicativos como para cuestiones de orden nacional, abordamos el tema y en todas esas ocasiones, usted mostró una gran disposición de atender la reiterada petición de ANEP, tantas veces sin respuesta como queda constando en la presente. Sin embargo, como consta al día de la fecha del presente oficio, ni siquiera en lo verbal tuvimos éxito pues la máxima instancia político-jerárquica del Ministerio de Hacienda, sea su digna autoridad, tampoco resolvió nada.

Es así que, por última vez y a través de esta vía que, respetuosamente, reiteramos nuestra solicitud de licencia sindical con goce salarial para la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Hacienda, en los términos de nuestra solicitud del 21 de agosto del 2007. Como se lo indicamos cuando hablamos del tema en forma personal con usted, esta licencia es de la misma naturaleza que la concedida a las otras agrupaciones laborales institucionales que funcionan en el Ministerio de Hacienda. Por tanto, no hay ninguna petición que pueda conceptuarse como “excesiva”, “privilegiada” y similares.

Desde que le conocemos, incluso antes de su exitosa gestión ministerial actual, hemos creído que usted es un ciudadano de convicciones democráticas y, por tanto, lejos de conductas autoritarias o contrarias a la legislación nacional (legal y constitucional) y la de orden internacional que rige en materia de Libertad Sindical. Esto es significativo a la luz de la celebración en este año 2008, del 60 aniversario de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que estableció el Derecho Sindical como Derecho Humano Fundamental; histórica declaración que tuvo a Costa Rica como uno de los pocos estados firmantes originales y que sentó las bases de lo que hoy es la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En verdad, anhelamos que esta vez sí obtengamos una respuesta oficial de su despacho a nuestra petición, ya ampliamente indicada; respuesta que amparamos al artículo 27 constitucional y al 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Reiterándole nuestro respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

cc.: Lic. Francisco Morales Hernández, Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Fax 222 80 85.
cc.: Trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Hacienda.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Hacienda.
cc.: Junta Directiva sindicato SINDHAC.
cc.: Junta Directiva sindicato SINTRASAN.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Cro. Edgar Morales Quesada, Secretario General Adjunto, ANEP.
cc.: Cro. Lorena Chavarría Martínez, Reponsable UDO-ANEP-Hacienda.
cc.: Archivo.

Cancelarán permiso a buses de Quesada Durán

Luis Miguel Herrera Castro
lherrera@ prensalibre.co.cr
Foto: Mariano Ramírez

La gota que derramó el vaso —según confirmaron en el CTP— consistió en una denuncia que presentaron ante la Policía de Tránsito la cual indicaba que una unidad de dicha empresa transitaba sin su derecho de circulación.

Ante tal situación, se plantó un operativo y sorpresivamente se detuvieron tres unidades con el mismo problema: ninguna contaba con su derecho de circulación al día. En ese sentido y extraoficialmente, en la mañana la empresa optó por guardar las unidades restantes y no prestar el servicio.

Tal como explicó Viviana Martín, presidenta del CTP, decidieron iniciar el proceso de cancelación del permiso. Ello no quiere decir que dejarán inmediatamente de prestar el servicio.

En caso de que hoy las unidades de transporte de Quesada Durán no trabajen, de inmediato el CTP buscaría entre las empresas del sector para ofrecerles que se hagan cargo del trasporte, de emergencia.

“Estamos tomando un acuerdo en firme ante esa situación. La empresa no puede dejar por un lado a los usuarios sin el servicio de transporte. Esto es una falta grave y además que no tuvieran los marchamos al día pone en peligro a los usuarios”, argumentó Martín.

LA PRENSA LIBRE llamó en varias ocasiones a la empresa encargada de esa ruta, denominada Autotransportes La Paz. Sin embargo, al cierre de edición no contestaban, para escuchar su versión.

Usuarios molestos

Mario Arguedas Porras, usuario de los buses de Quesada Durán, esperaba en la parada final en San José, sobre la avenida segunda. Él se mostró muy molesto y denunció que las fallas en la empresa existen hace meses.

“Los problemas se presentan desde meses atrás, pero hoy fallaron más que nunca. Duran mucho en llegar y los buses son muy viejos. Ya estamos cansados de que los problemas se repitan y esperamos que el MOPT haga algo al respecto”, sentenció Arguedas.

El CTP inició la búsqueda de una nueva empresa que se encargue del servicio, eso sí, siempre con respeto del debido proceso.


Fuente: La Prensa Libre

ANEP solicita información sobre Reforma del Estado

San José, 22 de enero del 2008.
S.G. 07-09-0261-08
¡URGENTE!

Licenciado
Roberto Gallardo Núñez
Ministro
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
Su Despacho
Fax No. 281 27 51

Estimado señor Ministro:

Con respeto, le expresamos un atento saludo de parte de nuestra organización.

Información aparecida en el periódico La República, correspondiente a su edición del día de ayer, lunes 21 de enero, da cuenta de que la _“Reforma del Estado arrancaría en febrero_”, según reza el titular de la misma, bajo la responsabilidad del periodista Carlos Jesús Mora.

Indudablemente que es un asunto de enorme interés nacional y, por ende, en lo institucional-laboral, razón por la cual le expresamos por esta vía el interés de la organización que nos honramos en representar, en ser recibidos por su digna autoridad a fin de conocer en detalle esas reformas estatales que, según la nota periodística, “se han venido gestando desde el inicio de esta administración”.

Si se decide concedernos la audiencia aquí respetuosamente solicitada, le agradeceríamos analizar la posibilidad de consensuar sobre el momento en que la misma se daría, pues los compromisos y las responsabilidades de ambas partes en el día a día, son bastantes. Para tal efecto, estamos disponibles en los teléfonos 839 71 71, 233 02 33 y 356 62 51.

Anticipadamente le agradecemos la gentileza con que trate esta petición.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Archivo.

Cancelarán permiso a buses de Quesada Durán

Ciudadanos de Quesada Durán indignados con transporte público

Piden al MOPT tomar acciones inmediatamente dado el pésimo servicio de transporte público que reciben.

ANEP canaliza queja ciudadana al respecto.
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Lea la nota: Cancelarán permiso a buses de Quesada Durán

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San José, 22 de enero del 2007.
S.G. 07-09-0257-08

Licenciada
Karla González Carvajal
Ministra
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
Su Despacho

Estimada señora Ministra:

Me dirijo a su persona como la máxima autoridad del MOPT, esperando que en razón del deber supremo de proteger y tutelar los derechos ciudadanos en materia de transporte remunerado de personas, usted atienda con urgencia nuestra demanda.

No dudo en afirmar que lo manifestado en estas líneas, es el sentimiento de todas las personas que a diario nos vemos en la calamidad, de hacer uso del servicio de transporte que se presta a las comunidades de Barrio Córdoba y Quesada Durán.

Doña Karla, con todo respeto, lo que narro no es una novela mexicana o venezolana, no; es la real pesadilla que a diario padecemos los usuarios y usuarias de ésta línea de transporte.

La angustia inicia desde que se sale de la casa rumbo al trabajo u otros menesteres. La pregunta obligada es: ¿habrá hoy servicio? Luego, si se cumple el objetivo de abordaje del autobús, de seguido viene la siguiente pregunta, que se repite en todo el viaje: ¿llegaré a mi destino, o se quedará varado en esta parada, cuesta o curva? Cuando se logra llegar a destino, luego de largos minutos y hasta horas de espera, realmente hay un alivio, al menos por ese día.

Es común escuchar a los chóferes recomendar a los usuarios y usuarias: no se suban, mejor esperen el otro, no aseguro que lleguemos; demás de verlos en congojas y sufrimientos, intentando prestar el servicio.

Los chequeadores también pueden dar fe de lo aquí dicho. Ante la pregunta de alguna persona por el autobús, casi a diario su respuesta es: se quedó varado, están en el taller, sólo hay un bus, espere una hora, etc.

Esta situación provoca que una y otra vez, muchas personas debamos poner en el trabajo una cara de vergüenza por haber llegado tarde, con una desgracia: nadie cree que una comunidad tenga un servicio de transporte colectivo de personas como el que se presta en estas comunidades.

Por otra parte y como es de su conocimiento, una de las paradas de está línea está al costado norte de la Iglesia “_La Merced_”, compartida con algunas rutas de los Hatillos. Ojalá y no suceda una desgracia, pues para abordar el bus, la mayoría de las veces hay que tirarse a media calle.

Si una desgracia llegare a suceder, no olvide que su Ministerio y Autoridad, por acción u omisión, puede ser señalado como responsable solidario de un lamentable evento.

De conformidad con todo lo apuntado, respetable señora Ministra, con fundamento en el artículo 27 constitucional y el numeral 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, le ruego me informe, que medidas de urgencia estará tomando su Misterio y Autoridad, para resolver la demanda que aquí, respetuosa pero vehementemente, dejamos en sus manos.

De la misma manera, solicito se me informe sobre las medidas disciplinarias que se tomarán para sentar responsabilidades sobre los jerarcas del Consejo de Transporte Público, que no han cumplido con su deber de garantizar una servicio público de transporte, decente y satisfactorio.

Sin más por el momento y agradeciendo sus buenos oficios, se suscribe

Edgar Morales Quesada.
Secretario General Adjunto
Vecino de Quesada Durán

cc.: Asociaciones de Desarrollo Integral Comunidades Quesada Durán y Barrio Córdoba.
cc.: Comités Patrióticos de Barrio Córdoba y Quesada Durán.
cc.: Vecinos y vecinas comunidades Quesada Durán y Barrio Córdoba.
cc.: Doctora Lisbeth Quesada, Defensoría de los Habitantes.
cc.: Diputados y diputadas Jefaturas de Fracción Asamblea Legislativa.
cc.: Junta Directiva Nacional ANEP.
cc.: Archivo.

¿Malos costarricenses por hacer valer el Estado de Derecho?




Escuche la entrevista a Douglas Carrillo, dirigente de la ANEP en Puntarenas
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San José, 15 de enero del 2008.

Licenciado
Marcos Leandro
Periodista
Diario Extra
Presente

Estimado señor periodista:

El día 14 de enero, en la página 2 de ese importante medio de comunicación colectiva, aparece una nota escrita por su persona, en la cual el señor ingeniero Urías Ugalde Varela, actual Presidente Ejecutivo del INCOP, hace mención a los nombres de los firmantes de esta nota, donde se nos imputa “ser malos puntarenenses”.

En razón de lo anterior acudimos a su persona y al Diario Extra, con el fin de que se nos facilite el derecho de respuesta, agradeciéndole desde ya su amable y valiosa atención al respecto.

De acuerdo a las infundadas manifestaciones del ingeniero agrónomo Urías Ugalde Varela: Exgerente General en el Proceso de Privatización de INCOP, y hoy, actual Presidente Ejecutivo de la mencionada institución, manifestamos:

1- El Dictamen C-317-2006 de la Procuraduría General de La República, del 9 de agosto del 2006, que es vinculante, fue entregado a las autoridades administrativas de INCOP, dos días antes de concluirse el proceso de privatización. Dictamen donde se indica, conforme al bloque de legalidad que priva en la administración pública, que ningún trabajador que reciba prestaciones, puede ser recontratado.

Si la administración o la autoridad del señor Urías Ugalde Varela obviaron este mandato, serán ellos los que deban responder ante la justicia.

Las acusaciones de “malos puntarenenses”, que gratuitamente nos receta el señor de comentario, resultan a todas luces una perversa y malsana intención para con nosotros y una burla al destacado periodista Marcos Leandro, a Diario Extra y, por supuesto, a los miles y miles de lectores que día a día se instruyen con este importantísimo medio de comunicación.

Lo anterior lo fundamentamos en lo siguiente:

a- Las organizaciones sociales no están facultadas o legitimadas para solicitar pronunciamientos ante la Procuraduría General de la República. Tal derecho únicamente le asiste al Estado o a la institucionalidad pública.

b- Es el propio Urías Ugalde, quien en oficio G.G.C.001264-2006, del 10 de mayo del 2006, el que hace la consulta a la Procuraduría.

c- Esta consulta es la que produce la Resolución C- 317-2006, que establece la prohibición de que trabajadores que reciben prestaciones del Estado sean recontratados inmediatamente por el mismo patrono

d- Ante el incumplimiento de la Administración y del señor Urías Ugalde con lo dispuesto en el dictamen indicado; el propio auditor del INCOP, se ve obligado a consultar, nuevamente, a la Procuraduría sobre el alcance y obligaciones del primer Dictamen. En un segundo dictamen, el C- 350-2007, del 2 de octubre de 2007, la Procuraduría confirma los términos de su primer pronunciamiento.

Como vemos, el señor Urías Ugalde, violentando la ley y los dictámenes vinculantes de la Procuraduría General de la República, procedió a recontratar a los trabajadores despedidos.

Ante el incumplimiento de las autoridades administrativas de INCOP, incluyendo al mismo Auditor General, Lic. Stevanovich Castro, nos vimos en la obligación de recurrir como ciudadanos, a la Contraloría General de La República, Fiscalía General y Procuraduría de La Ética, a presentar formal denuncia para que se investigue y se sienten las responsabilidades del caso, por el incumplimiento a lo dispuesto en el Código Penal y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Publica; ya que consideramos que ha existido conocimiento pleno de la violación del ordenamiento jurídico y del perjuicio causado al patrimonio público, por parte de los jerarcas del INCOP.

Nosotros no somos “malos puntarenenses”, mucho menos malos costarricenses. Estamos actuando apegados a los pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, a la ley, y no estamos inventando, ni emitiendo criterios jurídicos infundados, como lo pretende hace creer el ingeniero agrónomo Ugalde Varela, confundiendo a los trabajadores de INCOP y a la comunidad costarricense, para ocultar su irresponsabilidad administrativa y obviar un grave problema, ocasionado bajo su administración.

La verdad es que el señor Ugalde Varela, no ha sabido administrar los fondos públicos que le encomendó el Gobierno y ante semejante irresponsabilidad, está buscando chivos expiatorios para salvar su pellejo. Por esa razón pretende endilgarnos responsabilidades y acusarnos de causar daños a las familias puntarenenses. ¡Que ironía!… Las pavas tirándole a las escopetas.

Douglas Carrillo Azofeifa.
Directivo Nacional ANEP
Ex trabajador INCOP

Diputado Merino rechaza terrorismo verbal del presidente Arias

En el plenario legislativo el representante del Frente Amplio manifestó que no recuerda que nunca en la vida política del país, un mandatario haya calificado a una oposición parlamentaria de terrorista, por hacer uso de los instrumentos que les da el régimen democrático,

“Me parece sumamente grave, muy preocupante, que el señor Presidente de la República califique de terrorismo parlamentario el derecho constitucional de un diputado a defender tantas mociones, como considere necesarias y le permita el Reglamento de la Asamblea Legislativa”, dijo Merino del Río.

“Es absolutamente inadmisible, viniendo de un presidente de la República, que, además, exhibe el título de Premio Nobel de la Paz, que use un lenguaje de una violencia inusitada en la vida política del país”, continuó diciendo.

“El presidente Arias ofende al Parlamento, no solamente a los diecinueve diputados que nos estamos oponiendo a esta Agenda de implementación, sino también a la institucionalidad democrática del país, usando un lenguaje que no debía ser válido en nuestra democracia y mucho menos en la relación del Poder Ejecutivo con otro poder independiente de la República, como es la Asamblea Legislativa”, argumentó el Diputado Merino.

El parlamentario aseveró que no acepta ese lenguaje del señor Arias y concluyó manifestándole al Presidente que _“Si usted cree que al Frente Amplio y al diputado José Merino, usted le pueda amedrentar acusándole de que está practicando terrorismo parlamentario, se equivoca. Se equivoca si cree que se puede continuar con la campaña del miedo, aplicando el estilo de un memorándum que deshonra la historia republicana de Costa Rica”. _
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Fracción del Partido Acción Ciudadana

Comunicado de Prensa
Jueves 17 de febrero de 2008

Intervención en el Plenario Legislativo

Interpelación de la diputada Elizabeth Fonseca al Presidente Oscar Arias

El señor Presidente Oscar Arias, sigue acusando a esta fracción legislativa. El señor Presidente sigue llamando a esta fracción filibusteros y de hacer terrorismo legislativo.

Como Jefa de fracción del PAC, y a nombre de miles y miles de costarricenses que apoyan nuestra causa, quiero pedirle:

– Basta ya de acusar a nuestra fracción con epítetos guerreristas

– Basta ya de endosarnos las torpezas e irresponsabilidades de su Gobierno

– Basta ya de liderar una campaña multimillonaria contra el PAC y contra nuestro líder Ottón Solís

Acostumbrados a la política tradicional, yo entiendo que les moleste que tengan un partido verdaderamente de oposición. Pero le pido con vehemencia que no continúe agrediendo a nuestra fracción, que no le siga mintiendo a la gente.

Este partido nació para defender los más altos valores de nuestra democracia y la función social de las instituciones que han generado bienestar a miles de costarricenses. Estamos ejerciendo el mandato ciudadano y nuestros derechos como diputadas y diputados de la República. Espero que entienda que esta no es, felizmente, una dictadura.

El señor Presidente tiene y debe entender que la democracia es disenso, es diversidad y sobre todo es respeto para quienes no opinan ni piensan como él.

El 7 de febrero los costarricenses votaron el TLC, y esa decisión la respetamos. Tanto el señor Presidente Oscar Arias como el Presidente del TSE dijeron que la agenda de implementación no estaba en votación.

Ahora no vengan a mentirle al pueblo diciendo que se votó todo ni que el plazo máximo de la agenda es el 29 de febrero.

Sr. Presidente, usted puede hoy mismo depositar ante la OEA el TLC aprobado en el referéndum y así ir adelantando los plazos para que entre en vigencia. No le siga mintiendo al pueblo de que se requiere la venia de los otros países para esa acción que sólo le corresponde a usted.

Por favor, basta ya de mentiras y de seguir acusando al PAC.

Señor Presidente, esta fracción legislativa respeta su investidura de Presidente de la República, espero que usted sepa respetar la investidura de esta fracción legislativa como Diputados de la República y como el principal partido de oposición.

Comunicaciones-PAC
Fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC)
Asamblea Legislativa

Frenada Ley de UPOV mediante consulta a Sala Constitucional

Baje el documento completo de ARCHIVOS ADJUNTOS
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Oscar López diputado del PASE, gracias al apoyo y las firmas de los diputados José Merino, Alberto Salom, Lesbia Villalobos, Francisco Molina, Leda Zamora, Olivier Pérez, Gretel Ortiz, Ronald Solís y Marvin Rojas, presentó ante la Sala Constitucional consulta facultativa del expediente Legislativo 16.327 que contiene la Ley de Obtenciones Vegetales.

El proyecto ya fue aprobado en primer debate por el G-38, pero esta consulta de constitucionalidad, impedirá por el momento que se convierta en Ley de la República.

La consulta del diputado Oscar López, pretende que la Sala declare inconstitucional la Ley de Obtenciones Vegetales tanto por errores de fondo como por equivocados procedimientos en su aprobación; debido a que originalmente se estaba dictaminando un proyecto distinto al que se votó en el Plenario Legislativo, lo que crea severos vicios de inconexidad.

El legislador, alega seis razones dentro de las que destacan la violación a varios artículos de la Constitución Polí¬tica, problemas de legalidad en la aplicación de la ley para el juez civil, y violación a convenios internacionales como la Convención de Diversidad Biológica.

También señala las dramáticas consecuencias en las modificaciones alimentarias que producirá la tutela de las obtenciones vegetales, provocando perjuicio y consecuentemente abandono de los cultivos en las economías regionales, especialmente en los territorios indí¬genas.

Además considera el diputado Oscar López que la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, se encontraba en la obligación de evacuar una consulta que sobre este proyecto le formuló la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios.

La inadmisibilidad de dicha consulta por parte del Presidente de la Corte Suprema Dr. Luis Paulino Mora, generó un vicio sustancial del procedimiento al no observarse lo ordenado en el artí¬culo 167 de la Constitución Polí¬tica que así¬ obliga, pues este proyecto modifica y altera desde el punto de vista organizacional y funcional al Poder Judicial, sobre todo por las nuevas potestades y competencias que le confiere a los jueces civiles para la resolución de los diferendos, por concepto de titularidad de derechos de obtentor, para lo cual se debía modificar el Código Procesal Civil.

Otro de los aspectos sobre los que trata la consulta facultativa redactada por el diputado del PASE, tiene que ver con el Derecho CONSTITUCIONAL de todos los costarricenses a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que implica la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización genética, mediante un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada, aspectos todos que fueron obviados dentro del proyecto de ley en claro detrimento de los pequeños agricultores y de las comunidades indígenas.

Además de esta acción concreta, el diputado Oscar López le ha pedido a la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, la nulidad de los procedimientos de admisibilidad de consultas legislativas, siendo que en las próximas horas interpondrá una acción de inconstitucionalidad contra los acuerdos de Corte Plena que impiden que se evacuen tales consultas, como ocurrió en el proyecto de Obtenciones Vegetales.

Kricia Montoya
Asesora de Prensa
Partido Accesibilidad Sin Exclusión, PASE

Jornada de Acción Global el 26 de enero en Costa Rica

Será un grito internacional clamando por la solidaridad y por la construcción de un mundo mejor.

En Costa Rica nos sumaremos por primera vez a esta experiencia, concentrándonos en la Plaza de la Cultura a las 2pm, para luego bajar al Ministerio de Hacienda y marchar hacia el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX).

Esta jornada de Acción Global es convocada desde hace 7 años por el Foro Social Mundial, máxima representación de los movimientos sociales a nivel internacional. Surgió como respuesta al Foro Económico Mundial, entidad que cada año reune a finales de enero en Suiza, a los Ministros de Hacienda, de Comercio Exterior y de Economia de casi todos los países, así como a los presidentes de Organismos Financieros Internacionales y altos ejecutivos de Grandes Corporaciones.

Es decir, ahí se dictan las reglas que deben seguir nuestros pueblos en materia de política económica, o lo que es lo mismo, desde ahí se orquesta el saqueamiento de las naciones y la forma de hacer cada vez más ricos a los magnates del mundo-

Si ahí globalizan el capitalismo, en cada rincón del planeta globalizaremos la solidaridad, la justicia y el entusiasmo por contruir un mundo mejor.

La consigna del Foro Social Mundial “Otro Mundo es Posible” debemos ponerla en mantas y pancartas, es la consigna que nos unifica y solidariza con el mundo.

Pitos, tambores, consignas, canciones, antorchas, máscaras, cabezones. Desde el centro de San José grabaremos el video que le dirá al mundo: el corazón de la Patria late, otra Costa Rica es posible.

Bájate el afiche de ARCHIVOS ADJUNTOS

El negocio del desaleteo

Excelente noticia pues ya la comunidad internacional, gracias al film “Sharkwater” (Tiburones), se enteró que el país que se promociona como “amante de la naturaleza” es parte del negocio millonario que impide erradicar la cruel práctica de cortar las aletas a esos peces y lanzar luego sus cuerpos a morir desangrados al mar.

Debido a que un kilo de aletas vale $660 en países orientales (¡pese a que en Costa Rica los exportadores lo reportan en $5 el kilo!) se estima que unos 100 millones de tiburones son sacrificados anualmente solo para negociar sus aletas, y ello sin importar el daño ambiental a los ecosistemas marinos provocado por la matanza de cientos de especies de gran importancia para el frágil equilibrio ecológico.

Mientras en nuestro país las llamadas medidas de “control” aplicadas en los desembarques han demostrado hasta la saciedad su ineficacia, en vista de que solo en la vertiente del Pacífico tenemos 1200 Km. de costa imposibles de vigilar, sigue adelante el negocio del desaleteo y posterior exportación, por lo que la Contraloría General de la República ha reprendido al Incopesca para que cumpla su deber y establezca los controles y regulaciones necesarios para racionalizar la captura de tiburones.

Por ello, hemos de sumar a la propuesta legislativa, la noticia que por otro lado ratifica lo expresado reiteradamente por el señor viceministro del Ambiente, don Jorge Rodríguez, en el sentido de acoger la sugerencia de PROHIBIR LA EXPORTACION de aletas de tiburón, emulando así las medidas exitosas de control puestas en práctica en el archipiélago de las Bahamas, convertido en un santuario de tiburones que atrae a miles de turistas solo para admirarlos. Aplaudimos pues, que según ha trascendido, en los próximos días se publicará un decreto ejecutivo suscrito, prohibiendo precisamente la exportación de aletas. Decreto que también se dice, tiene la anunciada oposición del presidente ejecutivo del Incopesca, máster Carlos Villalobos.

De esta manera, dos iniciativas, una más práctica, directa y con el sentido de urgencia que demanda la situación (impulsada por el Poder Ejecutivo) vienen a sustituir las “campañas” de campos pagados y recolección de firmas que a veces parecen favorecer solo a los que las promueven, pero que han subsistido gracias a la indolencia gubernamental que por muchos años se ha despreocupado de la grave situación que ahora mancha el nombre de Costa Rica en el extranjero.

Esperamos entonces, que estos días se confirmen las buenas noticias y podamos decir, con plena conciencia y responsabilidad, que Costa Rica ahora sí ha decidido enfrentar el desaleteo con acciones de verdad. Acción que contribuiría muchísimo con la campaña internacional por reconocerle a la isla del Coco su carácter de maravilla del mundo.

* Catedrático UNA
16 de enero del 2007

Cooperativas y seguros: Un caso manifiesto de TLC-plus

Cualquier resto de incertidumbre parecía disiparse, cuando en el pasado XI Congreso Nacional de Cooperativas, don Oscar Arias propuso “una alianza estratégica entre las cooperativas y el gobierno, enfocada en tres ejes principales: infocomunicaciones, seguros y salud.”

Esto era de esperar de un gobierno liberacionista. Lo que pocos esperaban es el último acontecer en relación con COOPESA R.L., las cooperativas de salud y los obstáculos a la participación de cooperativas en telecomunicaciones y seguros. Se trata de acontecimientos que evidencian un viraje, que podría avizorar nubarrones negros en la relación armónica que se auguraba con el cooperativismo.

Cualquier persona jurídica en seguros. El TLC, elevado por algunos a la categoría de Sancta Sanctorum, podría correr el destino ingrato de otros libros sacros, que se aplican de acuerdo con la dirección de los vientos, las conveniencias coyunturales o el ánimo de sus devotos.

Porque el TLC lo dice con toda claridad y sin espacio para interpretaciones: “Para efectos de este compromiso Costa Rica deberá permitir a los proveedores de servicios de seguros establecerse a través de cualquier forma jurídica según se establece en el Artículo 12.4 (b).”

Este artículo, por su parte, señala la imposibilidad de adoptar medidas que_ “restrinjan o prescriban los tipos específicos de persona jurídica o de empresa conjunta por medio de los cuales una institución financiera pueda suministrar su servicio.”_

Esto que vale para el comercio transfronterizo, se impone en la perspectiva del trato nacional también para los autóctonos: lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, diría nuestro pueblo.

No obstante, fueron muchas las mociones rechazadas por el G-38 en la Comisión de Económicos de la Asamblea Legislativa, bajo la lógica de que la única modalidad empresarial aceptada en ese mercado sería la sociedad anónima. De esta manera, a contrapelo con el TLC, la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio, las cooperativas y otras organizaciones, de querer participar en el mercado de seguros, deben establecer primero sus sociedades anónimas.

Luego de arduas transacciones se aceptó la participación cooperativa, pero sólo para contratar seguros con sus asociados. Como si las actividades con terceros no fueran un lugar común en el ámbito cooperativo, caso de las gasolineras, los supermercados o las cooperativas de leche, para citar casos harto conocidos. La razón es muy simple: hay actividades que por su propia naturaleza obligan a un mercado más amplio, pues de lo contrario se pondría en entredicho la sostenibilidad de los proyectos empresariales. La Ley de Cooperativas contempla esta situación.

No pagan renta. Hay quienes argumentan que las cooperativas no pagan impuesto de la renta, por lo que se crearía un problema en la perspectiva del trato nacional respecto de otras empresas aseguradoras. Omiten que estas empresas, por su particular naturaleza y sus mecanismos específicos para distribuir riqueza, destinan un 25% de sus excedentes a cargas parafiscales establecidas por ley y convertidas en reservas intransferibles. Retienen, además, un 5% de los excedentes que se distribuyen a sus asociados que luego trasladan al fisco. Por su parte, los ingresos por actividades con terceros pasan a engrosar la Reserva de Educación.

Para algunos, más allá de estos diferendos, estaríamos ante importantes definiciones en el contexto de las fuerzas hegemónicas, de cara al papel que debería jugar la economía social en un mercado globalizado.

Ahora que escasean los socialdemócratas, hay que reiterar que incluso en las tiendas del liberalismo costarricense, las cooperativas han ocupado un sitio inconfundible para activar la economía y distribuir riqueza. Es una tradición que viene desde que don Julio Acosta, se propuso solucionar con cooperativas el problema habitacional de la Costa Rica de principios del siglo XX, pues ya entonces, el cooperativismo se vislumbraba como herramienta nacional de desarrollo.

Por lo demás, un conocido precepto liberal nos diría que nada debería frenar a un agente económico, independientemente de su persona jurídica, para el desarrollo de actividades empresariales lícitas en un mercado abierto. Esto lo entiende cualquier liberal, no así algunos personeros del nuevo liberalismo costarricense.

A quienes insisten en condicionar la incursión de la economía social en el mercado de seguros, una pregunta para finalizar: ¿impedirán también o pondrán condiciones, cuando una empresa cooperativa de seguros de otra Parte pretenda sentar sus reales en el mercado nacional?